El Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras dejaron hoy oficialmente inauguradas dos obras emblemáticas de la actual gestión municipal: la Comisaría de la Familia y la renovada calle Libertad.
El traslado de la Comisaría de la Familia fue iniciado en los primeros meses del año por el Intendente ante la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor con el objetivo de brindar la atención en un espacio más acorde a esta problemática tan sensible. Fue así que se firmó el convenio respectivo mediante el cual el Poder Judicial cedió a la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de la provincia un inmueble para su funcionamiento: el que ocupaba el Juzgado de Garantías en Ingeniero Bonoli 91.
En ese lugar también funcionará una oficina de la SENAF. “Teníamos una Comisaría de la Familia alejada del radio céntrico, era una oficina muy chiquita, y realmente el personal policial ha hecho un trabajo muy importante durante mucho tiempo en un lugar muy reducido y precario”, precisó el Intendente.
Agregó que “hoy es un día para mí muy movilizante, Regina va cambiando y todo gracias a nuestra comunidad y a la relación estrecha que tenemos con la Gobernadora y todo su gabinete”.
“Esta comisaría atiende una problemática muy sensible en la sociedad, que es la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Hay que destacar la gestión del Intendente Orazi, porque todo esto surge a partir de su iniciativa y de toda la comunidad”, dijo por su parte Carreras.
Finalmente, también quedó habilitada oficialmente la calle Libertad, una obra financiada por el gobierno provincial con una inversión de $27,6 millones y que incluye la pavimentación, construcción de bicisenda, bulevar y moderna iluminación LED.
Esta calle, muy transitada y estratégicamente ubicada, presentaba, al asumir Orazi la Intendencia, un estado de deterioro importantísimo, por lo cual se convirtió en una de las primeras gestiones desarrolladas ante el gobierno provincial.
Entrega de aportes y escrituras
Por otro lado, el Intendente y la Gobernadora participaron del acto de entrega de 15 escrituras a familia que las esperaban desde hace años y que son producto de los planes de cancelación y puesta al día en las cuotas implementados por el IPPV. También se entregaron aportes y créditos correspondientes al programa ‘Emprendedor’ que lleva adelante la Agencia para el Desarrollo Económico Rionegrino CREAR.
El equipo económico quiere usar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para mover la economía. La implementación de la idea es incipiente, pero ya abrió otro conflicto en el gabinete: la ministra Sandra Pettovello que tomó el control del organismo, enfrenta cuestionamientos.
«Hay ruido con la Anses, hay ruido con Pettovello», reconoció un diputado libertario al tanto de las discusiones del equipo económico, que como reveló LPO, está preocupado por reactivar la economía.
El razonamiento es pragmático. Sin margen fiscal y con un mercado financiero todavía chico, el FGS aparece como uno de los pocos lugares con volumen para mover la economía real., por ejemplo, con créditos a tasas subsidiadas.
No sería la primera vez. La idea con aroma kirchnerista tiene antecedentes que van desde la Tarjeta Argenta de 2012 para jubilados, hasta su reconversión en préstamos en efectivo en 2017, cuando el dinero empezó a acreditarse en cuentas bancarias. Después vinieron los Créditos Anses, con montos más altos y plazos más largos. La pandemia frenó ese circuito y recién en 2021 se reactivó de forma más acotada.
El punto de quiebre fue 2023. En plena campaña, bajo la conducción de Sergio Massa, el crédito desde Anses se expandió de manera masiva. Se ampliaron montos, se bajaron tasas y se incorporaron trabajadores formales con líneas específicas. Los préstamos llegaron hasta un millón de pesos para asalariados y 600 mil para jubilados. Fue una política explícita de estímulo al consumo en clave electoral. Ese movimiento quedó instalado como parte del llamado «plan platita».
En plena campaña, bajo la conducción de Sergio Massa, el crédito desde Anses se expandió de manera masiva. Se ampliaron montos, se bajaron tasas y se incorporaron trabajadores formales con líneas específicas. Fue una política explícita de estímulo al consumo en clave electoral. Ese movimiento quedó instalado como parte del llamado «plan platita».
Ese antecedente explica por qué hoy todas las miradas apuntan a Sandra Pettovello. Bajo su órbita quedó la Anses que dirige Guillermo Arancibia, un técnico serio pero con margen acotado. Pettovello le restringió la comunicación con la prensa y supervisa cada una de sus decisiones.
Ahí aparece la tensión. La ministra tiene la llave del FGS. El recuerdo del uso electoral de esa herramienta pesa. En el oficialismo saben que abrir esa caja implica moverse en un terreno incómodo, donde la necesidad económica choca con el relato político.
Entre las opciones también se analiza utilizar parte de los fondos del FGS para dar créditos hipotecarios, una manera de mover la construcción, hoy entre los sectores hundidos. Pero hay un problema legal. El Decreto 1039 modificó la ley previsional y le quitó al FGS la posibilidad de otorgar préstamos directos. Se eliminaron los incisos que habilitaban invertir en hipotecas y financiar beneficiarios. También se cerró la puerta a créditos subsidiados. El argumento oficial fue preservar la rentabilidad del fondo y dejar el crédito en manos del sector privado.
El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para que la Anses financie la deuda de las familias.
Esa restricción obliga a buscar alternativas. Una de las que circula es el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas del diputado peronista Guillermo Michel. El proyecto plantea usar el FGS para refinanciar deudas de tarjetas y prestamistas. Habla de préstamos de hasta 1,5 millones de pesos, con cuotas atadas a la tasa Tamar y un límite del 30% del ingreso. Convertir el proyecto en ley habilitaría a usar al FGS para aliviar la situación de mora de las familias y liberar capacidad de consumo.
Mientras tanto, la actual conducción de la Anses tomó un camino distinto, que incluso contradice el relato libertario. Mientras el discurso oficial planteaba reducir la presencia estatal en empresas, los números muestran lo contrario. El FGS aumentó su participación en varias compañías, en algunos casos mas que duplicando su posición, como reveló la periodista Florencia Donovan en su columna de este sábado en La Nación.
Los datos surgen de las presentaciones de las empresas que cotizan en Wall Street. Galicia informó que la Anses pasó de tener el 16,8% a 22,5% del grupo. La participación estatal en Loma Negra saltó de 5,33% a 9,2%. TGS pasó de 24% a 25,33%. En YPF la tenencia de acciones paso del 1,46% a 8% del paquete que está en manos del mercado. En Banco Macro avanzó de 28,8% a 29,75%. Y en Byma trepó de 3,34% a 8%.
En el mercado, esa dinámica se lee con doble lente. Por un lado, algunos operadores destacan que el FGS está comprando acciones a precios que consideran bajos. Una señal alcista para el Merval. Por otro, advierten un riesgo político: las empresas buscan recomprar esas participaciones para evitar que, en un eventual cambio de signo político, el Estado gane influencia en sus directorios. «Señal mixta», apuntó a LPO un analista del mercado, «bullish por valuaciones, más ruido por gobernanza» completó.
La maquinización del brazo Aña Cuá se consolida como uno de los proyectos clave para incrementar la generación del Complejo Hidroeléctrico Yacyretá, con un aporte estimado de 270 megavatios (MW) adicionales de potencia instalada, equivalente a cerca del 10% de su capacidad actual.
En un contexto de crecimiento de la demanda eléctrica, esta ampliación permitirá incorporar energía renovable, firme y de base al sistema argentino, fortaleciendo la seguridad del abastecimiento y reduciendo la necesidad de generación térmica.
Desde la reactivación del proyecto, las obras avanzan sobre distintos frentes de trabajo vinculados a la infraestructura principal de la futura central. Actualmente se desarrollan tareas de movimiento de suelos para la construcción de presas de cierre, trabajos de hormigón armado -que incluyen doblado de armaduras, encofrado y colado- y el enrocado de presas. Paralelamente, comenzaron las intervenciones preliminares necesarias para la futura remoción de la presa existente en el área de obra.
A su vez, se llevan adelante trabajos de mayor precisión técnica, entre ellos perforaciones para inyecciones de impermeabilización, colocación de instrumentos de auscultación y tareas preparatorias para el inicio de las pantallas altas de hormigón plástico, fundamentales para la seguridad y estabilidad de la estructura.
Actualmente, Yacyretá produce alrededor de 19.000 GWh anuales y representa uno de los principales activos de generación del país. La incorporación de Aña Cuá no sólo incrementará la potencia disponible, sino que mejorará el aprovechamiento integral del recurso hídrico, utilizando un caudal que hoy no se destina a generación.
El proyecto contempla la instalación de tres turbinas tipo Kaplan y la construcción de una nueva central sobre el brazo Aña Cuá del río Paraná. A diferencia de otros desarrollos hidroeléctricos, esta obra no requiere una nueva represa ni la modificación del nivel del embalse, ya que se basa en el uso del denominado caudal ecológico liberado por el vertedero.
Asimismo, el desarrollo incluye un sistema de transferencia de peces especialmente diseñado para preservar la conectividad biológica del río Paraná, favoreciendo la migración de especies emblemáticas de la región como el dorado, el surubí, el sábalo y el pacú. Esta infraestructura forma parte de las medidas ambientales integradas al proyecto, con soluciones adaptadas a las características hidráulicas del brazo Aña Cuá y programas de monitoreo orientados a la conservación de la ictiofauna.
Desde el punto de vista energético, la ampliación aportará mayor estabilidad al sistema, especialmente en períodos de alta demanda, al tratarse de una fuente renovable
gestionable. Al mismo tiempo, contribuirá a optimizar los costos de generación y a mejorar la eficiencia operativa del complejo.
Los trabajos incluyen obras civiles de gran escala, montaje de equipamiento electromecánico y la instalación de los sistemas necesarios para la operación de las tres unidades generadoras. Una vez en funcionamiento, permitirán transformar en energía un flujo de agua que actualmente no es aprovechado.
Además del impacto energético, el desarrollo de Aña Cuá genera actividad económica a nivel regional, a través de la contratación de servicios, la provisión de insumos industriales y la generación de empleo directo e indirecto.
La obra se enmarca en una estrategia de largo plazo orientada a maximizar la capacidad del complejo hidroeléctrico sin ampliar su huella ambiental, consolidando a Yacyretá como un actor central en la provisión de energía limpia y renovable en la Argentina.
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El artículo detalla cómo la organización Red Atlas, influenciada por el ideario de Ayn Rand y financiada por magnates como los Koch y Adelson, ha fomentado el ultraliberalismo en Latinoamérica. A travès de think tanks y apoyo de EE. UU., propaga valores neoliberales y desregulación, influyendo en políticas y gobiernos, como el de Mauricio Macri en Argentina. La Red, criticada por promover un capitalismo sin democracia, ha sido clave en el giro político de la región, rechazando regulaciones estatales y promoviendo un mercado sin restricciones.
La caída de la recaudación lleva nueve meses consecutivos, una curva negativa sólo comparable con la pandemia y que pone en crisis a las provincias. Es que en el primer cuatrimestre del año el total de los recursos tributarios alcanzó los 68 billones y sólo el 32% fue coparticipado a las provincias. Esto supone un 21,8 billones.
Así lo destaca un informe elaborado por el diputado Guillermo Michel difundido en las redes. Allí destaca que una de las principales causas de la baja en la recaudación es el impacto en la baja de la actividad económica.
La caída de la recaudación del total de los recursos tributarios de las provincias en términos reales fue del 5,6% en el primer cuatrimestre, lo que implicó una baja de los recursos coparticipados de 1.284.372 millones (esto es casi 1,3 billones de pesos).
Sólo en el mes de enero se distribuyeron a las provincias 1.081.920 millones menos a las provincias. En febrero, la caída fue de 983.912 millones. En marzo hubo un saldo negativo de 1.075.492 y en marzo la caída fue de 1.219.038.
Lo cuatro meses suman una caída de 4.360.369, lo que en términos nominales supone un 25%. Sin embargo, en términos reales -neteado el efecto de la inflación- ese ajuste fue del 5,6% en términos negativos. Es decir una caída de recursos de 1.284.374 millones.
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