Kicillof: «hablamos con Llaryora y tenemos que encontrar coincidencias»

Kicillof: «hablamos con Llaryora y tenemos que encontrar coincidencias»

 

La agenda del gobernador bonaerense Axel Kicillof en Córdoba fue intensa y, salvo la foto con su par cordobés Martín Llaryora, se volvió a Buenos Aires con un poco de todo. Encuentro sindical en La Falda de la mano del titular de Sanidad, Héctor Daer; contacto en Cosquín con el intendente Raúl Cardinali, un hombre del kirchnerismo que destronó a un socialista aliado de Schiaretti en el 2023 y actividad académica en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el que presentó su libro.

Acompañado por los ministros Carlos Bianco y Andrés ‘Cuervo’ Larroque, Kicillof llegó por la mañana a Córdoba sabiendo que no iba a existir contacto con Llaryora que, como lo contó LPO, decidió irse a San Juan a una cumbre de minería en la que también participó Karina Milei y el viernes tuvo agenda con recorrido en el interior provincial. Sin embargo, a pesar del desaire, en la tarde de esa jornada Kicillof evitó la polémica con su par cordobés.

«Hablo con Llaryora», dijo y aseguró que mostró respaldo en la gestión del cordobés cuando aportó equipamiento y recurso humano con los incendios del 2024. «Vinimos con nuestra brigada área. Entre las provincias tiene que haber colaboración, más porque el Gobierno nacional no existe», señaló Kicillof, minutos después de cruzar a ‘Toto’ Caputo en la UTN.

«Hablamos con Llaryora y tenemos que encontrar coincidencias. No hablamos de un acuerdo electoral o frente, pero tenemos diálogo», dijo el gobernador bonaerense en Córdoba.

Llaryora esquiva la foto con Kicillof y se va a una cumbre minera con Karina Milei

Kicillof también evitó expresarse por la diputada Natalia de la Sota, a quien algunos mencionan como una posible compañera de fórmula del bonaerense el año próximo. 

Lo cierto es que tampoco la hija del exgobernador fue de la partida en la recorrida que Axel hizo por Córdoba.

Consultado en la UTN sobre qué expectativa le genera el peronismo de Córdoba en su proyecto nacional dijo que «ante las políticas de Milei, que no son sólo de él, sino que hay una política internacional de ultraderecha, los que pensamos que debemos tener desarrollo nacional con los trabajadores, la educación… no quiero arrogarme la representación de nadie». «Toda la Argentina tiene una matriz productiva que está en riesgo», dijo Kicillof. 

 

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    El Gobierno oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA y lanzó la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que todavía permanecían bajo control estatal. La decisión convierte a la empresa de agua potable y saneamiento en la primera gran compañía pública prácticamente desmantelada durante la gestión de Milei, en una medida que vuelve a poner en discusión el acceso al agua como derecho social y no como mercancía.

    La resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que el Ejecutivo buscará transferir el control operativo de la empresa a capitales privados mediante un esquema dividido en dos etapas. Primero ingresará un “operador estratégico” que manejará la compañía y luego se avanzará con una colocación de acciones en Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.

    Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defendió la medida con el argumento habitual del ajuste libertario: el Estado “deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas” y apuesta por la inversión privada. El discurso oficial promete más obras, mayor eficiencia y expansión del servicio, aunque la historia reciente de las privatizaciones argentinas muestra un recorrido muy distinto: aumentos tarifarios, deterioro del control público y concentración empresaria.

    El regreso del modelo de los ‘90

    La decisión reabre inevitablemente el recuerdo de la privatización de Obras Sanitarias y la concesión otorgada en los años noventa a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. Aquella experiencia terminó en medio de denuncias por incumplimientos, subas tarifarias y deterioro del servicio, hasta que en 2006 el Estado recuperó la compañía y creó AySA.

    Ahora, bajo el paraguas de la Ley Bases, el Gobierno vuelve a poner en venta un servicio esencial que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. El contrato aprobado semanas atrás prevé una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otra década adicional.

    Detrás del argumento de “modernización” aparece además una necesidad financiera urgente. Diversos análisis económicos coinciden en que el Ejecutivo busca acelerar privatizaciones para conseguir dólares frescos en medio de las tensiones por deuda externa, vencimientos con el FMI y dificultades para sostener el esquema económico actual.

    Tarifas, negocios y control social

    El caso AySA tiene una dimensión especialmente sensible porque no se trata de una empresa cualquiera. Se trata del acceso al agua potable y al saneamiento para más de 15 millones de personas en el AMBA. En ese contexto, distintas organizaciones sociales y sindicales vienen alertando que la lógica privada tiende a priorizar rentabilidad sobre universalización del servicio, particularmente en zonas populares donde las inversiones suelen ser menos atractivas para los concesionarios.

    La privatización además llega después de una larga serie de aumentos tarifarios impulsados por el propio Gobierno. Durante el último año, las boletas de agua registraron fuertes incrementos mientras se redujeron subsidios y se flexibilizó el marco regulatorio para facilitar el ingreso de capital privado.

    El cronograma oficial establece que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre pliegos y condiciones estarán habilitadas hasta el 12 de agosto.

    Con AySA, Milei no sólo profundiza su programa de privatizaciones. También coloca en el centro del negocio privado uno de los servicios más estratégicos y sensibles de cualquier sociedad: el control del agua.

     

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