Manuel Adorni le entregó al fiscal Gerardo Pollicita una lista de billeteras virtuales para justificar su crecimiento patrimonial y ahora podría complicar a Javier Milei con el caso Libra.
Según anticiparon a LPO en exclusiva fuentes con acceso a la causa, el jefe de Gabinete presentó una lista de billeteras que tenía antes y otras que abrió después de la criptoestafa de febrero del año pasado.
El juzgado de Ariel Lijo entró en ebullición con la presentación de Adorni, que podría ramificarse en el caso más urticante para los Milei. El caso Libra lo tiene en su poder el juez Marcelo Martínez di Giorgi, que es muy cercano a Lijo y con esta nueva información se vería obligado a incomodar al primer mandatario.
La información que acercó Adorni ya es de por sí una controversia legal. El funcionario demora la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y su contacto informal con el juzgado de Lijo sugiere que lo estan queriendo ayudar, aunque no está fácil cuadrar sus gastos y sus ingresos.
El contacto informal de Adorni con el juzgado de Lijo sugiere que lo estan queriendo ayudar, aunque no está fácil cuadrar sus gastos y sus ingresos.
«Soy un hombre de Estados no voy a afectar la gobernabilidad», dicen en la Casa Rosada que les dijo el juez Lijo cuando lo sondearon sobre como avanzará la causa contra Adorni.
Pero en el mundillo judicial se comenta que el jefe de Gabinete no se está dejando ayudar y que ahora le abrió un foco de incendio al propio presidente Milei. La otra interpretación es que Adorni mandó un mensaje envenenado a los hermanos Milei con la entrega de datos sobre billeteras virtuales.
El juez federal Ariel Lijo.
En el propio gobierno se comenta desde el inicio del escándalo patrimonial de Adorni que los Milei no lo entregan porque conoce al detalle los costados más escabroso del caso Libra porque fue parte. El entonces vocero fue uno de los invitados al Tech Forum 2024 donde se gestó el lanzamiento de Libra y además iba a ser figura estelar de la frustrada edición 2025.
«Pegarme a mí es lastimarlo a él», dijo Adorni sobre Milei el mes pasado, en un mensaje envenenado que ahora cobra aún más sentido.
LPO reveló que el jefe de Gabinete no quiere renunciar por un especulación absolutamente personal, que no incluye una lectura política sobre el daño que le causa al gobierno y al presidente. «Afuera es peor», argumenta el jefe de Gabinete.
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La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
Esta semana se aprobó por unanimidad la ordenanza que exige la implementación dentro del ámbito municipal de Villa Regina, de la presentación del “certificado de libre de deuda alimentaria” para la realización de distintos trámites y actos administrativos municipales. Será obligatoria la consulta previa al Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) dependiente del Ministerio de Gobierno…
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