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LA FESHRARI ES MÍA, MÍA, MÍA.

Sucede algo no tan extraño con las personas que basan su carrera laboral ocupando cargos ejecutivos y legislativos en nuestro país. Hay bastante literatura sobre el tema y algunos historiadores están reinventando la manera de contarla, hasta en distintos formatos y soportes.

Distintas personas que ejercieron cargos ejecutivos en sus años de gestión nos fueron dando pistas que ya tenía puesta una capa de oro (una especie de sangre azul es la democracia del lobby y los abogados) y que podían adueñarse de los bienes del Estado como mandatarios en ejercicio. Ellos inventaron frases como “La ferrari es mía, mía, mía”, creyendo que un sujeto podía quedarse con un automóvil “Testarrosa 348 tb” que fue un obsequio a un Jefe de Estado y no a la persona que ocupaba el cargo. Una interpretación libre sobre ética, protocolo y leyes digna de Argentina en el año 1991.

Uno puede ser generoso y opinar que a veces los políticos confunden el rol de Estado con lo propio. Y que ese es el estado de las instituciones en nuestra comunidad, que construyen diariamente los organismos del Estado que nos regulan. Será que la “Rebeldía” del gaucho que alimenta una parte del ser argentino es un poco exagerada?.

En nuestra provincia hay varios ejemplos sobre esta “confusión” de clase, pero la atracción la sienten con seguir ocupando el mismo cargo, elegido en votaciones libres cada cuatro años. Sobre todo la gran atracción de seguir ocupando la silla del Gobernador de la Provincia.

Para este cometido generalmente utilizan dos tipos de estrategias:

La primera es con la aplicación cotidiana que generan ocupando el cargo. El “Rol” de Estado que ejercen aplicando políticas públicas, que bien administradas, le generarían una chance válida de someter su cargo a elecciones. Las áreas del Estado que administran son: Áreas sociales (generalmente las más clientelares), obras públicas, estado de la administración, capacidad de gestión y saber construir y transmitir un proyecto colectivo reconocible por y para todos nosotros. (En este último están muy flojos en general).

La segunda estrategia es modificar las reglas que están establecidas. Corriendo el riesgo de que una persona ocupe un cargo ejecutivo, un rol de gobierno, durante 12 años continuos. La constitución prevé que tenga que rotar cada 8 años como máximo, según la reforma convencional desde del año 1988.

En casos como el del municipio de Los Menucos este año se termina el gobierno de 20 años de la intendenta Mabel Yahuar por que modificaron su carta orgánica incluyendo que las presentaciones al cargo no puedan ser indefinidas.

Existen tres casos en nuestra provincia de mandatarios que pretendieron modificar la interpretación del artículo 175 que existe desde la creación de la constitución provincial desde 1957.

El Primero es Bautista Mendioroz que siendo vicegobernador de Pablo Verani por dos períodos consecutivos pretendía renovar su cargo por un período más, luego de ser reelecto en el año 1999. Esta instancia llegó a la justicia y todos los actores políticos se expidieron sobre el artículo 175 eliminando esta posibilidad.

Luego fue el intento de Carlos Saiz, que en el año 2010 no pudo hacer prosperar una presentación a un tercer mandato desde una interna abierta entre sectores muy polarizados dentro del radicalismo y definió la candidatura de su línea interna por uno de sus Ministros.

El tercer caso es de su actual Gobernador, que fue elegido una vez como Vice Gobernador y luego Gobernador en el mandato del período siguiente. Si bien en el año 1999 rechazó los argumentos del Vice Gobernador radical, hoy construye una re interpretación del artículo 175 contraria a su 1er opinión. (Recuerda la frase de Groucho Marx sobre la abundancia de convicciones que tienen los políticos)

Río Negro hoy tiene un debate importante, y la ausencia de expresiones independientes se hace sentir diariamente. Habría que pensar sobre la falta de cuadros políticos interesantes en boca de la comunidad que está replegada de la participación política y genera este tipo de vacíos por falta e interés o por las pocas ganas de codearse en el barro de la política partidaria.

Quizá para períodos como estos es que las leyes existen y deben prevalecer. Para poder proteger al ciudadano común y limitar una hipótesis de abuso que da el acceso al poder de manera continua en los cargos principales de conducción de las provincias. Por lo menos hoy la definición la tiene la justicia.

Texto: Esteban Vazquez 
Intervención de Portada: Germán Busin
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    La localidad cordobesa de Marcos Juárez, entró en un serio conflicto a raíz de la crisis económica que envuelve a la fábrica de maquinaria agrícola Metalfor. Este viernes los trabajadores de las plantas de Marcos Juárez y Noetinger decidieron parar porque no se les terminó de abonar la primera quincena de febrero, como así tampoco tuvieron completo el pago de la segunda.

    Situación que preocupa al sudeste cordobés, pero esencialmente a la ciudad de Marcos Juárez que este año tiene la elección municipal y donde la intendenta Sara Majorel, de origen en el PRO, y actualmente en las filas libertarias, se juega la reelección.

    El contexto en cuanto a la masa salarial es muy similar al que LPO contó la semana pasada de Pauny, la cooperativa que fabrica tractores en Las Varillas, también en el interior cordobés. Con una notoria salvedad: casi en simultáneo con el comienzo de la crisis, que incluye cheques rechazados por cientos de millones de pesos como reveló este medio, Metalfor anunció un crédito internacional de 50 millones de dólares de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos.

    La histórica fábrica de tractores Pauny entró en crisis y cae la imagen de Milei

    Por fuera de ello, las similitudes. En Pauny son 500 empleados, pero si se contempla los puestos indirectos están alrededor de las 800 fuentes de trabajo. Mientras que en Metalfor, entre las dos plantas mencionadas, suman alrededor de 600 trabajadores.

    La crisis de Metalfor preocupa especialmente a la ciudad de Marcos Juárez que este año tiene la elección municipal y donde la intendenta Sara Majorel, de origen en el PRO, y actualmente en las filas libertarias, se juega la reelección.

    La cuenca productiva del sudeste cordobés acompañó en diferentes ocasiones al PJ cordobesista; sin embargo, en cada parada electoral nacional votó las opciones en contra del peronismo: primero con Cambiemos y en 2023 con Javier Milei. Por lo que, de igual manera que ocurrió en 2023 con Las Varillas, dentro del departamento San Justo, en el departamento Marcos Juárez, Milei también arrasó en la segunda vuelta frente a Sergio Massa y se quedó con el 75% de los sufragios del balotaje.

    Y no sólo esto. El año pasado, en las Legislativas, la lista libertaria con Gonzalo Roca a la cabeza y apadrinada por Gabriel Bornoroni le sacó 20 puntos al armado de Provincias Unidas que lideró el exgobernador Juan Schiaretti.

    Por lo que, con este escenario la intendenta exlarretista Majorel pasó primero al esquema de Patricia Bullrich, y desde esa puerta desembarcó en La Libertad Avanza. Sello con el que, probablemente busque su reelección entre los dos alfiles que tiene el cordobesismo: la schiarettista Verónica Crescenti, excandidata y derrotada en 2022; y el hombre del PRO, actual funcionario llaryorista, el exintendente Pedro Dellarossa.

    Con lo cual, el impacto de la crisis en la industria metalmecánica puede incidir en el voto agro en el único test electoral cordobés del 2026. «Si esto no mejora después de ExpoAgro se complica», reconoció un intendente de la zona tras la charla con un empresario del campo. 

     

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    La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, justo antes de la publicación de un nuevo índice de inflación, dejó al descubierto una situación tan delicada como inquietante: los números que debía mostrar el organismo no coincidían con el relato económico del gobierno de Milei. La decisión oficial de postergar la nueva metodología y cambiar a su máxima autoridad reavivó las sospechas sobre la intervención política en las estadísticas públicas, en un contexto donde la inflación real sigue golpeando los bolsillos mientras el Ejecutivo necesita vender un éxito que los datos no confirman.

    Por Roque Pérez para NLI

    La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, a pocos días de que se conociera un nuevo índice de inflación con metodología actualizada, encendió todas las alarmas políticas. No se trata de un cambio administrativo más: el movimiento ocurre en un momento clave para el relato económico del gobierno de Milei, que necesita mostrar una desaceleración sostenida de precios para justificar el ajuste brutal que atraviesan los hogares argentinos.

    Lavagna, que había sostenido un perfil técnico y de bajo ruido político desde su llegada al organismo, dejó su cargo justo cuando el Indec estaba en condiciones de publicar los primeros datos con una nueva fórmula de medición del IPC, basada en una canasta más actualizada y representativa del consumo real. La coincidencia temporal es demasiado evidente como para ser ignorada.

    Una salida en el peor momento para el relato oficial

    Según distintas reconstrucciones periodísticas, el nuevo índice no mostraba el resultado que el Gobierno esperaba. La inflación medida con la nueva metodología daba más alta de lo que Milei y el ministro Luis Caputo venían prometiendo, lo que implicaba un golpe directo al discurso de “desinflación exitosa” que el oficialismo intenta instalar.

    En ese contexto, la continuidad de Lavagna se volvió incómoda. El ahora ex titular del Indec habría insistido en publicar los datos tal como estaban previstos, respetando los criterios técnicos y los tiempos ya trabajados por el organismo. Del otro lado, el Ejecutivo optó por patear la implementación del nuevo índice, una decisión que, lejos de ser inocua, tiene impacto político inmediato.

    La versión oficial habló de “diferencias de criterio” y de la necesidad de esperar “condiciones más estables”. Sin embargo, puertas adentro del propio Estado nadie logra explicar por qué un índice terminado, probado y listo para difundirse debe ser guardado en un cajón justo cuando los números dejan de acompañar.

    Postergar datos también es una forma de intervenir

    Tras la renuncia, el Gobierno confirmó que Pedro Lines quedará al frente del Indec y que la nueva fórmula de medición de la inflación será postergada. En los hechos, se seguirá utilizando un índice que subestima consumos actuales, mientras los precios de alimentos, transporte, servicios y alquileres siguen golpeando el bolsillo real.

    La decisión no es técnica, es política. Medir distinto cambia el resultado, y cambiar el resultado altera el clima social. Milei necesita mostrar una inflación en baja para sostener el ajuste, contener el malhumor y negociar con el poder financiero. Publicar un dato que contradiga ese relato sería admitir que el sacrificio no está dando los frutos prometidos.

    El problema es que el Indec no es una consultora del Gobierno: es un organismo público cuya credibilidad fue duramente dañada en el pasado y que había logrado recomponer prestigio con criterios profesionales. Forzar salidas, demorar índices y acomodar tiempos vuelve a sembrar dudas que el país ya conoce demasiado bien.

    Cuando la estadística molesta

    La inflación no es una cifra abstracta: es el precio de comer, viajar, calefaccionarse y vivir. Si los números oficiales no reflejan esa realidad, el problema no es la gente, sino la estadística. Y cuando un director técnico se va justo porque los datos no cierran con el discurso presidencial, la sospecha deja de ser una hipótesis para transformarse en una señal política.

    La renuncia de Lavagna expone una tensión de fondo: entre la necesidad del Gobierno de sostener su relato y la obligación del Estado de decir la verdad, aunque incomode. En esa disputa, Milei parece haber elegido priorizar la narrativa antes que la transparencia.

    Porque cuando los números no le dan, el problema no es el índice. El problema es la realidad.

     

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