El Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras dejaron hoy oficialmente inauguradas dos obras emblemáticas de la actual gestión municipal: la Comisaría de la Familia y la renovada calle Libertad.
El traslado de la Comisaría de la Familia fue iniciado en los primeros meses del año por el Intendente ante la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor con el objetivo de brindar la atención en un espacio más acorde a esta problemática tan sensible. Fue así que se firmó el convenio respectivo mediante el cual el Poder Judicial cedió a la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de la provincia un inmueble para su funcionamiento: el que ocupaba el Juzgado de Garantías en Ingeniero Bonoli 91.
En ese lugar también funcionará una oficina de la SENAF. “Teníamos una Comisaría de la Familia alejada del radio céntrico, era una oficina muy chiquita, y realmente el personal policial ha hecho un trabajo muy importante durante mucho tiempo en un lugar muy reducido y precario”, precisó el Intendente.
Agregó que “hoy es un día para mí muy movilizante, Regina va cambiando y todo gracias a nuestra comunidad y a la relación estrecha que tenemos con la Gobernadora y todo su gabinete”.
“Esta comisaría atiende una problemática muy sensible en la sociedad, que es la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Hay que destacar la gestión del Intendente Orazi, porque todo esto surge a partir de su iniciativa y de toda la comunidad”, dijo por su parte Carreras.
Finalmente, también quedó habilitada oficialmente la calle Libertad, una obra financiada por el gobierno provincial con una inversión de $27,6 millones y que incluye la pavimentación, construcción de bicisenda, bulevar y moderna iluminación LED.
Esta calle, muy transitada y estratégicamente ubicada, presentaba, al asumir Orazi la Intendencia, un estado de deterioro importantísimo, por lo cual se convirtió en una de las primeras gestiones desarrolladas ante el gobierno provincial.
Entrega de aportes y escrituras
Por otro lado, el Intendente y la Gobernadora participaron del acto de entrega de 15 escrituras a familia que las esperaban desde hace años y que son producto de los planes de cancelación y puesta al día en las cuotas implementados por el IPPV. También se entregaron aportes y créditos correspondientes al programa ‘Emprendedor’ que lleva adelante la Agencia para el Desarrollo Económico Rionegrino CREAR.
La detención de un líder criminal brasileño en Caballito ligado al temible Primer Comando Capital (PCC) levantó alertas en las distintas zonas del país por donde este referente tuvo paso o residencia, como ciudad de Córdoba y Concordia en Entre Ríos.
También en Santa Fe las autoridades de gobierno, fiscales y de inteligencia estuvieron sensibles e interesadas en la novedad del arresto de Fabio Rosa Carvalho, de 44 años, señalado como líder de la agrupación criminal Os Manos. La pregunta excede la coyuntura del arresto. ¿Aparecen evidencias o indicios de la presencia del PCC en una provincia que tuvo durante una década los registros más altos de violencia lesiva ligados a comercio de drogas?
Todas las respuestas institucionales a LPO dicen lo mismo. “En ninguna causa está acreditado que tengan actividad en la provincia”. Lo que no implica que hayan asomado en ocasiones actividades aparentes de grupos criminales ligadas a brasileños en zonas cercanas a Rosario, donde está el complejo portuario más importantes de la Hidrovía, y que tuvo una actividad de comercio urbano de drogas caracterizado por la mayor tasa de homicidio urbano del país.
El PCC es la organización criminal más fuerte de Sudamérica desarrollada desde las cárceles de los estados del sur brasileño. Según la Fiscalía Nacional de San Pablo de 2023 en Argentina hay 56 integrantes del PCC activos.
Un miembro del equipo de fiscales de la Procuración de Narcotráfico (Procunar) dijo a LPO que hasta ahora lo que se detectaron en el país son “células dormidas” del PCC. Esto es personas que pueden brindar logística para determinadas actividades pero que no operan cargamentos de drogas o armas.
Hasta ahora lo que se detectaron en el país son células dormidas del PCC.
Muchas de estas referencias salieron de celulares secuestrados a miembros plenos del PCC en Brasil. Así por ejemplo se advirtieron las llamadas “cartas de bautismo” de ingreso a la organización en un preso de la cárcel de Coronda, a 100 kilómetros al norte de Rosario. Ninguna investigación sobre ese interno, de apellido Ríos, reveló actividad criminal ajena a la que mereció su condena.
Este martes Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa en la que presentó al nuevo director del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal, comisario general Pascual Mario Bellizzi.
El titular del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal, comisario general Pascual Mario Bellizzi.
Allí indicaron que el DFI tiene una investigación reciente en la que se identificaron a 28 personas con vínculos con el PCC. Ocho de estas se encuentran detenidas en unidades del sistema penitenciario federal y provincial, mientras que otras están en libertad, bajo investigación o con antecedentes de expulsión o extradición.
En las fiscalías especializadas remarcan que no hay para ellos evidencia de ningún lazo concreto con miembros del PCC o bien con actividad de tráfico. En Santa Fe se ubicó en la cárcel de Las Flores a una mujer que había facilitado unas 400 tarjetas telefónicas a unos cuatro o cinco presos vinculados con el aludido Ríos.
Algo llamativo fue una pesquisa de una fuerza especial santafesina que detectó a un grupo de brasileños viviendo en el barrio cerrado Campo Timbó de Oliveros, a 45 kilómetros al norte de Rosario. Estos eran buzos tácticos profesionales. Se formó una causa penal y se decidieron seguimientos que los observados parecieron captar. Fue por eso, piensan los investigadores, que huyeron sin dejar rastros. Tenían vehículos y uno de ellos según lo indicado a LPO fue identificado.
Una fuerza especial santafesina que detectó a un grupo de brasileños viviendo en el barrio cerrado Campo Timbó de Oliveros, a 45 kilómetros al norte de Rosario. Estos eran buzos tácticos profesionales. Los grupos criminales utilizan la modalidad “rip-off” o “gancho ciego” para infiltrar cargas en buques, en especial de actividad agroexportadora.
El elemento distintivo en esto es la condición de buzos tácticos de los sospechosos. Los grupos criminales utilizan la modalidad “rip-off” o “gancho ciego” para infiltrar cargas en buques en especial de actividad agroexportadora donde se introducen paquetes en contenedores de los cuales se rompen bisagras y luego se sueldan.
Pero también se detectaron cargamentos de droga soldados en compartimentos al casco de los barcos. Para eso se utilizan buzos tanto para soldar en origen como romper en destino.
Esto es algo que se ha evidenciado en la zona portuaria del Gran Rosario. En mayo de 2022 frente a las costas de Australia se halló muerto a un hombre con un traje de buzo de alta tecnología, de nacionalidad brasileña, junto a un barco cerealero que tenía adosado un compartimento de metal con 50 kilos de cocaína. El buque había salido de la terminal portuaria de Renova en Timbúes, a 28 kilómetros de Rosario.
Fabio Rosa Carvalho, señalado como líder de la agrupación criminal Os Manos, detenido en Caballito.
En Misiones se advirtió a un joven que había estado detenido en Brasil, de apellido Taverna, que alegaba que iba a poner un gimnasio en Posadas con financiamiento del PCC.
La jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger tuvo en 2022 una investigación que hacía referencia sobre la ceremonia de iniciación como miembros del PCC en 26 presos de cárceles de la capital chaqueña y de Santa Fe basado en actividad de inteligencia de Brasil.
En Procunar también reseñaron el accionar del boliviano Jorge Adalid Granier, un hombre especializado en el tráfico áereo de cocaína, señalado por realizar contrabando de droga desde Matto Grosso do Sul y tener contactos con el PCC.
Agentes de Interpol detuvieron en el country Cardales al brasileño Elvis Riola de Andrade, a quien se sindica como miembro del PCC, con pedido de captura desde 2009 por el homicidio de un policía.
Granier está preso en la cárcel de Ezeiza. La DEA norteamericana indica que Granier recibió en su departamento de Barrio Norte, en Rodríguez Peña 1057, a Gilberto Aparecido Dos Santos, conocido como Fuminho, a quien la prestigiosa organización de periodismo Insight Crime señala como uno de los mayores líderes del tráfico brasileño, pero no de la cúpula oficial del PCC, que supervisa el traslado de cocaína y armas desde Bolivia y Paraguay hacia los estados de Brasil bajo control de la banda. Fue arrestado en Mozambique en abril de 2020. Ese mismo año lo condenaron a 26 años de prisión.
El año pasado agentes de Interpol detuvieron en el country Cardales al brasileño Elvis Riola de Andrade, a quien se sindica como miembro del PCC, con pedido de captura desde 2009 por el homicidio de un policía. La Policía Federal que lo seguía supo que tenía como asistente logístico en Argentina a Carlos Sergio Fiona que es un condenado por comercio de drogas.
El capo del PCC, Elvis Riola de Andrade, capturado en Cardales.
Las últimas pesquisas que tienen foco en el abastecimiento de droga en Rosario exponen que el patrón de suministro en los últimos años cambió. La cocaína y marihuana proceden de la zona del AMBA, en especial del conurbano, aunque hayan ingresado por la zona del litoral por la actividad aérea o terrestre. Fuentes de seguridad de Santa Fe indicaron a LPO que no se advierten vínculos concretos en la provincia de intercambio de actores locales con el PCC.
“Se examinan de modo minucioso todos los indicios en este sentido. Se lo hizo con personas aludidas en cárceles de la provincia. Se toma esto muy en serio. No surgieron datos indicativos de organizaciones locales ligadas al PCC más que apoyos eventuales muy difusos ligados a brasileños”, señalaron.
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“Te metiste con mi gente, ahora vas a ver. ¡Fuera el veto, los discas están primero!”. En Córdoba, Emi Ozan no necesita presentación: militante y autoridad disca de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD.HH., su voz arenga desde el micrófono frente a cientos de personas en la Plaza San Martín. Es una de las voces centrales en la jornada de paro y movilización, convocada por organizaciones de todo el país, para repudiar el veto del presidente Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Le siguen otros compañeros y compañeras que manifiestan el pedido de que los legisladores “se pongan las pilas”, comparten relatos personales, cantan y expresan emociones muy diversas. Se alternan con las voces de familiares, trabajadores y profesionales del campo de la discapacidad. La plaza principal de la capital de una provincia que hace casi dos años apoyó en un 74 por ciento la llegada al poder del gobierno libertario hoy está colmada de carteles que lo repudian.
Un día antes, el Gobierno había publicado en el Boletín Oficial el veto a la ley aprobada por el Congreso. Un grupo de organizaciones de todo el país le respondió con un comunicado colectivo: “Desoyendo las millones de voces no sólo del colectivo de personas con discapacidad, sino de toda la sociedad argentina, el gobierno plasma con su veto el sello de una política de la crueldad, maquillada con la falacia del equilibrio fiscal”. Es el capítulo más reciente de una vertiginosa agenda de reclamos que no es nueva, pero que adquirió una dimensión insólita a partir de la brutal avanzada libertaria.
Una respuesta a la política de la crueldad
La Ley de Emergencia surge como una respuesta de organizaciones de la sociedad civil —y luego acogida por la oposición en el Congreso— a la política de avasallamiento sobre los derechos de las personas con discapacidad y al ajuste inédito al sistema de prestaciones que impuso el Gobierno.
Uno de los primeros golpes de La Libertad Avanza fue la derogación del decreto que permitía la compatibilidad entre pensión por discapacidad y trabajo formal. Esta compatibilidad había sido celebrada como una conquista histórica de un colectivo de más de cuatro millones de personas que tiene a más del 75 por ciento de la población económicamente activa desocupada. Las oportunidades de empleo a las que acceden las personas con discapacidad suelen tener condiciones precarias: sueldos bajos e inestabilidad. El riesgo de la suspensión o pérdida de la pensión, que luego es muy difícil recuperar, ha sido siempre una barrera frente la lejana promesa de un empleo formal. En estas escenas sucede lo razonable: las personas con discapacidad y sus familias suelen optar por lo seguro. La compatibilidad, en cambio, funcionaba como un aspecto positivo. Sin el miedo a perder la pensión, las personas adquirían seguridad para transitar las oportunidades de empleo y proyectar el desarrollo laboral. Es decir, un apoyo en términos del modelo social de la discapacidad.
Esta temprana decisión fue parte de una serie de medidas que allanaron el camino para instalar la idea de hacer una auditoría, el eufemismo favorito del Gobierno. A una efectiva campaña mediática de desprestigio sobre la política de pensiones le siguió la modificación de la norma que reglamenta el acceso a las pensiones por discapacidad.Se reestablecieron los criterios que habían sido declarados inconstitucionales y sobre los cuales, en reiteradas oportunidades, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad había instado al Estado a modificarlos. Con esos nuevos (viejos) criterios inició la mentada auditoría. Organizaciones de todo el país han denunciado continuamente un mecanismo opaco y plagado de irregularidades: procedimientos inaccesibles, nulo respeto por el derecho a la información y a la defensa, confusiones y falacias al momento de publicar resultados. Las organizaciones manifestaron que el Estado debía controlar, pero mediante procedimientos transparentes y respetuosos de los derechos. Lo que llamaron auditoría fue en realidad un plan de recorte y una continua campaña de desprestigio hacia un Estado que garantiza derechos.
La Ley de Emergencia podría ponerle un freno a estos retrocesos. Las pensiones hoy llamadas “por invalidez laboral” tendrían un criterio de “Pensiones por Discapacidad para la protección social”. El cambio es sustancial: mientras en la actualidad las personas deben demostrar una incapacidad total hacia el trabajo para acceder a este derecho, con la Ley de Emergencia, “toda persona que cuente con Certificado Único de Discapacidad, y que esté en situación de vulnerabilidad social” podría acceder a la pensión. Y, a la vez, restituye la compatibilidad con el empleo formal con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Una muestra del carácter modesto de la Ley de Emergencia es que no modifica el monto magro de las pensiones: el 70 por ciento de una jubilación mínima. A la vez, la pensión también brinda acceso a la cobertura de salud. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el impacto entre el 0,22 y 0,42 % del PIB.
La Ley de Emergencia también contempla una reparación urgente a un sistema de atención que atraviesa una crisis terminal: aranceles desactualizados, instituciones colapsadas, profesionales migrando a otros rubros. La ley propone aumentos extraordinarios para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023 y una fórmula automática de actualización. Incluye, además, un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias y de seguridad social de prestadores. En síntesis, la ley busca reparar parcialmente un escenario de crisis transversal a todo el colectivo. Por ejemplo, en los talleres protegidos —espacios cooperativos de producción en rubros diversos como panificadoras, carpinterías o imprentas, donde muchas personas acceden a empleo— cada operario con discapacidad recibe 28 mil pesos por mes. La actualización de esta asignación estímulo que propone la Ley representa apenas el 0,0008 por ciento del PBI.
Crueldad disfrazada de equilibrio fiscal
En paralelo a las movilizaciones, nació una campaña con epicentro en Córdoba: “Córdoba defiende la Ley de Emergencia en Discapacidad”. Videos con testimonios de personas con discapacidad, familiares y trabajadores circularon por todo el país, articulado con otras provincias en un grito federal. Mercedes, mamá de Augusto, un niño de 12 años con autismo, lo dice con la bronca que todas las familias también sienten: “Las terapias se interrumpen, los profesionales cambian a otros trabajos por cuestiones económicas. En el recorrido educativo de mi hijo cambiamos siete veces de maestra integradora”.
Desde los micrófonos en las plazas, la respuesta al veto insiste: “Más allá de que la Oficina de Presupuesto del Congreso ya estimó que el costo de esta ley es ínfimo, no vamos a hablar de números. No es un tema de costos. La política en discapacidad no es un gasto. Es una obligación del Estado. La cuenta discapacidad no es responsable del déficit fiscal”.
Este paisaje de concentración se repitió en muchas ciudades del país. Pero en la movilización frente al Congreso Nacional la indignidad escaló a nuevos límites: se desplegó un burdo operativo que incluyó a la Policía Federal y la Gendarmería para controlar y amedrentar a personas con discapacidad que se movilizaban de forma pacífica. “Están pegando a gente en silla de ruedas, esto no lo vimos nunca en la historia argentina”, manifiesta una madre en una entrevista para la señal LN+. Antes había sintetizado con un dramatismo conmovedor el sentido de la jornada: “Me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela y sin sus terapias; que me vengan a pegar, no me importa, yo voy a defender los derechos de mi hijo. Todos importamos, no sólo la gente que tiene plata”. El video circuló por todo el país.
El comunicado de las organizaciones expresa los próximos pasos. “Ahora es el momento en que los legisladores tienen la posibilidad de ponerse a la altura con dignidad y sostener la vigencia de la ley lograda en el Congreso Nacional. El movimiento de la discapacidad los está viendo. Desde las plazas, en las redes, en los medios, sosteniéndonos entre todos, como podemos, pero más unidos que nunca”. Hoy, los bloques de la oposición convocaron a una sesión especial en la Cámara de Diputados, pero el veto a la Ley no está dentro del temario porque no tendrían los votos asegurados para voltearlo. Además, con o sin los números necesarios, se especula con que tratar el veto cerca de las elecciones puede significar un costo más alto para el Gobierno.
Estas son algunas de las marcas sociales de la irrupción de este movimiento en el que destacan las voces discas, las formas lisiadas de participación política, como gestos de estas movilizaciones, que transforman un reclamo sectorial en una disputa sobre la concepción misma de la discapacidad, como producción social.
En palabras de la militante disca Gianna Mastrolinardo, “los seres humanos somos seres interdependientes, necesitamos unes de otres, no sólo las personas con discapacidad, todos, todas, todes necesitamos de otres, lo que venimos a hacer desde el colectivo de personas con discapacidad es recordarle a la sociedad, una y otra vez, su humanidad”.
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