Karina Milei retrocede con su cautelar por los audios y reconoce que no hay riesgo para la seguridad nacional
En un giro inesperado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desistió de la medida cautelar que había conseguido para frenar la difusión de audios atribuidos a su persona, presuntamente grabados en la Casa Rosada. La hermana de Milei presentó un escrito ante el juez civil y comercial federal Alejandro Maraniello, quien había otorgado la cautelar que luego fue apelada por periodistas, dueños de medios y cuestionada por diversas asociaciones de abogados.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El repliegue
La presentación de Karina Milei se produjo en el marco de la apelación impulsada por Jorge Fontevecchia, uno de los principales afectados por la restricción. En su escrito, los abogados de la funcionaria comunicaron que desistían de la cautelar y remarcaron que, aunque no ven riesgo para la seguridad nacional, sigue abierta una investigación penal por la filtración de los audios.
Según el texto presentado, los audios ventilados “no afectan la seguridad nacional” y se realizó una denuncia penal en el fuero federal. El expediente quedó en manos del fiscal Carlos Stornelli.
La causa penal sigue abierta
Aunque Karina Milei cedió en su intento de frenar la reproducción de los materiales, subrayó que la denuncia penal continúa su curso. En la presentación, sus representantes legales sostuvieron que los audios fueron obtenidos de manera ilícita y que su publicación buscó desinformar y provocar un daño político a su familia.
Un revés en el intento de blindaje
La marcha atrás de Karina Milei ocurre luego de una fuerte controversia pública. Distintos sectores del periodismo y del ámbito jurídico habían advertido que la cautelar implicaba un precedente peligroso para la libertad de expresión. Desde Noticias La Insuperable ya habíamos señalado los riesgos de habilitar la censura previa en casos de evidente interés público.
Con su decisión, Karina Milei desactiva un frente que amenazaba con convertirse en un costo político innecesario para el gobierno. Sin embargo, la discusión sobre el origen y el contenido de los audios sigue abierta y promete nuevos capítulos en los tribunales.
