El Poder Judicial dispuso el receso judicial y administrativo invernal de doce días, entre el 12 y el 23 de julio. La Resolución de presidencia establece también cuales son los organismos que deberán tener el personal necesario para cumplir las funciones de feria, con los temas urgentes, aquellos que por sus características no tienen suspensión de plazos o los que se requieran para garantizar el servicio de justicia.
En todos los fueros queda al menos un titular de organismo y un equipo para atender esas cuestiones, como ocurre en cada feria. La Resolución expresa que la Inspectoría de Justicia impartirá las instrucciones necesarias a fin de adoptar criterios similares en la Justicia de Paz.
También indica que los titulares de los restantes organismos deben elaborar y remitir las nóminas de Funcionarios/as y Empleados/as en turno según las dotaciones que estimen oportunas y necesarias mantener en virtud de las necesidades que el servicio requiera.
En pos de la optimización de la prestación de servicios, se estableció que “se debe elegir para tales tareas a las personas que registren la menor cantidad de días de Feria pendientes de goce, de acuerdo a los registros habidos en el Área de Gestión Humana”.
Además, como todos los años, estableció que el horario del servicio durante la feria será de 7.30 a 13.30 horas.
En medio del escándalo por sus viajes y su nivel de vida, la declaración jurada de Manuel Adorni dejó un dato clave que pasó casi desapercibido: una parte sustancial de sus deudas está contraída con su propia madre. El dato no es menor y abre preguntas sobre el origen, la trazabilidad y la consistencia del patrimonio declarado.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Tras la ausencia de explicaciones en la fallida conferencia de prensa brindada por el Jefe de Gabinete, preciso es volver a releer la última Declaración jurada presentada por Manuel Adorni correspondiente a fines de 2024, la que nos muestra que declaró apenas un patrimonio de $107,9 millones, lo que si bien representa un crecimiento del 76% respecto de 2023, no es nada en relación a su raid inmobiliario.
Pero ese no solo habían aumentado sus activos. También crecieron —y mucho— sus pasivos: declaró deudas por $95,4 millones, es decir, un incremento del 178% en un año. Este punto es central: el crecimiento patrimonial está acompañado por un endeudamiento acelerado, algo que en sí mismo no es irregular, pero sí exige, dado su rol de funcionario, explicaciones claras sobre su origen.
La madre como acreedora: un dato clave
Dentro de ese esquema de deudas aparece un nombre que dispara las alertas: su madre, Silvia Pais, figura como una de las acreedoras. Según la información publicada, Adorni declaró que incorporó a su patrimonio 42.500 dólares en concepto de crédito. Los cotizó en 34.231.625 pesos.
El 3 de enero, Javier Milei nombró a Adorni en el cargo de Subsecretario de Vocería Presidencial de la Secretaría de Comunicación y Prensa de Presidencia de la Nación “a partir del 14 de diciembre de 2023”. De acuerdo a la DDJJ anual, esa suma de dólares fue prestada por Silvia Pais, su mamá, y una añeja jubilada llamada Norma Zuccolo. Pais le prestó 16.109.000 pesos y Zuccolo, de 95 años, 18.122.625 pesos. Sumados, los préstamos equivalen al valor en pesos que el funcionario otorgó a los 42.500 dólares.
Esto significa que parte de su financiamiento personal proviene del ámbito familiar directo, un «acomodo» bastante turbio y burdo para alinear algunos números.
Quién es Silvia Pais
Pese a su aversión por el Estado, Adorni literalmente bebió de su teta. No solo le sirvió para comrar su primer departamentito con su esposa Bettina Angeletti, tal cual dimos la primicia desde NLI en 2021, sino que su progenitora trabajó años en el mismo. Según Realpolik estuvo hasta 2021 prestando servicios en la Cámara de Diputados bonaerense. También se desempeñó en el municipio de La Plata, cuando Julio Garro en 2018 la contrató en la Secretaría de Salud para llevar a cabo las tareas de planificación, evaluación y revaluación del programa SUMAR.
Por qué importa: el problema de las deudas familiares
En términos formales, no hay ninguna ilegalidad en contraer deudas con familiares. Sin embargo, en el caso de funcionarios públicos, este tipo de vínculos financieros suele ser objeto de escrutinio por varias razones:
Dificulta la verificación independiente: a diferencia de un banco, no hay registros públicos claros sobre condiciones, tasas o plazos.
Puede funcionar como mecanismo de justificación patrimonial: ingresos o gastos pueden explicarse a través de “préstamos familiares”.
Reduce la transparencia real del patrimonio: aunque esté declarado, su trazabilidad es más difusa.
En este caso, además, el dato cobra relevancia porque el volumen de deuda es muy elevado en relación con los ingresos declarados del funcionario.
El contexto: gastos que no cierran con los números
La aparición de estas deudas no se da en el vacío. Ocurre en medio de cuestionamientos por:
Viajes al exterior, incluido el uso del avión presidencial con su esposa.
Un vuelo privado a Punta del Este cuyo financiamiento no quedó del todo claro.
Sospechas sobre propiedades no del todo explicitadas en la declaración pública.
En ese marco, el hecho de que parte del financiamiento provenga de su madre suma una capa adicional de dudas sobre cómo se sostienen esos niveles de gasto.
Lo que dijo Adorni (y lo que no explicó)
El propio Adorni defendió su situación afirmando que su patrimonio fue construido en el sector privado y que “todo está declarado”.
Sin embargo, evitó dar detalles finos alegando la existencia de causas judiciales en curso, lo que dejó sin responder preguntas clave:
¿Cuándo se contrajeron esas deudas familiares?
¿En qué condiciones?
¿Para financiar qué operaciones concretas?
Una pieza más en un rompecabezas mayor
El dato de la madre como acreedora no es un detalle menor ni anecdótico: es una pieza estructural dentro del esquema patrimonial declarado.
En un contexto donde el propio funcionario enfrenta cuestionamientos por inconsistencias entre ingresos, bienes y gastos, las deudas familiares aparecen como un punto crítico que requiere mayor transparencia.
Porque en política —y más aún en la función pública— no alcanza con declarar: también hay que poder explicar.
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