La feria judicial invernal será del 12 al 23 de julio

El Poder Judicial dispuso el receso judicial y administrativo invernal de doce días, entre el 12 y el 23 de julio. La Resolución de presidencia establece también cuales son los organismos que deberán tener el personal necesario para cumplir las funciones de feria, con los temas urgentes, aquellos que por sus características no tienen suspensión de plazos o los que se requieran para garantizar el servicio de justicia.

En todos los fueros queda al menos un titular de organismo y un equipo para atender esas cuestiones, como ocurre en cada feria. La Resolución expresa que la Inspectoría de Justicia impartirá las instrucciones necesarias a fin de adoptar criterios similares en la Justicia de Paz.

También indica que los titulares de los restantes organismos deben elaborar y remitir las nóminas de Funcionarios/as y Empleados/as en turno según las dotaciones que estimen oportunas y necesarias mantener en virtud de las necesidades que el servicio requiera.

En pos de la optimización de la prestación de servicios, se estableció que “se debe elegir para tales tareas a las personas que registren la menor cantidad de días de Feria pendientes de goce, de acuerdo a los registros habidos en el Área de Gestión Humana”.

Además, como todos los años, estableció que el horario del servicio durante la feria será de 7.30 a 13.30 horas.

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  • Pullaro recorrió «El Infierno», la nueva cárcel para narcos peligrosos

     

    El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió este viernes la obra de la cárcel de alto perfil El Infierno, un penal de máxima seguridad al estilo Nayib Bukele donde se alojarán a los narcos y sicarios más peligrosos de Rosario. La construcción ya tiene un 40% de avance y estaría terminada en octubre.

    Para el gobierno provincial, El Infierno es símbolo de su política de seguridad pública y fue anunciada a principios del año pasado. El complejo penitenciario tendrá capacidad para más de 1.100 internos de alto perfil, contará con cuatro módulos y un edificio central, doble muro perimetral y torre de vigilancia de 36 metros, además de un diseño que minimiza el contacto entre reclusos y limita la posibilidad de actividades delictivas interna.

     [Pullaro construye «El Infierno», la cárcel de máxima seguridad para narcos y pandilleros]

    Es que uno de los ejes del gobierno en su combate contra la inseguridad estaba puesto en la necesidad de aislar a los presos más peligrosos para cortar su vínculo con el delito en el territorio. Tanto la justicia como los funcionarios tenían pruebas de sobra que la mayoría de los crímenes y la administración del negocio narco se monitoreaba desde las cárceles. Cuando cortaron las posibilidades de contacto entre los detenidos con el exterior disminuyeron los homicidios.

    Con la baja sostenida de la violencia en Rosario, Pullaro recorrió las obras de la Unidad Penitenciaria N°8, ubicada en la localidad de Piñero, junto al titular de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone.

     «Vamos a separar a los presos más violentos para romper el vínculo con el afuera», afirmó el gobernador durante la visita, insistiendo en la idea de que el nuevo penal removerá la posibilidad de que los líderes narco sigan organizando delitos desde adentro de las cárceles

    El Infierno ocupa un lugar central en el discurso del gobernador: allí serán trasladados unos 500 presos considerados de alto perfil, con el objetivo de evitar que sigan operando desde las cárceles, una de las críticas históricas al sistema penitenciario santafesino. 

    En el mismo sentido, Pullaro volvió a subrayar el volumen de la inversión y aseguró que su gestión construirá en cuatro años más celdas que las realizadas en un siglo. La cárcel estaría terminada en octubre. Para el gobierno, su puesta en marcha busca cerrar el círculo entre control carcelario y pacificación del territorio, en una provincia donde la seguridad sigue siendo el principal termómetro político.

     

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  • Salta, Jujuy y Tucumán van contra la transportadora Transnoa por desinversión y cortes masivos de luz

     

    Salta, Jujuy y Tucumán presentaron en las últimas horas una denuncia conjunta sin precedentes contra la empresa transportadora Transnoa, a la que acusan de haber dejado a más de 900 mil usuarios del Noroeste Argentino (NOA) sin suministro eléctrico en los últimos tres días.

    La presentación se hizo ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por reiteradas fallas en el sistema de alta tensión que generaron los apagones recientes, que provocaron un efecto dominó en otros servicios básicos, como el agua potable y la atención sanitaria.

    Esta acción colectiva es el resultado de un largo historial de conflictos que cada una de estas provincias mantuvo por su lado con Transnoa, a la que acusan de incumplir con el plan de inversiones comprometido para los últimos años.

    Funcionarios de las tres provincias advierten que es «crítica» la situación que el sistema eléctrico regional atraviesa. Ahí, no solo apuntaron contra la desinversión y el déficit de personal técnico por parte de Transnoa.

     «Los cortes registrados no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural en la operación de Transnoa S.A.», señalaron los referentes energéticos de Salta, Jujuy y Tucumán 

    También, desde las provincias administradas por Gustavo Sáenz, Carlos Sadir y Osvaldo Jaldo acusan una deficiente supervisión por parte del gobierno de Javier Milei.

    «Los cortes registrados no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural en la operación de Transnoa S.A.», señalaron los referentes energéticos de Salta, Jujuy y Tucumán, que denunciaron una política empresarial que «prioriza la rentabilidad por sobre la calidad del servicio».

    Transnoa tiene la responsabilidad de la operación y mantenimiento de la Red de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del NOA desde 1994, a partir de la concesión otorgada por el gobierno de Carlos Menem.

    Más del 57% de las acciones de esta transportadora están a manos de Elecnorte S.A., propiedad de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, mientras que IATE S.A., del Grupo Taselli, tiene el 27,18% de las acciones. El resto lo posee la provincia de Catamarca (5,06%) y el Programa de Propiedad Participada (10%).

    En medio de recientes denuncias por cortes y desinversión, Transnoa realizó cambios de directorio que también generaron problemas internos.

    Hoy, como presidente figura Diego Héctor Castro y, como vice, Melitón Eugenio López, que tiene un pasado reciente en la función pública como presidente de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires durante de la gestión de María Eugenia Vidal. También dentro del directorio de Transnoa figura otro ex funcionario de Lotería en ese mismo periodo, Marcelo Oscar Mehl.

    Cúpula directiva de Transnoa durante una reunión reciente con el gobierno de Santiago del Estero.

    En la presentación ante el ENRE, las provincias detallan los cortes sufridos en las distintas localidades. Entre el 22 y el 23 de enero, 90.000 usuarios se vieron afectados en Orán, San Martín y Rivadavia en la provincia de Salta.

    Mientras que, en Jujuy, quedaron afectadas las localidades Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito. El evento en Jujuy ocurrió entre el 23 y 24 de enero y afectó a más de 750.000 usuarios.

    En tanto, el mismo 23 la Estación Transformadora Aguilares, en Tucumán, quedó fuera de servicio afectando la zona sur de la provincia, a unos 60.000 usuarios.

    En concreto, las autoridades de Salta, Jujuy y Tucumán le reclaman al ENRE que le exija a Trasnoa los planes de inversión y las medidas correctivas para evitar la recurrencia de las fallas.

    También, que se obligue a la transportista a abrir oficinas comerciales y de atención en las provincias donde opera, que detalle la infraestructura disponible en Salta, Tucumán y Jujuy y que el ente regulador informe las multas que aplicó a Trasnoa entre 2019 y 2025.

    La presentación ante el ENRE fue hecha por Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador salteño; Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy; Hugo Montaño, de la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy; y José Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán.

     

     

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