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La Comisaría de la Familia y la renovada calle Libertad, oficialmente inauguradas

El Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras dejaron hoy oficialmente inauguradas dos obras emblemáticas de la actual gestión municipal: la Comisaría de la Familia y la renovada calle Libertad.

El traslado de la Comisaría de la Familia fue iniciado en los primeros meses del año por el Intendente ante la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor con el objetivo de brindar la atención en un espacio más acorde a esta problemática tan sensible. Fue así que se firmó el convenio respectivo mediante el cual el Poder Judicial cedió a la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de la provincia un inmueble para su funcionamiento: el que ocupaba el Juzgado de Garantías en Ingeniero Bonoli 91.

En ese lugar también funcionará una oficina de la SENAF. “Teníamos una Comisaría de la Familia alejada del radio céntrico, era una oficina muy chiquita, y realmente el personal policial ha hecho un trabajo muy importante durante mucho tiempo en un lugar muy reducido y precario”, precisó el Intendente.

Agregó que “hoy es un día para mí muy movilizante, Regina va cambiando y todo gracias a nuestra comunidad y a la relación estrecha que tenemos con la Gobernadora y todo su gabinete”.

“Esta comisaría atiende una problemática muy sensible en la sociedad, que es la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Hay que destacar la gestión del Intendente Orazi, porque todo esto surge a partir de su iniciativa y de toda la comunidad”, dijo por su parte Carreras.

Finalmente, también quedó habilitada oficialmente la calle Libertad, una obra financiada por el gobierno provincial con una inversión de $27,6 millones y que incluye la pavimentación, construcción de bicisenda, bulevar y moderna iluminación LED.

Esta calle, muy transitada y estratégicamente ubicada, presentaba, al asumir Orazi la Intendencia, un estado de deterioro importantísimo, por lo cual se convirtió en una de las primeras gestiones desarrolladas ante el gobierno provincial.

Entrega de aportes y escrituras

Por otro lado, el Intendente y la Gobernadora participaron del acto de entrega de 15 escrituras a familia que las esperaban desde hace años y que son producto de los planes de cancelación y puesta al día en las cuotas implementados por el IPPV. También se entregaron aportes y créditos correspondientes al programa ‘Emprendedor’ que lleva adelante la Agencia para el Desarrollo Económico Rionegrino CREAR.

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  • Llaryora avisa que está cerca del «precipicio» por la suspensión de fondos nacionales para pagar las jubilaciones

     

    La Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió a ubicarse en el centro de la agenda política. Como ocurrió durante la gestión de Amado Boudou, cuando la Anses suspendió los giros de la Anses para cubrir el déficit previsional, la Provincia advierte que se encamina a un «precipicio» financiero.

    El proyecto de Presupuesto 2026 expuso con crudeza la magnitud del déficit previsional: el gasto total del sistema previsional provincial ascenderá a $ 2,63 billones, mientras los aportes y contribuciones de los activos sólo llegarán a $ 1,81 billones, es decir, un 69% del total. El rojo operativo proyectado trepa así a $ 821.292 millones. Son los números de 2026. También Córdoba reclama a la Nación una deuda incobrable de 1 billón de pesos.

    El cálculo incluye un dato clave: la Provincia prevé financiar con recursos propios al menos $ 417.292 millones, un 51% del déficit, debido a que la Nación no garantiza los giros que históricamente reconocían el desfasaje previsional de Córdoba tras la armonización de su sistema. En 2025, tras la intervención de la Corte Suprema, Nación comenzó a enviar $ 5.000 millones en 12 cuotas fijas. Pero ahora hasta esta cifra está en duda.

    Los técnicos de la Caja estiman que el monto necesario para sostener el sistema rondaría los $ 20.000 millones mensuales, cuatro veces más de lo comprometido por la Nación.

    En ese escenario, el legislador socialista aliado al PJ, Matías Chamorro, lanzó un globo de ensayo para meter pánico en los gremios estatales: presentó un proyecto para declarar la «Emergencia de la Caja de Jubilaciones».

    Así, el Gobierno apunta a garantizar que el grueso de los jubilados (el 85%) recupere el 82% a través de un adicional no remunerativo, pero aplicaría una cláusula de «solidaridad previsional» para los haberes más altos: quienes cobren más de $ 2,5 millones recibirían el excedente en Títulos de Cancelación Previsional, instrumentos transferibles con una tasa equivalente a la pasiva promedio. Es un golpe a los gremios más combativos -Luz y Fuerza y los municipales de la ciudad de Córdoba- y a los jueces.

    Pero quien llevó el relato al extremo fue Facundo Torres, presidente del bloque oficialista en la Legislatura: dijo que la Caja se encuentra «ante una situación crítica» y que, sin una intervención urgente, «ya se empieza a ver el precipicio».

    Torres defiende que se aumenten los aportes personales un 4%. La hipótesis es que se podría avanzar con esa medida sobre los municipales de la ciudad, Luz y Fuerza y bancarios. Ese parece ser un límite que está dispuesto a cobrar: se trata de empleados que por alto nivel de conflictividad que tienen sus reclamos, tienen mala imagen. Cuando era intendente de Córdoba, a Llaryora le fue bien en términos de imagen cuando confrontó con los municipales.

    En cambio, el Gobierno descarta medidas para ampliar los aportantes del sistema prolongando la vida activa de los 25 mil policías policías y de los 50 mil docentes, casi el 80 por cieno de la planta de personal.

    A diferencia de cuando José Manuel de la Sota decidió confrontar con Amado Boudou y Cristina Fernández por la suspensión de fondos para la Caja (crisis que derivó en la creación de la «tasa vial», en 2012), ahora Llaryora debe enfrentar al vencedor en Córdoba de las elecciones nacionales sin margen para crear un impuesto de guerra, como fue aquel que se cobró durante casi tres años en cada carga de combustible.

     

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