PorMunicipalidad Villa Regina
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La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones para realizar el curso de cosecha, actividad organizada en forma conjunta con el INTA.
Las mismas se reciben en la Oficina mencionada ubicada en el edificio central del Municipio en Avenida Rivadavia 220 entre las 8 y las 12 horas. Quienes deseen inscribirse deberán ser mayores de 18 años y llevar fotocopia de DNI.
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Un video que la propia diputada libertaria Celeste Ponce difundió este lunes en sus redes sociales desató la polémica. El motivo es que la propia parlamentaria de La Libertad Avanza apareció en las aguas del río Jordán en una ceremonia de bautismo que ella misma protagoniza.
«Hoy morí para renacer en Cristo… no soy más esclava», dice el posteo que hizo la misma Ponce en sus redes y estallaron los comentarios en contra de la diputada oriunda del sur de Córdoba.
Principalmente, ante la consulta acerca de dónde salieron los fondos para costear el viaje hasta si se tomó o no licencia en la Cámara baja para poder realizar el tour por Medio Oriente.
Ponce viajó al sitio arqueológico de Al-Maghtas, ubicado en la ribera oriental del río Jordán, en el Líbano, por su profundo simbolismo. Ya que es el lugar donde se realizó el bautismo de Jesús a manos de Juan el Bautista y es un sitio reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial.
No obstante, como se contó, muchos usuarios en redes salieron al cruce de la situación de Ponce. Entre ellos, uno que le dijo: «¿para financiarte estas pelotudeces privadas querías ser funcionaria pública?» a lo que la propia Ponce le respondió desde una cuenta secundaria en Instagram que también es de ella y se llama @lacruzadademaria.
«Que Dios te bendiga y te haga ver las cosas con claridad, no con maldad. Abrazo grande», dijo Ponce desde esa cuenta y remató con un versículo de Mateo: «porque de la abundancia del corazón habla la boca».
Los que oficiaron de anfitriones de Ponce en Medio Oriente fueron Marcos y Fernanda Brunet dos influencer religiosos que siguen desde hace años a Milei y lo manifestaron en sus redes en el 2023 a días del balotaje.
Ambos también forman parte de la Iglesia Toma Tu Lugar cuyo templo fue inaugurado en agosto del año pasado y está ubicado en la zona sur de la capital cordobesa. El templo evangélico tiene algunas maniobras articuladas con el oficialismo en Córdoba. Como en abril de este año cuando le cedieron las instalaciones del Concejo Deliberante para una muestra de arte que contó con la presencia de Brunet.
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En esta ocasión Fabian Mitidieri nos trae la semblanza de este rosado dulce natural de la familia Millaman que cuenta con su bodega y viñedos ubicados en cercanías a la capital rionegrina. La Bodega y viñedos de la familia Millaman se encuentran ubicados en San Javier a unos 30 km de Viedma y elaboran vinos…
En una carta abierta difundida este miércoles, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la inhabilitación para ejercer cargos públicos constituye la verdadera pena que enfrenta y advirtió que el fallo judicial que la condenó tiene consecuencias que exceden su situación personal. La exmandataria volvió a plantear que existe una disputa política detrás de su condena y llevó el conflicto al terreno de los derechos democráticos.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Cristina Fernández de Kirchner volvió a instalar en el centro de la discusión política el concepto de proscripción política. En una carta abierta publicada este miércoles, la expresidenta sostuvo que la consecuencia más profunda de la condena judicial en su contra no es la restricción de su libertad ambulatoria, sino la imposibilidad permanente de competir electoralmente y ejercer cargos públicos, una sanción que definió como una “pena principal” y que, según su planteo, afecta el derecho colectivo de millones de ciudadanos a elegir a sus representantes.
El planteo de Cristina se inscribe en una discusión que atraviesa a la política argentina desde la confirmación de la condena en la causa Vialidad. La Corte Suprema dejó firme la sentencia que estableció una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una resolución que desde el peronismo fue interpretada como un mecanismo de exclusión política contra la principal dirigente opositora al gobierno de Javier Milei.
En su escrito, la exmandataria apuntó al funcionamiento del sistema judicial y sostuvo que una democracia no puede reducirse únicamente al acto electoral, sino que requiere instituciones capaces de garantizar la participación política y el respeto de los derechos fundamentales. La crítica apunta así a una cuestión más amplia: qué ocurre cuando una decisión judicial tiene efectos directos sobre la competencia política y sobre la representación de un sector social determinado.
El conflicto judicial alrededor de Cristina Kirchner se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa política argentina. Para sus seguidores, la condena representa una forma moderna de persecución política mediante herramientas judiciales; para sus críticos, se trata de una consecuencia institucional derivada de una causa penal por corrupción que atravesó todas las instancias judiciales.
La causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, terminó con una condena que no sólo afectó a la expresidenta sino que modificó el escenario político nacional al impedirle presentarse a elecciones. La inhabilitación perpetua se convirtió así en el punto central del debate, incluso por encima de la pena económica o de la modalidad de cumplimiento de la condena.
Desde el kirchnerismo sostienen que la exclusión electoral de Cristina tiene un impacto institucional porque se trata de una dirigente que conserva un peso político significativo dentro del peronismo y que, aun fuera de un cargo formal, continúa funcionando como una referencia para una parte importante del electorado. La discusión ya no pasa solamente por la culpabilidad o inocencia en una causa judicial, sino por los límites entre la Justicia penal y la competencia democrática.
La carta también volvió a colocar la mirada sobre los organismos internacionales de derechos humanos. Cristina Fernández de Kirchner sostiene que su situación debe ser analizada bajo el marco de las garantías previstas en tratados internacionales, argumentando que el derecho a elegir y ser elegido forma parte de los derechos políticos fundamentales.
La estrategia jurídica y política de la exmandataria apunta a transformar la discusión desde una cuestión estrictamente penal hacia un debate sobre la calidad democrática. La tesis que plantea es que una condena judicial puede tener consecuencias que exceden a la persona involucrada cuando implica impedir que una dirigente pueda competir por el voto popular.
Desde sectores opositores al kirchnerismo rechazan esa interpretación y sostienen que no existe una proscripción sino una consecuencia legal derivada de una sentencia firme. Allí se encuentra uno de los grandes puntos de tensión del debate argentino actual: si una condena judicial que impide ejercer cargos públicos debe ser considerada una aplicación legítima de la ley o si, por sus efectos políticos, constituye una limitación excepcional al principio democrático de representación.
Más allá del expediente judicial, la situación de Cristina Kirchner impacta directamente sobre la reorganización del peronismo. La imposibilidad de competir electoralmente modificó los equilibrios internos del espacio y abrió una discusión sobre liderazgo, renovación y estrategia frente al gobierno de Javier Milei.
La exmandataria busca mantener vigente la idea de que su exclusión no es solamente un problema individual, sino una disputa por el rumbo político del país. En esa lectura, la condena judicial forma parte de una batalla más amplia por definir quiénes pueden participar plenamente del sistema democrático.
La discusión sobre Cristina Kirchner, entonces, continúa ubicada en una zona donde se cruzan justicia, política y democracia. Mientras sus adversarios sostienen que las instituciones actuaron dentro de sus atribuciones, sus seguidores denuncian que una decisión judicial terminó produciendo un efecto político irreversible: sacar de la competencia electoral a una dirigente que, durante dos décadas, ocupó un lugar central en la vida pública argentina.
