Histórico en Argentina: una playa patagónica introduce una bandera verde

La derrota de Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina, al caer 5-3 por penales ante Independiente Rivadavia (2-2 en el tiempo regular), generó una onda expansiva de malas noticias en el fútbol de Primera División. Los perjudicados son los clubes que esperaban la consagración del «Bicho» para que se liberaran cupos en la clasificación a la próxima Copa Libertadores y Copa Sudamericana a través de la tabla anual.

El propio Argentinos es uno de los afectados, al perder la vía directa a la Libertadores. Ahora deberá focalizarse en sumar la máxima cantidad de puntos en sus dos partidos restantes para sostener el cuarto puesto de la tabla anual, que lo mantiene en la pelea por la Pre-Libertadores.

Para River Plate, que se beneficiaba de una posible eliminación de un competidor directo, el panorama también se tensa, pues debe seguir compitiendo con Argentinos por los puestos de vanguardia.

La situación es crítica para los equipos ubicados inmediatamente detrás. Clubes como Deportivo Riestra, San Lorenzo y Racing Club ven considerablemente reducidas sus aspiraciones de alcanzar un cupo en la Copa Libertadores. La victoria de Independiente Rivadavia les exige ahora depender exclusivamente de su rendimiento en las dos fechas que restan, sumado a la necesidad de que los equipos mejor ubicados no ganen el Clausura, para mantener una chance de acceder al repechaje de la Libertadores o asegurar su pase a la Sudamericana.

Finalmente, la eliminación de Argentinos complica también a la lista de perseguidores en la lucha por la Sudamericana, entre ellos Barracas Central, Tigre y Huracán. Para estos equipos, y para los más relegados como Estudiantes e Independiente, la esperanza ahora está depositada en un escenario alternativo: que Lanús se consagre campeón de la actual edición de la Copa Sudamericana. Este triunfo continental sería clave para generar un cupo extra de Libertadores, aliviando la presión en la tabla anual.

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El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes lanzaron una campaña para juntar un millón de firmas para que el Congreso Nacional trate el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Cualquier persona lo puede firmar. El proyecto apunta a recomposición salarial; convocatoria a paritarias; garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas; financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal; crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país; ampliar las becas; y que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN). Por ANRed.

La idea es llegar al millón de firmas. Para leer el proyecto y adherir a la presentación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes, y así apoyar la defensa de la universidad pública, se puede acceder aquí: https://acortar.link/fXtP5d.

También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

Con el fin de «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina», centralmente, el proyecto apunta a:

Recomposición salarial: «convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley», señala. «Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente», agrega.

Convocatoria a paritarias: «convocar a paritarias a las representaciones sindicales docente y no docente del sector universitario con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores».

Garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas: en este punto, el proyecto centraliza en garantizar la asistencia financiera para «el funcionamiento universitario», «hospitales universitarios”, el «fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades» y de la «actividad de extensión universitaria».

Foto: La Capital.

Financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal: «el Poder Ejecutivo Nacional transferirá mensualmente lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 “Coparticipación federal de recursos federales” al programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, la “Proporción Universitaria”. Esta “Proporción Universitaria” se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación teniendo como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales y, como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia al artículo 3° inciso a) de la Ley N° 23.548/88 de coparticipación federal, fondos nacionales provenientes de la coparticipación, sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la misma ley establece», detalla el artículo 6° de la iniciativa.

Crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país: «créase un fondo anual de$ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos) actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el INDEC, con el fin de generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país y aquellas áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial», propone el proyecto. Y especifica: «el fondo será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias o el organismo que la reemplace en el futuro, con acuerdo expreso del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se destinará a nuevas carreras, al desarrollo de investigaciones, a convenios con universidades de otros países y a becas para estudiantes de esas áreas».

Imagen: archivo Protesta contra el ajuste presupuestario en las universidades públicas de Argentina, convocada en Buenos Aires el 2 de octubre de 2024.

Ampliar las becas: «encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional la ampliación anual y progresiva del monto y el número de personas beneficiarias de las becas estudiantiles para las instituciones universitarias públicas».

Que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.

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A comienzos de junio la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la sentencia dictada en diciembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca por la cual fueron condenados cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda mientras escapaba, junto a otros manifestantes, de una persecución brutal en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche. En diálogo con ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó que “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

Si bien no se logró el cambio de calificación legal que pretendían las querellas y que hubiera permitido condenas mayores al desestimar la figura de “exceso en la legítima defensa”, lo resuelto por el máximo tribunal penal del país ratifica lo que organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: los desalojos de comunidades originarias se realizan con exceso en el uso de la fuerza del estado y provocan daños irreversibles en quienes se manifiestan y reclaman por sus derechos.

Así ocurrió con el brutal operativo que provocó la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por una bala de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en 2017 mientras la comunidad Lafken Winkul Mapu intentaba preservar sus tierras.

Cabe recordar que el hecho fue juzgado en debate oral y público realizado a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca –con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava- durante los últimos meses de 2023, cuando cinco integrantes de la PNA resultaron condenados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en exceso de legítima defensa. Cuatro de ellos, como partícipes necesarios y el quinto, como autor del disparo letal.

Todos recibieron, según su grado de participación en el crimen, la máxima pena para el delito imputado pero ninguno fue condenado a penas superiores a 5 años y 8 meses de prisión ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado y en exceso de legítima defensa.

Tal como sostuvieron desde el inicio de la causa las querellas de la APDH –en su carácter de organización de la sociedad civil- y la de la familia de la víctima, nunca se probó la necesidad de defensa de los prefectos con sus armas reglamentaria porque, en rigor, nunca existió agresión de los manifestantes.

No obstante, luego de la sentencia de 2023 existía la posibilidad de que, en instancia revisora, se revirtieran las condenas y se absolviera a los cinco integrantes del Grupo Albatros, tal como lo solicitaron ante la Cámara Federal de Casación Penal las defensas y en un contexto político propicio para el otorgamiento de beneficios a los agentes de seguridad involucrados en graves casos de violencia institucional.

De allí que la reciente confirmación de la condena por parte del máximo tribunal penal del país no deja de representar un avance porque, tal como sostiene el vicepresidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

“Hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados”, agregó.

“Hoy es muy fácil encontrar artículos periodísticos de la época en los que se afirmaba la inocencia de los agentes de seguridad y el supuesto ejercicio de legítima defensa frente a las agresiones de los integrantes de la comunidad mapuche que resistían el desalojo, pero nunca se aportó una sola evidencia que diera cuenta de esa realidad. Más bien lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse”, amplió Torremare.

Y concluyó: “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del estado”.

Fuente: https://www.andaragencia.org/el-fallo-de-casacion-sobre-el-asesinato-de-rafael-nahuel-es-una-critica-al-accionar-punitivo-del-estado/

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La nota negativa de la Fecha 3 del Torneo Regional Amateur se registró en Cutral Co, tras el triunfo de Alianza 2-1 sobre San Patricio por la Zona 7. Una vez finalizado el encuentro, se desató una escalada de violencia que dejó varios heridos en el plantel visitante.

Mientras los jugadores de San Patricio se dirigían a los vestuarios del estadio, se cruzaron palabras con hinchas locales, y posteriormente, personas desde el sector de plateas comenzaron a arrojar objetos contra los futbolistas rivales. El club San Patricio denunció los hechos en redes sociales, publicando fotografías de las lesiones sufridas por sus jugadores.

En un fuerte comunicado, San Patricio acusó directamente a hinchas de Alianza de ingresar a la cancha para agredir a los jugadores de la visita, con total impunidad. El club responsabilizó a la policía por la «inoperancia» y al club local por la «inacción», exigiendo al Consejo Federal y a Lifune sanciones ejemplificadoras para que estos «hechos bochornosos» no se repitan.

Este episodio de violencia se suma a un historial reciente de enfrentamientos muy calientes entre Alianza y San Patricio, que incluye finales polémicas y cruces de alta tensión. El próximo partido entre ambos, programado para el 23 de noviembre por la última fecha de la fase de grupos, ya se perfila como un encuentro de alto riesgo debido a los antecedentes y el reciente escándalo.

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Miembros de la Fundación Guardafaunas Honorarios de Río Negro encontraron una puma hembra muerta a la vera de la Ruta 6, en el tramo norte de Roca. El ejemplar presentaba lesiones compatibles con un atropellamiento y fue trasladado al Museo Patagónico de Ciencias Naturales para su análisis.

El hallazgo ocurrió este martes, luego de que vecinos de la zona alertaran sobre un animal tendido junto a la ruta, pasado el mediodía, en un sector de banquinas amplias y tránsito constante. Al llegar al lugar, los guardafaunas confirmaron la muerte del puma y, ante la falta de respuesta de autoridades provinciales, decidieron retirar el cuerpo y llevarlo al Museo Patagónico de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado”, para su registro biológico y estudios sobre fauna nativa.

Desde la organización contaron que intentaron comunicarse con las autoridades provinciales de fauna “pero no nos atienden el teléfono y no responden notas formales”. También mencionaron que no pudieron recurrir a los guardafaunas estatales porque “no cuentan con vehículo para atender ninguna situación”.

Antecedente reciente

El episodio se suma al hallazgo registrado el domingo pasado, cuando una vecina encontró un gato montés muerto cerca del desagüe del barrio J.J. Gómez, a pocos metros de la Ruta 22. El animal presentaba heridas compatibles con un atropello y la imagen fue difundida por la agrupación Ranhu. Vecinos y proteccionistas manifestaron su preocupación por la recurrencia de estos hechos.

La ciudad de Neuquén capital se convirtió en el primer municipio de primera categoría en adherir al Narcotest obligatorio para funcionarios públicos.

La ordenanza aprobada, establece que todos los integrantes del gobierno municipal deberán someterse a controles toxicológicos y de alcohol al menos una vez por año. Con esta adhesión, la capital neuquina acompaña la política provincial impulsada por el gobernador Rolando Figueroa. Con esta decisión, la ciudad se suma a la política de transparencia y responsabilidad institucional impulsada por la gestión provincial.

El narcotest consistirá en análisis de laboratorio para detectar la presencia de sustancias psicoactivas en muestras biológicas, bajo la supervisión del Ministerio de Salud de la provincia, que actuará como autoridad de aplicación. La normativa alcanza al intendente, concejales, defensores del pueblo, jueces de Paz, miembros de la Sindicatura Municipal, secretarios, subsecretarios y demás funcionarios del gabinete. Aquellos que den positivo o se nieguen injustificadamente a realizar el test deberán dejar sus cargos de manera inmediata. Sin embargo, el proyecto también incorpora un enfoque sanitario, estableciendo que los casos de consumo problemático deberán ser tratados como una cuestión de salud pública, garantizando acompañamiento y asistencia profesional.

Con la aprobación de esta ordenanza, Neuquén se posiciona como referente nacional en políticas de integridad institucional, sumando herramientas de control y confianza ciudadana en el ejercicio de la función pública. Desde el oficialismo destacaron que se trata de un paso importante hacia la transparencia, mientras que desde la oposición remarcaron la necesidad de garantizar un procedimiento justo y confidencial para los funcionarios evaluados. El nuevo sistema de narcotest se espera que comience a aplicarse a comienzos del próximo año.

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