Tras más de un mes de demora desde la promesa que hizo Patricia Bullrich a productores e intendentes, el gobierno de Javier Milei comunicó el giro de 1.046 millones a municipios bonaerenses golpeados por las inundaciones durante 2025.
Pero los giros gestionados a través del Fondo para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios solo llegaron a 10 de los 20 distritos previstos desde aquella visita de Bullrich a Nueve de Julio, epicentro de las inundaciones.
En concreto, la transferencia de Aportes No Reintegrables fue para Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Monte y Nueve de Julio.
Sin embargo, quedaron excluidos otros municipios donde el agua tuvo un paso devastador, como Bragado.
El convenio está firmado, así que espero que en algún momento lo cumplan, sino tendremos que enviar una carta documento para recordarlo
«Acá no llegó nada. Nosotros habíamos firmado un convenio por 61 millones de pesos, que era lo que ellos determinaron que le correspondía a Bragado pero no lo han enviado», dijo a LPO el intendente de esa comuna, el axelista Sergio Barenghi.
Frente a eso, el jefe comunal de Bragado analiza iniciar acciones legales en caso de que no lleguen los recursos. «El convenio está firmado, así que espero que en algún momento lo cumplan, sino tendremos que enviar una carta documento para recordarlo», agregó.
Bragado integra el lote de municipios del noroeste bonaerense más afectado por las inundaciones. A noviembre, un estudio de Carbap detalló que fueron 41.900 las hectáreas afectadas por el agua en Bragado.
La bronca de algunos intendentes ya se venía visibilizando por la demora y la falta de comunicación en torno a esa ayuda prometida, que de todas formas consideran exigua en un contexto de extrema complejidad para cumplir con los pagos de fin de año.
«A mí no llegó nada. Apenas pude pagar el sueldo de diciembre y aguinaldos con las migajas», dijo otro intendente consultado.
Además, hay quejas por la escasez de maquinarias nacionales para trabajar en el arreglo de caminos rurales que habían quedado intransitables.
El desastre de las inundaciones en la provincia fue mensurado recientemente en el campo, donde salieron a advertir que en 2026 dejarán de ingresar 2.000 millones de dólares por las inundaciones que golpean al centro y noroeste de la provincia.
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Cuando LPO reveló que Toto Caputo y Santiago Bausili sacaron del país las reservas de oro del Banco Central, en un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario.
El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen dónde está el oro y qué tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quién lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro.
En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la «administración» de la reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. «La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado», sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado.
En efecto, hace más de un año, el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo preguntando si efectivamente envió lingotes de oro al exterior, cuántos, en qué fechas, con qué destino y bajo qué condiciones, tal como reveló LPO en ese momento.
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que «había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas», sin precisar monto, destino ni motivo concreto.
La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo.
El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras. La falta de transparencia no es solo un problema para analistas curiosos.
LPO reveló en exclusiva que la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es «confidencial» y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos.
La cuestión adquiere otro matiz cuando se mira el contexto internacional: el precio del oro alcanzó niveles récord y ronda los USD 4.400 la onza. Ese aumento de precio actúa como un salvavidas contable para las reservas del país. Aunque las reservas líquidas, las que realmente se pueden utilizar para pagar importaciones o deuda están hundidas, el aumento del valor del oro hace que el deterioro no sea aún peor.
Según estimaciones de analistas de LCG, las reservas netas reales del BCRA podrían estar en torno a USD 18.000 millones negativos, un rojo espeluznante que sería aun peor si el oro de alto precio no estuviese amortiguando parcialmente la caída.
La paradoja es que los lingotes están en destino desconocido y aun así siguen computando como reservas en los balances oficiales. Pero so se sabe si esas onzas están depositadas en el Banco de Londres o Basilea -como trascendió en su momento- y si están aportando rendimiento o fueron depositadas como garantía para obtener financiamiento en dólares.
A esa nebulosa se suma la crítica política. Diversos referentes de la oposición y ex funcionarios, como Martín Redrado, exigieron al BCRA mayor transparencia sobre el manejo del oro y cuestionaron que la entidad evada explicar que hizo con ese activo.
Como sea, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿dónde está el oro de la Argentina? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Bausili.
