El Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras dejaron hoy oficialmente inauguradas dos obras emblemáticas de la actual gestión municipal: la Comisaría de la Familia y la renovada calle Libertad.
El traslado de la Comisaría de la Familia fue iniciado en los primeros meses del año por el Intendente ante la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor con el objetivo de brindar la atención en un espacio más acorde a esta problemática tan sensible. Fue así que se firmó el convenio respectivo mediante el cual el Poder Judicial cedió a la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de la provincia un inmueble para su funcionamiento: el que ocupaba el Juzgado de Garantías en Ingeniero Bonoli 91.
En ese lugar también funcionará una oficina de la SENAF. “Teníamos una Comisaría de la Familia alejada del radio céntrico, era una oficina muy chiquita, y realmente el personal policial ha hecho un trabajo muy importante durante mucho tiempo en un lugar muy reducido y precario”, precisó el Intendente.
Agregó que “hoy es un día para mí muy movilizante, Regina va cambiando y todo gracias a nuestra comunidad y a la relación estrecha que tenemos con la Gobernadora y todo su gabinete”.
“Esta comisaría atiende una problemática muy sensible en la sociedad, que es la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Hay que destacar la gestión del Intendente Orazi, porque todo esto surge a partir de su iniciativa y de toda la comunidad”, dijo por su parte Carreras.
Finalmente, también quedó habilitada oficialmente la calle Libertad, una obra financiada por el gobierno provincial con una inversión de $27,6 millones y que incluye la pavimentación, construcción de bicisenda, bulevar y moderna iluminación LED.
Esta calle, muy transitada y estratégicamente ubicada, presentaba, al asumir Orazi la Intendencia, un estado de deterioro importantísimo, por lo cual se convirtió en una de las primeras gestiones desarrolladas ante el gobierno provincial.
Entrega de aportes y escrituras
Por otro lado, el Intendente y la Gobernadora participaron del acto de entrega de 15 escrituras a familia que las esperaban desde hace años y que son producto de los planes de cancelación y puesta al día en las cuotas implementados por el IPPV. También se entregaron aportes y créditos correspondientes al programa ‘Emprendedor’ que lleva adelante la Agencia para el Desarrollo Económico Rionegrino CREAR.
Raramente la Filosofía habló a través de la fragilidad del filósofo o la filósofa. A la inversa, su nombre nos ha conducido hacia el amor por la sabiduría (filo-sofía), casi de una manera desinteresada o puramente abstracta. Pero nuestras vidas penden de un hilo, y si nos ocurrió una catástrofe, una pérdida, un accidente o…
En las principales aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) hablan de un colapso inminente del sistema y apuntan a la maquinaria de juicios laborales que superan los 130 mil por año.
Las ART, que cubren a más de 10 millones de trabajadores en todo el país, denuncian un abuso de los peritos judiciales que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales.
En las ART advierten que el Poder Judicial no hace cumplir una ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017, que creó los Cuerpos Médicos Forenses (CMF). Estos cuerpos no fueron aplicados ni en la Ciudad ni en la provincia de Buenos Aires, que concentran alrededor del 80% de los juicios laborales del país.
«Los peritos son externos, actúan sin control y sus honorarios están ligados al resultado del juicio», denunciaron desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Si se aplicara la ley, los peritos serían seleccionados por concurso, y recibirían un sueldo, es decir que los honorarios no se cobrarían en proporción al valor del juicio, lo que para las ART desemboca en sentencias multimillonarias que hacen el sistema inviable.
Desde una de las ART líderes dijeron a LPO que hay juicios que superan los 300 millones de pesos por una lesión lumbar. En ese sentido, hablan irónicamente de la epidemia de la lumbalgia. «Es el accidente más común que encuentran los abogados», dijeron.
Entre las aseguradoras advierten que la industria del juicio terminará atentando contra la generación de empleo, puesto que si las ART colapsan serán los empleadores quienes se tengan que hacer cargo del pago de las indemnizaciones.
Desde una de las ART líderes dijeron a LPO que hay juicios que superan los 300 millones de pesos por una lesión lumbar
La Uart, que es la cámara de la ART, advirtió que la intervención sin control de los peritos judiciales está haciendo colapsar al sistema. «Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, está haciendo colapsar al sistema de ART y atenta contra la generación de empleo formal en el país», aseguró Mara Bettiol, titular de la UART.
Argentina registra uno de los índices más altos de litigios por riesgos del trabajo, con una tasa de judicialidad que es 15 veces la de España y 21 veces la de Chile, a pesar de tener mayores prestaciones y una accidentabilidad similar. «Es paradójico que, mientras los fallecimientos en el trabajo se redujeron 80% y los accidentes un 55%, la litigiosidad crece exponencialmente, proyectándose más de 130 mil juicios en 2025», dicen en la cámara.
Este año algunas de las ART más importantes se tuvieron que capitalizar por medio de los accionistas. Las aseguradoras de peso tienen otras unidades de negocios como sucede con Prevención ART, una de las líderes en el ránking en volumen de primas, que pertenece al Grupo Sancor Seguros. Experta ART, otra de las grandes, pertenece al Grupo Werthein.
Tras salvar a la ART este año, los accionistas de ese grupo ya avisaron que el año que viene no volverán a capitalizarla. En esa situación ya está Galeno, que en los últimos meses inició un proceso de liquidación y podría dejar a más de 400 trabajadores en la calle.
Entre las ART no ven con entusiasmo la reforma laboral que impulsa el gobierno porque creen que el sistema seguirá en la misma situación si no se hace cumplir la ley de 2017. «Para impulsar la formalización del empleo, la reforma laboral debe incluir medidas que terminen con el flagelo de juicios por riesgos del trabajo», dijeron en la cámara de ART.
Desde una de las ART líderes se contactaron con Federico Sturzenegger y decidieron abortar las negociaciones cuando advirtieron que le habían dado la idea al ministro para desregular también a las ART y quitar su obligatoriedad.
La Legislatura de la Ciudad aprobó dejar sin efecto durante el primer semestre de 2026 la obligación de pago del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido, Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros a hoteles y restaurantes.
La iniciativa, impulsada por el legislador Matías Lammens, busca «dar alivio al sector turístico, cuya recuperación puede generar un impacto transversal en un amplio conjunto de sectores del sistema productivo y laboral».
«El modelo económico nacional ya produjo en la Ciudad el cierre de 2500 empresas y la destrucción de 14 mil puestos de trabajo. En ese contexto de desastre para las PyMEs porteñas, el Turismo, una de las principales actividades económicas de la Ciudad, se viene derrumbando desde hace dos años», dijo Lammens.
En su intervención, también mencionó que el turismo internacional registra una caída interanual del 18% en territorio porteño en 2025. «Esta iniciativa no resuelve el fondo de la crisis pero va a generar un alivio imprescindible para el sector» sostuvo el ex ministro de turismo.
Y agregó: «Esperamos que el gobierno nacional deje de mirar para otro lado y también brinde algún tipo de apoyo concreto y material a esta actividad que genera un millón de puestos de trabajo en todo el país y es clave para la economía nacional».
La actividad en restaurantes tradicionales en la Ciudad reflejó una retracción muy importante: el índice de volumen físico (que remite a la cantidad de cubiertos vendidos) promedió 161,3 puntos entre enero y agosto, con una caída del 2,1% frente al año anterior y un retroceso del 15,1% en relación con 2023.
Este beneficio surge como respuesta al contexto crítico que atraviesa el turismo en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el primer semestre del 2025, las pernoctaciones alcanzaron un total de 3.998.701, lo que representa una caída del 6,3% respecto al mismo período de 2024 y una potente disminución acumulada del 19,7% en comparación con 2023. En cuanto a la tasa de ocupación de plazas, el promedio semestral se ubicó en 41,4%, registrando una baja del 5,9% interanual y una contracción del 18,8% respecto a 2023.
Por su parte, la actividad en restaurantes tradicionales en la Ciudad también reflejó una retracción muy importante: el índice de volumen físico (que remite a la cantidad de cubiertos vendidos) promedió 161,3 puntos entre enero y agosto, con una caída del 2,1% frente al año anterior y un retroceso del 15,1% en relación con 2023.
La iniciativa de exención del ABL incluye a servicios de restaurantes y cantinas con y sin espectáculo; de expendio de bebidas en bares; de expendio de comidas y bebidas en establecimiento con servicio de mesa y/o en mostrador; de expendio de helados; de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen o no servicio de restaurante al público, según se detalla.
Con el Decreto 812/2025, Milei terminó de desmantelar al Instituto Nacional de la Yerba Mate y liberó el mercado en favor de los grandes molinos. El resultado llegó en horas: más de un centenar de productores misioneros suspendieron la zafra de verano ante precios de ruina, pagos a cuatro meses y un escenario de quiebra generalizada. La economía regional más emblemática del NEA entra en zona roja mientras crece la venta de chacras y la concentración avanza sin freno.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
El decreto que dinamitó el equilibrio
El Gobierno publicó hace unos días en el Boletín Oficial el Decreto 812/2025, una norma presentada bajo el rótulo de “modernización”, pero que en los hechos le quita al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) todas sus facultades regulatorias: precios, cupos de plantación, ordenamiento de oferta, mecanismos de transparencia y controles económicos.
El artículo reemplazado del Decreto 1240/2002 establece que el INYM no podrá dictar ninguna norma que “distorsione la oferta y la demanda”, lo que en criollo implica:
El organismo no podrá fijar el precio de la hoja verde ni de la yerba canchada.
Desaparecen los precios mínimos, única defensa histórica contra los valores de ruina impuestos por los grandes molinos.
Los productores pequeños pierden toda herramienta de negociación, quedando a merced de un mercado ya concentrado.
La desregulación hizo impacto: los yerbateros suspenden la zafra
La reacción llegó rápido y con una contundencia que no se veía en años. Más de 100 pequeños y medianos productores de Misiones resolvieron suspender el inicio de la zafra de verano, prevista para diciembre.
La decisión surgió en una multitudinaria asamblea en Campo Grande, donde el diagnóstico fue unánime: con los precios actuales no se puede cosechar sin perder plata.
Hoy:
El kilo de hoja verde se paga alrededor de $285.
Los costos de producción rondan los $425 por kilo.
Los pagos se están realizando a 60, 90 y hasta 120 días.
Y la quita del precio mínimo del INYM arrastra los valores aún más abajo.
Los chacareros afirman que esa baja no se traslada a góndola, donde los precios siguen subiendo. Es decir: pierden ellos, gana la industria.
“Nunca vimos tantas chacras en venta”
La productora misionera Luisa Fleitas, en diálogo con Radio Provincia de Misiones, sintetizó el drama de la región con una frase que recorrió toda la provincia: “Nunca se vio tantas chacras en venta. No queremos que grandes corporaciones nos saquen de nuestras tierras. La yerba es nuestra identidad”.
Fleitas describió la medida de Milei como “un jaque mate para las familias productoras” y cuestionó el cinismo del discurso libertario: “Es fácil hablar de libre mercado sin conocer cómo se trabaja día a día”.
La concentración que viene (o que ya llegó)
La cadena yerbatera está compuesta por:
Más de 12.000 pequeños productores.
Cooperativas y secaderos medianos.
Y unos pocos molinos que concentran buena parte del mercado.
Con la desregulación total:
Los pequeños pierden poder de negociación.
Los molinos imponen precios por debajo del costo real.
La concentración se acelera, replicando lo ocurrido en los 90.
La economía regional se descapitaliza a pasos agigantados.
El INYM nació justamente para evitar este escenario después del colapso de esa década. El decreto de Milei retrocede 20 años de protección pública.
¿Bajará el precio para los consumidores? La historia dice que no
Pese al argumento oficial de “competencia”, la experiencia histórica del mercado yerbatero es clara:
Cuando baja el precio que recibe el productor, el paquete de yerba no baja.
Cuando aumenta la concentración, el precio en góndola sube.
En los 90, con desregulación total, la hoja verde se pagaba miseria y el paquete aumentaba igual.
La yerba es un producto cultural y oligopólico: sin reglas, no hay competencia posible.
Un INYM reducido a un sello administrativo
El decreto obliga al organismo a revisar y derogar en 30 días cualquier norma que contradiga el nuevo esquema. En un mes, el INYM quedará reducido a:
Certificaciones de calidad.
Registros.
Funciones técnicas de bajo impacto.
En otras palabras: un cascarón vacío incapaz de equilibrar la cadena.
Las economías regionales en alerta roja
La yerba mate sostiene a miles de familias de Misiones y Corrientes. Sin un precio justo ni regulación estatal:
Se debilita la economía familiar.
Crece la venta de chacras.
Avanzan los grandes grupos económicos.
Se paraliza el comercio local por falta de circulante.
Y aumentan las deudas y los pagos rechazados.
La Asociación Misionera de Productores de Yerba Mate convocó a una reunión urgente para el jueves 27 en San Vicente, donde se prevén nuevas medidas ante lo que califican como un momento “insostenible”.
El ataque al INYM no empezó hoy
El sector ya venía golpeado desde el mega DNU de diciembre de 2023, que intervino el INYM y le quitó por primera vez la potestad de fijar precios. El nuevo decreto, firmado por Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, culmina ese proceso: prohíbe al instituto cualquier acción que afecte valores de mercado.
La zafra suspendida es apenas el primer síntoma de un terremoto productivo que recién empieza.
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«Nos reuniremos con Sand cuando regrese de Corrientes -donde está cumpliendo con la cuarentena por la pandemia de coronavirus- para explicarle porqué se le ofrecen seis meses más de contrato y no hasta diciembre de 2021 como quiere él», señaló Russo en diálogo con Télam. «Conversé con (su representante Juan Cruz) Oller para acordar un…
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