La Comisaría de la Familia y la renovada calle Libertad, oficialmente inauguradas

A partir de hoy, se suman actividades permitidas en 11 ciudades rionegrinas. La medida fue dispuesta por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud en base a los parámetros sanitarios y epidemiológicos correspondientes y alcanza a Bariloche, Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Barda del Medio, Allen, Mainque, Chichinales, Godoy y Fernández Oro….

El gobierno entró en deliberación sobre las consecuencias de la derogación de los artículos de la Ley de Manejo del Fuego que penan a los propietarios de campos donde se produzcan incendios intencionales, en medio del estrago que se produce desde diciembre en las provincias patagónicas. «La derogación está en evaluación», dijo este martes una fuente libertaria ante la consulta de LPO.

La asunción de la duda contrasta con las definiciones del Consejo de Mayo, que postulaba la derogación de los artículos 22 bis, ter y quater, introducidos en las modificaciones impulsadas por Máximo Kirchner en 2020, para restituir el articulado original. Aquellos cambios establecían un plazo de 60 años sin que los propietarios de un terreno incendiado por quemas de pastos puedan darle a su tierra un uso o destino diferente al que le daban antes del siniestro.

Frente al descontrol de la situación en la Patagonia, el oficialismo en el Congreso espera indicaciones de Casa Rosada.

Como informó LPO, los gobernadores Sergio Ziliotto, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Ignacio Torres y Claudio Vidal organizaron una cumbre para definir una postura ante la Casa Rosada y reclamar la declaración de la emergencia ígnea.

Las tres decisiones de Milei que agravaron los incendios de la Patagonia

El bloque de diputados peronista, por su parte, ya había presentado un proyecto con ese objetivo el pasado 9 de enero. La iniciativa lleva la firma de legisladores patagónicos como el neuquino Pablo Todero, el chubutense José Glinsky, los rionegrinos Marcelo Mango y Adriana Serquis, los santacruceños Ana María Ianni y Juan Carlos Molina y el pampeano Ariel Rauschenberger pero también las de la bonaerense Sabrina Selva y el entrerriano Guillermo Michel.

El proyecto de ley consta de 11 artículos y, además de declarar la «emergencia ígnea y ambiental» por 180 días, dispone el giro inmediato de ATN para las provincias afectadas por el fuego. Según el articulado, esos fondos deberían destinarse a la población damnificada, la reconstrucción de infraestructura pública crítica, acciones de reparación ambiental y asistencia a los productores.

El proyecto de ley consta de 11 artículos y, además de declarar la ‘emergencia ígnea y ambiental’ por 180 días, dispone el giro inmediato de ATN para las provincias afectadas por el fuego.

También proponen la implementación de aumentos a las asignaciones a través de ANSES, como la AUH y prestaciones por desempleo, distribución de agua y alivio fiscal para personas físicas y jurídicas emplazadas en municipios castigados por los incendios.

Llamativamente, la bancada peronista no había divulgado con intensidad el proyecto, acaso atravesada por las discusiones sobre la suerte del PJ bonaerense. Pero fuentes parlamentarias argumentaron ante LPO que la conducción del bloque seguía este martes con atención la cumbre de gobernadores, más allá de que el temario de la reunión a la que habían convocado fuera el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. «Lo estamos siguiendo porque los proyectos de declaración de emergencia son de nuestros diputados y ellos han pedido por nota que el tema sea tratado en extraordinarias».

En tanto, los gobernadores pretenden lo mismo para que la discusión sobre herramientas paliativas frente al estrago comience el próximo 2 de febrero, fecha de inicio de las sesiones extraordinarias.

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, alertó por el cierre de unas 5.335 empresas en el territorio bonaerense durante el gobierno de Javier Milei. Son, en promedio, 232 PyMes por mes que bajan la persiana para siempre.

López publicó una serie de datos en las redes sociales en los que se destaca que, entre noviembre del 2023 y septiembre del 2025 -último registro disponible-, un total de 5.335 empresas dejaron de operar en la provincia. Al tiempo que se registran siete meses consecutivos de cierres.

«Aunque el impacto fue generalizado -con la excepción de Neuquén-, Buenos Aires concentra más daño por su estructura productiva: aporta casi el 50% del valor industrial del país», explicó el funcionario, quien recodó que 3 de cada 10 empresas que cerraron en el país estaban instaladas en el territorio bonaerense.

El gobierno de Kicillof denuncia que los datos de capacidad instalada son peores que en la pandemia

Tal como afirma el ministro, la provincia aporta nada menos que el 48,9% al Producto Bruto Interno (PBI) industrial. Le siguen muy lejos la Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (10,3%) y Córdoba (7,7%).

«No hay misterio. La apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real golpean de lleno a la industria, el comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial», sostuvo López.

No hay misterio. La apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real golpean de lleno a la industria, el comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial.

Los reportes sobre los cierres de empresas se suceden a diario. En las últimas horas trascendió el cierre de GEPSA, agroindustrial especializada en la producción de alimento balanceado, cuyos trabajadores permanecen en estado de alerta. La empresa instalada en Pilar anunció el cierre de su planta y 80 trabajadores esperan los telegramas de despidos.

En ese distrito del norte del conurbano también cerró a finales de 2025 la empresa de porcelanatos ILVA. Durante varios días los 300 trabajadores despedidos protestaron con quema de gomas en la puerta de la fábrica.

Verónica Magario, Alexis Guerrera y Pablo López.

En tanto, la petroquímica Sealed Air confirmó el despido de 65 trabajadores, luego de que inicialmente se anunciaran alrededor de 90 desvinculaciones. La misma suerte corrió la empresa mayorista Lustramax, dedicada a la fabricación y distribución de artículos descartables para papeleras, higiene institucional y catering y que tiene su planta en el Parque Industrial de Tortuguitas, Malvinas Argentinas, cesanteó a 29 operarios.

Aunque el impacto fue generalizado, Buenos Aires concentra más daño por su estructura productiva: aporta casi el 50% del valor industrial del país.

Pero la crisis no alcanza solo a las PyMES. La multinacional Lamb Weston bajó las persianas de la planta ubicada en Munro, en Vicente López, y despidió a unas 100 personas.

Una multinacional anunció el cierre de una de sus principales fábricas como parte de una reorganización mundial de su red industrial. La compañía fabricante de papas fritas concentrará su producción en Mar del Plata.

La actividad industrial se desplomó en noviembre con una caída que se acerca a los dos dígitos

Semanas atrás, el gobierno de Kicillof puso el ojo en el uso de la capacidad instalada, que cayó a 61%, un rango que la ubica por debajo de 2020, el año del confinamiento por la pandemia de covid. Por entonces, ese índice había caído al 61,8.

La capacidad instalada es la producción máxima que una planta puede sostener con la maquinaria y el personal disponibles. Cuando la utilización baja, las máquinas paran. Sin embargo, los costos fijos siguen. Los márgenes se comen con el tiempo. Menos producción hoy, menos inversión mañana y la amenaza del cierre.

Los datos oficiales muestran que el 2019, la capacidad instalada de la industria era del 62,8%, y en 2020, el año de la pandemia, descendió a 61,8%. Después hizo un pico -modesto- en 2022 del 66% pero ahora están en el 61%.