Incendio intencional en la Península Hiroki: buscan a los responsables

El gobernador de la provincia Rolando Figueroa declaró el Estado de Emergencia Hídrica, Social y Productiva en toda la provincia del Neuquén por un período de 180 días, con el objetivo de mitigar los efectos de la sequía que afecta a las principales cuencas. La medida busca asistir al sector agropecuario, especialmente a los pequeños y medianos productores ganaderos que enfrentan dificultades por la falta de agua.

El decreto, firmado el pasado viernes, abarca todo el territorio provincial, con excepción de las zonas de valles irrigados de los departamentos Añelo y Confluencia, donde las actividades agropecuarias cuentan con acceso a riego.

La normativa dispone beneficios fiscales, suspensión de ejecuciones impositivas y asistencia interministerial, a través de un Comité de Emergencias encargado de coordinar acciones conjuntas para evaluar el impacto, definir estrategias y garantizar recursos del Presupuesto General Vigente. Con esta decisión, el gobierno neuquino busca anticiparse a un verano crítico, marcado por la escasez de agua y el impacto del cambio climático en las actividades productivas.

Beneficios fiscales y medidas de alivio

Los productores alcanzados por la emergencia podrán acceder a beneficios impositivos que incluyen la exención del pago del Impuesto Inmobiliario sobre los inmuebles afectados por la sequía y la exención del Impuesto de Sellos para los contratos de arrendamiento rural.

Asimismo, se dispuso la suspensión de las ejecuciones fiscales en curso o por iniciarse para el cobro de impuestos provinciales adeudados por las explotaciones agropecuarias comprendidas en la emergencia, durante todo el período de vigencia del decreto.

Coordinación interministerial y asistencia

La normativa crea además un Comité de Emergencias integrado por los ministerios de Economía, Producción e Industria; Energía; Recursos Naturales; Infraestructura; Desarrollo Humano; Gobiernos Locales y Mujeres, junto con la Jefatura de Gabinete.

Este organismo tendrá la tarea de coordinar acciones conjuntas para reducir el impacto de la sequía, evaluar la situación en cada zona de la provincia y definir estrategias de asistencia directa a los productores.

El decreto prevé que los fondos necesarios serán imputados al Presupuesto General Vigente, a fin de garantizar la disponibilidad de recursos para atender las problemáticas derivadas de la emergencia.

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A comienzos de junio la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la sentencia dictada en diciembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca por la cual fueron condenados cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda mientras escapaba, junto a otros manifestantes, de una persecución brutal en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche. En diálogo con ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó que “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

Si bien no se logró el cambio de calificación legal que pretendían las querellas y que hubiera permitido condenas mayores al desestimar la figura de “exceso en la legítima defensa”, lo resuelto por el máximo tribunal penal del país ratifica lo que organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: los desalojos de comunidades originarias se realizan con exceso en el uso de la fuerza del estado y provocan daños irreversibles en quienes se manifiestan y reclaman por sus derechos.

Así ocurrió con el brutal operativo que provocó la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por una bala de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en 2017 mientras la comunidad Lafken Winkul Mapu intentaba preservar sus tierras.

Cabe recordar que el hecho fue juzgado en debate oral y público realizado a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca –con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava- durante los últimos meses de 2023, cuando cinco integrantes de la PNA resultaron condenados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en exceso de legítima defensa. Cuatro de ellos, como partícipes necesarios y el quinto, como autor del disparo letal.

Todos recibieron, según su grado de participación en el crimen, la máxima pena para el delito imputado pero ninguno fue condenado a penas superiores a 5 años y 8 meses de prisión ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado y en exceso de legítima defensa.

Tal como sostuvieron desde el inicio de la causa las querellas de la APDH –en su carácter de organización de la sociedad civil- y la de la familia de la víctima, nunca se probó la necesidad de defensa de los prefectos con sus armas reglamentaria porque, en rigor, nunca existió agresión de los manifestantes.

No obstante, luego de la sentencia de 2023 existía la posibilidad de que, en instancia revisora, se revirtieran las condenas y se absolviera a los cinco integrantes del Grupo Albatros, tal como lo solicitaron ante la Cámara Federal de Casación Penal las defensas y en un contexto político propicio para el otorgamiento de beneficios a los agentes de seguridad involucrados en graves casos de violencia institucional.

De allí que la reciente confirmación de la condena por parte del máximo tribunal penal del país no deja de representar un avance porque, tal como sostiene el vicepresidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

“Hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados”, agregó.

“Hoy es muy fácil encontrar artículos periodísticos de la época en los que se afirmaba la inocencia de los agentes de seguridad y el supuesto ejercicio de legítima defensa frente a las agresiones de los integrantes de la comunidad mapuche que resistían el desalojo, pero nunca se aportó una sola evidencia que diera cuenta de esa realidad. Más bien lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse”, amplió Torremare.

Y concluyó: “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del estado”.

Fuente: https://www.andaragencia.org/el-fallo-de-casacion-sobre-el-asesinato-de-rafael-nahuel-es-una-critica-al-accionar-punitivo-del-estado/

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La localidad neuquina de Huinganco fue reconocida como el destino emergente del año en los Premios Federales a la Industria Turística Argentina (Premios FED). El premio, otorgado por periodistas y referentes del sector turístico, destaca a esta localidad del norte de Neuquén, conocida como el “Jardín del Neuquén” por sus bosques de coníferas, su actividad forestal y sus atractivos naturales, que incluyen montañas, ríos y arroyos.

La distinción se anunció en la antesala de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, que comenzó este sábado en el predio ferial de Palermo, ciudad de Buenos Aires. La elección de los ganadores se realizó el viernes 26 de septiembre, y la ceremonia destacó la planificación del gobierno provincial y el sector privado para fortalecer el turismo, incluyendo la construcción de rutas y servicios complementarios como gastronomía de excelencia. La FIT se extenderá hasta el 30 de septiembre y, como es tradición, servirá de espacio de encuentro para profesionales y empresas del sector turístico.

La segunda actividad económica de la provincia del Neuquén es el turismo, detrás de la hidrocarburífera y el gobierno de Rolando Figueroa desplegó un plan de inversiones para fortalecerlo. Prueba de ello la construcción de rutas y el apoyo al sector.

El norte neuquino como destino ideal

La elección de los ganadores de los Premios FED 2025 se realizó este viernes, 26 de septiembre, y Neuquén demostró que tiene motivos para visitarla todo el año, más allá de las temporadas altas y de los circuitos tradicionales. El Norte todo es dueño de una belleza paisajística incomparable, a la que la provincia, los municipios y el sector privado han comenzado a dotar de servicios, como la gastronomía de excelencia.

Los Premios FED buscan reconocer experiencias exitosas y mejores prácticas del turismo nacional, fomentando una cultura de excelencia e innovación. Al tiempo que la FIT 2025 se extenderá hasta al 30 de septiembre y será (como es tradición) un espacio de encuentro para profesionales y empresas del sector turístico. Ambos eventos están relacionados entre sí.

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Los dos corredores claves del alto valle rionegrino continúan en constante trabajo. Vialidad Nacional sigue con el operativo de mantenimiento en las Rutas 22 y 151.

Las rutas rionegrinas que permiten la conexión con Neuquén siguen con el flujo de tareas. Estas incluyen bacheo, limpieza, reparación de luminarias, reacondicionamiento de banquinas y desmalezado, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la transitabilidad en zonas de alto recorrido vehicular.

En la Ruta 22, los trabajos se concentraron entre Chichinales y Villa Regina, donde se realizaron tareas de limpieza y desmalezado manual, reposición de barandas metálicas y reparación de más de 40 luminarias con tecnología LED, especialmente en el tramo urbano que atraviesa la ciudad. En Cipolletti, sobre la Ruta 151, se intervino en la zona del puente ferroviario, con relleno, compactación y bacheo entre los kilómetros 110 y 130, y se prevé extender las obras hacia Catriel. Mientras que en Chelforó, se ejecutaron trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en frío y conformación de banquinas.

Desde el organismo nacional remarcaron que estos trabajos integran un plan de conservación vial provincial, orientado a mantener la conectividad, prevenir accidentes y prolongar la vida útil de las rutas que sostienen el desarrollo productivo y social de la región.

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Imagen del corte que realizan las organizaciones sociales en el acceso al Puente Pueyrredón, en Avellaneda, donde el gobierno nacional desplegó un fuerte operativo de la PFA. Fotos Territorios en Lucha.

Organizaciones sociales realizan desde las 11 de este martes 10 de junio un corte en el acceso al Puente Pueyrredón y cortes, movilizaciones y concentraciones en 17 provincias. Reclaman aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la ampliación del programa, la continuidad del Monotributo Social y la entrega inmediata de alimentos a los comedores populares. Convocan la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA. En Avellaneda, el gobierno nacional desplegó un fuerte operativo de la Policía Federal. El Gobierno continúa sin respuestas ni voluntad para convocar al diálogo. «Este Gobierno empobrecedor ha paralizado el ingreso de lo que era el Potenciar Trabajo (hoy Volver al Trabajo y Acompañamiento Social) en $78.000. Es una vergüenza. Nuestras compañeras, a pesar de todo eso, no han abandonado los barrios ni las tareas. Seguimos haciendo los comedores, los merenderos y sosteniendo los espacios de cuidado. Porque sabemos que nuestra presencia en los territorios en los barrios es importante para que no crezca el delito y el narco», remarcó Analía, del FOL. Por ANRed.

Desde las 11 de este martes 10 de junio, organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA, llevan adelante un corte en el acceso al Puente Pueyrredón y cortes, movilizaciones y concentraciones en otros diferentes puntos de 17 provincias.

Fotos: Territorios en Lucha.

Es en el marco de una Jornada Nacional de Lucha conjunta «por trabajo y salario», en reclamo del aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo, Vital y Móvil, ampliación del programa, continuidad del Monotributo Social y la devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares.

Imagen: Territorios en Lucha.

En el acceso al Puente Pueyrredón, ubicado en la localidad bonaerense de Avellaneda, el ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, desplegó un fuerte operativo de la Policía Federal, que bloquea el ingreso al puente, uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, de parte de una importante columna de organizaciones y movimientos sociales.

Allí, Analía, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), dentro de la Coordinadora por el Cambio Social – una de las organizaciones que se plegó a la jornada de lucha – denunció:  «este Gobierno empobrecedor ha paralizado el ingreso de lo que era el Potenciar Trabajo, que lo subdividió en los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, que hoy en día están en $78.000, que es una vergüenza. Nuestras compañeras, a pesar de todo eso, no han abandonado los barrios ni las tareas. Seguimos haciendo los comedores, los merenderos y sosteniendo los espacios de cuidado. Porque sabemos que nuestra presencia en los territorios en los barrios es importante para que no crezca el delito y el narco».

Por su parte, en declaraciones a Prensa Obrera, Mercedes Martínez, dirigente nacional de la CUBA-MTR, también desde el Puente Pueyrredón, expresó: «estamos pidiendo el aumento de los planes sociales que hoy no cubren ni dos garrafas de gas. $78.000 no le alcanzan a nadie«.

En tanto, Pablo Giachello, dirigente del Partido Obrero, señaló al mismo medio: «hoy los sectores más golpeados se están movilizando, rompiendo nuevamente el protocolo de Bullrich. Crece la movilización popular semana a semana y el movimiento piquetero hoy vuelve a ocupar el Puente Pueyrredón», remarcó.

Si bien, en un principio desde las organizaciones sociales confirmaron a este medio que una delegación con representantes de cada una de las organizaciones se trasladaría al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, donde les prometieron que serían recibidos/as por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez, finalmente la propuesta de reunión se cayó y, así, el gobierno nacional continúa manteniendo la misma postura de falta de respuestas ni de voluntad de diálogo con las organizaciones y movimientos sociales.

La jornada se multiplica en diferentes puntos de 17 provincias, como es el caso de la Ciudad de Salta, donde organizaciones concentran frente al departamento del Gobierno salteño.

Imágenes: Territorios en Lucha.

Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.

Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.