En la mañana de este viernes, el Intendente Marcelo Orazi y el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros recibieron presentes de parte de Amuchen, representada en esta oportunidad por la Directora Natalia Fioretti.
Se trata de dos cuadros que fueron pintados por dos de los chicos que concurren a la institución: Florencia Clementis y Cristian Mungai.
En la oportunidad, Fioretti transmitió el agradecimiento de parte de la familia de Amuchen por el acompañamiento del Municipio a sus actividades y proyectos. Por su parte, el Intendente Orazi ratificó el compromiso de continuar colaborando con la institución que cumple una importante labor social y de contención en la comunidad.
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Si bien la expresión “calentamiento global” es hoy un significante en disputa —con billones de dólares en juego—, hay por lo menos dos alternativas en el horizonte. Si el capitalismo no logra organizarse para frenar la elevación de temperatura del planeta por emisión de gases de efecto invernadero, según las ciencias del clima, el planeta avanza derecho por un sendero: el de la catástrofe climática. Pero si la compleja estructura de gobernanza global y los intereses corporativos logran organizar la cruzada de la transición energética, las voces del establishment energético y financiero auguran que el premio será doble: no solo se podrá salvar al planeta neutralizando el cambio climático, sino que además el capitalismo logrará recuperarse de su agonía post-crisis de 2008 para ingresar en un nuevo ciclo de prosperidad global.
¿Qué cosa es la transición energética para suponer que pueda producir este milagro? Es el proceso de reemplazo de toda la infraestructura energética y de transporte del planeta basada en hidrocarburos por una nueva basada en energías renovables y limpias. Entre las energías limpias está la energía nuclear. Y dentro de la energía nuclear hay una tecnología incipiente que promete ser una clave para la transición energética: los llamados “pequeños reactores modulares” (SMR, por sus siglas en inglés), esto es, reactores nucleares de baja potencia para producir electricidad.
Aún no existe el mercado para esta tecnología, está en conformación. Argentina, que tiene una tradición nuclear robusta, persistiendo en un camino sinuoso de varias décadas, logra estar hoy entre los cuatro o cinco países que lideran con el desarrollo de un prototipo propio: el reactor CAREM-25. Mientras que el paradigma de transición dominante supone que nuestro país debe proveer recursos naturales y comprar la tecnología “llave en mano” y con crédito (esto es, con deuda), el CAREM muestra cómo la transición puede ser una oportunidad para la acumulación de capacidades tecnológicas e industriales con crecientes grados de autonomía. Y, al final del camino, exportación de alto valor agregado.
A comienzos de 2024, la Nuclear Energy Agency realizó una evaluación de los pequeños reactores modulares en desarrollo. Se enfocaron en seis dimensiones: financiamiento, licenciamiento, emplazamiento, elementos combustibles, cadenas de suministros y compromisos para futuros desarrollos. De 56 proyectos, el CAREM figura entre los cuatro primeros.
Sin embargo, el Gobierno de La Libertad Avanza designó en mayo a las nuevas autoridades en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que decidieron someter al proyecto CAREM-25 (Central Argentina de Elementos Modulares) a un proceso de revisión integral. El 6 de junio de 2024, a través de la Resolución 262, el nuevo presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, formalizó el “Comité de revisión de pares”. En esa lista de miembros figuraba el doctor en Ingeniería mecánica José Converti, quien, un mes más tarde, escribió en el diario Los Andes un artículo donde argumenta que el proyecto CAREM es un fracaso. Tratándose de un proyecto con futuro comercial, estas declaraciones son un acto de boicot explícito. Desde entonces, solo silencio acerca de estas declaraciones de uno de los proyectos tecnológicos emblemáticos para la Argentina. Por eso es necesario poner una gran lupa sobre los antecedentes del proyecto CAREM y su presente.
La energía nuclear en la transición energética
El cambio climático, la transición energética y el desarrollo de energías renovables y limpias son temas sensibles a escala global. A contramano de las políticas del Gobierno, su Ley de Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la Argentina puede construir una ventana de oportunidad con el CAREM, en construcción desde 2014 en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. Pero la CNEA es parte de un Estado que Javier Milei afirma estar destruyendo desde adentro. Pese a las afirmaciones de Lavalle, las inversiones que requiere el CAREM están siendo recortadas.
Para dimensionar el sentido de la transición energética, el Financial Times explicó, a mediados de 2023, que “la magnitud de la infraestructura física que debe renovarse, demolerse o reemplazarse está más allá de la comprensión”. Y alertaba que debían ser los gobiernos, “y no BlackRock”, quienes lideren este nuevo Plan Marshall global que debe neutralizar el cambio climático.
Luego del cataclismo financiero de 2008, el calentamiento global y la transición energética se convirtieron en la oportunidad de rejuvenecimiento para un capitalismo financiarizado y exhausto. La urgencia que plantea una potencial catástrofe climática fue asimilada y resignificada como urgencia financiera. Así, la transición energética hoy no solo aparece como el único camino para neutralizar el calentamiento global sino que, además, se la presenta como una oportunidad para grandes negocios.
El accidente nuclear de Fukushima, en marzo de 2011, desplazó a la energía nuclear del incipiente despegue de la “revolución industrial verde” y del “Global Green New Deal”, promovido, por lo menos en la retórica, por los organismos de gobernanza global. Ahora bien, el lobby nuclear es potente y disciplinado. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la industria del sector lograron impulsar un proceso de rehabilitación de la energía nuclear y así volverla a subir al escenario de la transición energética. Colaboraron con este proceso las limitaciones que enfrenta el desarrollo de las tecnologías renovables disponibles para la transición. Las dos principales, la solar y la eólica, presentan problemas: tienen vida operacional relativamente limitada y son intermitentes (es decir, dependen del sol y del viento). Lo que falta para superar esta limitación son tecnologías de almacenamiento, que aún están en desarrollo. Finalmente, los marcos regulatorios, consolidados a lo largo del siglo veinte a medida de los hidrocarburos, obstaculizan su avance[1]. La energía nuclear, vigente desde los años setenta, en cambio, es energía de base: no depende de factores climáticos ni de la hora del día. Además, es una energía limpia: junto con la eólica, es la que menos gases de efecto invernadero emite. El aporte nuclear se vuelve necesario para cumplir las metas de descarbonización comprometidas en el Acuerdo de París en 2015.
Desde hace más de dos décadas funcionan en el mundo alrededor de 420 centrales nucleares que producen el 10% de la electricidad del planeta. Y hay alrededor de 50 en construcción, la gran mayoría en el este asiático. Las industrias estatales de Rusia, China y, detrás, Corea del Sur —con mayoría estatal en la principal empresa nuclear— lideran la provisión de las grandes centrales de potencia a escala global.
En la actual versión financiera y extractiva de la transición energética, se supone que Argentina proveerá recursos naturales a bajo costo para las cadenas de suministros de las grandes corporaciones a cambio de crédito para ser consumidores de tecnologías renovables y limpias extranjeras y “llave en mano”.
En especial para los países en desarrollo, las grandes centrales nucleares de potencia —entre 1200-1600 MW (megavatios de electricidad)— presentan hoy algunos problemas, como la enorme inversión de capital inicial y el costo que surge de las exigencias para los sistemas de seguridad post-Fukushima. Como respuesta aparecieron, en el horizonte cercano, los SMR, que pueden producir entre 20 y 300 MW para electricidad y calor. La ventaja crucial de estos reactores, especialmente para los países en desarrollo, es que los costos de la inversión inicial son mucho más bajos. Por un lado, porque su diseño permite instalar un primer módulo que produzca electricidad mientras se avanza, al mismo tiempo, con un segundo módulo, y así con los siguientes. Por otro lado, porque sus componentes se pueden producir en serie, bajando los costos de fabricación. El foco de esta familia de reactores puesto en bajas potencias también hace posible mejoras importantes en la seguridad, en la flexibilidad operativa y en la gestión del combustible gastado.
Martínez de Hoz vs. Castro Madero
Sin excluir a la CNEA de las políticas de terrorismo de Estado, durante la última dictadura cívico-militar genocida se impulsó el sector nuclear con inversiones masivas inéditas. Si bien la política económica de Martínez de Hoz no tuvo problemas en arrasar por completo sectores de la ciencia, la tecnología y la industria, el alumno de Milton Friedman no pudo meter la cuchara en la política nuclear, blindada por un grupo remanente de militares industrialistas.
Durante los años de terror institucionalizado, la CNEA fue conducida por el vicealmirante Carlos Castro Madero, un marino egresado del Instituto Balseiro. Con una preocupación parcial y selectiva que no pudo evitar que el personal de CNEA padeciera persecuciones, desapariciones, cesantías y legajos paralelos, Castro Madero le imprimió un impulso vertiginoso a los proyectos nucleares más ambiciosos. Entre 1976 y 1983 se materializó la autonomía en el ciclo de combustible nuclear, pero también, según la caracterización de la socióloga Ana Castellani, se transformó al sector en uno de los “ámbitos privilegiados de acumulación de la patria contratista”.
La devaluación de salarios, la dolarización de las tarifas de energía y la ausencia de regulaciones transforman a la Argentina en un país con mano de obra calificada y barata, apta para convertirse en un país ensamblador y apetecible para los negocios financieros.
Durante la guerra de Malvinas, luego del hundimiento del ARA General Belgrano, Castro Madero denunció ante el OIEA el uso de submarinos nucleares británicos. La respuesta del organismo fue que la propulsión naval nuclear —tecnología que presenta numerosas ventajas operativas como la velocidad y la autonomía de navegación (de varios meses) respecto a los submarinos convencionales— no estaba prohibida por los tratados de no proliferación de armas nucleares. La Argentina contestó que se reservaría, entonces, el derecho a trabajar en propulsión nuclear con aplicaciones navales. Es decir, el derecho a desarrollar submarinos nucleares.
Por esos días, medios de comunicación británicos y estadounidenses difundieron que el gobierno de facto argentino ocultaba proyectos de armas nucleares. Se trató de una poco novedosa operación de propaganda para distorsionar los objetivos de la política nuclear argentina, una campaña que se había iniciado a fines de los sesenta y se intensificaba entonces. La guerra de Malvinas fue una oportunidad materializada en titulares de los principales diarios: “Falkland, la ‘bomba latina’ y la proliferación nuclear” (Wall Street Journal), “Buenos Aires podría tener la bomba pronto” (Washington Post), “La derrota de Falklands podría acelerar la bomba A argentina” (The Christian Science Monitor).
En simultáneo, la BBC de Londres difundía un documental que denunciaba un plan de los militares argentinos para desarrollar armas nucleares en complicidad con Alemania Federal. Los contratos de Atucha I y II con el grupo Siemens habrían tenido su origen, según el documental, en los “científicos atómicos nazis” refugiados en la Argentina al final de la Segunda Guerra Mundial. Un capítulo más en el imaginario demonizador del peronismo, según la tenaz versión de la paranoia colonial anglosajona.
A pesar de las operaciones, nunca se impulsaron, desde Argentina, proyectos de artefactos explosivos nucleares. Sí se propuso el desarrollo de un submarino nuclear, tecnología que, como afirmaba el OIEA, estaba encuadrada en los usos pacíficos de la energía nuclear. De esta trayectoria emerge el proyecto CAREM.
La larga marcha del CAREM
En 1969, Argentina inició negociaciones con el astillero alemán Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, en Kiel, para la construcción de dos submarinos Tipo 209-1200[2]. En 1973, la Armada firma un convenio con la CNEA para avanzar en un estudio sobre propulsión naval nuclear. Durante la fugaz tercera presidencia de Perón, se inició el ensamble de los dos primeros submarinos en el astillero Tandanor, mientras, a la vez, a través de otra evaluación avalada por una serie de decretos del Poder Ejecutivo[3], se contrató al astillero alemán Thyssen Nordseewerke GmbH para completar el ensamblado de otros seis submarinos de la serie TR-1700. De esta segunda serie, solo se completaron, en el astillero Domecq García, los dos submarinos construidos en Alemania: el ARA San Juan y el ARA Santa Cruz[4].
A fines de 1982 Castro Madero encargó al área de reactores de la CNEA la nuclearización de ambos submarinos. Al frente de esa tarea estuvo el físico Juan José Gilgerbino, que incluyó en la iniciativa a la empresa INVAP, Sociedad del Estado de Río Negro, que se había creado en octubre de 1976 y estaba a punto de lograr el desarrollo, en secreto, de la tecnología de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa, en Pilcaniyeu, cerca de Bariloche. Argentina anunció el 18 de noviembre de 1983 que era el octavo país en dominar esta tecnología. A través de la firma de un estudio preliminar, expuesto en 1983 ante un grupo de almirantes, se formalizaron los vínculos de CNEA e INVAP con la Armada para avanzar en la propulsión nuclear de los submarinos argentinos.
Raúl Alfonsín heredó un plan nuclear sobredimensionado para la capacidad presupuestaria y financiera de un país con una enorme deuda externa. Por esos días, el liderazgo del proyecto pasó de CNEA a INVAP. En febrero de 1985, el físico Mario Mariscotti, entonces director del Departamento de Investigación y Desarrollo de CNEA, explicaba que si bien INVAP soportaba una situación económica crítica, el grupo de Pilcaniyeu estaba realizando estudios para la producción de un pequeño reactor. El proyecto de submarino nuclear había sido reformulado al de un reactor de baja potencia para ser empleado en poblaciones de no más de 30 mil habitantes y había sido presentado en marzo de 1984 en Lima, Perú, durante una conferencia del OIEA sobre reactores pequeños y medianos. La crisis presupuestaria del sector, sin embargo, mantenía paralizado al proyecto.
La transición energética debería ser concebida como sendero de desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas con autonomía incremental. Excelente radiación solar en la zona cordillerana, los mejores vientos del planeta en la Patagonia, la tercera reserva mundial de litio, el yacimiento de Vaca Muerta y potencial marítimo.
A fines de abril de 1985, CNEA e INVAP gestionaron una patente: “Reactor Nuclear Modular para Plantas de Generación Eléctrica”. Una mención temprana al CAREM-15 (así llamado por la producción de 15 MW) aparecía en el documento[5]. Cuando Roque Carranza asumió como ministro de Defensa, a mediados de 1985, el proyecto de pequeño reactor volvió a recibir apoyo. Pero su fallecimiento en febrero de 1986 lo dejó huérfano por varios años más. Hacia fines de abril, el accidente de Chernobyl arrojó una sombra sobre la energía nuclear, aunque no llegó a detener los trabajos de diseño del proyecto. El problema principal era, desde hacía varios años, presupuestario. Se especulaba con que, de haber financiamiento, el primer ejemplar del CAREM-15 estaría funcionando a comienzos de los años noventa.
El liderazgo del proyecto volvió a CNEA. En 1989 se intentó una sociedad con Turquía, el primer país en demostrar interés por el proyecto CAREM. Se llegó a constituir una empresa binacional con un consorcio privado turco que, luego de muchas idas y vueltas en los años siguientes, no prosperó. En el mismo año se habló de la conformación de una empresa entre CNEA y la provincia de San Luis, interesada en el CAREM, que no llegó a concretarse.
En el folklore oral del sector nuclear hay algunas diferencias de interpretación sobre todos estos avances y tropiezos. INVAP recriminaba a la CNEA que se atribuyera la propiedad del proyecto y que obstaculizara la búsqueda de socios privados, imprescindibles para acceder a las inversiones necesarias. En todo caso, las relaciones históricas, conflictivas, densas y enormemente prolíficas entre CNEA e INVAP —el primer desprendimiento empresarial de CNEA—, son la manifestación del dinamismo del sector nuclear y de la ausencia crónica, con excepción del período 2006-2015, de una política nuclear estable con metas de mediano y largo plazo.
En 1992, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) publicó un libro titulado Argentina y el submarino de propulsión nuclear. Allí Castro Madero sostenía que un pequeño reactor de propulsión nuclear podía ser una base para el desarrollo, porque eran demandados por un “mundo que no puede asimilar fácilmente las grandes unidades de generación nucleoeléctrica”. Creía que avanzar en un prototipo para submarinos le abriría a la Argentina la posibilidad de ser los primeros en ofrecer un SMR y así iniciar el diseño de un reactor de entre 10 y 25 MW. Una visión pionera a nivel global.
En la misma publicación, el diplomático Julio Carasales sostenía que si bien resultaba claro que la decisión de producir submarinos nucleares introduciría un factor desestabilizador en la región que obligaría a Chile y a Brasil a dar un paso similar, y que los efectos de la controversia alrededor de las Islas Malvinas lógicamente impulsarían al Reino Unido a desarrollar una campaña para prevenirlo, no había, en concreto, ninguna prohibición legal[6].
Lo ideal no debería ser “vender” viento, radiación, mareas o carbonato de litio, sino agregar valor, es decir, desarrollar la tecnología y el conocimiento para que la industria nacional aporte equipos, maquinarias, aerogeneradores, turbinas para energía undimotriz, componentes de paneles fotovoltaicos, etc.
Durante los noventa, dos miembros de INVAP acompañaron a Menem en una gira por el este asiático: hicieron presentaciones y se dictaron seminarios en Vietnam, Malasia y Tailandia. También se presentó el proyecto de pequeño reactor en Indonesia y Egipto. Se describía al CAREM como un reactor modular con características interesantes para países que, sin experiencia nuclear previa, desearan ingresar en el campo de la generación nuclear de energía eléctrica[7].
En un manuscrito inédito sobre la historia de INVAP, el tecnólogo Tomás Buch cuenta que mientras se trataba de exportar la concepción del CAREM, la CNEA había logrado destinar fondos a través de contratos para avanzar en distintos aspectos del reactor. Las primeras pruebas del CAREM se iniciaron a fines de 1993 en una instalación ubicada en Pilcaniyeu, designada como Laboratorio de Ensayos Termohidráulicos (LET). Para ese entonces, también se había completado la ingeniería básica y el análisis preliminar de seguridad. “Este documento fue el primero en su especie hecho en el país, con la profundidad y el detalle necesarios para una central de potencia”, escribe Buch.
El premio mayor que buscaba el sector nuclear argentino desde la compra a Alemania de la central Atucha I, a fines de los años sesenta, era el desarrollo de la central de potencia argentina. Siguiendo este plan, Atucha I incorporó más del 30% de industria nacional; la central de Embalse, alrededor del 45%; y Atucha II, que debía finalizar a comienzos de los noventa, cerca del 70%. A comienzos del nuevo milenio, Argentina debía producir sus propias centrales de potencia. Sin embargo, la crisis de deuda y el alineamiento incondicional del menemismo con Estados Unidos paralizaron Atucha II, finalmente inaugurada a fines de 2014 por Cristina Fernández de Kirchner.
En síntesis, durante los años noventa al sector nuclear se le escapó de las manos el principal objetivo de cuarenta años de desarrollo incremental. Es en este punto que el CAREM aparece como la alternativa viable. Por eso el énfasis de Buch en un informe que demuestra que, a pesar de los palos en la rueda, se podía avanzar en una central de potencia nacional.
En septiembre de 1997 se sancionó la Ley de financiamiento para el proyecto CAREM, que autorizaba a la CNEA a realizar operaciones de crédito público con plazo no inferior a siete años por un monto de 132 millones de pesos. El objetivo del proyecto era alcanzar el desarrollo y la construcción del prototipo de un reactor innovador de baja potencia para producir energía eléctrica. Entre 1997 y 1999, en instalaciones de Pilcaniyeu, se hicieron ensayos con los elementos combustibles del pequeño reactor, fabricados en el Centro Atómico Constituyentes de la CNEA, en la provincia de Buenos Aires.
Finalmente, cuenta Buch, mientras INVAP reclamaba a la CNEA mayor libertad para buscar otras fuentes de financiamiento y lograba despertar el interés de la empresa Pescarmona, que sugería un modelo de mayor potencia, el resultado favorable del estudio de factibilidad realizado por la CNEA se dio a conocer recién a fines de 2000, cuando la situación económica del país era muy negativa.
A fines de los años noventa, a pesar de un gobierno adverso al sector, CNEA e INVAP insistieron en difundir que el CAREM abría “un nuevo mercado para la generación nucleoeléctrica: el de las centrales nucleares de pequeña potencia” (CARI, 1999: 46). La crisis terminal de 2001 congeló el avance del proyecto.
Relanzamiento y obras
En agosto de 2006, cuando Néstor Kirchner relanzó el desarrollo nuclear devastado durante los años noventa, el prototipo del reactor CAREM figuraba entre las metas prioritarias. En noviembre de 2009 se sancionó la Ley 26.566, que declaraba al CAREM de interés nacional y delegaba en la CNEA el diseño, ejecución y puesta en marcha del prototipo. En febrero de 2014 comenzó la obra civil (el primer hormigonado) en el Complejo Tecnológico Atucha, en Lima, y se estimó la finalización del prototipo para 2028. Se espera que esta primera versión pueda generar 32 MW, mientras que el módulo comercial tendría una potencia de entre 100 y 120 MW. Además, se proyectó que alrededor del 70% de sus insumos, componentes y servicios vinculados fueran provistos por empresas argentinas certificadas bajo estándares internacionales.
El gobierno de Macri perdió —o eligió perder— el foco del proyecto y durante el gobierno de Alberto Fernández, si bien no se definió una política nuclear, se retomaron las inversiones para los principales proyectos nucleares, incluido el CAREM-25. A comienzos de 2024, la NEA (Nuclear Energy Agency), agencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizó una evaluación de los pequeños reactores modulares en desarrollo a lo largo y ancho del planeta. El análisis se enfocó en seis dimensiones: financiamiento, licenciamiento, emplazamiento, elementos combustibles, cadenas de suministros y compromisos para futuros desarrollos. De 56 proyectos, el CAREM figura entre los cuatro primeros[8].
Epílogo anarcocapitalista
Argentina tiene un poco de industria y otro poco de capacidades tecnológicas. En conjunto, algo insuficiente para iniciar un proceso sostenible de desarrollo social y económico. En el paradigma dominante de la transición energética corporativa y financiera, el país puede aceptar el lugar que se le asigna en el orden neoliberal y enfocarse en la exportación de recursos naturales y en la compra de tecnología importada, con endeudamiento y fuga. En esta dirección se orientan la Ley Bases y, especialmente, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Esta versión financiera y extractiva de la transición energética supone que Argentina proveerá recursos naturales a bajo costo para las cadenas de suministros de las grandes corporaciones con base en las economías centrales a cambio de crédito y deuda para ser consumidores de tecnologías renovables y limpias extranjeras “llave en mano”. La devaluación de salarios, la dolarización de las tarifas de energía y la ausencia de regulaciones transforman a la Argentina en un país con mano de obra calificada y barata, apta para convertirse en un país ensamblador y apetecible para los negocios financieros. Así ocurrió durante el gobierno de Macri; así vuelve a ocurrir hoy en esta versión recargada.
El CAREM-25 no es un fracaso, es un Aconcagua de las capacidades tecnológicas nacionales. Lo único que falta es decisión política.
La transición energética, por el contrario, debe ser concebida como sendero de desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas con autonomía incremental. Excelente radiación solar en la zona cordillerana para la producción de energía fotovoltaica, los mejores vientos del planeta en la Patagonia para la energía eólica, la tercera reserva mundial de litio, el yacimiento de Vaca Muerta para la producción de gas —que además de abastecer industria y hogares puede usarse para producción de hidrógeno azul— y potencial marítimo para el desarrollo de energía undimotriz.
Pero la idea no debería ser “vender” viento, radiación, mareas o carbonato de litio, sino agregar valor, es decir, desarrollar la tecnología y el conocimiento para que la industria nacional aporte equipos, maquinarias, aerogeneradores, turbinas para energía undimotriz, componentes de paneles fotovoltaicos, etc. La transición energética debe ser concebida como un sendero de desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas autónomas incrementales.
En este esquema, los procesos de aprendizaje y acumulación de capacidades organizacionales y tecnológicas con crecientes grados de autonomía que se codifican en la trayectoria del CAREM-25 y su proyección al CAREM comercial, junto con el papel del Estado y las empresas —públicas, privadas y mixtas— representan un caso testigo del sendero virtuoso de transición energética por el que puede optar la Argentina.
Esta película no la vamos a ver durante el gobierno libertario, que no solo está devastando las capacidades científicas y tecnológicas a escala nacional, sino que ya está ralentizando la construcción del CAREM-25 y, además, permite que referentes nombrados por el actual presidente de CNEA comprometan el futuro del CAREM comercial con afirmaciones irresponsables que pueden calificarse de boicot. En una gestión seria esta persona sería expulsada.El CAREM-25 no es un fracaso, es un Aconcagua de las capacidades tecnológicas nacionales. Lo único que falta es decisión política.
REFERENCIAS
Buenos Aires Herald. 1985. “Nuke research awaiting funds”, 15 de febrero, p. 7.
Carasales, J. 1992. “Argentina y el submarino de propulsión nuclear: posibilidades y políticas en el mundo actual”, pp. 13-44. En: Argentina y el submarino de propulsión nuclear – Posibilidades y dificultades. Buenos Aires: Servicio de Hidrografía Naval.
CARI. 1999. La Argentina exportadora de tecnología nuclear. Buenos Aires: Consejo Argentino de Relaciones Internacionales.
Christophers. B. 2024. The Price is Wrong. Why Capitalism Won’t Save the Planet. Londres: Verso.
CNEA. 1970. Memoria Anual 1970. Buenos Aires: CNEA.
Hymans, J. 2006. The Psychology of Nuclear Proliferation. Cambridge: Cambridge University Press.
La Nación. 1969. “Piezas para submarinos argentinos”, 28 de marzo, p. 3.
NEA. 2024. The NEA Small Modular Reactor. Boulogne-Billancourt: OCDE-Nuclear Energy Agency, No. 7671.
Tiempo Argentino. 1985. “Crisis presupuestaria en los planes nucleares”, 6 de febrero, p. 9.
NOTAS
[1] Para aproximarse a la complejidad de este último tema, puede verse: Christophers (2024).
[2] La Nación (1969).
[3] Decreto 768 de 1973, decreto 956 de 1974 y decreto 336 de 1978.
[4] CNEA (1970: 23-24); Hymans (2006: 156-158).
[5] El documento también mencionaba la participación de la empresa COMETARSA (Construcciones Metálicas Argentinas), del grupo TECHINT, para integrar un consorcio que finalmente no prosperó. Además de la producción de electricidad, se hablaba de utilizar el calor remanente para la desalinización de agua.
[6] Carasales (1992: 17, 38). El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, abierto a la firma en 1968, no decía nada sobre submarinos nucleares.
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Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.
Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.
La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.
Acerca de la autocrítica
La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?
Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?
La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.
Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.
La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.
Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.
Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.
En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.
Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.
El caso de las cuotas
Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.
Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.
En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.
Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.
La defensa de la libertad
Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…
Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.
Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.
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