Durante el mediodía de este viernes se realizó el sorteo de la bicicleta mountain bike entre los contribuyentes que abonaron la boleta mensual por tasas retributivas del mes de octubre y también aquellos que había efectuado el pago anual.
La ganadora fue Gregoria Pinto, contribuyente N° 02179, domiciliada en barrio San Martín. El sorteo se realizó con la presencia de la escribana pública Roxana Hérnandez. Participó también el intendente Marcelo Orazi y funcionarias de la Secretaría de Economía y Finanzas.
La señora Pinto deberá acercarse a la Municipalidad en horario de atención al público para retirar su premio. Cabe aclarar que se extrajeron otros cinco números correspondientes a los suplentes, en el caso de que la ganadora no se presente.
Recordemos que éste fue el primer sorteo en el marco de la campaña impulsada por el Municipio tendiente a incentivar el pago de la última boleta mensual.
Los siguientes serán:
*15 de diciembre deben tener al día la cuota de tasas retributivas del mes de noviembre (se sortea una bicicleta mountain bike).
*12 de enero de 2022 deben tener al día la cuota de tasas retributivas del mes de diciembre (se sortea una bicicleta mountain bike).
*Sorteo final: 12 de enero de 2022 deben tener al día las cuotas de tasas retributivas de los meses de octubre, noviembre y diciembre (se sortea un monopatín eléctrico y un juego de dos sillas reposeras).
El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.
La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.
Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.
De la protesta social al control de conductas
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.
Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.
No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.
Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.
Bases de datos, vigilancia y centralización
Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.
En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.
El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.
La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.
El orden como narrativa de gobierno
Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.
La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.
Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.
La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.
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Paolo Rocca volvió a quedarse con las manos vacías en uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del país. Esta vez no fue por los caños, sino por la obra civil del gasoducto que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías. En el tablero donde se define quién captura la renta de la infraestructura, el grupo Techint volvió a perder terreno.
La licitación para la construcción del ducto del consorcio Southern Energy quedó en manos de la UTE Víctor Contreras – SICIM. La decisión fue unánime. Y el contrato ya está firmado. En el sector lo leen como otro golpe directo a la estructura industrial que durante años dominó este tipo de obras.
El proyecto lo impulsa San Matías Pipeline, un vehículo de inversión integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Son los mismos socios que avanzan en el esquema de exportación de GNL con buques licuefactores. Pero tuvieron que dividir la ingeniería financiera: un vehículo para producir y otro para transportar. Dos RIGI distintos, dos apuestas en paralelo.
La licitación se hizo con un formato que buscó blindarse de cuestionamientos. Todo corrió por una plataforma digital, con trazabilidad completa del proceso. La apertura de sobres económicos fue ante escribano. Se evaluaron aspectos técnicos, financieros y económicos. El mensaje fue claro: evitar cualquier sospecha en un proyecto donde los márgenes son finos y los intereses enormes.
El gasoducto tendrá 471 kilómetros de extensión y un diámetro de 36 pulgadas. Saldrá desde Tratayén, en Neuquén, y llegará hasta la costa de Río Negro. Transportará hasta 27 millones de metros cúbicos diarios. A eso se suma una planta compresora de 46.000 HP que se instalará en el kilómetro 80 de la traza.
El gasoducto tendrá 471 kilómetros de extensión y un diámetro de 36 pulgadas. Saldrá desde Tratayén, en Neuquén, y llegará hasta la costa de Río Negro. Transportará hasta 27 millones de metros cúbicos diarios.
En la compulsa participaron cinco oferentes para el ducto: Víctor Contreras – SICIM; Techint – SACDE; Contreras – Bonatti – Pumpco; OPS; y BTU. Para la planta compresora compitieron OPS, SACDE, PECOM, BTU y Contreras. El resultado fue categórico: el tendido quedó para la UTE Víctor Contreras – SICIM y la compresora para Oilfield Production Services (OPS).
La clave estuvo en los números. La oferta ganadora fue 85 millones de dólares más baja que la de sus competidores. Pero no fue solo precio. También pesó la flexibilidad: no pidió anticipo, ofreció mejores garantías de cumplimiento y un esquema de reaseguro más sólido. En proyectos donde cada dólar cuenta, esos detalles inclinan la balanza.
No es un hecho aislado. A principios de año, Tenaris -la subsidiaria de Techint- ya había perdido la licitación de los caños frente a la india Welspun. Aquella derrota tuvo eco político. El presidente Javier Milei cargó contra Rocca en varias oportunidades. Lo bautizó «Don Chatarrín de los tubitos caros». Lo dijo en Nueva York y lo repitió esta semana en la Fundación Libertad.
En el sector energético la secuencia se sigue como una serie. Primero los tubos. Ahora la obra civil. Dos capítulos que muestran cómo el mapa de proveedores se reconfigura. «Esto ya no es un club cerrado», comentaron a LPO desde una de las empresas.
La escena tiene algo de ironía. El grupo que durante décadas fue sinónimo de integración industrial en la Argentina hoy observa desde afuera cómo avanzan proyectos clave.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil junto al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Villa Regina realizaron una jornada de capacitación, actualización legislativa, lineamientos de trabajo, desempeño en la vía pública, labrado de actas de infracción, retención de vehículos, juzgamiento de las faltas de tránsito entre otros temas inherentes a la función del…
El sábado 17 de mayo de 2025 a las 18:00 horas, en la sede de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Villa Regina, ubicada en Monseñor Esandi 44, se realizara la Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) para considerar la aprobación de los Ejercicios N° 88 (2022-2023) y N° 89 (2023-2024). Difunde esta nota
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que a partir de hoy miércoles se retoma el horario habitual de las 20 para el inicio del recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios en los siguientes sectores de la ciudad: Albino Cánova, Piana, Puerto Argentino, Mitre, Los Ángeles, Malvinas y…
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