La Municipalidad de Villa Regina informa que hoy, 12 de enero, a partir de las 13 horas, tendrá lugar el sorteo por tener al día las Tasas Retributivas Municipales.
Para el primer sorteo, de una bicicleta mountain bike, se debe tener al día la cuota de tasas retributivas del mes de diciembre.
Para el segundo sorteo, de un monopatín y un juego de reposeras, se debe tener al día las cuotas de tasas retributivas de los meses de octubre, noviembre y diciembre.
En el gobierno de Axel Kicillof aseguran que es posible llegar a un acuerdo con Sebastián Pareja para votar la Boleta Única Papel en la provincia a cambio de las reelecciones indefinidas para intendentes y legisladores.
LPO había adelantado en enero la posibilidad de una negociación en ese sentido. Por ese entonces, el tema circulaba entre los legisladores libertarios. Sin embargo, ahora son segundas líneas del gabinete de Kicillof quienes se entusiasman con esa estrategia.
En La Plata no descartan la posibilidad de un acuerdo con los libertarios. Sin embargo, la interna del peronismo puede complicar la negociación. Es que los senadores y diputados de La Libertad Avanza no tienen interlocutores claros en la Legislatura.
En las conversaciones que Kicillof mantiene con Pareja, el gobernador no puede garantizarle al jefe libertario los votos del peronismo. Tampoco La Cámpora puede asegurarle un acuerdo con el bloque de Fuerza Patria.
Es curioso, pero durante su primer año de gestión Kicillof se quejaba de que no tenía interlocutores claros con la oposición en la Legislatura. Hoy quien tiene ese problema es La Libertad Avanza que no sabe con qué sector del peronismo tiene que cerrar acuerdos.
Por ese motivo, los libertarios mantienen silencio sobre el tema y esquivan dar una definición pública. Temen dar una señal en favor del acuerdo y que luego sea la interna del peronismo la que impida consolidar el acuerdo. «Hoy no existen conversaciones serias sobre el tema. Si aparece un planteo real y serio, nosotros estamos para escuchar», dijo a LPO un diputado libertario.
Un tema que se discute en los pasillos es si La Libertad Avanza está dispuesta a para el costo de respaldar lo que ellos mismos consideran como una de las leyes que más favorecen a la casta: las reelecciones indefinidas.
Sebastián Pareja.
Quienes conocen el mundo libertario entienden que lograr la BUP en la provincia sería un activo que quedaría por encima del costo que supone ayudar al peronismo a contar con reelecciones indefinidas. Agregan además que el peronismo puede llegar a la mayoría simple buscando votos en otros bloques. Para La Libertad Avanza, dejar atrás el sistema de boleta partidaria supone un cambio transversal en la provincia.
También surgen dudas de los motivos por los cuales Kicillof buscaría ese acuerdo con Pareja. Desestimar la histórica boleta partidaria y adherir a la BUP en la provincia supone que ya no habrá necesidad de desdoblar la elección provincial.
El desdoblamiento ya no tendría sentido porque no habrá inconvenientes técnicos en avanzar en una elección concurrente: es decir votar candidatos nacionales y provinciales el mismo día (y con el mismo sistema).
El peronismo defiende el sistema de boleta partidaria. Con esa herramienta Fuerza Patria se impuso en la elección de septiembre. Como contracara, con el sistema de Boleta Única cayó derrotado en la legislativa nacional de octubre.
En la provincia son 82 los intendentes que no pueden ser reelectos en 2027. Ese número contempla dirigentes de todos los frentes políticos: peronismo, radicales, del PRO y también libertarios.
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El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..
La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.
Un sistema centralizado de denuncias y monitoreo
El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.
En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.
El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.
Bloqueo de cuentas y transacciones sospechosas
Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.
El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.
En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.
El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.
Alianza con bancos, fintech y plataformas tecnológicas
El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.
Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.
La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.
La expansión de la seguridad digital
El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.
En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.
El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.
¿Puede usarse políticamente?
La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.
Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.
En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.
Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.
Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.
En la mañana de hoy, en la vereda del Paseo del Arroyo, se encontraron bolsas de basura rotas y se pueden observar varias jeringas usadas entre otra tanta suciedad. Se pide suma responsabilidad a los vecinos y que este tipo de elementos como jeringas, agujas, vidrios rotos, etc, sean descartados con las medidas de precaución…
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