Se realizó el sorteo entre los contribuyentes que pagaron las Tasas Retributivas Anuales. El ganador de la moto fue Franklin Quezada Quintino, contribuyente N° 7748.
Para la realización del mismo, se contó con la presencia del Intendente, Marcelo Orazi y la Escribana Pública, Rossana Hernández.
La entrega del premio será el día domingo, en el Anfiteatro “Cono Randazzo”, último día de los festejos de la 42° #FiestaProvincialDeLaVendimia
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El presidente sigue jugando con el patrimonio histórico nacional.
Por Alcides Blanco para NLI
La trascendida decisión del gobierno de Milei de retirar el sable corvo del General José de San Martín del Museo Histórico Nacional para devolver su custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo no es un simple gesto administrativo ni un acto de reparación histórica inocente. Es, ante todo, una operación política sobre los símbolos, una disputa por el sentido de la historia nacional y por quién tiene derecho a representarla.
El sable corvo no es un objeto neutro. Nunca lo fue. Desde que San Martín lo empuñó en las guerras de independencia hasta hoy, su recorrido estuvo atravesado por conflictos, disputas ideológicas y lecturas políticas que reflejan las tensiones profundas de la Argentina.
San Martín, el sable y la soberanía
San Martín adquirió su sable en Londres, en 1811, antes de regresar al Río de la Plata. No era un arma ceremonial, sino un instrumento de guerra: sobrio, eficaz, sin ornamentos. Lo acompañó en el cruce de los Andes, en Chacabuco, Maipú y en la liberación de Chile y Perú. Pero su mayor carga simbólica llegó después de su muerte.
En su testamento, San Martín decidió legar el sable a Juan Manuel de Rosas, agradeciéndole explícitamente la defensa de la soberanía nacional frente a las potencias extranjeras. Ese gesto no fue casual ni anecdótico: expresa una concepción política clara del Libertador, que entendía la independencia no como un hecho cerrado sino como una lucha permanente contra el imperialismo.
Ese solo dato alcanza para desmontar cualquier intento de convertir a San Martín en una figura vacía, despojada de contenido político.
Tras décadas en manos privadas, el sable fue donado al Estado argentino y, en 1897, pasó al Museo Histórico Nacional, donde se consolidó como patrimonio público, accesible a toda la ciudadanía y contextualizado dentro de un relato histórico integral.
Un objeto siempre disputado
A lo largo del siglo XX, el sable corvo fue desplazado, ocultado, robado y recuperado. Durante la proscripción del peronismo fue sustraído por la Resistencia Peronista como símbolo de soberanía popular; durante la dictadura de Onganía fue retirado del museo y entregado a los Granaderos por decreto; y recién volvió a una lógica plenamente museística en democracia.
Cada traslado respondió a una concepción distinta del pasado: militarización del símbolo, apropiación política, o restitución al ámbito civil. No hay neutralidad posible cuando se trata del principal emblema material del Libertador.
Por qué Cristina llevó el sable al museo en 2015
En 2015, el gobierno de Cristina Kirchner dispuso el traslado del sable corvo nuevamente al Museo Histórico Nacional. La decisión estuvo acompañada de fundamentos claros y explícitos.
El argumento central fue que San Martín pertenece al pueblo argentino, no a una institución en particular. El sable debía estar en un museo público, bajo criterios profesionales de conservación, investigación y exhibición, y no en un ámbito castrense de acceso restringido. La idea fue desmilitarizar el símbolo, sin negar la dimensión militar de San Martín, pero incorporándolo a una lectura más amplia: la de un líder político, americanista y profundamente comprometido con la soberanía.
Cristina también inscribió la decisión en una política de memoria coherente con su gobierno: los símbolos nacionales deben ser civiles, públicos y democráticos, no herramientas de construcción de autoridad ni objetos sacralizados fuera del debate histórico. El Museo Histórico Nacional permitía explicar el sable junto a documentos, contextos y contradicciones, evitando convertirlo en un fetiche.
Fue, además, una definición política clara: la historia como patrimonio colectivo, no como recurso de legitimación del poder de turno.
Milei, los granaderos y la apropiación emocional
La decisión de Milei de revertir ese traslado no puede leerse aisladamente. Forma parte de una estrategia sostenida de construcción simbólica, en la que el presidente busca asociarse personalmente con figuras y cuerpos históricos de alta carga emocional.
No es un dato menor que Milei haya cultivado una relación especial con el Regimiento de Granaderos a Caballo, incluyendo el episodio ampliamente difundido en el que los granaderos le entregaron un regalo por su cumpleaños, provocando una escena de llanto y exaltación emocional cuidadosamente registrada por las cámaras.
Esa escena no fue espontánea ni inocente: construyó una imagen de investidura emocional, de validación histórica, de conexión directa con la épica sanmartiniana. La restitución del sable a los Granaderos profundiza esa narrativa: Milei se coloca simbólicamente bajo la sombra de San Martín, como si la autoridad del Libertador pudiera transferirse por proximidad, por escenografía o por decreto.
Un cierre que incomoda
San Martín nunca buscó el culto personal. Rechazó honores, se exilió, evitó la política facciosa y legó su sable no a un ejército, sino a un dirigente que —según su propio criterio— defendía la soberanía nacional frente a las potencias extranjeras.
Usar su figura hoy para construir legitimidad personal, mientras se desmantelan políticas públicas, se ajusta al pueblo y se subordina la economía a intereses externos, no es un homenaje: es una contradicción histórica.
El sable corvo no necesita ser “devuelto” a nadie. Pertenece a la historia del pueblo argentino. Cada vez que se lo mueve para reforzar una narrativa de poder, se lo aleja un poco más del sentido profundo que San Martín le dio en vida.
Y la historia, tarde o temprano, suele pasar factura.
Las tensiones generadas la semana pasada en la policía santafesina tuvieron un marcado rebrote la noche del lunes. Grupos de familiares y allegados a efectivos activos volvieron a congregarse en la Jefatura de Rosario. Esta vez la situación fue más grave porque hubo patrulleros que no salieron a cumplir el servicio. También una decisión del jefe de policía de la provincia, Luis Maldonado, de desalojar por la fuerza a los que bloqueaban el ingreso del edificio policial. Lo que generó corridas, gritos y situaciones de conflictividad que se mantuvieron durante la madrugada.
Temprano a la mañana el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció medidas drásticas. Separó dos circunstancias que calificó como claras. Por un lado, dijo que se debía diferenciar los reclamos legítimos de aumento y bienestar policial, que el gobierno había acompañado con medidas hace siete días, que admitió deben profundizarse. Pero remarcó que estos malestares fueron aprovechados por actores separados de la fuerza por corrupción que se plegaron a las manifestaciones.
Anunció que a veinte policías que hicieron abandono de servicio se los puso en disponibilidad, con quite de arma reglamentaria, chaleco y credencial. Y que se impulsaron denuncias penales en fiscalía porque se resintió el servicio de seguridad con un perjuicio a la comunidad. También admitió el ministro que esta vez aunque no se dieron situaciones graves el servicio resultó afectado porque unos 20 patrulleros sobre 80 del turno nocturno no salieron a la calle.
Tras los anuncios la situación no pareció desinflarse. Personas cercanas a los policías permanecían en el portón de la Jefatura rosarina donde había estacionados en el exterior no menos de 40 patrulleros.
También la medida tuvo su correlato en la ciudad de Santa Fe, donde unos 60 efectivos de la Policía Motorizada, del Comando Radioeléctrico y de la Brigada de Orden Urbano, fueron llevados hacia la División Judiciales de la Jefatura de la capital provincial, donde se les retiraron las armas, según contó la periodista Ivana Fux. Desde el lunes familiares, retirados y personas de civil se habían concentrado para protestar en la Plaza 25 de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Fuentes del Ministerio de Seguridad dijeron a LPO que la Subsecretaría de Control no había iniciado actuaciones en esa ciudad.
En Rosario la situación mostró escenas de mayor convulsión aunque no se llegó a hechos de violencia física, aunque sí hubo contacto cuerpo a cuerpo cuando efectivos de custodia dispersaron del portón de Jefatura a los manifestantes, que a viva voz los insultaban por no reconocerlos como camaradas y hacer reclamos que aglutinan a todo el personal.
La semana pasada con los reclamos escalando el gobierno otorgó 500 mil pesos a los policías de calle, 250 mil a los choferes de patrulleros y anunció medidas para la contención policial, en especial luego de que el suicidio de Oscar Valdez, un efectivo de 32 años en la Jefatura de Rosario generara demandas explícitas de atención a situaciones de precariedad de salud integral de las fuerzas de seguridad.
«La protesta legítima, el reclamo legítimo por mejorar las condiciones de trabajo, nosotros los seguimos acompañando. Toda policía que hace correctamente su trabajo y que nos ha permitido llevar adelante una política de seguridad que ha bajado drásticamente los niveles de violencia que azotaban esta provincia la vamos a seguir defendiendo», dijo Cococcioni.
«Ahora sobre este reclamo legítimo se montaron y tenemos detectada a sectores desplazados de la policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción, cuyos perpetradores hoy están privados de libertad. Esto nosotros no lo vamos a dejar pasar. Utilizar a la institución policial y a sus funcionarios para directamente minar la política de seguridad, que tanto trabajo nos costó poner en orden en la provincia de Santa Fe, es una línea que nosotros no vamos a dejar cruzar», sostuvo.
El ministro de Seguridad dijo que al menos 20 funcionarios policiales, «y seguramente algunos más que irán siendo identificados mediante labores investigativas que se están desarrollando», fueron puestos en disponibilidad. «Además, estamos haciendo actuaciones de todo, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación para que investigue posibles ilícitos penales de los funcionarios policiales y de estos grupos marginales y desplazados de la Policía de Santa Fe, que claramente no se resignan a que han perdido la posición de poder y de privilegio que obtuvieron en otro momento».
Cococcioni dijo que esta madrugada, a diferencia de la semana pasada, hubo afectación de la prestación de tareas. «Si bien no ha afectado sustancialmente la seguridad esta medida, si objetivamente no menos de 20 unidades de patrulla urbana abandonan su servicio en plena jornada, objetivamente eleva los niveles de riesgo. Y hasta me atrevería a decir que le acarrea responsabilidad penal si llegara a ocurrir un delito que no pudo ser evitado por culpa de esa acción de incumplimiento de sus deberes funcionales».
«Se puede dialogar para mejorar las condiciones de trabajo, se puede organizar mejor las jornadas de trabajo, totalmente de acuerdo. Ahora, no estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública, la seguridad de todos los habitantes de la provincia de Santa Fe. Estas acciones ilícitas, antijurídicas y en algunos casos violentas, entendemos que quieren golpear la política de seguridad, que es una política de seguridad exitosa. A quien le guste, esta es la política que en conjunto con el gobierno nacional y con el Ministerio de Seguridad Nacional, está bajando el delito y está bajando la violencia, en la ciudad de Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. Así que acá es donde trazamos una raya que no estamos dispuestos a permitir que se cruce», subrayó el ministro.
En Rosario la situación mostró escenas de mayor convulsión aunque no se llegó a hechos de violencia física, aunque sí hubo contacto cuerpo a cuerpo cuando efectivos de custodia dispersaron del portón de Jefatura a los manifestantes, que a viva voz los insultaban por no reconocerlos como camaradas
Tras el anuncio de sanciones y el duro mensaje del ministro no dispersó durante la mañana a los allegados a los familiares y cercanos que seguían apostados frente a la Jefatura de Rosario. En ellos los reclamos eran de mejoras salariales, de prestaciones integrales para la salud mental en una profesión sometida a altos niveles de estrés, y a que resuelva cambios en el régimen horario, que complican el descanso adecuado para una enorme cantidad de suboficiales que están en las ciudades del sur de la provincia pero que son oriundos del norte y tienen que cubrir distancias de hasta 800 kilómetros cuando retornan. El policía con carpeta médica que se suicidó el sábado pasado en Jefatura era de Vera que está a 450 kilómetros de Rosario donde estaba asignado.
«Intentaron dividir con los anuncios, alimentos para unos pocos. Estamos pidiendo que el aumento sea para toda la policía, no para unos pocos», declaró el abogado Gabriel Sarla, un ex policía santafesino que estuvo la semana pasada como interlocutor de los que protestaban en las conversaciones ante el Ministerio de Seguridad que derivaron en los anticipos de beneficios no remunerativos.
«El conflicto ha tomado una escala que no queríamos», reconoció. «Era pacífico pero un hecho desafortunado anoche, cuando el señor Maldonado decidió reprimir, lo que hizo que los policías vengan a apoyar a sus familiares. Una mujer embarazada recibió gas pimienta», comentó el abogado a Cadena 3 Rosario.
Pero como resaltó LPO el día que se hicieron los anuncios, las mejoras económicas no llegan a la totalidad de la fuerza sino a un 40 por ciento que es la que realiza las prestaciones operativas de seguridad en calle. Y además se trata de sumas no remunerativas. Desde la zona de la protesta, un oficial le comentó a este medio por qué el cortafuegos ensayado por la provincia no satisface.
«Todos se dieron cuenta de que esto fue maquillaje. Un policía está en el Comando y tiene los plus que prometieron. Pero el mes que viene lo cambian de destino a una comisaría y vuelve a cobrar el sueldo pelado. El plus es eso, no es aumento de básico, no impacta en el salario. Esto a los policías que tienen que viajar seis o siete horas ida y vuelta hacia sus destinos no les resuelve gran cosa», dijo el oficial con veinte años de servicio.
Todos se dieron cuenta de que esto fue maquillaje. Un policía está en el Comando y tiene los plus que prometieron. Pero el mes que viene lo cambian de destino a una comisaría y vuelve a cobrar el sueldo pelado. El plus es eso, no es aumento de básico, no impacta en el salario
Esta es una de las protestas más fuertes surgidas en Rosario desde la muerte en 2005 del agente Diego Navarro cuando custodiaba un supermercado, que tuvo sin embargo una magnitud incomparable, porque la ciudad quedó entonces sin servicio policial, bajo el gobierno de Jorge Obeid. Lo que derivó en que más de 300 gendarmes fueran transferidos a Rosario para realizar tareas de patrullaje urbano.
Según fuentes de la Casa de Gobierno santafesina, la administración de Pullaro se propone cortar de raíz cualquier situación que implique una escalada del conflicto. En la calle pese a los anuncios disciplinarios la tensión no se había disipado.
«Yo estuve en el acuartelamiento cuando mataron a Navarro en el súper Azul en 2005», decía un policía con mando medio a LPO desde el lugar donde siguen los familiares. «Esa vez nos conformaron con un par de borcegos, con el retiro de las viejas pistolas 11.25 que se trababan como le pasó a Navarro y con el aumento del adicional. Pero ahora es distinto. La policía está mejor soportada en sus demandas y además hay una situación económica que vuelve comprensibles los reclamos», le comentó a La Política Online otro policía cercano a los 50 años desde las inmediaciones a Jefatura rosarina.
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