Furor en Neuquén por la capacitación en Inteligencia Artificial

Imagen: @ate.justiciayddhh

La Junta Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nucleada en ATE Capital, convoca este viernes 30 de mayo a las 17 horas en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), ubicado en Avenida Del Libertador 8151 (CABA), para realizar una «caminata en defensa de las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos», contra los despidos y el vaciamiento de los Espacios de Memoria. El gobierno nacional anunció ayer que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal, que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA», en el marco del «mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes», indicó el Ministerio de Justicia. Abuelas de Plaza de Mayo ya había advertido por el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos. Por ANRed.

Así convocaron desde las redes sociales los/as delegados/as de ATE Capital de la Secretaría de Derechos Humanos: «ante los avances del gobierno contra la Secretaría de Derechos Humanos, nos convocamos este viernes 30 de mayo a las 17 horas para defender las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos en la ex ESMA (Av. Del Libertador 8151). ¡Lxs esperamos!».

En ese marco, convocan también a adherir de manera online a la convocatoria.

En declaraciones a Entre Líneas PQV (FM 105.9), Octavio Rampoldi, delegado de ATE en la Secretaría de Derechos humanos amplió: «la última semana, el Ministerio y el Gobierno Nacional definieron degradar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a una subsecretaría. También se definió que el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria pasen a hacer oficinas dentro de otra dependencia, que es el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, con lo cual está degradando la institucionalidad y el rango que tienen todas estas dependencias. Cuando hablamos del Archivo Nacional de Memoria, estamos hablando de una institución de jerarquía internacional que es consultada por investigadores de todo el mundo. Hoy realmente vienen y nos llaman permanentemente de todo el mundo, desde Francia, de Italia, de España, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil. Vienen investigadores de todo el mundo a consultar nuestro acervo».

Imagen: @ate.justiciayddhh

En la misma línea, agregó: «lo que nosotros venimos denunciando es el desmantelamiento. Porque claramente a ellos no les interesa las políticas de derechos humanos. El anuncio fue que iban a hacer una reducción del 40% en la estructura organizativa y de un 30% de los trabajadores. Ahora, tengamos en cuenta esto: ya la Secretaría de Derechos Humanos vio reducida su planta total en más de la mitad durante un año y medio».

Como parte de esta avanzada gubernamental, el gobierno de Javier Milei anunció este miércoles 28 de mayo, a través del Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA».

«Este inmueble, anteriormente destinado a programas ideológicos y actividades político partidarias, será utilizado para fortalecer la infraestructura judicial y contribuir de forma directa a la lucha contra la inseguridad. Nuestra decisión se enmarca en el mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos. Reafirmamos nuestro compromiso de brindarle a los jueces y fiscales todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes», finaliza el comunicado oficial del Ministerio de Justicia.

El pasado viernes 23 de mayo, Abuelas de Plaza de Mayo ya había denunciado una nueva escalada en las políticas de vaciamiento de las políticas de Memoria y Derechos Humanos por parte del gobierno de Javier Milei. En ese sentido, advirtió que las primeras medidas de esta nueva avanzada del gobierno nacional eran el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

«La medida vulnera el derecho a la verdad y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. En todos los casos, los organismos verán reducida su planta jerárquica y de trabajadores, generando, como viene sucediendo, la ralentización del trabajo por falta de personal y el desfinanciamiento de tareas centrales para la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado y las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese período», remarcaron desde Abuelas.

El conflicto que mantiene en vilo a la industria pesquera del langostino sigue sin resolverse, mientras la flota congeladora permanece detenida en los puertos y miles de trabajadores se encuentran sin actividad. El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, intervino en las últimas horas con gestiones para intentar destrabar la situación, a pesar de que la resolución excede las competencias provinciales.

Este viernes 13 de junio, a las 9:30 de la mañana, se realizará una reunión clave en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. Al encuentro asistirán los gobernadores de las provincias costeras afectadas (Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Buenos Aires, Chaco y Corrientes) junto con representantes sindicales y funcionarios del Gobierno nacional. La expectativa gira en torno a encontrar un principio de acuerdo que permita reactivar la actividad.

En paralelo, trabajadores afiliados al SOMU, en desacuerdo con la conducción central del gremio, llevaron adelante protestas en la Ruta 3, en el ingreso sur a Puerto Madryn. Según César Zapata, referente local del sindicato, el reclamo no apunta a mejoras económicas, sino al derecho básico de volver a trabajar.

El trasfondo del conflicto es complejo

En total, 113 barcos permanecen inactivos, lo que frena una cadena productiva que genera anualmente cerca de 600 millones de dólares en exportaciones. La parálisis afecta severamente a localidades pesqueras clave como Mar del Plata, Puerto Madryn y Puerto Deseado.

Las cámaras Capeca y Capip aseguran que el convenio colectivo vigente desde 2005 necesita una revisión urgente. El principal punto de tensión es un pedido de reducción del 30% en el componente salarial por producción, que fue establecido cuando el precio del langostino era de 12 dólares por kilo, frente a los actuales 5,50 dólares, con costos que superan los 6,50 dólares por kilo.

Mientras tanto, la industria sigue paralizada y los trabajadores, sin certezas. La reunión del viernes se presenta como una oportunidad crucial para encaminar una solución.

The post Crisis: la pesca del langostino paralizada y miles de trabajadores en riesgo first appeared on Alerta Digital.

Nación activó un fuerte operativo de seguridad en la frontera con Brasil ante el avance de organizaciones criminales brasileñas que amenazan con cruzar al país.

La medida fue anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y tiene como objetivo principal frenar la expansión de bandas como el temido Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho y Bala Na Cara. Para eso, se puso en marcha el Plan Guaçurarí, un esquema que refuerza la vigilancia en la provincia de Misiones, una zona considerada crítica por el alto nivel de actividad delictiva transfronteriza.

El plan se enfoca en cinco frentes: proteger los puntos más vulnerables de la frontera, especialmente un tramo de 25 kilómetros conocido por el contrabando; mejorar la coordinación entre fuerzas nacionales y provinciales; aumentar los controles en pasos estratégicos como el de Bernardo de Irigoyen; establecer cooperación con autoridades brasileñas y actores locales; y fortalecer la presencia del Estado con apoyo de inteligencia criminal.

Desde hace varios meses, las fuerzas de seguridad vienen realizando operativos en la zona que derivaron en el decomiso de drogas y mercadería ilegal. Sin embargo, estos avances también provocaron represalias violentas, incluyendo amenazas, atentados y ataques armados contra efectivos de la Gendarmería.

El PCC, nacido en las cárceles de San Pablo, es hoy la banda criminal más grande y estructurada de Brasil, con miles de miembros y una red internacional que llega a Europa, Asia y Sudamérica. Su actual líder fue detenido recientemente en Bolivia y trasladado a Brasil.

Por su parte, el Comando Vermelho mantiene su poder en las favelas de Río de Janeiro y también opera fuera de Brasil, incluso con vínculos con disidentes colombianos. Bala Na Cara, aunque más pequeño, se distingue por su brutalidad y su especialización en explosivos, y ha extendido su influencia hacia Paraguay y zonas cercanas a Argentina.

The post Refuerzan la frontera con Brasil ante la amenaza de bandas criminales first appeared on Alerta Digital.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) oficializó, en las últimas horas, un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), documento reservado que establece los lineamientos estratégicos que guiarán la labor del organismo en los próximos años. Si bien retoma prioridades históricas como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur y la Antártida, también incorpora conceptos ambiguos que podrían abrir la puerta a tareas de inteligencia sobre ciudadanos, periodistas y analistas críticos del gobierno de Javier Milei. Por Tribuna de Periodistas.

El plan fue elaborado bajo la conducción de Sergio Neiffert, jefe de la SIDE, y detalla en 170 páginas los intereses estratégicos del país, los objetivos generales de inteligencia y posibles acciones concretas. Aunque el documento está plagado de formulaciones generales, zonas grises y definiciones abiertas, incluye pasajes que podrían interpretarse como habilitaciones para vigilar a actores internos, sin establecer límites claros.

Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de recolectar información sobre quienes “erosionen la confianza pública” en los funcionarios responsables de la seguridad nacional. No se aclara si este concepto aplica únicamente a actores extranjeros o si también podría abarcar a ciudadanos, periodistas, académicos o especialistas que cuestionen, por ejemplo, los operativos de seguridad liderados por la ministra Patricia Bullrich frente al Congreso.

Otra sección del PIN identifica como sujetos de interés a quienes generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Gobierno. El texto no especifica si esto alude a actores externos —como fue en su momento la American Task Force Argentina (ATFA), que presionaba a favor de los fondos buitre— o si incluye a economistas críticos, analistas o incluso a quienes el propio presidente Milei califica de “econochantas”.

Además, según publica diario La Nación, el documento menciona como prioridad de la SIDE el monitoreo de quienes busquen “manipular” a la opinión pública durante procesos electorales o promuevan “desinformación”. Esta categoría, nuevamente poco precisa, podría referirse tanto a operaciones extranjeras como las de Rusia en elecciones de países occidentales, como a periodistas y comunicadores acusados desde el oficialismo de divulgar noticias falsas.

En línea con esto, se menciona el uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, para influir en la “percepción” y afectar los procesos “cognitivos” de la sociedad. Queda en el aire si esto permitiría vigilar incluso a influencers afines al oficialismo o funcionarios del propio gobierno que intervienen en redes sociales durante períodos de veda electoral.

El vocero presidencial Manuel Adorni solicitó que se le enviaran preguntas por escrito sobre este tema, pero no respondió antes del cierre de esta edición. La SIDE, cabe recordar, responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los hombres más cercanos al presidente.

El plan señala además que los agentes de inteligencia deberán poner atención a fenómenos asociados con la pobreza, la desigualdad y las migraciones internas, en tanto pudieran representar un riesgo para el “desarrollo integral” del país. Esta formulación, sin mayores precisiones, deja abierta la posibilidad de vigilancia sobre organizaciones sociales o movimientos territoriales.

También se plantea como prioridad el seguimiento de actores que incurran en prácticas monopólicas o de cartelización. No se especifica cómo se compatibiliza esa función con el rol que desempeña la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, actualmente dirigida por Eduardo Montamat.

Hay que recordar que, a nivel presupuestario, la SIDE recibió en mayo una ampliación de $25.250 millones, alcanzando un total anual de $80.872 millones, de los cuales $13.436 millones corresponden a gastos reservados.

Fuente: https://periodicotribuna.com.ar/la-side-habilito-el-espionaje-interno-contra-los-que-erosionen-la-confianza-en-el-gobierno/

El viernes 6 de junio dirigentes de Suteba Tigre fueron notificados de su judicialización por el juez Alfredo Wagner a raíz de una “denuncia maliciosa” de funcionarios de la Dirección General De Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires. En charla con Alfredo Cáceres, referente del sindicato, nos comentó sobre las falsas denuncias que recibieron y las acciones a llevar a cabo por la seccional “para responder a esta ofensiva judicial de la patronal”. Por Ernestina Arias. 

“En la escalada represiva y autoritaria que estamos viviendo en el país, replicada por la DGCyE, que no cesa de desconocer el libre ejercicio de la actividad sindical, los cuadros intermedios de DGCyE optan por judicializar al SUTEBA TIGRE y en particular a María Elisa Salgado, secretaria general, Marina Lascano Warnes, Secretaria de Formación Político Sindical, y Alfredo Cáceres Vocal Titular, de este sindicato. Sin más, esto implica que nuestres compañeres puedan ser detenides ejerciendo su representación sindical o la defensa de docentes del distrito o en sus tareas laborales cotidianas, es decir, obstaculizan el ejercicio de la representación sindical”. De esta forma comienza a denunciar el sindicato de trabajadores de la educación Suteba Tigre en un comunicado emitido el mismo día que recibieron las notificaciones.

En conversación con Alfredo Cáceres, nos explica de qué se trata esa acusación. “Una inspectora del distrito de Tigre nos denuncia, argumentando hechos que tienen que ver con nuestra intervención sindical, como nombrarla, denunciar sus intervenciones, atropellos y demás. Fue alguien que llegó con el macrismo, de una manera como mínimo bastante dudosa, pero más allá de eso su irrupción como inspectora fue ser parte de la persecución desatada contra unos 500 inspectores en aquella época que hizo el macrismo para callar a las escuelas después del estallido de la escuela 49 de Moreno. Y bueno, entonces desde ese lugar arremete con una denuncia penal que el juez Wagner lo que hace es transformarla en una perimetral aunque no se declara competente sino que lo remite al fuero contencioso administrativo o sea que se lava las manos pero deja la medida cautelar de la perimetral. Con lo cual, técnicamente, si nos cruzáramos en una escuela o en la vía pública o en nuestro lugar de trabajo, o ejerciendo el rol de dirigentes, acompañando una intervención en la jefatura o en cualquier otro ámbito, podríamos ser detenidos, porque estaríamos violando la perimetral. Así que concretamente se transforma en un ataque de esta naturaleza”.

Desde el sindicato afirman que “esta ofensiva judicial contra representantes de trabajadores de la educación no es la primera vez que ocurre y pareciera estar completamente avalada por la DGCyE que no ha dado respuesta a ninguna de las presentaciones formales que se han realizado por el sindicato.”

A partir del momento que difundieron la situación empezaron a recibir la solidaridad de la docencia y organizaciones de zona  norte, las cuales siguen recibiendo en sus redes sociales.

“Las campañas reaccionarias que buscan demonizar a les trabajadores acusando de violentes a quienes defiende los derechos de la clase trabajadora abonan la judicialización de nuestras organizaciones”, enuncian en el comunicado y prosiguen “hacemos responsables de la integridad de nuestres compañeres a las autoridades regionales y distritales, Amelia Bressan y Gloria Zingoni, y al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni”.

Finalizan el texto con la convocatoria a asambleas para resolver acciones directas para responder a esta “ofensiva judicial de la patronal”.

Redes sociales

https://www.facebook.com/sutebadetigreconduccionmulticolor

https://www.instagram.com/suteba_de_tigre/?hl=es

Neuquén registró un incremento del 3,6% en el empleo privado formal entre febrero de 2024 y febrero de 2025, consolidándose como la provincia con mayor crecimiento en este rubro a nivel nacional.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en un año se sumaron 5.200 trabajadores registrados en el sector privado neuquino, pasando de 144.400 a 149.600 empleados. Este aumento se dio en un contexto nacional marcado por la caída del empleo, lo que resalta aún más el desempeño positivo de la provincia.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, atribuyó estos avances a una estrategia provincial enfocada en ordenar y fortalecer la economía a través del trabajo.  Además, en el último mes evaluado, Neuquén tuvo una suba del 0,8% respecto a enero, ubicándose entre las provincias más dinámicas junto a San Luis y Córdoba. Mientras tanto, el panorama nacional mostró una contracción interanual del 0,7% en el empleo privado, afectando especialmente a varias jurisdicciones.

Este crecimiento sostenido está impulsado por sectores clave como la construcción, la industria energética y la obra pública, además del programa Emplea Neuquén. Esta iniciativa provincial sigue consolidándose como un instrumento vital para mejorar la capacitación laboral, fortalecer el vínculo entre el Estado y el sector privado, y garantizar que el desarrollo llegue acompañado de empleo genuino y oportunidades reales.

The post Neuquén al frente del crecimiento en el país con 5200 nuevos empleos first appeared on Alerta Digital.