La Comisaría de la Familia y la renovada calle Libertad, oficialmente inauguradas

Juan Domingo Perón explicaba que sin ciencia y tecnología propias no hay soberanía, y sin soberanía no hay desarrollo posible. Exactamente a la inversa del proyecto libertario.

Por Walter Onorato para NLI

Hay textos que no envejecen: se actualizan. No porque el tiempo los haya tratado bien, sino porque las contradicciones que describen siguen vigentes —o incluso agravadas—. El capítulo dedicado a la ciencia y la tecnología en Modelo argentino para el proyecto nacional es uno de ellos. Allí, Juan Domingo Perón no sólo reflexiona sobre el desarrollo científico-tecnológico, sino que lo inscribe en una estrategia integral de liberación nacional, enfrentada de manera frontal al dogma liberal y a la dependencia estructural de los países periféricos.

El planteo parte de una definición clave: la tecnología no es neutra. Es poder social cristalizado, acumulable, transferible, comerciable, y por lo tanto, objeto de disputa política. Perón la define como una forma particular de “mercadería” inmaterial que entra en la producción, genera dependencia y condiciona las decisiones soberanas de un país cuando es controlada desde el exterior. Esta caracterización desmonta de raíz la visión tecnocrática que separa ciencia de política: para el peronismo, no hay desarrollo técnico sin proyecto nacional.

Perón escribe con claridad que los países de menor desarrollo relativo no pueden aceptar pasivamente la división internacional del conocimiento. La llamada “internacionalización del saber” —presentada muchas veces como cooperación desinteresada— encubre, en realidad, relaciones asimétricas de dominación. La dependencia tecnológica, advierte, es incluso más difícil de revertir que la financiera o la comercial, porque requiere largos procesos de acumulación, inversión sostenida y planificación estratégica. No se cambia de proveedor como se cambia de banco: se construye capacidad nacional o se profundiza la subordinación.

Este punto es central: sin base científico-tecnológica propia no hay liberación posible. La afirmación no es retórica ni abstracta. Perón la vincula directamente con la capacidad de decidir qué producir, cómo producir y para quién producir. La tecnología importada sin control nacional impone modelos productivos, ritmos de crecimiento y prioridades ajenas al interés popular. Por eso insiste en que toda incorporación tecnológica —sea externa o incluso nacional— debe estar gobernada por criterios políticos claros, orientados al modelo de sociedad que se busca construir.

En este marco, Perón rechaza explícitamente una política científico-tecnológica de tipo liberal. No hay aquí concesiones: la conducción del sistema científico debe estar en manos del Estado, con centralización estratégica y ejecución descentralizada. La ciencia no puede quedar librada al mercado ni a intereses extranjeros, porque su orientación define el perfil productivo del país. No se trata de acumular conocimiento por el conocimiento mismo, sino de identificar aquel saber indispensable para fortalecer el poder nacional de decisión.

El rol del científico y del tecnólogo ocupa un lugar destacado en el texto. Perón exige condiciones materiales y simbólicas para su desarrollo: estabilidad, reconocimiento social, remuneración digna, equipamiento adecuado y, sobre todo, utilidad social del conocimiento producido. Resulta especialmente contundente cuando señala la incoherencia de formar especialistas para luego expulsarlos —por falta de oportunidades— al exilio intelectual. La famosa “fuga de cerebros” no es un fenómeno natural: es una consecuencia directa de modelos dependientes que desprecian el conocimiento propio.

Hay, además, una dimensión ética profundamente peronista en esta concepción. Perón sostiene que el científico debe tener la capacidad de negarse a producir conocimientos que resulten perjudiciales para el país. Esta afirmación rompe con la idea liberal de neutralidad científica y plantea una responsabilidad social del saber, anticipando debates contemporáneos sobre tecnología, ambiente y desarrollo sustentable.

Finalmente, el texto propone incluso la constitucionalización de ciertos principios científico-tecnológicos, entendiendo que el desarrollo nacional no puede quedar sujeto a vaivenes coyunturales ni a gobiernos entreguistas. La ciencia y la tecnología, para Perón, son pilares estructurales del proyecto nacional, al mismo nivel que la industria, el trabajo y la justicia social.

Leído desde el presente, este capítulo funciona como una interpelación directa a las políticas de desfinanciamiento, extranjerización y mercantilización del sistema científico argentino. Frente al ajuste, la precarización y la subordinación tecnológica, Perón ofrece una hoja de ruta clara: planificación, soberanía y poder popular aplicado al conocimiento. No es nostalgia: es vigencia política.

Mediante el DNU 41/2026, Milei modificó artículos clave del Código Aduanero para redefinir quién decide y cómo las reglas antes de importar o exportar. Bajo el argumento de cumplir con compromisos de la OMC, el decreto limita la discrecionalidad estatal, fija plazos máximos y habilita avanzar con operaciones aun cuando el Estado no responda.

Por Celina Fraticiangi para NLI

El Poder Ejecutivo avanzó con una nueva modificación estructural del andamiaje normativo del comercio exterior argentino. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 41/2026, el Gobierno sustituyó los artículos 226 y 323 del Código Aduanero, reorganizando el sistema de resoluciones anticipadas tanto para importaciones como para exportaciones.

La medida se inscribe en la misma lógica que atraviesa toda la política económica de Milei: menor margen de intervención estatal, mayor previsibilidad para los operadores privados y alineamiento explícito con los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No es casual que el decreto invoque como razón central la urgencia de cumplir con el Acuerdo de Facilitación del Comercio.

Qué son las resoluciones anticipadas y por qué importan

Las resoluciones anticipadas son decisiones administrativas que los importadores o exportadores pueden solicitar antes de realizar una operación, para saber con antelación cómo será tratado un producto por el Estado. Incluyen cuestiones clave como clasificación arancelaria, valoración de la mercadería y origen.

En la práctica, funcionan como un blindaje jurídico: una vez emitidas, la Aduana no puede cambiar el criterio después, salvo que cambie la ley o los hechos. Para las grandes empresas del comercio exterior, esto implica reducir riesgos, costos y conflictos posteriores.

El reparto de poder entre Aduana y Economía

El decreto introduce una división tajante de competencias. Por un lado, el servicio aduanero conserva la potestad de dictar resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria, valoración y otros aspectos técnicos tributarios, tanto en importación como en exportación.

Por otro lado, las resoluciones anticipadas sobre origen de la mercadería dejan de estar bajo la órbita aduanera y pasan a manos de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que incluso puede delegar esa facultad en funcionarios de rango inferior. Este corrimiento no es menor: el origen determina aranceles, preferencias comerciales y la aplicación de acuerdos internacionales.

Plazos cortos y silencio que juega a favor del privado

Uno de los puntos más sensibles del DNU es la fijación de un plazo máximo de 30 días para que el Estado emita la resolución anticipada. Si ese plazo se cumple y no hay respuesta, el importador o exportador puede avanzar igual con la operación, en los términos que propuso originalmente.

El decreto habilita a la Aduana a exigir una garantía, pero le quita la posibilidad de frenar la operatoria por falta de definición. Se trata, en los hechos, de un silencio administrativo favorable, una figura históricamente resistida por el Estado y celebrada por los grandes actores del comercio exterior.

Un DNU con destinatarios claros

El Gobierno justifica el uso del DNU en la urgencia de cumplir los plazos otorgados por la OMC, que vencían el 23 de enero de 2026. Sin embargo, el trasfondo político es evidente: consolidar un esquema pro-mercado, reducir instancias de control y trasladar el riesgo desde el privado hacia el Estado.

Lejos de beneficiar a pymes o economías regionales, el nuevo régimen favorece principalmente a grandes importadores y exportadores, con capacidad técnica y jurídica para anticipar escenarios y litigar si es necesario. Mientras tanto, el Congreso vuelve a quedar relegado a un rol meramente revisor, a través de la Comisión Bicameral.

En nombre de la “facilitación del comercio”, Milei vuelve a gobernar por decreto y a redefinir reglas estructurales sin debate legislativo. Una vez más, la urgencia invocada funciona como atajo para reconfigurar el Estado en favor de los intereses concentrados del comercio internacional.