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LA FESHRARI ES MÍA, MÍA, MÍA.

Sucede algo no tan extraño con las personas que basan su carrera laboral ocupando cargos ejecutivos y legislativos en nuestro país. Hay bastante literatura sobre el tema y algunos historiadores están reinventando la manera de contarla, hasta en distintos formatos y soportes.

Distintas personas que ejercieron cargos ejecutivos en sus años de gestión nos fueron dando pistas que ya tenía puesta una capa de oro (una especie de sangre azul es la democracia del lobby y los abogados) y que podían adueñarse de los bienes del Estado como mandatarios en ejercicio. Ellos inventaron frases como “La ferrari es mía, mía, mía”, creyendo que un sujeto podía quedarse con un automóvil “Testarrosa 348 tb” que fue un obsequio a un Jefe de Estado y no a la persona que ocupaba el cargo. Una interpretación libre sobre ética, protocolo y leyes digna de Argentina en el año 1991.

Uno puede ser generoso y opinar que a veces los políticos confunden el rol de Estado con lo propio. Y que ese es el estado de las instituciones en nuestra comunidad, que construyen diariamente los organismos del Estado que nos regulan. Será que la “Rebeldía” del gaucho que alimenta una parte del ser argentino es un poco exagerada?.

En nuestra provincia hay varios ejemplos sobre esta “confusión” de clase, pero la atracción la sienten con seguir ocupando el mismo cargo, elegido en votaciones libres cada cuatro años. Sobre todo la gran atracción de seguir ocupando la silla del Gobernador de la Provincia.

Para este cometido generalmente utilizan dos tipos de estrategias:

La primera es con la aplicación cotidiana que generan ocupando el cargo. El “Rol” de Estado que ejercen aplicando políticas públicas, que bien administradas, le generarían una chance válida de someter su cargo a elecciones. Las áreas del Estado que administran son: Áreas sociales (generalmente las más clientelares), obras públicas, estado de la administración, capacidad de gestión y saber construir y transmitir un proyecto colectivo reconocible por y para todos nosotros. (En este último están muy flojos en general).

La segunda estrategia es modificar las reglas que están establecidas. Corriendo el riesgo de que una persona ocupe un cargo ejecutivo, un rol de gobierno, durante 12 años continuos. La constitución prevé que tenga que rotar cada 8 años como máximo, según la reforma convencional desde del año 1988.

En casos como el del municipio de Los Menucos este año se termina el gobierno de 20 años de la intendenta Mabel Yahuar por que modificaron su carta orgánica incluyendo que las presentaciones al cargo no puedan ser indefinidas.

Existen tres casos en nuestra provincia de mandatarios que pretendieron modificar la interpretación del artículo 175 que existe desde la creación de la constitución provincial desde 1957.

El Primero es Bautista Mendioroz que siendo vicegobernador de Pablo Verani por dos períodos consecutivos pretendía renovar su cargo por un período más, luego de ser reelecto en el año 1999. Esta instancia llegó a la justicia y todos los actores políticos se expidieron sobre el artículo 175 eliminando esta posibilidad.

Luego fue el intento de Carlos Saiz, que en el año 2010 no pudo hacer prosperar una presentación a un tercer mandato desde una interna abierta entre sectores muy polarizados dentro del radicalismo y definió la candidatura de su línea interna por uno de sus Ministros.

El tercer caso es de su actual Gobernador, que fue elegido una vez como Vice Gobernador y luego Gobernador en el mandato del período siguiente. Si bien en el año 1999 rechazó los argumentos del Vice Gobernador radical, hoy construye una re interpretación del artículo 175 contraria a su 1er opinión. (Recuerda la frase de Groucho Marx sobre la abundancia de convicciones que tienen los políticos)

Río Negro hoy tiene un debate importante, y la ausencia de expresiones independientes se hace sentir diariamente. Habría que pensar sobre la falta de cuadros políticos interesantes en boca de la comunidad que está replegada de la participación política y genera este tipo de vacíos por falta e interés o por las pocas ganas de codearse en el barro de la política partidaria.

Quizá para períodos como estos es que las leyes existen y deben prevalecer. Para poder proteger al ciudadano común y limitar una hipótesis de abuso que da el acceso al poder de manera continua en los cargos principales de conducción de las provincias. Por lo menos hoy la definición la tiene la justicia.

Texto: Esteban Vazquez 
Intervención de Portada: Germán Busin
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  • Se viene un fuerte tarifazo después de las elecciones, el gobierno dolariza la energía

     

    El Gobierno se prepara para darle un nuevo golpe a los bolsillos luego de las elecciones. Esta vez vendrá de la mano de la «transformación» del mercado eléctrico argentino. El primer paso es dolarizar el pago a las generadoras, desplazando el peso del ajuste hacia comercios, industrias y usuarios no residenciales. En los papeles, promete «estabilidad» para los hogares; en la práctica, dispara los costos y deja todo atado a la cotización del dólar. 

    La reforma del mercado eléctrico que resolvió el Gobierno divide el sistema en dos grandes segmentos: el mercado estacionalizado y el desestacionalizado. En el primero quedan los usuarios residenciales y no residenciales. Estos últimos son comercios, pymes, clubes y cooperativas, que seguirán comprando la energía a través de Cammesa con tarifas reguladas por el Estado. 

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    El gobierno prepara un feroz ajuste para después de las elecciones y pone en riesgo el acuerdo con los gobernadores

     El corazón de la reforma es la dolarización de la generación eléctrica, que deja atrás el esquema de precios a costo medio, donde el Estado pagaba a todas las centrales un valor promedio de producción. 

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    Aunque el Estado siga fijando valores de referencia, cada devaluación o ajuste fiscal se trasladará a la tarifa con mayor rapidez.

    En el mercado desestacionalizado, los precios quedarán directamente atados al tipo de cambio, y en el estacionalizado, aunque el Estado siga fijando valores de referencia, cada devaluación o ajuste fiscal se trasladará a la tarifa con mayor rapidez. 

    Daniel González, coordinador del área de energía, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto de Diputados reconoció que bajo al lógica de la «recomposición de balances»,  el nuevo modelo establece que los grandes usuarios enfrentarán un aumento promedio del 15% anual, con picos de hasta 35% en invierno.  

    Para el sistema, eso significa un salto de ingresos de hasta 785 millones de dólares por año, según un informe interno de la Secretaría de Energía que lleva la firma del  director Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista Marcelo Positino, al que accedió LPO en exclusiva. 

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    En otras palabras, el sistema se vuelve más frágil, más dolarizado y más expuesto a shocks externos.

      «La supuesta protección a los residenciales es un mito. La dolarización generalizada convierte cada devaluación en un nuevo tarifazo», aseguró a LPO un ex funcionario del área.

    Estudios académicos estimaron que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 las facturas promedio de gas natural aumentaron 799% para hogares y 992% para comercios y pymes, mientras la energía eléctrica trepó 524% y 570% respectivamente. Además unos 2 millones de hogares perdieron el subsidio a la electricidad y 705 mil el del gas.

    El descalce entre la estructura dolarizada de los contratos y la economía real pesificada genera un círculo vicioso: el Estado acumula deuda con el sector y el Tesoro no puede cubrirla sin emitir o endeudarse.

    Los especialistas advierten que la dolarización de la generación eléctrica en un país con un riesgo cambiario crónico como la Argentina es un riesgo alto. 

    El descalce entre la estructura dolarizada de los contratos y la economía real pesificada genera un círculo vicioso: el Estado acumula deuda con el sector y el Tesoro no puede cubrirla sin emitir o endeudarse.

    Por eso, si la brecha se amplía y las tarifas no acompañan, la situación se vuelve jurídicamente explosiva. Las empresas internacionales recurren a tribunales como el CIADI alegando violación de contratos, mientras el Estado intenta evitar que los argentinos paguen facturas dolarizadas a precios imposibles. 

    Por eso, la dolarización no solo pone en riesgo la estabilidad macro, sino que reabre la puerta a una nueva ola de litigios internacionales: un déjà vu de los años posteriores al 2001, donde la crisis cambiaria terminó judicializandose en Estados Unidos.

     

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  • Kicillof arranca la negociación por el presupuesto pero la oposición exige cargos en organismos de control

     

    Axel Kicillof arranca una negociación clave para sus dos últimos años de gobierno. El gobernador presenta el lunes el presupuesto 2026, un proyecto que incluye dos textos clave para la gestión: una autorización para tomar deuda y una ley fiscal que determinará las subas de impuestos.

    En principio la negociación asoma como imposible. Kicillof se niega a abrir una conversación por los cargos que reclama la oposición. Se trata de las cuatro vacancias en la Suprema Corte, pero también lugares importantes que pertenecen a la oposición como sillones en el directorio del Banco Provincia, el Consejo de Educación y el Tribunal de Cuentas. También lugares en Tesorería y el poderoso asiento del subprocurador.

    El gobernador se resiste a ceder esos espacios. Las vacancias en la Corte bonaerense genera preocupación en la Justicia, pero también hacia adentro del kirchnerismo, desde donde creen que los cargos están para ocuparse.

    En el entorno del gobernador sostienen que el presupuesto no debe mezclarse con una discusión por cargos, pero lo cierto es que el Ejecutivo no abre esa negociación en ningún momento del año.

    El PRO ahora apura a Kicillof con el presupuesto y pide Boleta Única 

    Después de seis años de intentos frustrados para negociar esos espacios, en la oposición parece haber una posición sólida: se abre la negociación o de lo contrario no habrá endeudamiento.

    Sin fondos del gobierno nacional, Kicillof necesita tomar deuda para paliar los últimos dos años de gestión, pero no parece dispuesto a negociar nada. Por tanto, el lunes prepara un escenario inédito: presenta el presupuesto en un acto en el que ya cursaron invitaciones a intendentes y legisladores. Esas invitaciones incluyeron a senadores y diputados de la oposición.

    Facundo Tignanelli, Rubén Eslaiman y Susana González.

    El gobernador se mostrará como aliado de los intendentes para presionar a los legisladores. Les asegurará un fondo para obras dentro del presupuesto, una estrategia para que sean los intendentes quienes pidan a la Legislatura que apruebe el proyecto.

    El problema -advierten en la oposición- es que los intendentes no tienen la representación en la Legislatura que supieron tener en otros años. En los últimos cierres de listas, el peronismo relegó a los jefes comunales. En tanto, en el radicalismo (que mantiene su poder territorial) existe una grieta entre intendentes y legisladores.

    Probablemente el lunes la oposición pegue el faltazo a la presentación el presupuesto. «Nunca nos convocó y ahora que se la ve mala nos hace llamar por dos o tres secretarios», dijo a LPO un diputado y dijo que esperará que envíen el proyecto a la Legislatura para debatirlo en el ese ámbito.

    En seis años nunca nos llamaron para ayudar a solucionar el desastre de IOMA. Ahora nos piden que vayamos como extras para tener su foto política. Kicillof se piensa que soy boludo.

    Otros legisladores consultados también confirmaron que no participarán del acto. No quieren someterse a las críticas que Kicillof pueda lanzarles.

    «En seis años nunca nos llamaron para ayudar a solucionar el desastre de IOMA. Ahora nos piden que vayamos como extras para tener su foto política. Kicillof se piensa que soy boludo», dijo a LPO el diputado Fernando Rovello (PRO) y agregó que van a analizar con los referentes de los bloques opositores los pasos a seguir.

    El año pasado las negociaciones fracasaron y Kicillof administró la provincia sin presupuesto. La oposición y el kirchnerismo llevaron la discusión hasta fin de año hasta que el gobernador cortó por lo sano y le ordenó a Verónica Magario cerrar el Senado.

    En esa discusión, fue el propio peronismo quien reclamaba modificaciones al proyecto que envió el Ejecutivo. Por caso, Mayra Mendoza pedía un fondo para compensar a los municipios afectados por el desarrollo de los puertos de contenedores.

    El ministro de Economía, Pablo López.

    Por estos días, en Casa de Gobierno reconocen que más que un problema, la ausencia de un presupuesto beneficia a Kicillof. El ministro de Economía, Pablo López, se sienta sobe la caja y las partidas hacia los ministerios salen a cuentagotas. La discrecionalidad es total.

    Para la Legislatura, en cambio, no contar con un presupuesto aprobado fue un problema. Como parte del ajuste, Kicillof recortó los recursos y ambas cámaras acumulan deudas que ascienden a los 10.000 millones. Hubo contratos que se cortaron, se acumulan pagos a las empresas de limpieza y faltan insumos básicos.

    Por lo pronto, el martes López irá a Diputados a presentar el proyecto. Será un primer encuentro con los legisladores de una negociación que probablemente termine en los últimos días de diciembre.

    El gobernador necesita tomar deuda y recuperar las siete emergencias que vencieron en marzo pasado (penitenciaria, seguridad, infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética). Esas emergencias son una forma de acelerar los procesos administrativos esquivando la compleja burocracia del Estado bonaerense.

    Lo curioso es que en vez de modificar las leyes que regulan los sistema de compra, licitación y contratación, los legisladores acceden a otorgarle al gobernador una especie de permiso especial que le permite esquivar la normativa legal.

     

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