Homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas

En diciembre de 1945, una decisión política cambió para siempre la relación entre el trabajo y el Estado en la Argentina. El aguinaldo no nació como beneficio ni regalo: fue una conquista obrera institucionalizada por el peronismo, resistida por el poder económico y defendida en la calle.

Por Alcides Blanco para NLI

El 20 de diciembre de 1945, fecha de la que hoy se cumplen ocho décadas, el gobierno surgido de la Revolución del ’43 firmó el Decreto N.º 33.302/45, que creó el Sueldo Anual Complementario (SAC). La medida fue impulsada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión por Juan Domingo Perón, cuando todavía no había sido electo presidente.

Aquella decisión no fue técnica ni neutra. Fue profundamente política: reconocía que el salario no alcanzaba solo para reproducir la fuerza de trabajo, y que el Estado debía intervenir para equilibrar una relación históricamente desigual entre capital y trabajo. Por primera vez, el ingreso anual del trabajador pasaba a ser un asunto de política pública.

El decreto que desató la furia patronal

El Decreto 33.302/45 establecía el pago de un salario adicional anual, equivalente a la doceava parte de lo percibido durante el año. La reacción del empresariado fue inmediata y feroz. Las cámaras patronales denunciaron que el aguinaldo era “confiscatorio”, “inviable” y “demagógico”. Los grandes diarios de la época editorializaron contra la medida y auguraron caos económico.

La respuesta vino desde abajo. Miles de trabajadores salieron a la calle para defender el decreto, en un clima político todavía marcado por la reciente liberación de Perón tras el 17 de Octubre. El aguinaldo se transformó así en algo más que un ingreso extra: se convirtió en un símbolo del nuevo pacto social que estaba naciendo.

No es un dato menor que el aguinaldo haya sido creado antes de la presidencia formal de Perón. Eso explica por qué su origen está ligado a la Secretaría de Trabajo y Previsión y no a una ley del Congreso: el poder real de esa política no estaba en los despachos, sino en la organización obrera.

De conquista a derecho permanente

Ya con Perón en la Presidencia, en 1946, el aguinaldo fue ratificado por ley e incorporado de manera definitiva al sistema laboral argentino. A partir de allí, ningún gobierno pudo eliminarlo sin enfrentar un enorme costo político y social.

Con el tiempo, el Sueldo Anual Complementario pasó a abonarse en dos cuotas, en junio y diciembre, como rige actualmente. Esa modificación administrativa no alteró su esencia: el reconocimiento de que el salario mensual no agota el valor del trabajo realizado durante el año.

Durante las dictaduras y los períodos neoliberales, el aguinaldo fue atacado indirectamente: licuado por la inflación, precarizado mediante empleo informal o directamente negado a millones de trabajadores excluidos del sistema. Pero incluso en esos contextos, el derecho nunca fue derogado, lo que habla de su profunda legitimidad social.

Ocho décadas después, el sentido sigue en disputa

A 80 años de su creación, el aguinaldo vuelve a ser cuestionado, esta vez desde discursos que lo presentan como “un costo”, “una carga” o “un privilegio”. Es el mismo lenguaje patronal de 1945, reciclado con estética libertaria y retórica antisindical.

Recordar el origen del aguinaldo no es un ejercicio nostálgico. Es una advertencia histórica: los derechos laborales no nacen del mercado ni de la buena voluntad empresaria. Nacen de decisiones políticas respaldadas por organización popular.

El aguinaldo fue, y sigue siendo, una frontera. De un lado, quienes creen que el trabajo es una mercancía más. Del otro, quienes sostienen que sin justicia social no hay democracia posible.

Ochenta años después, la pregunta no es si el aguinaldo “se puede pagar”. La verdadera pregunta es qué tipo de país se quiere construir.

Hannah Arendt describió al burócrata moderno como alguien capaz de producir un daño inmenso sin odio ni pasión, apenas cumpliendo órdenes. En la Argentina de las últimas décadas, Federico Sturzenegger encarna como pocos esa figura: el técnico que, gobierno tras gobierno, pone su saber al servicio de un mismo proyecto de poder.

Por Tomás Palazzo para NLI

Hay figuras que atraviesan la historia política sin necesidad de ganar elecciones ni dar discursos encendidos. No seducen multitudes ni bajan a la arena con consignas épicas. Su poder es otro: el del expediente, el decreto, la planilla de Excel. Hannah Arendt, al analizar el juicio a Adolf Eichmann, formuló una de las ideas más incómodas del siglo XX: la banalidad del mal. No hacía falta un monstruo para causar estragos; bastaba un burócrata eficiente, obediente y convencido de que solo “hacía su trabajo”.

Federico Sturzenegger no es, claro, un criminal de guerra. El paralelismo no apunta a los hechos sino a la lógica. La del funcionario que se concibe a sí mismo como neutral, técnico, inevitable. El que no decide: ejecuta. El que no es responsable: administra. En nombre de esa supuesta asepsia, se despliegan políticas que arrasan con derechos, salarios, ahorros y soberanía, mientras el ejecutor se declara ajeno a las consecuencias.

El burócrata sin odio

Arendt observó que Eichmann no actuaba movido por un odio explícito ni por un fanatismo profundo. Su rasgo distintivo era la incapacidad de pensar críticamente lo que hacía. El mal se volvía banal porque se integraba a la rutina administrativa. Algo de eso aparece cada vez que Sturzenegger explica sus decisiones con un lenguaje deshumanizado, donde las personas se transforman en “distorsiones”, “ineficiencias” o simples “costos a corregir”.

Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, fue parte del equipo económico que sostuvo un esquema que terminó en una catástrofe social, institucional y económica. Más tarde, bajo Mauricio Macri, como presidente del Banco Central, su gestión quedó asociada a tasas de interés exorbitantes, bicicleta financiera y endeudamiento acelerado, un combo que benefició a los sectores concentrados y dejó una herencia explosiva.

Hoy, con Milei, Sturzenegger reaparece como ideólogo del desguace estatal, celebrando despidos, recortes y privatizaciones como si fueran simples movimientos técnicos. El discurso se repite: no hay alternativa. La técnica reemplaza a la política y la obediencia a la reflexión ética.

El servil perfecto del poder real

Sturzenegger no responde a un partido ni a una identidad popular. Su lealtad es otra: el poder económico concentrado y la ortodoxia liberal que, desde hace décadas, busca achicar el Estado solo para los de abajo. Su principal talento consiste en adaptarse a distintos gobiernos siempre que la dirección sea la misma. Cambian los presidentes, cambia el clima político, pero el programa permanece intacto.

Esa continuidad es clave para entender el paralelismo con Arendt. El burócrata no se pregunta por las consecuencias humanas de sus actos. No mira a los ojos a los despedidos, ni a los jubilados que pierden poder adquisitivo, ni a las universidades desfinanciadas, ni a los científicos expulsados. Cumple funciones. Firma papeles. Optimiza procesos.

Noticias La Insuperable ha mostrado en distintas coberturas cómo este libreto se repite: el ajuste presentado como modernización, la pérdida de derechos narrada como valentía reformista, el sufrimiento social reducido a una variable secundaria.

Pensar, la tarea que incomoda

Para Arendt, el verdadero antídoto contra la banalidad del mal no era la moral abstracta sino el pensamiento. Pensar implica detenerse, dudar, hacerse cargo. Justamente lo que el burócrata evita. En ese sentido, Sturzenegger representa una forma extrema de irresponsabilidad política: la del que se escuda en la técnica para no responder por el daño que provoca.

No hay neutralidad posible cuando se decide quién paga una crisis y quién se beneficia. No hay inocencia en el ajuste sistemático sobre los mismos sectores. La obediencia automática deja de ser excusa y se transforma en complicidad.

El problema no es solo Sturzenegger como individuo, sino lo que simboliza: una élite tecnocrática que se cree por encima de la democracia, que reduce la política a gestión y convierte el sufrimiento social en una externalidad aceptable. Arendt advertía que este tipo de funcionarios no necesita ser malvado para ser peligroso. Basta con que renuncie a pensar.