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GOLAZO EN CONTRA

El presidente Mauricio Macri oficializó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la creación de la Agencia de Deporte Nacional (ADN), en reemplazo de la Secretaría de Deportes, y estará bajo la órbita de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, el decreto cosechó controversias incluso antes de publicarse.

Esta conversión no sólo marca un descenso en el organigrama del Estado sino además es un claro acto de desprecio hacia el deporte. La nueva Agencia tendrá autonomía para administrar sus bienes y recursos. Se convierte en una entidad mixta que lleva al deporte público a una potencial privatización, motivando negociados particulares.

El Decreto indica que se le otorgará a la Agencia el alquiler y venta de las instalaciones deportivas, terrenos o espacios físicos disponibles (se trata de  más de 700 hectáreas de tierras fiscales entre el Cenard, Parque Olímpico de Villa Soldati, Pista Nacional de Remo en el Tigre y Cenade de Ezeiza), también faculta a la tercerización de empleos; permite el arancelamiento de actividades recreativas e introductorias, al acceso a instalaciones y acepta el ingreso de terceros para la organización de espectáculos deportivos.

Además elimina la Confederación Argentina de Deportes (CAD), la entidad madre del deporte federado. Uno de los pocos espacios de fricción con el bloque de dirigentes que manejan el deporte nacional. Rodolfo Paverini, presidente de la CAD expresó su desacuerdo y su preocupación para el futuro, asegurando que esta medida esconde intereses millonarios por las tierras donde se encuentra el CeNARD.

En Argentina no se necesitan menos instalaciones deportivas, por el contrario se necesitan más. Sin embargo, como asegura Paverini, los rumores más fuertes indican que Ciudad (dueña del predio de la Villa Olímpica de los Juegos de la Juventud 2018), entregaría ese sitio a Nación a cambio del predio del CeNARD, propiedad del Estado Nacional. En el marco de una movida para que la Ciudad complete un plan inmobiliario multimillonario que incluye el CeNARD, el Tiro Federal (ya vendido), y la cancha de River. 

¿Estas son las razones por las que el presidente no puede esperar hasta el 1º de marzo para que el congreso debata un programa de gestión a 20 años como corresponde?¿Hacer un DNU en pleno enero para vender terrenos del Estado? ¿Se está apurando el negocio?

El deporte es como la educación y la salud, para todas se necesita inversión y programas profesionales a largo plazo. Los deportistas necesitan tener las mejores condiciones para exigirse en la máxima competencia para representar a nuestro país  pero a su vez no es solo deporte, sino el espacio y la contención que se le da a los chicos, que quizás viven en un contexto muy difícil, y necesitan de esa ayuda para poder tener una vida digna.

El sistema del deporte argentino se viene desfinanciando desde hace tres años. En esta situación compleja, es el área que más sufre los recortes ya que su participación en la torta global cayó un tercio en 2019. A eso hay que sumarle una inflación sideral. Se ha ido generando el espacio, allanando el camino, para presentar la Agencia como benefactora de los deportistas.

El deporte inculca valores tales como los que aporta el colegio. Ambos espacios (educación y deporte, en declive), vienen a fortalecer el proceso de formación que antes se forjaba en la casa y ya no. 

Intentarán convencernos que el éxito de la agencia estará ligado en gran medida, a la capacidad e integridad de los gestores. Que claro gestionarán bien como sucedió a lo largo de toda la gestión de Cambiemos, pero para intereses privados. Los deportistas de elite volverán a vender rifas como en los ´90.

Texto: Emiliano Piccinini
Portada: Germán Busin

Fuente:
LEY DEL DEPORTE-Decreto 92/2019
@EPHECTO

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    «Milei había colocado a la corrupción como uno de los principales problemas estructurales del país, en el proyecto de reforma del Código Penal que se dio de baja se agravaban las penas contra los delitos de los funcionarios como parte de la lucha contra la corrupción, ahora eso de dejó de lado», recordó un funcionario al tanto de las discusiones internas, ante la revelación del cambio profundo de sentido de la iniciativa que reveló La Nación

    La decisión de voltear el proyecto anterior se anunció luego de la primer reunión entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y el propio Javier Milei. El nuevo enfoque, más favorable o tolerante a la corrupción, coincide con la preocupación que atenaza a Karina Milei por el avance de las causas $Libra y Andis, que la tienen como protagonista de presuntos hechos de corrupción.

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    La reforma del Código Penal que llevaba dos años de trabajo quedó así enterrada de un día para otro. El borrador que venían elaborando el camarista Mariano Borinsky y otros especialistas fue desplazado tras la intervención de Mahiques. El nuevo texto además de bajar las penas para los delitos de corrupción sube los montos para que se configure el delito de lavado de dinero, usualmente asociado a la corrupción de la política. El mensaje es claro y contradice los furibundos discursos de Milei contra la corrupción. 

    El nuevo texto además de bajar las penas para los delitos de corrupción sube los montos para que se configure el delito de lavado de dinero, usualmente asociado a la corrupción de la política. El mensaje es claro y contradice los furibundos discursos de Milei contra la corrupción. 

    El cambio más fuerte es conceptual. El gobierno de Milei se vuelca a una mirada punitivista del derecho penal para perseguir delitos comunes, pero pierde impulso en la lucha contra la corrupción, justo cuando sus tres funcionarios más importantes -Javier y Karina Milei y Manuel Adorni- aparecen muy comprometidos por sospechas de enriquecimiento ilícito. 

    La reforma así avanza sobre los delitos de calle contra la propiedad y se detiene frente a los delitos del poder. El giro no es técnico. Es político. Se abandona una lógica de revisión integral y se adopta un criterio selectivo. Castigar con mayor dureza los delitos comunes y hacer la vista gorda o directamente favorecer los de cuello blanco.

    El texto prioriza el aumento de penas para delitos como robos, hurtos, entraderas, salideras bancarias y estafas, en línea con una agenda de seguridad urbana y se abandona la lucha contra la corrupción, antes descripta por Milei como una de las causas estructurales de la decadencia argentina. En el anterior proyecto se proponía incluso declarar impescriptibles los delitos de corrupción. Nada de eso quedó en la modificación de Mahiques.

    El nuevo texto incluso introduce cambios en materia probatoria. Se ajustan los criterios de admisión de pruebas. Se limitan algunos mecanismos que hoy permiten incorporar evidencia en las causas. Un punto con impacto concreto, por ejemplo, en el caso Libra. Las modificaciones podrían afectar la validez de pruebas clave y habilitar su nulidad. 

    El texto también introduce cambios en delitos de lesa humanidad. Según el nuevo enfoque, se revisan criterios que hasta ahora tenían un tratamiento específico, lo que en la práctica abre la puerta a discusiones sobre su encuadre y alcance. Juristas advierten que, aunque no se modifican principios centrales como su imprescriptibilidad, sí se generan zonas grises en la interpretación que podrían ser utilizadas en planteos judiciales de los genocidas.

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    Pero mientras la sesión no tenía mayor atractivo que los discursos de los senadores contra la presentación de Federico Sturzenegger este miércoles, cuando defendió el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la mirada ya está puesta en la audiencia por la que deberá pasar Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el próximo 16 de abril.

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    En ese sentido, el pliego de la prórroga que Mahiques consiguió de parte de Milei para continuar en su cargo en la Cámara de Casación, después que cumpla 75 años en noviembre próximo, ya cosechó las impugnaciones de ACIJ e INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales). Las organizaciones solicitaron que se rechace el pliego porque «no se puede otorgar un nuevo nombramiento a quien no fue nombrado con anterioridad».

    En efecto, Mahiques llegó a la Casación Federal luego de un traslado efectuado en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, desde su cargo original en un fuero de la Justicia ordinaria.

    Juan Carlos Pagotto y Anabel Fernández Sagasti.

    Sin embargo, la Corte Suprema declaró inconstitucional ese tipo de traslados en 2020, en el fallo «Bertuzzi», otro juez trasladado por Macri. «Validar un nuevo nombramiento implicaría perpetuar una situación inconstitucional que debe ser corregida inmediatamente por el Senado de la Nación», advierten las organizaciones.

    El fallo del máximo tribunal estableció que los traslados no pueden equipararse a los nombramientos y, por eso, sus detractores alegan que «no se puede prorrogar un cargo al que se accedió de manera provisoria». «La única vía constitucional para que Carlos Mahiques pueda continuar en la Cámara Federal de Casación Penal luego de los 75 años es presentarse al concurso que el Consejo de la Magistratura inicie cuando se produzca la vacante», desafían ACIJ e INECIP.

     

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  • Recesión: Se derrumban las ventas en los comercios de Rosario

     

     La crisis económica golpea con fuerza al comercio de Rosario. Un relevamiento de la Federación Gremial reveló una retracción sostenida con caída de ventas y aumento del endeudamiento.

    Según la encuesta realizada en los primeros días de abril, el 60% de los comerciantes registró una disminución en sus ventas durante el último mes, mientras que apenas un 16% reportó mejoras. En promedio, la caída interanual de los ingresos alcanza el 6,5% mientras que los costos fijos como alquileres, impuestos y servicios continúan subiendo.

     El 60% de los comerciantes registró una disminución en sus ventas durante el último mes, mientras que apenas un 16% reportó mejoras. La caída interanual de los ingresos alcanza el 6,5% mientras que los costos fijos como alquileres, impuestos y servicios continúan subiendo 

    El empresario Miguel Ruocco explicó a LPO que la recesión está generando un reacomodamiento profundo en el sector. «El comerciante que puede migrar a la venta online está empezando a cerrar el local físico para bajar costos», señaló.

    La caída de las ventas afectó al 60% de los comerciantes consultados por la Federación

    El fenómeno ya se evidencia en un aumento de locales vacíos en zonas comerciales de la ciudad, con impacto directo en la recaudación.

    El tema se complica porque a la caída de la demanda se suma el encarecimiento del crédito y las dificultades para acceder a financiamiento. «Para conseguir un préstamo hay que presentar una carpeta enorme y aun así te prestan a tasas altísimas, salvo que seas diputado o funcionario libertario», ironizó un comerciante sobre el escándalo de los créditos del Banco Nación.

     Para conseguir un préstamo hay que presentar una carpeta enorme y aun así te prestan a tasas altísimas, salvo que seas diputado o funcionario libertario 

    Además, el panorama se hace más oscuro por la demora en los pagos de tarjetas de créditos y billeteras virtuales, lo que agrava los problemas de liquidez.

    En ese escenario, las empresas comenzaron a ajustar por el lado más sensible: el empleo. Se reducen puestos informales, se eliminan turnos y prácticamente desaparecen los trabajos eventuales o de temporada. «Ya no se convoca personal extra, se achican al máximo», describen en el sector.

    La crisis se expresa en el grado de endeudamiento de los comerciantes

    El endeudamiento también creció como respuesta a la urgencia. Casi la mitad de los comercios (49%) incrementó sus niveles de deuda en el último año, y muchos recurren a prestamistas informales para cubrir gastos corrientes. «No es inversión, es para apagar incendios», explicó Ruocco.

    «En la última semana del mes no abrimos caja hasta el mediodía», contó un comerciante del rubro librería para ilustrar la situación. A la par, aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo: «Recibimos CV constantemente, gente formada que acepta cualquier puesto».

    El informe también refleja expectativas poco alentadoras donde el 40% cree que las ventas seguirán cayendo en los próximos meses y otro 40% prevé estancamiento. Solo 2 de cada 10 comerciantes esperan una mejora.

    El principal problema, según los propios comerciantes, sigue siendo la falta de demanda, seguida por la presión impositiva, el costo de los alquileres y la falta de financiamiento. Un combo recesivo difícil de disimular.

     

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