El Poder Judicial dispuso el receso judicial y administrativo invernal de doce días, entre el 12 y el 23 de julio. La Resolución de presidencia establece también cuales son los organismos que deberán tener el personal necesario para cumplir las funciones de feria, con los temas urgentes, aquellos que por sus características no tienen suspensión de plazos o los que se requieran para garantizar el servicio de justicia.
En todos los fueros queda al menos un titular de organismo y un equipo para atender esas cuestiones, como ocurre en cada feria. La Resolución expresa que la Inspectoría de Justicia impartirá las instrucciones necesarias a fin de adoptar criterios similares en la Justicia de Paz.
También indica que los titulares de los restantes organismos deben elaborar y remitir las nóminas de Funcionarios/as y Empleados/as en turno según las dotaciones que estimen oportunas y necesarias mantener en virtud de las necesidades que el servicio requiera.
En pos de la optimización de la prestación de servicios, se estableció que “se debe elegir para tales tareas a las personas que registren la menor cantidad de días de Feria pendientes de goce, de acuerdo a los registros habidos en el Área de Gestión Humana”.
Además, como todos los años, estableció que el horario del servicio durante la feria será de 7.30 a 13.30 horas.
El gobierno libertario no para de generar escándalos de corrupción.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El escándalo que sacude a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) expone irregularidades graves en la gestión de Luis Petri y deja al desnudo las contradicciones de la narrativa de austeridad del gobierno de Javier Milei. Contratos firmados sin aval del directorio, filmaciones de retiros de dinero en efectivo y represalias contra denunciantes configuran un cuadro que compromete a funcionarios y pone en tensión la credibilidad oficial.
Denuncias internas que destaparon el caso
El conflicto comenzó en agosto de 2025, cuando técnicos de FAdeA presentaron denuncias internas ante la gerencia de Asuntos Legales, Ética y Compliance, dirigida por Julia Enríquez. Los expedientes 1/2025 y 2/2025 dieron inicio a una investigación sobre pagos indebidos y la renegociación de contratos con empresas privadas.
El presidente de FAdeA, Julio Manco, asumió en febrero de 2025 tras la renuncia de Fernando Sibilla. Con antecedentes en HSBC, en la gestión de Mauricio Macri y luego en la órbita de Milei, Manco impulsó un giro en la conducción: menos controles, más discrecionalidad y una relación relajada con los mecanismos de aprobación institucional.
Contratos favorecedores y firmas irregulares
El primer alerta. señalan desde EnOrsai, se produjo con la renegociación de un contrato con Alta Aviación. Los términos originales, que establecían un alquiler de hangar por 10.000 dólares mensuales y 45 dólares por hora técnica, fueron modificados unilateralmente por Manco:
Alquiler reducido en un 80%
Hora técnica bajada a 25 dólares
Seis meses de gracia otorgados
El documento fue firmado únicamente por Manco, sin pasar por el directorio integrado por Emilio Magnaghi y el brigadier Francisco Leguiza, lo que en la administración pública representa una forma deliberada de eludir controles y revisiones jurídicas.
Retiros de efectivo y evidencia filmada
La situación escaló cuando se difundió la filmación de una secretaria vinculada al gerente comercial Pablo Salort retirando 10.000 dólares en efectivo de las oficinas de Alta Aviación. El pedido inicial era de 30.000 dólares, pero solo se entregó un tercio.
La grabación mostró que la operación no estaba vinculada a ningún trámite oficial y que la secretaria trabajaba como auxiliar privada de Salort, sin relación institucional con FAdeA. Salort renunció tras la difusión, un gesto que los denunciantes interpretaron como un intento de cortar la cadena de responsabilidades más que una admisión de culpa.
Patrón de irregularidades y represalias
El retiro de los dólares no fue un hecho aislado. La investigación interna reveló un patrón de operaciones irregulares: contratos con beneficios desproporcionados para empresas privadas, movimientos administrativos opacos y solicitudes de dinero en efectivo fuera de los canales oficiales.
Entre los denunciantes más activos se destacó Juan Ronco, del área de Ventas y Compras, quien detectó inconsistencias en acuerdos con Alta Aviación y Hangar Uno, beneficiarias recurrentes de decisiones sospechosas.
La reacción de Manco frente a quienes denunciaron las irregularidades incluyó intentos de despido y amedrentamiento, frenados por Enríquez, quien preservó las pruebas y elevó la documentación a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Dirección de Transparencia del Ministerio de Defensa, dirigida por Martín Camps.
Investigación oficial y repercusión mediática
El 23 de septiembre de 2025, FAdeA remitió toda la documentación a la OA, que abrió la investigación preliminar SISA Nº 23.563. El 14 de noviembre, la Oficina confirmó la apertura formal del expediente, manteniéndolo bajo reserva.
El caso se hizo público el 21 de noviembre, cuando los medios difundieron los detalles más sensibles: filmaciones, renegociaciones sospechosas, intentos de despidos y tensiones internas. Esto generó una alerta política directa sobre el ministro de Defensa, Luis Petri, cuyo manejo del área ya había sido cuestionado por episodios previos como irregularidades en contrataciones por 50.000 millones de pesos y un allanamiento frustrado en IOSFA.
Contexto más amplio: corrupción estructural
El escándalo FAdeA no es un hecho aislado: se enmarca en un patrón de irregularidades en el Ministerio de Defensa, que incluye venta irregular de terrenos, maniobras dudosas en IOSFA, falta de transparencia en el uso de fondos y auditorías que revelaron deudas y faltantes.
La narrativa oficial del “Estado profesionalizado y eficiente” que el gobierno de Milei intenta instalar se desarma ante estos hechos, que muestran un sistema permeado por intereses privados, discrecionalidad y prácticas incompatibles con la austeridad pública.
Impacto político y conclusiones
El escándalo tiene un doble efecto:
Compromete la continuidad de Luis Petri, uno de los ministros más expuestos del gabinete.
Refuerza la percepción de que el ajuste libertario no eliminó la corrupción, sino que abrió nuevos flancos al reducir controles, desfinanciar áreas críticas y concentrar decisiones en pocos funcionarios.
Como señaló un experto en gestión pública consultado por Noticias La Insuperable, “la corrupción no desaparece por decreto; requiere controles reales, transparencia y funcionarios calificados”.
El caso FAdeA demuestra que el ajuste sin institucionalidad genera más discrecionalidad, más opacidad y más oportunidades para la corrupción, y que el gobierno de Javier Milei, lejos de erradicar estas prácticas, comienza a ser señalado como su principal garante.
No hay camino sencillo hacia la libertad en ninguna parte y muchos de nosotros tendremos que pasar a través del valle de la muerte una y otra vez antes de alcanzar la cima de la montaña de nuestros deseos Nelson Mandela El concepto de esencia atravesó como una daga al pensamiento occidental a lo largo…
El Ministerio Público Fiscal de Rosario pidió la detención del juez federal de Rosario Gastón Salmain. Lo solicitó un grupo de seis fiscales por autorizar con una medida cautelar a la empresa financiera de Fernando Whpei la compra de 10 millones de dólares al cambio oficial en diciembre de 2023, mientras regía el cepo cambiario.
Al mismo tiempo que salía su solicitud de detención, el despacho del juez Salmain en la calle Entre Ríos al 800 de Rosario fue allanado este mediodía por orden del juez federal Román Lanzón, por un caso distinto al de la presunta maniobra financiera. Se trata según fuentes judiciales de un hecho de abuso de autoridad en el marco de una causa a su cargo.
Salmain es un juez federal oriundo de Ciudad de Buenos Aires que desde que llegó a Rosario como magistrado en el fuero civil y comercial atravesó numerosas situaciones polémicas y extrañas en sus trámites. Su momento más controversial fue cuando se descubrió que en 2002 la Corte Suprema de la Nación lo dejó cesante por unanimidad como empleado judicial por haber ofrecido un soborno para direccionar un expediente.
La situación se concreta mientras la jurisdicción federal de Rosario es un hervidero. En julio pasado un hecho de corrupción forzó la renuncia del ex juez federal Marcelo Bailaque que está implicado en una extorsión con el mismo Whpei. El pedido de detención del juez Salmain debe ser autorizado por el juez federal Carlos Vera Barros que ayer quedó salpicado por una seria denuncia durante una audiencia imputativa.
En el caso por el cual los fiscales federales piden la indagatoria y detención del juez, que no puede concretarse mientras conserve fueros, es una circunstancia inédita. Salmain le ordenó al Banco Central de la República Argentina a vender dólares al cambio oficial para que un fondo fiduciario controlado por Fernando Whpei pagara deudas presuntas con acreedores del exterior que no están constatados.
El fiscal federal Federico Reynares Solari
La sospecha es que al comprar dólares al precio oficial que luego se vendieron en el mercado informal Whpei pudo haber ganado dos millones de dólares por la diferencia de cambio. En ese momento el precio en el mercado regular era 380 pesos por dólar mientras que en el blue cotizaba a 995. La conjetura de los investigadores es que de la ganancia generada por el spread el magistrado ahora con pedido de detención se habría quedado con el 15 por ciento.
En esta maniobra también están con pedidos de indagatoria el empresario Fernando Whpei y el escribano santafesino Santiago Busaniche, un lobista del Poder Judicial Federal que trabajó en la Cámara de Senadores de Santa Fe, en la Cámara de Diputados de la Nación. Y que justamente este miércoles es imputado por hechos de prevaricato y tráfico de influencias en la causa abierta al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, por la extorsión contra un agente de Bolsa.
Salmain le ordenó al Banco Central de la República Argentina a vender dólares al cambio oficial para que un fondo fiduciario controlado por Fernando Whpei pagara deudas presuntas con acreedores del exterior que no están constatados
La medida cautelar se firmó el 5 de diciembre pero días después, tras la asunción de Javier Milei, la brecha cambiaria se redujo drásticamente. Igualmente el BCRA mediante sus abogados logró de inmediato que la Cámara Federal de Rosario dejara sin efecto la medida de Salmain.
El juez federal Salmain está bajo investigación disciplinaria en el Consejo de la Magistratura de la Nación que instruye en la Comisión de Disciplina la consejera jueza penal Alejandra Provítola.
En el caso participan el fiscal federal coordinador de Rosario Javier Arzubi Calvo, el fiscal federal Federico Reynares Solari, fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) y de la Fiscalía Federal de Investigaciones Administrativas (PIA)
José Cartellone se quedó con parte del peaje de las rutas 12 y 14 a pesar de que es uno de los empresarios acusados por cohecho en la causa de las coimas. Si resulta condenado, el Estado debería revocarle la concesión.
Autovía Construcciones y Servicios SA se quedó con el Tramo oriental de las rutas nacionales 12 y 14. Se trata de las rutas troncales del Mercosur, de las más transitadas del país. Es una empresa que pertenece a los mismos socios que conformaron José Cartellone Construcciones.
Es una de las primeras concesiones que logró cerrar el gobierno. A pesar del discurso libertario, los nuevos concesionarios tuvieron ayuda del Estado para cerrar el trato.
Según publicó La Nación, poco antes de que cierre la licitación y en el medio del proceso, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), publicó un crédito que aplicó a los privados que quisieran participar de la licitación.
Con esa ayuda, Cartellone le ganó la carrera a otras históricas contratistas estatales como Benito Roggio y Rovella Carranza.
El gobierno había puesto como precio de referencia entre 3700 y 4300 pesos y Autovía Construcciones y Servicios SA ofreció 3563.
El problema para Cartellone es que casi todos los socios de Autovía Construcciones y Servicios SA están procesados en la Causa Cuadernos. Si reciben una condena deberían perder la concesión.
«Si los condenan no pueden ser más proveedores del Estado y tienen que perder la concesión. Es un causal de recesión», explicó a LPO un experimentado administrativista.
Quién festejó la adjudicación de la ruta fue Toto Caputo. A pesar de la extraña intervención del BICE a último momento el ministro dijo que los empresarios «están muy conformes con cómo se dio todo el proceso: la transparencia, el modo en que los escuchamos y, sobre todo, la posibilidad de competir libremente».
En el marco de los ‘Domingos de Plaza’ este fin de semana habrá una propuesta que combina el espíritu solidario y el arte de dos niñas de la ciudad. Con el nombre de ‘Trocitos de arte’, Francisca y Zoe regalan una dulce melodía y un dibujo a cambio de una bolsita de alimento para los…
Tuve la oportunidad de hablar con una madre que me trasmitió su interés de alimentar bien a su hijo. Alrededor de este tema hay muchos mitos desde que el niño nace, lo cual hace a los padres el gremio más criticado. Es importante no volverse locos, y entender que incluir la consciencia en la alimentación…
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