El propio Milei lo dijo sin rodeos. Mientras millones de argentinos enfrentan salarios deteriorados y un ajuste económico brutal, el mandatario afirmó que si hoy diera una conferencia podría cobrar hasta 500 mil dólares. La frase generó polémica por el contraste entre el discurso de austeridad que impulsa su gobierno y la valoración millonaria que hace de sus charlas.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Una cifra que desató polémica
Durante una entrevista reciente, Milei habló de su futuro después de la política y explicó cómo imagina su vida una vez que deje el poder. Allí lanzó la frase que rápidamente se viralizó: “Hoy si yo diera una conferencia la podría cobrar 500 mil dólares”, aunque aclaró que fuera del cargo el precio “valdría la mitad”.
El mandatario incluso describió su proyecto personal para cuando deje la política: retirarse a escribir, convivir con sus perros y dedicarse a dar conferencias en distintos países.
La cifra llamó la atención por varias razones. Primero, porque el propio Milei en el pasado hablaba de montos muy inferiores: antes de llegar a la presidencia sus charlas se pagaban entre 10 mil y 20 mil dólares, según había declarado en entrevistas años atrás.
El salto de valor que ahora menciona —hasta medio millón de dólares— refleja el capital político y mediático que cree haber acumulado desde que llegó al poder.
El contraste con la realidad económica
Las declaraciones no pasaron desapercibidas en un contexto donde el gobierno impulsa un fuerte ajuste fiscal, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo.
Incluso el propio Milei reconoció desde el inicio de su gestión que el plan económico implicaría un período duro para la sociedad, con recortes del gasto público y consecuencias negativas para la actividad económica en el corto plazo.
En ese marco, la idea de conferencias valuadas en cientos de miles de dólares aparece para muchos como un símbolo del contraste entre la retórica libertaria y la realidad social.
De economista mediático a marca global
Antes de llegar a la presidencia, Milei ya había construido una carrera mediática como economista, escritor y conferencista. Ese perfil internacional es el que ahora proyecta explotar cuando termine su carrera política.
Sin embargo, la afirmación de que una charla suya podría costar 500 mil dólares abrió un debate inevitable:
¿Es una exageración retórica?
¿Una forma de autopromoción política?
¿O la construcción de una “marca Milei” para el circuito global de conferencias?
Lo cierto es que, en medio de una Argentina golpeada por la recesión y el ajuste, la frase terminó alimentando una discusión incómoda para el gobierno: la distancia cada vez más visible entre la vida cotidiana de los argentinos y la elite política que gobierna.
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Los jueces de Casación, Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky abrieron el recurso de queja presentado por el fiscal de San Martín, Carlos Cearra, quien reclamó que la causa por la mansión de Pilar de Pablo Toviggino tramite en el juzgado penal económico de la Capital Federal de Mariano Aguinsky, en vez de desarrollarse en el juzgado de Campana.
Aunque la resolución de los camaristas de la Casación no es sobre el fondo de la cuestión, habilitó especulaciones sobre la posibilidad que el tesorero de la AFA tenga que rendir cuentas en un juzgado menos permeable a su defensa, algo que constituye un desafío para el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, un amigo de la entidad que preside Tapia, que estuvo en varios festejos en la mansión de Pilar.
Pero que Casación haya abierto el recurso de queja no necesariamente significa que falle en el sentido que quiere el fiscal. Un importante operador judicial le dijo a LPO que, tras la audiencia fijada para el próximo 30 de marzo, el fallo de Casación podría terminar favoreciendo a Toviggino. «No corresponde que una causa que investiga sobre una propiedad de la jurisdicción bonaerense se realice en un juzgado porteño», argumentó.
Hoy la causa tramita en el juzgado de Campana del juez Adrián González Charvay, cercano al intendente de Pilar, el peronista Federico Achaval, a su vez, muy cercano a la AFA. Mientras que en Capital Federal, está Marcelo Aguinsky, un juez cercano a Patricia Bullrich, uno de los arietes del gobierno contra Tapia y Toviggino.
Las probabilidades de rechazar el planteo de quien acude con un recurso de queja, una vez que se admite el recurso, son escasas.
De todas formas, la relevancia política del caso podría producir efectos impensados en la decisión de los magistrados. Un juez federal deslizó ante LPO que «las probabilidades de rechazar el planteo de quien acude con un recurso de queja, una vez que se admite el recurso, son muy escasas». Es decir, contra la opinión del operador judicial consultado, casación podría fallar efectivamente que el caso regreso al juzgado de Aguinsky. «Si esto ocurre sería una bofetada al clan Mahiques», agregó.
Los capos de la AFA, Pablo Toviggino y Chiqui Tapia.
Los argumentos de los jueces para abrir la queja fueron coincidentes, hasta en la prudencia de no dejar que se vislumbre su posición sobre la cuestión de fondo. «Sin que esto implique en modo alguno adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, entiendo que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta por el Ministerio Público, declarar erróneamente denegado el recurso de casación deducido por esa parte y, en consecuencia, concederlo, sin costas», resolvió Carbajo.
Ledesma, por su parte, consideró que «corresponde hacer lugar a la queja» y acompañó la decisión de su colega.
Borinsky fue más barroco pero suscribió a la postura de sus colegas de la sala. «Convocado a emitir opinión en tercer lugar, he tomado conocimiento, como consecuencia de la deliberación, de la coincidencia de opiniones sobre la admisibilidad formal de la queja interpuesta por el Ministerio Público Fiscal, la que se refleja en el voto concordante de mis distinguidos colegas preopinantes», sostuvo.
No corresponde que una causa que investiga sobre una propiedad de la jurisdicción bonaerense se realice en un juzgado porteño.
El expediente tiene como imputados a los presuntos testaferros Luciano Pantano y su madre, que aparecen como propietarios de la mansión. El envío de la causa a Campana se produjo por una definición del juez Alberto Lugones, a cargo de la Cámara Federal de San Martín, basándose en la ubicación del inmueble investigado.
Sin embargo, esa decisión desató la resistencia del juez Aguinsky y el fiscal Cearras. Los camaristas Carbajo, Ledesma y Borinsky deberán definir este conflicto de competencia el próximo 30 de marzo, en la audiencia prevista para las 11:30.
La investigación busca determinar si la firma Real Central SRL, perteneciente a Pantano, es una pantalla de los dirigentes de la AFA, debido a que la empresa no podría justificar los fondos para pagar esa mansión valuada en más de 17 millones de dólares.
Como adelantó en exclusiva LPO, Toto Caputo está obsesionado con la privatización de las rutas nacionales y autopistas que están bajo control de la estatal Corredores Viales. Eso, al punto de amenazar con una purga en Transporte y Vialidad si no están licitados 9.000 kilómetros de ruta antes de julio.
En ese apuro, Caputo también incluyó la suba de los peajes. En una señal directa a las empresas que manejarán las autopistas y rutas nacionales por los próximos 20 años, se dispuso un aumento de casi 20% en la tarifa de peajes de los diez tramos concesionados por Corredores Viales, antes de ser entregados a manos privadas.
La suba rige a partir del jueves 26, un día antes de la apertura de sobres que hará Economía para tramos de la Etapa II de la Red de Concesiones, que incluyen sectores de las rutas 3, 205 y 226 y de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, unos 1.872 kilómetros, menos de la mitad de los 4.428 kilómetros previstos para la Etapa II.
Entre las empresas que mostraron interés, figuran Chediack, Roggio, Supercemento, Panedile, Rovella Carranza, Helport y Green, entre otras.
En lo relativo a los aumentos de peajes, la tarifa mínima para vehículos livianos en la Autopista Riccheri será de $1.300 y subirá a $ 1.500 en hora pico. Los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura pasarán a pagar $1.500, mientras que aquellos que superen esa altura o tengan rueda doble deberán pagar $3.000.
Como contó LPO, para los tramos de la Etapa II para los que se abrirán ofertas este jueves, el pliego modificado por el ministerio de Caputo contempla la duplicación de la cantidad de estaciones de peaje actualmente vigentes en estos tramos, pasando de 10 a 20 cabinas.
«Ya estarán en curso todas las obras de estos 9 mil kilómetros de rutas que albergan el 80 por ciento del tránsito del país», dijo Caputo aunque, en verdad, aún no hay novedades de la licitación para los 2.556 kilómetros que restan de la Etapa II
En ese contexto, el ministro anunció en las últimas horas el llamado a licitación de la Etapa III, la Red Federal de Concesiones que abarca 3.900 kilómetros y pretende adjudicarla para fines de mayo.
«Ya estarán en curso todas las obras de estos 9 mil kilómetros de rutas que albergan el 80 por ciento del tránsito del país», dijo Caputo aunque, en verdad, aún no hay novedades de la licitación para los 2.556 kilómetros que restan de la Etapa II.
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