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El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga unas 90 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo.

El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la ANMAT y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir los 500.000 millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, entre ellas, no salir del país y presentarse ante las autoridades una vez al mes.

Para la investigación penal, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales».

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«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», explicó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.

En la resolución aparece el rol del ministro de Salud Mario Lugones en el entramado que terminó con un escándalo. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», dice Kreplak y destaca los descargos efectuados por Mantecón y Bisio donde asoman coincidencias respecto del rol del ministro.

Por caso, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».

Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la ANMAT el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá'».

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Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la ANMAT. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la ANMAT en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomiendan prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas.

Las dos funcionarias le ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio de que presenten un plan de acción.

En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Saben que Lugones podría quedar formalmente involucrado en el expediente durante el transcurso de la investigación. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo de ministro.

En una estrategia insólita, desde el gobierno libertario buscaron culpar a los ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias por entonces. El problema es que los hechos ocurrieron durante la presidencia de Javier Milei.

Mantecón Fumadó dijo que previo a firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios lo consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».

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Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.

En marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envía un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consulta si ese texto es suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la ANMAT.

A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».

Kreplak advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en el seno de ANMAT e INAME. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.

El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de ANMAT y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».

El obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que había recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.

No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.

 

 

Los bomberos voluntarios harán un sirenazo nacional en todos los cuarteles del país para reclamarle a Alejandra Monteoliva que les pague una deuda de 60 mil millones de pesos, ante la

La medida se hará este jueves a las 10 y los bomberos pidieron a los vecinos de cada cuartel que no se alarmen. Con el sirenazo los bomberos buscan visibilizar el creciente malestar del sector ante la falta de respuesta de la ministra de Seguridad ante los reclamos presupuestarios.

Monteoliva mantiene sin ejecutar ni distribuir $59.330,7 millones contemplados en la Ley Nacional N° 25.054, correspondientes al remanente del ejercicio 2025 y años anteriores. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios agrupa a más de 1000 asociaciones y 52.000 efectivos voluntarios en toda la Argentina,

En un contexto en que Nación no baja recursos a las provincias ni las provincias a los municipios, los bomberos están desamparados para atender la emergencia de El Niño.

«Nos están dejando con la manguera a medias», dijeron a LPO desde el cuartel de bomberos de Gualeguaychú. Los bomberos dijeron a LPO que generalmente el pago del subsidio se cancela entre marzo y mayo, por lo que van entre cuatro y seis meses de demora este año.

Desde el sector remarcaron que esos fondos provienen de un régimen de afectación específica recaudado por ley, por lo que desestimaron que se trate de asistencia extraordinaria o aportes discrecionales. El congelamiento de las partidas representa un recorte directo estimado en unos $45 millones por cada asociación de bomberos del país.

En un contexto en que Nación no baja recursos a las provincias ni las provincias a los municipios, los bomberos están desamparados para atender la emergencia de El Niño.

A la disputa presupuestaria se suman otras tres demandas operativas que impactan directamente en las arcas de los 1000 cuarteles locales. Por un lado, los bomberos reclaman ser compensados por la atención médica y técnica en siniestros dentro de rutas concesionadas, y solicitan que la licitación de la nueva Red Federal de Concesiones impulsada por el Decreto 97/2025 incluya convenios obligatorios, una contraprestación fija mensual por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y mecanismos de compensación por daños en equipamiento.

Por otra parte, la conducción de Bomberos exige la aplicación integral de la Ley de Fortalecimiento 27.629, sancionada en 2021, con especial énfasis en la devolución del IVA por compras de bienes, servicios y equipamiento a cargo de ARCA. A esto se añade un reclamo directo al Ministerio de Economía y al Banco Central para que se agilicen los pagos al exterior.

Ante los elevados costos de los vehículos de emergencia en el mercado interno, los cuarteles recurren a la compra de unidades usadas en el extranjero, una operatoria que requiere pagos anticipados totales contra factura proforma y que hoy enfrenta severas trabas operativas.