GeoPark reafirma su estrategia de crecimiento en Vaca Muerta

 

Este miércoles 25 las y los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro de actividades por 24 horas en reclamo de salario igual a la canasta familiar. También realizarán un festival solidario desde las 9.30 en la sede del principal hospital pediátrico del país (Combate de los Pozos 1881, CABA), del que participarán Peteco Carabajal, Baila La Chola, Camionero, Koufequín, Las Manos de Filippi, Mundo Arlequín y Divertrap, entre otros artistas. Al mediodía habrá una «ñoqueada a lo Adorni», en respuesta al vocero presidencial, Manuel Adorni, que acusó de «vagos» y «ñoquis» al personal en lucha. Mientras, el domingo 29 realizarán un paro parcial de 7 a 14 y habrá una bicicleteada desde el Obelisco organizada por madres y padres de pacientes. En este marco, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan desmintió y repudió las falsedades dichas por Javier Milei al operador oficialista Esteban Trebucq, que ya habían sido difundidas por Adorni, el ministro de Salud, Mario Lugones, y su viceministra, Cecilia Loccisano. «No aceptaremos más campañas de estigmatización ni el intento de debilitar el reclamo legítimo por condiciones dignas de trabajo, financiamiento real y respeto institucional», remarcan. Por ANRed.

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Continúa con fuerza el conflicto que mantienen las y los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan, el principal hospital pediátrico del país, que luchan por condiciones dignas de trabajo, salario igual a la canasta familiar, contra el desfinanciamiento de la salud pública y el intento de cierre de la institución.

En ese marco, realizarán un nuevo paro de actividades por 24 horas y un festival solidario desde las 9.30 en la sede del hospital (Combate de los Pozos 1881, CABA), para buscar visibilizar el apoyo social al Garrahan y denunciar los recortes presupuestarios y el plan de ajuste del gobierno.

«El Hospital Garrahan se defiende con el corazón del pueblo y el arte en cada rincón. El Garrahan es más que un hospital: es símbolo de cuidado, de comunidad y de esperanza. Y vamos a dejar la piel por él», remarca la convocatoria, que también anuncia la participación en el festival de Peteco Carabajal, Baila La Chola, Rayo aka Big Buda + DJ Pato Smith + Villa Diamante, Camionero, Koufequín, Las Manos de Filippi, Mundo Arlequín y Divertrap entre otros artistas.

 

 

En ese marco, al mediodía realizarán una «ñoqueada a lo Adorni«, en respuesta al vocero presidencial, Manuel Adorni, que acusó de «vagos» y «ñoquis» al personal en lucha. Mientras, el domingo 29 habrá un paro parcial de 7 a 14 y una bicicleteada desde el Obelisco organizada por madres y padres de pacientes.

 

 

La medida de fuerza fue votada en asamblea por las y los trabajadores luego de que el presidente Javier Milei difundiera falsedades sobre el presupuesto del hospital pediátrico el pasado jueves 19 de junio de 2025 en el canal LN+, en una entrevista con el periodista Esteban Trebucq. «En sus declaraciones, el presidente repitió falsedades que ya habían sido difundidas por su vocero presidencial, Manuel Adorni, por el ministro de Salud nacional, Mario Lugones, por su viceministra Cecilia Loccisano, y en comunicados de la red social X (ex Twitter) del Ministerio de Salud nacional y del Hospital Garrahan, que son mentira y que pueden verificarse con los mismos datos oficiales del propio Hospital Garrahan en https://www.garrahan.gov.ar/PDFS/Estadistica/Anuario_2024.pdf«, denunció en un comunicado la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT).

Milei había sostenido que su gobierno «aumentó 240% el presupuesto del Garrahan», que «el 70% del personal es administrativo» y que el hospital «fue usado para esconder militantes políticos». Además, negó la crisis salarial de la institución, cuestionó el régimen de residencias médicas y calificó de «basuras» a periodistas por cubrir el conflicto del hospital.

«No aceptaremos más campañas de estigmatización ni el intento de debilitar el reclamo legítimo por condiciones dignas de trabajo, financiamiento real y respeto institucional – expresaron desde la APyT – Por lo que exigimos una retractación inmediata del presidente de la Nación; que se transparente el presupuesto del hospital y se abran canales de diálogo reales; que se detengan las campañas de difamación contra el personal del Garrahan y los medios que informan con datos; y que se restituya el respeto por el trabajo de quienes día a día cuidan la salud de las niñas, niños y adolescentes de todo el país. El Hospital Garrahan no se vacía en silencio. Se defiende con datos, con trabajo, con verdad y con la comunidad. El Garrahan ya es una causa nacional», sentencia la asociación.

En la misma línea que la APyT, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, expresó: «el propio Javier Milei ratificó las barbaridades que vienen diciendo sus funcionarios, incluidas flagrantes mentiras. Por ejemplo, que el personal administrativo es mayoría, cuando representa solo al 10% del total, según las estadísticas oficiales de una institución que está controlada en su gestión por el gobierno desde diciembre de 2023. El presidente llegó a sostener la aberración de que un salario superior a los $380.000 superaría la línea de pobreza. Como si todo esto fuera poco, planteó que las residencias deberían ser sin salario, lo cual desmantelaría por completo el sistema público de salud», declaró.

Lipcovich también denunció: «mientras el personal del Garrahan protagoniza hitos de la salud pública con salarios de hambre, el consejero nombrado por el gobierno a dedo (Jorge Menehem) acaba de dejar de estar nombrado ad honorem para pasar a percibir un salario bruto cercano a los 6 millones de pesos. Son la peor casta, y encima al servicio de destruir la salud pública», sentenció.

En tanto, Diego Saavedra, delegado de ATE Garrahan, relató: «seguimos peleando por un urgente aumento de salarios para todas y todos y para frenar el vaciamiento que el gobierno está llevando adelante. Hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo donde ni las autoridades del hospital ni del ministerio se presentaron. No hubo ninguna propuesta. Una verdadera burla. Justo cuando se acaba de dar otro hito en el hospital, donde nuestros profesionales acaban de hacer una cirugía inédita a pesar de los salarios de pobreza de Milei».

«También, creamos un fondo de lucha para poder amortiguar los descuentos que nos hace el gobierno y poder seguir la pelea«, agregó, en referencia al alias: garrahanenlucha.25

Las mentiras de Milei, desmentidas punto por punto

Compartimos la respuesta, punto por punto, de la APyT a cada una de las afirmaciones de Milei:

1. Sobre la composición del personal:

Las cifras que utiliza el presidente son falsas, contradicen el anuario estadístico oficial del Hospital Garrahan de 2024, elaborado bajo la gestión del propio gobierno nacional. Según ese informe, el 68% de los trabajadores del hospital (3.190 de 4.728) se desempeñan en funciones asistenciales, es decir, en contacto directo con los pacientes. El personal administrativo es de 473 personas, no 953 como afirmó anteriormente el vocero Adorni. De los datos oficiales también vemos que el personal asistencial incluye médicos, enfermeros, técnicos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos, trabajadores de salud mental, entre muchos otros.

2. Sobre el presupuesto:

El gobierno nacional asegura que hubo un aumento presupuestario del 240%, sin transparentar los datos reales ni considerar que ese número no se tradujo en una mejora salarial ni en un aumento equitativo a la inflación para el funcionamiento del hospital. Por el contrario, desde diciembre de 2023 se registra una caída real del presupuesto del Garrahan, en un contexto de inflación acumulada en pesos del 310% (datos INDEC) de diciembre de 2023 a hoy, acompañado de una inédita inflación en dólares que golpea a todo insumo o maquinaria importada, que es muy significativo en el sector salud y sin actualización acorde al costo de funcionamiento de una institución de alta complejidad pediátrica nacional como es el Garrahan.

3. Sobre los salarios:

El presidente cuestionó las comparaciones salariales realizadas por trabajadores del Garrahan, diciendo que “mintieron”. La realidad es que un profesional del hospital cobra en promedio por debajo de la canasta familiar actual de 1.800.000 pesos, muy por debajo de lo que se paga por hora en el sector privado (entre 11.000 y 27.000 pesos en el sector privado frente a los 6.000 del Garrahan). Este deterioro ha provocado más de 200 renuncias de profesionales en lo que va del año.

4. Sobre las residencias:

Las declaraciones del presidente sobre el régimen de residencias médicas en Argentina y su comparación con otros países son, como mínimo, inexactas y estigmatizantes. Las residencias en el Garrahan son parte central del funcionamiento cotidiano del hospital. Las y los residentes no son empleados del hospital, sino que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, y trabajan a jornada completa con ingresos muy por debajo de lo necesario para cubrir el costo de vida. Cuando comenzó el conflicto salarial de las y los residentes hace unas semanas, cobraban casi 800 mil pesos. Vale recordar que son médicos y médicas de los mejores promedios, y que no pueden vivir con eso. Luego, gracias a la gran repercusión nacional, recibieron una recomposición mínima e insuficiente, pero abandonaron las medidas de fuerza debido a amenazas del Gobierno, que hemos ya denunciado públicamente. Pero en la planta del Garrahan las medidas de fuerza siguen, nosotros no dependemos del Ministerio de Salud sino que somos empleados del hospital. Sí nos alcanzan los dictados de conciliación obligatoria, y la última fue declarada nula por los canales formales correspondientes, al llevarla adelante de manera totalmente irregular el gobierno nacional.

5. Sobre los ataques a la prensa:

El periodismo en un 95% o más defendió y defiende la lucha por la subsistencia del Garrahan, tanto en medios chicos, medianos y grandes, los llamados “medios hegemónicos”.

En LN+ este 19/6/2025 el presidente insultó a periodistas que informaron sobre este conflicto, llamándolos “basuras”, “delincuentes” e “impresentables”. Esta violencia verbal institucional es inadmisible y atenta contra la libertad de prensa. Rechazamos de forma categórica esta actitud, que intenta criminalizar la cobertura de una protesta legítima y basada en datos verificables.

 

6. Sobre la conducción del Hospital Garrahan:

Desde el 10 de diciembre de 2023, el Hospital Garrahan es administrado por un Consejo de Administración designado por el gobierno nacional, así como lo hace cada gobierno “de turno”. Al día de hoy, la gestión Milei ya designó dos ministros de Salud de la Nación, dos Consejos de Administración del Garrahan diferentes, y tres presidentes/as distintos, la última hace unos días. Y los datos oficiales que contradicen las declaraciones hace horas del presidente y antes de sus funcionarios, provienen de este mismo hospital, bajo la administración del propio gobierno nacional. Insólito, indignante, repudiable, denunciable.

7. 600 mil consultas por año.

Nuestro hospital atiende 600 mil consultas por año, de las cuales 400 mil son de alta complejidad. El 40% de los niños con cáncer del país se atienden en el Garrahan. Es un centro de referencia también en trasplantes de órganos.

8. Autofinanciación (ley SAMIC)

El Hospital Garrahan, además de su financiamiento estatal —80 % nacional y 20 % porteño—, cuenta con un importante componente de autofinanciamiento amparado por su régimen jurídico como hospital descentralizado bajo la Ley SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad). A través de este mecanismo, el Garrahan cobra prestaciones a obras sociales, prepagas y mutuales por los servicios que presta a pacientes con cobertura privada. Este ingreso no es menor: refleja el reconocimiento que tiene la institución en todo el sistema de salud argentino, incluso entre prestadores privados. Gracias a la excelencia profesional y científica de su equipo de salud, integrado por médicos y médicas que han recibido premios nacionales e internacionales, el Garrahan se ha transformado en un centro de derivación incluso para clínicas privadas. Muchos casos complejos que no encuentran respuesta en los principales sanatorios del país terminan siendo atendidos en el Garrahan, lo que habla de su prestigio como institución de referencia en pediatría de alta complejidad. Este rol estratégico, sostenido por el compromiso del personal y la inversión en formación e infraestructura, es también una fuente genuina de ingresos que se reinvierte en el funcionamiento del hospital.

 

 

Bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país». María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró. El Estado policial avanza. Por ANRed.

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Tras publicar esta madrugada en el Boletín Oficial el decreto 383/2025, este martes 17 de junio a las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los detalles del DNU, que separa a la Policía Federal de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, el DNU autoriza a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional».

«Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI«, celebró Milei, haciendo referencia a país del norte gobernado de forma autoritaria por Donald Trump, que reprime y amenaza a buena parte de su población por protestar en las calles contra las redadas masivas antimigrantes, acumulando episodios espantosos, crueles y disparatados; y al país de Medio Oriente gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que acumula repudios en todo el mundo por sus incontables crímenes de guerra en el marco del genocidio planificado que desata día a día sobre la población palestina en la Franja de Gaza.

Siguiendo su entusiasmo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «el corazón de esta nueva PFA» va a estar concentrada «en una tarea fundamental: llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país«.

Además de inaugurar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el decreto 383/2025, que expresa el objetivo de «reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos», autoriza a la PFA a «realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas». En la misma línea, la reglamentación también habilita a la fuerza a realizar detenciones sin orden de un juez.

Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicosdigitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas yprincipios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente

En esa línea, el DNU le permite también a la PFA «tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal«, además de la facultad de «solicitar el acceso a bases privadas«.

También, en su artículo 6, inciso 8, habilita a la fuerza a «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, además de requisar a personas o bienes, cuando haya elementos suficientes que «hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo». Es decir, la posibilidad de requisar o detener queda sujeto al criterio discrecional de cada agente o de las órdenes de la mismísima Bullrich.

El DNU incluye, además, la prohibición de la posibilidad de que la fuerza sea conducida por un civil. En ese sentido, en el artículo 20 del capítulo II del Anexo establece que «la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA será ejercida por UN (1) Oficial Superior de la máxima jerarquía de la institución en actividad o retiro, que designará al efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL».

Finalmente, el decreto firmado por Milei, Bullrich y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, crea un Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina», bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y que señala que será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes. Asimismo, el punto 9 del DNU declara en emergencia a la Federal por dos años, lo que concede discrecionalidad al ministerio que conduce Bullrich para hacerse cargo de las licitaciones express.

«Estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas»

Entrevistada esta tarde por Alejandro Bercovich en «Pasaron Cosas» (Radio Con Vos), María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), consideró que con este nuevo DNU del gobierno nacional «ahora la Policía Federal pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional«, porque «le dan facultades para hacer ciberpatrullaje, las páginas web que visitamos, requisas, detenciones y allanamientos«.

Asimismo, tras historizar los fallos a favor y en contra y debates judiciales en torno a la cuestión particular de las requisas durante los últimos 40 años, Verdú recordó que «en los últimos fallos la Corte iba en contra de estas requisas», y consideró que «lo que hace esta resolución es habilitar de forma absolutamente discrecional las requisas sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia» y, al respecto, parafraseó al periodista y militante Rodolfo Walsh, quien sostenía: «ya sabemos que los antecedentes y el fierro también lo ponen los policías».

Pero, principalmente, hizo hincapié en la gravedad del último párrafo del DNU, que habilita «la exhibición ostensible del arma de fuego», cuando la policía lo considere necesario.

«Lo que pretende Patricia Bullrich es esto de convertir a la PFA en una especie de FBI, cuando en realidad la PFA tiene funciones muy claras. Tienen todo el paquete de delitos federales a su cargo. Tienen dos funciones básicas: la de la prevención y la judicial. Distingamos, como es en EE.UU., la policía de prevención, que está en la calle, y otra la de investigación, que es la policía judicial, que tiene que depender de los jueces«, remarcó.

Para finalizar, consideró: «es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo desde diciembre de 2023 a la fecha, que explican porqué decimos que ya no estamos, como con Macri y Bullrich, en un estado de excepción no declarado, sino que estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas. Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos. Porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el sistema represivo estatal», alertó.

En tanto, en un comunicado titulado «Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión«, CORREPI remarcó que a partir del nuevo DNU, «en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial», y que, para eso, «también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información». También, remarca que «la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos».

El organismo antirrepresivo también destaca «la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público». Es decir, «basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos», advierte CORREPI.

Asimismo, alerta: «en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supra constitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado».

«Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional, que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social«, finaliza el comunicado de CORREPI.

 

 

La fiscalía de Delitos Ambientales realizó un allanamiento en el predio del basurero petrolero Comarsa del Parque Industrial de Neuquén. El traslado de los residuos tóxicos desde allí hacia Añelo, acordado en 2024 entre la empresa y la Secretaría de Ambiente de Neuquén, permite ahora acceder a otras superficies en las que tomar las nuevas muestras. El procedimiento se concretó en el contexto de la causa contra el dueño y dos ejecutivos de la empresa por los delitos de contaminación y administración fraudulenta y tuvo como objetivo tomar esas muestras y secuestrar documentación sobre movimientos de suelos, traslados y disposición de residuos. La gran cantidad de residuos de la explotación de Vaca Muerta sigue siendo un problema irresuelto para la provincia. Por OPSur.

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“Ya en 2023 y 2024 se había allanado a Comarsa con el fin de tomar muestras de suelo en el predio. Pero el alcance fue acotado por la enorme cantidad de residuos en el lugar, lo que imposibilitó el acceso a determinados sectores”, dijo el fiscal de la causa Maximiliano Breide Obeid en relación al motivo de este nuevo ingreso.

Según el querellante Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, “lejos de ser un asunto resuelto como pretenden las autoridades políticas de Neuquén, este allanamiento refuerza las medidas de investigación”. Colombo explicó que es el quinto allanamiento a la empresa, y que se concreta “junto a muchas otras medidas que ratifican que Comarsa cometió delitos de contaminación, usurpación de tierras públicas y un fraude millonario escandaloso a lo largo de más de 10 años. Todo en el contexto de la gestión de la basura petrolera del fracking de Vaca Muerta”.

Por fuera de la causa judicial, en octubre de 2024 Comarsa acordó con la Secretaría de Ambiente trasladar los residuos ubicados en Neuquén a la planta de disposición final de Indarsa en Añelo en un plazo de 24 meses. Según el convenio, la empresa no trasladaría los 31.000 m³ de residuos en biopilas pero retiraría los 210.000 m³ acopiados. Con ese objetivo, se pautó la obligación de retirar 17.500 m³ por bimestre. Entre enero y febrero de este año, cuando comenzó a concretarse el convenio, la compañía movió 11.500 m3. Es decir, solo el 65% de lo acordado.

Al día de hoy, no hay información pública que permita saber si Comarsa cumplió con los volúmenes establecidos para el segundo bimestre. La Secretaría de Ambiente no publicó informes actualizados ni respondió los pedidos de información realizados por la Fiscalía y las querellas sobre las cantidades transportadas y qué tipo de análisis se les realizó. Tampoco se conoce si se iniciaron sanciones por el incumplimiento anterior de la empresa.

Accedé al informe La basura del fracking en Vaca Muerta sobre el tratamiento de residuos de la empresa Comarsa.

Fuente: https://opsur.org.ar/2025/06/11/allanaron-comarsa-tomaron-muestras-del-suelo-que-esta-siendo-trasladado-a-anelo/

 

 

El portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, Jiang Bin, lanzó una dura advertencia al gobierno japonés, afirmando que Japón enfrentaría una “derrota aplastante”, si se atreve a intervenir militarmente en la cuestión de Taiwán.

La declaración surge como respuesta directa a los dichos de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien señaló que las Fuerzas de Autodefensa de Japón podrían ejercer el derecho de defensa colectiva si China emplea la fuerza contra la isla.

Las afirmaciones fueron realizadas este viernes durante una conferencia de prensa en China, donde Jiang Bin calificó los comentarios de Takaichi como una interferencia grave en los asuntos internos chinos y una violación al principio de “una sola China”.

En ese ámbito, el vocero explicó cómo las declaraciones japonesas envían señales erróneas al movimiento separatista taiwanés, las consideró “extremadamente irresponsables y peligrosas” y reafirmó que cualquier intento extranjero de intervenir en Taiwán será enfrentado con una respuesta contundente del Ejército Popular de Liberación.

Declaraciones de Jiang Bin

Jiang, puntualizó que «las declaraciones erróneas sobre Taiwán hechas por el líder japonés constituyen una grave interferencia en los asuntos internos de China y una seria violación del principio de una sola China, del espíritu de los cuatro documentos políticos entre China y Japón y de las normas básicas que rigen las relaciones internacionales».

Las declaraciones de la primera ministra japonesa desafiaron el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y envían señales muy equivocadas a las fuerzas separatistas de la «independencia de Taiwán«, indicó el vocero.

Además, recalcó que «tales palabras son de naturaleza e impacto extremadamente negativos. Son extremadamente irresponsables y peligrosas».

El vocero ratificó que la cuestión de Taiwán constituye un asunto puramente interno de China, que no admite interferencia extranjera.

«Si la parte japonesa no aprende de la historia y se atreve a correr riesgos, o incluso a usar la fuerza para interferir en la cuestión de Taiwán, solo sufrirá una derrota aplastante ante el Ejército Popular de Liberación con una voluntad de acero y pagará un alto precio», advirtió Jiang.

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Vialidad Nacional deberá reparar de manera urgente la Ruta 40 en la provincia de Río Negro, tras un fallo en ese sentido del juez Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva. El magistrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por la provincia de Río Negro y otros organismos. La resolución también obliga a ejecutar la señalización en los lugares donde sí se realizaron trabajos de bacheo.

La causa fue iniciada ante la falta de respuestas oficiales y la creciente peligrosidad del tramo, una situación denunciada reiteradamente por la Provincia, informó el gobierno del gobernador Alberto Weretilneck en un comunicado oficial.

«Se trata de una vía fundamental para la conectividad andina y el desarrollo económico y turístico, cuyo estado de deterioro pone en riesgo la seguridad, la integridad física y la vida de quienes la transitan diariamente», dice el texto difundido.

La sentencia

La sentencia establece que Vialidad Nacional debe ejecutar de inmediato, con cargo al presupuesto 2024, un conjunto de trabajos esenciales para garantizar la seguridad vial.

Entre las obligaciones más urgentes figuran la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; la corrección de los descalces de banquinas; la reposición de la señalización horizontal en los sectores intervenidos; y la colocación de señalización vertical diurna y nocturna en curvas, badenes, zonas con riesgo de derrumbe y demás puntos críticos.

Todas estas intervenciones deben realizarse sin reprogramaciones ni demoras administrativas.

En cuanto a los plazos, el fallo fija un esquema preciso de cumplimiento. Dentro de los primeros 90 días, Vialidad Nacional deberá presentar un relevamiento completo de todos los puntos críticos del tramo, acompañado por un cronograma detallado de ejecución de cada reparación ordenada. En el mismo plazo, tendrá que elevar un informe técnico que confirme o descarte el riesgo de arrastre de material rocoso. Si el riesgo existe, deberá proponer las medidas correctivas y especificar los tiempos de aplicación.

Asimismo, en ese período deberá informar si es necesario instalar puestos de control de carga y, en caso afirmativo, qué medidas implementará y en qué plazos.

En tanto, a los 120 días, la sentencia exige la presentación de un plan integral de mantenimiento para aplicar una vez finalizadas las reparaciones urgentes, con acciones preventivas y de conservación futura que permitan sostener en el tiempo la seguridad del tramo.yed0Xg

La sentencia firme reafirma el rol de la Provincia en la defensa de la vida, la seguridad vial y la integridad física de quienes transitan una de las rutas más importantes para la conectividad andina y el desarrollo turístico y económico del sudoeste rionegrino.

La Justicia reconoció la inacción del organismo nacional durante años y validó el derecho y el deber de Río Negro de accionar ante incumplimientos del Estado Nacional.

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San Martín de los Andes atraviesa un momento clave para su infraestructura educativa. El intendente Carlos Saloniti destacó el avance que significa la apertura de sobres para construir el edificio del Centro de Formación Profesional N°19, una obra largamente esperada que permitirá ampliar la oferta educativa destinada a jóvenes y adultos de la región.

El acto se desarrolló en Neuquén capital, con la presentación de ofertas por parte de las empresas Blackhall Construcciones SRL y Guigivan SRL. El proyecto contempla una inversión cercana a los $7 mil millones, ejecutada con fondos provinciales, y un plazo de obra de 510 días corridos, para un establecimiento de 2.300 metros cuadrados totalmente equipados para la capacitación laboral.

Un impulso sin precedentes para la educación pública

Saloniti aseguró que la ciudad atraviesa un período histórico en cuanto a inversión escolar. Subrayó que el Gobierno de la provincia puso en marcha nuevas escuelas, ampliaciones y edificios concluidos, apostando a fortalecer la educación pública y garantizar mejores condiciones de aprendizaje.

“San Martín de los Andes está viviendo un momento histórico en inversión educativa. Hay que seguir creyendo en el Estado y estar convencidos de lo que estamos haciendo”, expresó el intendente.

El jefe comunal valoró especialmente el rol del Estado provincial en este crecimiento, al considerar que la educación es el eje para el desarrollo de la comunidad, la igualdad de oportunidades y la formación en oficios, un área clave para mejorar la inserción laboral en la zona.

Otras obras educativas en marcha y próximas licitaciones

El nuevo edificio del CFP Nº19 no es un caso aislado. Saloniti enumeró avances concretos en materia de infraestructura escolar dentro del ejido municipal:
el nuevo CPEM Nº96 en Cordones de Chapelco, la sede de la Escuela Integral Nº3, ampliaciones en el CPEM Nº13, la EPET Nº21 y la Escuela Nº33 de Quila Quina, además de las escuelas ya inauguradas 155 de Pil Pil, 116 de Lolog y 48 de Lago Hermoso.

A esto se suma un nuevo anuncio: la licitación del CIART Nº5 se realizará en noviembre, extendiendo aún más el plan educativo local.

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