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¡Gracias Amuchen!

En la mañana de este viernes, el Intendente Marcelo Orazi y el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros recibieron presentes de parte de Amuchen, representada en esta oportunidad por la Directora Natalia Fioretti.

Se trata de dos cuadros que fueron pintados por dos de los chicos que concurren a la institución: Florencia Clementis y Cristian Mungai.

En la oportunidad, Fioretti transmitió el agradecimiento de parte de la familia de Amuchen por el acompañamiento del Municipio a sus actividades y proyectos. Por su parte, el Intendente Orazi ratificó el compromiso de continuar colaborando con la institución que cumple una importante labor social y de contención en la comunidad.

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  • Montenegro vuelve a encuadrarse con Macri y tensiona con los libertarios tras no ingresar al gabinete

     

    Con la imposición de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia, Karina Milei le cerró en la cara a Guillermo Montenegro el acceso al gabinete, algo que -como contó LPO- ya daba por descontado con beneplácito una porción gravitante del poder judicial.

    La frustrada incorporación no solo generó desconcierto y malestar en los pasillos de Comodoro Py, también disparó reacciones en el plano político que empiezan a jugar en el particular microclima interno del gobierno municipal de Mar del Plata.

    De ser uno de los principales promotores de la alianza con los libertarios dentro del PRO -algo que lo llevó a liderar la boleta de La Libertad Avanza en la Quinta sección-, Montenegro ahora vuelve a mostrarse fuertemente alineado a Mauricio Macri y esta semana dio algunas señales en esa línea.

    Un dato que parece menor pero que en la escena política marplatense no pasó de largo fue la orden de Montenegro de cambiarle el nombre a su bloque de concejales, que pasó de «Vamos Juntos» a PRO.

    La decisión se notificó en el Concejo Deliberante al día siguiente de la cumbre del PRO bonaerense en la sede de Balcarce en la que participó Mauricio Macri y se planteó una «reconstrucción» del partido amarillo y delinear una estrategia al 27.

    «Los jueces querían a Montenegro de ministro y ahora no están amigos del gobierno»

    La disputa del año que viene ya empieza a generar fricciones. Hay sectores de la interna del PRO marplatense que quieren que el candidato sea el actual intendente interino, Agustín Neme.

    Como base para eso, resulta imprescindible que Neme llegue al año electoral al frente del municipio, algo que no tiene garantizado ya que Montenegro no renunció a su cargo de intendente, solo está en uso de licencia a partir de haber asumido en el Senado. Además, todos los concejales del ahora bloque PRO, le responden.

    Consumada su frustrada designación en Justicia, circularon versiones que hablaban de un regreso de Montenegro al municipio.

     Un dato que parece menor pero que en la escena política marplatense no pasó de largo fue la orden de Montenegro de cambiarle el nombre a su bloque de concejales, que pasó de «Vamos Juntos» a PRO. 

    Por entonces, ante la consulta de LPO, en el entorno del hoy senador provincial negaron esa posibilidad y se limitaron a señalar que trabajarán por la candidatura bonaerense de Diego Santilli que vaya atada de «una propuesta para Mar del Plata».

    Lo que omiten señalar es qué persona encarnará esa propuesta. En un primer momento, había quienes veían a Neme como el candidato natural a bendecir por Montenegro. Pero las cosas cambiaron.

    Fuentes que recorren los pasillos del municipio marplatense sostienen que Montenegro ahora «está buscando abrazar al PRO cuando nunca le interesó», al ver que del lado libertario «no es el elegido».

    Y si de predilecciones se trata, en La Libertad Avanza se muestra un fuerte respaldo a la gestión de Neme, que sumó a los libertarios al gabinete, algunos en organismos municipales clave, como Obras Sanitarias.

    Hay quienes observan que está creciendo un vínculo político entre Neme y los libertarios por fuera de Montenegro.

    «Hablamos con los libertarios desde hace dos años pero no nos pusimos el buzo violeta», dijo una fuente cercana al municipio que trazó con esa mención una diferencia con Montenegro que, en campaña hacia las legislativas de septiembre pasado, posó con el buzo violeta con el resto de los candidatos seccionales.

    Montenegro pone a un hombre de Scioli en turismo, en medio del derrumbe de reservas

    Cerca del interino se apuran a ratificar su pertenencia PRO y, en redes, Neme sostiene un perfil alineado con Montenegro. En la interna leen ese posicionamiento como un movimiento lógico de alguien que puede llegar a salir eyectado del sillón municipal de un día para el otro si Montenegro define volver.

    Más allá de quien sea el candidato, en Mar del Plata sostienen que Montenegro no le entregará el municipio a los libertarios y recuerdan los cortocircuitos que, antaño, tuvo con el actual referente de LLA en el distrito, el diputado Alejandro Carrancio, quien, en su etapa de concejal, supo romper con el bloque de Montenegro.

    Abad presiona para que los hoteles de Chapadmalal que quiere concesionar Milei pasen a la universidad

    Ahora, en el Concejo también existen tensiones dentro del amplio espectro oficialista. Como contó LPO, los radicales alineados a Maximiliano Abad presentaron un proyecto para presionar al Gobierno a que pase los hoteles de Chapadmalal a la órbita de la Universidad de Mar del Plata.

    Ese proyecto fue tildado de «demagogia» por los concejales de Milei y lo definieron como un «ataque al gobierno nacional». «No le encuentro a esta comunicación ningún tipo de oscuridad o conspiración», dijo el radical Ariel Bordaisco. Como fuere, la iniciativa abrió un foco de tensión a la interna oficialista que entró en un proceso de fuerte discusión hacia 2027. 

     

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  • Mahiques cedió a la presión de Comodoro Py y postergó otro año la reforma que pasa el poder a los fiscales

     

    El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo saber este viernes que el nuevo modelo penal de enjuiciamiento se posterga hasta febrero de 2027. Es el tercer atraso en la implementación de un modelo que ayudaría a reducir la politización de los juzgados federales y que fue la bandera del ex ministro Mariano Cúneo Libarona, que dejó el gobierno sin lograr su instrumentación.

    Ahora, Mahiques adujo razones ligadas a los recursos para justificar esta nueva postergación, cuando hace unos días había indicado que no era ese motivo para suspender su inicio. El modelo ya se aplica en doce provincias pero se posterga en el fuero más sensible, porque juzga los casos de corrupción de los funcionarios del gobierno nacional.

    Definido por la Constitución de 1994, el acusatorio lleva un retraso de 31 años en su aplicación. Su implementación provoca un cambio total de funciones y de influencias. Los todopoderosos jueces federales pierden su poder de investigar que pasa a los fiscales. Los tiempos eternos de las causas se terminan. Los trámites dejan de ser secretos y cada acto se transparenta en una audiencia pública.

    Comodoro Py no tiene ninguna urgencia por cambiar esa realidad. Hoy los jueces de Retiro reciben una denuncia, la pisan años y la usan como herramienta de negociación política. «La saco y en un minuto tengo sentado a un diputado, a un ministro o al jefe de gabinete. La meto en un cajón y consigo que me deban algo», le dice un juez santafesino a LPO.

    El gobierno ahora no descarta abrir la negociación de la Corte con Comodoro Py para acordar una «paz judicial» 

    Otro tema central que también complica su instrumentación es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que tendrá peso en la definición de quien tomará cada causa.

    Un tema central que también complica la instrumentación del sistema acusatorio es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que definirá quien tomará cada causa.

    En el acusatorio son los fiscales los que, al controlar las investigaciones, toman el poder de los jueces. Lo que vienen rosqueando entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Corte es quién se queda con el rol de fiscal coordinador que define la línea de persecución y la asignación de cargas de trabajo. La interna se disputa entre tres exponentes del Ministerio Público Federal porteño.

    Uno es Diego Luciani, fiscal de la causa Vialidad, que terminó en condena contra Cristina Kirchner. El otro es Carlos Stornelli, el fiscal de instrucción de la causa Cuadernos con una historia polémica, como estar en rebeldía en la causa por espionaje ilegal donde fue condenado Marcelo D’Alessio. El tercero es Ramiro González, el que celebró su cumpleaños con una fiesta de lujo en la que cantó Cristian Castro, y en la que estuvieron jueces federales, el operador macrista Daniel Angelici y hasta el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.

    Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

    «La pelea sigue siendo la misma, quién dirige la Procuración y el fiscal responsable. Hasta que ellos no tengan el nombre de quien va a alinear la tropa en Comodoro Py no van a hacer nada», dice un analista y funcionario que tiene su despacho en Retiro.

    Coincide con esto Javier Alfie, director Ejecutivo del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). «No hay nada más allá que una lucha de tribus al interior de la Procuración para definir cómo se tramitan causas que involucran corrupción. En esta pelea intervienen mafias judiciales que controlan Comodoro Py por quien se queda con la manija. Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica», le dijo a este medio.

    El fiscal que investigó a Cristina por Vialidad suena como coordinador del nuevo modelo acusatorio

    En el Inecip indican que van 13 años desde que se aprobó el Código Procesal Penal. Son tres años desde que el gobierno reactivó su implementación en todo el país, que anunció que lo haría en dos años. Y dos años desde que por primera vez se anunció una fecha de entrada en vigencia para Comodoro Py.

    Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica.

    Es esto, y no la mentada cuestión de recursos no asignados para el cambio, la que llevó a Mahiques a postergar el arranque de un sistema que, sin que se definieran nombramientos especiales, funciona en la mitad de la Argentina. Cuneo Libarona lo hizo dos veces. Debía empezar el 11 de agosto de 2025, lo cambió al 10 de noviembre del mismo año y al llegar esa fecha lo volvió a diferir para el 27 de abril de este año.

    El calendario vuelve a estirarse. La Procuración General de la Corte a cargo de Eduardo Casal, que lleva un interinato de ocho años, indica que para cambiar el modelo judicial primero hay que garantizar recursos humanos, tecnológicos y edilicios.

    Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema. Es un pretexto.

    «Es un pretexto absoluto ese planteo», dice un funcionario desde adentro de la Justicia Federal de Rosario. «Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema». Que rige en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Salta, Corrientes y Bahía Blanca entre otras jurisdicciones.

    En ningún lugar tienen resuelto los temas de nombramientos. En Rosario los jueces de garantías que afrontan las audiencias iniciales donde se imputa a un detenido son magistrados de Tribunales Orales que cubren esa función. En Corrientes para los juicios orales actúan un juez de General Roca y otro de Formosa.

    Los jueces Ercollini y Martínez di Giorgi.

    Los que en la Procuración definen con Casal para ver quién es el ungido como fiscal coordinador son Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanova. Pero nada saldrá sin la anuencia de la Casa Rosada o, por lo menos, una negociación.

    En ese rumbo la que está tratando de tender puentes con Comodoro Py es Karina Milei, quien tiene preocupación e interés en que les frenen las causas en contra en camino. Con una gestión que ya atraviesa los últimos dos años la sensibilidad y el poder de presión de los jueces federales se activa. Mahiques y Santiago Viola, como delegados de Karina, van a querer incidir en los nombramientos de fiscal coordinador y fiscal revisor con el fin de suavizar los compromisos judiciales en la Casa Rosada.

    Una reunión de Borinsky con Santiago Caputo agitó las versiones de su candidatura a la Corte

    La puja por poner el procurador de la Corte que conduce a los fiscales federales también es parte de esta martingala. Los que buscan sentarse en la silla de Casal son los jueces Ariel Lijo y Mariano Borinsky, que también suena como posible candidato a la Corte Suprema.

    Hay fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal tenga un pedido de indagatoria sin citar a los implicados durante siete años. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios.

    Lo que hace doblarse de ironía a funcionarios judiciales que siguen esta rosca eterna es la preocupación que, tanto en la Procuración como en el ámbito de los jueces federales, alegan por los posibles inconvenientes de la entrada del acusatorio.

    «Lo dicen muy serios fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal, por ejemplo, tenga un pedido de indagatoria sin citar durante siete años a los implicados. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios», dice el juez rosarino que habla con LPO.

    Esa capacidad política de jugar con los tiempos en el sistema acusatorio se termina. Los fiscales federales investigan desde el inicio, deben llevar de inmediato a audiencia de imputados a breve lapso, que no deciden ellos sino una oficina de gestión judicial. Los jueces solo valoran las pruebas en una sala frente a público que entra sin restricciones.

    Los jueces Borinsky y Hornos.

    El Inecip consignó en un documento del año pasado que los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país. «Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto. El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal».

    Aunque después Comodoro Py le dobló el brazo, el año pasado a esos números Cuneo Libarona se los refregó a los fiscales que pedían prórroga porque no podrían enfrentar delitos complejos sin recursos. Le mandó una carta a Casal diciendo que solo el 3% de las causas que manejan son por delitos relevantes. Por ejemplo, en Comodoro Py las causas por narcocriminalidad representaron en 2024 el 0,84% del total, las de corrupción el 0,51% y las de criminalidad económica el 0,08%.

    «Y eso pasa en un fuero en CABA con una cantidad desproporcionada hacia otros distritos en relación a sus recursos humanos», dice Alfie. «Incluso las fiscalías por la cantidad de empleados son incomparables a las jurisdicciones del interior del país».

     

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