La Municipalidad de Villa Regina informa que hoy, 12 de enero, a partir de las 13 horas, tendrá lugar el sorteo por tener al día las Tasas Retributivas Municipales.
Para el primer sorteo, de una bicicleta mountain bike, se debe tener al día la cuota de tasas retributivas del mes de diciembre.
Para el segundo sorteo, de un monopatín y un juego de reposeras, se debe tener al día las cuotas de tasas retributivas de los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Mientras el discurso oficial insiste en denunciar supuestos «privilegios de la casta», la administración de Javier Milei confirmó que Manuel Adorni seguirá contando con custodia oficial y recursos del Estado pese a haber dejado su cargo, una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el doble discurso libertario y el uso de fondos públicos para proteger a un exfuncionario investigado por la Justicia.
Por Roque Pérez para NLI
La confirmación llegó por boca del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en su conferencia de prensa admitió que Adorni continuará con custodia oficial por «motivos de seguridad», aun cuando ya no forma parte del Gobierno nacional. La explicación oficial no hizo más que profundizar las críticas, ya que implica que efectivos policiales, móviles, combustible, viáticos y recursos estatales continúen afectados a la protección de un particular que ya no ejerce funciones públicas.
De combatir la «casta» a conservar sus privilegios
Durante la campaña electoral y a lo largo de su gestión, el oficialismo construyó buena parte de su discurso sobre la necesidad de terminar con los privilegios de la dirigencia política. Sin embargo, el caso de Adorni aparece como una excepción difícil de justificar, especialmente porque la custodia se mantiene cuando el propio Gobierno impulsa fuertes recortes sobre jubilaciones, universidades, hospitales públicos y programas sociales.
La continuidad del operativo de seguridad fue defendida bajo el argumento de la existencia de amenazas vinculadas con la causa judicial que involucra al exfuncionario. Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que esa protección excepcional siga siendo financiada por todos los contribuyentes sin que exista información pública sobre la evaluación de riesgo, su duración o el costo que representa para el Estado.
Una decisión que también genera preguntas judiciales
El mantenimiento de la custodia no es el único punto que genera controversia. Diversas presentaciones judiciales también cuestionan la continuidad del uso de vehículos oficiales y otros recursos públicos una vez finalizadas las funciones de Adorni, al entender que podría no existir un respaldo administrativo suficiente para sostener esos beneficios.
En paralelo, el exvocero continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, expediente en el que la Justicia analiza movimientos patrimoniales, declaraciones juradas y otras actuaciones vinculadas con su paso por el Gobierno. Mientras tanto, desde la Casa Rosada dejaron en claro que no impulsarán ninguna investigación administrativa interna, limitándose a señalar que será la Justicia la que determine eventuales responsabilidades.
Los recursos del Estado vuelven al centro del debate
Más allá de la discusión jurídica, la decisión reabre un debate político de fondo: ¿hasta dónde puede extenderse el uso de recursos públicos para proteger a un exfuncionario? En un contexto donde el Gobierno justifica cada ajuste en nombre del equilibrio fiscal, la continuidad de custodias, vehículos y personal estatal para quienes ya no ocupan cargos públicos resulta, cuanto menos, contradictoria con el relato oficial de austeridad.
La paradoja es difícil de ignorar. Mientras miles de argentinos enfrentan recortes en prestaciones, medicamentos, obra pública y programas sociales bajo el argumento de que «no hay plata», el Estado sigue destinando efectivos policiales y recursos presupuestarios para custodiar a quien hasta hace pocos días era uno de los principales voceros del ajuste.
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El presidente del Episcopado Argentino, Marcelo Colombo, encabezó un encuentro en Almirante Brown junto con Axel Kicillof, unos diez intendentes peronistas del conurbano, media docena de obispos y más de 500 dirigentes.
Fue un encuentro transversal a la que se sumaron además rectores de Universidades y representantes de la Justicia. La cumbre fue en el Pequeño Cottolengo de Don Orione y la Pastoral Social redactó un documento en el que advierte sobre «el profundo proceso de polarización» que atraviesa la Argentina y donde se reafirma la necesidad de fortalecer el diálogo social.
«Nuestra región metropolitana y nuestra Patria se encuentra afectada por un profundo proceso de polarización que no nos permite construir una identidad común, donde se priorizan intereses sectoriales: esto ha generado una sociedad fragmentada y dividida», dice el documento final que lleva la firma de la Pastoral Social.
El texto agrega que «ante semejante cuadro de situación, debemos poner a la política como la forma más alta de caridad, como nos indica Francisco, recuperando su rol de servicio al bien común, y no a grupos de poder».
Además, destaca que la jornada sirvió para «reafirmar a la urgencia del diálogo social como herramienta para encontrar soluciones compartidas y como antídoto a la polarización» al tiempo que pide «dejar de lado la politiquería barata, alejada muchas veces de las necesidades reales de nuestro pueblo».
Estuvieron Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ariel Sujarchuk (Escobar), Pablo y Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mariel Fernández (Moreno) y los referentes de Brown y San Martín, Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis.
También participaron Axel Kicillof, Verónica Magario y los obispos Carlos José Tissea (Quilmes); Oscar Ojeda (San Isidro); Maximiliano Margni (Avellaneda-Lanús); Juan José Chaparro (Merlo-Moreno); Pedro Cannavo (Obispo Auxiliar de la Diócesis de Buenos Aires) y Eduardo García (San Justo).
Marcelo Colombo y Axel Kicillof.
El encuentro cobró importancia por la transversalidad de los funcionarios que participaron. Además de la política y la Iglesia, también participaron importantes funcionarios judiciales como el juez de Casación Federal Alejandro Skolar, y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand.
El primer encuentro multisectorial nació luego de una reunión que mantuvo un grupo de intendentes con Marcelo Colombo, presidente del Episcopado Argentino en mayo pasado.
En representación de las Universidades participaron Jaime Perczik (UNAHUR); Jorge Calzoni (UNDAV); Carlos Greco (San Martin); Pablo Domenichini (UNAB); Alejandra Zinni (Quilmes); Carlos Rodriguez (UNIPE) y Walter Panezzi (UNLujan).
Finalmente estuvieron representantes de CAME, de la CTA, de la CGT, FEBA y UTEP, así como legisladores provinciales y nacionales de diversas fuerzas políticas.
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