Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció que presentará ante la Asamblea Nacional una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la fecha, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.
«Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», dijo Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia.
La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las próximas horas presenten la ley ante la AN, así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.
«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.
Delcy pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».
Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos
A su vez, indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.
Cárcel del Helicoide, en Caracas.
Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última fue propuesta el martes pasado por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.
El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».
A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».
Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.
La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.
En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.
En agosto de 2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó.
Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 3, que seleccionaron el cobro de los $10.000 a través de una Cuenta Bancaria Uniforme (CBU), percibirán a partir de hoy la ayuda dispuesta por el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus en los sectores de menores recursos….
El Concejo Deliberante de Villa Regina aprobó la ordenanza 006/2020 con el objetivo de crear un marco de protección reglamentario a los animales sancionando los maltratos a los mismos, ahora resta que lo apruebe el Poder Ejecutivo Municipal. No es un detalle menor resaltar el trabajo unificado. La norma fue impulsada por concejalas (Fernandez, Paillapí…
El Intendente Marcelo Orazi participó el sábado del encuentro virtual convocado por la Gobernadora Arabela Carreras para analizar la situación epidemiológica por COVID-19 de la última semana. En el encuentro estuvieron presentes los jefes comunales de la provincia y funcionarios del gabinete provincial. En la oportunidad, el Ministro de Salud Fabián Zgaib informó los indicadores…
Osvaldo Jaldo le sacó el control de la Caja Popular de Ahorros al diputado Carlos Cisneros tras acusarlo de filtrar imágenes de sus vacaciones en las playas de Aruba y abrió un conflicto en el peronismo tucumano de alcance impredecible.
La Caja Popular es un cuasi banco que no tiene el control del Banco Central.
En el imaginario popular de los tucumanos, la Caja es del sindicato La Bancaria que en la provincia lidera Cisneros. Es una mega estructura que entrega créditos a empleados públicos, hace operaciones financieras y hasta tiene el manejo del juego provincial en sociedad con el empresario Roberto Sagra.
Es una gigantesca fuente de poder que controla Cisneros, que suele ser un aliado ineludible de los gobernadores peronistas, hasta que alguna disputa de poder los hace chocar. Una situación muy similar a la actual ocurrió una década atrás entre Cisneros y el entonces gobernador José Alperovich, que le intervino la Caja y generó una amarga pelea que sigue hasta estos días. No así con Juan Manzur, que logró convivir en paz con el diputado.
Como sea, luego de meses de tensión subterránea entre Cisneros y el actual gobernador, el episodio de Aruba terminó de descarrilar la relación. Este miércoles, a su regreso de las vacaciones, Jaldo dio una conferencia de prensa con un nivel de tensión política explícita, poco habitual en la política tucumana, donde son especialistas en golpearse por detrás.
Me tomé licencia por diez días hábiles por razones particulares, sin goce de sueldo. Algunos medios nacionales que han sido motivados, incentivados por personajes de esta querida provincia, que muy pronto se va a conocer quienes son. Esto ha sido un carancheo político.
«Me tomé licencia por diez días hábiles por razones particulares, sin goce de sueldo. Quiero agradecer a los medios locales que han respetado la vacaciones que me tomé con mi familia. No así algunos medios nacionales que han sido motivados, incentivados, por personajes de esta querida provincia, que muy pronto se va a conocer quienes son. Esto ha sido un carancheo político», afirmó Jaldo.
Si bien no mencionó a Cisneros en su conferencia de prensa, horas después quedó clarísimo a quien apuntaba cuando decidió intervenir la Caja, una decisión de altísimo voltaje político en Tucumán.
Jaldo nombró como interventor a Guillermo Norry, un dirigente que se desempeñaba como interventor del municipio de Alberdi, y desplazó al actual interventor de la Caja, José Díaz, que responde a Cisneros. El gobernador desde que asumió buscó una alianza con los intendentes -peronistas y radicales-, como parte de un entramado territorial que sigue pesando en la política tucumana.
Cisneros está acostumbrado a jugar fuerte, aunque el año que pasó acumuló conflictos con pesos pesado de la política provincial. Entró en guerra con Miguel Chaiben Terraz, presidente del Tribunal de Cuentas cuando este empezó a habilitar auditorias picantes sobre la ayuda social que distribuye la Caja Popular. Pero también chocó con Edmundo ´Pirincho´ Jiménez, octagenario jefe de los fiscales de la provincia, que avanzó contra algunos medios y disparado el conflicto avisó: «yo ya no tengo nada que perder».
Desde es momento, la gran pregunta que recorría la política tucumana era si Jaldo se animaría a dar el paso de tocarle la Caja Popular a Cisneros.
Cisneros está acostumbrado a jugar fuerte, pero el año que pasó acumuló conflictos con dos pesos pesado de la política provincial: el presidente del Tribunal de Cuentas,Miguel Chaiben Terraz y el jefe de los fiscales, Edmundo ´Pirincho´ Jiménez.
En 2024, tras sellar un acuerdo con el ex intendente de la capital, Germán Alfaro, el gobernador había amenazado con nombrarlo interventor de la Caja Popular. Pero quedó en la nada. El golpe a Cisneros se hizo esperar casi dos años en medio de tironeos y de mensajes cruzados, en la promiscua política tucumana.
Ahora, en la provincia esperan una guerra de guerrillas entre el gobernador y Cisneros que puede salpicar a otros dirigentes de peso, con el telón de fondo de las elecciones del 2027, donde todos los cargos ejecutivos se pondrán en juego.
En cuanto a la situación de la Caja, fuentes al tanto de la decisión, anticiparon a LPO que podría haber novedades desde el lado del Tribunal de Cuentas.
«Norry es un bonachón que va a hacer lo que pida Jaldo», afirmó a LPO un dirigente del peronismo tucumano, al analizar los márgenes de autonomía del flamante interventor.
Tanto Unter Regina como los equipos directivos de educación secundaria AVE II refuerzan los reclamos por la vacunación de los docentes de nivel secundario. La nota elevada y firmada por equipos directivos de establecimientos educativos secundarios de la zona Alto Valle Este II funda su pedido en que los docentes de educación media aún no…
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
