La Municipalidad de Villa Regina informa que hoy, 12 de enero, a partir de las 13 horas, tendrá lugar el sorteo por tener al día las Tasas Retributivas Municipales.
Para el primer sorteo, de una bicicleta mountain bike, se debe tener al día la cuota de tasas retributivas del mes de diciembre.
Para el segundo sorteo, de un monopatín y un juego de reposeras, se debe tener al día las cuotas de tasas retributivas de los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Toto Caputo volvió de Washington eufórico porque logró destrabar un desembolso de USD 1.000 millones del FMI y se llevó la promesa de otros USD 2.000 millones del Banco Mundial, pero el efecto en el mercado fue el contrario al buscado: confirmó que está en dificultades para pagar los vencimiento de deuda que tiene por delante.
En las reuniones que mantuvo el equipo económico en Estados Unidos con fondos de inversión, el clima fue cauto. Hubo preguntas sobre reservas, deuda y riesgo político. Los fondos no se retiraron, pero tampoco aumentaron exposición. La sensación general es de pausa, no de entusiasmo. Un clima que se repite en el sistema financiero argentino.
El ex vicepresidente del Banco central, Jorge Carrera, explicó que el peso creciente en la deuda de la Argentina de organismos como el FMI, el Banco Mundial o el BID introduce una desventaja: tienen prioridad de cobro. Esa «subordinación implícita» puede sumar entre 100 y 200 puntos básicos al riesgo país, afirmó Carrera.
El mercado ya refleja esa tensión. Este marte el riesgo país subió 1,33% y llegó a 533 puntos básicos. Los bonos en dólares operaron en baja en casi toda la curva.
«Palazo para los bonos en dólares. Pasan los meses y Caputo no puede bajar el riesgo país. Si se come el trimestre de oro de ingreso de dólares, va a llegar a las elecciones 2027 colgado del travesaño.», posteó Sergio Chouza de la consultora Sarandí.
Varias entidades financieras pusieron por escrito ese diagnóstico. El Banco Galicia sintetizó dos preguntas que dominan las reuniones: qué amortiguadores tendrá Argentina para enfrentar una eventual volatilidad en 2027 por las elecciones, como la que tuvo en 2025; y cuándo volverá a los mercados voluntarios de deuda.
Palazo para los bonos en dólares. Pasan los meses y Caputo no puede bajar el riesgo país. Si se come el trimestre de oro de ingreso de dólares, va a llegar a las elecciones 2027 colgado del travesaño.
El Banco Comafi, enumeró cuatro focos de inquietud. Primero, el riesgo de mayor irregularidad del crédito, con mora de familias en máximos. Segundo, la debilidad de los sectores intensivos en empleo, como industria, construcción y comercio. Tercero, la capacidad de refinanciar los compromisos de deuda hacia 2027. Y cuarto, el factor político, con las elecciones ya instaladas en la agenda del poder.
Barclays también puso el acento en ese desequilibrio. Señaló que mientras los sectores vinculados a exportaciones y finanzas crecieron, los ligados al empleo masivo mostraron caídas. Eso, advirtió, puede afectar la popularidad de Javier Milei. JPMorgan, en cambio, recogió la versión oficial: las necesidades financieras de 2026 estarían cubiertas sin recurrir al mercado internacional. Para ese banco, los riesgos son más políticos que económicos.
Operadores de Wall Street.
Bank of America se sumó a esa mirada más optimista. Destacó el acuerdo con el FMI y el respaldo del Banco Mundial por USD 2000 millones para aliviar vencimientos. Proyectó un crecimiento del 3,5% con liderazgo de minería, energía, bancos y tecnología. Grit Capital aportó color: describió una Washington repleta de gestores de fondos discutiendo cómo atravesar el muro de vencimientos de 2026 y 2027. En ese circuito se habló del «Plan B»: conseguir financiamiento bancario con garantías multilaterales para evitar salir a tasas altas. Pero también se deslizó una duda: si ese puente alcanza o si habrá que ir a un manejo de pasivos más profundo. Caputo negó esa posibilidad la semana pasada.
Morgan Stanley bajó los números a tierra: las necesidades en dólares del Tesoro llegarían a USD 19.900 millones en 2026 y subirían a USD 23.400 millones en 2027. A eso se suman al menos USD 11.000 millones del BCRA entre Bopreal y repos. Gran parte de esos compromisos caen en los primeros meses del año electoral.
En ese contexto sorprendieron las críticas de Nicolás Dujovne, cercano al equipo económico. Planteó que la inflación será más alta de lo esperado y que el proceso no es lineal, sino lleno de avances y retrocesos. También relativizó el margen fiscal: «las mejoras posibles son marginales», afirmó. Y dejó una definición incómoda: «para crecer más, haría falta un salto en salarios que hoy no aparece».
Ya son varios los economistas que advierten sobre la fragilidad de la cuenta en pesos. Un mercado interno deprimido erosiona la recaudación y obliga a profundizar el ajuste para sostener la meta fiscal. Eso genera «bolsones de pobreza», como definió Ricardo Arriazu, que terminan alimentando el riesgo político. O sea, el regreso del peronismo.
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La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó todos los planteos del escribano santafesino Santiago Busaniche, un operador judicial que actúa como lobista de la Justicia Federal que está implicado en causas de corrupción que involucran a jueces federales, financistas y funcionarios del aparato estatal.
Los defensores de Busaniche buscaban que se declaren nulas todas las causas judiciales en su contra, entre ellas las que tiene implicado por extorsión al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, y que se apartaran de las investigaciones a todos los fiscales federales intervinientes.
Según las posiciones de un caso que implica una interna judicial al más alto nivel, la salida se interpretó como la decisión o de bajarle el pulgar o bien de soltarle la mano a Busaniche, un lobista que gravitó en designaciones de empleados a partir del intercambio de influencias y favores con funcionarios de jerarquía en la Justicia Federal, un hombre ligado al aparato de inteligencia estatal que tiene domicilio en el Palacio Paz, y estrecho conocimiento de magistrados de Comodoro Py, Santa Fe y Rosario.
Con su decisión de este martes, Casación mantuvo la pesquisa iniciada por los investigadores aunque con el voto en disidencia del camarista Mariano Borinsky que tuvo planteos a favor de Busaniche, por considerar que la acción penal está extinguida. Los que desnivelaron fueron los vocales Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, quienes dieron importancia a que la investigación de la que Busaniche supone corrupción institucional y que Argentina es suscriptor de pactos internacionales que imponen perseguirla.
Uno de los casos que más comprometen a Busaniche es el que lo liga a Bailaque, juez federal que el año pasado renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra dos agentes de bolsa de Rosario, a uno de los cuales exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra por lavado de dinero. En esa trama delictiva, según los fiscales del caso, estuvieron también el financista Fernando Whpei y el ex director regional de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna. Los tres están con una causa penal. Los dos primeros en prisión domiciliaria y el último en libertad bajo medidas restrictivas.
Los defensores de Busaniche Carlos Pirotta y Débora Lichtmann señalaban que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dijeron que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Carlos Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Esa posición chocó contra los argumentos de los jueces que prevalecieron. «En el caso se encuentra involucrado al menos un funcionario público e integrante del Poder Judicial de la Nación, lo que impone reparar en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en punto a la lucha contra actos de corrupción, que imponen un deber de debida diligencia reforzada en su investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de este tipo de criminalidad en el ámbito público», afirmó Mahiques.
Para el magistrado es un imperativo «habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción conforme la obligación asumida en compromisos internacionales por el Estado Argentino en relación con dicha materia».
Santiago Busaniche.
En coincidencia con su colega, el camarista Yacobucci sostuvo que las decisiones objetadas, que habían sido validadas en las instancias judiciales previas, «cuentan con fundamentos válidos y suficientes y los agravios de la defensa sólo muestran una mera disconformidad con lo resuelto, habiéndose garantizado en el caso la doble conformidad judicial».
Los fiscales federales cuestionan a Busaniche en diferentes causas. Una es la aludida que tiene implicados también a Bailaque, Vaudagna y Whpei. Bailaque tiene un pedido de de diez años de prisión y a Busaniche le solicitan seis años de pena.
«Los hechos atribuidos fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario. En tales condiciones y a tenor de la imputación efectuada por el acusador público, no merece reparos la modificación a ‘complejo’ del presente proceso. En efecto, en este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional», sostuvo Mahiques.
El segundo hecho analizado por Casación es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez federal Gastón Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el ya mencionado Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Al imputarlo, el fiscal Juan Argibay Molina sostuvo que Busaniche, es el escribano con la matrícula 320 de la provincia de Santa Fe que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 2600 de la ciudad de Santa Fe. Según el fiscal desde 2023 la actividad principal declarada al fisco es servicios notariales. Busaniche estuvo en relación de dependencia en distintos poderes del Estado. Entre 1995 y 1997 en el Consejo de la Magistratura Nacional. Luego en relación de dependencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente en la Cámara de Senadores de Santa Fe. Está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez, que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche.
«Es importante saber que al inicio de los hechos que se investigan, agosto 2019, Busaniche no era funcionario del poder Judicial de Santa Fe ni del Ministerio Público ni de AFIP. Mantenía un vínculo laboral con la Cámara de Senadores de Santa Fe. Ejercitó este rol por fuera de relaciones laborales», indicó Argibay Molina en audiencia.
En este sentido es significativa la relación que Busaniche construyó según los investigadores con la Justicia Federal donde acredita notoria influencia sin ser ni empleado ni funcionario.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti, que pertenecen a distintas procuradurías y jurisdicciones.
El camarista Borinsky entendió que no es Casación la instancia donde recurrir como hacen los defensores pero sí le reconoce que hubo de parte del trámite acusatorio una «anormal forma de proceder respecto a Busaniche» y que eso «conllevó a que se continuara con el desarrollo de la imputación ampliándose los plazos legalmente previstos -que como se viene explicando la defensa no tuvo la oportunidad real de cuestionar y de recibir una respuesta jurisdiccional adecuada». Quedó en minoría.
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