PorMunicipalidad Villa Regina
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La dirección de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Villa Regina informa que debido a las recientes precipitaciones que se dieron en la región del Alto Valle y por los afluentes río arriba se generó una masa de turbiedad que va a afectar el servicio de agua de la ciudad. Asimismo, se anuncia que el problema estará solucionado a corto plazo cuando se regularice la situación del río.
La Justicia laboral declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025 impulsado por el gobierno de Javier Milei que reglamentaba el derecho de huelga en diversas actividades.
La resolución fue firmada por Moira Fullana, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal. Se trata de la magistrada que la semana pasada falló contra el Gobierno por el decreto que eliminó el Día del Trabajador del Estado.
Luego de esa resolución, el vocero presidencial,Manuel Adorni, calificó a Fullana como “jueza militante”. “La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios”, dijo el funcionario.
El fallo, que responde a una acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), consolida una sentencia interlocutoria previa del 2 de junio, en la que la misma jueza suspendió cautelarmente el decreto por considerar que vulneraba derechos fundamentales.
La justicia suspendió el DNU de Milei que limita el derecho a huelga
La CGT denunció que la norma violaba el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, el principio de división de poderes y derechos laborales como la libertad sindical y el derecho de huelga, protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución, el Convenio 87 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Protocolo de San Salvador (PISDEC). La decisión judicial cuestiona la intención del Gobierno de legislar mediante mecanismos no permitidos en material laboral.
Manuel Adorni.
El DNU 340/2025, publicado el 21 de mayo, incorporaba a la Marina Mercante y actividades conexas como servicios esenciales, ampliando la lista de actividades reguladas por el artículo 24 de la Ley 25.877. Además, imponía restricciones al derecho de huelga, exigiendo servicios mínimos de entre el 50% y el 75% en sectores esenciales. La CGT argumentó que el decreto fue dictado en pleno funcionamiento del Congreso, sin justificar una emergencia que requiriera eludir el trámite legislativo ordinario, y que afectaba derechos laborales fundamentales.
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La sentencia interlocutoria del 2 de junio, confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ya había suspendido los efectos del DNU por considerar que no cumplía con los requisitos constitucionales de excepcionalidad. El fallo definitivo de Fullana refuerza esta postura, destacando que el Congreso estaba en sesiones ordinarias (con reuniones y comisiones en mayo de 2025) al momento del dictado del DNU, lo que deslegitima su uso. Además, la jueza señaló la falta de control parlamentario previsto por la Ley 26.122, ya que la Comisión Bicameral Permanente no emitió dictamen en los plazos establecidos, ni las Cámaras legislativas se pronunciaron.
El Estado Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, defendió el DNU argumentando que solo incorporaba a la Marina Mercante a una norma previa (DNU 70/23) y que la “necesidad y urgencia” era una cuestión política no revisable por la Justicia. Sin embargo, la jueza rechazó estos argumentos, señalando que el Poder Ejecutivo se arrogó funciones legislativas sin justificar una emergencia concreta, y que la sustitución del artículo 24 no era necesaria para incluir a la Marina Mercante.
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«Defender nuestras condiciones de trabajo es defender el derecho a una salud pública de calidad», expresaron.
Residentes del Hospital Garrahan se movilizaron a la Plaza de Mayo asegurando que «defender nuestras condiciones de trabajo, es defender el derecho a una salud pública de calidad», en rechazo a la modificación del sistema de residencia en hospitales públicos que dispuso el Gobierno de Milei en un nuevo ataque a la salud pública.
La movilización se llevó adelante después de que este miércoles el Gobierno informara sobre el cambio en el sistema de residencias. El ministro de Salud, Mario Lugones expresó: «Les damos posibilidad de elegir a los residentes médicos«. A partir de ayer, se abre «una nueva opción para los residentes del Garrahan: contrato directo con el hospital. Cobran más (sin descuentos) pueden recibir bonos y el hospital les cubre los seguros».
Además, remarcó que «por el contrario, si prefieren, pueden seguir con la misma modalidad que hasta ahora. Más libertad, más transparencia. Residencias como tienen que ser: formación, no explotación». A lo que los residentes respondieron que las opciones son «continuar siendo residente y cobrar por debajo de la línea de pobreza. Ser becario y cobrar un poco más en forma informal perdiendo derechos laborales«.
En esta línea, los profesionales explicaron que el hecho de no tener descuentos no implica un aumento de salario en sí, sino la desviación de los aportes al sueldo durante 4 años o más, eliminando por ejemplo la posibilidad de derivar a prepagas con libertad de elección, además de no contar con aporte jubilatorio, ni aguinaldo, entre otros.
“Hay riesgo de vida de niños del presente y a futuro. El hospital atiende al 40% de los residentes pediátricos del país y es el centro que más trasplanta órganos. ¿Quién va a hacer eso? Condena a esos pacientes a la muerte”
Pedro Núñez, médico pediatra del Hospital Garrahan. pic.twitter.com/EIlCr2hFjG
— eldestape1070 (@eldestape_radio) July 3, 2025
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