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La dirección de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Villa Regina informa que debido a las recientes precipitaciones que se dieron en la región del Alto Valle y por los afluentes río arriba se generó una masa de turbiedad que va a afectar el servicio de agua de la ciudad. Asimismo, se anuncia que el…

Se realizó el sorteo entre los contribuyentes que pagaron las Tasas Retributivas Anuales. El ganador de la moto fue Franklin Quezada Quintino, contribuyente N° 7748. Para la realización del mismo, se contó con la presencia del Intendente, Marcelo Orazi y la Escribana Pública, Rossana Hernández. La entrega del premio será el día domingo, en el…

 

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dio un nuevo paso en su estrategia de modernización del mercado financiero con la aprobación de la Resolución General 1150, una norma que amplía el régimen de tokenización de valores negociables, extiende el sandbox regulatorio hasta fines de 2027 y habilita a las plataformas de servicios de activos virtuales (PSAV) como canales para la oferta pública de instrumentos financieros.

La medida busca acercar el mercado de capitales a millones de usuarios acostumbrados al ecosistema cripto, aunque también abre un debate sobre los riesgos y limitaciones del modelo elegido.

La nueva regulación amplía significativamente el universo de activos que podrán representarse digitalmente. Entre ellos se incluyen acciones, obligaciones negociables, Cedears, fideicomisos financieros, fondos comunes de inversión cerrados y otros instrumentos emitidos bajo regímenes de oferta pública automática.

Además, la CNV prorrogó el entorno de pruebas regulatorio hasta el 31 de diciembre de 2027 para que emisores, intermediarios y plataformas puedan desarrollar proyectos y recopilar experiencia antes de una eventual regulación definitiva.

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Uno de los aspectos más destacados de la resolución es que las aplicaciones cripto podrán transformarse en canales legales de distribución de valores negociables, acercando el mercado de capitales a un público que hasta ahora permanecía fuera del sistema financiero tradicional.

Para Eduardo Novillo Astrada, cofundador y director ejecutivo de Justoken, se trata de una decisión con potencial transformador. «Para mí es una buena medida que por lo menos esté, que haya una regulación, que se habilite, que es un sandbox, que se estén haciendo cosas de manera proactiva», afirmó.

Esto implica que todos pueden ingresar al mercado de capitales mucho más fácil, con menos inversión y creo que le conviene a todos. Va a crecer el mercado de capitales de Argentina y el de la tokenización de otros activos.

El ejecutivo sostuvo además que la iniciativa podría ampliar significativamente la participación de los inversores minoristas. «Esto implicaría que todos puedan ingresar al mercado de capitales mucho más fácil, con menos inversión y creo que le conviene a todos. En este sentido va a crecer el mercado de capitales de Argentina y el de la tokenización de otros activos, también», señaló.

En la misma línea, Rodrigo Durán Guzmán, director de Comunicaciones de Notbank by CryptoMarket, consideró que la regulación demuestra que «la innovación y la supervisión pueden avanzar juntas». Según explicó, «la tokenización tiene el potencial de modernizar el mercado de capitales, pero para que eso ocurra necesita reglas claras y supervisión adecuada».

El presdiente de la CNV, Roberto Silva, con el equipo de tokenización del organismo.

Desde su perspectiva, la tecnología permitirá reducir costos operativos, mejorar la trazabilidad de las operaciones y democratizar el acceso a inversiones que históricamente estuvieron reservadas para segmentos más sofisticados del mercado.

Sin embargo, la norma también generó cuestionamientos por la arquitectura elegida para implementar la tokenización. La CNV optó por un esquema conocido como «wrapper», donde el token no constituye el activo financiero en sí mismo, sino una representación digital del instrumento tradicional que permanece depositado en Caja de Valores.

Este diseño permite avanzar dentro del marco jurídico vigente sin necesidad de modificar leyes de fondo, pero incorpora intermediarios adicionales en la cadena de custodia.

El esquema puede sumar múltiples capas entre el inversor y el activo subyacente, especialmente en instrumentos como los Cedears tokenizados, que ya de por sí son una representación de acciones extranjeras.

La norma generó cuestionamientos por la arquitectura elegida para implementar la tokenización. La CNV optó por un esquema conocido como «wrapper», donde el token no constituye el activo financiero en sí mismo, sino una representación digital del instrumento tradicional que permanece depositado en Caja de Valores.

Mariquena Otermin, directora de Marketing de Bitwage by Paystand, destacó que la medida constituye «un avance regulatorio técnicamente significativo», aunque advirtió sobre los desafíos que genera este enfoque.

«Al optar por un modelo de envoltorio (wrapper), donde el token funciona como una representación digital del activo subyacente y no como el activo en sí mismo, la normativa introduce capas de intermediación adicionales», explicó.

Para Otermin, esto abre un debate relevante sobre la acumulación de intermediarios entre el inversor y el activo real. «En términos prácticos implica un avance importante en accesibilidad, pero con desafíos en su estructura», señaló. A su juicio, será necesario evaluar si los beneficios de la tecnología logran compensar la complejidad derivada de la participación de aplicaciones, agentes de bolsa y entidades de custodia.

Una mirada similar aportó Iñaki Apezteguia, fundador de Crossing Capital. «No es lo ideal en términos de la tecnología en sí, porque no se habla sobre un token nativo, sino de un envoltorio de un token», indicó.

No obstante, consideró que esta decisión puede favorecer la adopción masiva. «Creo que esto contribuye a que la gente no le tema tanto a la figura del token», afirmó. Además, destacó que la combinación entre infraestructura cripto y actores tradicionales podría derivar en «un canal de financiamiento más barato para proyectos productivos», aprovechando ventajas como la operación permanente, la mayor eficiencia y una experiencia de usuario más familiar para quienes aún no están inmersos en el ecosistema blockchain.

SE LANZA UNA REFORMA ESTRUCTURAL GIGANTESCA PARA EL MERCADO DE CAPITALES, PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUESTRAS EMPRESAS Y PARA LOS INSTRUMENTOS DE AHORRO DE LOS ARGENTINOS. El presidente de la @CNVArgentina, Roberto Silva, lo llama el «big-bang» del mercado: un cambio que va a… pic.twitter.com/zr5wsi9pRa

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 11, 2026

 

El Intendente Marcelo Orazi recibió el martes a la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro, Roxana Méndez, quien le confirmó que la Municipalidad recibirá $2.860.800 para el funcionamiento de los tres Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad. Este aporte fue gestionado ante el gobierno nacional y beneficiará directamente…

 

 Metrogas aprobó el reparto de dividendos por primera vez en 25 años mientras mantiene una deuda millonaria con Enarsa, la empresa de energía del Estado, por el gas suministrado durante los últimos años.

La asamblea de accionistas aprobó la distribución de $65.000 millones en dividendos, el primer reparto desde 2001. La decisión se apoya en las ganancias acumuladas tras la mejora de los resultados financieros de la compañía, favorecida por la recomposición tarifaria y la desregulación del sector. El problema es que le debe casi exactamente esa cifra a la estatal Enarsa por compras de gas no pagadas.

El desembolso también se apuró para que se realice antes que se concrete la privatización en marcha del paquete que tiene YPF en la empresa. La operación sería ilegal, porque necesitaría la aprobación formal de la Secretaría de Energía y el Enargas.

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Los balances muestran que Metrogas todavía arrastra una importante deuda con la estatal Energía Argentina (Enarsa). El 3 de septiembre de 2025 la empresa firmó un acuerdo para cancelar los montos adeudados por provisión de gas correspondientes al período comprendido entre agosto de 2019 y septiembre de 2023, incluyendo intereses devengados hasta el 31 de julio de 2025 e impuestos. El saldo consolidado alcanzó los $67.557 millones.

La decisión de repartir dividendos por casi los mismos 60 mil millones que Metrogas le debe a la estatal Enarse, se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.

La decisión de repartir dividendos por casi el mismo monto que la empresa debe al Estado se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.

El acuerdo para pagar la deuda que se firmó en su momento estableció que la mitad de esa deuda sería cancelada con los fondos obtenidos mediante un préstamo sindicado. El 50% restante quedó refinanciado en nueve cuotas trimestrales y consecutivas, con vencimientos que se extienden hasta noviembre de 2027. El cronograma prevé dos cuotas iniciales del 5%, una tercera del 8%, dos pagos del 11% durante 2026 y cuatro cuotas finales del 15% cada una durante 2027. Mientras tanto, el saldo pendiente continúa generando intereses a una tasa equivalente a TAMAR más un margen del 8,15% anual.

Ese dato es el que alimenta los cuestionamientos regulatorios. En el sector sostienen que la distribución de dividendos no resulta consistente con una empresa que todavía mantiene un acuerdo de pago vigente con una compañía estatal. «Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa», explicó a LPO una fuente del sector.

No se trata de una prohibición expresa, sino de un criterio regulatorio. En un servicio público, el regulador suele priorizar que las empresas cumplan con sus obligaciones financieras, sostengan las inversiones y garanticen la prestación antes de girar fondos a los accionistas. 

La decisión además coincide con el proceso de venta de Metrogas. YPF controla indirectamente la distribuidora a través de Gas Argentino S.A. (GASA) y contrató al Banco Santander para desprenderse de esa participación. Sin embargo, el proceso perdió a uno de los interesados más importantes cuando el grupo Neuss resolvió retirarse de la compulsa, reduciendo la lista de potenciales compradores. En carrera quedan Jose Luis Manzano, Manuel Santos Uribelarrea y Alberto Pierri. 

Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa.

En el mercado suele darse por descontado que YPF está obligada a vender Metrogas por las incompatibilidades previstas en la Ley del Gas. Sin embargo, esa interpretación no es unívoca. Jurídicamente, la petrolera podría conservar el activo si así lo decidiera.

El principal argumento es que la Resolución I-2566/2013 de Enargas, que autorizó la adquisición del control de Gas Argentino S.A., continúa plenamente vigente. Ese acto administrativo consolidó la propiedad de YPF sobre Metrogas y nunca fue anulado por la Justicia. Tampoco existe una sentencia firme que ordene desprenderse de esas acciones ni una resolución que disponga una venta compulsiva.

En los hechos, los planteos regulatorios formulados en los últimos años consistieron en intimaciones para adecuar la estructura societaria y abrir instancias de negociación, pero no constituyen una orden de liquidación forzosa. A eso se suma otro argumento que esgrimen especialistas: tras la expropiación de YPF en 2012, las normas específicas que regulan a la petrolera bajo control estatal pueden prevalecer transitoriamente sobre las restricciones generales de la Ley 24.076 cuando está comprometido un activo considerado estratégico. 

Por eso, la salida de Metrogas responde hoy más a una decisión política y empresaria que a una obligación legal inmediata. Mientras tanto, los accionistas cobrarán dividendos, pese a que la deuda por casi exactamente el mismo monto sigue sin saldar.