Se llevó adelante una nueva propuesta de la dirección de Turismo de Villa Regina.
Con una convocante participación, el AstroTURISMO conquistó lo más alto de nuestra perla del valle. Luego de hacer el recorrido por el sendero a la capilla, el grupo participó de una charla sobre astros.
En una noche de luna llena, después de una caminata por la zona, se disfrutó de la degustación de productos regionales y de la experiencia única de observación por telescopio.
El intendente, Marcelo Orazi, quién participo del encuentro, aprovechó para anunciar obras de mejora y acondicionamiento del sendero. Sin dudas un lugar emblemático para la comunidad reginense y un atractivo para los turistas que visitan nuestra ciudad.
El organismo intervenido por el Gobierno de Milei aprobó un régimen especial que permite a las empresas de telecomunicaciones regularizar deudas históricas con quita de intereses y multas. La medida beneficia a los grandes grupos del sector, debilita el Fondo del Servicio Universal y consolida un esquema de impunidad empresaria disfrazado de gestión administrativa.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un Régimen de Facilidades de Pago que habilita a las empresas de telecomunicaciones a regularizar deudas acumuladas durante años con el Estado nacional, incluyendo tasas, derechos radioeléctricos, aportes obligatorios y multas ya aplicadas o en trámite. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a los licenciatarios y autorizados de servicios TIC y permite cancelar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con condiciones ampliamente favorables: quita de intereses, eliminación de multas diarias y planes de pago en cuotas. El plazo de adhesión será de 180 días y podrá prorrogarse por otros seis meses.
Una moratoria hecha a medida de los grandes jugadores
Aunque el texto administrativo se presenta como una herramienta técnica para “mejorar la recaudación”, lo cierto es que el régimen funciona como una moratoria encubierta para las empresas más poderosas del sector, muchas de las cuales arrastran deudas millonarias con el ENACOM desde hace años.
La resolución reconoce explícitamente que existen obligaciones vencidas de difícil o nula cobrabilidad, pero en lugar de avanzar con sanciones efectivas o ejecuciones, el organismo opta por perdonar penalidades y ofrecer facilidades excepcionales. En los hechos, se premia a quienes incumplieron sistemáticamente, mientras se licúan sanciones que tenían como objetivo disciplinar conductas abusivas.
El propio ENACOM admite que puede excluir la aplicación de multas diarias, aun cuando los incumplimientos se hayan extendido en el tiempo, apelando a una supuesta afectación de la “seguridad jurídica” de los administrados. Una lógica que, una vez más, protege al poder económico antes que al interés público.
El Fondo del Servicio Universal, otra vez la variable de ajuste
Uno de los puntos más sensibles del régimen aprobado es que incluye los Aportes al Fondo del Servicio Universal, un instrumento clave destinado a garantizar conectividad en zonas rurales, barrios populares y regiones postergadas del país.
Al permitir la regularización flexible —y con quitas— de esas obligaciones, el ENACOM debilita el financiamiento de políticas públicas esenciales, mientras las empresas continúan cobrando tarifas cada vez más altas a los usuarios. El ajuste no cae sobre los balances corporativos, sino sobre el derecho a la comunicación de millones de argentinos.
No se exige, además, ninguna contraprestación social: ni inversiones obligatorias, ni mejoras en la calidad del servicio, ni compromisos concretos de expansión de redes. El perdón es liso y llano.
Milei, el Estado blando y la impunidad empresaria
La resolución se inscribe de lleno en la lógica del gobierno de Milei: mano dura discursiva para los sectores populares y mano blanda real para los grandes grupos económicos. Mientras se recortan derechos, se ajustan presupuestos y se criminaliza la protesta social, las corporaciones reciben beneficios bajo el rótulo de “eficiencia administrativa”.
No es un dato menor que el ENACOM continúe intervenido, sin directorio plural ni control democrático, lo que facilita la adopción de decisiones de alto impacto económico sin debate público ni transparencia real. La emergencia administrativa invocada funciona, en este caso, como coartada para consolidar privilegios.
La adhesión al régimen implica que las empresas desisten de cualquier acción judicial o administrativa, cerrando conflictos a su favor y garantizando una paz fiscal construida sobre la renuncia del Estado a cobrar lo que le corresponde.
Un mensaje claro: incumplir paga
Lejos de fortalecer la regulación del sector, la Resolución 3/2026 envía un mensaje inequívoco: incumplir conviene. Las empresas que especularon, dilataron pagos o judicializaron deudas hoy reciben premios; las que cumplieron en tiempo y forma no obtienen ningún reconocimiento.
Así, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, el gobierno profundiza un modelo donde el Estado se disciplina frente al poder económico, resigna recursos estratégicos y consolida un esquema de impunidad que tiene ganadores claros y perdedores previsibles.
Salta, Jujuy y Tucumán presentaron en las últimas horas una denuncia conjunta sin precedentes contra la empresa transportadora Transnoa, a la que acusan de haber dejado a más de 900 mil usuarios del Noroeste Argentino (NOA) sin suministro eléctrico en los últimos tres días.
La presentación se hizo ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por reiteradas fallas en el sistema de alta tensión que generaron los apagones recientes, que provocaron un efecto dominó en otros servicios básicos, como el agua potable y la atención sanitaria.
Esta acción colectiva es el resultado de un largo historial de conflictos que cada una de estas provincias mantuvo por su lado con Transnoa, a la que acusan de incumplir con el plan de inversiones comprometido para los últimos años.
Funcionarios de las tres provincias advierten que es «crítica» la situación que el sistema eléctrico regional atraviesa. Ahí, no solo apuntaron contra la desinversión y el déficit de personal técnico por parte de Transnoa.
«Los cortes registrados no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural en la operación de Transnoa S.A.», señalaron los referentes energéticos de Salta, Jujuy y Tucumán
También, desde las provincias administradas por Gustavo Sáenz, Carlos Sadir y Osvaldo Jaldo acusan una deficiente supervisión por parte del gobierno de Javier Milei.
«Los cortes registrados no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural en la operación de Transnoa S.A.», señalaron los referentes energéticos de Salta, Jujuy y Tucumán, que denunciaron una política empresarial que «prioriza la rentabilidad por sobre la calidad del servicio».
Transnoa tiene la responsabilidad de la operación y mantenimiento de la Red de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del NOA desde 1994, a partir de la concesión otorgada por el gobierno de Carlos Menem.
Más del 57% de las acciones de esta transportadora están a manos de Elecnorte S.A., propiedad de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, mientras que IATE S.A., del Grupo Taselli, tiene el 27,18% de las acciones. El resto lo posee la provincia de Catamarca (5,06%) y el Programa de Propiedad Participada (10%).
En medio de recientes denuncias por cortes y desinversión, Transnoa realizó cambios de directorio que también generaron problemas internos.
Hoy, como presidente figura Diego Héctor Castro y, como vice, Melitón Eugenio López, que tiene un pasado reciente en la función pública como presidente de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires durante de la gestión de María Eugenia Vidal. También dentro del directorio de Transnoa figura otro ex funcionario de Lotería en ese mismo periodo, Marcelo Oscar Mehl.
Cúpula directiva de Transnoa durante una reunión reciente con el gobierno de Santiago del Estero.
En la presentación ante el ENRE, las provincias detallan los cortes sufridos en las distintas localidades. Entre el 22 y el 23 de enero, 90.000 usuarios se vieron afectados en Orán, San Martín y Rivadavia en la provincia de Salta.
Mientras que, en Jujuy, quedaron afectadas las localidades Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito. El evento en Jujuy ocurrió entre el 23 y 24 de enero y afectó a más de 750.000 usuarios.
En tanto, el mismo 23 la Estación Transformadora Aguilares, en Tucumán, quedó fuera de servicio afectando la zona sur de la provincia, a unos 60.000 usuarios.
En concreto, las autoridades de Salta, Jujuy y Tucumán le reclaman al ENRE que le exija a Trasnoa los planes de inversión y las medidas correctivas para evitar la recurrencia de las fallas.
También, que se obligue a la transportista a abrir oficinas comerciales y de atención en las provincias donde opera, que detalle la infraestructura disponible en Salta, Tucumán y Jujuy y que el ente regulador informe las multas que aplicó a Trasnoa entre 2019 y 2025.
La presentación ante el ENRE fue hecha por Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador salteño; Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy; Hugo Montaño, de la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy; y José Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán.
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Toto Caputo confirmó que el macrista Carlos María Frugoni es el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura, la oficina que maneja la obra pública, como había anticipado LPO el mes pasado.
La designación de Frugoni fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y de esta forma se confirma que reemplaza a Martín Maccarone, el «secretario fantasma» que manejaba desde hace meses la secretaría de Infraestructura sin haber sido nombrado oficialmente.
Frugoni es un hombre de Mauricio Macri que hasta marzo del año pasado presidió AUSA, la oficina encargada de las autopistas porteñas. El flamante funcionario libertario trabajó desde 2008 en AUSA y fue ferviente militante del PRO, donde participó en las campañas de Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri.
Como contó LPO, Frugoni como titular de AUSA le entregó un millonario negocio a los hijos de Nicky Caputo con un terreno top en Barrio Parque por 2 mil dólares hasta 2049 y fue el artífice de la polémica adjudicación del Paseo del Bajo, donde resultó favorecida la constructora de Ángelo Calcaterra.
Frugoni, ex alumno del Newman como Macri y los Caputo, llegó al gobierno libertario en agosto del año pasado tras el acuerdo entre el PRO y LLA para las elecciones de octubre. En ese momento fue nombrado titular Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, el organismo que absorbió la ex CNRT y también las concesiones de rutas nacionales.
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