La Junta de Presidentes de Cámaras Federales con competencia penal se reunió este viernes de manera extraordinaria en la ciudad de Resistencia, en la provincia Chaco. El cónclave contó con la participación de magistrados de distintas jurisdicciones del país, funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y representantes del Consejo de la Magistratura.
El encuentro sirvió para avanzar y analizar distintos aspectos de la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF).
Estuvieron presentes en la reunión Javier Leal De Ibarra (Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia), Mariano Lozano (Cámara Federal de Apelaciones de General Roca), Gustavo Castiñeira De Dios (Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza), Patricia Moltini (Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán), Mariano Llorens (Cámara Nacional ACC Federal), Silvina Andalaf Casiello (Cámara Federal de Apelaciones de Rosario), Roberto Hornos (Cámara Nacional en lo Penal Económico), Marcelo Fernández (Cámara Federal de Apelaciones de San Martín), Pablo Candisano Mera (Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca), Jorge Di Lorenzo (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata), Ramón Luis González (Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes), Rocío Alcalá (Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia), y Mario Boldu (Cámara Federal de Apelaciones de Posadas).
De manera virtual, participaron Mariana Catalano (Cámara Federal de Salta), Alejandro Tazza (Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata) y Abel Sánchez Torres (Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba).
Además, se sumaron funcionarios del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, entre los que se destacaron el administrador general, contador público Alexis Varady y Mariano Althabe, presidente del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
Durante la jornada, se compartieron relevamientos e informes elaborados en distintas áreas, con la activa participación de asesores técnicos y funcionarios del máximo tribunal y el órgano político del Poder Judicial.
En ese contexto, se destacó la importancia de la uniformidad en los cuadros estadísticos en el marco del sistema acusatorio. Además, la Oficina Judicial y los Colegios de Jueces abordaron experiencias comparadas. Se debatió sobre los principales obstáculos para su funcionamiento operativo y se delinearon propuestas de optimización institucional. También se definieron líneas de acción consensuadas para impulsar una aplicación más uniforme y eficiente del nuevo sistema procesal penal.
Desde el Consejo de la Magistratura, Varady resaltó el presupuesto destinado desde el Poder Judicial para acondicionar las instalaciones a los nuevos desafíos que impone esta reforma y el compromiso de no abandonar las jurisdicciones una vez que se pone en vigencia la implementación del nuevo Código. Se hizo así un informe detallado de las obras e inversiones realizadas y las que ya se encuentran agendadas.
