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La Comisaría de la Familia y la renovada calle Libertad, oficialmente inauguradas

El Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras dejaron hoy oficialmente inauguradas dos obras emblemáticas de la actual gestión municipal: la Comisaría de la Familia y la renovada calle Libertad.

El traslado de la Comisaría de la Familia fue iniciado en los primeros meses del año por el Intendente ante la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor con el objetivo de brindar la atención en un espacio más acorde a esta problemática tan sensible. Fue así que se firmó el convenio respectivo mediante el cual el Poder Judicial cedió a la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de la provincia un inmueble para su funcionamiento: el que ocupaba el Juzgado de Garantías en Ingeniero Bonoli 91.

En ese lugar también funcionará una oficina de la SENAF. “Teníamos una Comisaría de la Familia alejada del radio céntrico, era una oficina muy chiquita, y realmente el personal policial ha hecho un trabajo muy importante durante mucho tiempo en un lugar muy reducido y precario”, precisó el Intendente.

Agregó que “hoy es un día para mí muy movilizante, Regina va cambiando y todo gracias a nuestra comunidad y a la relación estrecha que tenemos con la Gobernadora y todo su gabinete”.

“Esta comisaría atiende una problemática muy sensible en la sociedad, que es la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Hay que destacar la gestión del Intendente Orazi, porque todo esto surge a partir de su iniciativa y de toda la comunidad”, dijo por su parte Carreras.

Finalmente, también quedó habilitada oficialmente la calle Libertad, una obra financiada por el gobierno provincial con una inversión de $27,6 millones y que incluye la pavimentación, construcción de bicisenda, bulevar y moderna iluminación LED.

Esta calle, muy transitada y estratégicamente ubicada, presentaba, al asumir Orazi la Intendencia, un estado de deterioro importantísimo, por lo cual se convirtió en una de las primeras gestiones desarrolladas ante el gobierno provincial.

Entrega de aportes y escrituras

Por otro lado, el Intendente y la Gobernadora participaron del acto de entrega de 15 escrituras a familia que las esperaban desde hace años y que son producto de los planes de cancelación y puesta al día en las cuotas implementados por el IPPV. También se entregaron aportes y créditos correspondientes al programa ‘Emprendedor’ que lleva adelante la Agencia para el Desarrollo Económico Rionegrino CREAR.

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    A poco más de dos semanas de que comience el período ordinario de la Legislatura cordobesa, el próximo 1° de febrero, existe una discusión aún solapada, pero en la que entran diversos actores con sus respectivos intereses: la modificación de la ley provincial 8435 que garantice la estabilidad laboral de los jueces de paz en los juzgados del interior cordobés.

    Es decir, que se asegure el carácter de vitalicio o la inamovilidad para el cargo y no tener que renovar su mandato cada cinco años y por concurso como ocurre actualmente. O, en su defecto, que los cargos estén atados únicamente a cuestiones de conductas que deban evaluar desde el Tribunal Superior de Justicia.

    Reclamo y expectativa de los titulares de los juzgados de paz que choca de manera directa con los intereses y la realidad de los intendentes que, desde las gestiones del exgobernador Juan Schiaretti se quedaron sin reelección eterna y en 2023, cuando se amagó con una presión por parte de los alcaldes con el argumento de las consecuencias de la pandemia en sus últimos mandatos, el exmandatario coqueteó con una marcha atrás que luego no se concretó.

    Por lo que hoy, en todos los pueblos del interior cordobés, y más aún en aquellos por donde están distribuidos los 310 juzgados de paz se vive una relación tensa entre los magistrados y los intendentes.

    Llaryora lanza una ofensiva contra los estatales: «Los vamos a limar desde las bases» 

    Fricción de la que está al tanto Llaryora, porque hace algunas semanas se lo trasladaron en una recorrida por Miramar, donde el mandatario dijo acerca del tema que «va a haber noticias»; y pedido que también sigue de cerca el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No sólo por el lobby que los jueces de paz empezaron hace un tiempo con el recientemente electo presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín; sino porque con él también tiene diálogo Guillermo Vega, el entrerriano que lidera la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz).

    En la Unicameral anterior, durante la última gestión de Schiaretti, se avanzó con la posibilidad de esta modificación a la ley provincial y hubo un proyecto de los legisladores oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco que tomó estado parlamentario sobre el final del 2023, aunque luego no se discutió en el recinto.

    Ninguno de los dos legisladores continúa en la Cámara y ahora los jueces de paz van por otros viguistas como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi para intentar reflotar la discusión antes del Mundial. «Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno», sintetizó a LPO una persona al tanto de las conversaciones.

    Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno

    En Córdoba, todos creen que Llaryora fijará la fecha de la elección en el primer cuatrimestre del 2027, bien lejos del escenario nacional con lo cual, después de la cita mundialista se van a acelerar los tiempos de todo el arco político mediterráneo. Y en esa inercia temen quedar enredados con su reclamo los jueces de paz.

    Sin olvidar que la relación entre ellos y los intendentes suele tener fricciones. «Hay de todo: algunos que inquietan, otros que decididamente hacen política y muchos que están 24/7 y con una guardia permanente. Porque no hay que olvidarse que intervienen no sólo en cuestiones institucionales, sino también en aspectos más complejos. Sobre todo, en el proceso electoral completo cuando la fecha de la elección local no va pegada a los comicios provinciales», dicen.

    El presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín, con Llaryora 

    El recorrido del reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo que implica el juego de necesidades políticas y electorales.

    Por ello, las conversaciones, aunque con menos expectativa, también se llevan adelante con un sector de la oposición en la Legislatura. Hay diálogos con el radicalismo que pone el foco en el accionar de algunos jueces de paz del norte cordobés a los que los parlamentarios tildan de «poco prolijos» como para darles el beneficio del cargo vitalicio.

    «Esa es la más simple: si alguien actúa mal deberá accionar el TSJ y sacarlo. No es tan difícil», señaló una fuente a este sitio.

    Lo concreto es que la modificación por el artículo de «estabilidad laboral» en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones. 

     

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    En materia de comercio exterior, las terminales exportaron 19.908 vehículos en diciembre. Eso representó una baja del 36% respecto de noviembre y del 25% en la comparación interanual. En tanto, el volumen acumulado de exportaciones entre enero y diciembre fue de 280.589 unidades, 10% menos que en 2024.

    Respecto de las ventas mayoristas, el informe de ADEFA sostiene que el sector comercializó a su red de concesionarios 51.355 unidades, 45% más si se compara con las entregas de noviembre y 3,8% más si la comparación es con diciembre del año pasado.

    El gobierno de Kicillof denuncia que los datos de capacidad instalada son peores que en la pandemia

    En 12 meses, las automotrices colocaron en sus redes un total de 586.625 unidades, lo que arrojó un crecimiento de 42,6% respecto de las 411.406 unidades que se comercializaron en el mismo período de 2024.

    «El balance del 2025 es mixto. Por un lado, el sector mostró un desempeño muy superior al promedio de la industria manufacturera, con un crecimiento en ventas mayoristas (+42,6%) y minoritas (patentamientos) cercano al 50% interanual», explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

    «Ese dinamismo que se dio en lo comercial no se sostuvo en lo industrial como habíamos previsto en el inicio del año, principalmente por el proceso de cambio y transformación, que se dio en las líneas de producción para el lanzamiento de nuevos modelos y otros que se encuentran en proceso», completó el directivo.

    Es imprescindible continuar trabajando a nivel cadena de valor para reducir la carga impositiva, sobre todo considerando que varios países con los cuales competimos exportan sin impuestos.

    Pérez Graziano planteó que el gran desafío está en la mejora continua de la competitividad. «Teniendo en cuenta el perfil netamente exportador del sector, el gran desafío que tenemos por delante es la mejora de la competitividad exportadora. Para ello, es imprescindible continuar trabajando a nivel cadena de valor junto con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales para reducir la carga impositiva que se exporta en un vehículo, sobre todo considerando que varios países con los cuales competimos exportan sin impuestos», destacó.

    «La industria automotriz tiene todo para volver a crecer en producción y exportaciones, generar más empleo y aportar más recaudación y divisas», dijo el titular de la entidad y agregó que «hoy lo más importante es la dirección que estamos tomando para que el crecimiento sea sustentable. La clave es la previsibilidad. El sector automotor sigue invirtiendo y hoy vemos proyectos concretos y nuevos lanzamientos. Si logramos consolidar esta agenda, el potencial del sector continuará por la senda del crecimiento».

     

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  • El hermano de Delcy muestra poder interno y anuncia la liberación de presos políticos en Venezuela

     

    El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de «un número importante de personas», en alusión a presos políticos nacionales y extranjeros, desde el mismo momento de sus declaraciones en el Palacio Federal Legislativo.

    «Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica en búsqueda de la prosperidad», expresó Rodríguez en una demostración de poder interno que desafía a Diosdado, funcionario a cargo del sistema de detención del régimen chavista. 

    El hermano de la presidenta interina dijo que en las próximas horas se procederá a la liberación de un número importante de personas privadas de libertad de varias nacionalidades. Sin embargo, no habló de publicación de listas ni si se trataban de excarcelaciones o liberaciones plenas, tampoco de cuáles de centros de reclusión.

    «Es normal que Delcy y el chavismo sigan en el poder, es parte de una transición»

    Rodríguez aclaró que no están en conversaciones con «sectores extremistas» y que solo tienen contacto con quienes reconocen la institucionalidad venezolana. 

    Esto es un gesto a los sectores de la oposición que representan Henrique Capriles o Tomás Guanipa, que acaban de asumir como diputados y vienen levantando la agenda de la liberación de presos desde el primer momento. 

    Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica en búsqueda de la prosperidad

    De esta forma, excluye al sector de María Corina Machado que no está en territorio venezolano y no reconoce a la Asamblea Nacional que juramentó esta semana. 

     «No creo que el acuerdo de Trump con Delcy pase por una entrega del poder a Edmundo, a lo sumo nuevas elecciones»

    A su vez, recalcó que las liberaciones son un «gesto unilateral» de Miraflores que es apoyado por el Parlamento Nacional con forma de aclarar que no es una decisión de Estados Unidos.

    De acuerdo con la ONG Foro Penal hasta el 5 de enero, existen 806 presos políticos enVenezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente que la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) cerraría sus puertas, en alusión al Helicoide, sin embargo, Foro Penal ha señalado que no se han producido movimientos en dicho recinto a favor de los privados de libertad por motivos políticos.

     

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