Durante el mediodía de este viernes se realizó el sorteo de la bicicleta mountain bike entre los contribuyentes que abonaron la boleta mensual por tasas retributivas del mes de octubre y también aquellos que había efectuado el pago anual.
La ganadora fue Gregoria Pinto, contribuyente N° 02179, domiciliada en barrio San Martín. El sorteo se realizó con la presencia de la escribana pública Roxana Hérnandez. Participó también el intendente Marcelo Orazi y funcionarias de la Secretaría de Economía y Finanzas.
La señora Pinto deberá acercarse a la Municipalidad en horario de atención al público para retirar su premio. Cabe aclarar que se extrajeron otros cinco números correspondientes a los suplentes, en el caso de que la ganadora no se presente.
Recordemos que éste fue el primer sorteo en el marco de la campaña impulsada por el Municipio tendiente a incentivar el pago de la última boleta mensual.
Los siguientes serán:
*15 de diciembre deben tener al día la cuota de tasas retributivas del mes de noviembre (se sortea una bicicleta mountain bike).
*12 de enero de 2022 deben tener al día la cuota de tasas retributivas del mes de diciembre (se sortea una bicicleta mountain bike).
*Sorteo final: 12 de enero de 2022 deben tener al día las cuotas de tasas retributivas de los meses de octubre, noviembre y diciembre (se sortea un monopatín eléctrico y un juego de dos sillas reposeras).
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El acuerdo comercial firmado por Milei con Estados Unidos no es neutro ni técnico: en materia de propiedad intelectual, puede impactar de lleno en el precio de los medicamentos y en la sustentabilidad del sistema de salud argentino. PAMI, obras sociales y hospitales públicos aparecen entre los principales afectados, en un escenario que ya tuvo antecedentes alarmantes en otros países de la región.
Por Tomás Palazzo para NLI
El capítulo de propiedad intelectual del acuerdo es, probablemente, uno de los más sensibles y menos debatidos públicamente. Bajo fórmulas como “alinear estándares internacionales” y “fortalecer la protección”, se esconden compromisos que benefician a los grandes laboratorios farmacéuticos y tensionan el acceso a medicamentos esenciales.
En términos concretos, el acuerdo abre la puerta a mecanismos que retrasan la entrada de medicamentos genéricos, aun cuando las patentes hayan vencido. Esto no implica prohibirlos de forma directa, pero sí postergar su llegada al mercado, lo que en la práctica significa precios más altos durante más tiempo.
Genéricos bajo presión y monopolios extendidos
Uno de los puntos más críticos es la posible incorporación de la exclusividad de datos de prueba, una herramienta habitual en los acuerdos impulsados por Estados Unidos. Este mecanismo impide que la autoridad sanitaria utilice los estudios clínicos originales para aprobar genéricos durante varios años, aunque la patente ya no esté vigente.
El resultado es claro: un monopolio artificial, que no protege innovación sino rentabilidad. A esto se suma el riesgo de extensiones de patentes por demoras administrativas y el uso de patentes secundarias —cambios menores en un medicamento— para bloquear competidores locales.
Para un país como Argentina, con una industria nacional de genéricos fuerte y con el medicamento como insumo central de la política sanitaria, el impacto puede ser profundo y regresivo.
PAMI y obras sociales: la cuenta la paga el Estado
El principal comprador de medicamentos del país es el PAMI. Cada peso adicional en precios se traduce en más gasto público o menos cobertura. Lo mismo ocurre con las obras sociales sindicales y provinciales, que ya operan con presupuestos ajustados.
Si los genéricos tardan más en ingresar:
Sube el precio promedio de los tratamientos.
Se reduce la capacidad de negociación del Estado.
Se compromete la continuidad de programas de provisión gratuita.
Aumenta el riesgo de recortes o restricciones en prestaciones.
En otras palabras, el acuerdo no solo afecta a la industria farmacéutica: golpea directamente al corazón del sistema de salud.
El espejo regional: cuando el libre comercio encarece la salud
La experiencia regional es un llamado de atención. En Chile, tras acuerdos con cláusulas TRIPS-plus, se verificaron demoras sistemáticas en la entrada de genéricos y aumentos sostenidos en los precios de medicamentos de uso crónico. En Perú, organizaciones sanitarias documentaron mayor gasto estatal en compras públicas y menor competencia. En Colombia, la presión de los laboratorios derivó en conflictos judiciales cada vez que el Estado intentó regular precios o usar licencias obligatorias.
El patrón se repite: más protección para patentes, menos margen para políticas públicas de salud.
Argentina, que históricamente defendió las flexibilidades en materia de propiedad intelectual para garantizar acceso, corre el riesgo de retroceder hacia un modelo donde la salud queda subordinada a compromisos comerciales.
Conclusión
El impacto del acuerdo sobre medicamentos no es una hipótesis alarmista: es una consecuencia previsible si se implementan los compromisos de propiedad intelectual sin resguardos. Más monopolios, menos genéricos, medicamentos más caros y un sistema de salud tensionado hasta el límite.
El interrogante ya no es técnico, sino político: ¿quién va a pagar el costo de este acuerdo? Todo indica que, una vez más, la cuenta la terminarán pagando los jubilados, los trabajadores y el Estado argentino.
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