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La investigación judicial por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este martes nuevos allanamientos en el complejo Nordelta. Por orden del juez federal Sebastián Casanello, la Policía ingresó a los barrios La Isla y El Golf para obtener registros de accesos y revisar las grabaciones de cámaras de seguridad.

El operativo apunta a reunir pruebas contra Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de haber alertado al empresario Jonathan Kovalivker sobre un procedimiento policial. Según la investigación, esa advertencia habría permitido que se retirara de su vivienda antes de que los agentes ingresaran.

Sospechas sobre el jefe de seguridad

De Vicentis, con más de una década en su cargo, declaró ante Casanello y negó las acusaciones, aunque sus teléfonos celulares fueron secuestrados y ahora son analizados por la Dirección General de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal. La hipótesis de los investigadores es que, aunque se encontraba de vacaciones el día del operativo, intervino para proteger a los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, señalada por el pago de sobornos a la ANDIS.

Al ingresar a la casa de Jonathan Kovalivker, los agentes constataron que se había retirado y encontraron una caja fuerte abierta con banditas elásticas en el piso, indicios de que pudo haber existido una salida apresurada de dinero.

La detención de los hermanos Kovalivker

Ese mismo día, la Policía interceptó a Emmanuel Kovalivker, hermano de Jonathan, cuando intentaba salir del barrio privado. En su vehículo se hallaron 266.000 dólares en sobres identificados, 7 millones de pesos en efectivo, su celular y su pasaporte. Estas pruebas reforzaron la sospecha de obstrucción de la investigación.

El pedido de indagatoria contra De Vicentis y los nuevos allanamientos fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi. Fuentes cercanas a la causa señalaron: “El mensaje es claro: no se va a tolerar la obstrucción de la Justicia”.

En paralelo, expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) lograron extraer la información del teléfono celular del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, a pesar de que no brindó la clave de acceso. La pericia busca confirmar la autenticidad de un audio en el que se lo escucha mencionar posibles pedidos de coimas.

Además, se prevé avanzar con los celulares de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, así como con el dispositivo de Daniel Garbellini, ex funcionario de la ANDIS, quien sí entregó su clave. También se aguarda la declaración de Eduardo Kovalivker, padre de los empresarios e integrante de la firma Suizo Argentina.

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El Complejo Termal Copahue recibió más de 28.000 turistas en la temporada 2024/2025 y alcanzó casi 190.000 tratamientos, una cifra inédita que generó ingresos por más de 1.200 millones de pesos.

Para acompañar este crecimiento, la provincia invirtió más de 210 millones en mejoras de infraestructura, como refacciones en baños, techos y espacios verdes, además de nuevas viviendas de servicio. También se sumaron propuestas innovadoras como “Termas Nieve” y “Termas bajo las Estrellas”, que duplicaron la convocatoria de visitantes.

En paralelo, se avanza en la creación de nuevos centros termales en Caviahue, Domuyo, Plaza Huincul, Buta Ranquil y otras localidades, ampliando la red de destinos vinculados al agua termal. La escritura del terreno para el futuro complejo en Caviahue y la puesta en valor de la casa histórica de Loncopué forman parte de este plan de expansión.

Con estas obras y proyectos, Neuquén consolida su posicionamiento como capital termal de la Patagonia, con atractivos disponibles en invierno y verano.

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La Justicia de Chubut amplió la acusación contra la maestra Roxana Ortega, señalada por abusos sexuales a estudiantes de la Escuela N.º 201 de Trelew, luego de que otro menor asegurara haber sido víctima.

El caso comenzó con dos denuncias realizadas por familias en 2023, que ya habían generado conmoción en la comunidad educativa. Sin embargo, la aparición de un tercer niño que, en un principio, era considerado testigo, terminó confesado haber atravesado la misma situación que los otros alumnos.

Un informe psicológico confirmó que el chico no había sido inducido por adultos ni influenciado para declarar, lo que reforzó la credibilidad de su testimonio. Ortega, que estuvo bajo arresto domiciliario y hoy espera el juicio en libertad, enfrentará un proceso severo: la legislación argentina establece que, cuando un educador comete tocamientos a menores, la pena puede ir de 4 a 10 años por cada caso, y si los jueces consideran los hechos de manera independiente, las condenas podrían sumarse.

El futuro judicial de la maestra se definirá en los próximos meses, mientras las familias de los tres niños exigen justicia.

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Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.

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Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

 

 

La FIFA fue objeto de críticas luego de eliminar imágenes promocionales de jugadores del Al Ahly que expresaron su apoyo a Palestina durante el Mundial de Clubes 2025. Mientras se vivieron expresiones en las tribunas apoyando a Gaza contra el genocidio que ya se cobró solo oficialmente 55 mil vidas. Por ANRed.

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La controversia estalló antes del partido inaugural del Mundial de Clubes entre Al Ahly e Inter Miami antes del 15 de junio. La FIFA eliminó de sus plataformas una imagen promocional del mediocampista egipcio Hussein El Shahat. En la foto, el jugador aparecía con una pulsera que decía «Palestina Libre», en señal de apoyo a la causa palestina.

La denuncia fue realizada por la periodista Leyla Hamed a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde afirmó que el organismo rector del fútbol mundial censuró la imagen por motivos políticos. En el sitio web oficial de la FIFA, la imagen de El Shahat fue sustituida, y durante las entrevistas oficiales ya no portaba la pulsera.

Pero no fue el único caso. También el delantero palestino/danes, Wessam Abou Ali, autor de tres goles en el empate 4-4 ante el Porto, fue objeto de una medida similar. Según reportes, la FIFA eliminó su foto de presentación por llevar el mismo brazalete. En respuesta, el jugador celebró uno de sus goles señalando su muñeca y en otro posó con las manos en la espalda, emulando la figura de Handala, símbolo de la resistencia palestina.

Abou Ali, que forma parte del seleccionado palestino, hizo historia al convertirse en el segundo futbolista —después de Pelé— en anotar tres goles en un partido intercontinental. Sin embargo, su gesto solidario también fue invisibilizado por los canales oficiales del torneo.

En el campo, Al Ahly dominó a Inter Miami en el debut del certamen, aunque el encuentro terminó sin goles (0-0). El equipo egipcio tuvo varias ocasiones claras, un gol anulado por fuera de juego y un penalti desperdiciado por Trezeguet.

La censura por parte de la FIFA ha reabierto el debate sobre la libertad de expresión de los futbolistas en escenarios internacionales. Mientras el ente rector no ha emitido comentarios oficiales.

En las Tribunas

Durante el segundo tiempo del partido entre Seattle Sounders y París Saint-Germain por el Mundial de Clubes, el estadio Lumen Field fue escenario no solo de fútbol, sino también de solidaridad con Palestina.

Desde la cabecera sur, un grupo de aficionados locales desplegó varias banderas palestinas en apoyo a la resistencias contra el genocidio en curso, visibilizando su mensaje ante millones de espectadores en todo el mundo. En una ciudad como Seattle, conocida por su espíritu activista (inició del movimiento anti-globalización), el gesto no sorprendió: la hinchada de los Sounders, una de las más intensas y politizadas de Estados Unidos, volvió a convertir la tribuna en una plataforma de expresión social, llevando la protesta al certamen internacional.

El repudio a la Conmebol por incorporar a Israel

Mientras tanto en Sudamérica hay un creciente cuestionamiento a la Conmebol, que de manera secreta impuso un acuerdo que permitiría al seleccionado de Israel de ser invitado a jugar la Copa América.

«Mientras Israel destruye estadios y mutila futbolistas palestines, la Conmebol lo invita a la Copa América», dice un comunicado de repudio publicado por el  Movimiento BDS y el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que recientemente difundió un video alertando y pidiendo la cancelación de dicho acuerdo.

 

 

Una tragedia laboral sacudió este domingo a la ciudad santafesina de San Lorenzo, donde cuatro trabajadores perdieron la vida y otro resultó gravemente herido al desplomarse un montacargas en un edificio en construcción de diez pisos.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas, en circunstancias que aún son investigadas. Los operarios, que se encontraban descendiendo desde un noveno piso, cayeron al vacío cuando la estructura cedió inesperadamente.

Investigación judicial y clausura de la obra

El fiscal Leandro Lucente ordenó la clausura inmediata de la obra y dispuso pericias mecánicas para determinar por qué se derrumbó el montacargas. Se analizarán también los informes realizados por Bomberos y la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajaron en el lugar tras el siniestro.

El jefe de la Unidad Regional XVII, Gustavo Rapuzzi, explicó que los obreros habían acudido ese día para montar un nuevo cuerpo del montacargas. «Hasta que no se realice la pericia mecánica, no sabemos qué fue lo que falló», indicó.

Las víctimas fatales

Los trabajadores fallecidos fueron identificados como:

• Matías Ezequiel Aquino (30)
• Lucas Agustín Palacio (25)
• Alexis Ramón María Cettour (25)
• Axel Maximiliano Vanwelle (25)

Todos eran oriundos de Villa Ocampo, Santa Fe, y habían viajado recientemente desde Buenos Aires para desempeñarse en esta obra.

El único sobreviviente

El quinto operario, Fernando Guerra, fue trasladado en estado crítico al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Según informó el Ministerio de Salud provincial, presenta lesión cervical, fractura de pelvis, graves heridas en miembros superiores e inferiores, y permanece en asistencia respiratoria mecánica con pronóstico reservado.

Un sexto trabajador, que también utilizó el montacargas momentos antes del accidente, se salvó de milagro.

La investigación busca establecer si el montacargas estaba habilitado para trasladar personas o si debía utilizarse únicamente para herramientas y materiales. El relato del sereno de la obra será clave: aseguró que antes del accidente un encargado había descendido en ese mismo sistema.

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