Con el proyecto de reforma laboral del Gobierno quedan atrás los palabrerios cargados de incertezas: qué tan vetusto es el modelo actual, cuáles son los vectores de la adaptación al nuevo orden tecnológico y comercial global, y si este modelo —erigido a mediados del siglo XX y tantas veces reformado— debe ser definitivamente desarticulado, reconstruido o actualizado. Es una afirmación incómoda: para el gobierno libertario —y para todos los gobiernos neoliberales antes que él— las reformas laborales son un elemento central del programa económico.
Desde la oposición, el planteo respecto al mundo del trabajo es que el principal problema está en otra parte: las leyes laborales no crean empleo. Una verdad incontrastable, pero tal vez insuficiente. Entonces, ¿hace falta una reforma laboral? ¿La política del trabajo y sus regulaciones son tan centrales para el peronismo como lo son para los libertarios? ¿Qué lugar ocupa una reforma laboral en un programa inclusivo de crecimiento y desarrollo?
Una reforma perfecta
El proyecto de Ley de Modernización Laboral es la reforma de un modelo que apunta a transformar de raíz la estructura productiva y a promover lo que Schumpeter llamó una “destrucción creativa”: una destrucción de buena parte del tejido productivo –industrial–, como supuesta condición para el fortalecimiento de otros sectores, como el complejo energético y la minería.
Para dinamizar este proceso, promueve la rotación laboral y abarata los despidos mediante la creación del Fondo de Asistencia Laboral y a través del financiamiento estatal. Equivale a resignar 2.500 millones de dólares anuales del sistema previsional en concepto de contribuciones patronales. Si se aprueba esta norma, el modelo no permitirá ningún tipo de reconversión productiva que habilite la supervivencia de las empresas. El único camino será la mera destrucción —creativa, pero destrucción al fin— de un sinnúmero de empresas y un tendal de desocupados y puestos precarios.
Para lograr un país sin industria se necesita un país sin sindicatos. ¿O es al revés? Igual da.
Es la reforma laboral de un esquema macroeconómico cuya política antiinflacionaria tiene entre sus anclas principales la contención de los salarios. Con ese objetivo, institucionaliza la autoridad del Estado para fijar un techo a las paritarias.
El proyecto busca consolidar un modelo que no se apalanca sobre el mercado interno. Por ello, no precisa garantizar pisos salariales ni de derechos que fortalezcan el consumo local. Por eso descentraliza la negociación colectiva y permite que los acuerdos a nivel de empresa contengan peores condiciones que los que se negocian a nivel sectorial. Y también legaliza el fraude laboral promoviendo la contratación de trabajadores a través del monotributo.
La reforma laboral de Milei se integra a un modelo que abre indiscriminadamente las importaciones, y que a las empresas más afectadas les deja como única alternativa la subsistencia en base al pago de bajos salarios. Para eso también sirve la descentralización de la negociación colectiva y la institucionalización del techo a las paritarias.
Los sindicatos, para este esquema, son un claro obstáculo, porque pueden retrasar la “destrucción creativa” que afecta a los sectores intensivos en mano de obra, y pueden resistir el avance de una economía en base a salarios bajos y ausencia de derechos laborales. Por eso, el proyecto de ley busca ahogar financieramente a las organizaciones de los trabajadores, comprometer su sustentabilidad económica y limitar severamente la acción gremial.
Para lograr un país sin industria se necesita un país sin sindicatos. ¿O es al revés? Igual da.
Según este modelo de país, el bienestar de los trabajadores nunca —en ninguna circunstancia, ni territorio, ni tiempo— puede estar por sobre la rentabilidad de las empresas. Para eso la reforma laboral impulsa el banco de horas y otras formas de flexibilización de la jornada que desorganizan la vida de los trabajadores, elimina o debilita regímenes de protección a colectivos específicos (ley de teletrabajo, estatuto del periodista, entre otras) y convalida la precariedad del trabajo en plataformas.
Esta es la reforma, en definitiva, de quienes creen que los sindicatos, las leyes laborales y la negociación colectiva —instituciones que la Argentina se dio a sí misma después de 1983— son el principal obstáculo para que se radiquen inversiones y la economía crezca. El gobierno nacional está construyendo un modelo de país. Esta es la reforma laboral que necesita para eso. Una que desarticule instituciones construidas en democracia.
Qué reforma necesita Argentina
Un modelo de desarrollo con inclusión necesita esencialmente una reforma laboral que integre ese programa. Las reformas laborales no resuelven los problemas que el desarrollo —o, mejor dicho, la falta de desarrollo— deja tendidos. Pero son componentes clave de los modelos económicos y productivos que tienen entre sus principales prioridades la generación de trabajo de calidad. Por eso es importante definir cómo se articula la regulación del trabajo con ellos.
Los modelos de desarrollo que encuentran en el mercado interno un factor de dinamismo precisan reformas laborales que fortalezcan la demanda y, en particular, los niveles de consumo de los trabajadores. Para eso, incorporan esquemas de negociación colectiva que no profundizan las asimetrías naturales entre capital y trabajo, sino que las moderan. También priorizan la recuperación del salario mínimo, vital y móvil para incentivar el crecimiento de los ingresos de los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial, e incluyen mecanismos de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, de modo que los frutos de las mejoras en la productividad sean compartidos.
Esta es la reforma de quienes creen que las leyes laborales y la negociación colectiva son el principal obstáculo para que se radiquen inversiones y la economía crezca.
Los modelos de desarrollo que priorizan el fortalecimiento del mercado interno encuentran en los sindicatos un actor fundamental para consolidar la demanda e impulsar el consumo de quienes trabajan. Por eso, precisan asociaciones gremiales que participen activamente en la puja distributiva, promoviendo mayor equidad en la distribución de la riqueza. En consecuencia, otorgan un marco de garantías a la acción gremial y fortalecen los recursos de las organizaciones sindicales.
Los modelos de desarrollo cuyas políticas antiinflacionarias no se basan en la contracción salarial necesitan reformas laborales que impulsen mecanismos suprasectoriales de coordinación salarial, para promover el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos en una evolución acompasada de salarios, precios, tarifas y otros indicadores clave de la economía.
Los modelos de desarrollo centrados en la innovación, la incorporación de tecnologías, la generación de valor agregado y que apuntan a mejorar la competitividad por la vía alta —en base a la mejora de procesos y productos—, necesitan estrategias de incremento de la productividad de las empresas que no se basen en la intensificación y la híper explotación del trabajo. Por el contrario, necesitan trabajadores formados, comprometidos con sus empresas, que sean una fuente de innovación y pongan sus conocimientos al servicio de la mejora de la producción. Que sean reconocidos y bien remunerados por ese aporte. Para eso, las reformas laborales inclusivas incorporan mecanismos de participación de los trabajadores en la organización del trabajo, de reconocimiento de los saberes que esos trabajadores ponen a disposición de la producción y de distribución de la rentabilidad que surge como consecuencia del incremento de la productividad. Y con ese objetivo, las leyes fijan estándares laborales que incentiven a mejorar la competitividad de las empresas para alcanzarlos. Porque, a contramano del sentido común más ortodoxo, el debilitamiento de los derechos laborales no mejora la competitividad sino todo lo contrario, desincentiva la innovación porque habilita estrategias de negocios basadas en salarios bajos e incumplimiento de derechos.
Los modelos de desarrollo que buscan fortalecer la competitividad de las PyMES pero, a la vez, pretenden no dinamitar los ingresos del Estado, precisan reformas laborales y tributarias que incluyan esquemas progresivos de contribuciones patronales, que reduzcan al mínimo la carga de las empresas más chicas y compensen con las que tienen más margen para aportar.
Esos modelos de desarrollo precisan relaciones laborales a largo plazo, que puedan sostenerse incluso en contextos de crisis. Para eso necesitan reformas laborales que desincentiven la rotación laboral y políticas de estabilización del empleo que ayuden a las empresas a no tener que echar trabajadores en circunstancias de dificultades económicas porque, sobre todo para las PyMES, después es muy difícil volver a formarlos.
Los modelos de desarrollo que buscan un equilibrio entre la necesidad de rentabilidad de los empresarios y el bienestar de los trabajadores precisan reformas laborales que armonicen esos dos elementos. Esto implica definir condiciones laborales que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos; establecer estándares que protejan la salud y seguridad laboral; diseñar formas de organización del tiempo de trabajo y de las vacaciones que respondan tanto a las necesidades operativas de las empresas como a las preferencias y expectativas de los trabajadores, entre otros conceptos.
Esa sería una reforma laboral que, en democracia y con el reconocimiento del protagonismo de los actores sociales, puede señalar un horizonte posible y deseable de producción y trabajo.
Sí, hace falta una reforma laboral
No solamente por las urgencias del mundo del trabajo, que son muchas, sino porque es urgente mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de quienes ya están protegidos por derechos laborales. Es urgente ampliar la protección efectiva con derechos laborales a todos los trabajos —asalariados e independientes— que hoy tienen vedado el acceso a la estabilidad, el descanso remunerado y una jubilación digna. La justicia social no puede llegar por vía judicial cuando los daños ya están hechos o cuando la precariedad ya está consagrada.
Una reforma laboral inclusiva es necesaria para atender mucho más que urgencias. No es la última milla del crecimiento y el desarrollo sino su condición. No es la posibilidad del derrame ni del goteo sino un componente esencial del vaso lleno. No es solamente el factor que haría inclusivo a un modelo o que garantizaría una distribución más equitativa del ingreso sino un componente esencial del desarrollo y la estabilidad política. Es un elemento central de un proyecto de país que crezca con inclusión.
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El presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, dijo que desde lo más alto del Poder Judicial tienen en foco los escándalos en Rosario, donde este año hay en curso causas penales por corrupción contra dos magistrados, en una jurisdicción que se distingue por las tramas entre factores de poder que mezclan a empresarios, medios de comunicación y algunos jueces.
Con el planteo de Rosatti resonando, el Consejo de la Magistratura decidió este miércoles avanzar en medidas contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, que está imputado de haber pedido un soborno para ordenar al BCRA que le vendiera 10 millones de dólares a un fideicomiso para pagar una deuda con una empresa del exterior, cuando regía el cepo cambiario.
Ese fideicomiso lo administraba el financista Fernando Whpei, quien a la vez está imputado junto al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque por una extorsión contra un agente de Bolsa, que tiene además como partícipes señalados al ex director regional de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna y al lobista judicial Santiago Busaniche, conectado al mundo de los servicios de inteligencia.
En el marco de estas causas en pleno trámite, el hecho de que el presidente del máximo tribunal argentino hablara de esto fue un mensaje contundente para toda la Justicia Federal de Rosario que durante mucho tiempo tuvo un proceder opaco y omisivo, en especial contra el comercio de drogas que convirtió a la ciudad a partir de 2013 en la más violenta de la Argentina. El ministro de la Corte dijo que ante este proceso cada uno debe definir «de qué lado está».
Rosatti recordó que hace tres años estuvo en Rosario en un acto de abrazo a magistrados de la Justicia Federal donde estuvieron referentes judiciales de todo el país, junto al gobernador, senadores y diputados. «Estaba toda la política, toda la Justicia, estaban las universidades. Ahí yo dije: «Quiero saber de qué lado está cada uno porque esto es un entramado muy muy complejo y no hay neutrales, el que se dice neutral es cómplice». Y dije también ahí que me llamaba mucho la atención que no lleguen casos de narcotráfico a la Corte, es como que todo el mundo estuviera conforme con las sentencias de primero o de segunda instancia».
Afirmó que desde entonces empezó a verse un cambio y que hubo en los últimos dos años unas cien condenas contra actores del narcotráfico. «Y empezó a verse una investigación del propio Poder Judicial respecto de una trama que involucraba jueces». Rosatti indicó que desde la Corte se colocó un reflector sobre esa red donde están «el empresariado, algunos decían medios de comunicación, eventualmente jueces» y probablemente con alguna protección de afuera de la provincia.
Quiero saber de qué lado está cada uno porque esto es un entramado muy muy complejo y no hay neutrales, el que se dice neutral es cómplice
El problema del narcotráfico, siguió Rosatti, es básicamente el tema del lavado de activos y de la trazabilidad del dinero que produce. Y reiteró que el Poder Judicial está echando luz «sobre influyentes, operadores, y ciertos servicios que no quiero llamar de inteligencia, servicios de información, todo mezclado ahí».
La trama de investigaciones que se acrecentó desde noviembre de 2024 dejó ver que el ex juez Bailaque tenía el mismo contador que algunas empresas del narcotraficante Esteban Alvarado al que él mismo investigaba. Las acciones omisivas de Bailaque hacia Alvarado fueron denunciadas por fiscales santafesinos al Consejo de la Magistratura en 2020 pero el órgano que investiga el proceder de los jueces tuvo cuatro años congelado ese expediente.
En una de las causas de Bailaque está imputado Santiago Busaniche, un lobista muy conocido en Comodoro Py. Según el ex jefe de la AFIP Vaudagna, también imputado, el que estaba interesado en concretar el chantaje contra el agente de Bolsa de Rosario Claudio Iglesias era Sergio Marchi, administrador general de la Corte. Ante la pregunta de si podían estar implicados en estas tramas actores de afuera de Santa Fe, Rosatti dijo: «puede ser».
El Consejo de la Magistratura ahora avanza contra Salmain en varios expedientes. La medida de hoy la resolvió la Comisión de Acusación que preside Luis Juez, que es el instructor del caso. Salmain fue imputado además este martes por abuso de autoridad ya que cuando en octubre fue requisado por orden judicial y le secuestraron su teléfono celular utilizó su condición de magistrado para pedir de modo oficial información detallada sobre quién ordenaba la medida, quiénes la concretaban y quién fue el juez interviniente.
Además Salmain tiene un expediente en la Comisión de Disciplina del Consejo que instruye la jueza Alejandra Provítola. Ahí lo investigan por haber omitido en su currículum para juez en 2016 que la Corte Suprema por unanimidad lo había echado del Poder Judicial en 2002, cuando era empleado, por ofrecer una coima a una funcionaria para eludir el sorteo de un expediente laboral y direccionarlo al juzgado donde él trabajaba.
Pese a estar imputado e investigado en varias causas por el órgano que examina el comportamiento de jueces, actualmente Salmain está a cargo de uno de los dos juzgados que hay en Rosario del fuero civil y comercial en la Justicia Federal.
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