Grilla de artistas para la Fiesta Aniversario de Villa Regina

 

 El Gobierno volvió a mostrar superávit en mayo y Javier Milei salió a celebrarlo: «el granítico ancla fiscal». Pero debajo de ese número prolijo apareció un dato incómodo para el relato oficial. El gasto en universidades fue una de las partidas que más creció en términos reales, una tendencia que se acentuará en los próximos meses cuando comience a ejecutarse el acuerdo que firmó el Gobierno para tratar de evitar un fallo en contra de la Corte.

El otro gasto que subió fue el destinado a subsidios de servicios públicos que aumentaron nominalmente $784.178 millones. Energía explicó $523.417 millones y transporte $258.687 millones, a pesar de los aumentos tarifarios, o mejor dicho para contenerlos por su presión inflacionaria.

El Sector Público Nacional registró en mayo un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones, después de pagar intereses de deuda por $1.445.754 millones. Con ese resultado, el acumulado de los primeros cinco meses llegó a 0,7% del PBI en el resultado primario y a 0,2% del PBI en el financiero.

Ese 0,7% tiene valor político. Es la mitad de la meta de superávit primario de 1,4% del PBI que el Gobierno renegoció con el FMI para 2026. La meta original era más exigente: 2,2% del PBI. El Fondo la bajó luego de la revisión del programa y el acuerdo técnico que habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares.

El número también tiene una lectura menos épica. La meta anual quedó en torno de $16,4 billones. A mayo, el Gobierno acumuló cerca de $6,98 billones de superávit primario. Es decir, llegó con aire a junio, aunque todavía tiene por delante el pago de aguinaldos y una segunda mitad del año donde la recaudación no muestra una recuperación sólida.

Las universidades acordaron un aumento del 24% con el gobierno pero no retiran el reclamo en la Corte

De hecho, la consultora Equilibra reveló que el superávit fiscal se achicó en mayo porque los ingresos cayeron más que los gastos. El superávit primario tuvo una caída real del 14,9% y el financiero del 45,7% interanual. En los primeros 5 meses del año, el deterioro acumulado es de 12% para el primario y 25,2% para el financiero, en la comparación interanual.

La consultora Equilibra reveló que el superávit fiscal se achicó en mayo porque los ingresos cayeron más que los gastos. El superávit primario tuvo una caída real del 14,9% y el financiero del 45,7% interanual. 

Los ingresos totales de mayo fueron $14.531.657 millones, con una suba nominal de 27,8% interanual. Los recursos tributarios crecieron 30%. El impulso central vino de Ganancias, que saltó 72,5% por el vencimiento de sociedades. En cambio, los derechos de exportación siguieron en baja y cayeron 17,4% interanual.

La caída de los recursos obedeció fundamentalmente a los impuestos ligados a la actividad interna, como el IVA neto de reintegros con una baja del 11%, los aportes y contribuciones a la seguridad social que cayeron 4,4%, los débitos y créditos y los impuestos internos un 16,7%. Los tributos ligados al exterior también continuaron cayendo, tanto los derechos de exportación como los de importación. 

Cuando se descuenta la inflación, se ve el deterioro del superávit. Según IARAF, los ingresos totales cayeron 4,1% real interanual. Los tributarios bajaron 2,4% y los no tributarios retrocedieron 22,5%. El gasto primario también cayó, aunque menos: 2,2% real. Por eso, el superávit primario de mayo fue 14,9% menor al de un año atrás.

Ahí aparece una tensión clave. En abril, el Gobierno había encendido luces amarillas porque el gasto subió en términos reales mientras los ingresos caían. En mayo corrigió esa foto, pero no del todo: los ingresos bajaron más que el gasto. 

La Justicia le ordenó a Milei que aplique de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario

El dato más político está en las universidades. IARAF registró que las transferencias a universidades crecieron 78,5% real interanual en mayo. Fue el mayor aumento entre los componentes del gasto. En la ejecución oficial, las transferencias corrientes al sector público subieron 47,4% nominal, explicadas por un salto de 89,1% en las transferencias universitarias.

Ese movimiento revela que pese a su discurso blindado, el gobierno tocó un límite en el ajuste universitario y es evidente que las masivas protestas terminaron mellándolo. El aumento responde a recomposiciones parciales en medio de la pelea, pero todavía no refleja el reciente acuerdo que incluye una recomposición salarial de 24,33% en dos tramos, una suba de 20% para gastos de funcionamiento, 50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y un aumento de 50% para las becas Manuel Belgrano.

Un acuerdo transitorio mientras se espera el fallo de la Corte Suprema sobre el  incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, avalada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

Según el cálculo del economista Ricardo Rotsztein en los primeros cinco meses de 2026, el resultado financiero oficial cercano a 0,3% del PBI se transforma en un déficit de 2,2% si se suman intereses capitalizables.

La otra cara del superávit está en las partidas que siguen ajustadas. El gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, un nivel similar al mes anterior. IARAF marcó caídas reales fuertes en gasto de capital a provincias, otros gastos corrientes y otras funciones (gastos operativos del sector público)

 Los principales recortes se dieron en el gasto de capital (obra pública), que tuvo una caída del 3,8% interanual nominal, siendo los rubros más afectados agua potable y alcantarillado, una hipoteca al futuro sanitario del país.

El punto más delicado no está en el comunicado de Economía sino en lo que queda debajo de la línea. El FMI ya había advertido que, si se computa el componente real de los intereses capitalizados, el resultado financiero deja de verse tan prolijo. En su staff report, el organismo señaló que el superávit de caja global de 0,2% del PBI de 2025 pasaría a un déficit de 0,8% del PBI si se incorporaran esos intereses.

La discusión volvió a circular con fuerza en redes. Según el cálculo del economista Ricardo Rotsztein en los primeros cinco meses de 2026, el resultado financiero oficial cercano a 0,3% del PBI se transforma en un déficit de 2,2% si se suman intereses capitalizables por 2,5% del PBI. 

 

 

Cada vez que una familia argentina no puede pagar lo que debe, pasa algo más que un número en rojo en su presupuesto. Pasa algo político. Se activa una pregunta que estuvo suspendida, que muchas veces se evitó formular, pero que en algún momento encuentra su camino: ¿quién tiene la culpa de que yo no pueda pagar?

El Banco Central de la República Argentina publicó un dato que pronto repercutió en los medios. La mora en el financiamiento pasó de 2,5% en diciembre de 2024 a 9,3% en diciembre de 2025. En marzo de 2026 —el registro más reciente— trepó al 11,5%: una cifra que no se observaba desde hace más de veinte años. En doce meses, la irregularidad de los créditos a hogares se triplicó, con un incremento de 8,3 puntos porcentuales. Los préstamos personales concentran el mayor nivel de incumplimiento en quince años. Y el deterioro no se limita al sistema bancario: en las billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias —a las que recurren quienes el banco ya no les presta— la morosidad supera el 30%.

Los datos de mora de las familias argentinas durante el gobierno de Javier Milei siguen una curva que los economistas registran con sus instrumentos pero que las ciencias sociales deben interpretar con otros. No alcanza con decir que sube la morosidad en tarjetas, que se acumulan deudas de expensas y servicios, que los planes de pago se estiran hasta el absurdo. Lo que hay que entender es qué tipo de deuda es esa. Porque no todas las deudas son iguales, y la historia argentina lo demuestra con claridad: cada régimen político produjo su propio régimen de endeudamiento familiar, con sus promesas, sus trampas y sus consecuencias electorales. Esa historia la reconstruyo en Historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI), y lo que muestra es que la deuda que hoy llevan encima millones de hogares argentinos tiene un nombre específico: deuda de sacrificio.

El trampolín

Para entender la trampa, hay que entender primero el trampolín.

Milei llegó al poder montado sobre un estado de ánimo colectivo que tenía nombre propio en las encuestas: agotamiento moral. No era simplemente la pobreza, ni la inflación sola, ni la devaluación. Era algo más preciso: la sensación de haber hecho todo bien —trabajar, ahorrar, sacrificarse— y que aun así no alcanzara. La percepción de correr en el lugar, de esforzarse sin que el esfuerzo rindiera fruto.

En 2023, cuando se medían las intenciones de voto, ocho de cada diez argentinos acordaban con una afirmación demoledora: «Ante los problemas de la inflación, dependemos de nuestro esfuerzo y sacrificio.» Casi la misma proporción sostenía que se mataban de tanto trabajar y la inflación de todas formas no les permitía llegar a fin de mes. Estos números eran más altos entre quienes ya habían votado a Milei en las primarias.

El electorado de Milei es más complejo que cualquier retrato unívoco: cruzó clases sociales, generaciones y geografías. No se puede trazar una línea directa entre quién debía y quién votó. La deuda de sacrificio no produce votos: produce un estado de ánimo, una plausibilidad moral. Vuelve pensable lo que antes parecía impensable. Y lo que las encuestas de 2023 mostraban con consistencia es que ese estado de ánimo estaba extendido transversalmente: personas que habían pedido prestado para comer y personas de clase media que habían visto multiplicarse sus cuotas hipotecarias sin control compartían algo más profundo que una condición económica. Compartían la sensación de que el esfuerzo propio no encontraba retorno institucional. Que las deudas que cargaban no eran el precio de algo —no eran el escalón hacia ningún lugar. Eran simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer.

Eso es la deuda de sacrificio: deuda sin aspiración. Deuda que no te lleva a ningún lado. Deuda que es el precio de sobrevivir.

La previa

Para leer la mora de hoy hay que hacer un ejercicio que los titulares económicos no hacen: excavar. La deuda de sacrificio tiene capas. Cada una depositó algo que todavía está ahí, acumulado, sin resolver.

La primera capa es el macrismo. El crédito UVA —el instrumento hipotecario que prometía hacer accesible la vivienda— fue la trampa más sofisticada de ese período. Diseñada para un mundo de inflación baja y estable, explotó cuando el peso se derrumbó en 2018 y el FMI volvió con sus condiciones. Entre 2016 y 2019, el índice que actualizaba esas hipotecas subió 227% mientras los salarios formales crecían a la mitad de esa velocidad. Sandra había firmado su hipoteca en 2017 creyendo que la inflación bajaría. No bajó. «Préstamos, impuestos, colegio, mercado. No nos quedaba nada.» Carla, que había ahorrado ocho años para comprar su departamento, trabajaba quince horas diarias seis meses después de firmar. «Pagamos pero debemos más.» Esa deuda —la de la promesa traicionada— no desapareció con el cambio de gobierno. Se sedimentó.

La segunda capa es la pandemia. El aislamiento sanitario eliminó de un día para el otro el ingreso de millones de trabajadores informales. El alquiler no esperó. La comida no esperó. Los servicios no esperaron. El Estado asistió, pero con un margen fiscal ya comprometido por la deuda soberana que renegociaba con el FMI. Lo que no cubrió la política lo cubrieron los hogares: con fiado en el almacén, con préstamos entre familiares, con tarjetas giradas hasta el límite. Mónica pedía prestado a una agencia estatal para pagar la fiada del almacén y así poder seguir comprando fiado la semana siguiente. «Un círculo del que no se puede salir.» La pandemia no creó la deuda de sacrificio, pero la volvió masiva. Convirtió una tendencia en una condición estructural.

 La deuda de sacrificio no produce votos: produce un estado de ánimo, una plausibilidad moral.

La tercera capa es la inflación del kirchnerismo tardío y el gobierno de Alberto Fernández. Leonardo, docente, lo describe con precisión: había pasado de endeudarse para comprar electrodomésticos —la vieja deuda de la inclusión que el kirchnerismo había promovido como símbolo de pertenencia— a endeudarse para comprar comida. El mismo instrumento, la tarjeta, el crédito, había cambiado de sentido. Ya no era el escalón hacia algo mejor. Era el parche para no caer. Ricardo, comerciante, llamaba a sus deudas «deudas de empobrecimiento»: lo opuesto de todo aquello para lo que había trabajado. Con una inflación que superó el 90% en 2022 y el 200% en 2023, las deudas acumuladas en los años anteriores no se disolvieron. Se compusieron.

Lo que define a este régimen de deuda no es solo su magnitud. Es su sentido acumulado. La deuda aspiracional —la que te permite comprarte una heladera, pagar la cuota del auto, planificar las vacaciones— crea un vínculo entre el esfuerzo presente y una promesa de futuro. La deuda de sacrificio es exactamente lo contrario: no te lleva a ningún lado. Es el precio de permanecer en el lugar. Y cuando esa experiencia se repite capa tras capa, gobierno tras gobierno, algo se rompe en la relación entre los hogares y la política.

El deudor de sacrificio siente que hizo todo lo que se suponía que debía hacer y que el Estado, la política, los gobernantes —todos, no uno en particular— no cumplieron su parte. Esa asimetría genera algo más que frustración: genera una superioridad moral sobre la clase política. «Nosotros nos arreglamos solos. Ellos no hicieron nada.» Y esa superioridad moral es exactamente lo que Milei supo leer, nombrar y capitalizar.

El candidato

La campaña de Milei fue, en el sentido más preciso de la palabra, una campaña sobre el sacrificio. Tradujo en lenguaje político algo que los hogares argentinos vivían en su economía doméstica: la sensación de que el sacrificio individual no encontraba contrapartida en el Estado, y de que ese Estado era en sí mismo el obstáculo.

La propuesta de la motosierra no era solo un programa económico: era una promesa de reciprocidad invertida. Si durante años las familias habían sacrificado mientras los políticos derrochaban, ahora los políticos también iban a sacrificar. La casta pagaría. El ajuste sería hacia arriba.

Hay una lógica interna en ese argumento que no puede desestimarse. El sacrificio vivido individualmente, sin retorno, sin reconocimiento, se convierte en política en una demanda: que otros también sacrifiquen, empezando por el Estado y por quienes lo gobiernan. La deuda de sacrificio no determina el voto —nada en política es tan lineal. Pero contribuye a moldear un paisaje moral en el que votar por la ruptura radical deja de parecer una locura y empieza a parecer lo único razonable. Quien vivió años pagando sin que nadie respondiera podía encontrar en la motosierra no un símbolo de crueldad sino de justicia: si nosotros sacrificamos, que sacrifiquen ellos también.

La deuda de sacrificio fue el trampolín. No porque causara el voto —las cadenas causales en política son siempre más enredadas que eso— sino porque instaló el estado de ánimo desde el cual una propuesta de ruptura radical pudo volverse moralmente plausible antes de volverse políticamente viable. La experiencia financiera acumulada de millones de hogares preparó el terreno. Milei lo leyó. No fue irracionalidad. Fue una respuesta moralmente coherente a años de promesas incumplidas, encontrando su cauce en la única opción que prometía romper con todo.

La trampa

Pero aquí empieza la trampa.

El gobierno de Milei heredó, como sus antecesores inmediatos, un régimen de deuda de sacrificio. Y como todos sus antecesores, lo profundizó. 

El ajuste fiscal se tradujo en quita de subsidios, aumento de tarifas y retracción del salario real. Las familias que ya se endeudaban para sobrevivir se encontraron con que los números empeoraban. La mora creció. Las tarjetas dejaron de alcanzar. Los planes de pago se multiplicaron. Los bancos registraron aumentos en los índices de incumplimiento en créditos personales y prendarios. Los informes de las cámaras de comercio minorista mostraron caída del consumo y aumento de la deuda impaga con los proveedores.

La sociología de la deuda enseña algo que la economía tiende a olvidar: ¿quién tiene la culpa?

La promesa implícita del sacrificio colectivo —que el ajuste sería compartido, que la casta pagaría— chocó con una realidad más antigua y más dura: en los ajustes estructurales, quienes más pagan son siempre los que menos tienen. Las familias que habían votado esperando que otros sacrificaran descubrieron que el sacrificio seguía siendo, como siempre, el de ellas.

Hay algo particularmente cruel en esto. La deuda de sacrificio genera un tipo específico de juicio moral: no está dirigida a un gobierno en particular, sino a la capacidad institucional del Estado democrático de organizar la vida financiera de los hogares de manera compatible con su dignidad. Cuando ese juicio ya está hecho, cuando la confianza en las instituciones democráticas ya se perdió, no hay gobierno que pueda recuperarla fácilmente. Ni siquiera el que llegó prometiendo exactamente eso.

Lo que los números no dicen

Los datos de mora que circulan en los medios estas semanas se presentan como indicadores económicos. Lo son. Pero son también otra cosa: son el registro de una ruptura moral que lleva décadas construyéndose y que Milei, lejos de resolver, ha extendido bajo una nueva promesa. Su aparición repentina en la agenda pública no es casual: cuando la deuda de los hogares sube hasta hacerse visible para los medios, es porque ya hace tiempo que es insoportable para las familias. El debate público llega tarde. La experiencia financiera cotidiana llegó antes.

La sociología de la deuda enseña algo que la economía tiende a olvidar: el momento en que una familia no puede pagar no es solo un evento financiero. Es un momento en que se activa la pregunta sobre la responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa? ¿El deudor que no supo administrarse? ¿El gobierno que no controló la inflación? ¿El sistema que prometió lo que no podía cumplir?

En la Argentina de hoy, esa pregunta vuelve a estar disponible. Los hogares que se endeudaron para sobrevivir durante la pandemia, que esperaron que el ajuste de Milei trajera alguna estabilidad, que ven cómo la mora se acumula sin que el horizonte se despeje, están en ese umbral moral: el momento en que el sufrimiento privado busca una explicación pública y un responsable político.

La advertencia 

Hay algo que conviene decir con claridad, porque suele perderse en el análisis coyuntural: la deuda de sacrificio es anterior a Milei y le va a sobrevivir.

No la inventó él. La encontró ya instalada, la supo leer mejor que sus competidores, y la transformó en capital electoral. Pero el régimen de deuda sacrificial que describe la experiencia financiera de millones de hogares argentinos se construyó a lo largo de años —la pandemia, la inflación crónica, los salarios que no alcanzan, la informalidad estructural— y no desaparecerá con un cambio de gobierno.

Aquí está el verdadero desafío para el sistema político argentino en su conjunto, y no solo para la gestión actual: ¿será capaz de interpretar lo que la deuda de sacrificio produce en términos de juicio moral sobre las instituciones? ¿O seguirá cayendo, ciclo tras ciclo, en la misma trampa?

La historia de cuarenta años de democracia argentina que reconstruyo en Historia de cómo nos endeudamos muestra un patrón perturbador. Cada régimen de deuda de los hogares generó sus propias expectativas, y cuando esas expectativas fueron traicionadas, la energía acumulada buscó una salida política. A veces fue una carta al presidente. A veces fue el cacerolazo. A veces fue un voto inesperado. Pero siempre llegó.

En doce meses, la irregularidad de los créditos a hogares se triplicó.

La deuda de sacrificio, cuando no encuentra respuesta en la política democrática, no desaparece: se radicaliza. Genera la sensación de que el esfuerzo individual fue real pero la contraparte institucional nunca existió. Y esa sensación —la de haber sido estafado por el sistema, no por un gobierno— es la más corrosiva de todas, porque ya no interpela a un presidente sino a la democracia misma. 

La pregunta que queda abierta —y que los datos de mora de estas semanas vuelven urgente— es si habrá una nueva respuesta la próxima vez, o si el ciclo se repetirá con otro nombre y otra motosierra.

La entrada El sueldo se me va en pagar las deudas se publicó primero en Revista Anfibia.