Jorge Macri pidió correr al actual presidente del Mercado Central, un funcionario que tiene el aval de Toto Caputo. Por ley, ese cargo es rotativo y le corresponde a la Ciudad, pero Fabián Miguelez se niega a abandonarlo.
Miguelez debería haber salido de la presidencia hace 9 meses. El cargo le corresponde a Leonardo Sarquís, el ex ministro de Agricultura de María Eugenia Vidal, pero no puede asumir hasta que el actual presidente no libere su silla.
La Ciudad venía reclamando que se apartara, pero en las últimas horas formalizó el pedido mediante una nota firmada por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.
El funcionario invocó el reglamento del Marcado Central y pidió que Sarquís asuma la presidencia.
La gestión de Miguelez atravesó varias controversias y de hecho asumió procesado por un escándalo de corrupción por contrataciones a familiares y amigos, irregularidades con los gastos de representación y otras maniobras ocurridas durante la presidencia de Mauricio Macri.
En 2018 salió a la luz un informe de 90 páginas de la Oficina Anticorrupción detallando irregularidades en la gestión del Mercado y allí se mencionaba un desvío de 1.400 millones de pesos a siete empresas.
El desmanejo del Mercado Central que ya fue objetado por el síndico del organismo. Como explicó LPO, el último informe realizado por el síndico reveló que, de los 80 puntos auditados, Miguelez cumplió sólo tres.
La situación no cambió en los últimos meses: el Mercado Central vive una situación de abandono por la falta de higiene tal, que se pueden ver ratas gigantes entre la comida.
Miguelez se sostuvo en el cargo gracias a la cercanía con el líder del PRO, pero sobre todo con Toto Caputo, cuyo hermano Flavio es íntimo amigo de Miguelez y su esposa.
Victoria Villarruel difundió un tuit de un usuario que dijo que Patricia Bullrich «está gagá» y después tuvo que aclarar que está «muy conforme» con el ingreso de la ex ministra al Senado.
La vicepresidenta respondió al tuitero Santino Dezzotti, que publicó un video de Bullrich confundiéndose de Cámara en el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado.
En el video, Bullrich se refiere al correntino Eduardo Vischi como «diputado», pese a que es senador.
«¡Puta que lo parió con esto, no me sale nunca, flaco! Me confundo porque fui ministra y diputada pero nunca senadora. Discúlpeme, se me sale automáticamente», dijo la flamante jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado.
«Totalmente gagá. Y esta era la que iba a manejar a Villarruel!!!», tuiteó Dezzotti. La réplica de Villarruel fue envenenada: «Qué genial tu foto de portada!!! No se me ocurrió!!», dijo la vicepresidenta y de ese modo multiplicó las visualizaciones tanto del video como del mensaje en que se catalogaba a la ex ministra de «gagá».
Minutos después, cuando ya se había viralizado su respuesta, Villarruel mandó un mensaje aclaratorio en otro tuit. «Con la senadora Bullrich estamos trabajando muy bien. Estoy muy conforme con su ingreso al Senado de la Nación y nuestra relación de trabajo y colaboración es mutua y valorada por ambas. No creo en la política estéril de enemigos, así que cumplo mi función y ella la suya», dijo Villarruel.
Desde ayer lunes, niños y niñas de diferentes barrios de Villa Regina disfrutan de las propuestas que se enmarcan en la colonia de vacaciones que se desarrolla en el balneario municipal de la Isla 58. La actividad es organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad. Hasta el próximo viernes, participan de la colonia…
Con el proyecto de reforma laboral del Gobierno quedan atrás los palabrerios cargados de incertezas: qué tan vetusto es el modelo actual, cuáles son los vectores de la adaptación al nuevo orden tecnológico y comercial global, y si este modelo —erigido a mediados del siglo XX y tantas veces reformado— debe ser definitivamente desarticulado, reconstruido o actualizado. Es una afirmación incómoda: para el gobierno libertario —y para todos los gobiernos neoliberales antes que él— las reformas laborales son un elemento central del programa económico.
Desde la oposición, el planteo respecto al mundo del trabajo es que el principal problema está en otra parte: las leyes laborales no crean empleo. Una verdad incontrastable, pero tal vez insuficiente. Entonces, ¿hace falta una reforma laboral? ¿La política del trabajo y sus regulaciones son tan centrales para el peronismo como lo son para los libertarios? ¿Qué lugar ocupa una reforma laboral en un programa inclusivo de crecimiento y desarrollo?
Una reforma perfecta
El proyecto de Ley de Modernización Laboral es la reforma de un modelo que apunta a transformar de raíz la estructura productiva y a promover lo que Schumpeter llamó una “destrucción creativa”: una destrucción de buena parte del tejido productivo –industrial–, como supuesta condición para el fortalecimiento de otros sectores, como el complejo energético y la minería.
Para dinamizar este proceso, promueve la rotación laboral y abarata los despidos mediante la creación del Fondo de Asistencia Laboral y a través del financiamiento estatal. Equivale a resignar 2.500 millones de dólares anuales del sistema previsional en concepto de contribuciones patronales. Si se aprueba esta norma, el modelo no permitirá ningún tipo de reconversión productiva que habilite la supervivencia de las empresas. El único camino será la mera destrucción —creativa, pero destrucción al fin— de un sinnúmero de empresas y un tendal de desocupados y puestos precarios.
Para lograr un país sin industria se necesita un país sin sindicatos. ¿O es al revés? Igual da.
Es la reforma laboral de un esquema macroeconómico cuya política antiinflacionaria tiene entre sus anclas principales la contención de los salarios. Con ese objetivo, institucionaliza la autoridad del Estado para fijar un techo a las paritarias.
El proyecto busca consolidar un modelo que no se apalanca sobre el mercado interno. Por ello, no precisa garantizar pisos salariales ni de derechos que fortalezcan el consumo local. Por eso descentraliza la negociación colectiva y permite que los acuerdos a nivel de empresa contengan peores condiciones que los que se negocian a nivel sectorial. Y también legaliza el fraude laboral promoviendo la contratación de trabajadores a través del monotributo.
La reforma laboral de Milei se integra a un modelo que abre indiscriminadamente las importaciones, y que a las empresas más afectadas les deja como única alternativa la subsistencia en base al pago de bajos salarios. Para eso también sirve la descentralización de la negociación colectiva y la institucionalización del techo a las paritarias.
Los sindicatos, para este esquema, son un claro obstáculo, porque pueden retrasar la “destrucción creativa” que afecta a los sectores intensivos en mano de obra, y pueden resistir el avance de una economía en base a salarios bajos y ausencia de derechos laborales. Por eso, el proyecto de ley busca ahogar financieramente a las organizaciones de los trabajadores, comprometer su sustentabilidad económica y limitar severamente la acción gremial.
Para lograr un país sin industria se necesita un país sin sindicatos. ¿O es al revés? Igual da.
Según este modelo de país, el bienestar de los trabajadores nunca —en ninguna circunstancia, ni territorio, ni tiempo— puede estar por sobre la rentabilidad de las empresas. Para eso la reforma laboral impulsa el banco de horas y otras formas de flexibilización de la jornada que desorganizan la vida de los trabajadores, elimina o debilita regímenes de protección a colectivos específicos (ley de teletrabajo, estatuto del periodista, entre otras) y convalida la precariedad del trabajo en plataformas.
Esta es la reforma, en definitiva, de quienes creen que los sindicatos, las leyes laborales y la negociación colectiva —instituciones que la Argentina se dio a sí misma después de 1983— son el principal obstáculo para que se radiquen inversiones y la economía crezca. El gobierno nacional está construyendo un modelo de país. Esta es la reforma laboral que necesita para eso. Una que desarticule instituciones construidas en democracia.
Qué reforma necesita Argentina
Un modelo de desarrollo con inclusión necesita esencialmente una reforma laboral que integre ese programa. Las reformas laborales no resuelven los problemas que el desarrollo —o, mejor dicho, la falta de desarrollo— deja tendidos. Pero son componentes clave de los modelos económicos y productivos que tienen entre sus principales prioridades la generación de trabajo de calidad. Por eso es importante definir cómo se articula la regulación del trabajo con ellos.
Los modelos de desarrollo que encuentran en el mercado interno un factor de dinamismo precisan reformas laborales que fortalezcan la demanda y, en particular, los niveles de consumo de los trabajadores. Para eso, incorporan esquemas de negociación colectiva que no profundizan las asimetrías naturales entre capital y trabajo, sino que las moderan. También priorizan la recuperación del salario mínimo, vital y móvil para incentivar el crecimiento de los ingresos de los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial, e incluyen mecanismos de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, de modo que los frutos de las mejoras en la productividad sean compartidos.
Esta es la reforma de quienes creen que las leyes laborales y la negociación colectiva son el principal obstáculo para que se radiquen inversiones y la economía crezca.
Los modelos de desarrollo que priorizan el fortalecimiento del mercado interno encuentran en los sindicatos un actor fundamental para consolidar la demanda e impulsar el consumo de quienes trabajan. Por eso, precisan asociaciones gremiales que participen activamente en la puja distributiva, promoviendo mayor equidad en la distribución de la riqueza. En consecuencia, otorgan un marco de garantías a la acción gremial y fortalecen los recursos de las organizaciones sindicales.
Los modelos de desarrollo cuyas políticas antiinflacionarias no se basan en la contracción salarial necesitan reformas laborales que impulsen mecanismos suprasectoriales de coordinación salarial, para promover el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos en una evolución acompasada de salarios, precios, tarifas y otros indicadores clave de la economía.
Los modelos de desarrollo centrados en la innovación, la incorporación de tecnologías, la generación de valor agregado y que apuntan a mejorar la competitividad por la vía alta —en base a la mejora de procesos y productos—, necesitan estrategias de incremento de la productividad de las empresas que no se basen en la intensificación y la híper explotación del trabajo. Por el contrario, necesitan trabajadores formados, comprometidos con sus empresas, que sean una fuente de innovación y pongan sus conocimientos al servicio de la mejora de la producción. Que sean reconocidos y bien remunerados por ese aporte. Para eso, las reformas laborales inclusivas incorporan mecanismos de participación de los trabajadores en la organización del trabajo, de reconocimiento de los saberes que esos trabajadores ponen a disposición de la producción y de distribución de la rentabilidad que surge como consecuencia del incremento de la productividad. Y con ese objetivo, las leyes fijan estándares laborales que incentiven a mejorar la competitividad de las empresas para alcanzarlos. Porque, a contramano del sentido común más ortodoxo, el debilitamiento de los derechos laborales no mejora la competitividad sino todo lo contrario, desincentiva la innovación porque habilita estrategias de negocios basadas en salarios bajos e incumplimiento de derechos.
Los modelos de desarrollo que buscan fortalecer la competitividad de las PyMES pero, a la vez, pretenden no dinamitar los ingresos del Estado, precisan reformas laborales y tributarias que incluyan esquemas progresivos de contribuciones patronales, que reduzcan al mínimo la carga de las empresas más chicas y compensen con las que tienen más margen para aportar.
Esos modelos de desarrollo precisan relaciones laborales a largo plazo, que puedan sostenerse incluso en contextos de crisis. Para eso necesitan reformas laborales que desincentiven la rotación laboral y políticas de estabilización del empleo que ayuden a las empresas a no tener que echar trabajadores en circunstancias de dificultades económicas porque, sobre todo para las PyMES, después es muy difícil volver a formarlos.
Los modelos de desarrollo que buscan un equilibrio entre la necesidad de rentabilidad de los empresarios y el bienestar de los trabajadores precisan reformas laborales que armonicen esos dos elementos. Esto implica definir condiciones laborales que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos; establecer estándares que protejan la salud y seguridad laboral; diseñar formas de organización del tiempo de trabajo y de las vacaciones que respondan tanto a las necesidades operativas de las empresas como a las preferencias y expectativas de los trabajadores, entre otros conceptos.
Esa sería una reforma laboral que, en democracia y con el reconocimiento del protagonismo de los actores sociales, puede señalar un horizonte posible y deseable de producción y trabajo.
Sí, hace falta una reforma laboral
No solamente por las urgencias del mundo del trabajo, que son muchas, sino porque es urgente mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de quienes ya están protegidos por derechos laborales. Es urgente ampliar la protección efectiva con derechos laborales a todos los trabajos —asalariados e independientes— que hoy tienen vedado el acceso a la estabilidad, el descanso remunerado y una jubilación digna. La justicia social no puede llegar por vía judicial cuando los daños ya están hechos o cuando la precariedad ya está consagrada.
Una reforma laboral inclusiva es necesaria para atender mucho más que urgencias. No es la última milla del crecimiento y el desarrollo sino su condición. No es la posibilidad del derrame ni del goteo sino un componente esencial del vaso lleno. No es solamente el factor que haría inclusivo a un modelo o que garantizaría una distribución más equitativa del ingreso sino un componente esencial del desarrollo y la estabilidad política. Es un elemento central de un proyecto de país que crezca con inclusión.
El Gobierno oficializó la designación de Fernando Martín Kusnier como nuevo Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad Nacional. Mientras Milei coloca a otro empresario privado al mando de un área estratégica, reaparece la trayectoria del flamante funcionario: dueño de la empresa de alarmas Protegido 24 y esposo de Susana Judith Cobe, una de las empleadas señaladas en la causa por el vaciamiento del Banco Mayo, donde también figuró la madre de María Eugenia Vidal.
Por Roque Pérez para NLI
Del boletín oficial a la seguridad privada
A través del Decreto 855/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, Milei nombró a Fernando Martín Kusnier como número dos político del Ministerio de Seguridad Nacional, el área clave donde se digitan las decisiones estratégicas del gabinete. Lo secunda con su firma Alejandra Monteoliva, la fiel remplazante de Patricia Bullrich.
Kusnier, de 58 años, no viene del mundo académico, ni de instituciones especializadas en criminología o políticas públicas. Su experiencia proviene del negocio privado de la seguridad, un sector históricamente marcado por la opacidad regulatoria, la tercerización descontrolada y la falta de auditorías estatales serias.
Según los registros oficiales, es propietario de AMAKOR S.A., más conocida por su marca comercial Protegido 24, una empresa de alarmas y monitoreo que opera en el rubro de seguridad electrónica.
Una familia que ya aparece en causas sensibles
La trayectoria personal de Kusnier no es la única que vuelve al centro de la escena. Su esposa, Susana Judith Cobe, figuró en el radar judicial: apareció mencionada en la emblemática causa por el vaciamiento del Banco Mayo, uno de los mayores escándalos financieros de los años ’90.
Cobe trabajó en la mesa de dinero que funcionaba en el segundo piso de la casa matriz del Banco Mayo (calle Paso 640). Su tarea, según su propia declaración, consistía en recepcionar a los clientes que venían a invertir, tomar sus datos y emitir comprobantes / plazos siguiendo instrucciones que venían de la Gerencia Financiera.
En esos testimonios ella describe que las mesas (Mayflower, Trust Inversions) operaban desde dentro del banco pero fuera de los balances oficiales, un mecanismo que derivó en la estafa masiva denunciada años después. Los expedientes del caso incluyen testimoniales que la mencionan entre quienes ofrecían operaciones financieras por fuera del circuito bancario regulado.
La causa, que tuvo ramificaciones políticas, judiciales y mediáticas durante décadas, rememora otro nombre propio: Norma Susana Cascallares, empleada del banco y madre de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Cascallares aparece en las denuncias de ahorristas que afirmaron haber recibido de ella propuestas de inversión con “mejor rentabilidad”, parte del mecanismo que terminó contribuyendo al colapso del Banco Mayo.
Cobe y Cascallares figuran mencionadas en la misma causa por irregularidades financieras, relacionadas con la operatoria de mesas de dinero.
Los senadores radicales manifestaron su incomodidad ante Patricia Bullrich por tener que votar el presupuesto tal como llegó de Diputados, por el ajuste sobre educación y ciencia que establece el artículo 30.
«Al radicalismo se le hace indigerible el artículo 30, que despedaza la educación, la educación técnica y la ciencia y la tecnología, se acaba el 6 por ciento del PBI y pasa a ser el 1 por ciento», dijo el peronista Fernando Salino en diálogo con FM La Patriada.
En efecto, ese tramo del proyecto establece la derogación del artículo 9º de la Ley de Educación Nacional, que fijó por encima del 6 por ciento del PBI las partidas para el sistema educativo. Lo mismo propone para los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que garantiza una suba paulatina hasta llegar al 1 por ciento del PBI en 2032.
Otro de los incisos del artículo 30 de la ley de leyes plantea la eliminación del 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, un duro golpe a la formación en oficios valiosos para la industria nacional.
Desde el entorno del jefe de bloque radical, Eduardo Vischi, aseguraron a LPO que el senador correntino «seguirá defendiendo la educación y la salud pública, como lo viene haciendo». Según Salino, la definición sería «que si hay que pasar esto, lo pasamos de un solo trago, no se te ocurra meter alguna cosa distinta porque ahí es donde empezamos a tener problemas».
En medio de la confusión del gobierno sobre su propio objetivo con el presupuesto, la jefa de la bancada libertaria insistió este domingo, durante una reunión por Zoom con representantes de todos los bloques aliados, con la chance de incorporar artículos del capítulo 11 que volteó la Cámara Baja o sacar por decreto la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y aumento del presupuesto universitario.
Sin embargo, Vischi ratificó la postura de rechazar cualquier modificación al presupuesto que debería tratarse en la sesión convocada para este viernes, después de Navidad, con un argumento contradictorio. El legislador correntino habría dejado trascender que para sus colegas era problemático votar el artículo 30 y utilizó ese ejemplo para persuadir a Bullrich de que decline su intento de meter artículos por la ventana.
Fernando Salino, en el recinto.
«Los radicales quieren que se vote el paquete cerrado y que pase rápido», comentó uno de los legisladores que estuvo presente en el Zoom. El bloque de Vischi cuenta con 10 miembros, mientras que los libertarios llegan a 21 integrantes.
La postura de la UCR es fundamental porque, sin el concurso de esa bancada, el gobierno carece de atajos para llegar a la mayoría de los votos o, inclusive, al quórum. Con los dos santacruceños, los dos misioneros y los aliados provinciales apenas araña las 34 bancas y necesita 37 para abrir el recinto.
Al radicalismo se le hace indigerible el artículo 30, que despedaza la educación, la educación técnica y la ciencia y la tecnología.
Por lo demás, una senadora que participó del encuentro virtual comentó a LPO que «nadie dijo demasiado» durante esa charla. «Todos tenían temor de estar siendo grabados, así que era una charla careta», admitió otro sin temor a perder la elegancia.
Al cierre de esta nota, ninguno de los legisladores consultados imaginaba que el gobierno se quedara sin presupuesto, pero no dejaban de consignar la impericia libertaria para cerrar el trámite.
La Municipalidad de Villa Regina, a través del Área Mujer y Diversidad y organizado por la Comisaría de Familia, continúa con las capacitaciones para los agentes municipales en la temática “Tipos de violencia”. Las mismas se desarrollarán mañana miércoles y el viernes de 14 a 16 horas en el Galpón de las Artes. Estas capacitaciones…
