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¡La bici mountain bike ya tiene ganadora!

Durante el mediodía de este viernes se realizó el sorteo de la bicicleta mountain bike entre los contribuyentes que abonaron la boleta mensual por tasas retributivas del mes de octubre y también aquellos que había efectuado el pago anual.

La ganadora fue Gregoria Pinto, contribuyente N° 02179, domiciliada en barrio San Martín. El sorteo se realizó con la presencia de la escribana pública Roxana Hérnandez. Participó también el intendente Marcelo Orazi y funcionarias de la Secretaría de Economía y Finanzas.

La señora Pinto deberá acercarse a la Municipalidad en horario de atención al público para retirar su premio. Cabe aclarar que se extrajeron otros cinco números correspondientes a los suplentes, en el caso de que la ganadora no se presente.

Recordemos que éste fue el primer sorteo en el marco de la campaña impulsada por el Municipio tendiente a incentivar el pago de la última boleta mensual.

Los siguientes serán:

*15 de diciembre deben tener al día la cuota de tasas retributivas del mes de noviembre (se sortea una bicicleta mountain bike).

*12 de enero de 2022 deben tener al día la cuota de tasas retributivas del mes de diciembre (se sortea una bicicleta mountain bike).

*Sorteo final: 12 de enero de 2022 deben tener al día las cuotas de tasas retributivas de los meses de octubre, noviembre y diciembre (se sortea un monopatín eléctrico y un juego de dos sillas reposeras).

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    Frente a esto los investigadores del caso en el que murió Ian Cabrera, de 13 años, advierten un giro inesperado en este hecho. La eventualidad de que el chico agresor haya movilizado su conducta bajo la identificación de un grupo como True Crime Community (TCC), que muestra fascinación por los perpetradores de crímenes reales o asesinos en serie, es algo que ingresa en el análisis del caso. Y que también provoca una mirada alerta en autoridades fiscales nacionales ya que este tipo de comunidades son seguidas por brigadas antiterroristas.

    El primero en blanquear que esta hipótesis había entrado de lleno a la investigación del caso de San Cristóbal fue el director de Investigación Criminal de Santa Fe, Rolando Galfrascoli. «Estamos trabajando en esto que excede a la Argentina porque es una red internacional. Así como está trabajándose en las provincias, también está impactando en otros países donde esta red difusa, gigantesca, atomizada y anárquica tiene una finalidad macabra de causar el mayor daño posible y venerando a autores de grandes masacres de este tipo», declaró a la radio Aire de Santa Fe.

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    El chico que disparó hace una semana en San Cristóbal está bajo protección de la Secretaría de Niñez de Santa Fe dado que no es punible y no afrontará por ese hecho un proceso penal. La remera que se encontró en su vivienda cuando la requisaron es similar, según fuentes del caso, a la que utilizaba uno de los jóvenes que produjo la matanza en Columbine, Colorado, EEUU, el 20 de abril de 1999, con el resultado de doce estudiantes y un profesor asesinados.

    El viernes pasado hubo una audiencia judicial de carácter confidencial en la ciudad de Rafaela donde compareció el chico que produjo el incidente. El juez penal actuante admitió medidas propuestas por el fiscal Luis Schiappa Pietra junto a funcionarios de la Secretaría de Niñez ya que no es punible. El magistrado prohibió a los presentes, responsables por su rol institucional, difundir cualquier aspecto relacionado con lo tratado en ese acto.

    Las autoridades investigan si el chico agresor actuó bajo la identificación de un grupo como True Crime Community (TCC), que muestra fascinación por los perpetradores de crímenes reales o asesinos en serie

    Al salir de la audiencia ese día el fiscal Schiappa Pietra hizo una declaración escueta que, a la luz de lo conocido hoy, contiene un matiz sugestivo. «Hay muchas aristas de esta investigación. Nosotros explicamos al momento de hacer saber los hechos que este es un evento que había tenido una cierta planificación y que estaba atravesada por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales».

    Este lunes se conoció que hubo un nuevo adolescente detenido, que tiene 16 años, por el incidente de San Cristóbal. Ocurrió en la ruta 11, en la localidad de Nelson, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Este chico estaba vinculado al adolescente que tiró por la plataforma Discord. Ellos dos, junto a otros jóvenes, mantuvieron intercambios según fuentes del caso dijeron a LPO, donde se hacía referencias a matanzas en distintos colegios de Estados Unidos y Serbia. Los investigadores refieren que el joven habría tenido información previa sobre el ataque que dejó un alumno muerto y ocho chicos heridos de manera superficial.

    «Tenemos información muy contundente sobre la manera en que se venían dando estas comunicaciones, estas relaciones con otras personas. Obviamente no tenemos al día de hoy la posibilidad de determinarla, justamente porque es una forma de comunicarse en redes mucho más compleja de lo que nosotros creemos, con mecanismos de ocultamiento de identidades y demás. En sí, en comunidades de redes muy cerradas también», dijo el fiscal.

    Al respecto, la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), que es una oficina de la Procuración General de la Nación, elaboró en forma reciente un documento sobre la consolidación del fenómeno del TCC, cuyos miembros o adherentes que se dedican a seguir, y a veces a emular, a los perpetradores de homicidios masivos. Justamente lo que advierte el paper es el desarrollo de una subcultura integrada por comunidades digitales radicalizadas, que producen narrativas que sitúan a los que cometen este tipo de delitos como figuras admirables o a imitar.

    La SAIT indica concretamente en este documento que en su tarea cotidiana de pesquisa ha detectado la existencia de siete causas en trámite en distintos lugares de Argentina «cuyas características presentan alta similitud con este fenómeno».

    Los enlaces de grupos desde Argentina con los seguidores de TCC se dan en el ecosistema digital, no solamente a través de telefonía celular, sino también mediante consolas de juegos donde se generan intercambios. También destacan características comunes de los integrantes de estas redes conectadas al TCC. Reporta el informe que muchas veces se observa en ellos antecedentes de aislamiento social, experiencias de victimización o dificultades notorias para integrarse a su medio y consumo intenso de contenidos digitales. Advierten también como principales rasgos en sus integrantes «misantropía, reflejada comúnmente en un odio profundo hacia la humanidad y la sociedad», también «problemas de salud mental, frecuentemente evidenciados en baja autoestima e ideación suicida» y «gran exposición a consumo de gore, a videos violentos y material gráfico extremo». 

     

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    Mientras avanzan las denuncias por el escándalo $LIBRA y los vuelos de lujo de Manuel Adorni, el oficialismo despliega una estrategia en el Congreso para frenar interpelaciones y evitar que las investigaciones alcancen al núcleo más cercano de Milei.

    Por Roque Pérez para NLI

    El Congreso de la Nación atraviesa una parálisis que lejos está de ser casual. Según reveló Nicolás Valdez en el portal En Orsai, el oficialismo libertario impulsa un verdadero “blindaje político” para evitar que las investigaciones por presuntos hechos de corrupción escalen hasta el corazón del poder: Karina Milei y el vocero Manuel Adorni.

    La maniobra no es menor. En un contexto donde crecen las sospechas por la estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA y los viajes en jets privados, el gobierno optó por bloquear herramientas básicas de control parlamentario, como las interpelaciones y la conformación de comisiones clave.

    Un congreso paralizado para evitar explicaciones

    De acuerdo a la información publicada por En Orsai, la estrategia oficialista consiste en dilatar el funcionamiento del Congreso y frenar cualquier intento de la oposición de llevar a Karina Milei o Adorni a dar explicaciones públicas.

    En ese marco, figuras del oficialismo en el Senado y Diputados rechazaron pedidos de interpelación, minimizando denuncias que ya tienen derivaciones judiciales. La decisión de postergar el armado de comisiones no sería una cuestión administrativa, sino una táctica deliberada para ganar tiempo y desactivar investigaciones incómodas.

    El trasfondo es evidente: evitar que el escándalo $LIBRA —que investiga posibles maniobras millonarias— y las sospechas sobre financiamiento de vuelos privados impacten de lleno en la cúpula del gobierno.

    El escándalo que el gobierno no quiere discutir

    Las denuncias en torno a $LIBRA ya no son un tema marginal. Se trata de una causa que apunta a un entramado de promoción financiera que habría generado pérdidas millonarias a inversores, con posibles vínculos con el entorno presidencial.

    A esto se suma el caso de Manuel Adorni, señalado por viajes de lujo que no logra justificar. La combinación de ambos episodios representa un golpe directo al discurso “anticasta” con el que Milei llegó al poder.

    Sin embargo, lejos de habilitar explicaciones, el oficialismo optó por cerrar filas. El Congreso, que debería funcionar como contrapeso institucional, aparece así convertido —según la caracterización de En Orsai— en un espacio de contención política para evitar que el escándalo avance.

    Ajuste, crisis social y silencio institucional

    El blindaje parlamentario no ocurre en el vacío. Se da en medio de una crisis social cada vez más profunda, con aumento del desempleo, caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo.

    En ese contexto, la decisión de bloquear el debate legislativo también tiene consecuencias concretas: se postergan discusiones urgentes sobre jubilaciones, salarios y políticas sociales, mientras el oficialismo prioriza contener el costo político de los escándalos.

    La combinación es explosiva: ajuste económico, denuncias de corrupción y un Congreso paralizado.

    Una estrategia que tensiona la democracia

    Lo que está en juego no es solo un caso puntual, sino el funcionamiento mismo de las instituciones. El bloqueo de mecanismos de control y la negativa a dar explicaciones públicas abren interrogantes sobre el rumbo del sistema democrático.

    Porque cuando el Congreso deja de controlar al Ejecutivo, el equilibrio de poderes se rompe. Y cuando eso ocurre en medio de denuncias graves, el problema deja de ser político para convertirse en institucional.

    El “blindaje” libertario ya no es una hipótesis: es una práctica en marcha. Y sus consecuencias, tanto políticas como sociales, empiezan a sentirse mucho más allá de los pasillos del Congreso.

     

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