Durante el mediodía de este viernes se realizó el sorteo de la bicicleta mountain bike entre los contribuyentes que abonaron la boleta mensual por tasas retributivas del mes de octubre y también aquellos que había efectuado el pago anual.
La ganadora fue Gregoria Pinto, contribuyente N° 02179, domiciliada en barrio San Martín. El sorteo se realizó con la presencia de la escribana pública Roxana Hérnandez. Participó también el intendente Marcelo Orazi y funcionarias de la Secretaría de Economía y Finanzas.
La señora Pinto deberá acercarse a la Municipalidad en horario de atención al público para retirar su premio. Cabe aclarar que se extrajeron otros cinco números correspondientes a los suplentes, en el caso de que la ganadora no se presente.
Recordemos que éste fue el primer sorteo en el marco de la campaña impulsada por el Municipio tendiente a incentivar el pago de la última boleta mensual.
Los siguientes serán:
*15 de diciembre deben tener al día la cuota de tasas retributivas del mes de noviembre (se sortea una bicicleta mountain bike).
*12 de enero de 2022 deben tener al día la cuota de tasas retributivas del mes de diciembre (se sortea una bicicleta mountain bike).
*Sorteo final: 12 de enero de 2022 deben tener al día las cuotas de tasas retributivas de los meses de octubre, noviembre y diciembre (se sortea un monopatín eléctrico y un juego de dos sillas reposeras).
En la tarde de ayer, el equipo de Educación Vial de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Villa Regina, se hizo presente en la Colonia de Vacaciones de Niños Municipal que se desarrolla en el Polideportivo Cumelen debido a las inclemencias del clima. Participaron niños de Barrio Nuevo, Melipal, Cipolletti, El Sauce, La…
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Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi hizo entrega de presentes a Mabel Sanhueza y Virginia Barresi, quienes se jubilaron hace unos días después de muchos años prestando servicios en la Municipalidad de Villa Regina. Mabel se desempeñaba en el Departamento de Compras y Virginia lo hacía en el área de Tesorería. El Intendente Orazi les…
Continuando con su agenda en Viedma, el Intendente Marcelo Orazi fue recibido por el Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler, con quien repasó la agenda de trabajo entre el Municipio y esa área del gobierno provincial, previo a la visita de la Gobernadora Arabela Carreras a la ciudad la próxima semana. Al respecto, Orazi…
La venta Santiago Ascacíbar, capitán y alma de Estudiantes, a Boca Juniors generó un terremoto en La Plata. La maniobra golpeó a los hinchas del Pincha: no solo el delantero prefirió dejar el equipo para marchar al club de sus sueños, sino que además blanqueó la debilidad financiera de la institución que dirige Juan Sebastián Verón.
«Teníamos una necesidad concreta de vender y de bajar el presupuesto y dentro de los candidatos a venderse estaba Santiago», dijo Agustín Alayes, el secretario técnico de Estudiantes. La gestión de Verón se vio obligada a dar explicaciones por la salida de Ascacíbar.
La operación se cerró en USD 4.450.000 e incluye el préstamo por un año a Estudiantes de Brian Aguirre con opción de extenderlo a seis meses más. Alayes explicó que Boca se hará cargo del salario completo del delantero durante su estadía en La Plata, lo que representa un alivio económico para Estudiantes en el corto plazo.
Pero el trasfondo político de la venta de Ascacíbar hay que rastrearlo en la aventura de Verón con Foster Gillett. El presidente de Estudiantes se entusiasmó con la idea de las Sociedades Anónimas Deportivas impulsadas -sin éxito- por el gobierno de Javier Milei.
Si bien Verón nunca habló de SADs para Estudiantes, lo cierto es que abrió la puerta a ese formato planteando un esquema mixto que posibilitaba la inversión en el fútbol sin dejar de ser una asociación civil.
Estudiantes aceptó un préstamo de USD 10 millones de Foster, que debía servir para que el club pueda afrontar gastos del mercado de pases además de pagar algunas deudas. Producto de esa deuda, Estudiantes presentó el año pasado un balance deficitario por primera vez en años.
En ese momento aparece la figura del millonario Gillett, quien vio en la postura de Verón una llave para ingresar al negocio. Los libertarios hicieron lobby y operaron abiertamente con influencias y recursos. Por caso, la diputada Juliana Santillán y su novio Guillermo Tofoni, fueron los principales impulsores.
Santiago Ascacíbar.
Tofoni es un empresario que está enfrentado con Tapia por los derechos comerciales de los partidos amistosos de selección de Messi. Las fotos de Gillett con Santillán y Tofoni circularon en las redes. Sin reparos, el millonario norteamericano posó en varias fotos sosteniendo un cuadro con el retrato de Milei.
Con esos operadores como intermediarios, Verón firmó con Foster un preacuerdo que suponía para Estudiantes una inyección de dinero inicial de USD 150 millones que podría ir creciendo con el correr del tiempo.
Todo salió mal en esa alianza. Aunque Verón no lo reconoce, el acuerdo con Gillett fue un fracaso y lo que parecía ser un camino fácil para financiar jugadores terminó en un escándalo. La llegada de Cristian Medina quedó a mitad de camino. Gillett debía desembolsar USD 10 millones, pero cuando había que depositar el dinero desapareció para volver meses después y transferir esos millones en cuotas.
En tanto, como parte del acuerdo, Estudiantes aceptó un préstamo de USD 10 millones de Foster, con una tasa muy baja de interés, que debía servir para que el club pueda afrontar gastos del mercado de pases además de pagar algunas deudas.
La semana pasada, Verón concretó la venta de Román Gómez al Bahía de Brasil. La transferencia superó los USD 3 millones. También se desprenderá del colombiano Edwuin Cetré que está a punto de pasar al Athletico Paranaense en una operación que rondará los USD 6 millones.
Producto de esa deuda, Estudiantes presentó el año pasado un balance deficitario por primera vez en años. Eso es lo que busca recomponer ahora Verón con la venta de Ascacíbar y otros jugadores.
La semana pasada, por caso, concretó la venta de Román Gómez al Bahía de Brasil. La transferencia superó los USD 3 millones, incluyó un contrato por 5 años y un porcentaje de futura venta.
También se desprenderá del colombiano Edwuin Cetré que está a punto de pasar al Athletico Paranaense en una operación que rondará los USD 6 millones. Estudiantes tiene el 50% del pase del delantero, mientras que la otra mitad le corresponde a Independiente Medellín.
Raúl Jalil consiguió la ayuda de Javier Milei para disimular el escándalo de la corrupción de Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a través del decreto que establece el final de la participación de la Nación en el directorio del ente interestadual que fundó Juan Perón en 1946. El gobernador catamarqueño despertó este lunes con el anuncio publicado en Boletín Oficial, en retribución a la colaboración del senador Guillermo Andrada para sancionar el presupuesto 2026 y aprobar el artículo del ajuste en educación, defensa, ciencia y tecnología.
Sin embargo, el decreto tuvo un impacto negativo en la comunidad académica de la universidad tucumana, que desde la ley que creó el YMAD en 1959 debía recibir el 40 por ciento de las regalías para construir la ciudad universitaria en el cerro San Javier, al tiempo que el 60 por ciento restante quedaba para Catamarca. El incumplimiento de ese objetivo terminó con la sentencia a tres años y seis meses de prisión para el exrector Juan Cerisola, quien conducía la UNT en el período que la Justicia federal determinó que se desviaron 243 millones de pesos. Una fortuna en aquellos años.
Además de Cerisola, también fueron condenados la exdirectora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, y su par de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino, pero en los hechos habrían estado involucrados otros dirigentes del radicalismo tucumano.
En efecto, la investigación judicial se centró en el desvío de fondos por las utilidades de la minera entre 2006 y 2009, período del primer mandato de Cerisola al frente de la casa de estudios. El plazo incluye el sospechoso decreto del 2 de enero de 2008, cuando el por entonces rector renunció a seguir recibiendo el total de las regalías que le correspondían a la UNT bajo el delirante pretexto de que la ciudad universitaria estaba terminada. Basta acercarse a los inmensos esqueletos de hormigón abandonados en la cima del cerro tucumano que están exactamente como los dejó Perón, para comprobar la mentira.
Durante ese lapso, fueron directores de YMAD en representación de la UNT el exrector y candidato a gobernador por la UCR Mario Marigliano, fallecido en mayo de 2016, y Rodolfo Martín Campero, cofundador de la Franja Morada y tío del diputado mileísta Mariano Campero.
La UNT hizo un acuerdo con la empresa Minera Bajo la Alumbrera, que está en la provincia de Catamarca. Ese acuerdo tenía como sentido armar un fondo fiduciario y con ese fondo fiduciario la UNT iba a armar una nueva ciudad universitaria. ¿Saben lo que hay de la ciudad universitaria? Nada. Se lo comieron todo, están todos procesados. Están a punto de ir a un juicio oral. Se comieron la ciudad universitaria el rector y toda la plana mayor.
La revelación que inculpó al dirigente de Franja Morada apareció en La Gaceta de Tucumán el 12 de diciembre de 2023, en una nota firmada por el abogado Benito Carlos Garzón, que fue asesor del propio Campero y Héctor Carlos Ostengo, mientras fueron directores de YMAD. En ese artículo, el letrado recordó que Ostengo se enteró por amigos que se había producido un cambio en el paquete accionario de Minera Alumbrera SA en la Bolsa de Nueva York, justo después que la empresa firmara un contrato de Fideicomiso con la UNT y el Banco Santander Río.
Mariano Campero, en Diputados.
Garzón redactó la impugnación de la UTE que habían forjado la minera, la UNT y la YMAD para explotar uno de los yacimientos pero Campero se llevó la nota bajo el compromiso de entablar por sí mismo el diálogo con la firma. «No recuerdo el tiempo que llevó dicha ‘negociación’, a consecuencia de lo cual se llevaría a una sesión especial para tratar la desvinculación de la empresa en cuestión, pero Minera Alumbrera se comprometía a liquidar regalías a partir del año 2006 y no como estaba previsto para 2012 o 2014, según fuese el ‘rendimiento’ de la explotación», escribió el asesor.
De hecho, el 24 de noviembre de 2005 el Consejo Superior de la universidad aprobó el cobro de 1 millón de dólares a la minera pero ese dinero no sería destinado a la construcción de la ciudad universitaria estipulada en la ley del 59′, durante la presidencia de Arturo Frondizi, sino que Mariglione y Campero habrían resuelto que ese monto fuera utilizado para «refacciones» en el Museo de la UNT.
Lo curioso es que ambos directores de la YMAD tramitaron a partir de 2006 pedidos de información sobre el detalle de las obras al sucesor de Mariglione, el condenado Cerisola, quien continuó la misma traza política bajo el apuntalamiento de José Hugo Saab, secretario general de la universidad y exconcejal por la UCR. «El gordo Saab fuma bajo el agua y es el que te hace ganar o perder una elección en la UNT», dijo una fuente al tanto de las internas radicales en Tucumán.
Soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero para que le aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias; no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal.
El escándalo de la corrupción incomodó tanto a los libertarios como al gobernador Osvaldo Jaldo. Cuando el diputado Campero terminó de suturar el salto suyo y sus colegas radicales para blindar el veto de Milei a las universidades en 2024, Patricia Bullrich cargó con todo contra las autoridades de la UNT: «la Universidad Nacional de Tucumán hizo un acuerdo con la empresa Minera Bajo la Alumbrera, que está en la provincia de Catamarca. Ese acuerdo tenía como sentido armar un fondo fiduciario y con ese fondo fiduciario la UNT iba a armar una nueva Ciudad Universitaria. ¿Saben lo que hay de la Ciudad Universitaria? Nada. Se lo comieron todo, están todos procesados. Están a punto de ir a un juicio oral. Se comieron la Ciudad Universitaria el rector y toda la plana mayor», dijo la por entonces ministra de Seguridad.
Jaldo también opinó por aquellos días: «soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero para que le aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias; no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal».
LPO consultó a Saab sobre los términos del acuerdo entre el gobierno de Jalil, Milei y la UNT, que beneficiarían a la universidad porque ahora aceptarían que siga percibiendo el mismo porcentaje para construir «el equivalente a 135 mil metros cuadrados», después de haberse fumado sumas exorbitantes. El funcionario respondió que «se llegó a una arreglo con Catamarca y con la Nación para que la ciudad universitaria no sea la del artículo 18 de la ley del 59′, porque sería imposible cumplirla», y agregó que se acordó «una nueva ciudad universitaria que nada tiene que ver con el juicio con el exrector».
Esa postura es rechazada hasta por uno de los diputados radicales que se incorporó al bloque de La Libertad Avanza y comparte bancada con el peluca Mariano Campero. «Se recontramil malversaron todo y siguen cobrando el 40 por ciento de las regalías», se quejó. La bronca es porque la ley establecía que, una vez que la UNT concluyera las obras de la ciudad universitaria, la casa de estudios tucumana pasaría a percibir solo el 20 por ciento y el 20 por ciento restante se distribuiría para todas las universidades del país.
Se llegó a una arreglo con Catamarca y con la Nación para que la ciudad universitaria no sea la del artículo 18 de la ley del 59′, porque sería imposible cumplirla.
No obstante, el argumento de Cerisola en su alegato ante el tribunal que lo sentenció fue, sorprendentemente, que la ciudad universitaria se hizo. «Me di cuenta que San Miguel de Tucumán es una ciudad universitaria», exclamó sin que la fiscalía, los testigos y el público supieran si experimentaba una epifanía o se burlaba.
La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT), por su parte, emitió un comunicado el día de la sentencia de los tres directivos de la universidad criticando que el fallo judicial «deja intacta la estructura de desvío de fondos, negociados y de contaminación ambiental». Además, cuestionó la absolución del contador Luis Sacca, un hombre clave en la trama. «Sacca fue fundamental en el andamiaje de los sobreprecios con las empresas constructoras», comentó un legislador peronista a LPO.
Ya en 2014, el geólogo Florencio Aceñolaza afirmó en un informe propio que las utilidades mineras sirvieron para «inversiones que se realizaron en bienes inmuebles en el centro de Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires, también se adquirieron vehículos y hubo gastos varios en diversas facultades que nada tenían que ver con la supuesta terminación de obras de la ciudad universitaria». En ese texto, se afirma incluso que Cerisola habría adquirido dos departamentos sobre la calle Paraná, en el centro porteño, cerca del Ministerio de Educación, muy lejos de la ciudad universitaria que imaginó Perón.
El proyecto peronista, que estuvo inscripto en el Primer Plan Quinquenal, contemplaba la construcción de una ciudadela en el cerro San Javier, donde solo queda el esqueleto de una mole de cinco pisos, y un funicular que conectaba la cima con la base. La cantidad de hectáreas que se adquirieron durante el mandato de Perón para aquella obra duplicaba el tamaño de la Isla de Manhattan en Estados Unidos.
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