El Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras dejaron hoy oficialmente inauguradas dos obras emblemáticas de la actual gestión municipal: la Comisaría de la Familia y la renovada calle Libertad.
El traslado de la Comisaría de la Familia fue iniciado en los primeros meses del año por el Intendente ante la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor con el objetivo de brindar la atención en un espacio más acorde a esta problemática tan sensible. Fue así que se firmó el convenio respectivo mediante el cual el Poder Judicial cedió a la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de la provincia un inmueble para su funcionamiento: el que ocupaba el Juzgado de Garantías en Ingeniero Bonoli 91.
En ese lugar también funcionará una oficina de la SENAF. “Teníamos una Comisaría de la Familia alejada del radio céntrico, era una oficina muy chiquita, y realmente el personal policial ha hecho un trabajo muy importante durante mucho tiempo en un lugar muy reducido y precario”, precisó el Intendente.
Agregó que “hoy es un día para mí muy movilizante, Regina va cambiando y todo gracias a nuestra comunidad y a la relación estrecha que tenemos con la Gobernadora y todo su gabinete”.
“Esta comisaría atiende una problemática muy sensible en la sociedad, que es la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Hay que destacar la gestión del Intendente Orazi, porque todo esto surge a partir de su iniciativa y de toda la comunidad”, dijo por su parte Carreras.
Finalmente, también quedó habilitada oficialmente la calle Libertad, una obra financiada por el gobierno provincial con una inversión de $27,6 millones y que incluye la pavimentación, construcción de bicisenda, bulevar y moderna iluminación LED.
Esta calle, muy transitada y estratégicamente ubicada, presentaba, al asumir Orazi la Intendencia, un estado de deterioro importantísimo, por lo cual se convirtió en una de las primeras gestiones desarrolladas ante el gobierno provincial.
Entrega de aportes y escrituras
Por otro lado, el Intendente y la Gobernadora participaron del acto de entrega de 15 escrituras a familia que las esperaban desde hace años y que son producto de los planes de cancelación y puesta al día en las cuotas implementados por el IPPV. También se entregaron aportes y créditos correspondientes al programa ‘Emprendedor’ que lleva adelante la Agencia para el Desarrollo Económico Rionegrino CREAR.
El Consejo de Mayo empezó a circular el proyecto de Reforma Laboral que Javier Milei presentará formalmente en los próximos días, en una apuesta por reducir el poder de fuego de los sindicatos y fortalecer a los empresarios ante las viejas garantías de la Ley de Contrato de Trabajo. Fuentes al tanto de las conversaciones comentaron que la letra de la ley termina con la ultractividad y crea un Fondo de Asistencia Laboral para eludir el peso disuasorio de las indemnizaciones.
LPO accedió al texto que los miembros del consejo discutieron y que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicaría a los legisladores de La Libertad Avanza el 9 de diciembre, antes de que inicie su tratamiento parlamentario. La filtración se produjo después que la Casa Rosada le compartiera el PDF de la ley a Patricia Bullrich, por tener un lugar en la mesa política del gobierno pero, además, por ser la jefa del bloque libertario en el Senado.
Al cierre de esta nota, todavía era una incógnita si la ex ministra terminó reenviando inegnua e indiscriminadamente el documento por WhatsApp o si lo hizo a propósito. Igual que ante la revelación de LPO sobre el proyecto de Libertad Educativa, una situación que sacudió la modorra del Consejo de Mayo, Milei enfureció por la aparición de fragmentos de su «modernización laboral» hasta en Twitter.
Cuando se filtró el proyecto de Paolo Rocca y Carlos Torrendell, la senadora Carolina Losada llegó a transmitir ante la prensa el malestar que causó al interior del oficialismo y los miembros del consejo, integrado por ella misma en representación de la Cámara Alta, Cristian Ritondo por Diputados, Alfredo Cornejo por los gobernadores, Martín Rapallini por la UIA y Gerardo Martínez por la CGT.
El gobierno mantenía guardado el proyecto para no activar las alertas de los dirigentes gremiales y la oposición. Por esa razón, instruyó a sus diputados y senadores que no hablaran de lo que se conversaba en el Consejo de Mayo, pero Bullrich estropeó sus planes.
Como sea, el artículo 58 del proyecto establece la creación de «los Fondos de Asistencia Laboral, destinados exclusivamente a coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y pagos» contemplados en las reglamentaciones de «las indemnizaciones reparadoras de preaviso, integración y despido, previstas en los estatutos profesionales, por parte de los empleadores del Sector Privado».
Si bien se aclara que «este régimen no modifica, sustituye ni altera el régimen indemnizatorio vigente», el artículo 59 plantea que «cada empleador deberá conformar una cuenta como un patrimonio separado, de afectación específica, independiente e inembargable, en uno de los fondos administrados por una de las entidades habilitadas a tal fin por la Comisión Nacional de Valores, a elección del empleador».
Es una incógnita si Bullrich terminó reenviando inegnua e indiscriminadamente el proyecto por WhatsApp o si lo hizo a propósito. Igual que ante la revelación de LPO sobre el proyecto de Libertad Educativa, Milei enfureció por la aparición de fragmentos de su ‘modernización laboral’ hasta en Twitter.
El borrador del texto fija la contribución mensual obligatoria en un 3 por ciento de la masa salarial que se toman como «base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de cada trabajador».
Otro punto conflictivo del proyecto es el que busca la declaración de una serie de rubros como servicios esenciales, para limitar el derecho a huelga. El caso más sensible sería el de los docentes: el artículo 88 dice que «en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal». En el inciso «f» postula como servicio esencial «el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial».
Julio Cordero, secretario de Trabajo.
Para colmo, crea una comisión de garantías compuesta por 5 miembros «de reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, del derecho laboral o del derecho constitucional y destacada trayectoria», para «calificar como servicio esencial o servicio de importancia trascendental una actividad no incluida en las enumeraciones» contempladas en la norma.
Por otro lado, el Consejo de Mayo, donde paradójicamente tiene una silla el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, redactó el artículo 111 derogando la ultractividad. «Una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviere vencido, solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue», dice, y continúa: «El resto de las cláusulas (obligacionales) mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes». De esta manera, se caerían en la práctica todos los convenios.
Un convenio de ámbito menor, prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior.
Pero lo más alarmante para las centrales obreras es la primacía que otorgra el proyecto a los convenios de ámbito menor sobre los de ámbito mayor. Esto es lo que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió cuando se presentó en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y deslizó que sería mejor que hubiera convenios por región y por empresa. «Los convenios colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor», indica el artículo 114, mientras que el 115 agrega: «Un convenio de ámbito menor prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior».
El proyecto también apunta a limitar el desarrollo de asambleas en los espacios laborales. «En caso de celebrarse una asamblea dentro o fuera del establecimiento del empleador, deberá contarse con autorización previa», establece el artículo 117.
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El estruendo partió la noche de Ezeiza en dos. Spegazzini se quedó sin luz. Los vecinos contaron que las casas temblaron y que por unos segundos no se entendía si había explotado la central térmica o si algo había caído del aire.
La localización es precisa: el área industrial de Spegazzini, a pocos metros del polo químico y del predio donde opera la Central. El sonido, según relataron desde la localidad, rebotó en todo el distrito. «Fue como un trueno encerrado», describió un vecino.
Las primeras versiones se multiplicaron. Los primeros reportes mencionaron la posible caída de una avioneta. Hasta ahora no hay confirmación oficial de víctimas ni detalles sobre el origen de esa versión.
Otra línea de rumores apunta a una fábrica de pinturas ubicada dentro del mismo polo industrial. Según esa hipótesis, un siniestro químico habría desencadenado el estallido que luego se sintió en toda Spegazzini. En foros locales circulan fotos de una columna de humo, pero tampoco hubo parte oficial que ratifique esa explicación.
En el medio de las especulaciones aparece la central térmica. El complejo es operado por el Grupo Albanesi, uno de los jugadores históricos del negocio de generación eléctrica en la Argentina. La planta de Spegazzini aporta al sistema a través de motores de alta eficiencia, y su cercanía con el polo industrial la convierte en un nodo crítico. Por eso, cada ruido en la zona se convierte automáticamente en sospecha.
Albanesi no llega a este episodio en su mejor momento. La empresa atraviesa una crisis financiera profunda. LPO viene detallando la presión de sus vencimientos, la caída de flujo y las dificultades para refinanciar deuda.
Sobre este diagnóstico, un ex funcionario del área energética advirtió «Cuando una empresa que opera plantas críticas trabaja al límite de su caja, cada incidente se vuelve un problema político. Nadie quiere una central sin respaldo financiero».
En Spegazzini la pregunta es simple y brutal: ¿qué explotó? Hasta ahora nadie lo responde con claridad. Ni la versión de la avioneta ni la de la fábrica de pinturas está confirmada. Tampoco hubo comunicación formal sobre posibles fallas en la central. Solo se sabe que el ruido existió, que fue ultra potente y que puso en alerta a todo el distrito.
Al cierre de esta edición, se contabilizaban 21 heridos con quemaduras y los médicos reportan casos de intoxicación por inhalación de tóxicos.
El oficialismo está muy cerca de conseguir la mayoría necesaria para aprobar el presupuesto y la Ley Tarifaria. En el esquema entrarían el PRO, La Libertad Avanza, el radicalismo y el larrestismo.
Cerca del mediodía parecía que la sesión se caía. Hubo intentos por resucitarla: convocaron a labor parlamentaria a las 16, luego a las 18 y al final pasó para el jueves a las 9.30. Por eso está previsto que la Legislatura sesiones después de las 15.
«El problema no es el presupuesto en sí, hay cuestiones con otras leyes, como la del servicio penitenciario. No está claro si va a ser una agencia o qué», le dijo a LPO un legislador oficialista.
Los libertarios reclamaron bajas de impuestos como Ingresos Brutos. En ese apartado incluyen a los bancos. «Yo también quiero bajar impuestos, pero no desfinanciar al Estado», se indignó un opositor. Al parecer, no habría cambios en los impuestos que pagan las entidades financieras.
Si se confirma el acuerdo con los libertarios, la UCR, el larretismo y Ocaña, el oficialismo llegaría a 31 escaños. Una de las exigencias de los libertarios es que se vote solo el Presupuesto y la Tarifaria y no otros 300 proyectos que ya tienen despacho.
Al parecer el problema no es solo con el presupuesto en sí, sino que también entran en juego la pelea por las autoridades que comandarán el parlamento a partir del 10 de diciembre.
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