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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que se encuentran abiertas las inscripciones al taller de teclado para niños que será dictado por el profesor Fabián Mora los lunes a las 20 horas.
Los interesados en inscribirse deberán dirigirse a la Escuela Municipal de Arte en Brasil 91. Para consultas comunicarse al celular 2984 650817.
El perito en IA e ingeniero en telecomunicación Ariel Garbarz alertó este viernes que el dueño de la plataforma de macrodatos Palantir, Peter Thiel, le ofreció a Javier Milei sus servicios para «gobernar con datos cruzados» para controlar a la ciudadanía. El modelo de Thiel es el que funciona con Donald Trump en Estados Unidos, que entregó las bases de 26 reparticiones públicas, incluida la CIA y las agencias de seguridad, para deportar inmigrantes o capturarlos con el ICE pero también en Gran Bretaña, el Estado de Israel y tres estados federales de Alemania, tal como informó LPO.
Según Garbarz, Thiel le había hecho la misma propuesta al Presidente en noviembre de 2024, cuando se conocieron. «Como Milei estaba en otro momento político, delegó el tema en Patricia Bullrich y un grupo de técnicos le dio participación al equipo que habíamos formado en la UTN, donde habíamos desarrollado un software que bloqueaba al Pegasus pero Palantir es otra cosa, hicieron un upgrade que no podemos detectar», explicó el especialista a LPO.
Por eso, Garbarz creyó que Karina Milei le había hecho un favor al país cuando abortó el negocio que Bullrich quiso cerrar con un contrato especial para Palantir, a través de la Agencia de Seguridad donde quería ubicar a Diego Valenzuela. «Pensé que, paradójicamente, íbamos a ganar tiempo pero no», comentó.
La principal preocupación de este docente universitario es que Palantir puede servir de soporte para la unificación de todas las bases de datos del Estado nacional, algo que ya está contemplado en el artículo 15 del decreto de la SIDE 941/25. En ese texto, se habla de la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), que nuclea desde la información de ARBA hasta el Renaper.
La oposición manifestó, a través de declaraciones aisladas, su rechazo a ese DNU en el Congreso pero hasta ahora permanece en estado de impotencia política para voltearlo.
1/12URGENTE : El ofrecimiento que Peter Thiel le habría hecho a Milei -según lo que circula entre colegas de seguridad informática- no sería software sino «An architecture of power based on mass surveillance and social control.»
— Ariel Garbarz (@GarbarzAriel) April 23, 2026
Garbarz plantea que Palantir es «un monstruo digital de vigilancia y control social que cambia la forma de gobernar la Argentina». «El contrato estaría legalizado en Argentina con el DNU 941, quedando como inteligencia encubierta, pagado con fondos públicos y sin publicación completa», posteó en X y agregó: «es tan aplicable a una contienda electoral como a un conflicto bélico».
A su criterio, la plataforma sirve para «manipular y someter la voluntad popular y entregar los datos del Estado a una corporación extranjera».
El contrato con Palantir estaría legalizado en Argentina con el DNU 941, quedando como inteligencia encubierta, pagado con fondos públicos y sin publicación completa, y es tan aplicable a una contienda electoral como a un conflicto bélico.
Desde el bloque peronista admiten que el decreto forma parte del temario que buscarán construir para la convocatoria a una sesión especial, después que se presente Manuel Adorni en el recinto este miércoles. «Tenemos que reunir el quórum y eso va a costar, quizá nos tengamos que aguantar un par de convocatorias sin lograr quórum pero, cuando lleguemos, vamos a contar con los votos», se esperanza un kirchnerista.
Mientras tanto, el DNU de la SIDE está vigente, pese a que la impericia política del gabinete de Milei mitigue parcialmente la amenaza sobre garantías de los ciudadanos.
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«El caso Dalmasso es el ‘Nisman del cordobesismo’. Cada vez que hay quilombo se reactiva el tema». La frase pertenece a una persona que conoce detalles de lo sucedido por la causa del crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto, en noviembre del 2006. Y sintetiza el tembladeral judicial y político que comenzó este martes en la Legislatura provincial con el jury a los tres primeros fiscales que intervinieron en el caso: Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles.
Los tres están acusados por mal desempeño y negligencia grave. Acusaciones por las que son juzgados frente a un tribunal policromático que incluye llaryorismo, schiarettismo, radicalismo y juecismo; y que tiene como acusadora a la Adjunta del Ministerio Público Fiscal, Bettina Croppi. Situación que en el arranque de la jornada motivó el pedido de nulidad del proceso por parte del abogado de Miralles que insistió con que, quien debía estar sentado en ese rol para acusar era el flamante Fiscal General, Carlos Lezcano.
Funcionario que asumió hace casi dos semanas con un fuerte aval del llaryorismo y para suceder al schiarettista Juan Manuel Delgado con quien, la nueva generación del cordobesismo nunca tuvo buena relación.
En tanto, la compensación que tiene el jury que se inició este martes en la Unicameral cordobesa cuenta con varios ingredientes. Es presidido por Julieta Rinaldi, legisladora del peronismo que responde de manera directa al exgobernador Juan Schiaretti; pero también lo integran el jefe de bloque del oficialismo, Facundo Torres, hombre de Alta Gracia de buen vínculo con el exmandatario, pero que reconstruyó su relación con Llaryora. Al punto que el actual mandatario lo dejó al frente del PJ provincial.
Javier Di Santo, uno de los fiscales acusados.
Y están el legislador radical que responde a De Loredo, Miguel Nicolás; y el juecista Walter Gispert. En tanto, por el Poder Judicial, la silla la ocupa la vocal del Tribunal Superior (TSJ), Aída Tarditti, de muy buena relación con la senadora Alejandra Vigo y de frío vínculo con Llaryora.
Este esquema es el que definirá el futuro de los tres primeros fiscales que tuvo el crimen más resonante del siglo en Córdoba y por el que la política se preocupó. Y mucho.
Al punto que un memorioso hoy recordó en 2007, después del perejilazo cuando se acusó y detuvo al pintor Gastón Zárate -al que luego se liberó por la marcha en Río Cuarto- cómo reaccionó la política y la tensión que se produjo entre De la Sota y Néstor Kirchner. Con una escala del por entonces presidente en Río Cuarto que incluyó acto y algunas palabras alusivas al caso.
De los tres fiscales, el futuro más complejo lo tiene Di Santo. Que hoy, al momento de declarar se quebró y dijo no ser prejuicioso. «Es de total falsedad sostener que no se investigó a Barzola», señaló, además, sobre quien se apuntó, recién hace poco más de un año como el autor material, aunque luego fue absuelto.
Di Santo cruzó fuerte a Croppi, la Adjunta que tiene el rol acusatorio y está ligada a Vigo, aunque el desembarco en el MPF lo motorizó Llaryora.
Por su parte, Miralles también se defendió y Pizarro, que tomó la causa en el 2017, reparó en la cantidad de fiscalías que tenía a su cargo cuando tomó la investigación.
No obstante, en la convivencia que existe entre los pasillos de la Justicia y los despachos de la política en Córdoba saben que los dos funcionarios judiciales con mayor peso que tiene Llaryora son la vocal del TSJ, Jéssica Valentini, y el jefe de los fiscales, Lezcano. Si el jury a los fiscales del caso Dalmasso termina con destitución será un correctivo contundente al resto del ministerio público fiscal.
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