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LA FESHRARI ES MÍA, MÍA, MÍA.

Sucede algo no tan extraño con las personas que basan su carrera laboral ocupando cargos ejecutivos y legislativos en nuestro país. Hay bastante literatura sobre el tema y algunos historiadores están reinventando la manera de contarla, hasta en distintos formatos y soportes.

Distintas personas que ejercieron cargos ejecutivos en sus años de gestión nos fueron dando pistas que ya tenía puesta una capa de oro (una especie de sangre azul es la democracia del lobby y los abogados) y que podían adueñarse de los bienes del Estado como mandatarios en ejercicio. Ellos inventaron frases como “La ferrari es mía, mía, mía”, creyendo que un sujeto podía quedarse con un automóvil “Testarrosa 348 tb” que fue un obsequio a un Jefe de Estado y no a la persona que ocupaba el cargo. Una interpretación libre sobre ética, protocolo y leyes digna de Argentina en el año 1991.

Uno puede ser generoso y opinar que a veces los políticos confunden el rol de Estado con lo propio. Y que ese es el estado de las instituciones en nuestra comunidad, que construyen diariamente los organismos del Estado que nos regulan. Será que la “Rebeldía” del gaucho que alimenta una parte del ser argentino es un poco exagerada?.

En nuestra provincia hay varios ejemplos sobre esta “confusión” de clase, pero la atracción la sienten con seguir ocupando el mismo cargo, elegido en votaciones libres cada cuatro años. Sobre todo la gran atracción de seguir ocupando la silla del Gobernador de la Provincia.

Para este cometido generalmente utilizan dos tipos de estrategias:

La primera es con la aplicación cotidiana que generan ocupando el cargo. El “Rol” de Estado que ejercen aplicando políticas públicas, que bien administradas, le generarían una chance válida de someter su cargo a elecciones. Las áreas del Estado que administran son: Áreas sociales (generalmente las más clientelares), obras públicas, estado de la administración, capacidad de gestión y saber construir y transmitir un proyecto colectivo reconocible por y para todos nosotros. (En este último están muy flojos en general).

La segunda estrategia es modificar las reglas que están establecidas. Corriendo el riesgo de que una persona ocupe un cargo ejecutivo, un rol de gobierno, durante 12 años continuos. La constitución prevé que tenga que rotar cada 8 años como máximo, según la reforma convencional desde del año 1988.

En casos como el del municipio de Los Menucos este año se termina el gobierno de 20 años de la intendenta Mabel Yahuar por que modificaron su carta orgánica incluyendo que las presentaciones al cargo no puedan ser indefinidas.

Existen tres casos en nuestra provincia de mandatarios que pretendieron modificar la interpretación del artículo 175 que existe desde la creación de la constitución provincial desde 1957.

El Primero es Bautista Mendioroz que siendo vicegobernador de Pablo Verani por dos períodos consecutivos pretendía renovar su cargo por un período más, luego de ser reelecto en el año 1999. Esta instancia llegó a la justicia y todos los actores políticos se expidieron sobre el artículo 175 eliminando esta posibilidad.

Luego fue el intento de Carlos Saiz, que en el año 2010 no pudo hacer prosperar una presentación a un tercer mandato desde una interna abierta entre sectores muy polarizados dentro del radicalismo y definió la candidatura de su línea interna por uno de sus Ministros.

El tercer caso es de su actual Gobernador, que fue elegido una vez como Vice Gobernador y luego Gobernador en el mandato del período siguiente. Si bien en el año 1999 rechazó los argumentos del Vice Gobernador radical, hoy construye una re interpretación del artículo 175 contraria a su 1er opinión. (Recuerda la frase de Groucho Marx sobre la abundancia de convicciones que tienen los políticos)

Río Negro hoy tiene un debate importante, y la ausencia de expresiones independientes se hace sentir diariamente. Habría que pensar sobre la falta de cuadros políticos interesantes en boca de la comunidad que está replegada de la participación política y genera este tipo de vacíos por falta e interés o por las pocas ganas de codearse en el barro de la política partidaria.

Quizá para períodos como estos es que las leyes existen y deben prevalecer. Para poder proteger al ciudadano común y limitar una hipótesis de abuso que da el acceso al poder de manera continua en los cargos principales de conducción de las provincias. Por lo menos hoy la definición la tiene la justicia.

Texto: Esteban Vazquez 
Intervención de Portada: Germán Busin
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  • Una sola empresa se presentó para operar la «ART» que creó Pullaro para controlar el presentismo de los estatales

     

     El gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó con la licitación del nuevo sistema integrado de salud laboral para los trabajadores estatales, dicho de manera fácil, el mecanismo para controlar presentismo, resúmen en los gremios. El dato curioso es que solo hubo un solo interesado en el pliego para un negocio de mil millones de pesos.

    Según el acta oficial, a la que accedió LPO, únicamente cotizó SML Consultores Médicos, una firma vinculada a la aseguradora Experta, que de esta manera quedó en posición de quedarse con un contrato millonario para gestionar el control médico y el ausentismo en toda la administración pública provincial.

    El dato no es menor. En el mercado de la medicina laboral y los riesgos del trabajo operan al menos unas quince empresas con capacidad técnica para prestar el servicio. Sin embargo, ninguna de ellas se presentó. Ni siquiera Colonia Suiza, una de las compañías líderes que trabaja con ART y grandes empleadores.

    [Pullaro crea una «ART» para combatir el ausentismo, que en los estatales provinciales duplica la media internacional]

    En el sector no dudan en vincular esa ausencia masiva con las condiciones del pliego. «Es imposible cumplir con lo que piden con ese presupuesto», explicó a LPO un operador con años en el negocio de los seguros.

    La licitación contempla la cobertura integral de la salud laboral de toda la administración pública provincial, incluyendo docentes, policías, empleados administrativos, pasantes y becarios.

    Pero además, según deslizan fuentes del sector, exige una presencia territorial extrema de agentes sanitarios: piden capacidad de respuesta en cada punto de la provincia donde haya un trabajador estatal, o sea, en todos lados, señaló una fuente al tanto del pliego que habló con LPO.

     La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones. O saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared.

    Eso implica, en la práctica, montar una red de prestadores médicos que cubra no solo las grandes ciudades sino también pueblos y localidades pequeñas, donde la presencia de profesionales es más escasa y los costos operativos se disparan.

    «La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones», resumieron y agregaron «o saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared».

    Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional

    Las estimaciones de las empresas médicas locales ubican el costo razonable del servicio por encima de los 2.500 millones de pesos, más del doble del monto que trascendió como referencia oficial. Incluso algunas ofertas habrían superado ampliamente ese número, lo que refuerza la idea de un desfasaje entre las exigencias técnicas y el presupuesto previsto.

    En el negocio de la salud señalan al radical Julián Galdeano como el que encargado de armar la licitación. «En definitiva hizo su trabajo» ironizó un empresario de la ciudad de Santa Fe. Galdeano es el secretario de Vinculación Institucional de la provincia.

    Los ganadores eran accionistas de la aseguradora La Caja y se hicieron del control pleno en 2015 tras la salida de Generali que fue rebautizada como Experta. En ese movimiento también reordenaron su sociedad con los D’Onofrio en La Estrella Seguros de Retiro, una caja histórica del sistema previsional.

    Desde entonces, ambos grupos manejan un entramado que combina seguros laborales, ART, servicios médicos y de retiros ocupando una porción importante del mercado. De esa manera, debajo de Experta armaron una estructura propia de medicina laboral.

    La sociedad madre es SML y la ART es SML Consultores Médicos, dedicada a servicios de salud ocupacional y control de ausentismo. Es decir, el mismo grupo que asegura a los trabajadores también interviene en el monitoreo de su presentismo, cerrando un circuito completo de negocio.

    Ahí es donde aparece la licitación santafesina: SML Consultores Médicos no es una firma aislada sino una pieza de ese engranaje. El contrato para controlar el presentismo estatal termina así en manos de un holding que integra seguros, salud y gestión laboral asociado a los D’Onofrio, socios con Werthein en los negocios.

    Ahora en Santa Fe, el resultado es una licitación formalmente abierta pero sin competencia real, en un servicio clave para la gestión de los recursos humanos del Estado. Un esquema que en los gremios estatales miran con desconfianza y temen que el sistema se convierta en una ART que no tenga como objetivo primario velar por la salud laboral. 

     

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