El Poder Judicial dispuso el receso judicial y administrativo invernal de doce días, entre el 12 y el 23 de julio. La Resolución de presidencia establece también cuales son los organismos que deberán tener el personal necesario para cumplir las funciones de feria, con los temas urgentes, aquellos que por sus características no tienen suspensión de plazos o los que se requieran para garantizar el servicio de justicia.
En todos los fueros queda al menos un titular de organismo y un equipo para atender esas cuestiones, como ocurre en cada feria. La Resolución expresa que la Inspectoría de Justicia impartirá las instrucciones necesarias a fin de adoptar criterios similares en la Justicia de Paz.
También indica que los titulares de los restantes organismos deben elaborar y remitir las nóminas de Funcionarios/as y Empleados/as en turno según las dotaciones que estimen oportunas y necesarias mantener en virtud de las necesidades que el servicio requiera.
En pos de la optimización de la prestación de servicios, se estableció que “se debe elegir para tales tareas a las personas que registren la menor cantidad de días de Feria pendientes de goce, de acuerdo a los registros habidos en el Área de Gestión Humana”.
Además, como todos los años, estableció que el horario del servicio durante la feria será de 7.30 a 13.30 horas.
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina informa que durante miércoles 8 y jueves 9 se llevará adelante la inscripción y actualización de merenderos y comedores en el SUM de la Escuela Municipal de Arte de 9 a 12 horas. Para realizar el trámite deberán acercarse los responsables de los mismos,…
Esta mañana, residentes y trabajadores del Hogar municipal La Esperanza y del Hogar Juan Pablo II recibieron la segunda dosis contra el COVID-19. A un total de 20 personas les fueron aplicadas las vacunas por el personal de Salud Pública. Difunde esta nota
La Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Villa Regina confirmó que el martes 29 de junio se depositarán los aguinaldos a los empleados municipales, los cuales se acreditarán el miércoles 30. Difunde esta nota
El Intendente Marcelo Orazi permanecerá en Viedma durante este miércoles y jueves para llevar adelante gestiones ante autoridades provinciales. Durante su ausencia estará a cargo del Ejecutivo Municipal el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros. Orazi está acompañado por el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur. Al frente de Gobierno estará la Secretaría de Desarrollo Social Luisa…
Con el proyecto de reforma laboral del Gobierno quedan atrás los palabrerios cargados de incertezas: qué tan vetusto es el modelo actual, cuáles son los vectores de la adaptación al nuevo orden tecnológico y comercial global, y si este modelo —erigido a mediados del siglo XX y tantas veces reformado— debe ser definitivamente desarticulado, reconstruido o actualizado. Es una afirmación incómoda: para el gobierno libertario —y para todos los gobiernos neoliberales antes que él— las reformas laborales son un elemento central del programa económico.
Desde la oposición, el planteo respecto al mundo del trabajo es que el principal problema está en otra parte: las leyes laborales no crean empleo. Una verdad incontrastable, pero tal vez insuficiente. Entonces, ¿hace falta una reforma laboral? ¿La política del trabajo y sus regulaciones son tan centrales para el peronismo como lo son para los libertarios? ¿Qué lugar ocupa una reforma laboral en un programa inclusivo de crecimiento y desarrollo?
Una reforma perfecta
El proyecto de Ley de Modernización Laboral es la reforma de un modelo que apunta a transformar de raíz la estructura productiva y a promover lo que Schumpeter llamó una “destrucción creativa”: una destrucción de buena parte del tejido productivo –industrial–, como supuesta condición para el fortalecimiento de otros sectores, como el complejo energético y la minería.
Para dinamizar este proceso, promueve la rotación laboral y abarata los despidos mediante la creación del Fondo de Asistencia Laboral y a través del financiamiento estatal. Equivale a resignar 2.500 millones de dólares anuales del sistema previsional en concepto de contribuciones patronales. Si se aprueba esta norma, el modelo no permitirá ningún tipo de reconversión productiva que habilite la supervivencia de las empresas. El único camino será la mera destrucción —creativa, pero destrucción al fin— de un sinnúmero de empresas y un tendal de desocupados y puestos precarios.
Para lograr un país sin industria se necesita un país sin sindicatos. ¿O es al revés? Igual da.
Es la reforma laboral de un esquema macroeconómico cuya política antiinflacionaria tiene entre sus anclas principales la contención de los salarios. Con ese objetivo, institucionaliza la autoridad del Estado para fijar un techo a las paritarias.
El proyecto busca consolidar un modelo que no se apalanca sobre el mercado interno. Por ello, no precisa garantizar pisos salariales ni de derechos que fortalezcan el consumo local. Por eso descentraliza la negociación colectiva y permite que los acuerdos a nivel de empresa contengan peores condiciones que los que se negocian a nivel sectorial. Y también legaliza el fraude laboral promoviendo la contratación de trabajadores a través del monotributo.
La reforma laboral de Milei se integra a un modelo que abre indiscriminadamente las importaciones, y que a las empresas más afectadas les deja como única alternativa la subsistencia en base al pago de bajos salarios. Para eso también sirve la descentralización de la negociación colectiva y la institucionalización del techo a las paritarias.
Los sindicatos, para este esquema, son un claro obstáculo, porque pueden retrasar la “destrucción creativa” que afecta a los sectores intensivos en mano de obra, y pueden resistir el avance de una economía en base a salarios bajos y ausencia de derechos laborales. Por eso, el proyecto de ley busca ahogar financieramente a las organizaciones de los trabajadores, comprometer su sustentabilidad económica y limitar severamente la acción gremial.
Para lograr un país sin industria se necesita un país sin sindicatos. ¿O es al revés? Igual da.
Según este modelo de país, el bienestar de los trabajadores nunca —en ninguna circunstancia, ni territorio, ni tiempo— puede estar por sobre la rentabilidad de las empresas. Para eso la reforma laboral impulsa el banco de horas y otras formas de flexibilización de la jornada que desorganizan la vida de los trabajadores, elimina o debilita regímenes de protección a colectivos específicos (ley de teletrabajo, estatuto del periodista, entre otras) y convalida la precariedad del trabajo en plataformas.
Esta es la reforma, en definitiva, de quienes creen que los sindicatos, las leyes laborales y la negociación colectiva —instituciones que la Argentina se dio a sí misma después de 1983— son el principal obstáculo para que se radiquen inversiones y la economía crezca. El gobierno nacional está construyendo un modelo de país. Esta es la reforma laboral que necesita para eso. Una que desarticule instituciones construidas en democracia.
Qué reforma necesita Argentina
Un modelo de desarrollo con inclusión necesita esencialmente una reforma laboral que integre ese programa. Las reformas laborales no resuelven los problemas que el desarrollo —o, mejor dicho, la falta de desarrollo— deja tendidos. Pero son componentes clave de los modelos económicos y productivos que tienen entre sus principales prioridades la generación de trabajo de calidad. Por eso es importante definir cómo se articula la regulación del trabajo con ellos.
Los modelos de desarrollo que encuentran en el mercado interno un factor de dinamismo precisan reformas laborales que fortalezcan la demanda y, en particular, los niveles de consumo de los trabajadores. Para eso, incorporan esquemas de negociación colectiva que no profundizan las asimetrías naturales entre capital y trabajo, sino que las moderan. También priorizan la recuperación del salario mínimo, vital y móvil para incentivar el crecimiento de los ingresos de los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial, e incluyen mecanismos de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, de modo que los frutos de las mejoras en la productividad sean compartidos.
Esta es la reforma de quienes creen que las leyes laborales y la negociación colectiva son el principal obstáculo para que se radiquen inversiones y la economía crezca.
Los modelos de desarrollo que priorizan el fortalecimiento del mercado interno encuentran en los sindicatos un actor fundamental para consolidar la demanda e impulsar el consumo de quienes trabajan. Por eso, precisan asociaciones gremiales que participen activamente en la puja distributiva, promoviendo mayor equidad en la distribución de la riqueza. En consecuencia, otorgan un marco de garantías a la acción gremial y fortalecen los recursos de las organizaciones sindicales.
Los modelos de desarrollo cuyas políticas antiinflacionarias no se basan en la contracción salarial necesitan reformas laborales que impulsen mecanismos suprasectoriales de coordinación salarial, para promover el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos en una evolución acompasada de salarios, precios, tarifas y otros indicadores clave de la economía.
Los modelos de desarrollo centrados en la innovación, la incorporación de tecnologías, la generación de valor agregado y que apuntan a mejorar la competitividad por la vía alta —en base a la mejora de procesos y productos—, necesitan estrategias de incremento de la productividad de las empresas que no se basen en la intensificación y la híper explotación del trabajo. Por el contrario, necesitan trabajadores formados, comprometidos con sus empresas, que sean una fuente de innovación y pongan sus conocimientos al servicio de la mejora de la producción. Que sean reconocidos y bien remunerados por ese aporte. Para eso, las reformas laborales inclusivas incorporan mecanismos de participación de los trabajadores en la organización del trabajo, de reconocimiento de los saberes que esos trabajadores ponen a disposición de la producción y de distribución de la rentabilidad que surge como consecuencia del incremento de la productividad. Y con ese objetivo, las leyes fijan estándares laborales que incentiven a mejorar la competitividad de las empresas para alcanzarlos. Porque, a contramano del sentido común más ortodoxo, el debilitamiento de los derechos laborales no mejora la competitividad sino todo lo contrario, desincentiva la innovación porque habilita estrategias de negocios basadas en salarios bajos e incumplimiento de derechos.
Los modelos de desarrollo que buscan fortalecer la competitividad de las PyMES pero, a la vez, pretenden no dinamitar los ingresos del Estado, precisan reformas laborales y tributarias que incluyan esquemas progresivos de contribuciones patronales, que reduzcan al mínimo la carga de las empresas más chicas y compensen con las que tienen más margen para aportar.
Esos modelos de desarrollo precisan relaciones laborales a largo plazo, que puedan sostenerse incluso en contextos de crisis. Para eso necesitan reformas laborales que desincentiven la rotación laboral y políticas de estabilización del empleo que ayuden a las empresas a no tener que echar trabajadores en circunstancias de dificultades económicas porque, sobre todo para las PyMES, después es muy difícil volver a formarlos.
Los modelos de desarrollo que buscan un equilibrio entre la necesidad de rentabilidad de los empresarios y el bienestar de los trabajadores precisan reformas laborales que armonicen esos dos elementos. Esto implica definir condiciones laborales que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos; establecer estándares que protejan la salud y seguridad laboral; diseñar formas de organización del tiempo de trabajo y de las vacaciones que respondan tanto a las necesidades operativas de las empresas como a las preferencias y expectativas de los trabajadores, entre otros conceptos.
Esa sería una reforma laboral que, en democracia y con el reconocimiento del protagonismo de los actores sociales, puede señalar un horizonte posible y deseable de producción y trabajo.
Sí, hace falta una reforma laboral
No solamente por las urgencias del mundo del trabajo, que son muchas, sino porque es urgente mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de quienes ya están protegidos por derechos laborales. Es urgente ampliar la protección efectiva con derechos laborales a todos los trabajos —asalariados e independientes— que hoy tienen vedado el acceso a la estabilidad, el descanso remunerado y una jubilación digna. La justicia social no puede llegar por vía judicial cuando los daños ya están hechos o cuando la precariedad ya está consagrada.
Una reforma laboral inclusiva es necesaria para atender mucho más que urgencias. No es la última milla del crecimiento y el desarrollo sino su condición. No es la posibilidad del derrame ni del goteo sino un componente esencial del vaso lleno. No es solamente el factor que haría inclusivo a un modelo o que garantizaría una distribución más equitativa del ingreso sino un componente esencial del desarrollo y la estabilidad política. Es un elemento central de un proyecto de país que crezca con inclusión.
El final del 2025 tuvo un marcado enfrentamiento entre el gobernador cordobés Martín Llaryora y los estatales locales por la reforma previsional que derivó en una ofensiva que los gremios están dispuestos a encaminar en la Justicia en las próximas semanas. Tensión que, con el arranque de este 2026 lejos está de terminar; sino más bien, todo lo contrario.
Porque en la primera semana hábil del año, los estatales se mostraron abroquelados para continuar con la estrategia judicial y porque, precisamente desde la Justicia, hubo algunos guiños a los amparos presentados por los gremios. Y al que se pliegan, paradójicamente según entienden en El Panal, aquellos opositores a Llaryora que son aliados nacionales de Milei.
Tal es el caso de juecistas y radicales que reportan a Rodrigo de Loredo.
Así, la ley de equidad jubilatoria que Llaryora impulsó el último mes del año en la Unicameral y cuya promulgación anunció él mismo con dardos a todas las gestiones anteriores -sin distinción partidaria- en la administración de la Caja de Jubilaciones tendrá al verano cordobés aún más acalorado.
Principalmente, porque Llaryora vuelve de vacaciones y la orden es limar a los estatales en las bases, cuestionar las conducciones y replicar con una contraofensiva el recorrido que los gremios ya empezaron en Tribunales.
«De ahora a marzo viene la tensión con los gremios y arrancan los planteos judiciales. Hay principio de diálogo con algunos sectores y reclamos de todo tipo, pero todo esto tiene un trasfondo político. Por eso, no se descartan las conversaciones con las bases», reconoció un importante funcionario provincial a LPO luego de la reunión de la mesa multisectorial que realizaron los estatales cordobeses este jueves. Que, además, terminó con el compromiso de los referentes de la veintena de gremios que aportan a la Caja de Jubilaciones provincial de nacionalizar el conflicto, llegar a la Corte Suprema y en febrero, cuando culmine la feria judicial, posiblemente presentar un amparo colectivo.
La mesa chica de Llaryora está al tanto de esto. Incluso tienen en claro que el recorrido desembocará en el Tribunal Superior de Justicia. Por eso, ante la consulta de este medio sobre el devenir del reclamo de los estatales en la Corte cordobesa, en el entorno del gobernador algunos mantienen un moderado optimismo acerca del futuro del reclamo en esos despachos.
«No creo que camine», dijo un funcionario a LPO.
La otra cuestión con la que también jugará la generación heredera del cordobesismo es la discusión dentro de los sindicatos. Existe el diálogo con aquellos que tienen renovación de autoridades este año y los que van a elecciones en el 2027. «No se pueden hacer los boludos ahí. Ellos saben cómo se puede digitar de afuera para inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos lados», sostuvo una de las espadas de Llaryora en la discusión.
Acerca de esto, en los despachos del Panal sobrevoló un comentario en los últimos días en los que se vio nuevamente a Rubén Daniele, el conductor del poderoso Suoem, el gremio de los Municipales cordobeses abrir el fuego contra Llaryora desde una de las manifestaciones. Algunos que están hace tiempo cerca del gobernador recordaron cómo actuó el peronismo para que el sindicalista volviera a la conducción de su gremio y cómo fue la convivencia entre ambos cuando el actual gobernador fue intendente de la capital cordobesa.
Pero hay otra artillería relacionada con la comunicación con la que están dispuestos a disparar desde el gobierno provincial. El mensaje a las bases será que las cúpulas de algunos sindicatos quieren voltear una ley que, en volumen, beneficia al grueso de los afiliados. «En el caso de los docentes, al 90% de los activos no se les tocó nada y el 50% de los jubilados tienen aumentos que van del 10 al 25%, ¿y resulta que cuatro tipos la quieren voltear?», lanzó un llaryorista.
Los estatales cordobeses están en una situación similar a la de los intendentes en la relación con el llaryorismo: no hay paraguas nacional que los cobije. En el caso de los gremios, en otro momento, una tensión de estas características tenía un peronismo opositor al cordobés en Casa Rosada que contribuía a la fricción; y con los alcaldes ocurría lo mismo a la hora de tantear un ATN foto mediante. Otra realidad, otra era y con un Milei que rechaza cualquier reclamo gremial.
Un funcionario coincidió con el análisis y fue más allá: «o a veces ocurre algo peor: que los autoconvocados te lleven todo a una anarquía como pasó con los Judiciales el año pasado».
Con el arco político opositor en plena reconfiguración, el 2026 de Llaryora tendrá como primer escollo la disputa con los gremios y por ahí pasa la discusión del primer trimestre. Y donde esperan, dentro del Panal, cuántos de los cañones apuntan los sindicatos a Milei por el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones, y cuántos quedarán envueltos en la discusión local contra el gobernador.
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