La base china en Neuquén vuelve al centro del debate político

 

Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.

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Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

El texto fue publicado hoy por el CELS:

«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

 

 

La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), administrada actualmente por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), ingresó en la etapa de sumar inversores privados para su puesta en marcha. Así lo informó el gobierno neuquino con la “convocatoria a potenciales inversores y entidades financieras con el objetivo de participar en forma parcial o total para lograr los fondos necesarios para la puesta en marcha, modernización y operación inicial” de la PIAP.

La búsqueda está dirigida a bancos, fondos de inversión, organismos de crédito e inversores privados, tanto del país como del exterior. La planta pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y ENSI es la encargada de su operación.

La PIAP es una de las instalaciones más importantes del mundo para la producción de agua pesada, un insumo esencial para ciertos tipos de reactores nucleares. Su reactivación permitiría que Argentina vuelva a producir y exportar este recurso estratégico, generando empleo, desarrollo tecnológico y divisas.

En una convocatoria previa, varias empresas internacionales ya habían manifestado interés en comprar agua pesada argentina durante los próximos años. Para responder a esa demanda, sería necesario poner en marcha las dos líneas de producción de la planta, lo que requiere una fuerte inversión inicial.

El presidente de ENSI, Rubén Etcheverry, explicó que esta convocatoria “no es todavía un compromiso contractual, sino un paso para conocer qué opciones de financiamiento existen y bajo qué condiciones”.

Los interesados deberán presentar información sobre el tipo de financiamiento que ofrecen, plazos, tasas, formas de participación y experiencia en proyectos industriales o energéticos. Las propuestas y consultas deben enviarse a [email protected]

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Si estuviéramos en otro país, los medios estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Los enfrentamientos que se están produciendo en EEUU entre los detractores de la Migra o ICE (Immigration and Customs Enforcement) y las fuerzas represivas enviadas por Trump representan el embrión de esa «segunda guerra civil norteamericana» que lleva tiempo rondando en el horizonte. Si desemboca en un conflicto civil en toda regla o si, por el contrario, se apaga, es lo que veremos en las próximas semanas, pero es importante observar su significado radical.Por Andrea Zhok (LaHaine).

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No se trata simplemente de la contestación de una normativa contra la inmigración clandestina. Las líneas políticas que se enfrentan aquí son, con bastante claridad, herederas directas de las líneas de contraste de la Guerra de Secesión (1861-1865).

En esa Guerra, el Sur, agrícola, estaba vinculado a una visión política y económica intrínsecamente conservadora, telúrica, identitaria, mientras que el Norte, industrial o en vías de industrialización, se proyectaba en una dimensión de ‘progreso’, en rápida evolución.

En cuanto a las relaciones interétnicas, la divergencia no podía ser más clara: el Sur seguía anclado en una perspectiva en la que la esclavitud sedentaria y hereditaria desempeñaba un papel económico fundamental, mientras que el Norte, gracias al rápido proceso de industrialización, seguía atrayendo a una amplia población migratoria procedente de Europa, que constituía su fortuna.

En la segunda mitad del siglo XIX, la esclavitud era un anacronismo y las relaciones de poder entre las zonas urbanas industriales y las zonas agrícolas favorecían totalmente a las primeras. La supremacía del norte era un hecho. Pero un siglo y medio después, el auge del urbanismo industrial, convertido en economía financiera, está en plena crisis; la libre circulación de la mano de obra, que siempre ha sido una característica de los EEUU, genera más problemas de los que puede resolver la contribución económica de los trabajadores baratos.

En este momento, los frentes de la Guerra de Secesión reaparecen, pero con nuevas funciones históricas. La línea divisoria ya no es tan clara entre el norte y el sur geográficos, sino entre las grandes áreas urbanas, vinculadas a la internacionalización financiera y con un electorado predominantemente demócrata, y la provincia profunda, que busca protección económica y la recuperación de una identidad perdida, y vota mayoritariamente republicano.

Es evidente que esta fractura es objetivamente profunda y se percibe como tal en EEUU. Se ve en la radicalización del enfrentamiento en el plano institucional, donde, por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California alimentan constantemente una retórica de «democracia contra dictadura», apoyando de hecho el carácter subversivo y anticonstitucional de las decisiones de la presidencia.

A su vez, Trump tiene fácil trabajo para dar la vuelta a las acusaciones, acusando a las instituciones californianas de actividades subversivas e insurreccionales. Esta fractura se está propagando rápidamente en todos los principales centros urbanos del país: Seattle, Chicago, Filadelfia, etc., donde las autoridades demócratas apoyan esta lectura de «choque de civilizaciones».

Dudo que los políticos con intereses profesionales sólidos, alcaldes, gobernadores, diputados, etc., estén dispuestos a una confrontación arriesgada en el momento en que Trump recurra a la Ley de Insurrección, que confiere al presidente el poder de utilizar el ejército y la guardia nacional para tareas policiales.

Pero no es nada seguro que, una vez evocada en una parte de la población la imagen de un choque vital entre concepciones de la civilización, en el que no hay margen para el compromiso con la otra parte, se consiga volver a meter el ganado en los corrales.

Si estuviéramos en otro país, los medios de comunicación estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Pero, a diferencia de las habituales «revoluciones de colores» en otros países del mundo, aquí falta un elemento decisivo: el papel de financiación y coordinación de los estadounidenses.

(Solo podemos imaginar lo que pasaría aquí si, como en 2014 en Ucrania, el equivalente ruso o chino de la entonces portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Victoria ‘Fuck Europe’ Nuland, distribuyera alimentos y financiación, o arengara a la multitud de insurrectos en Los Ángeles…).

CALPU

 

 

 

 

Bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país». María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró. El Estado policial avanza. Por ANRed.

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Tras publicar esta madrugada en el Boletín Oficial el decreto 383/2025, este martes 17 de junio a las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los detalles del DNU, que separa a la Policía Federal de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, el DNU autoriza a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional».

«Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI«, celebró Milei, haciendo referencia a país del norte gobernado de forma autoritaria por Donald Trump, que reprime y amenaza a buena parte de su población por protestar en las calles contra las redadas masivas antimigrantes, acumulando episodios espantosos, crueles y disparatados; y al país de Medio Oriente gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que acumula repudios en todo el mundo por sus incontables crímenes de guerra en el marco del genocidio planificado que desata día a día sobre la población palestina en la Franja de Gaza.

Siguiendo su entusiasmo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «el corazón de esta nueva PFA» va a estar concentrada «en una tarea fundamental: llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país«.

Además de inaugurar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el decreto 383/2025, que expresa el objetivo de «reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos», autoriza a la PFA a «realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas». En la misma línea, la reglamentación también habilita a la fuerza a realizar detenciones sin orden de un juez.

Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicosdigitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas yprincipios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente

En esa línea, el DNU le permite también a la PFA «tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal«, además de la facultad de «solicitar el acceso a bases privadas«.

También, en su artículo 6, inciso 8, habilita a la fuerza a «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, además de requisar a personas o bienes, cuando haya elementos suficientes que «hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo». Es decir, la posibilidad de requisar o detener queda sujeto al criterio discrecional de cada agente o de las órdenes de la mismísima Bullrich.

El DNU incluye, además, la prohibición de la posibilidad de que la fuerza sea conducida por un civil. En ese sentido, en el artículo 20 del capítulo II del Anexo establece que «la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA será ejercida por UN (1) Oficial Superior de la máxima jerarquía de la institución en actividad o retiro, que designará al efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL».

Finalmente, el decreto firmado por Milei, Bullrich y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, crea un Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina», bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y que señala que será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes. Asimismo, el punto 9 del DNU declara en emergencia a la Federal por dos años, lo que concede discrecionalidad al ministerio que conduce Bullrich para hacerse cargo de las licitaciones express.

«Estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas»

Entrevistada esta tarde por Alejandro Bercovich en «Pasaron Cosas» (Radio Con Vos), María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), consideró que con este nuevo DNU del gobierno nacional «ahora la Policía Federal pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional«, porque «le dan facultades para hacer ciberpatrullaje, las páginas web que visitamos, requisas, detenciones y allanamientos«.

Asimismo, tras historizar los fallos a favor y en contra y debates judiciales en torno a la cuestión particular de las requisas durante los últimos 40 años, Verdú recordó que «en los últimos fallos la Corte iba en contra de estas requisas», y consideró que «lo que hace esta resolución es habilitar de forma absolutamente discrecional las requisas sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia» y, al respecto, parafraseó al periodista y militante Rodolfo Walsh, quien sostenía: «ya sabemos que los antecedentes y el fierro también lo ponen los policías».

Pero, principalmente, hizo hincapié en la gravedad del último párrafo del DNU, que habilita «la exhibición ostensible del arma de fuego», cuando la policía lo considere necesario.

«Lo que pretende Patricia Bullrich es esto de convertir a la PFA en una especie de FBI, cuando en realidad la PFA tiene funciones muy claras. Tienen todo el paquete de delitos federales a su cargo. Tienen dos funciones básicas: la de la prevención y la judicial. Distingamos, como es en EE.UU., la policía de prevención, que está en la calle, y otra la de investigación, que es la policía judicial, que tiene que depender de los jueces«, remarcó.

Para finalizar, consideró: «es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo desde diciembre de 2023 a la fecha, que explican porqué decimos que ya no estamos, como con Macri y Bullrich, en un estado de excepción no declarado, sino que estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas. Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos. Porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el sistema represivo estatal», alertó.

En tanto, en un comunicado titulado «Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión«, CORREPI remarcó que a partir del nuevo DNU, «en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial», y que, para eso, «también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información». También, remarca que «la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos».

El organismo antirrepresivo también destaca «la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público». Es decir, «basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos», advierte CORREPI.

Asimismo, alerta: «en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supra constitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado».

«Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional, que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social«, finaliza el comunicado de CORREPI.

 

 

A muchos causan sorpresa o extrañeza los sucesivos viajes de Milei a Israel. Sin embargo, se trata del perfeccionamiento de relaciones que políticos argentinos mantienen, sobre todo con el Mossad, desde hace décadas. Con la pantalla de una empresa de seguridad llamada SIA, Security and Intelligence Addvising, agentes del Mossad, operan en el país desde antes del 2000. Por Koly Bader, para ANCAP.

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En su inicial página web (https://siacorp.com/ ) incluso se presentaban como EX Mossad y en 2014 sacaron este detalle de su descripción. Antes de ese cambio su dirección era Avda. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1793, ciudad de Buenos Aires. Hoy registran una dirección en Tel Aviv: 5 Druyanov St., 12º Floor Tel Aviv 63143, y en Buenos Aires en Gurruchaga 440 4º piso C1414DHJ. También tienen filiales en Brasil, Colombia, Chile, México, Portugal, Uruguay, Rusia, España y Estados Unidos. Según su página web.

Durante el gobierno de Julio Miranda en Tucumán, el gobernador, a instancias del entonces senador José Alperovich, los contrató para entrenar al Grupo Cero de la policía provincial. El Decreto 344/1 del 14 de noviembre de 2003, Expte. Nº 2214/110-D- 2003, Establece la contratación de los servicios de una organización privada de inteligencia. Según reza el decreto para “servicios de seguridad e inteligencia en el despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la Gobernación, como así también en la sede de la Representación Oficial de la Provincia en la Capital Federal.”

Operaciones del Mosad no son nuevas en América Latina. Agentes del Mosad han tenido responsabilidad directa en el tráfico de armas a Ecuador, Panamá y Colombia y operaron en Venezuela para derrocar a Hugo Chávez por medio de sus agentes Víctor Manuel García, pretendido gerente de una compañía encuestadora que se adjudicó la dirección civil del movimiento militar contra Chávez, reconociendo que su comando de dirección lo tenía en Fuerte Tiuna, sede de la SIA.

El Mossad es posiblemente la organización criminal más importante del planeta dejando incluso en segundo lugar a la popular CIA. Sus agentes son especialistas en técnicas de tortura, método “investigativo” que en Israel es legal en tanto se trate de árabes o palestinos. Es el único estado del planeta que se atrevió a legitimar la tortura por medio de resoluciones de su Suprema Corte de Justicia. Estos agentes son tenidos también como elevadamente entrenados y especializados en la falsificación de pruebas, documentos y hechos destinados a utilizarse en procesos judiciales para inculpar de cualquier delito grave a quien se considere “enemigo” si su carácter de tal no implicó violación de la ley alguna. (*)

Instalado el Mossad en Tucumán, cuando José Alperovich resultó electo gobernador, son ellos los que registraron con aparatos electrónicos el despacho del gobernador y hasta su casa particular. Dos de ellos fueron todo el tiempo guardaespaldas de Alperovich casi hasta el final de sus tres mandatos.

Por su parte, el propio Alperovich viajó varias veces a Israel en supuestas vacaciones y su esposa Beatriz Rojkes , electa senadora nacional, hizo su primer viaje oficial a su patria de origen como la llamó.

A la DAIA le gusta decir que José Alperovich fue el primer gobernador judío y Beatriz Rojkes la primera presidente judía de Argentina. Fue vice presidenta del senado por mandato de CFK y ante un viaje de la presidenta y Armando Boudou, ejerció el cargo por algunas horas. Era además presidenta del PJ tucumano.

No obstante, las relaciones con el Estado de Israel nunca fueron transparentes. Pocos saben que Argentina es firmante, por medio de Alberto Fernández, de la “Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto” (IHRA por sus siglas en inglés). Se trata de un puntuado que define el antisemitismo en una forma tan ambigua que cualquier crítica a Israel puede ser tomada como antijudía o antisemita. Es preferible usar el termino antijudío ya que los pueblos semitas se originaron en el Cercano Oriente y el Cuerno de África. Los países actuales con mayor población semita incluyen a Etiopía, Eritrea, Israel, los países árabes (como Arabia Saudita, Irak, Jordania, Líbano, Siria, Yemen, Palestina, Egipto, etc.) y partes de África del Norte. Tradicionalmente, se consideraba que descendían de Semita, hijo de Noé en la Biblia. Este grupo incluye a árabes, hebreos (judíos), arameos, acadios, fenicios, y otros.

Pero sigamos. Tan ambigua es la definición del IHRA que en 2020 se emitió la “Declaración de Jerusalén sobre el Antisemitismo” (DJA ).Es un documento que pretende delinear los límites del discurso y la conducta antisemita, en particular con respecto al sionismo , Israel y Palestina. Su creación fue motivada por el deseo de confrontar el antisemitismo y por las objeciones a la Definición de Antisemitismo de la IHRA , que, según los críticos, reprime las críticas legítimas al gobierno israelí y restringe la libertad de expresión] La redacción de la declaración se inició en junio de 2020 bajo los auspicios del Instituto Van Leer en Jerusalén por ocho coordinadores, la mayoría de los cuales eran profesores universitarios. Una vez finalizada, la declaración fue firmada por unos 200 académicos de diversos campos y publicada en marzo de 2021.

Siendo la Argentina el país de América Latina con la más grande comunidad judía, no es extraño el especial interés de Israel en este país. Lo que, claro, no justifica nada y mucho menos la preferencia de políticos argentinos en sus métodos represivos y, en general, las políticas de un estado claramente violatorias de todo principio reconocido por la humanidad.

La historia sigue con la adquisición por argentina del programa informático Pegasus, de la inteligencia israelí, creado para el espionaje de todo tipo por medio de los artefactos electrónicos de uso masivo hoy en día.

En el gobierno de Alberto Fernández y de la mano de su ministro del Interior Wado De Pedro, se firmó un convenio con la firma israelí Mekorot. De esta forma, hasta ahora, las provincias que han firmado convenios con Mekorot para la gestión del agua son: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa y Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut. Estos acuerdos se han establecido para la elaboración de planes maestros hídricos y la implementación de asesoramiento técnico en la gestión del agua. Nada menos. Y con seguridad será una de las empresas que participe de las privatizaciones, por ejemplo, de Aysa

En los viajes de Milei a Israel se vino consolidando y ampliando estas “relaciones carnales” con el estado genocida. En su ultima visita firmó un memorándum de acuerdo. En un hecho que el gobierno caracterizó en su página web como: “histórico sin precedentes, Javier Milei, y el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmaron en Jerusalén, el Memorándum “En Defensa de la Libertad y la Democracia Contra el Terrorismo y el Antisemitismo”, donde “se comprometen a afianzar los lazos en la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo, impulsando la defensa de las libertades y la democracia”. Según el diario The Jerusalem Post, que se basó en una entrevista con el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rabino y guía espiritual de Milei, “el Memorándum implica una cooperación sin precedente en contra del terrorismo, investigaciones en cibercrimen, establecer carriles aduaneros “fast-track, lanzamientos satelitales conjuntos y centros de tecnología hídrica en el río Paraná”.

Paralelamente y por denuncia del periodista de derecha Alconada Mon, el diario La Nación publica el «Plan de Inteligencia Nacional» de la SIDE, señalando que podría permitir el espionaje interno, incluyendo a periodistas, economistas y cualquier persona que critique al gobierno de Milei. Además, ha revelado haber recibido amenazas tras exponer este plan. La Comisión Bicameral del Congreso también ha expresado preocupaciones sobre la ambigüedad y los riesgos que plantea el plan. En notas posteriores, el cronista del diario La Nación agregó dos elementos significativos. Por un lado, en enero de 2025 el Director General de Operaciones de la casa de los espías, Diego Kravetz, firmó una directiva, también secreta, en la que ordenó “identificar y monitorear” a los “grupos sociales vulnerables” y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”.

Posteriormente la revista Crisis amplia la información y consigna, con facsímiles del documento:

Dice Crisis: El tercer Lineamiento Estratégico lleva por nombre “Poder integral de la Nación” y se refiere a las “amenazas y oportunidades que pudieran impactar en el progreso integral de los factores de poder, la institucionalidad republicana, la libertad, la vida y el patrimonio de sus habitantes”. La primera observación tiene que ver con el término “factores de poder” de la Nación, que se repite varias veces sin que haya especificación alguna sobre a qué actores apunta.

Y mucho, mucho más que apunta claramente a la inteligencia interna.

Casi simultáneamente y al retornar Milei de Israel, firma un decreto dirigido a habilitar a la Policía Federal a más espionaje e incluso habilitar detenciones sin orden de juez. Patrullaje en redes sociales sin orden judicial: La PFA podrá realizar tareas de «prevención del delito» en espacios digitales públicos, como redes sociales abiertas y sitios web, sin necesidad de autorización previa de un juez.

Detenciones sin autorización judicial: La reforma permite a la PFA detener a personas por hasta 10 horas si no pueden acreditar su identidad y existen «circunstancias debidamente fundadas» que hagan presumir que han cometido o podrían cometer un delito. Estas detenciones deberán notificarse a un juez, y los detenidos tendrán derecho a comunicarse con un familiar o persona de confianza. Sin embargo, especialistas han criticado la vaguedad de los criterios, señalando que podría habilitar detenciones arbitrarias basadas en sesgos policiales, una práctica que ha sido condenada en el pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI): Inspirado en el FBI y la Policía Federal de Brasil, el DFI se enfocará en delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas y las redes criminales urbanas. Este departamento contará con subáreas especializadas, como Agencias Federales de Investigación y una unidad dedicada al combate del narcotráfico.

Además, se prevé un aumento en el despliegue de agentes en provincias, especialmente en ciudades con alta incidencia delictiva como Rosario, para fortalecer la presencia federal.

Nada de esto es casual. Aun cuando lo dispuesto es relacionado por la prensa con el FBI, se trata exactamente de la forma de operar del Mossad y las fuerzas de seguridad israelíes.

No queremos ignorar las múltiples denuncias de la llamativa presencia permanente de soldados israelíes en el sur con el justificativo de “vacaciones”. Un verdadero lujo para simples soldados.

Fuente: https://noticiasancap.org/2025/06/20/la-larga-historia-del-mossad-en-argentina-las-instrucciones-para-la-side-la-pf-y-los-viajes-de-milei/

 

 

El senador estadounidense Lindsey Graham reveló que el presidente Donald Trump planea informar al Congreso sobre posibles operaciones militares contra Venezuela y Colombia, en el marco de la ofensiva impulsada por Washington contra el narcotráfico.

Según el legislador, el mandatario estadounidense considera que “ha llegado la hora de que Nicolás Maduro se vaya” y no descartó ataques terrestres como una posibilidad real.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con CBS News, en momentos en que portaaviones estadounidenses arribaron al Mar Caribe para reforzar la flota ya desplegada en la región, que recientemente atacó embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Graham adelantó que Trump informará a los legisladores tras su regreso de Asia y respaldó la expansión de las operaciones “del mar a la tierra”, al considerar que el objetivo final es evitar que Venezuela y Colombia sean utilizadas para traficar drogas hacia Estados Unidos.

Ataques terrestres como una “posibilidad real”

Además, comentó su convicción acerca de que Trump decidió que “es hora de que” el líder venezolano Nicolás Maduro “se vaya”, y calificó los ataques terrestres como una “posibilidad real”.

Desde que la administración inició sus ataques a principios de septiembre, más de 30 personas murieron, bajo el argumento que se tratan de acciones de seguridad nacional. 

“El objetivo final es garantizar que Venezuela y Colombia no puedan ser utilizadas para envenenar a Estados Unidos, que el dictador narcoterrorista Maduro ya no pueda amenazar a nuestro país ni enviar drogas para matar a estadounidenses”, aseguró Graham.

El senador explicó que “habrá una sesión informativa en el Congreso sobre la posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea. Tiene toda la autoridad del mundo. Esto no es asesinato. Esto es proteger a Estados Unidos del envenenamiento por narcoterroristas de Venezuela y Colombia”.

Rusia responde y critica la postura de Washington

Una idea de cómo Estados Unidos puede combatir al narcotráfico fue propuesta recientemente por la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, quien sugirió que se lleve adelante una operación especial en el barrio de Manhattan, Nueva York, ya que “ahí es donde está la verdadera desgracia, porque está simplemente en todas partes”.

A propósito de Graham, el Ministerio del Interior de Rusia emitió el 23 de mayo de 2023 una orden de detención en su contra, a raíz de sus comentarios relacionados con el conflicto en Ucrania, de acuerdo con lo que en aquel momento publicó Telemundo.

La respuesta de Gustavo Petro

Se le olvida una cosa al senador estadounidense de nuestra história específica, que no la de Venezuela, y es que el pueblo colombiano cada vez que es agredido en alguna parte, se va en masa a las montañas y se arma y sus guerreros son invisibles y actúan como el jaguar con la… https://t.co/xxfHfEQDv1

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2025

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