La interna en el corazón del gobierno vuelve a levantar temperatura. La escena es imposible de disimular. El Gobierno inauguró su «FBI argentino» sin Seguridad ni Defensa. Detrás de esa postal está la mano de Karina Milei y un golpe directo al armado de Santiago Caputo.
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) inauguró este jueves el Centro Nacional de Antiterrorismo (CNA) junto al FBI. El evento contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. La misión oficial del nuevo organismo es intercambiar información e inteligencia en materia de terrorismo y reforzar la cooperación bilateral.
Pero la foto tuvo un vacío difícil de explicar. No estuvieron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ni el ministro de Defensa, Carlos Presti. Y eso pese a que el CNA estará integrado por áreas clave de ambos ministerios, además de la SIDE, la Unidad de Información Financiera, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Migraciones, Cancillería y Justicia, entre otras dependencias estratégicas del Estado.
La ausencia no fue casual. «Karina le ordenó a Monteoliva y Presti que no fueran», confirmó a LPO una fuente del gobierno. La decisión dejó al descubierto una jugada interna que excede las peleas de las redes sociales y apunta al control del sistema de inteligencia, un terreno donde se juega poder real.
Santiago Caputo ya hizo saber que si pierde el control del organismo, se va. Para el asesor, la estructura de inteligencia es mucho más que un área técnica: es el canal directo con Washington.
El breve armisticio posterior al escándalo de Manuel Adorni y la tensión en el Poder Judicial duró poco. La disputa volvió a escalar con rapidez. El lanzamiento del CNA, que buscaba mostrar coordinación institucional, terminó exhibiendo lo contrario: un Gobierno fragmentado en áreas sensibles.
En ese tablero, la SIDE es una pieza central. Santiago Caputo ya hizo saber que si pierde el control del organismo, se va. Para el asesor, la estructura de inteligencia es mucho más que un área técnica: es el canal directo con Washington y un activo clave en la relación estratégica con Estados Unidos.
Esa relación tuvo gestos concretos. En medio de la escalada bélica con Irán, el director de la CIA, John Ratcliffe, recibió en Langley al titular de la SIDE Cristian Auguadra. El encuentro fue interpretado como un respaldo explícito al trabajo de la agencia de inteligencia local bajo la órbita de Caputo en materia antiterrorista y operaciones conjuntas.
La fractura también se filtró en la superficie política. La guerra en redes entre Lilia Lemoine y Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, de esta semana escaló a un nivel de confrontación pública que antes de evitaba.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la polémica tras conocerse un nuevo viaje familiar a Bariloche en el que habría gastado más de 6.000 dólares solo en alojamiento en un hotel de lujo, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ya lo tiene bajo la lupa.
Por Roque Pérez para NLI
Otro capítulo de gastos en dólares
Según la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, el funcionario realizó una escapada junto a su familia durante un fin de semana largo, pocos meses después de asumir funciones, y se hospedó en el exclusivo hotel Llao Llao, uno de los más caros del país.
El dato más llamativo es que solo el costo de la habitación habría superado los 6.000 dólares, sin incluir pasajes aéreos ni consumos dentro del hotel, que suelen tener valores elevados.
Este nuevo episodio vuelve a exponer una contradicción cada vez más difícil de sostener: el discurso de austeridad del gobierno de Milei frente a los gastos personales de sus principales funcionarios.
Lujo en medio del ajuste
El hotel elegido por Adorni no es un destino cualquiera. Se trata de un símbolo del turismo premium en la Patagonia, frecuentado por empresarios y figuras de alto poder adquisitivo.
En ese contexto, el viaje generó fuertes cuestionamientos políticos, sobre todo porque ocurre en un escenario económico marcado por el ajuste, la caída del poder adquisitivo y el recorte del gasto público que impulsa Milei.
La imagen es difícil de disimular: mientras se le exige sacrificio a la población, un funcionario clave del gobierno aparece vinculado a consumos en dólares en uno de los hoteles más exclusivos del país.
Una causa judicial que se agrava
El viaje a Bariloche no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de movimientos que ya están siendo investigados por la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Días atrás, se confirmó que Adorni también viajó a Aruba con su familia en primera clase, con pasajes que costaron unos 5.800 dólares en total, mientras se analizan los gastos de alojamiento en un resort all inclusive.
En ese marco, el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario para rastrear el origen de los fondos utilizados en estos viajes.
El problema político que crece
El caso empieza a tener un impacto político más amplio. No solo por el contraste con el relato oficial, sino porque cada nuevo viaje conocido amplía las dudas sobre la consistencia entre los ingresos declarados y el nivel de gastos.
Además, estas revelaciones contradicen declaraciones previas del propio Adorni, quien había minimizado sus viajes personales, lo que suma un nuevo elemento de desgaste en la escena pública.
En un gobierno que hizo de la “casta” su principal bandera discursiva, el escándalo golpea en un punto sensible: la credibilidad.
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El conflicto con los transportistas que paraliza el Puerto Quequén, complica al gremio de peones rurales que lidera José Voytenco que está inmerso en una pelea descontrolada por el manejo de la principal terminal cerealera de la provincia.
Quequén es de los pocos puertos donde continúa abierta la discusión que plantearon los transportistas, quienes exigieron un aumento d ela tarifa que cobran por la suba del precio de los combustibles por la guerra.
La suba del 14% que proponen las exportadoras es rechazada por los transportistas, que piden de base un 17% de aumento. «Tienen cosecha récord, no hay excusas para no otorgar el aumento que pedimos», dijo a LPO uno de los dirigentes involucrados en la discusión.
Ante la extensión del conflicto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) le reclamó este jueves al gobierno de Milei que intervenga en el conflicto y, de ser necesario, que haga «uso de la fuerza pública».
En una nota dirigida al secretario de Transporte nacional, Fernando Herrmann, el titular de la CPPC, Federico Spoturno Merchot, denunció una «flagrante y sostenida violación» de la ley que regula el transporte de cargas por parte de los transportistas, razón por la cual creen que Nación debería actuar de inmediato.
En el sector sostienen que por este conflicto el circuito económico de Quequén registró pérdidas más de 300 millones de dólares.
«Puerto Quequén y con él buena parte de la exportación agrícola argentina, permanece rehén del accionar de este grupo de inadaptados sociales y este panorama se ha complicado aún más con el parate total de ingreso de mercaderías a las Terminales de ese puerto», señala la nota de la CPPC a la que tuvo acceso LPO.
Y agrega: «Hay 17 buques -semi cargados- que esperan desde hace más de diez días poder embarcar 450.000 toneladas de mercaderías ya vendidas, pero retenidas por el inescrupuloso accionar que es motivo de esta denuncia».
Imagen satelital de los buques en espera en Quequén.
En el sector sostienen que por esta situación el circuito económico de Quequén registró pérdidas por más de USD 300 millones. Por todo eso, en la CPPC le avisaron a Herrmann que irán a la Justicia ante «el hipotético supuesto que este reclamo no sea atendido». Una desenlace muy problable con el gobierno libertario.
Las federaciones de transportistas Fatrac, Fetra, Atcade y Camioneros rechazaron la presión empresaria y ratificaron su «apoyo y total sintonía en el rechazo del 14% propuesto en la última reunión, por considerarlo insuficiente para cubrir los costos reales del sector».
Llama mucho la atención que tengan que salir las federaciones de transportistas y la CGT a pedir la intermediación de la Provincia, teniendo un consorcio de gestión conducido por alguien nombrado por la Provincia.
Ante la escalada del conflicto, reclamaron la mediación del gobierno de Axel Kicillof: «Que asuma la responsabilidad que le corresponde, tomando las medidas pertinentes que sea necesarias para lograr una tarifa justa y acorde a la realidad», señalaron.
También la CGT Regional Necochea pidió una intervención «urgente» de la Provincia y planteó interrogantes sobre el rol del presidente interino del consorcio portuario, el dirigente de Uatre, Mariano Carrillo.
«Llama mucho la atención que tengan que salir las federaciones de transportistas y la CGT a pedir la intermediación de la Provincia, teniendo un consorcio de gestión conducido por alguien nombrado por la Provincia», dijo a LPO el titular de la CGT Necochea, Demian Ledesma.
Transportistas protestando en la rotonda de acceso al Puerto Quequén.
En esa línea, fuentes cercanas a los transportistas afirmaron que Carrillo mantiene un acuerdo con las cerealeras exportadoras y lo asocian a las intenciones del dirigente alineado a José Voytenco por quedarse más allá del actual interinato al frente del puerto.
En el medio, está en ciernes la licitación del elevador de granos que -como contó LPO- opera hace 34 años Terminal Quequén. Se trata de un grupo integrado por las agroexportadoras Viterra, Cofco y Bunge, con participación accionaria de entidades como la Sociedad Rural Argentina, CRA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
La última prórroga está cerca de expirar y en el puerto creen que Carrillo concederá una nueva prórroga.
«Carrillo no llegó ahí por mérito ni por conocimiento del sector. Es parte de la red política y sindical vinculada a José Voytenco, Jorge Giani y Julio Comparada, el entramado que se alimenta de negocios, favores y relaciones de poder», acusaron en el opositor Movimiento de Recuperación de Uatre.
En el medio, también generó discordia el viaje a España que, en medio de esta crisis inédita, realizan miembros del directorio portuario con pasajes adquiridos con recursos del consorcio.
Carrillo no llegó ahí por mérito ni por conocimiento del sector. Es parte de la red política y sindical vinculada a José Voytenco, Jorge Giani y Julio Comparada, el entramado que se alimenta de negocios, favores y relaciones de poder.
Fuentes del puerto señalaron a LPO que el propio Carrillo tenía sus pasajes para participar del encuentro de «líderes portuarios latinoamericanos» en Barcelona, pero que se tuvo que bajar frente a la escalada del conflicto. No obstante, otros funcionarios del puerto viajaron a la soleada capital catalana.
«No se sabe si juega para los sindicatos o para los exportadores», dijo sobre Carrillo otra fuente del puerto consultada.
Como sea, en las exportadoras aumentan la presión para sacar los granos hoy retenidos en Quequén. En el sitio de la Asociación de Cooperativas Argentinas están en espera 7 buques para cargar 208 mil toneladas de graneles agropecuarios. En el sitio 4/5 de embarque de Terminal Quequén S.A. están esperando cargar 95 mil toneladas en 4 buques y en el Sitio 0 de Quequén esperan 6 buques para cargar 148 mil toneladas.
