La justicia brasileña manda a la Policía Federal a la casa de Bolsonaro para evitar que se fugue
El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexander de Morales, determino que la Policía Federal realice una vigilancia de 24 horas en el domicilio donde Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria.
De Moraes justificó la medida como una forma de evitar que el expresidente intente huir del país en vísperas del juicio sobre el intento de golpe, programado para el 2 de septiembre.
El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, envió una carta oficial al ministro en la que no sugiere la entrada de un equipo policial a la casa del expresidente para realizar vigilancia pero Moraes envió la demanda a la Fiscalía General para que sea analizada.
El juez que se convirtió en el enemigo principal del bolsonarismo aseguró que el equipo policial “debe evitar la exposición indebida, absteniéndose de toda discriminación, incluyendo la mediática, sin adoptar medidas intrusivas en el domicilio del acusado ni perturbar el orden vecinal”.
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Moraes dejó a criterio policial “el uso de armas no uniformadas y las respectivas necesarias para ejecutar la orden”. La decisión del ministro se tomó después de que el líder del PT en la Cámara de Diputados, Lindbergh Farias, enviara una carta oficial a la Policía Federal solicitando medidas más severas contra Bolsonaro.
Ena este marco, Para justificar su orden de vigilancia, Moraes afirmó que el diputado federal e hijo de Jair, Eduardo Bolsonaro, reanudó sus ataques contra el juez. El ministro también citó el descubrimiento por parte de la Policía Federal de que Bolsonaro tenía en su celular un acta de solicitud de asilo político para el presidente de Argentina, Javier Milei.
En ese sentido, en un reciente encuentro realizado en San Pablo, el líder del Partido Liberal Valdemar Costa Neto dijo a los presentes en una charla informal que ese pedido lo hizo el entorno de Bolsonaro pero no fue algo gestionado por el propio ex presidente.
El documento se creó el 10 de febrero de 2024, dos días después de que Bolsonaro fuera buscado en una importante operación relacionada con el intento de golpe de Estado. Dos días después de la elaboración del acta, el expresidente se encontraba en la Embajada de Hungría.
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Bolsonaro está en arresto domiciliario desde el 4 de agosto, no puede comunicarse por redes sociales ni recibir visitas que no sean de su entorno familiar o sus abogados.
El ex presidente enfrentará el próximo 2 de septiembre el tramo final del juicio en el que se conocerá la sentencia final para los acusados. Fuentes cercana a la causa aseguran a LPO que la condena es casi un hecho y que podría recibir una pena de 40 años.
