La Municipalidad de Villa Regina informa que hoy, 12 de enero, a partir de las 13 horas, tendrá lugar el sorteo por tener al día las Tasas Retributivas Municipales.
Para el primer sorteo, de una bicicleta mountain bike, se debe tener al día la cuota de tasas retributivas del mes de diciembre.
Para el segundo sorteo, de un monopatín y un juego de reposeras, se debe tener al día las cuotas de tasas retributivas de los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Este fin de semana se realizará la 3ra edición de la Feria de Emprendedores Reginenses, nuevamente el lugar de encuentro será el predio de Los Gansos Restó ubicado en AV. Mitre al fondo. El sábado 23 y domingo 24 a partir de las 17 hs y hasta las 24 hs más de 50 emprendedores locales…
El paro docente anunciado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) para el día en que arranca el calendario escolar en la provincia sumó el acatamiento del resto de las organizaciones gremiales que integran el Frente de Unidad Docente, incluso el Suteba de Baradel, el gremio más cercano a Axel Kicillof.
Al anuncio de la FEB -un gremio con gran cantidad de docentes en el interior bonaerense- se sumaron el Suteba, los docentes de las escuelas técnicas nucleados en AMET, los privados de SADOP y también los enrolados en Udocba, un sindicato alineado con la CGT..
El conflicto tiene dos frentes. Por un lado, el rechazo a la oferta de recomposición salarial que presentó el gobierno de la provincia. Primero propuso un 2% para febrero que fue desestimado de plano por los gremios. Y luego subió un punto la propuesta que también fue rechazado y que generó la primera amenaza de paro desde que Kicillof está al frente del gobierno.
El Suteba difundió hoy la adhesión al paro con una serie de demandas más enfocadas al gobierno de Javier Milei que al de Kicillof. Se incluyó la «devolución» del pago del Incentivo Docentes, un fondo eliminado al inicio del gobierno de libertario; el aumento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional.
Se sabe que Baradel es uno de los líderes gremiales de la provincia más cercanos a Kicillof. Incluso incluyó en las demandas la restitución de los fondos que Nación le debe a la provincia de Buenos Aires.
Liliana Olivera, de la Federación de Educadores Bonaerenses.
Sobre el final de un flayer difundido en redes asoma un reclamo de aumento salarial, medida que corresponde al gobierno provincial.
En el espectro de los gremios docentes de la provincia, el Suteba es la entidad con mayor cantidad de maestros y profesores, en especial en el conurbano. Le sigue la FEB con miles de docentes en el verde interior bonaerense.
Baradel intenta mostrar unido al Frente de Unidad Docente, un grupo de sindicatos docentes que se potenció durante la resistencia a las políticas de María Eugenia Vidal. Sin embargo, en las últimas semanas se empezaron a ver algunas grietas, en particular cuando la FEB rechazó el acuerdo anterior por el cual los docentes recibieron un aumento acumulado del 4,5% equivalente a poco más de 37 mil pesos después de meses sin actualizaciones.
Por la mañana el gobierno anunció que levantaba las sanciones disciplinarias contra policías que habían abandonado el servicio. Era una acción concertada frente a la dureza de la protesta de uniformados que no aflojaba. Pero una vez más ese anticipo fue un búmeran que volvió duro. Quizá la imagen más elocuente fue que el jefe de policía de la provincia recibió insultos y hasta fue escupido por grupos que estaban frente a la Jefatura de Rosario. Los patrulleros siguieron hasta las 17 de la tarde estacionados, los efectivos a cara limpia sin prestar tareas y sus familiares en inmediaciones.
Así estaban a las 17.45 cuando Maximiliano Pullaro habló desde la Casa de Gobierno para anunciar por segunda vez en cinco días una recomposición salarial. La primera más que atemperar las protestas pareció echarles más leña.
La de este miércoles a la tarde todavía está en proceso de ser digerida pero implicó un desembolso más notorio. Ningún policía de Santa Fe que tenga tareas iniciales en la fuerza percibirá menos de 1.350.000 pesos. Los que presten tareas en la calle en las ciudades de mayor riesgo ganarán más de 2.300.000 pesos.
Eso implicó que tras una semana de protestas de intensidad sostenida el conflicto se levantara. Los policías apostados en Jefatura celebraron con expresiones de júbilo y abrazos el reconocimiento salarial que pasó a ser sustancial. Y que pese a ser más suculento para el personal que asume más riesgos, el que está en la calle, también alcanza a los efectivos no operativos, que son más del 60 por ciento del plantel de 25 mil policías santafesinos.
El aumento salarial se decidió frente a una crisis que parecía haber roto la cadena de mando policial y que arrinconó al gobierno santafesino, al que una protesta inorgánica pero masiva y muy visible socavó en su capacidad de negociación política. También deja en pie incógnitas sobre cuestiones de manejo de la autoridad.
La decisión de dar marcha atrás con las sanciones supone un problema ante una fuerza basada en un principio vertical de obediencia. Una especie de instructivo para la próxima vez ya que ante las medidas disciplinarias hubo primero desafío y después concesiones en el sentido de lo demandado.
Queda en pie una situación contradictoria. El gobierno de Pullaro aceptó levantar los pases a disponibilidad de 20 efectivos a los que señaló por abandono de servicio. Pero las denuncias penales que el mismo gobierno promovió ya tramitan por otra vía que es la del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Este jueves a la mañana 11 de estos policías están citados por la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Al mismo tiempo que Pullaro hacía los anuncios, los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina elaboraban la imputación que en unas horas formularán ante un juez.
Este es un capítulo que seguirá frente a un tema complicado. Hubo una demanda laboral de parte de la policía reconocida por el gobernador. Pero en el marco de esos reclamos por condiciones de trabajo y de ingresos hubo policías sancionados que ahora serán imputados. La incógnita poderosa en términos políticos es si cometieron actos dolosos al demandar mejoras de trabajo que el mismo gobernador reconoce aunque su gestión los denunció penalmente.
En el mayor escenario de la protesta, el portón de Jefatura de Rosario por calle Ovidio Lagos, había una atmósfera de fiesta. Los policías sentían que habían torcido a su favor una demanda justa donde había efectivos que estaban por debajo de la línea de pobreza para un grupo familiar con sus ingresos por debajo del millón de pesos.
«Es un aumento histórico», decía un comisario a LPO frente a la estación de servicio YPF. «Personas del escalafón técnico que no portan armas pasan de ganar 780 mil pesos a 1.300.000. Es más de un 50 por ciento de suba», graficó. Un comisario con veinte años de antigüedad pasa según los cálculos rápidos que se hacían en la zona de 3.500.000 a cinco millones de pesos.
Un día agitado
Este miércoles Pullaro se presentó a hacer los anuncios flanqueado por su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de policía de provincia, Luis Maldonado. El gobernador dijo a la prensa que sostener al jefe de policía a su lado en los anuncios era una revalidación explícita de su conducción. Por la mañana había sido insultado de arriba abajo cuando ingresaba a la Jefatura de Rosario y hasta hubo quien lo escupió. Pullaro deslizó que eso no lo hicieron policías activos sino actores mezclados en la protesta.
El piso salarial pasó a ser para policías y penitenciarios santafesinos iniciales de 1.350.000 pesos. «Ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $ 1.438.835», dijo Pullaro en la conferencia de prensa que dio en la tarde del miércoles. Si ese mismo suboficial cumple tareas de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, las zonas de mayor demanda de servicio de seguridad en la provincia, recibirá un plus de 500 mil pesos, por lo que su ingreso total será de $ 1.938.835.
«Si este policía maneja el vehículo policial, con el riesgo que eso implica, va a ganar $ 2.188.835 por mes a partir de febrero», dijo Pullaro. Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, precisó que percibirán $ 2.084.000 si no conducen y $ 2.334.535 si manejan patrullero. Los suplementos se estratifican en tres niveles. «No es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión», dijo el gobernador.
Pullaro hizo un reconocimiento a la policía a la que consideró fundamental para bajar los niveles de violencia. Dijo que en lo que va del año hay 13 homicidios. Y que hace solo tres años a la misma altura había 60. «Estamos profundamente agradecidos del trabajo realizado en los últimos dos años y casi dos meses para reducir los indicadores de violencia y de inseguridad que padecían los rosarinos», dijo el gobernador. «No fueron casualidad, sino producto de una estrategia sostenida y del compromiso de miles de hombres y mujeres de la fuerza», dijo.
Las idas y vueltas
El martes por la noche el gobierno asistía a dos jornadas de protestas sostenidas, como más de 60 patrulleros estacionados en la Jefatura de Rosario, un acuartelamiento a cielo abierto que obligó a que se utilizaran fuerzas especiales y hasta agentes penitenciarios para las tareas de custodia. En ese contexto a las 23.30 el ministro de Seguridad Cococcioni y su par de Economía Pablo Olivares acudieron a una reunión en Jefatura con referentes tras las negociaciones trabadas previamente.
Tras esa cita los ministros dijeron que la seguridad pública nunca se había resentido, que la operatividad siempre se mantuvo al 90 por ciento sin hechos graves y con todas las incidencias atendidas.
Pero Cococcioni marcó, como lo haría más tarde Pullaro, que todos los reclamos eran atendibles. Y entonces hizo el anuncio crucial en relación a las medidas disciplinarias, es decir, los veinte efectivos puestos en disponibilidad en Rosario. También había inicialmente 42 efectivos de la Policía Motorizada en Santa Fe con inicio de trámites para su desafectación provisoria.
«A quienes fueron notificados de medidas administrativas les solicitamos que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reincorporen de inmediato al servicio ordinario. Esto implica que salen de inmediato de la situación preventiva en la que habían sido colocados», sostuvo el titular de Seguridad. Su colega de Economía ponderó «la alta dedicación y la elevada carga horaria» del personal policial.
Ahí está un asunto que entronca casi en la definición sociológica del conflicto. Todo el gobierno reconoce que se trató de una crisis laboral donde los policías hicieron reivindicaciones por ingresos y mejoras de trabajo. «Entendemos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad», dijo Pullaro en la conferencia de prensa.
Solo que en una fuerza no sindicalizada la explicitación de los reclamos que esta vez estallaron es esporádica. ¿En qué lugar quedan entonces los que fueron denunciados por el mismo gobierno y mañana serán imputados? ¿Es conciliable que estuvieran haciendo una demanda laboral y al mismo tiempo cometieran actos dolosos por los que en unas horas serán imputados?
En materia de bienestar policial, Pullaro detalló que se ampliaron las frecuencias de transporte para agentes del norte provincial que trabajan en Rosario -hoy son doce recorridos- y que se avanza en soluciones para los «fines de ruta» hacia Casilda, Constitución y Cañada de Gómez. Indicó que «no hay inconveniente en sumar más servicios si son necesarios».
Asimismo, señaló que se reforzó el gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que ya atiende a 570 efectivos, y que la tarjeta alimentaria pasó de $ 84.000 a $ 168.000. Además, explicó que se habilitarán lugares de pernocte para quienes viajan largas distancias: «Si el personal estaba estresado por la carga de trabajo y el traslado, podrá quedarse a dormir aquí, como lo hacen las fuerzas federales».
Finalmente, cerró con un mensaje político claro: «Habiendo atendido todas las demandas, creemos y entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la Unidad Regional II».
De la conferencia, realizada en la sede de Gobierno en Rosario, participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Luis Maldonado.
El gobierno pagó 132 cursos de inglés a una asociación que controla la mujer de Sturzenegger, 13 veces más cursos que en 2024, cuando el economista aún no era ministro. Además, la entidad mintió al afirmar que brindaba un servicio exclusivo en la Ciudad, ya que otros dos centros de enseñanza de inglés lo ofrecen.
La contratación de Cancillería de cursos de inglés a una asociación que dirige la mujer de Sturzenegger sigue despertando controversias. El ministro ya tiene una denuncia penal en su contra, pero surgieron nuevos elementos que complican al funcionario.
En la plataforma Comprar figuran cinco contrataciones realizadas por Cancillería a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). Todas fueron realizadas de manera directa y comenzaron en 2018, durante el gobierno de Macri.
Sin embargo, la AACI nunca dejó de dictar sus cursos a Cancillería y 2026 será su octavo año consecutivo. En su propuesta explican que en 2025 solo 10 alumnos tomaron sus cursos y adjudican la baja matrícula a una «reestructuración funcional» de la Cancillería, según publicó la agencia Noticias Argentinas.
En Comprar, la plataforma de contrataciones que utiliza el estado argentino, figuran cinco procesos que incluyen a la AACI, todos vinculados a Cancillería. No hay ninguno que detalle cuánto costó el programa para 2025, el año en que cursaron solo 10 estudiantes por la aludida reestructuración funcional.
A pesar del millonario gasto, el gobierno decidió no convocar a una licitación y adjudicó los cursos por contratación directa bajo el título de Adjudicación Simple por Especialidad que le costó al Estado más de 114 millones de pesos.
La entidad que dirige la esposa de Sturzenegger siempre fue contratada en forma directa, uno de los mecanismos de contratación menos transparentes del Estado.
Es una incógnita que llevó a Cancillería a multiplicar por 13,2 la cantidad de alumnos prevista para 2026.
En la propuesta, la AACI destaca que es el único «centro platino» en la ciudad de Buenos Aires, algo que resulta falso: hay otras dos entidades que ofrecen la misma acreditación y otras dos en la Argentina.
Si se dividen los 114 millones de pesos del costo total del contrato por la cantidad de alumnos prevista, Cancillería pagará casi 864 mil pesos por cursante, aunque no queda claro qué ocurrirá si los inscriptos son menos. En 2024, el Estado pagó un promedio de 400 mil pesos por alumno a la misma asociación.
Pasaron las elecciones, baja la excitación partidaria, las radios vuelven a sus programaciones habituales y facebook deja de bombardear a los usuarios locales desde los perfiles oficiales, párrafo aparte para la campaña sucia y desinformativa a la que estuvimos expuestos (los ciudadanos) desde perfiles pseudo comunicacionales que juegan a manipular desde una postura negativa y trillada…
Quienes, luego de décadas, estamos habituados a transitar las calles del centro de Villa Regina, solemos sentir que las ciudades con trazado en damero o cuadricular resultan, en comparación, un tanto insípidas o monótonas. Y surge entonces la pregunta que da título a esta nota: si Regina fue una ciudad planificada desde sus inicios, ¿por…
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