El Poder Judicial dispuso el receso judicial y administrativo invernal de doce días, entre el 12 y el 23 de julio. La Resolución de presidencia establece también cuales son los organismos que deberán tener el personal necesario para cumplir las funciones de feria, con los temas urgentes, aquellos que por sus características no tienen suspensión de plazos o los que se requieran para garantizar el servicio de justicia.
En todos los fueros queda al menos un titular de organismo y un equipo para atender esas cuestiones, como ocurre en cada feria. La Resolución expresa que la Inspectoría de Justicia impartirá las instrucciones necesarias a fin de adoptar criterios similares en la Justicia de Paz.
También indica que los titulares de los restantes organismos deben elaborar y remitir las nóminas de Funcionarios/as y Empleados/as en turno según las dotaciones que estimen oportunas y necesarias mantener en virtud de las necesidades que el servicio requiera.
En pos de la optimización de la prestación de servicios, se estableció que “se debe elegir para tales tareas a las personas que registren la menor cantidad de días de Feria pendientes de goce, de acuerdo a los registros habidos en el Área de Gestión Humana”.
Además, como todos los años, estableció que el horario del servicio durante la feria será de 7.30 a 13.30 horas.
Mediante el DNU 41/2026, Milei modificó artículos clave del Código Aduanero para redefinir quién decide y cómo las reglas antes de importar o exportar. Bajo el argumento de cumplir con compromisos de la OMC, el decreto limita la discrecionalidad estatal, fija plazos máximos y habilita avanzar con operaciones aun cuando el Estado no responda.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Poder Ejecutivo avanzó con una nueva modificación estructural del andamiaje normativo del comercio exterior argentino. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 41/2026, el Gobierno sustituyó los artículos 226 y 323 del Código Aduanero, reorganizando el sistema de resoluciones anticipadas tanto para importaciones como para exportaciones.
La medida se inscribe en la misma lógica que atraviesa toda la política económica de Milei: menor margen de intervención estatal, mayor previsibilidad para los operadores privados y alineamiento explícito con los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No es casual que el decreto invoque como razón central la urgencia de cumplir con el Acuerdo de Facilitación del Comercio.
Qué son las resoluciones anticipadas y por qué importan
Las resoluciones anticipadas son decisiones administrativas que los importadores o exportadores pueden solicitar antes de realizar una operación, para saber con antelación cómo será tratado un producto por el Estado. Incluyen cuestiones clave como clasificación arancelaria, valoración de la mercadería y origen.
En la práctica, funcionan como un blindaje jurídico: una vez emitidas, la Aduana no puede cambiar el criterio después, salvo que cambie la ley o los hechos. Para las grandes empresas del comercio exterior, esto implica reducir riesgos, costos y conflictos posteriores.
El reparto de poder entre Aduana y Economía
El decreto introduce una división tajante de competencias. Por un lado, el servicio aduanero conserva la potestad de dictar resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria, valoración y otros aspectos técnicos tributarios, tanto en importación como en exportación.
Por otro lado, las resoluciones anticipadas sobre origen de la mercadería dejan de estar bajo la órbita aduanera y pasan a manos de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que incluso puede delegar esa facultad en funcionarios de rango inferior. Este corrimiento no es menor: el origen determina aranceles, preferencias comerciales y la aplicación de acuerdos internacionales.
Plazos cortos y silencio que juega a favor del privado
Uno de los puntos más sensibles del DNU es la fijación de un plazo máximo de 30 días para que el Estado emita la resolución anticipada. Si ese plazo se cumple y no hay respuesta, el importador o exportador puede avanzar igual con la operación, en los términos que propuso originalmente.
El decreto habilita a la Aduana a exigir una garantía, pero le quita la posibilidad de frenar la operatoria por falta de definición. Se trata, en los hechos, de un silencio administrativo favorable, una figura históricamente resistida por el Estado y celebrada por los grandes actores del comercio exterior.
Un DNU con destinatarios claros
El Gobierno justifica el uso del DNU en la urgencia de cumplir los plazos otorgados por la OMC, que vencían el 23 de enero de 2026. Sin embargo, el trasfondo político es evidente: consolidar un esquema pro-mercado, reducir instancias de control y trasladar el riesgo desde el privado hacia el Estado.
Lejos de beneficiar a pymes o economías regionales, el nuevo régimen favorece principalmente a grandes importadores y exportadores, con capacidad técnica y jurídica para anticipar escenarios y litigar si es necesario. Mientras tanto, el Congreso vuelve a quedar relegado a un rol meramente revisor, a través de la Comisión Bicameral.
En nombre de la “facilitación del comercio”, Milei vuelve a gobernar por decreto y a redefinir reglas estructurales sin debate legislativo. Una vez más, la urgencia invocada funciona como atajo para reconfigurar el Estado en favor de los intereses concentrados del comercio internacional.
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Ivan Cepeda se consolida como el favorito para las elecciones que se realizarán en mayo, según la más reciente encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría en alianza con la revista Cambio.
El sondeo se realizó entre el 15 y el 21 de enero y ubica a Cepeda, representante del Pacto Amplio, en primer lugar con el 28,2% en intención de voto.
En segundo lugar aparece el outsider Abelardo De la Espriella, con el 15,5%, seguido por el centrista Sergio Fajardo con 9,8%. Más atrás siguen Claudia López que obtiene 3,7%, Vicky Dávila (2,4%), Paloma Valencia (2,3%) y Juan Manuel Galán (2%).
Otros aspirantes con más del 1% de intención de voto incluyen a Juan Daniel Oviedo (1,7%), Enrique Peñalosa (1,3%) y Juan Carlos Pinzón (1%). Entre quienes rondan el 1% o menos se encuentran Daniel Quintero, Carlos Caicedo, Aníbal Gaviria, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Camilo Romero, Maurice Armitage y Roy Barreras. El voto en blanco representa el 2,3%, la opción «ninguno» alcanza el 16,1% y los indecisos suman 7,5% de la muestra.
La posibilidad de una coalición entre Fajardo y López se vislumbra relevante. La suma de ambos (13,5%) se acercaría al porcentaje de De la Espriella, e incluso superaría el total de los postulantes de la Gran Consulta por Colombia, que juntos obtienen 13%.
El sondeo se realizó entre el 15 y el 21 de enero y ubica a Cepeda, representante del Pacto Amplio, en primer lugar con el 28,2% en intención de voto. En segundo lugar aparece el outsider Abelardo De la Espriella, con el 15,5%, seguido por el centrista Sergio Fajardo con 9,8%.
Según la revista Cambio, esta hipótesis coloca al centro como un posible actor determinante para ingresar a la segunda vuelta presidencial frente a la fragmentación de los sectores de centroderecha y derecha.
Gustavo Petro.
De cara a las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo, el 39,7% de los encuestados manifiesta interés en participar en la Gran Consulta por Colombia y el 36,3% en la del Pacto Amplio. Un 16,8% descarta votar en alguna, mientras que el 7,7% se mantiene indeciso.
Las proyecciones para la primera vuelta presidencial después de marzo muestran que Cepeda alcanzaría el 33,4%, aún lejos del 51% requerido para evitar la segunda vuelta. De la Espriella se mantiene en segundo lugar con 16,9%. Fajardo y López obtendrían 10,9% y 7,7%, respectivamente.
Las proyecciones para la primera vuelta presidencial después de marzo muestran que Cepeda alcanzaría el 33,4%, aún lejos del 51% requerido para evitar la segunda vuelta. De la Espriella se mantiene en segundo lugar con 16,9%. Fajardo y López obtendrían 10,9% y 7,7%, respectivamente.
En los escenarios de segunda vuelta, Cepeda mantendría la ventaja ante cualquier rival. Frente a De la Espriella, lograría un 45,2% contra el 25,7%, mientras el 29,1% de los votantes permanecería indeciso.
Si Fajardo llegara a la segunda vuelta, la diferencia sería menor: Cepeda obtendría el 40,7% frente al 28% de Fajardo y los indecisos aumentarían a 31,3%. Ante Valencia, Cepeda alcanzaría el 47,7% y la candidata del Centro Democrático el 17,8%, con un 34,5% de indecisos.
El sondeo también explora la percepción ciudadana sobre asuntos nacionales e internacionales. Un 48,8% de los consultados mantiene una imagen positiva del presidente Gustavo Petro, mientras el 42,1% expresa una percepción negativa.
Este balance coincide con el porcentaje de personas que declara haberse beneficiado por el aumento del salario mínimo en un 23%, medida impulsada por el actual Gobierno. Respecto al rumbo del país, el 40,3% considera que Colombia progresa, el 38,8% opina que retrocede y el 18,8% percibe estabilidad sin cambios.
La Municipalidad de Villa Regina reitera que, por la crecida del Río Negro, el servicio de Balsa en Isla 58, se encuentra suspendido hasta nuevo aviso. Difunde esta nota
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