En la mañana de este viernes, el Intendente Marcelo Orazi y el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros recibieron presentes de parte de Amuchen, representada en esta oportunidad por la Directora Natalia Fioretti.
Se trata de dos cuadros que fueron pintados por dos de los chicos que concurren a la institución: Florencia Clementis y Cristian Mungai.
En la oportunidad, Fioretti transmitió el agradecimiento de parte de la familia de Amuchen por el acompañamiento del Municipio a sus actividades y proyectos. Por su parte, el Intendente Orazi ratificó el compromiso de continuar colaborando con la institución que cumple una importante labor social y de contención en la comunidad.
La iniciativa busca crear un registro obligatorio y un sistema de licencias para las agencias de cobranzas extrajudiciales. También plantea sanciones para quienes incumplan las normas y cuestiona una práctica cada vez más habitual: llamar a familiares del deudor para presionarlo.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
Hay una escena que se volvió demasiado frecuente: el teléfono que no deja de sonar, mensajes durante todo el día, amenazas de iniciar acciones judiciales, advertencias sobre el Veraz y llamados a familiares, amigos o compañeros de trabajo. Del otro lado hay una persona que tiene una deuda y que, muchas veces, no puede pagarla porque sus ingresos ya no alcanzan. El problema deja entonces de ser solamente financiero. Se convierte en una forma de hostigamiento cotidiano.
Sobre esa realidad puso el foco el legislador porteño Leandro Santoro, quien presentó un proyecto para regular la actividad de las agencias de cobranzas extrajudiciales y establecer herramientas concretas para sancionar los abusos. La iniciativa parte de una premisa sencilla: tener una deuda no significa perder derechos.
La propuesta llega, además, en un contexto de fuerte crecimiento del endeudamiento familiar. En mayo de 2026, la morosidad de las familias dentro del sistema bancario había alcanzado el 12,3%, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024, según datos difundidos por organizaciones sindicales y sociales.
En la Ciudad de Buenos Aires, el panorama tampoco resulta alentador. Según el Mapa de Deudores citado por C5N, en junio había 255.805 personas en mora sobre un universo de 1,88 millones de deudores. La tasa general de mora porteña llegó al 11,71%, con barrios del sur de la Ciudad entre los más afectados.
Una deuda No Puede Convertirse En Una Persecución
El proyecto de Santoro apunta directamente a un vacío que permite que determinadas prácticas de cobranza continúen desarrollándose con escaso control. El legislador sostuvo que, aunque existen normas que prohíben el hostigamiento, faltan herramientas efectivas para identificar, controlar y sancionar a quienes realizan cobranzas extrajudiciales abusivas.
La iniciativa plantea crear un registro oficial de agentes y agencias de cobranzas extrajudiciales, acompañado por un sistema de licencias. La lógica es cambiar las reglas de juego: quien quiera dedicarse profesionalmente a cobrar deudas deberá estar identificado y cumplir determinadas condiciones para poder operar.
La licencia no sería un simple trámite administrativo. De acuerdo con la propuesta, aquellas agencias que incumplan las normas podrían ser inhabilitadas, impidiéndoles continuar desarrollando la actividad en la Ciudad. El objetivo es que las sanciones dejen de ser una declaración abstracta y tengan consecuencias concretas sobre quienes recurren a métodos prohibidos.
Y allí aparece una cuestión central. Cobrar una deuda es legítimo. Hostigar a una persona para que pague no lo es. La diferencia parece elemental, pero adquiere otra dimensión cuando el endeudamiento se transforma en una herramienta de presión permanente.
El Llamado Al Familiar Y La Presión Sobre El Deudor
Uno de los puntos que Santoro puso especialmente sobre la mesa es el contacto con personas que no tienen ninguna responsabilidad sobre la deuda.
El legislador cuestionó que las empresas puedan llamar a familiares del deudor para ejercer presión indirecta. El mecanismo es conocido: si la persona endeudada no responde, aparece el llamado a un padre, una madre, un hermano, una pareja o incluso otro contacto para advertirle sobre la situación y pedirle que intervenga.
El problema no termina allí. En muchos casos, la amenaza de aparecer en registros crediticios se utiliza como argumento para multiplicar la presión. Santoro calificó de inadmisible que se contacte a un familiar para pedirle que interceda y evitar que el deudor ingrese al Veraz.
La discusión que propone el proyecto excede, por eso, la cuestión estrictamente comercial. ¿Hasta dónde puede llegar una empresa para recuperar su dinero? ¿Puede llamar decenas de veces? ¿Puede contactar a terceros? ¿Puede utilizar información destinada a intimidar? ¿Puede convertir una deuda privada en una exposición pública?
Para Santoro, la respuesta debe ser clara: no.
El legislador describió situaciones en las que las personas reciben comunicaciones durante las 24 horas y terminan perdiendo tranquilidad y estabilidad emocional. El reclamo no es que desaparezca la obligación de pagar. Es que el cumplimiento de una obligación financiera no habilite a convertir la vida cotidiana del deudor en un permanente campo de presión.
El Endeudamiento Como Síntoma De Una Economía Que Aprieta
La propuesta también permite mirar un problema mayor. Cuando cada vez más familias recurren al crédito para sostener gastos cotidianos, la morosidad deja de ser un fenómeno individual y comienza a funcionar como un indicador social.
Organizaciones sindicales y sociales se movilizaron este jueves precisamente para visibilizar el crecimiento del endeudamiento familiar. Los datos difundidos por C5N muestran que millones de personas tienen obligaciones financieras pendientes y que una parte creciente de los hogares enfrenta dificultades para cumplirlas.
En ese escenario, la cobranza extrajudicial puede convertirse en un negocio particularmente agresivo. Cuanto mayor es la cantidad de personas endeudadas, mayor es también el universo sobre el cual pueden operar las agencias especializadas.
Por eso el debate planteado por Santoro no debería reducirse a una discusión sobre llamadas telefónicas molestas. En el fondo aparece una pregunta política mucho más profunda: qué derechos conserva una persona cuando queda atrapada en una deuda.
La respuesta propuesta es que conserva todos los derechos que no haya perdido por una sentencia o por una norma específica. Y que una empresa no puede reemplazar a la Justicia ni utilizar la intimidación como mecanismo de cobro.
Santoro, además, decidió incorporar a quienes atravesaron estas situaciones a la construcción del proyecto. Convocó a personas que hayan sufrido hostigamiento para que acerquen sus testimonios a la Legislatura porteña. La intención es que las experiencias concretas sirvan para identificar las prácticas abusivas y construir una regulación que responda a problemas reales.
En tiempos en los que el endeudamiento se convirtió para muchas familias en una forma de llegar a fin de mes, poner límites a la cobranza abusiva también es discutir qué modelo de sociedad se quiere construir. Porque una cosa es reclamar que una deuda sea pagada. Otra, muy distinta, es transformar esa deuda en una licencia para perseguir.
Y esa es precisamente la frontera que el proyecto busca establecer.
La ex novia de Fernando Cerimedo, Nadia Shirley Beller Delgado, dijo que fue su esposa quien filtró los audios de Diego Spagnuolo que destaparon el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y que complicó seriamente a Karina Milas.
Nadia Beller dijo que el ex estratega digital de Milei mantenía su vínculo con Natalia Basil, nombrada por Spagnuolo en la Andis y que fue ella quien filtró los audios para destapar la corrupción del gobierno libertario. «Cuando yo cuestioné la moral de ella (por Basil) como corrupta, Cerimedo me dijo que fue ella quien denunció y filtró los audios y que la corrupta era Karina Milei», dijo
Beller Delgado responsabilizó a Cerimedo por el ataque que sufrió el lunes por la noche en el que recibió cuatro impactos de bala.
«Sobre Milei, lo escuché muchas veces cuestionar hechos de corrupción con su socio. Decían que se caía y que no había forma de salvarlo. Pero no sé de casos concretos», agregó a radio El Destape.
Más tarde, en otra entrevista con radio Rivadavia, Nadie Beller volvió sobre la misma idea. «Ellos filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado», subrayó.
Cuando yo cuestioné la moral de ella (por Basil) como corrupta, Cerimedo me dijo que fue ella quien denunció y filtró los audios y que la corrupta era Karina Milei.
Además, afirmó que Basil es «agente de la CIA» según le había dicho Cerimedo y que trabaja en combustibles con un exasesor de Trump, que de acuerdo a la agredida, también es de la CIA.
Recordó que «hubo un incidente en el que me di cuenta de que él me mentía en su relación con su expareja. Me dijo que ella lo engañó y que cuando estaba embarazada tuvo que hacerse un ADN».
Además, detalló que «en abril descubrí que tenía conversaciones románticas con ella. Lo encaré y esa fue la primera vez que, según él para neutralizarme, me ahorcó. No me contestó si era verdad o era mentira, dijo que ella empezó a sospechar sobre mí y él intentó engañarla para que no viniera a Bolivia».
También dijo que le envió a Cerimedo «fotos de cajones llenos de billetes de hechos de corrupción» en los que estaría involucrados miembros del gobierno boliviano. «El resto del dinero lo maneja su testaferro, que se llama Iván, que vive en el mismo edificio en La Paz, y del que no sé el apellido», añadió. La mujer, que afirma esperar un hijo de Cerimedo, manifestó que «tengo miedo de permanecer internada, acá es muy fácil que entren para eliminarme».
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El gobierno consiguió que la Cámara de Diputados le diera media sanción a la reforma de la carta orgánica del Banco Central gracias al apoyo del PRO y la UCR y de los gobernadores aliados como Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo.
En un contexto cargado de tensión, el oficialismo consiguió 144 votos a favor contra 102 por la negativa y 9 abstenciones. Entre los que se abstuvieron, figuraron los diputados que responden al catamarqueño Raúl Jalil, los radicales Martín Lousteau, Mariela Coletta y Pablo Juliano, la lilita Mónica Frade, el cordobés Juan Brügge y Nicolás Massot.
Los libertarios consiguieron el respaldo del rebautizado bloque de misioneros y salteños junto al puntano Claudio García y el formoseño Gerardo Gustavo González. De hecho, el gobernador Hugo Passalacqua, que fue al Congreso para la foto del relanzamiento del bloque tras prevalecer en la interna contra Carlos Rovira, se quedó durante el primer tramo de la sesión y se dejó ver en los palcos.
También acompañaron al gobierno los cordobeses de Provincias Unidas, los sanjuaninos de Marcelo Orrego, los santafecinos Gisela Scaglia y José Núñez, el rionegrino Sergio Capozzi, el chubutense Jorge «Loma» Ávila, la neuquina Karina Maureira, el lilito Maximiliano Ferraro y Eduardo Falcone y Oscar Zago por el MID.
Después de la votación en general, Martín Menem quiso liquidar el abordaje de la ley en particular avanzando por capítulos y evitando controversias en los artículos más resistidos por la oposición y los aliados de la Casa Rosada: el 3° y el 13°. El primero establece que se requieren dos tercios de ambas cámaras para remover al presidente de la entidad, mientras que el segundo habilita al BCRA a utilizar las reservas como garantías en operaciones de endeudamiento.
El riojano apuró la votación a mano alzada para proceder a la aprobación por capítulos y eso enardeció a las bancadas del peronismo, la izquierda, el socialismo, los lilitos, los pichettistas y los provinciales. El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, solicitó que se habilitara la votación por artículos y, ante la negativa del titular de la cámara, el recinto se descontroló.
Pablo Juliano y Miguel Pichetto.
El chaqueño Aldo Leiva se trenzó en una discusión cargada de furia y ademanes con el santafecino Nicolás Mayoraz. Ante los agravios de su adversario, el ex combatiente de Malvinas le dijo: «¡Qué payasesco que sos!».
Los libertarios se ofendieron y retrucaron pero Leiva no se achicó: se paró de su banca y pretendió atravesar el recinto, aunque lo frenaron entre varios. Itai Hagman y Agustín Rossi salieron disparados hasta el estrado en medio del griterío y le planteaban a Menem que reconsiderara la votación.
Santiago Santurio y Álvaro Martínez provocaban desde su bancada a Leiva, que no dudó en demostrar su bravura y terminó atravesando la muralla de legisladores y vigilantes que lo separaban de Mayoraz y Gabriel Bornoroni. Silvana Giudici iba y venía desde su bancada hasta el estrado, acaso tratando de ayudar a Menem para que no se le terminara yendo de las manos la sesión.
El chaqueño Aldo Leiva se trenzó en una discusión cargada de furia y ademanes con el santafecino Nicolás Mayoraz. Ante los agravios de su adversario, el ex combatiente de Malvinas le dijo: ¡Qué payasesco que sos!
Menem, incluso, mandó a leer el reglamento al líder del bloque de UP, quien retrucó: «bajate, que no te da».
Desde el fondo del recinto, Myriam Bregman y sus compañeros del FIT pedían la palabra pero el riojano no se las daba. Martínez, tanto Germán como Cecilia, insistían con su reclamo para que les concedieran una votación nominal y por separado del artículo 13°. A esa altura, sabían que no tendrían los votos necesarios para voltear esos párrafos pero lo hacían con el único propósito de que quedaran plasmados los nombres de los que votaban en una u otra dirección.
Finalmente, Menem accedió al pedido opositor y el oficialismo aplastó a sus adversarios con 138 voluntades a favor y 110 en contra, más 7 abstenciones. El segundo capítulo se aprobó por 142 votos positivos, 107 negativos y 6 abstenciones.
Nicolás Mayoraz.
Antes del descontrol, Bornoroni había reivindicado la naturaleza del Banco Central de Perú para defender el proyecto en debate. «Venimos a darle independencia del gobierno de turno al Banco Central», dijo, y agregó: «le vamos a poner no solo un candado al Banco Central sino que le vamos a dar a los argentinos la posibilidad de soñar».
Durante el debate, Miguel Ángel Pichetto cuestionó la pretensión de otorgar autonomía de la política al BCRA. «Nunca estuve de acuerdo con un criterio de rigidez porque pienso que, en primer lugar, antes que la economía, está la política, y el Banco Central tiene que estar subordinado al interés general del país y al rumbo que marque el Poder Ejecutivo Nacional pensando fundamentalmente en el crecimiento y en el desarrollo», explicó, y deslizó que esa es una «tarea ausente hoy en el Banco Central y en este diseño que se ha planteado».
El señor Bausili, a ver, ¿realmente creen que pueden tomarle el pelo a la gente? Hablar de autonomía cuando el presidente del Banco Central es el socio de la oficina donde trabajaron junto al ministro de Economía, y tienen esa tarea de trader desde hace muchos años… ¿de qué autonomía me hablan?
El rionegrino manifestó, además, que no está de acuerdo «con este pensamiento mágico de darle la derecha al gobierno con el orden fiscal». «El orden fiscal es a costa de los argentinos, de los jubilados, de los trabajadores públicos», remarcó.
Bajo esa perspectiva adelantó que se opondría al «sistema de designación» del presidente de la entidad «por simple mayoría», y que «para removerlo se necesiten dos tercios». «El señor Bausili, a ver, ¿realmente creen que pueden tomarle el pelo a la gente? Hablar de autonomía cuando el presidente del Banco Central es el socio de la oficina donde trabajaron junto al ministro de Economía, y tienen esa tarea de trader desde hace muchos años… ¿de qué autonomía me hablan?», expresó, y agregó: «pretenden plantear este debate de la Carta Orgánica y mantenerlo al presidente del Banco Central, que es el socio y amigo del ministro Caputo».
Hugo Passalacqua.
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