LA LUCHA SE INSTALÓ EN LAS CALLES: de Argentina a Europa, manifestantes desafían a los gobiernos y la derecha endurece su respuesta

Argentina, Colombia, Francia, Italia, Albania, Portugal y Bélgica registraron movilizaciones contra recortes, salarios insuficientes, deterioro educativo, crisis habitacional y decisiones gubernamentales. Las protestas no responden a una conducción internacional común, pero exhiben una coincidencia política de fondo: millones de personas reclaman que el costo de las crisis no recaiga sobre trabajadores, estudiantes y sectores populares. En paralelo, el avance de las derechas nacionalistas y los discursos contra la inmigración abren otra batalla por el rumbo de las sociedades.

Por Bruno A. Monteverde para NLI

Las calles volvieron a convertirse en un escenario central de la disputa política internacional. En Argentina, Colombia, Francia, Italia, Albania, Portugal y Bélgica, las movilizaciones de octubre pusieron bajo presión a gobiernos y modelos económicos cuestionados por sus efectos sobre los salarios, la educación pública, el acceso a la vivienda, los servicios esenciales y las condiciones de vida de las mayorías. La coincidencia temporal y el contenido de numerosos reclamos permiten reconocer una tendencia que merece atención: crece la resistencia social frente a políticas que, bajo distintos argumentos, trasladan los costos de los desequilibrios económicos hacia quienes dependen de su trabajo y de los servicios públicos para vivir.

La semana tuvo una imagen particularmente contundente en Francia, donde el 17 de octubre una movilización de alcance nacional reunió a cientos de miles de personas, según estimaciones que variaron entre las autoridades y las organizaciones sindicales. En Italia, las protestas por el costo de vida y las condiciones laborales alcanzaron a Milán y otras ciudades; en Portugal, la crisis de la vivienda y el deterioro del poder adquisitivo impulsaron nuevas marchas; y en Bélgica, una huelga contra las medidas presupuestarias del Gobierno ya había llevado a decenas de miles de personas a las calles el 9 de octubre. Albania, por su parte, atraviesa una crisis antigubernamental alimentada por denuncias de corrupción, falta de oportunidades y cuestionamientos al sistema educativo. En Argentina, la defensa de la universidad pública volvió a reunir a estudiantes, docentes, trabajadores y organizaciones sociales frente al Congreso. Colombia también registró una movilización nacional contra las políticas del nuevo gobierno de derecha.

El denominador común no es una consigna única, sino una disputa sobre quién paga la crisis, qué derechos debe garantizar el Estado y hasta dónde puede avanzar un programa económico cuando sus costos recaen sobre las mayorías.

Argentina y Colombia: el ajuste, la educación y la resistencia popular

En Argentina, la quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre volvió a poner en evidencia el conflicto entre el Gobierno de Milei y la comunidad educativa. Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, graduados y organizaciones sociales reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las casas de estudio. La protesta se desarrolló en un contexto de fuerte tensión con el Ejecutivo, que mantiene su disputa presupuestaria con las universidades públicas pese a los reclamos institucionales y las decisiones judiciales vinculadas con la aplicación de la norma.

El conflicto universitario representa mucho más que una discusión contable. La educación superior pública es una herramienta de movilidad social, producción científica, formación profesional y construcción de soberanía. El deterioro de los salarios docentes, las dificultades para sostener becas y el desfinanciamiento de las instituciones afectan tanto a quienes trabajan en ellas como a los estudiantes que dependen de la universidad para ampliar sus oportunidades. Cuando el ajuste compromete esas funciones, no se recorta solamente una partida presupuestaria: se limita una capacidad estratégica de la sociedad.

La movilización argentina también dejó expuesta una contradicción política de fondo. Un gobierno que reivindica el respeto por las reglas y la seguridad jurídica debe explicar por qué persiste el conflicto en torno a una ley aprobada por el Congreso y cuya aplicación fue objeto de pronunciamientos judiciales. La discusión no puede resolverse descalificando a estudiantes y docentes ni presentando cualquier reclamo como una maniobra partidaria. La universidad pública constituye una institución central de la vida democrática y su financiamiento debe discutirse con responsabilidad, transparencia y respeto por el marco legal.

En Colombia, la protesta adquirió una dimensión diferente, pero igualmente significativa. Sindicatos, estudiantes y organizaciones indígenas se movilizaron el 14 de octubre contra decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella, con reclamos relacionados con la autonomía universitaria, los derechos de los pueblos originarios, la educación pública y el salario mínimo. La jornada constituyó una de las primeras grandes demostraciones de fuerza de la oposición social frente al nuevo Ejecutivo derechista, que ha defendido una línea de mayor dureza frente a las manifestaciones.

El conflicto colombiano no puede interpretarse como una réplica exacta del argentino. Las disputas institucionales, la historia del movimiento sindical y las demandas de las comunidades indígenas tienen características propias. Pero la coincidencia es visible: en ambos países, la educación y los derechos laborales se convirtieron en terrenos centrales de confrontación entre sectores sociales organizados y gobiernos que pretenden avanzar con transformaciones económicas y administrativas resistidas por parte de la población.

También aparece un elemento que merece atención: la discusión sobre el derecho a protestar. Cuando las autoridades anuncian una respuesta más dura frente a las movilizaciones, la cuestión deja de ser exclusivamente presupuestaria y pasa a involucrar libertades democráticas fundamentales. El Estado tiene la obligación de proteger a la población y actuar ante hechos violentos, pero esa responsabilidad no puede utilizarse para criminalizar el reclamo pacífico ni para convertir la protesta social en una amenaza por definición.

Francia, Italia y Portugal: una Europa atravesada por el malestar social

Francia protagonizó uno de los episodios más importantes de esta semana. El 17 de octubre, las movilizaciones se extendieron por cientos de puntos del país y reunieron a estudiantes, sindicatos, trabajadores, agricultores y otros sectores afectados por el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos. Las estimaciones de participación fueron diferentes: las autoridades informaron una concurrencia inferior a la calculada por las organizaciones sindicales, que hablaron de varios cientos de miles de manifestantes. La magnitud de la jornada, sin embargo, dejó en claro que el descontento había superado los límites de un reclamo sectorial.

Las protestas comenzaron con demandas vinculadas con las condiciones educativas, la falta de docentes y el deterioro de las instalaciones escolares, pero incorporaron reclamos más amplios por los salarios, las jubilaciones, el costo de la energía y los recortes presupuestarios. La CGT francesa respaldó las movilizaciones y reclamó medidas concretas para proteger el poder adquisitivo. En distintas ciudades se registraron enfrentamientos, destrozos y ataques a edificios públicos, mientras la Policía desplegaba operativos antidisturbios. La violencia de algunos grupos no debe confundirse con el conjunto de los manifestantes, del mismo modo que los incidentes no pueden borrar las causas económicas y sociales que impulsaron la convocatoria.

La crisis francesa tiene además una dimensión política. El macronismo llega debilitado a la etapa final de su ciclo de gobierno, con un escenario institucional complejo y una sociedad atravesada por la desconfianza. Los problemas presupuestarios y el deterioro de determinados servicios públicos alimentan la percepción de que las instituciones no ofrecen respuestas suficientes. En ese contexto, la protesta se convierte en un espacio donde confluyen demandas diferentes, desde la defensa de los derechos laborales hasta el rechazo a una política económica que muchos consideran socialmente injusta.

La experiencia de los chalecos amarillos sigue siendo un antecedente relevante: mostró que una medida económica puede desencadenar una crisis mucho más amplia cuando una parte de la población siente que el sistema político no escucha sus necesidades. El regreso de ese tipo de malestar, aunque las circunstancias actuales sean diferentes, vuelve a colocar en el centro una pregunta incómoda para el poder francés: cuánto ajuste puede soportar una sociedad antes de que la frustración se transforme en una crisis de legitimidad.

En Italia, las protestas alcanzaron a Milán, Bolonia, Turín y otras ciudades. Los reclamos se concentraron en el costo de vida, los salarios, la crisis habitacional y la defensa de los servicios públicos, en un escenario que golpea políticamente al gobierno de Giorgia Meloni. La violencia registrada en algunos episodios de Milán, con destrozos y enfrentamientos con la Policía, ocupó buena parte de la atención pública, pero no agota el contenido de las movilizaciones. Los sindicatos y las organizaciones sociales plantean una discusión sobre el rumbo económico, la distribución de los recursos y las prioridades presupuestarias del Estado.

La convocatoria de la CGIL a una huelga general para el 20 de noviembre agrega una dimensión decisiva. El sindicalismo italiano busca convertir el malestar en una medida de fuerza organizada, con reclamos que incluyen mejoras salariales, protección social y mayores recursos para los servicios públicos. La adhesión que alcance esa convocatoria permitirá medir si las protestas de estos días son episodios dispersos o la expresión de una resistencia social capaz de sostenerse en el tiempo.

En Portugal, las movilizaciones por el acceso a la vivienda y el aumento del costo de vida pusieron en primer plano una de las contradicciones más visibles de las grandes ciudades europeas. Lisboa y Oporto se enfrentan a dificultades crecientes para garantizar alquileres accesibles a trabajadores y jóvenes, mientras la presión inmobiliaria reduce las posibilidades de independencia de amplios sectores de la población. También hubo reclamos por mejores salarios y pensiones frente al gobierno conservador de Luís Montenegro.

La vivienda se convirtió en un terreno central de la disputa social europea porque expresa con claridad el choque entre el derecho a habitar una ciudad y la lógica de un mercado que puede transformar un bien esencial en un activo de inversión. Cuando los alquileres absorben una parte desproporcionada de los ingresos, trabajar deja de garantizar autonomía económica. El problema no afecta únicamente a quienes están desempleados o viven en condiciones de pobreza: también alcanza a sectores asalariados que tienen trabajo, pero encuentran cada vez más difícil sostener una vivienda.

Francia, Italia y Portugal comparten así una preocupación concreta, aunque sus respuestas políticas y sus estructuras económicas sean diferentes. Los salarios, la educación y la vivienda vuelven a ocupar el centro de la agenda porque son ámbitos donde las consecuencias de las decisiones económicas se sienten directamente. La estabilidad de los mercados y los equilibrios presupuestarios pueden ser objetivos legítimos, pero pierden sustento social cuando se persiguen sin atender el impacto sobre las condiciones de vida.

Bélgica y Albania: recortes, corrupción y una crisis de representación

Bélgica también fue escenario de una importante jornada de protesta. El 9 de octubre, decenas de miles de personas participaron de una movilización sindical en Bruselas contra las medidas presupuestarias del Gobierno y el impacto de los recortes sobre los trabajadores. La convocatoria reunió a organizaciones sindicales que cuestionan las políticas de austeridad y advierten sobre sus consecuencias en los ingresos, las condiciones laborales y la protección social. Al margen de la marcha se produjeron enfrentamientos con la Policía y detenciones.

El caso belga demuestra que la conflictividad no se limita a los países que atraviesan crisis económicas particularmente graves. Incluso en sociedades con instituciones consolidadas y sistemas de protección social desarrollados, las reformas presupuestarias pueden generar una fuerte resistencia cuando los trabajadores consideran que el costo de las decisiones gubernamentales se distribuye de manera injusta. La discusión no se reduce a cuánto gasta el Estado, sino a qué servicios garantiza, cómo recauda y quién absorbe el peso de los ajustes.

Albania presenta un cuadro distinto y de mayor complejidad política. Las protestas estudiantiles que se intensificaron durante la semana del 12 de octubre se extendieron en Tirana y otras ciudades, con reclamos por la corrupción, la falta de empleo, las deficiencias educativas y la renuncia del primer ministro Edi Rama. La crisis se inscribe en un movimiento más amplio que ya había cuestionado un controvertido proyecto de desarrollo turístico de lujo en la costa albanesa, vinculado con intereses empresariales cercanos a Jared Kushner, y que incorporó preocupaciones ambientales y denuncias sobre el manejo del poder.

La expansión de las movilizaciones expresa una crisis de confianza que no puede atribuirse a una única medida. Los jóvenes cuestionan sus perspectivas de futuro, mientras distintos sectores denuncian que las decisiones políticas y económicas no responden a las necesidades de la población. El Gobierno, por su parte, sostiene que las protestas amenazan el camino de Albania hacia la Unión Europea y ha responsabilizado a sus adversarios políticos por la escalada.

Los enfrentamientos y los ataques contra edificios públicos constituyen hechos que deben investigarse, y la violencia no puede presentarse como una forma legítima de resolver las diferencias. Pero tampoco es aceptable que la aspiración de ingresar a la Unión Europea se convierta en un argumento para deslegitimar toda protesta. La integración internacional no puede reducirse a una meta diplomática o económica: también requiere instituciones confiables, transparencia, derechos protegidos y canales efectivos para que la ciudadanía cuestione a sus gobernantes.

Bélgica y Albania, con trayectorias muy diferentes, revelan dos dimensiones de una misma preocupación democrática. En un caso, los sindicatos rechazan políticas presupuestarias que consideran perjudiciales para los trabajadores; en el otro, estudiantes y ciudadanos cuestionan un sistema político al que atribuyen corrupción, falta de oportunidades e indiferencia. En ambos, la legitimidad de las instituciones depende también de su capacidad para ofrecer respuestas concretas y rendir cuentas.

La otra batalla: la derechización, el racismo y la política del enemigo

La multiplicación de protestas contra el ajuste convive con otro proceso que atraviesa a distintas sociedades: el avance de fuerzas nacionalistas y de extrema derecha que presentan a la inmigración como una amenaza para el empleo, los servicios públicos, la seguridad o la identidad nacional. Se trata de fenómenos relacionados en algunos contextos, pero que no deben confundirse. La protesta contra los recortes y el rechazo al racismo no son necesariamente la misma movilización, y no todos los gobiernos conservadores impulsan políticas idénticas. Sin embargo, existe una disputa política sobre cómo se interpreta el malestar social y hacia quién se dirige la responsabilidad por las dificultades económicas.

Japón ofrece un ejemplo significativo de esa confrontación. El 17 de octubre, en Tokio, una concentración contra la inmigración encabezada por el activista político Yusuke Kawai fue enfrentada por una contramanifestación antirracista. Ambos grupos quedaron separados por un importante despliegue policial y se produjeron momentos de tensión. El episodio refleja el crecimiento de discursos que prometen proteger a la población mediante restricciones a la inmigración y la defensa de una identidad nacional excluyente, así como la existencia de sectores que rechazan esas propuestas por considerarlas discriminatorias.

El fenómeno japonés se inscribe en un contexto político en el que fuerzas nacionalistas como Sanseitō han ganado visibilidad con consignas que combinan el rechazo a la inmigración con posiciones contrarias al globalismo. En Europa, por su parte, se han registrado convocatorias antiinmigratorias de la derecha radical en países como Alemania, Francia, Italia, Polonia, Suecia y Dinamarca. Estas movilizaciones no son equivalentes a las marchas contra el ajuste, pero forman parte de una disputa más amplia por el sentido de la crisis y las respuestas que se ofrecen a la población.

La estrategia de convertir al inmigrante en responsable de problemas estructurales tiene una ventaja política para quienes la promueven: desplaza la discusión desde la distribución de la riqueza, los salarios, las condiciones laborales y las decisiones presupuestarias hacia la identidad de quienes compiten por recursos y oportunidades. De esa manera, problemas complejos como la falta de vivienda, la presión sobre los servicios públicos o la precarización laboral pueden presentarse como consecuencia de la presencia de extranjeros, aun cuando sus causas incluyan decisiones económicas, insuficiencia de inversión pública, especulación inmobiliaria y desigualdades de larga data.

Esto no significa que las preocupaciones de la población sobre el empleo, la vivienda o la capacidad de los servicios públicos deban ignorarse. Significa que deben discutirse con datos, políticas concretas y responsabilidades claramente identificadas, sin convertir a colectivos enteros en chivos expiatorios. La competencia por recursos escasos no se resuelve mediante la estigmatización de quienes migran, sino con políticas laborales, habitacionales y sociales que protejan derechos y distribuyan las oportunidades de manera justa.

La derechización también se expresa en el lenguaje político. Cuando la protesta se presenta automáticamente como una conspiración, cuando los sindicatos son tratados como enemigos internos o cuando la defensa de los servicios públicos se describe como una amenaza a la libertad económica, el debate democrático se estrecha. El paso siguiente puede ser justificar mayores restricciones a la movilización, una respuesta policial desproporcionada o la descalificación sistemática de cualquier oposición.

Por eso, el crecimiento de las movilizaciones sociales y el avance de la derecha nacionalista deben analizarse como dos procesos que disputan el futuro de las sociedades, aunque no sean dos bloques perfectamente enfrentados. En algunos países, sectores afectados por la precariedad se incorporan a discursos antiinmigratorios; en otros, las organizaciones sindicales, estudiantiles y antirracistas intentan construir respuestas colectivas. El resultado depende de la capacidad de las fuerzas políticas y sociales para ofrecer explicaciones convincentes y alternativas concretas a los problemas cotidianos.

Una coincidencia internacional, no una rebelión coordinada

La sucesión de protestas en Argentina, Colombia, Francia, Italia, Albania, Portugal y Bélgica no demuestra la existencia de una conducción común ni permite afirmar que el mundo entero se haya levantado contra la derecha. Las causas inmediatas son diferentes: en Argentina, la universidad pública y el financiamiento educativo; en Colombia, los derechos laborales, indígenas y universitarios; en Francia, el costo de vida, los servicios públicos y las condiciones educativas; en Italia y Portugal, los ingresos y la vivienda; en Bélgica, las medidas presupuestarias; y en Albania, la corrupción, el empleo, la educación y la desconfianza política.

Pero hay una coincidencia que no debe subestimarse. En todos estos escenarios, una parte de la sociedad reclama que las decisiones económicas no se tomen ignorando sus consecuencias sociales. El salario, la educación, la vivienda y la protección pública aparecen como cuestiones centrales porque determinan las posibilidades reales de vivir con dignidad. La protesta surge cuando las instituciones no logran procesar esos reclamos o cuando los gobiernos insisten en políticas que amplios sectores consideran perjudiciales.

El desafío para las fuerzas populares, sindicales y democráticas es transformar el malestar en organización, propuestas y capacidad de intervención política. Las marchas pueden abrir una discusión y modificar la agenda pública, pero su continuidad depende de que existan objetivos claros, alianzas sociales y mecanismos capaces de sostener la presión más allá de una jornada de movilización. La dispersión de los reclamos puede favorecer a gobiernos que buscan aislar cada conflicto y presentarlo como un problema sectorial.

Para los gobiernos, la advertencia también es clara. No alcanza con invocar la estabilidad fiscal, la seguridad o la modernización económica si las medidas adoptadas deterioran las condiciones de vida de amplios sectores. Un presupuesto no es neutral: expresa prioridades. Decidir qué se financia, qué se recorta y quién paga los costos constituye una definición política que debe ser discutida públicamente.

La misma exigencia vale para el debate sobre la inmigración y la identidad nacional. Las dificultades económicas no justifican la discriminación, y la defensa de los derechos sociales no requiere construir nuevos enemigos entre quienes también buscan trabajo, vivienda y seguridad. La disputa fundamental es cómo organizar sociedades en las que los derechos no dependan exclusivamente de la capacidad de pago ni de la pertenencia a una identidad determinada.

Las calles de esta semana no anuncian, por sí solas, una transformación inevitable del orden político internacional. Sí muestran que las tensiones entre ajuste, derechos sociales, democracia y derechización están lejos de resolverse. En distintos países, trabajadores, estudiantes y ciudadanos volvieron a ocupar el espacio público para exigir respuestas. El alcance de ese movimiento dependerá de su capacidad para convertir demandas diversas en cambios concretos.

Cuando el costo de la crisis se distribuye hacia abajo, la protesta se convierte en una forma de disputar esa distribución. Y cuando el poder intenta responder con descalificación, represión o la búsqueda de enemigos sociales, la discusión deja de ser solamente económica: pasa a definir qué democracia, qué derechos y qué futuro quiere construir cada sociedad.