PorMunicipalidad Villa Regina
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La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones para realizar el curso de cosecha, actividad organizada en forma conjunta con el INTA.
Las mismas se reciben en la Oficina mencionada ubicada en el edificio central del Municipio en Avenida Rivadavia 220 entre las 8 y las 12 horas. Quienes deseen inscribirse deberán ser mayores de 18 años y llevar fotocopia de DNI.
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La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra se reunió con referentes de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro con el objetivo de acordar la fecha en la que este organismo comenzará a tener presencialidad en la ciudad. Del encuentro participaron la Delegada de la Secretaría en el…
El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
La Municipalidad de Villa Regina, a través de la Dirección de Tránsito y Protección Civil, procedió a la colocación y puesta en funcionamiento de decrementadores en los semáforos ubicados en Avenida Mitre y Brown/Lisandro de la Torre. Los decrementadores contienen un reloj digital que realiza un conteo del tiempo de duración de cada luz del…
La declaración jurada de Manuel Adorni abrió una caja de Pandora que el propio funcionario terminó agrandando con una explicación difícil de creer: aseguró que mantuvo durante años un pendrive con criptomonedas valuadas en alrededor de 500 mil dólares porque representaba un «trofeo». La justificación llegó en pleno debate por el régimen de «Inocencia Fiscal», el nuevo blanqueo impulsado por el gobierno que ya comenzó a ser utilizado por integrantes del gabinete y que pone en crisis el discurso moralista con el que La Libertad Avanza llegó al poder.
Por Roque Pérez para NLI
El gobierno que prometió terminar con «la casta» y que hizo de la transparencia una de sus principales banderas atraviesa una semana incómoda. Después de conocerse que varios funcionarios recurrieron al nuevo régimen de regularización patrimonial impulsado por el propio oficialismo, fue Manuel Adorni quien quedó en el centro de la escena por una declaración que rápidamente generó polémica.
La presentación patrimonial del vocero presidencial reveló la existencia de una importante tenencia de criptoactivos que, según distintas estimaciones periodísticas, ronda el equivalente a medio millón de dólares. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue únicamente el monto sino la explicación pública que ofreció cuando comenzaron las preguntas.
Adorni sostuvo que esos activos digitales permanecieron durante años almacenados en un pendrive porque los consideraba un «trofeo». La definición buscó transmitir la idea de una inversión temprana realizada cuando las criptomonedas todavía eran un mercado desconocido y de alto riesgo.
La versión, lejos de despejar dudas, abrió nuevos interrogantes.
¿Por qué alguien mantendría inmovilizado durante años un patrimonio de semejante magnitud solamente por un valor simbólico? ¿Cómo evolucionó ese activo durante ese período? ¿Fue declarado oportunamente? ¿Cuál fue el criterio utilizado para su valuación?
Las preguntas no son menores porque el propio gobierno viene impulsando un régimen excepcional para exteriorizar bienes y activos con escasas exigencias de justificación sobre su origen, una herramienta presentada oficialmente como «Inocencia Fiscal» y promocionada como un mecanismo para dejar atrás los controles que, según Milei, perseguían a los contribuyentes.
El episodio expone una contradicción política cada vez más evidente.
Durante la campaña electoral y los primeros meses de gestión, La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad sobre una superioridad moral frente a la política tradicional. La consigna era sencilla: terminar con los privilegios, exigir transparencia absoluta y denunciar cualquier irregularidad patrimonial.
Sin embargo, los últimos días mostraron un panorama muy diferente.
La explicación sobre cuáles fueron “esos años” también resultó sospechosa: según Adorni, invirtió 200 mil dólares en 2013 en criptomonedas y ganó unos 300 mil un año más tarde. Si se sigue el hilo lógico de la explicación, el ahora jefe de gabinete tuvo ese dinero en bitcoins durante más de una década y no fue declarado ni gastado o invertido en viajes y propiedades sino hasta que llegó a la función pública.
O sea que, en resumen, dijo haber juntado, eventualmente, unos 500 mil dólares doce años atrás; y recién al asumir como funcionario libertario decidió gastarlos a un ritmo descomunal.
«Yo soy coleccionista de computadoras y cosas viejas. Más allá de que la ganancia era importante, me lo guardé como un TROFEO»
Adorni dice que tenía 500.000 dólares guardados sin usar ni declarar porque los considera un trofeo
pic.twitter.com/RQ4KfoJpE4
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) June 11, 2026
Sumado además a que el mismo gobierno que promovió el blanqueo es el que comienza a utilizarlo para beneficio de sus propios funcionarios.
Especialistas consultados por distintos medios remarcaron que las criptomonedas son activos perfectamente declarables y registrables, por lo que el debate no pasa por su existencia sino por la consistencia del relato oficial y por la trazabilidad de las operaciones.
La explicación del «trofeo» tampoco ayuda a disipar las dudas.
Un activo valuado en aproximadamente 500 mil dólares no es un simple recuerdo tecnológico ni un objeto de colección. Se trata de un patrimonio significativo que, en cualquier análisis financiero, representa una parte importante de la riqueza personal de quien lo posee.
En ese contexto, la respuesta de Adorni fue interpretada por sectores de la oposición como un intento de minimizar una situación que merece precisiones mucho más detalladas.
El caso también reabre un debate más amplio sobre el doble estándar del oficialismo.
Mientras Milei y sus funcionarios repiten que quienes tienen dólares «debajo del colchón» son héroes que deben ser liberados del Estado, el ajuste fiscal continúa descargándose sobre jubilaciones, salarios públicos, universidades, hospitales y programas sociales.
El contraste resulta inevitable: para millones de argentinos la discusión cotidiana es cómo llegar a fin de mes; para algunos de los principales funcionarios del gobierno, el debate pasa por explicar por qué conservaron durante años un pendrive con activos equivalentes a cientos de miles de dólares.
La historia del «pendrive trofeo» probablemente quede como una de las explicaciones más llamativas de la política reciente. Pero detrás de la anécdota hay una discusión mucho más profunda: si el gobierno que prometía terminar con los privilegios y construir una nueva ética pública no terminó creando un sistema que permite regularizar fortunas mientras exige sacrificios permanentes al resto de la sociedad.
El ensamble ‘Perla del Valle’ se presentará el próximo sábado 17 de julio a las 21 horas en el Galpón de las Artes. Las entradas gratuitas y limitadas pueden retirarse en la Escuela Municipal de Arte en Brasil 91. Luego de la exitosa presentación de la Filarmónica de Río Negro, se podrá disfrutar del ensamble…
