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El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..
La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.
Un sistema centralizado de denuncias y monitoreo
El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.
En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.
El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.
Bloqueo de cuentas y transacciones sospechosas
Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.
El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.
En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.
El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.
Alianza con bancos, fintech y plataformas tecnológicas
El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.
Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.
La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.
La expansión de la seguridad digital
El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.
En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.
El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.
¿Puede usarse políticamente?
La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.
Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.
En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.
Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.
Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.
El director, Marcos Carnevale tiene un número interesante de estrenos en el cine nacional con actores ligados a la comedia. Tiene una carrera muy basta como Director desde el 2007 y también como guionista. Esta vez utiliza recursos de género o fórmulas que funcionan en la industria del cine de lo que llaman tanques. Una…
El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, criticó con contundencia a jueces de la Cámara Penal de Rosario que dictaron resoluciones contrarias a que fiscales provinciales persigan a personas implicadas a microtráfico de drogas en favor de que lo haga la Justicia Federal. Sostuvo que eso implicará que habrá «más homicidios y balaceras» en un distrito que tuvo fuertes estragos por este tipo de delitos y que «deberán hacerse cargo».
Este planteo desató la furia de jueces provinciales de Rosario que manifiestan, por ahora en voz baja, que encuentran en los dichos de Merlo un acto de provocación e insolencia. Y que dicen que en realidad oficia de vocero de lo que piensa el Poder Ejecutivo provincial, vale decir el gobernador Maximiliano Pullaro, ya que consideran que el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que agrupa a los fiscales al que pertenece, es un órgano subordinado.
«Esto es de una impertinencia inaudita porque él pertenece a una parte de los conflictos. Los jueces dirimen con motivos y no caprichosamente quién debe intervenir. Pero además habla por un universo de casos exiguo. Es como si él mismo, que es una parte, quisiera poner los jueces», dijo un camarista penal rosarino que es parte de un colectivo que preparaba anoche un pronunciamiento ante estos dichos.
Esta declaración se conoció finalmente este miércoles. Considera agraviantes e impertinentes los dichos de Merlo y lo firman los camaristas Bibiana Alonso, Javier Beltramone, Silvia Castelli, Daniel Curick, Nicolas Foppiani, Carolina Hernández, Alfredo Ivaldi Artacho, Juan Lavini Rosset, Guillermo Llaudet, Ismael Manfrín, Miguel Moreno, Tomás Orso, Gustavo Salvador y Gabriela Sansó.
Merlo le dijo este martes al periodista Hernán Funes de Cadena 3 que hay resoluciones de camaristas penales en casos de comercio urbano de drogas de pequeña escala donde se pasan los trámites a la Justicia Federal, que tiene una menor cantidad de fiscales, en una provincia donde hace dos años se cambió por ley la atribución de investigar estos hechos hacia los fiscales provinciales. En el criterio de Merlo, compartido por el gobierno provincial, este cambio normativo y funcional mejoró la persecución y las sanciones hacia los infractores, lo que es una de las razones de la baja marcada de delitos de sangre en Rosario, que desde 2023 cayeron un 50 por ciento respecto de la etapa anterior.
El planteo desató la furia de jueces provinciales de Rosario que encuentran en los dichos de Merlo un acto de provocación e insolencia. Y dicen que en realidad oficia de vocero de lo que piensa Pullaro
Fuentes del Poder Judicial de Santa Fe dijeron a LPO que la declaración de Merlo es desaforada y ofensiva. Lo primero que plantean es que el número de casos pasado a la Justicia Federal por camaristas provinciales es muy exiguo. Afirman que de 358 casos que entraron en la Oficina de Gestión Judicial para la Cámara Penal desde la desfederalización del narcotráfico en Santa Fe, a partir de 2024 se trabó conflicto de competencia solo en seis, y en uno de esos seis casos la Corte Nacional le dio la razón a los camaristas provinciales.
«Esta cuestión va a impactar directamente en la seguridad pública», declaró Merlo este martes. «Si a nosotros nos quitan la herramienta de investigar el microtráfico, nos están quitando un instrumento esencial para bajar los hechos de violencia altamente lesivos: homicidios, heridos de arma de fuego y balaceras», dijo el funcionario, que conduce más de 80 fiscales en Rosario.
Los camaristas y otros jueces de Rosario quedaron verdes con este posicionamiento. Lo primero que dicen es que si hay seis casos cedidos a la Justicia Federal sobre 358 en los que se planteó un conflicto de competencia no hay un problema jurídico sino una manifestación política.
«Esto es una discusión sin sentido pero hay una ofensa. Merlo está tirando a los perros con nombre y apellido a camaristas que no son caprichosos, que por algún motivo cedieron la competencia», dijo un camarista a LP0. Se hablo por ejemplo de un caso donde la camarista Gabriela Sansó remitió el viernes a la Justicia Federal una causa contra 40 personas ligadas a la barra brava de Newell’s Old Boys por temas de drogas.
«Hay que ver si algunos de esos implicados tenían causas previas en la Justicia Federal. Que además no están en la misma situación de antes para investigar porque hoy tienen 27 fiscales solo en la jurisdicción para un abanico muy pequeño de casos. Y que como dijo el mismo Merlo trabajan de manera coordinada con el MPA», sostuvo el camarista.
«Nos llama poderosamente la atención la postura de algunos camaristas. Son posturas individuales. El conflicto de competencia no debería existir porque los Ministerios Públicos trabajamos de manera coordinada y fijamos claramente cuál es el límite de cada uno», sostuvo Merlo. «Van a terminar afectando al ciudadano común. Al atacar puntos de venta atacamos a quienes generan la violencia en los barrios», agregó.
«Cuando se iniciaron estos pleitos quedó claro que ante conflicto de competencia en una causa de drogas iba a prevalecer que el caso tramite en la Justicia Federal», indicaron dos jueces que hablaron en off con este medio. «Pero además lo grave es que se expusieron nombres de los camaristas que fallaron de esta forma.
Los camaristas consideran esto una escalada de un MPA al que ven muy ligado al Poder Ejecutivo que fue el promotor de la reforma que puso el microtráfico en manos de los fiscales provinciales. «El problema son seis casos. Y por esto se arma este escándalo. La competencia la definen los jueces y no los fiscales. Asocian a la mitad de la Cámara Penal de Rosario con el narcotráfico. Es de una gravedad institucional tremenda», dijo uno de los magistrados.
«Es una difamación intolerable. Los jueces tienen independencia y estas son decisiones revisables. Lo que dice la ley de microtráfico es que mientras se discute una cuestión de competencia investiga la Justicia federal y esa es la regla. Y cuando hay conexidad objetiva y subjetiva de los casos e implicados también corresponde el caso a la Justicia Federal.
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