Toto Caputo admitió este viernes la intención del gobierno de Javier Milei de no autorizarle al gobierno de Axel Kicillof parte del endeudamiento que la Legislatura provincial aprobó este jueves a la madrugada pero que requiere del aval de Nación.
«Lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación», dijo Caputo a A24.
Frente a esa amenaza de Caputo, Axel Kicillof salió al cruce tras un acto en La Plata: «Que lo apruebe y rápido, ni bien lo mande, rapidito Toto, que apruebe todo lo que tiene que aprobar, porque ya más lío no nos pueden armar», dijo.
Fuentes del Ejecutivo provincial consultadas por LPO cruzaron las acusaciones de déficit fiscal de Caputo y señalaron que el financiamiento pedido por Kicillof «busca garantizar el pago de servicios de deuda asumidos en gran medida en gestiones anteriores, particularmente durante la administración Vidal».
En concreto, el gobierno de Milei rechaza autorizar toda deuda que exceda el rollover. Para refinanciar los pasivos heredados, Kicillof pidió autorización de deuda por USD 1.990 millones.
Aparte de eso, solicitó tomar deuda por USD 1.045 millones. Ese monto es el objetado por Nación bajo la excusa de incumplimiento a la ley de responsabilidad fiscal.
Fuentes del Ejecutivo bonaerense consultadas por LPO rechazaron los argumentos de Caputo y señalaron que la Provincia «sobrecumple» el límite que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal para el acceso a nuevo financiamiento.
De no aprobar Nación el pedido de endeudamiento que excede el rollover, lo que se cae para la Provincia es la posibilidad de acceso a créditos de organismos internacionales como la CAF o el Banco Mundial, a través de los cuales la administración Kicillof pretende financiar una serie de obras.
Fuentes del Ejecutivo bonaerense consultadas por LPO rechazaron los argumentos de Caputo y señalaron que la Provincia «sobrecumple» el límite que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal para el acceso a nuevo financiamiento.
En ese punto, detallaron que la ley citada por Caputo plantea servicios de deuda menores al 15% de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios y que, hoy, este ratio asciende a algo más del 7% para la Provincia, muy por debajo del tope que fija la ley de responsabilidad fiscal.
Semanas atrás, el gobierno bonaerense había expuesto su preocupación por este tema. Ahí, el ministro Carlos Bianco sostuvo que, en reuniones con distintos gobernadores, el Gobierno ofrece, a cambio de aprobar el presupuesto nacional, los avales necesarios para que las provincias puedan tomar deuda.
«Nos deben 13 mil billones de pesos, así que ya no sé ni de qué hablan los libertarios», acusó Kicillof este viernes y sostuvo que el financiamiento solicitado es para pagar vencimientos de deuda de la gestión Vidal.
Cuando LPO reveló que Toto Caputo y Santiago Bausili sacaron del país las reservas de oro del Banco Central, en un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario.
El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen dónde está el oro y qué tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quién lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro.
En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la «administración» de la reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. «La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado», sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado.
En efecto, hace más de un año, el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo preguntando si efectivamente envió lingotes de oro al exterior, cuántos, en qué fechas, con qué destino y bajo qué condiciones, tal como reveló LPO en ese momento.
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que «había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas», sin precisar monto, destino ni motivo concreto.
La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo.
El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras. La falta de transparencia no es solo un problema para analistas curiosos.
LPO reveló en exclusiva que la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es «confidencial» y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos.
La cuestión adquiere otro matiz cuando se mira el contexto internacional: el precio del oro alcanzó niveles récord y ronda los USD 4.400 la onza. Ese aumento de precio actúa como un salvavidas contable para las reservas del país. Aunque las reservas líquidas, las que realmente se pueden utilizar para pagar importaciones o deuda están hundidas, el aumento del valor del oro hace que el deterioro no sea aún peor.
Según estimaciones de analistas de LCG, las reservas netas reales del BCRA podrían estar en torno a USD 18.000 millones negativos, un rojo espeluznante que sería aun peor si el oro de alto precio no estuviese amortiguando parcialmente la caída.
La paradoja es que los lingotes están en destino desconocido y aun así siguen computando como reservas en los balances oficiales. Pero so se sabe si esas onzas están depositadas en el Banco de Londres o Basilea -como trascendió en su momento- y si están aportando rendimiento o fueron depositadas como garantía para obtener financiamiento en dólares.
A esa nebulosa se suma la crítica política. Diversos referentes de la oposición y ex funcionarios, como Martín Redrado, exigieron al BCRA mayor transparencia sobre el manejo del oro y cuestionaron que la entidad evada explicar que hizo con ese activo.
Como sea, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿dónde está el oro de la Argentina? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Bausili.
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