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El mayor especialista en pobreza asegura que los números del gobierno son una «ficción estadística» porque comparan índices que son diferentes. Agustín Salvia consideró que, si se corrigieran, el número estaría en torno al 38 o 40%.

«Cambió la composición del gasto y estamos midiendo como si fuera la misma», explicó el titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Durante el siglo XXI, los mejores números de pobreza en la Argentina se dieron entre 2011 y 2012 y en 2017. En esos momentos la pobreza era del 25% y el sociólogo lo atribuyó a una «burbuja de consumo» que no pudo «sostenerse» y tiempo después el número volvió a aumentar.

Desde la llegada de Javier Milei el Indec «mejoró la captación del ingreso»: para elaborar el índice de pobreza, los ingresos totales de los hogares se cruzan con el precio de una canasta básica.

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Milei llegó a la presidencia con 38% de pobreza, una cifra que poco después aumentó hasta 55% luego de la devaluación. A partir del segundo semestre de 2024, la pobreza comenzó a bajar de manera «acelerada» y para los números oficiales llegó a ser del 28%.

«Desde fines de 2023, el Indec mejoró la captación del ingreso, pero no significa que los hogares tengan más ingresos. Tres o cuatro puntos de la caída de la pobreza responden a la mejor captación», dijo Salvia en Somos Alameda en Radio Gráfica.

El sociólogo explicó que el punto más controvertido en la elaboración de índice está vinculado a la composición del gasto.

«El problema más significativo es que con un millón y medio de pesos a valores de hoy, antes de 2023 esa familia no es que estaba bien, pero cubría los alimentos, los gastos de la vivienda, la vestimenta, los servicios», dijo.

Si bien reconoció que los alimentos están relativamente más baratos que en años anteriores, Salvia aseguró que las tarifas de transporte, servicios públicos y comunicaciones tienen mucha mayor incidencia en la canasta de pobreza.

«Entonces lo que queda para comprar medicamentos, arreglar la casa y demás es mucho menos que lo que quedaba en 2011-2012 y 2017», detalló.

En los dos años y medio de la gestión Milei, los alimentos aumentaron por debajo de la inflación, pero los servicios se incrementaron por encima. Si bien bajó la experiencia de «inseguridad alimentaria», el salario de las clases medias bajas «no alcanza para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, entonces con un cambio de composición, la pobreza no sería del 28 sino del 38 o el 40%».

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El gobierno de Javier Milei mantiene pisadas las partidas presupuestarias para salud universitaria y en la UBA denuncian que ese congelamiento en el giro de recursos pone en jaque la atención en los centros de salud que dependen de las universidades.

De los 80 mil millones de pesos previstos en el presupuesto 2026 para esta área, la administración libertaria no ejecutó un solo peso al cerrar el primer cuatrimestre del año, por lo que advierten que están en riesgo las prestaciones en la red UBA, que atiende a más de 700 mil pacientes por año.

«La administración actual está incumpliendo su propio Presupuesto y la Ley de Financiamiento Universitario. No es solo un conflicto administrativo; es una crisis sanitaria que afecta directamente a la gente», advirtieron las autoridades de la UBA.

De los 80 mil millones previstos para todo el año, un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril.  

El congelamiento de estas partidas por parte del Ejecutivo nacional pone en riesgo la atención no sólo en los seis hospitales de la red de la UBA sino también en los hospitales de otras universidades nacionales.

 En esa línea detallaron que, de los 80 mil millones previstos para todo el año, un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril. 

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Bajo la órbita de la UBA existen seis centros de salud: el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología «Ángel Roffo», el Instituto de Investigaciones Médicas «Alfredo Lanari», el Instituto de Tisioneumonología «Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

Estas alertas de ajuste sobre los hospitales universitarios van en línea con la denuncia de incumplimiento en la aplicación de Ley de Financiamiento Universitario aprobada por dos tercios del Congreso en 2025 y ratificada por dos instancias judiciales.

Es en ese contexto que la comunidad universitaria prepara una nueva marcha federal, que se desarrollará el martes 12 de mayo. En las universidades acusan una «decisión arbitraria e ilegal» del gobierno de Milei de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.