La elección de la Magistratura detonó la relación de Llaryora con el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba

La elección de los abogados para ocupar las sillas en el Consejo de la Magistratura que se llevará adelante el próximo martes tendrá un especial epicentro en Córdoba. La razón de esto talla en una serie de motivos que van desde la cabeza de una de las listas, a la manera en la que el gobernador cordobés Martín Llaryora decidió entrar en la compulsa de los abogados, hasta el cierre que uno de los armados decidió para este viernes con Ricardo Gil Lavedra a la cabeza.

A saber, de las cuatro listas, una está encabezada por Itatí de Marchi, la presidenta del Colegio de Abogados de Villa María que lidera Abogacía Unida y Dignidad Profesional que articula Juan Manuel Olmos.

El armado de Abogacía Federal lo encabeza el platense Fernando Levene, pero tiene como armador a Diego Molea, el rector de la Universidad de Lomas de Zamora y en ese esquema, el gobernador Llaryora puso a Juan Manuel Aráoz. Un hombre de su estrecha confianza.

En tanto, Unidad en Defensa de la Abogacía es la lista que encabeza Alberto Biglieri, respalda Gil Lavedra y también tiene como candidato al presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar. Decisión que, según sostienen algunos en territorio mediterráneo, dinamitó la relación del titular de los abogados cordobeses con Llaryora, que pretendía que el cuerpo colegiado terminara detrás de la nómina de Levene y Molea.

Por esto, el llaryorismo decidió entrar con todo en la disputa y mandó a alfiles de su mesa chica a militar el voto para raspar a Bittar, a quien le endilgan una relación con los libertarios y el arribo a esa lista por pedido de Daniel ‘el Tano’ Angelici. Además de una mano de Cristian Jerónimo, el hombre de la CGT.

«Martín está recaliente con el tema. Cree que ‘el Turco’ (Bittar) lo traicionó y por eso mandó a (Juan Manuel) Cid esta semana a pedir el voto de manera pública por la lista de Molea», dijo un abogado que pondera la manera en la que Cid, uno de los operadores judiciales de Llaryora entró en la escena para pedir el respaldo a la lista de Levene lleva a Aráoz en el armado.

«Aparte, en el video Cid dijo varias veces la palabra ‘lealtad'», agrega.

Cerca de Bittar desestiman todo esto. Creen que es un error que un gobernador entre en una elección de abogados para el Consejo de la Magistratura.

«La agenda nuestra es la de la abogacía. Es raro que un gobernador influya en una elección de este tipo, pero si creen que es de esa manera acá se va a pelear el voto para la lista de ‘Nacho’ (Biglieri) con uñas y dientes», sostienen cerca de Bittar. Como para graficar la tensión con la que los abogados cordobeses viven la elección del martes.

De hecho, el presidente del Colegio de Abogados cordobés lleva el cierre de campaña de la lista de Biglieri y Gil Lavedra este viernes a la tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, un bastión fundamental para la elección.

Y esta semana, en una recorrida por medios porteños, Bittar señaló que «hace años que Córdoba no tiene una voz en el Consejo de la Magistratura» y agregó: «una voz fuerte».

Por lo que, así como todo el llaryorismo se encolumnó detrás de la lista que impulsa Molea, por la relación del rector de Lomas de Zamora con el gobernador cordobés, pero también por la alternancia que tendrán Levene y Aráoz -«van a estar dos años cada uno», dicen-; el esquema de Biglieri, Gil Lavedra y Bittar en Córdoba tendrá el respaldo del deloredismo y buena parte del arco opositor a Llaryora. Porque la disputa pasó de la elección entre abogados al ámbito de la política.

Con una polarización que, en suelo cordobés amenaza con opacar a la lista de De Marchi y que parece haber relegado al armado libertario, la cuarta lista en la disputa que lidera el jefe del bloque de concejales de LLA en Vicente López, Luis Alberto Palomino. 

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    5) Incorporar salarios dinámicos
    6) Exigir autorización previa para asambleas
    7) Modificar el principio de norma más favorable
    8) Implementar banco de horas y jornadas promedio
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    10) Ampliar infracciones por bloqueos sindicales.

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    Mientras tanto, dirigentes de la CGT, como Jorge Sola, insistieron en que la discusión pública se está dando “entre trascendidos” y sin participación real de trabajadores y empleadores. Señalaron que no cuentan con la “letra chica” del proyecto y que cualquier ley laboral de alcance general “nace viciada” si no incorpora las diferencias sectoriales. También remarcaron que el Gobierno no los convocó formalmente y que primero debería impulsarse una reforma tributaria para facilitar la creación de empleo.

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