En un contexto de fuerte caída de patentamientos de autos 0Km, la firma Stellantis decidió paralizar desde esta semana su planta de El Palomar, donde fabrica modelos de las marcas Peugeot y Citroën.
El freno en la producción se extenderá más de un mes, hasta el 5 de enero, decisión que preocupa en el sector ya que se trata de un receso mucho más prolongado que el registrado años anteriores.
La medida se toma en medio de un derrumbe en el patentamiento de vehículos nuevos. Solo en noviembre, la caída fue del 3,6% con respecto a 2024 y superior al 30% frente a octubre pasado.
Para capear esa contracción, especialistas del mercado automotor señalan que las marcas apuestan a mantener la cuota del mercado a costa de vender con márgenes mínimos, mientras que otras directamente deciden bajar sus niveles de actividad.
Según el medio especializado A Rodar Post, en los pasillos de El Palomar se cuenta que se va a aprovechar esta parada «acciones de mantenimiento», mientras que los autopartistas recibieron el argumento de dificultades con la provisión de algunos componentes y con motores.
Como fuere, en el sector señalan que, ya en noviembre, la planta paró por dos semanas y que la decisión pasaría por la necesidad de ajustar los stocks.
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Escándalo en puerta: una licitación lanzada a las apuradas y bajo sospecha de favoritismo podría ser declarada desierta.
Por Nerio Corello para Noticias La Insuperable
La licitación para las visitas guiadas al Teatro Colón da la impresión de no haber salido como se esperaba: la empresa que estaría apadrinada por Hernán Lombardi no quedó satisfecha y todo parecería indicar que el ex Grupo Sushi, actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, querría lograr que se la declarase desierta.
Desde hace aproximadamente tres años, el servicio de visitas guiadas está concesionado precariamente a PBG Travel & Events, firma que se presume cercana a H. Lombardi. LPO informa que “La empresa pertenece a Adolfo Boada Aguirre, asociado con Claudio Massetti para la explotación de los tours. Massetti creó tour.arte semanas antes de conseguir la concesión del servicio. Ambos son ex funcionarios cercanos a Lombardi, que niega vínculos con la empresa y dice no estar al tanto de la licitación.”.
Lamentablemente, a partir de la aparición de Gabriela Ricardes, ministra de Cultura del GCBA, también muy cercana a Hernán Lombardi, no ha dejado de haber controversias y oscuras sospechas en torno a la administración del Teatro Colón.
G. Grieco, J. Macri y G. Ricardes
La remoción de Jorge Telerman que apuró la funcionaria, el nombramiento del consultor uruguayo Gerardo Grieco como director general y, para colmo, el ataque difamatorio a los prestigiosos cuerpos estables que con malas artes pergeñó el oriental, han herido gravemente al Colón y oscurecido la gestión administrativa, algo que se teme también herirá, más temprano que tarde, la excelencia artística.
Además, como si tan triste marco no fuera suficiente, la precarización de los trabajadores del Colón avanza sin pausa. Ricardes, Grieco y, presumiblemente en las sombras, el temible ex Grupo Suhsi, se han adueñado del destino de una joya cultural que cada día se parece más a un botín disputado por mercenarios de la burocracia.
El denunciado presidente del Mercado Central, Fabián Miguelez, pagó 180 millones de pesos en concepto de horas extras sin la autorización del directorio.
La situación se da en un marco de irregularidad flagrante. El Mercado Central es administrado en forma conjunta por Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Por una norma interna, la presidencia es rotativa y Miguelez debería haber dejado su cargo el 31 de marzo, pero se niega a hacerlo.
Según anticiparon a LPO fuentes internas del Mercado, la firma de la autorización corrió a cargo de Silvana Paula Fontana, gerente de la Unidad General Jurídico-Administrativa y de Jorge Gabriel Jozame Novoa, gerente de la Unidad General Operativa.
Fontana responde directamente a Miguelez, que ya la había designado en su anterior gestión en el Mercado Central durante el gobierno de Mauricio Macri, de donde se fue con causas penales por corrupción por contrataciones a familiares y amigos, irregularidades con los gastos de representación y otras maniobras. En ambas gestiones de Miguelez también fue nombrada como gerente María Gabriela Durán, quien junto a Fontana resultó clave para instrumentar las maniobras de contratación y cobertura administrativa.
Una rata gigante es capturada en las inmediaciones del Mercado Central.
En 2018, la Oficina Anticorrupción hizo un informe de 90 páginas detallando irregularidades en la gestión del Mercado y se mencionaba un desvío de 1.400 millones de pesos a siete empresas. Esa acusación se sostuvo en el testimonio arrepentido del ex gerente general del Mercado.
Por esta razón Miguelez todavía está siendo investigado en el Juzgado Federal de Morón en una causa por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y defraudación contra la administración pública.
El pago exorbitante de horas extras se da en medio del desmanejo del Mercado Central que ya fue objetado por el síndico del organismo. Como explicó LPO, el último informe realizado por el síndico reveló que de los 80 puntos auditados, Miguelez cumplió sólo tres.
La situación no cambió en los últimos meses: el Mercado Central vive una situación de abandono por la falta de higiene tal, que se pueden ver ratas gigantes entre la comida.
Miguelez es un protegido de Mauricio Macri y su continuidad en el cargo se vuelve incomprensible, salvo por un detalle: es muy cercano al ministro Toto Caputo.
En una jugada que vuelve a beneficiar a quienes manejan dinero no declarado, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, una reforma profunda del Régimen Penal Tributario que reduce controles, acorta plazos de investigación y prácticamente elimina la necesidad de justificar consumos personales.
Por Roque Pérez para NLI
El oficialismo volvió a mover el tablero impositivo: la iniciativa enviada al Congreso busca transformar el Régimen Penal Tributario, hoy central en la persecución de la evasión, para reemplazarlo por un esquema con umbrales mucho más altos, plazos más cortos y un régimen a medida para quienes manejan dólares no declarados.
Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto tiene un objetivo explícito: “inyectar” al mercado los dólares que la gente guarda sin declarar, reduciendo así la posibilidad de investigaciones penales y facilitando el uso corriente de ese dinero. En otras palabras, un blanqueo encubierto que premia al evasor mientras recorta recursos del Estado.
Un proyecto que cambia las reglas del juego
El texto, bautizado como “Principio de Inocencia Fiscal”, establece cinco reformas clave:
1. Aumento monumental del umbral para investigar evasión
La reforma pega directamente en el corazón del Régimen Penal Tributario. Los montos mínimos para iniciar una causa penal se disparan a niveles inéditos:
Evasión simple: pasa de $1,5 millones a $100 millones.
Evasión agravada: sube de $15 millones a $1.000 millones.
Con estos cambios, un universo enorme de contribuyentes quedaría automáticamente fuera de cualquier riesgo penal, tomando como piso cifras imposibles de alcanzar para la mayoría de los evasores comunes.
2. Prescripción recortada: de 5 a 3 años
Otro beneficio directo: el Estado, a través de ARCA, tiene solo 3 años para reclamar impuestos omitidos o iniciar denuncias, en lugar de los 5 actuales.
Un plazo más corto significa menos tiempo para investigar, menos causas y más margen para que los incumplimientos prescriban sin consecuencias.
3. Régimen especial para los “dólares bajo el colchón”
Uno de los puntos más polémicos: se crea un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas con ingresos menores a $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. Dentro de este sistema:
Ya no será obligatorio justificar consumos personales.
Las personas podrán usar dinero no declarado sin riesgo de que ARCA les exija demostrar de dónde proviene.
Es, en la práctica, una invitación a mover plata negra con total libertad.
4. Menos denuncias penales si se paga a tiempo
El proyecto establece que ARCA no formulará denuncias penales si la persona cancela la deuda antes de que se realice la presentación judicial. Además, si paga todos los impuestos adeudados más intereses y un recargo del 50% dentro de los 30 días del inicio de la investigación, tampoco enfrentará consecuencias penales.
Es decir: pagar después es más barato que cumplir siempre.
5. Multas formales mucho más altas
Para compensar —según el propio texto— la reducción de controles, el proyecto incrementa notablemente las multas por incumplimientos formales.
No presentar declaración jurada:
Personas: sube de $200 a $220.000.
Sociedades: pasa a $440.000.
Aunque el aumento suena impactante, estos montos no reemplazan la capacidad investigativa perdida, ni compensan la relajación penal incluida en el resto del proyecto.
El paquete, presentado como una modernización, representa otro paso en la estrategia del Gobierno de favorecer la desregulación tributaria, premiar el uso de fondos no declarados y despejar del horizonte judicial a grandes evasores.
Mientras Milei continúa recortando recursos al Estado y reduciendo controles, la “inocencia fiscal” aparece como un nuevo paraguas para quienes más tienen y menos aportan.
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