El Poder Judicial dispuso el receso judicial y administrativo invernal de doce días, entre el 12 y el 23 de julio. La Resolución de presidencia establece también cuales son los organismos que deberán tener el personal necesario para cumplir las funciones de feria, con los temas urgentes, aquellos que por sus características no tienen suspensión de plazos o los que se requieran para garantizar el servicio de justicia.
En todos los fueros queda al menos un titular de organismo y un equipo para atender esas cuestiones, como ocurre en cada feria. La Resolución expresa que la Inspectoría de Justicia impartirá las instrucciones necesarias a fin de adoptar criterios similares en la Justicia de Paz.
También indica que los titulares de los restantes organismos deben elaborar y remitir las nóminas de Funcionarios/as y Empleados/as en turno según las dotaciones que estimen oportunas y necesarias mantener en virtud de las necesidades que el servicio requiera.
En pos de la optimización de la prestación de servicios, se estableció que “se debe elegir para tales tareas a las personas que registren la menor cantidad de días de Feria pendientes de goce, de acuerdo a los registros habidos en el Área de Gestión Humana”.
Además, como todos los años, estableció que el horario del servicio durante la feria será de 7.30 a 13.30 horas.
Luis Caputo dejó de transferirle en marzo los fondos por coparticipación a la Ciudad que ordenó un fallo de la Corte. El ministro se puso así en situación de rebeldía ante un pronunciamiento del máximo tribunal y sigue acumulando incumplimientos legales, para sostener el relato del superávit.
El ministro ya acumulaba el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, lo que motivó un fallo de la justicia federal que le dio como último plazo este viernes para girar los fondos que fija la norma.
Además retiene ilegalmente desde que asumió en el Ministerio de Economía los fondos con asignación específica del impuesto al combustible, necesarios para reparar las rutas que están en un estado calamitoso, al punto que todas las semanas se cobran la vida de argentinos.
El gobierno comenzó a pagar el 1,55% de la Coparticipación que estableció la Corte en septiembre de 2024. Ese monto se suma al 1,4% que llega a la Ciudad por goteo. En lugar de enviar lo dispuesto por la Corte en forma automática como sucede con el dinero que envía a las provincias, las transferencias se hicieron de manera discrecional al final de cada semana.
El gobierno comenzó a pagar el 1,55% de la Coparticipación que estableció el fallo de la Corte en septiembre de 2024. En junio del año pasado, Caputo empezó a transferir menos de los establecido por el fallo, hasta que en marzo de 2026 los envíos se detuvieron por completo.
En junio del año pasado, Toto Caputo empezó a enviar pagos parciales y dejó de transferir el porcentaje que dispuso la Corte. Hasta que en marzo de 2026 los envíos se detuvieron por completo.
La deuda acumulada desde junio del año pasado llega a casi 700 mil millones de pesos. Eso no impidió que Jorge Macri y Caputo continúen hablando semanalmente, al igual que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo.
En la Ciudad creen que la caída de la recaudación por la recesión le complicó las cuentas a Caputo, que decidió comenzar a suspender pagos, incumplir falos y apropiarse de partidas para no entrar en déficit. Pero la construcción del relato del superávit sobre el incumpliemto de obligaciones legales no parece un sistema sostenible.
Además de frenar las transferencias a la Ciudad, las provincias también comenzaron a recibir menos dinero de Coparticipación. Una situación que se complenenta con el abandono total de la obra pública, que según el economista Martín Barrionuevo representa un monto de 1,6 billones por mes.
La Resolución 531/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, elimina el antidumping para el calzado deportivo desmontado y expone el rumbo de un modelo que resigna producción nacional. Bajo el argumento de reducir precios y modernizar la industria, el Gobierno avanza en un esquema que reemplaza fabricación por ensamblaje, profundiza la dependencia tecnológica y redefine el trabajo industrial en la Argentina.
El Gobierno de Javier Milei acaba de dar un paso que, lejos de ser técnico o neutro, expone con crudeza el rumbo económico que eligió transitar: menos industria, más dependencia y una peligrosa resignación productiva. La Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 21 de abril de 2026 y firmada por el ministro Luis Caputo, no es solo una norma administrativa; es una declaración ideológica en estado puro. Bajo la excusa de “modernizar” el sector del calzado, se decidió excluir del régimen antidumping al calzado deportivo desmontado proveniente de China, es decir, zapatillas que llegan en partes para ser ensambladas en el país.
El dato puede parecer menor, casi burocrático, pero esconde una transformación profunda. Lo que antes ingresaba como producto terminado y pagaba un derecho antidumping para proteger a la industria local, ahora entra desarmado, eludiendo ese recargo. En términos prácticos, el Estado argentino deja de defender la producción nacional en nombre de una supuesta eficiencia que, en realidad, se apoya en una lógica de importación encubierta.
El argumento oficial suena prolijo: abaratar costos, facilitar el acceso a insumos tecnológicos y, en última instancia, bajar los precios al consumidor. Una narrativa seductora en tiempos de bolsillos golpeados. Sin embargo, cuando se corre el velo, aparece la tensión estructural que atraviesa toda la medida. Porque lo que el Gobierno presenta como una estrategia de competitividad no es otra cosa que la aceptación explícita de una derrota industrial.
La propia resolución lo admite sin rodeos: existe una “brecha tecnológica significativa” en el segmento de calzado deportivo de alta performance. Traducido: Argentina no produce los materiales ni las tecnologías necesarias para competir en ese nicho. Frente a ese diagnóstico, el camino elegido no es invertir, desarrollar o proteger capacidades locales, sino directamente importar la tecnología en forma de piezas y limitarse a ensamblarlas.
Ahí está el corazón del problema. El modelo que se promueve no es industrial en sentido pleno. Es un esquema híbrido, donde el país aporta mano de obra y procesos básicos —pegado, armado, terminación— mientras el valor estratégico queda en el exterior. Según los datos oficiales, este sistema genera apenas un 20% de valor agregado local. El resto, el núcleo tecnológico y económico del producto, sigue estando afuera.
Empresas como Topper Argentina o Puma Sports Argentina ya operan bajo este formato. Importan kits desmontados, los ensamblan en plantas locales y colocan el producto en el mercado. El Gobierno utiliza estos casos como ejemplo de “integración productiva”. Pero la pregunta incómoda es inevitable: ¿esto es industria o simplemente una maquila sofisticada?
El crecimiento de este esquema no deja lugar a dudas sobre la dirección del sector. Entre 2015 y 2019, el calzado desmontado representaba el 28% de las importaciones. Entre 2021 y 2023, esa cifra saltó al 59%. Es decir, el modelo ya no es marginal: se está convirtiendo en la regla. Y la decisión oficial no hace más que consolidarlo.
El problema es que esta transformación ocurre en un contexto de debilidad estructural. El empleo en el sector del calzado viene en caída desde hace más de una década y la producción está lejos de sus niveles históricos. En ese escenario, flexibilizar las barreras a la importación —aunque sea de manera indirecta— no parece una política inocua. Más bien, funciona como un acelerador de esa tendencia regresiva.
Desde el Gobierno insisten en que no se destruye industria, sino que se la reconvierte. Una palabra elegante para describir un proceso mucho más áspero: el pasaje de un modelo productivo integral a uno fragmentado, dependiente y vulnerable. Porque ensamblar no es lo mismo que fabricar. Y en esa diferencia se juega algo más que una discusión técnica: se juega la soberanía económica.
La medida también se alinea con otra decisión clave: la reducción del Derecho de Importación Extrazona al 0% para estos insumos. En otras palabras, se construye un andamiaje normativo que facilita, abarata y estimula la importación de partes. El resultado es una ecuación clara: producir localmente cada vez menos y ensamblar cada vez más.
El discurso oficial promete que esa reducción de costos se trasladará a los precios. Pero la experiencia histórica invita a la cautela. No hay garantías reales de que esa baja llegue al consumidor. Lo que sí es seguro es que las empresas verán reducidos sus costos. El resto, como tantas veces, quedará librado a la lógica del mercado.
Mientras tanto, el sector productivo vive una tensión cada vez más evidente. Las pymes reclaman protección frente a la competencia externa, mientras las grandes marcas empujan por un acceso más flexible a insumos importados. La resolución, lejos de equilibrar esas posiciones, toma partido de manera implícita por uno de los actores.
En ese sentido, la exclusión del calzado desmontado del régimen antidumping funciona como una suerte de “zona liberada” dentro del sistema comercial. Un espacio donde la lógica de la apertura se impone sin matices, aun cuando el costo sea profundizar la fragilidad industrial.
El trasfondo es ideológico. La medida responde a una visión que desconfía del Estado como herramienta de desarrollo y apuesta a la desregulación como solución universal. En esa lógica, la industria deja de ser un objetivo estratégico y pasa a ser una variable de ajuste.
Pero la realidad es más compleja. La economía no es un laboratorio donde las teorías se aplican sin consecuencias. Detrás de cada decisión hay trabajadores, empresas, territorios. Y en este caso, lo que está en juego es el futuro de un sector que ya viene golpeado.
Aceptar que Argentina no puede producir calzado deportivo de alta tecnología puede ser un diagnóstico honesto. Convertir esa limitación en política permanente es otra cosa. Es resignar la posibilidad de desarrollar capacidades propias, de generar conocimiento, de construir un entramado productivo más robusto.
En ese escenario, hablar de “industria nacional” ya no es una consigna abstracta sino una realidad cada vez más acotada y, en muchos casos, al borde de la asfixia. Porque mientras el discurso oficial celebra la apertura y la baja de costos, lo que queda del entramado productivo local sobrevive como puede, lejos de las grandes marcas globales y sin el respaldo de políticas sostenidas. Existen, sí, fábricas que todavía producen en serio, que no se limitan a ensamblar piezas importadas, pero son cada vez menos y operan en condiciones desiguales.
Ahí aparecen casos como Raptor, una experiencia nacida en plena pandemia que decidió fabricar botines y calzado deportivo con procesos locales en su propia planta, apostando a un modelo productivo que parece ir a contramano del rumbo general. También está Unitec Blue, una pyme con base industrial que sostiene producción nacional en un mercado cada vez más hostil, o Bando, que mantiene una lógica fabril clásica aunque con escala reducida. En un registro similar se ubica Signia, que conserva procesos productivos propios y presencia en segmentos técnicos, mientras que Gaelle representa ese híbrido entre diseño local y fabricación que aún intenta sostenerse dentro del país.
Pero incluso en estos casos, la realidad impone límites difíciles de esquivar. La mayoría depende, en mayor o menor medida, de insumos importados, enfrenta costos estructurales elevados y compite contra cadenas globales que operan con otra escala, otra tecnología y otro respaldo financiero. No se trata de empresas ineficientes, como muchas veces se intenta instalar, sino de actores que juegan en una cancha inclinada.
Y ahí es donde la medida del Gobierno deja de ser un simple ajuste técnico para convertirse en un factor decisivo. Porque cuando se facilita la importación —aunque sea en forma de piezas “desmontadas”— no se está generando una competencia virtuosa, sino profundizando una desigualdad estructural. Lo que queda en pie no es una industria robusta que se adapta, sino un puñado de fábricas que resisten. Y la pregunta, otra vez, es cuánto tiempo más podrán hacerlo.
En definitiva, la Resolución 531/2026 firmada por Luis Caputo no es solo una medida sobre zapatillas. Es una pieza más de un modelo económico que prioriza el corto plazo, la baja de costos y la apertura comercial por sobre cualquier estrategia de desarrollo industrial. Un modelo que, en nombre de la eficiencia, corre el riesgo de vaciar de contenido a la propia idea de producción nacional.
Y en ese camino, la pregunta que queda flotando —incómoda, persistente— es si el país está eligiendo competir en el mundo o simplemente resignarse a ensamblarlo.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina se prepara para vivir un fin de semana con muchas actividades e invita a los vecinos a sumarse a las diferentes propuestas. El sábado 17 a las 14 horas ‘Tardes Dulces’ en la Oficina de Turismo con la participación de la emprendedora Cassia Repostería. A…
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina recuerda que la Ley 24449 en su artículo 18 establece que el titular de una Licencia de Conducir debe denunciar a la brevedad todo cambio de los datos que figuran en ella. En el caso de haber cambiado de jurisdicción, deberá solicitar…
Desde hace más de 50 años los videojuegos se abrieron espacio en la vida familiar logrando quedarse para siempre. Generaciones influenciadas por los ‘videos’ mientras madres y padres se preocupaban por sus hijxs que pasaban horas frente a la pantalla de tv, pc… tablet, celular… hola 2022!!!Año tras año la industria crece en todos sus…
En la madrugada del sábado y del domingo, fueron sustraídas varias luces led que habían sido cambiadas en el marco de remodelación de espacio público. Esta obra gestionada a través del Intendente, Marcelo Orazi, cuenta con el aporte del gobierno provincial para llevar a cabo no sólo las luminarias, sino también los arreglos en las…
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
