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La pelea de los libertarios por el control del partido en Río Negro enfrenta a la diputada Lorena Villaverde con Lule Menem, mano derecha de Karina Milei.

Villaverde es la presidenta de La Libertad Avanza en la provincia patagónica pero quedó muy cuestionada por su vinculación con el supuesto narco Fred Machado, una condición que le arruinó la carrera política a José Luis Espert.

La propia Villaverde se vio obligada a renunciar a la banca de senadora nacional que había ganado en octubre y se aferró a su banca de diputada, en la que tiene mandato hasta 2027.

Sin embargo, su rol como presidenta del partido local quedó seriamente cuestionado. Lule busca aprovechar esa situación para intervenirle el partido por medio del senador provincial Enzo Fullone.

Lorena Villaverde

En la última reunión del consejo de La Liberad Avanza de Río Negro, Fullone propuso un cambio en la conducción del partido local y empujó al farmacéutico Roberto Zgaib, para integrar el Tribunal Revisor de Cuentas. Ese es el ente que debe fiscalizar la legalidad y transparencia del manejo financiero del partido que conduce Karina a nivel nacional.

Su llegada se produce expresamente para correrla a Villaverde. El propio Zgaib dijo que a la diputada «hay que echarla a patadas» del partido junto al operador Julián Goinhex, que trabajó para Soria, Weretilneck, García Larraburu y ahora es libertario. A ambos los acusa de haber avalado la emisión de una factura trucha en la campaña por 73 millones de pesos. Con esa denuncia busca correrlos del partido.

En el sector de Villaverde, en tanto, objetan la llegada de Zgaib al Tribunal Revisor de Cuentas de La Libertad Avanza por incompatibilidades como vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro. Lo que cuestionan es que superpondría la función de controlar las finanzas del mismo partido de Gobierno nacional que decide sobre el pago de las deudas que el sector farmacéutico le reclama al PAMI, en donde Lule pisa fuerte.

«Quien controle las cuentas de un partido de gobierno no puede, al mismo tiempo, representar intereses comerciales que negocian y presionan a ese mismo gobierno», aseguran los detractores de Zgaib.

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 Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció que presentará ante la Asamblea Nacional una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la fecha, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

«Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», dijo Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia.

La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las próximas horas presenten la ley ante la AN, así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.

«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.

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Delcy pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».

Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos

A su vez, indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Cárcel del Helicoide, en Caracas.

Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última fue propuesta el martes pasado por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.

El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».

A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».

Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.

La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez  perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.

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En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.

En agosto de 2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó.