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La discusión sobre el empleo argentino ya no puede reducirse a saber cuántas personas tienen trabajo. El desempleo convive con informalidad, subocupación, pluriempleo y nuevas formas de contratación, mientras la reforma laboral de 2026 modificó reglas centrales de la relación entre trabajadores y empleadores. Los números oficiales permiten dimensionar el fenómeno, pero la sociología ayuda a entender qué ocurre cuando la incertidumbre laboral deja de ser una excepción y empieza a convertirse en una experiencia cotidiana.

Por Tomás Palazzo para NLI

Hay una escena que se repite cada vez con mayor frecuencia en la Argentina: una persona que trabaja, pero busca otro trabajo. Un empleado que conserva su puesto, aunque empezó a hacer repartos por la noche. Una profesional que se convirtió en monotributista para realizar tareas que antes hacía bajo relación de dependencia. Un trabajador que acepta una ocupación informal porque necesita ingresos inmediatos y otro que acumula varias actividades porque ninguna de ellas, por separado, alcanza para pagar el alquiler, los alimentos y los servicios. Todos están ocupados. Pero no necesariamente todos tienen un empleo que permita construir una vida alrededor del trabajo.

Ese es uno de los principales problemas que aparecen cuando se mira el mercado laboral exclusivamente a través de la tasa de desempleo. El INDEC informó que en el primer trimestre de 2026 la desocupación alcanzó el 7,8%, mientras que la tasa de empleo fue del 44,8%, la de actividad del 48,6% y la subocupación llegó al 11,1%. Es decir, hay una porción significativa de personas que trabajan menos horas de las que desean y necesitan. La propia estadística oficial incorporó además, desde 2025, una medición específica de la informalidad laboral, reconociendo que el dato sobre cuántas personas tienen o no una ocupación no alcanza para describir la estructura del mercado.

La fotografía se vuelve todavía más compleja cuando se incorpora la calidad de esos puestos. Según una medición elaborada por el investigador del CONICET Jorge Paz, utilizando una definición amplia que incluye tanto asalariados no registrados como trabajadores independientes de baja calificación, la informalidad alcanzaba aproximadamente al 49% de los trabajadores. La estimación no es idéntica a la medición estadística oficial —y es importante no mezclar metodologías—, pero permite comprender la magnitud del fenómeno desde otra perspectiva.

La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿qué significa exactamente estar empleado en la Argentina de 2026?

La sociología de un trabajador que nunca termina de llegar

El sociólogo francés Robert Castel utilizó hace décadas una idea que resulta particularmente útil para pensar el presente: el trabajo no es solamente una fuente de ingresos, sino también uno de los principales mecanismos de integración social. El empleo estable permite construir vínculos, acceder a derechos, proyectar una familia, organizar el tiempo y establecer una relación relativamente previsible con el futuro. Cuando esa estabilidad se erosiona, no desaparece solamente una parte del salario: se debilita también una estructura social.

La investigación argentina sobre mercado laboral viene señalando precisamente esa dimensión. Estudios del CONICET sobre informalidad, precariedad y segmentación laboral advierten que la inseguridad ocupacional no se distribuye al azar y que la calidad del empleo tiene consecuencias directas sobre las posibilidades de caer o permanecer en la pobreza. Una investigación de Jésica Pla, Santiago Poy y Agustín Salvia encontró que la clase ocupacional y la calidad del empleo mantienen efectos persistentes sobre la probabilidad de experimentar pobreza, mientras que la inseguridad laboral atraviesa distintos grupos sociales.

Esto permite comprender por qué la precarización tiene una dimensión sociológica que no aparece inmediatamente en una planilla de estadísticas. Cuando una persona no sabe cuánto va a ganar el mes próximo, cuándo terminará su contrato, si podrá mantener sus horas de trabajo o si deberá aceptar una segunda ocupación, cambia su relación con el futuro. La incertidumbre se incorpora a la vida cotidiana.

Y cuando esa incertidumbre se vuelve colectiva, también modifica comportamientos sociales. Se posterga la compra de una vivienda, se demora la decisión de tener hijos, se reemplaza el consumo duradero por gastos inmediatos, se prolonga la convivencia con los padres, se abandona una actividad educativa para conseguir ingresos o se aceptan trabajos por debajo de la calificación profesional. No hace falta que todos esos fenómenos aparezcan juntos para que exista un cambio estructural: alcanza con que una parte creciente de la población deje de sentir que el trabajo constituye una plataforma segura para proyectarse.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea precisamente que la informalidad no debe analizarse solamente como ausencia de registro, sino en relación con derechos, productividad, protección social y oportunidades de desarrollo. En su actualización conceptual publicada en 2025, la organización advierte que las formas contemporáneas de informalidad son diversas y requieren políticas de transición hacia la formalidad que garanticen trabajo decente.

La cuestión, entonces, no es únicamente cuántos argentinos están «en negro». Es qué tipo de ciudadanía social produce una economía donde una parte importante de sus trabajadores carece de las protecciones asociadas al empleo formal.

La reforma laboral y el nuevo mapa de derechos

Aquí aparece el costado jurídico, que tampoco puede separarse de la discusión económica. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, establece que el trabajo «en sus diversas formas» debe gozar de protección legal y menciona expresamente condiciones dignas y equitativas, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas, retribución justa y protección contra el despido arbitrario. No se trata de una declaración decorativa: constituye el marco constitucional dentro del cual deben interpretarse las leyes laborales.

Pero en 2026 ese marco comenzó a convivir con una modificación importante de la legislación ordinaria. La Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en febrero y publicada en marzo, introdujo cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y en distintos regímenes laborales. Entre otras cuestiones, modificó el esquema de cálculo de la indemnización por despido, estableció nuevas reglas sobre determinados componentes remunerativos y habilitó que mediante convenios colectivos pueda sustituirse el régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral financiado por el empleador.

También creó los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a colaborar con el cumplimiento de determinadas obligaciones e indemnizaciones laborales. Y la reforma estableció un régimen específico para los prestadores independientes de plataformas tecnológicas de movilidad y reparto, definiéndolos jurídicamente como independientes y fijando determinados derechos sin que estos constituyan, por sí mismos, indicios de una relación de dependencia.

Esto último resulta especialmente relevante desde una perspectiva sociológica. Una parte del nuevo mundo laboral se está construyendo alrededor de trabajadores que no encajan cómodamente en la vieja división entre empleado y trabajador autónomo. El repartidor que se conecta cuando quiere puede ser presentado como un emprendedor independiente; pero si su ingreso depende de una plataforma, de sus algoritmos, de las tarifas que esta determina y de una demanda que no controla, la discusión sobre dónde termina la autonomía y dónde comienza la subordinación seguirá abierta.

Especialistas en derecho laboral que analizaron la nueva legislación han señalado precisamente que la reforma modifica cuestiones sensibles como el período de prueba, las jornadas y el llamado banco de horas, el cálculo indemnizatorio, los fondos de cese, las plataformas y la presunción de laboralidad.

El Gobierno puede sostener que estas modificaciones buscan reducir la litigiosidad, facilitar contrataciones y generar mayor previsibilidad para las empresas. Esa es una hipótesis económica legítima que deberá contrastarse con los resultados. Pero también existe una pregunta jurídica y social diferente: ¿cuánto puede flexibilizarse una relación laboral antes de que la flexibilidad deje de funcionar como instrumento para generar empleo y empiece a trasladar sistemáticamente el riesgo económico hacia quien trabaja?

No existe una respuesta automática. Y justamente por eso no alcanza con decir que una reforma es «pro trabajador» o «anti trabajador». Hay que mirar qué derechos cambia, qué obligaciones modifica, qué incentivos genera y, sobre todo, qué ocurre después con el empleo real.

El dato que falta: no solamente cuánto empleo hay, sino qué empleo estamos construyendo

Existe además una paradoja que atraviesa la historia argentina reciente. La informalidad no nació con Milei y sería incorrecto presentarla como una creación de su Gobierno. La Argentina arrastra desde hace décadas un mercado laboral profundamente segmentado. Investigaciones de la OIT ya habían documentado la coexistencia de empleo asalariado informal, trabajo independiente de subsistencia y modalidades atípicas incluso durante períodos en los que la ocupación y los salarios mejoraban.

Pero reconocer ese problema estructural no significa que todos los gobiernos produzcan los mismos resultados. Las políticas económicas pueden favorecer determinados sectores, destruir otros, modificar los incentivos para contratar formalmente y cambiar la relación entre salarios, productividad y empleo. De acuerdo con datos recopilados recientemente, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 se habían perdido cerca de 400.000 puestos asalariados formales, según registros del Ministerio de Capital Humano citados por El País: alrededor de 250.000 correspondían al sector privado, 130.000 al público y 17.400 al régimen de casas particulares.

Ese número tampoco puede interpretarse aisladamente como prueba de que cada puesto perdido se convirtió automáticamente en empleo informal. Una parte de las personas puede haber salido de la fuerza laboral, otra puede haber quedado desempleada y otra puede haberse desplazado hacia actividades independientes. Precisamente por eso las estadísticas laborales deben leerse como un conjunto y no como titulares separados.

La cuestión central aparece cuando se cruzan todos esos indicadores: desocupación, subocupación, informalidad, empleo registrado, salarios y horas trabajadas. Allí comienza a verse una economía en la que tener trabajo no garantiza necesariamente estabilidad y en la que conseguir ingresos puede requerir acumular ocupaciones.

La propia OIT insiste en que la transición hacia la formalidad requiere políticas integrales y no solamente cambios normativos. En Argentina, su trabajo reciente sobre sectores como construcción, textil y trabajo doméstico pone el foco justamente en las barreras concretas que impiden formalizar empleo y en la necesidad de combinar regulación, incentivos, productividad y protección social.

Por eso la pregunta más importante para la Argentina de los próximos años no debería ser solamente cuántos puestos de trabajo crea la economía, sino qué clase de puestos está generando.

Porque una sociedad puede mostrar una tasa de desempleo relativamente contenida y, al mismo tiempo, tener cientos de miles de personas que trabajan sin estabilidad, sin protección suficiente, con ingresos insuficientes o con la necesidad de sumar una segunda ocupación para completar el mes.

El trabajo sigue estando. Lo que está cambiando es aquello que el trabajo permite construir.

Y esa diferencia es mucho más profunda que una cifra de desempleo. Es una transformación en la relación entre economía y sociedad, entre trabajador y empresa, entre presente y futuro. También es una discusión sobre el sentido mismo del derecho laboral: si su función consiste simplemente en ordenar contratos entre partes formalmente iguales o si, como reconoce la Constitución, debe intervenir para equilibrar una relación en la que el poder económico de las partes nunca fue exactamente simétrico.

La respuesta no se encuentra solamente en una ley ni en una estadística. Se va a ver en la vida concreta de quienes trabajan.

 

 

Kicillof lanzó MDF Juventudes en San Martín y llamó a los jóvenes a protagonizar la construcción de un proyecto nacional con horizonte en 2027.

Por Redacción de NLI

Axel Kicillof encabezó en San Martín el lanzamiento de MDF Juventudes, la rama juvenil del Movimiento Derecho al Futuro, en un acto que reunió a más de 3.000 jóvenes y que funcionó como mucho más que una actividad partidaria: fue una señal política sobre el tipo de construcción que el gobernador bonaerense pretende desplegar hacia 2027, con una convocatoria que busca trascender las estructuras tradicionales del peronismo y disputar especialmente el vínculo con una generación atravesada por la precarización laboral, el endeudamiento, la incertidumbre y el desencanto con la política.

El encuentro se realizó este sábado en la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, en el partido de San Martín, y tuvo una característica que Kicillof buscó remarcar desde el escenario: la juventud no debe ocupar un lugar ornamental dentro de una estructura política, sino participar de la definición de sus objetivos, sus prioridades y su horizonte. La jornada comenzó con debates sobre educación, trabajo, vivienda, salud mental, apuestas, inteligencia artificial, plataformas digitales y nuevas tecnologías, para luego desembocar en el discurso del gobernador, quien planteó que las nuevas generaciones deben convertirse en protagonistas de la construcción de una alternativa política.

Una juventud que ya no quiere que le prometan solamente resistencia

El mensaje de Kicillof tuvo un componente político central: la oposición a Javier Milei no alcanza por sí sola para construir una alternativa electoral y socialmente mayoritaria. El gobernador planteó que el desafío consiste en recuperar una idea de futuro, particularmente entre aquellos jóvenes que durante los últimos años encontraron en el discurso libertario una promesa de ruptura con una política que consideraban agotada, pero que ahora pueden comenzar a observar con otros ojos a partir de las dificultades concretas de la vida cotidiana.

“Las juventudes, los pibes y las pibas, no pueden ser un sector más dentro del Movimiento Derecho al Futuro: tienen que ser los protagonistas, los que nos impulsen y los que nos muestren el norte hacia donde ir”, sostuvo Kicillof durante el acto. La frase sintetiza una estrategia que va más allá de la incorporación de militantes jóvenes: el objetivo es que esa generación contribuya a definir el discurso y el programa de una fuerza política que pretende llegar a 2027 con una propuesta renovada.

La apuesta no es menor porque el vínculo entre las juventudes y el peronismo viene siendo uno de los terrenos centrales de la disputa política argentina. La irrupción de Milei tuvo precisamente entre sectores jóvenes uno de sus principales puntos de apoyo, alimentada por una combinación de malestar económico, rechazo hacia las estructuras partidarias tradicionales, frustración con las expectativas de movilidad social y una fuerte penetración de nuevas formas de comunicación política. Frente a eso, Kicillof intenta construir otra respuesta: no discutir únicamente contra Milei, sino ofrecer un proyecto capaz de volver a transformar la palabra futuro en una expectativa colectiva.

Por eso, durante su discurso, el gobernador rechazó la idea de que la alternativa pueda surgir de una mesa cerrada de dirigentes o de una ingeniería electoral diseñada exclusivamente desde arriba. “No va a surgir de un laboratorio, sino que se construirá desde abajo hacia arriba, con la militancia y la participación de todos y todas”, afirmó. El concepto tiene una importancia particular en el escenario interno del peronismo, porque coloca la construcción territorial y la participación social en el centro de una disputa que todavía no tiene resueltas sus candidaturas ni sus liderazgos definitivos.

SAN MARTIN – MDF Juventud 2
Axel Kicillof: Necesitamos una alternativa, construir y consolidar otro camino. pic.twitter.com/VSlg7z1ldt

— 370 noticias (@370Noticias) August 22, 2026

Del rechazo a Milei a la construcción de una alternativa

Kicillof también aprovechó el encuentro para profundizar una de las líneas argumentales que viene desarrollando en las últimas semanas: la discusión sobre el modelo económico no puede reducirse a indicadores macroeconómicos, porque sus consecuencias aparecen directamente en la vida cotidiana de las familias. En ese sentido, volvió a referirse al endeudamiento de los hogares y a la pérdida de capacidad de compra, cuestiones que el gobernador viene utilizando para cuestionar el relato oficial sobre la recuperación económica.

Según los datos que presentó en una columna publicada durante la semana, más del 60% de los adultos argentinos tendría algún tipo de deuda, mientras que cerca de seis millones de personas se encontrarían en situación de mora. También señaló aumentos importantes de la morosidad en bancos, tarjetas de crédito, billeteras digitales y entidades financieras no bancarias. Para Kicillof, esos números expresan una transformación profunda: el crédito dejó de ser para una parte importante de la población una herramienta destinada a comprar bienes o financiar proyectos y pasó a funcionar como mecanismo para sostener gastos básicos.

La cuestión resulta especialmente significativa cuando el destinatario del discurso es la juventud. Para millones de jóvenes, la posibilidad de independizarse, acceder a una vivienda, conseguir un empleo registrado, estudiar y construir un proyecto familiar se encuentra condicionada por un mercado laboral cada vez más fragmentado y por ingresos que muchas veces no alcanzan para sostener los costos básicos de la vida. En ese escenario, hablar de futuro no significa solamente recuperar una consigna política: implica discutir qué modelo económico permite que una generación pueda imaginar una vida que no esté determinada por la precariedad y el endeudamiento.

Kicillof buscó además disputar una explicación que considera central en el discurso libertario: la idea de que los problemas económicos son fundamentalmente responsabilidad individual. “Si no conseguís trabajo, si no te alcanza la guita y te endeudaste, la culpa es tuya”, cuestionó, al advertir que esa mirada constituye, a su criterio, una de las expresiones más graves de una concepción política que traslada sobre cada individuo las consecuencias de problemas estructurales. En contraposición, reivindicó el papel del Estado en la educación, la salud, la universidad pública, la ciencia y la producción.

2027 aparece como horizonte, pero el desafío es construir algo nuevo

El lanzamiento del MDF Juventudes ocurre, además, después de una semana de intensa actividad política para Kicillof, que incluyó reuniones con dirigentes sindicales, actividades internacionales y nuevos movimientos dentro de su estructura política. El Movimiento Derecho al Futuro, inaugurado formalmente en marzo, funciona como el espacio desde el cual el gobernador intenta consolidar una identidad propia dentro del peronismo bonaerense y proyectar una discusión que exceda las fronteras de la provincia.

Por eso, aunque el acto de San Martín no estuvo formalmente planteado como lanzamiento de una candidatura presidencial, la dimensión nacional de su discurso resulta difícil de ignorar. Kicillof habló de construir un proyecto nacional, de recuperar la soberanía, del trabajo digno, de la producción, de la universidad, de la ciencia y de la tecnología, y sostuvo que la sociedad no necesita únicamente una oposición al Gobierno de Milei, sino una opción preparada para poner en marcha “una Argentina distinta”.

El punto político más interesante está precisamente allí. El gobernador no convocó a los jóvenes solamente a recuperar un pasado, sino a construir una nueva etapa. “No queremos simplemente restaurar el pasado, sino construir entre todos un futuro distinto, un futuro mejor, un futuro para todos”, planteó hacia el cierre de su discurso. Esa definición busca responder a una de las principales dificultades que enfrenta el peronismo: cómo reivindicar sus conquistas históricas sin quedar atrapado en la nostalgia de una etapa que para una parte de las nuevas generaciones pertenece más a los relatos de sus padres que a su propia experiencia política.

El desafío, entonces, es doble. Kicillof necesita disputar el presente con Milei, pero al mismo tiempo debe convencer de que existe un futuro posible más allá de la confrontación permanente con el Gobierno nacional. Y para eso necesita una fuerza política capaz de hablarle a quienes trabajan, estudian, emprenden, alquilan, buscan su primer empleo o directamente quedaron fuera del mercado laboral, pero también a quienes todavía conservan expectativas y están buscando una representación que no les pida simplemente volver al pasado.

El lanzamiento del MDF Juventudes puede leerse, en ese sentido, como una pieza de una construcción política de mayor alcance. La apuesta consiste en transformar el malestar social en organización, el desencanto en participación y la incertidumbre en una discusión concreta sobre el país que se quiere construir. Kicillof lo expresó con una frase que sintetiza el espíritu del encuentro: “Esta historia no está escrita: ese futuro hay que construirlo”.

La disputa que comienza a perfilarse hacia 2027 no será solamente una competencia entre nombres, estructuras partidarias o candidaturas. Será también una pelea por definir qué significa tener futuro en la Argentina, quiénes pueden acceder a él y qué papel debe desempeñar el Estado para que esa posibilidad no quede reservada a quienes ya cuentan con recursos suficientes. En San Martín, Kicillof eligió colocar a las juventudes en el centro de esa discusión y convertirlas en parte de la arquitectura de su proyecto político. La respuesta de esa generación, y su capacidad para transformar el malestar en organización, será uno de los datos decisivos de la Argentina que viene.