El diputado salió al cruce de del Jefe de Gobierno con un artículo contundente en el que no sólo rechazó las acusaciones del jefe de Gobierno porteño, sino que puso en discusión algo más profundo: el uso deliberado de la calumnia como herramienta política, la liviandad institucional con la que se lanzan imputaciones públicas y la persistente estigmatización de las organizaciones sociales.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Una acusación lanzada al aire
El punto de partida del conflicto fue una serie de declaraciones de Jorge Macri en las que vinculó a Grabois con supuestas irregularidades en comedores comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Sin denuncia judicial previa, sin expediente identificado y sin notificación formal a las organizaciones involucradas, el jefe de Gobierno optó por el camino más corto: la acusación mediática.
Ese dato no es menor. En su artículo publicado en Infobae, Grabois remarca que ninguna de las estructuras mencionadas depende de él ni de las organizaciones que integra, y que jamás fue informado oficialmente de las supuestas irregularidades. La pregunta que queda flotando es evidente: si existían pruebas, ¿por qué no se presentaron ante la Justicia antes de amplificarlas en los medios?
El límite entre la gestión y la difamación
Uno de los ejes más sólidos del planteo de Grabois es la distinción entre crítica política y atribución concreta de delitos. No se trata —plantea— de un debate ideológico ni de diferencias sobre el rol del Estado, sino de imputar hechos penalmente reprochables sin respaldo probatorio.
Desde ese lugar, el dirigente social señala que acusar públicamente a una persona de corrupción o fraude sin pruebas no es una opinión, sino una conducta tipificada por la ley. Y pone el foco en una práctica cada vez más extendida: funcionarios que reemplazan la denuncia judicial por el golpe mediático, sabiendo que el daño reputacional ya está hecho aunque luego no puedan sostener lo dicho.
El trasfondo: disciplinar a las organizaciones
Más allá del cruce personal, el texto deja entrever una lectura política más amplia. Para Grabois, este tipo de operaciones no buscan transparencia sino disciplinamiento: desacreditar a las organizaciones sociales que denuncian el ajuste, el vaciamiento de políticas alimentarias y el corrimiento del Estado en los barrios populares.
En ese marco, la ofensiva discursiva del Gobierno porteño aparece menos como una auditoría genuina y más como una estrategia de construcción de enemigos internos, donde los comedores y movimientos sociales vuelven a ser presentados como sospechosos por default, mientras se evita discutir el impacto real de los recortes y la subejecución presupuestaria.
Una respuesta que incomoda
Grabois no sólo negó las acusaciones, sino que las devolvió con una advertencia política y jurídica: si se demuestra la falsedad de lo dicho, avanzará en acciones legales y destinará cualquier resarcimiento a fortalecer espacios comunitarios. El gesto no es casual: busca contrastar dos formas de hacer política, una basada en el señalamiento fácil y otra en la rendición de cuentas.
En el fondo, el episodio deja una postal incómoda para Jorge Macri. Un jefe de Gobierno que acusa sin pruebas queda expuesto no sólo a un conflicto judicial, sino a una pregunta más difícil de esquivar: ¿qué tan responsable puede ser un funcionario que confunde gestión con difamación y comunicación política con imputación penal?
Lo vamos a hacer papilla en tribunales a Macri. Este tipo no es más que un garca con el cerebro de una babosa que está más sucio que las fotitos que, según Lilia, anduvo mandando.
Acá está nuestra intimación, ahora que muestre él la denuncia que hizo contra mí, porque no figura… pic.twitter.com/EZl1K8J7ew
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El gobierno logró la media sanción en general de la reforma laboral, con una amplia mayoría de 42 votos a favor y 30 en contra, que dejó en evidencia la novedosa debilidad del peronismo en el Senado. Para obtener el apoyo mayoritario de los bloques, Patricia Bullrich tuvo que conceder a la CGT el carácter obligatorio de la cuota sindical, bien entrada la tarde del miércoles, pero mantuvo la creación del fondo de indemnizaciones que captura dinero de Ansés, la supresión de la ultraactividad, la negociación por empresas y la derogación de los estatutos. Un golpe importante al modelo sindical argentino.
Sobre un borrador del proyecto, que recibía sucesivas correcciones en rojo en plena sesión, el oficialismo terminó admitiendo la retención compulsiva de la cuota sindical, un reclamo de la central obrera contra el artículo que establecía que el aporte de los trabajadores fuera voluntario. Ese punto se sumó al sostenimiento del 6 por ciento para las obras sociales, otra demanda de los sindicatos. Ambos ítems son, apenas, la conservación de conquistas de antaño.
Pese a esa neutralización parcial que lograron los gremios, la Casa Rosada logró quebrarlos con un articulado que destroza regímenes de licencias y afecta el derecho de huelga a través de la declaración de una serie de actividades como esenciales. En la votación en particular se diluyó el plan de la CGT para desflecar la reforma laboral, tal como anticipó a LPO el líder de la central obrera, Cristian Jerónimo.
La CGT salvó herramientas que le permiten resguardar cierta defensa corporativa de la organización pero el gobierno se impuso en modificaciones de institutos centrales del modelo sindical peronista, como el derecho a huelga, la ultraactividad y las negociaciones colectivas por rama, retomando para de la senda de reformas de los 90 con Carlos Menem.
En la votación no hubo sorpresas y apenas en un puñado de títulos hubo algunas defecciones de los 42 que votaron a favor de la ley en general. El gobierno incluso sumó a los dos santacruceños en la votación del traspaso del fuero laboral a la Ciudad, una iniciativa que abrió una interesante batalla política entre los libertarios, en la que se jugó un primer round por la candidatura a jefe de Gobierno entre patricia Bullrich y Karina Milei, que busca imponer a Manuel Adorni. Villarruel la aprovechó para acercarse a los jueces nacionales.
La CGT salvó herramientas que le permiten resguardar cierta defensa corporativa de la organización pero el gobierno se impuso en modificaciones de institutos centrales del modelo sindical peronista, como la ultraactividad, el derecho a huelga y las negociaciones colectivas por rama.
El gobierno alcanzó la mayoría luego de quitar del proyecto la baja de cuatro puntos de Ganancias, como anticipó LPO, que había enardecido a los gobernadores aliados porque afectaba su ya maltrecha recaudación. Para evitarse sorpresas, Milei ordenó a toda la mesa política del gobierno que se traslade al Congreso hasta que se aprobara la norma. Karina, Santilli, Adorni y los Menem, se recluyeron en el despacho del riojano en Diputados.
La votación de hecho revela un trabajo político interesante de los libertarios, donde se notó la incorporación de Santilli, que desde que asumió se dedicó a cortejar a los gobernadores. A los 22 senadores libertarios -contando a Luis Juez- el gobierno logró sumar 20 votos más de provincias aliadas, que venían muy enojadas con la Casa Rosada.
El punto más debatido fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pero el oficialismo únicamente perdió los votos de la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el radical Maxi Abad.
Acaso la crítica más contundente partió del peronista puntano Fernando Salino, cuando ya iban casi 12 horas de discusión. El hombre de Alberto Rodríguez Saá avisó sobre la judicialización que se avecina para la ley, toda vez que «a diez minutos de la votación en particular, todavía no se sabe qué texto se va a votar».
José Mayans y Sergio Uñac.
José Mayans, a su turno, atribuyó «al grupo de los 44», en referencia a los libertarios y sus aliados en el Senado, «un avasallamiento y una violación del reglamento», reabriendo la puerta de una eventual judicialización tanto por el contenido del proyecto como por la conformación de las comisiones diseñada por Bullrich.
«Nos robaron siete senadores», denunció el formoseño y agregó: «acá se hablaba de 28 modificaciones y vinieron con 50 modificaciones a las 7 de la mañana», dijo.
Mayans calificó el procedimiento como «una falta de respeto» porque la reforma modifica 41 leyes, que se tomó el trabajo de enumerar al filo de la medianoche. «¿Les parece que podemos tratar todo este paquete, una ensalada de leyes?», se quejó.
Para el cierre, Bullrich repasó «las frustraciones múltiples» cada vez que se intentó implementar reformas de este tipo en Argentina, una sutil corrección de lo que postuló al inicio de la sesión cuando dijo que esta iniciativa era la primera ley laboral de la democracia. «Nosotros no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas porque Argentina necesita generar trabajo y se genera cuando hay competitividad», argumentó.
Nosotros no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas porque Argentina necesita generar trabajo y se genera cuando hay competitividad.
La exministra reivindicó la eliminación de la ultraactividad y la prelación de la negociación por empresa. «Estamos rompiendo cadenas», se jactó.
El primero en objetar las pretensiones fundacionales de la senadora fue Mariano Recalde, quien calificó el proyecto como «revanchista» y negó que lo que se discutía fuera inédito. Además, sostuvo que en la Ley Bases «se habilitó la contratación de hasta tres colaboradores sin ningún derecho laboral, pero no se generó trabajo».
Al respecto, recordó que la jefa del bloque libertario dijo cuando era ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa que su cartera no era la encargada de crear empleo sino que esa tarea correspondía al Ministerio de Economía. «No crean empleo las normas laborales», advirtió el senador kirchnerista, apuntando al punto más delicado del relato libertario, que ha difundido que con esta nueva norma crecerá el empleo.
La senadora tucumana Beatriz Avila.
La radical Mariana Juri, por su parte, opinó que «una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega».
La catamarqueña Lucía Corpacci se quejó por la forma en que el oficialismo manejó la negociación de la ley. «No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores», dijo.
La tucumana Beatriz Ávila, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, alertó que la reforma «no es suficiente», en sintonía con los planteos de sus antecesores en el uso de la palabra, aunque consideró que la ley en discusión «va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo».
La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina… cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001.
Joaquín Benegas Lynch mezcló la apelación a las transformaciones políticas y económicas con el cambio moral. «Esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral», señaló. Y con la misma profundidad, catalogó al empleador y el empleado como «socios naturales».
La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti fue la encargada de recordarle a Bullrich los episodios de las coimas en el Senado para aprobar la reforma laboral en el 2000. «Pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización», se burló.
«La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina… cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001», chicaneó y agregó «la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta».
Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti.
Más tarde la jujeña Carolina Moisés barrió con las especulaciones sembradas por el kirchnerismo acerca de la chance que los integrantes del bloque de peronistas disidentes de Convicción Federal votaran a favor de la reforma, junto a los libertarios. Después de asumir que «es una pena que el peronismo, que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento, no haya podido estar a la altura de las circunstancias», aclaró que «Argentina necesita una reforma laboral, pero no es esta».
El último orador antes que los presidentes de bloque hicieran los cierres fue Ezequiel Atauche, que cargó enfáticamente contra las organizaciones gremiales. «Los sindicatos son parte de una mafia que apañó el peronismo», dijo. También celebró que la reforma barrió con la ultraactividad y festejó: «Esa realidad se acabó, está extinta. Los argentinos ya no quieren más eso. El camino del verdadero progreso de la Argentina son las empresas».
En 1929, durante la segunda presidencia de , el Congreso sancionó la Ley 11.544, que estableció por primera vez en todo el país la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. El texto legal recogía una demanda histórica del movimiento obrero argentino y colocaba a la Argentina, al menos formalmente, dentro del mapa de las legislaciones laborales modernas.
Sin embargo, entre 1929 y 1945, la distancia entre la ley y la realidad fue abismal. La jornada de 8 horas existía en los códigos, pero no organizaba la vida cotidiana de la mayoría de los trabajadores.
La sanción de la ley no implicó automáticamente su cumplimiento. El Estado argentino carecía —y en muchos casos no tenía voluntad— de los mecanismos necesarios para garantizarla. Las inspecciones laborales eran escasas, las sanciones simbólicas y la justicia tendía a fallar en favor de los empleadores. En los hechos, el límite horario seguía siendo una decisión patronal.
En algunos sectores urbanos e industrializados la situación fue diferente. Grandes empresas, talleres visibles y actividades con fuerte organización sindical —gráficos, ferroviarios, portuarios— lograron imponer, no sin conflictos, la jornada legal. Aun allí, el cumplimiento era parcial: horas extras obligatorias no pagadas, jornadas partidas que extendían el tiempo total de trabajo y mecanismos de evasión salarial eran prácticas habituales.
Pero fuera de esos núcleos organizados, la ley simplemente no existía en la práctica. En el campo, donde la relación laboral estaba atravesada por el aislamiento, la dependencia personal y la ausencia casi total de inspección estatal, las jornadas de sol a sol siguieron siendo la regla. En las economías regionales, la situación era aún más evidente. En los ingenios azucareros de Tucumán, la jornada se organizaba en torno al ritmo de la zafra: turnos extensos, calor extremo y trabajo continuo mientras durara la molienda, sin límites horarios reales. En los yerbatales de Misiones, los mensúes cobraban por cantidad de kilos transportados, lo que los obligaba a prolongar indefinidamente la jornada para alcanzar un ingreso mínimo. El tiempo de trabajo no se medía en horas, sino en desgaste físico.
En los viñedos cuyanos y los algodonales del norte, la lógica era similar: trabajo estacional, pago por rendimiento y jornadas que se extendían mientras hubiera luz natural. La ley de 8 horas era irrelevante frente a un sistema productivo que organizaba el trabajo por campaña y no por jornada.
En los pequeños talleres urbanos de ciudades como Buenos Aires o Rosario, especialmente en rubros como la confección, el calzado o la metalurgia liviana, eran habituales las jornadas de 10 a 12 horas, justificadas como “aprendizaje” o compensadas con salarios miserables. El trabajo a destajo permitía al empleador exigir una producción diaria fija que solo podía alcanzarse extendiendo el horario real de trabajo.
El comercio minorista reproducía una lógica similar. Empleados de almacenes, tiendas y casas de ramos generales abrían temprano y cerraban de noche, muchas veces con descanso parcial o inexistente, bajo la excusa de la atención al público. En el servicio doméstico, directamente excluido de toda protección efectiva, la jornada carecía de límites: vivir en la casa del empleador implicaba disponibilidad permanente, sin distinción clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.
La ley estaba vigente, pero no tenía ejecutores. El Estado carecía de un cuerpo de inspectores con presencia territorial, las sanciones eran irrisorias y la justicia laboral —cuando intervenía— tendía a legitimar las prácticas patronales. En ese contexto, la jornada de 8 horas no era un derecho exigible sino una declaración abstracta, desconocida para amplios sectores del mundo del trabajo. Para millones de trabajadores, la jornada legal era una promesa distante, ajena a su vida cotidiana y subordinada a una realidad donde el poder de fijar el tiempo de trabajo seguía en manos del patrón.
La clave no estaba en el texto legal sino en la correlación de fuerzas. Donde había sindicatos fuertes, comisiones internas y capacidad de huelga, la jornada de 8 horas se defendía. Donde no, el trabajador quedaba librado a su patrón. Durante esos años, el cumplimiento de un derecho laboral dependía más de la organización colectiva que del Estado.
En los últimos años, sectores libertarios repiten como argumento que el peronismo “miente” porque la jornada de 8 horas no fue creada por Perón, sino sancionada en 1929. El señalamiento es formalmente correcto, pero históricamente falaz. Confunde deliberadamente legislar con garantizar. La Ley 11.544 existía desde hacía más de una década, pero fue incumplida de manera sistemática por amplios sectores del empresariado, con un Estado ausente o complaciente. Reducir la historia social a una fecha en el Boletín Oficial implica borrar la diferencia central entre un derecho escrito y un derecho vivido.
Ese divorcio entre la ley y la realidad empieza a romperse recién a partir de 1943–1945, cuando el Estado deja de mirar para otro lado y decide intervenir de manera directa en la relación entre capital y trabajo. No se trató de crear nuevos derechos, sino de hacerlos cumplir. Bajo la acción del Estado y el impulso político de , la jornada de 8 horas dejó de ser una recomendación abstracta y pasó a convertirse en una norma exigible. El límite al tiempo de trabajo ya no lo fijó el patrón, sino el Estado. Ese fue el verdadero punto de inflexión.
La experiencia deja una enseñanza incómoda pero fundamental: los derechos laborales no existen solo porque estén escritos. Existen cuando hay un Estado dispuesto a garantizarlos y una sociedad organizada para defenderlos. Entre 1929 y 1945, la jornada de 8 horas fue una conquista legal sin poder. Su historia demuestra que la legislación social, sin voluntad política, puede convertirse en una promesa vacía.
La jornada de 8 horas no nació plena. Fue primero una letra, después una pelea y recién más tarde una realidad. Y esa diferencia —entre ley y vida— explica buena parte de la historia social argentina.
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