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LA FESHRARI ES MÍA, MÍA, MÍA.

Sucede algo no tan extraño con las personas que basan su carrera laboral ocupando cargos ejecutivos y legislativos en nuestro país. Hay bastante literatura sobre el tema y algunos historiadores están reinventando la manera de contarla, hasta en distintos formatos y soportes.

Distintas personas que ejercieron cargos ejecutivos en sus años de gestión nos fueron dando pistas que ya tenía puesta una capa de oro (una especie de sangre azul es la democracia del lobby y los abogados) y que podían adueñarse de los bienes del Estado como mandatarios en ejercicio. Ellos inventaron frases como “La ferrari es mía, mía, mía”, creyendo que un sujeto podía quedarse con un automóvil “Testarrosa 348 tb” que fue un obsequio a un Jefe de Estado y no a la persona que ocupaba el cargo. Una interpretación libre sobre ética, protocolo y leyes digna de Argentina en el año 1991.

Uno puede ser generoso y opinar que a veces los políticos confunden el rol de Estado con lo propio. Y que ese es el estado de las instituciones en nuestra comunidad, que construyen diariamente los organismos del Estado que nos regulan. Será que la “Rebeldía” del gaucho que alimenta una parte del ser argentino es un poco exagerada?.

En nuestra provincia hay varios ejemplos sobre esta “confusión” de clase, pero la atracción la sienten con seguir ocupando el mismo cargo, elegido en votaciones libres cada cuatro años. Sobre todo la gran atracción de seguir ocupando la silla del Gobernador de la Provincia.

Para este cometido generalmente utilizan dos tipos de estrategias:

La primera es con la aplicación cotidiana que generan ocupando el cargo. El “Rol” de Estado que ejercen aplicando políticas públicas, que bien administradas, le generarían una chance válida de someter su cargo a elecciones. Las áreas del Estado que administran son: Áreas sociales (generalmente las más clientelares), obras públicas, estado de la administración, capacidad de gestión y saber construir y transmitir un proyecto colectivo reconocible por y para todos nosotros. (En este último están muy flojos en general).

La segunda estrategia es modificar las reglas que están establecidas. Corriendo el riesgo de que una persona ocupe un cargo ejecutivo, un rol de gobierno, durante 12 años continuos. La constitución prevé que tenga que rotar cada 8 años como máximo, según la reforma convencional desde del año 1988.

En casos como el del municipio de Los Menucos este año se termina el gobierno de 20 años de la intendenta Mabel Yahuar por que modificaron su carta orgánica incluyendo que las presentaciones al cargo no puedan ser indefinidas.

Existen tres casos en nuestra provincia de mandatarios que pretendieron modificar la interpretación del artículo 175 que existe desde la creación de la constitución provincial desde 1957.

El Primero es Bautista Mendioroz que siendo vicegobernador de Pablo Verani por dos períodos consecutivos pretendía renovar su cargo por un período más, luego de ser reelecto en el año 1999. Esta instancia llegó a la justicia y todos los actores políticos se expidieron sobre el artículo 175 eliminando esta posibilidad.

Luego fue el intento de Carlos Saiz, que en el año 2010 no pudo hacer prosperar una presentación a un tercer mandato desde una interna abierta entre sectores muy polarizados dentro del radicalismo y definió la candidatura de su línea interna por uno de sus Ministros.

El tercer caso es de su actual Gobernador, que fue elegido una vez como Vice Gobernador y luego Gobernador en el mandato del período siguiente. Si bien en el año 1999 rechazó los argumentos del Vice Gobernador radical, hoy construye una re interpretación del artículo 175 contraria a su 1er opinión. (Recuerda la frase de Groucho Marx sobre la abundancia de convicciones que tienen los políticos)

Río Negro hoy tiene un debate importante, y la ausencia de expresiones independientes se hace sentir diariamente. Habría que pensar sobre la falta de cuadros políticos interesantes en boca de la comunidad que está replegada de la participación política y genera este tipo de vacíos por falta e interés o por las pocas ganas de codearse en el barro de la política partidaria.

Quizá para períodos como estos es que las leyes existen y deben prevalecer. Para poder proteger al ciudadano común y limitar una hipótesis de abuso que da el acceso al poder de manera continua en los cargos principales de conducción de las provincias. Por lo menos hoy la definición la tiene la justicia.

Texto: Esteban Vazquez 
Intervención de Portada: Germán Busin
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    La última ofensiva llegó este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, promovieron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas.

    El expediente sostiene que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenían en expedientes vinculados con empresarios que aparecen relacionados con la aeronave utilizada para el viaje.

    La nueva causa se suma a otra investigación, iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya están siendo investigados por supuestamente manipular la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, especialmente causas tributarias y penales contra empresarios.

    La hipótesis de los fiscales apunta a un mismo patrón de comportamiento: la utilización de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en causas sensibles y la posible existencia de contraprestaciones indebidas provenientes de sectores empresarios beneficiados por algunas resoluciones judiciales.

    La investigación más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.

    Los fiscales calcularon que un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico recibido rondaría los 34.000 dólares.

    El principal interrogante de la investigación es quién pagó ese viaje.

    Los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar al supuesto financista, pero la fiscalía encontró una serie de vínculos societarios que conducen hacia dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.

    La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación sostiene además que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía.

    Ese dato adquirió relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.

    En varias oportunidades la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.

    Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.

    La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori.

    Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.

    Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.

    Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.

    Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.

    Pero el expediente por el vuelo privado no es el único problema judicial de los camaristas.

    En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.

    En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, particularmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.

    La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en casos de evasión.

    Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.

    En los tribunales federales nadie recuerda un escenario semejante.

    La Cámara Federal de Córdoba es el órgano revisor de todas las decisiones adoptadas por los juzgados federales de la provincia. Allí se resuelven causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país.

    Fuentes judiciales no descartan que las próximas medidas incluyan un análisis patrimonial de ambos magistrados y la profundización de las pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori.

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    Las letras capitalizables del Tesoro (Lecaps) recuperaron protagonismo en las últimas semanas como una de las principales alternativas para quienes buscan invertir pesos de corto plazo sin asumir un riesgo elevado.

    Con rendimientos que actualmente se ubican entre el 22% y el 24% anual, estos instrumentos ofrecen una tasa superior a la de un plazo fijo tradicional y a la de los fondos money market, lo que las convierte en una opción atractiva para perfiles conservadores.

    «Hoy en día, las Lecaps son una buena alternativa de inversión para personas que quieran tener un instrumento líquido que rinda más que el plazo fijo», afirmó el asesor financiero Fernando Villar.

    El especialista explicó que actualmente los plazos fijos bancarios ofrecen una tasa promedio de entre 16% y 19% anual en pesos, mientras que las Lecaps parten de rendimientos cercanos al 21% o 22% y pueden alcanzar entre 24,5% y 25%, según el vencimiento elegido.

    El dólar en junio saltó casi 5%: ¿Se terminó el carry trade?

    «Me parece que es una opción interesante para un perfil conservador que esté buscando colocar pesos de corto plazo y generar tasa», sostuvo.

    En la misma línea, el consultor Leandro Stainnekker señaló que las Lecaps se posicionan por encima de otras alternativas tradicionales para administrar liquidez.

    Entre las emisiones que actualmente presentan los mayores rendimientos aparecen la S31G6, con una tasa del 24,42% anual, y la S30S6, que ofrece 24,29%, ambas con vencimientos entre agosto y septiembre.

    Para quienes prefieren extender el horizonte de inversión y asegurar las tasas actuales durante más tiempo, también sobresalen las Boncaps T30A7, con un rendimiento del 23,76%, y la T30J7, con una tasa del 22,08%, ambas con vencimiento en 2027.

    Entre las emisiones que actualmente presentan los mayores rendimientos aparecen la S31G6, con una tasa del 24,42% anual, y la S30S6, que ofrece 24,29%, ambas con vencimientos entre agosto y septiembre.

    No obstante, la conveniencia de estos instrumentos depende en buena medida de la evolución del tipo de cambio.

    «Entre el 31 de mayo y el 13 de julio, el dólar pasó de $1.430 a $1.510, una suba del 5,5% en 43 días. Si durante las próximas semanas el dólar logra estabilizarse en torno a los $1.500, las tasas actuales de las Lecaps podrían volver a ofrecer un rendimiento superior al ritmo de depreciación del peso. En cambio, si el dólar retoma una dinámica de subas más acelerada, ese diferencial podría reducirse», aclaró el ejecutivo.

    De todas formas, ambos especialistas coinciden en que las Lecaps son una herramienta adecuada para inversores conservadores o moderados que mantienen sus ahorros en pesos, tienen un horizonte de inversión inferior a un año y pueden conservar el instrumento hasta el vencimiento.

    Aun así, para quienes estén dispuestos a asumir un mayor nivel de riesgo o busquen protegerse frente a una eventual aceleración de la inflación o del tipo de cambio, Villar considera conveniente incorporar otros activos a la cartera. «Si una persona está buscando tomar más riesgo y tener algún nivel de cobertura, ya le convendría tener algún bono atado a inflación o atado al dólar», explicó.

    En la misma dirección, Stainnekker sostuvo que las Boncaps pueden ser una buena alternativa para quienes desean fijar las tasas actuales durante un plazo más largo, mientras que los inversores que priorizan cobertura cambiaria deberían complementar sus carteras con bonos CER, títulos dollar linked o activos directamente dolarizados.

     

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