La crisis sanitaria en Argentina ha dejado de ser una preocupación sectorial para convertirse en un problema estructural de magnitud nacional. Las señales de alarma son múltiples: desde la precarización laboral del personal de salud, la falta de insumos médicos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria, hasta episodios escandalosos como la distribución de fentanilo contaminado, que ha puesto en peligro la vida de decenas de pacientes. No se trata de emergencias aisladas, sino de los síntomas de un sistema en colapso. Por Lucio Le Moal, periodista y trabajador de la salud en HIGA San Martín de La Plata.

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Este panorama no es reciente ni accidental. Es el resultado de décadas de desfinanciamiento, fragmentación, decisiones erráticas y, sobre todo, de una ausencia sostenida de políticas de salud pública de largo plazo. La inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la salud son solo la punta del iceberg. A esto se suman la crisis de abastecimiento de medicamentos, las demoras crónicas en la atención y la saturación de servicios clave, como ocurre hoy en el Hospital Garrahan, ícono de la medicina pediátrica argentina.

Pero más allá del diagnóstico técnico, lo que subyace es un debate profundamente ideológico: ¿la salud debe ser garantizada por el Estado como un derecho humano, o gestionada por el mercado como un bien de consumo? Dos modelos están en pugna: el modelo estatal/nacional y el modelo liberal-mercantil.

El modelo estatal/nacional: salud como derecho y deber indelegable del Estado

Esta visión tiene raíces profundas en la historia sanitaria argentina. Su mayor exponente fue el Dr. Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación, quien sostenía: «Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente al dolor que causa la injusticia social, los microbios como causa de enfermedad son pobres causas.»

Desde esta perspectiva, el Estado debe garantizar el acceso universal, equitativo y gratuito a la atención sanitaria. La planificación estratégica, la producción estatal de medicamentos, la inversión en infraestructura y la dignificación del trabajo profesional son pilares irrenunciables. Para este modelo, la salud no es un gasto, sino una inversión social.

El caso del fentanilo contaminado —que provocó graves infecciones e incluso muertes— expone las consecuencias de tercerizar controles y compras de insumos vitales bajo la lógica del ajuste. Las fallas en los procesos de esterilización, almacenamiento y distribución no solo revelan negligencia, sino que cuestionan la capacidad del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos cuando delega su rol rector en el mercado.

En este marco, la situación crítica del Hospital Garrahan —con renuncias masivas, falta de insumos, demoras en turnos y deterioro edilicio— es la expresión más visible de un modelo en crisis, pero también de lo que ocurre cuando se debilita la responsabilidad estatal.

Como afirmaba Carrillo: «El Estado no puede mirar para otro lado cuando la enfermedad afecta al pueblo. La medicina social no es una opción, es una obligación.»

El modelo liberal-mercantil: la salud como responsabilidad individual

En la vereda opuesta, el pensamiento libertario plantea que el Estado debe reducir su participación al mínimo, promoviendo la competencia entre prestadores privados como mecanismo para mejorar la calidad y reducir costos. Bajo este paradigma, el paciente se convierte en cliente, y la salud en un servicio a ser contratado según las posibilidades económicas de cada individuo.

Se proponen medidas como sistemas de vouchers sanitarios, seguros médicos privados de libre elección, desregulación de laboratorios y privatización progresiva de hospitales.

El caso del fentanilo contaminado, desde esta óptica, demuestra —según sus defensores— que el Estado es ineficiente y que los controles funcionarían mejor bajo lógicas empresariales.

Sin embargo, esta visión ignora un dato clave: el mercado excluye. Y lo hace sistemáticamente. Cuando la atención sanitaria se rige por la rentabilidad, los más pobres quedan afuera. Como decía Carrillo: “No puede haber política sanitaria sin justicia social.”

¿Un punto medio posible?

En un país donde todo debate se polariza, es necesario explorar modelos mixtos o híbridos, como los aplicados en los países nórdicos o en Holanda. Sistemas con financiamiento público, fuerte regulación estatal, pero también con capacidad de gestión eficiente y mecanismos de control social y transparencia.

El desafío argentino es construir un modelo de salud que combine equidad, eficiencia y sostenibilidad. Esto implica no solo mayor inversión, sino planificación estratégica, control efectivo de insumos, mejora de las condiciones laborales y fortalecimiento institucional.

Conclusión: la salud no es una mercancía. La salud no puede ser un campo de batalla ideológica. Pero sí debe ser una política de Estado. La vida de millones de argentinos depende de decisiones políticas que no pueden postergarse. El acceso a un sistema de salud seguro, humano y justo no debe depender del azar, del lugar donde se nace ni del ingreso que se percibe.

Como nos enseñó Carrillo, «Los problemas de la medicina como rama del Estado no se pueden resolver si no hay una política social orientada al bien común.» Hoy más que nunca, debemos retomar ese legado.

Porque en definitiva, la salud de una nación dice mucho más sobre su dignidad que cualquier indicador económico.

 

 

Este miércoles 25 las y los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro de actividades por 24 horas en reclamo de salario igual a la canasta familiar. También realizarán un festival solidario desde las 9.30 en la sede del principal hospital pediátrico del país (Combate de los Pozos 1881, CABA), del que participarán Peteco Carabajal, Baila La Chola, Camionero, Koufequín, Las Manos de Filippi, Mundo Arlequín y Divertrap, entre otros artistas. Al mediodía habrá una «ñoqueada a lo Adorni», en respuesta al vocero presidencial, Manuel Adorni, que acusó de «vagos» y «ñoquis» al personal en lucha. Mientras, el domingo 29 realizarán un paro parcial de 7 a 14 y habrá una bicicleteada desde el Obelisco organizada por madres y padres de pacientes. En este marco, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan desmintió y repudió las falsedades dichas por Javier Milei al operador oficialista Esteban Trebucq, que ya habían sido difundidas por Adorni, el ministro de Salud, Mario Lugones, y su viceministra, Cecilia Loccisano. «No aceptaremos más campañas de estigmatización ni el intento de debilitar el reclamo legítimo por condiciones dignas de trabajo, financiamiento real y respeto institucional», remarcan. Por ANRed.

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Continúa con fuerza el conflicto que mantienen las y los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan, el principal hospital pediátrico del país, que luchan por condiciones dignas de trabajo, salario igual a la canasta familiar, contra el desfinanciamiento de la salud pública y el intento de cierre de la institución.

En ese marco, realizarán un nuevo paro de actividades por 24 horas y un festival solidario desde las 9.30 en la sede del hospital (Combate de los Pozos 1881, CABA), para buscar visibilizar el apoyo social al Garrahan y denunciar los recortes presupuestarios y el plan de ajuste del gobierno.

«El Hospital Garrahan se defiende con el corazón del pueblo y el arte en cada rincón. El Garrahan es más que un hospital: es símbolo de cuidado, de comunidad y de esperanza. Y vamos a dejar la piel por él», remarca la convocatoria, que también anuncia la participación en el festival de Peteco Carabajal, Baila La Chola, Rayo aka Big Buda + DJ Pato Smith + Villa Diamante, Camionero, Koufequín, Las Manos de Filippi, Mundo Arlequín y Divertrap entre otros artistas.

 

 

En ese marco, al mediodía realizarán una «ñoqueada a lo Adorni«, en respuesta al vocero presidencial, Manuel Adorni, que acusó de «vagos» y «ñoquis» al personal en lucha. Mientras, el domingo 29 habrá un paro parcial de 7 a 14 y una bicicleteada desde el Obelisco organizada por madres y padres de pacientes.

 

 

La medida de fuerza fue votada en asamblea por las y los trabajadores luego de que el presidente Javier Milei difundiera falsedades sobre el presupuesto del hospital pediátrico el pasado jueves 19 de junio de 2025 en el canal LN+, en una entrevista con el periodista Esteban Trebucq. «En sus declaraciones, el presidente repitió falsedades que ya habían sido difundidas por su vocero presidencial, Manuel Adorni, por el ministro de Salud nacional, Mario Lugones, por su viceministra Cecilia Loccisano, y en comunicados de la red social X (ex Twitter) del Ministerio de Salud nacional y del Hospital Garrahan, que son mentira y que pueden verificarse con los mismos datos oficiales del propio Hospital Garrahan en https://www.garrahan.gov.ar/PDFS/Estadistica/Anuario_2024.pdf«, denunció en un comunicado la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT).

Milei había sostenido que su gobierno «aumentó 240% el presupuesto del Garrahan», que «el 70% del personal es administrativo» y que el hospital «fue usado para esconder militantes políticos». Además, negó la crisis salarial de la institución, cuestionó el régimen de residencias médicas y calificó de «basuras» a periodistas por cubrir el conflicto del hospital.

«No aceptaremos más campañas de estigmatización ni el intento de debilitar el reclamo legítimo por condiciones dignas de trabajo, financiamiento real y respeto institucional – expresaron desde la APyT – Por lo que exigimos una retractación inmediata del presidente de la Nación; que se transparente el presupuesto del hospital y se abran canales de diálogo reales; que se detengan las campañas de difamación contra el personal del Garrahan y los medios que informan con datos; y que se restituya el respeto por el trabajo de quienes día a día cuidan la salud de las niñas, niños y adolescentes de todo el país. El Hospital Garrahan no se vacía en silencio. Se defiende con datos, con trabajo, con verdad y con la comunidad. El Garrahan ya es una causa nacional», sentencia la asociación.

En la misma línea que la APyT, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, expresó: «el propio Javier Milei ratificó las barbaridades que vienen diciendo sus funcionarios, incluidas flagrantes mentiras. Por ejemplo, que el personal administrativo es mayoría, cuando representa solo al 10% del total, según las estadísticas oficiales de una institución que está controlada en su gestión por el gobierno desde diciembre de 2023. El presidente llegó a sostener la aberración de que un salario superior a los $380.000 superaría la línea de pobreza. Como si todo esto fuera poco, planteó que las residencias deberían ser sin salario, lo cual desmantelaría por completo el sistema público de salud», declaró.

Lipcovich también denunció: «mientras el personal del Garrahan protagoniza hitos de la salud pública con salarios de hambre, el consejero nombrado por el gobierno a dedo (Jorge Menehem) acaba de dejar de estar nombrado ad honorem para pasar a percibir un salario bruto cercano a los 6 millones de pesos. Son la peor casta, y encima al servicio de destruir la salud pública», sentenció.

En tanto, Diego Saavedra, delegado de ATE Garrahan, relató: «seguimos peleando por un urgente aumento de salarios para todas y todos y para frenar el vaciamiento que el gobierno está llevando adelante. Hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo donde ni las autoridades del hospital ni del ministerio se presentaron. No hubo ninguna propuesta. Una verdadera burla. Justo cuando se acaba de dar otro hito en el hospital, donde nuestros profesionales acaban de hacer una cirugía inédita a pesar de los salarios de pobreza de Milei».

«También, creamos un fondo de lucha para poder amortiguar los descuentos que nos hace el gobierno y poder seguir la pelea«, agregó, en referencia al alias: garrahanenlucha.25

Las mentiras de Milei, desmentidas punto por punto

Compartimos la respuesta, punto por punto, de la APyT a cada una de las afirmaciones de Milei:

1. Sobre la composición del personal:

Las cifras que utiliza el presidente son falsas, contradicen el anuario estadístico oficial del Hospital Garrahan de 2024, elaborado bajo la gestión del propio gobierno nacional. Según ese informe, el 68% de los trabajadores del hospital (3.190 de 4.728) se desempeñan en funciones asistenciales, es decir, en contacto directo con los pacientes. El personal administrativo es de 473 personas, no 953 como afirmó anteriormente el vocero Adorni. De los datos oficiales también vemos que el personal asistencial incluye médicos, enfermeros, técnicos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos, trabajadores de salud mental, entre muchos otros.

2. Sobre el presupuesto:

El gobierno nacional asegura que hubo un aumento presupuestario del 240%, sin transparentar los datos reales ni considerar que ese número no se tradujo en una mejora salarial ni en un aumento equitativo a la inflación para el funcionamiento del hospital. Por el contrario, desde diciembre de 2023 se registra una caída real del presupuesto del Garrahan, en un contexto de inflación acumulada en pesos del 310% (datos INDEC) de diciembre de 2023 a hoy, acompañado de una inédita inflación en dólares que golpea a todo insumo o maquinaria importada, que es muy significativo en el sector salud y sin actualización acorde al costo de funcionamiento de una institución de alta complejidad pediátrica nacional como es el Garrahan.

3. Sobre los salarios:

El presidente cuestionó las comparaciones salariales realizadas por trabajadores del Garrahan, diciendo que “mintieron”. La realidad es que un profesional del hospital cobra en promedio por debajo de la canasta familiar actual de 1.800.000 pesos, muy por debajo de lo que se paga por hora en el sector privado (entre 11.000 y 27.000 pesos en el sector privado frente a los 6.000 del Garrahan). Este deterioro ha provocado más de 200 renuncias de profesionales en lo que va del año.

4. Sobre las residencias:

Las declaraciones del presidente sobre el régimen de residencias médicas en Argentina y su comparación con otros países son, como mínimo, inexactas y estigmatizantes. Las residencias en el Garrahan son parte central del funcionamiento cotidiano del hospital. Las y los residentes no son empleados del hospital, sino que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, y trabajan a jornada completa con ingresos muy por debajo de lo necesario para cubrir el costo de vida. Cuando comenzó el conflicto salarial de las y los residentes hace unas semanas, cobraban casi 800 mil pesos. Vale recordar que son médicos y médicas de los mejores promedios, y que no pueden vivir con eso. Luego, gracias a la gran repercusión nacional, recibieron una recomposición mínima e insuficiente, pero abandonaron las medidas de fuerza debido a amenazas del Gobierno, que hemos ya denunciado públicamente. Pero en la planta del Garrahan las medidas de fuerza siguen, nosotros no dependemos del Ministerio de Salud sino que somos empleados del hospital. Sí nos alcanzan los dictados de conciliación obligatoria, y la última fue declarada nula por los canales formales correspondientes, al llevarla adelante de manera totalmente irregular el gobierno nacional.

5. Sobre los ataques a la prensa:

El periodismo en un 95% o más defendió y defiende la lucha por la subsistencia del Garrahan, tanto en medios chicos, medianos y grandes, los llamados “medios hegemónicos”.

En LN+ este 19/6/2025 el presidente insultó a periodistas que informaron sobre este conflicto, llamándolos “basuras”, “delincuentes” e “impresentables”. Esta violencia verbal institucional es inadmisible y atenta contra la libertad de prensa. Rechazamos de forma categórica esta actitud, que intenta criminalizar la cobertura de una protesta legítima y basada en datos verificables.

 

6. Sobre la conducción del Hospital Garrahan:

Desde el 10 de diciembre de 2023, el Hospital Garrahan es administrado por un Consejo de Administración designado por el gobierno nacional, así como lo hace cada gobierno “de turno”. Al día de hoy, la gestión Milei ya designó dos ministros de Salud de la Nación, dos Consejos de Administración del Garrahan diferentes, y tres presidentes/as distintos, la última hace unos días. Y los datos oficiales que contradicen las declaraciones hace horas del presidente y antes de sus funcionarios, provienen de este mismo hospital, bajo la administración del propio gobierno nacional. Insólito, indignante, repudiable, denunciable.

7. 600 mil consultas por año.

Nuestro hospital atiende 600 mil consultas por año, de las cuales 400 mil son de alta complejidad. El 40% de los niños con cáncer del país se atienden en el Garrahan. Es un centro de referencia también en trasplantes de órganos.

8. Autofinanciación (ley SAMIC)

El Hospital Garrahan, además de su financiamiento estatal —80 % nacional y 20 % porteño—, cuenta con un importante componente de autofinanciamiento amparado por su régimen jurídico como hospital descentralizado bajo la Ley SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad). A través de este mecanismo, el Garrahan cobra prestaciones a obras sociales, prepagas y mutuales por los servicios que presta a pacientes con cobertura privada. Este ingreso no es menor: refleja el reconocimiento que tiene la institución en todo el sistema de salud argentino, incluso entre prestadores privados. Gracias a la excelencia profesional y científica de su equipo de salud, integrado por médicos y médicas que han recibido premios nacionales e internacionales, el Garrahan se ha transformado en un centro de derivación incluso para clínicas privadas. Muchos casos complejos que no encuentran respuesta en los principales sanatorios del país terminan siendo atendidos en el Garrahan, lo que habla de su prestigio como institución de referencia en pediatría de alta complejidad. Este rol estratégico, sostenido por el compromiso del personal y la inversión en formación e infraestructura, es también una fuente genuina de ingresos que se reinvierte en el funcionamiento del hospital.

 

 

(Por Sebastián Hadida, para NA).- La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra dio a conocer su informe final sobre el escándalo suscitado en febrero pasado y determinó que la promoción pública que el presidente Javier Milei hizo de un «negocio privado» desde una cuenta oficial fue condición necesaria para que la “estafa” a miles de inversores pudiera consumarse, y por lo tanto instó al Congreso a evaluar el presunto “mal desempeño” del mandatario en el “ejercicio de sus funciones”.

El documento, de 204 páginas de extensión y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, contiene consideraciones sobre la responsabilidad política del presidente y de otros altos funcionarios, una descripción del entramado en el que participaron lobbystas intermediarios como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y dio cuenta de que Milei y estos mismos dos personajes ya habían sido sido parte de otras tres operatorias financieras previas muy similares con criptomonedas.

En ese sentido, el informe de la comisión presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que “la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación”, al igual que había sucedido previamente con otras criptomonedas como Coin X y Vulcano.

Para los diputados opositores que fueron parte de la redacción del documento final, con una marcada participación del secretario Juan Marino (Unión por la Patria), “las afirmaciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico”.

En ese marco, no dudaron en caracterizar lo actuado por el mandatario como una violación a la Ley de Ética en la Función Pública.

“Sin la promoción realizada por Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado”, señalaron, y resaltaron que hasta la fecha el jefe de Estado no pudo determinar cómo obtuvo el link con el número de contrato del token Libra que publicó, “pese a que dicha información no era de circulación pública”.

Según denunciaron, el Presidente no consultó a los organismos de control antes de promocionar el criptoactivo en sus redes sociales, de tal forma que “comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado”.

También involucraron en el escándalo por presunta estafa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber autorizado el ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de los empresarios y lobbystas que participaron de “un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”.

En tanto, cuestionaron a los hermanos Milei y a otros altos funcionarios como Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva por haberse ausentado a las respectivas citaciones para que brindaran declaración testimonial, y los acusaron de «incumplimiento de deberes» ya que «su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas de esta comisión».

“Esta Comisión Investigadora entiende que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso de la Nación, a partir de la responsabilidad política presidencial manifiesta evidenciada en este informe, evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, señalaron en las consideraciones finales.

“En efecto, del análisis integral de la prueba reunida, esta Comisión observa un patrón sostenido de acciones y omisiones por parte del Presidente de la Nación que resulta incompatible con el ejercicio adecuado de sus deberes constitucionales. La promoción pública de un token cripto no auditado, la inacción frente a advertencias formales, la omisión deliberada de activar mecanismos de control interno y el uso de instalaciones oficiales para facilitar encuentros con promotores del token constituyen conductas que exceden el marco de decisiones discrecionales y se proyectan sobre la responsabilidad institucional del Jefe de Estado”, concluyeron los diputados opositores en el informe.

La reunión de este martes fue la décima y última que celebró la comisión especial investigadora, que se creó como respuesta institucional del Congreso ante el escándalo internacional que estalló el 14 de febrero pasado.

Ese día, el presidente promocionó en sus redes sociales el criptoactivo Libra, que difundió bajo el nombre «Viva la Libertad Project» y lo presentó como si fuera una noble causa para financiar pymes de todo el país.

Sin embargo, pronto quedó en evidencia que Milei había utilizado su investidura presidencial y popularidad para inducir a miles de usuarios a invertir en un negocio en el que ganaron unos pocos con información privilegiada y como contrapartida provocó pérdidas millonarias para miles de usuarios.

Desde su puesta en marcha, el trabajo de la comisión atravesó distintas instancias: después de un primer momento de parálisis que se extendió por meses, producto de la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, se pudo destrabar el nudo a raíz de un proyecto del propio Ferraro que consiguió normalizar el funcionamiento.

Con gran expectativa y a sala llena, la comisión ejecutó este martes su «last dance» y leyó el informe final, que incluyó un conjunto de consideraciones y recomendaciones.

Al abrirse el debate, Marino, quien se quedó hasta las 4 de la mañana puliendo la redacción del informe, señaló que la presentación que hiciera Milei de Libra como un «proyecto serio de inversión para desarrollar pymes en realidad, desde un punto de vista técnico, era más cercano a un meme coin que habían manipulado de antemano para realizar el tirón de alfombra (rug pull)».

El diputado de Unión por la Patria recordó que el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su interpelación en la Cámara de Diputados, había admitido que el presidente había evitado realizar consultas a organismos públicos de control para conocer si la promoción de Libra podía generar algún tipo de conflicto de interés que comprometiera la ley de Ética Publica.

En tal sentido, el dirigente opositor y líder del Partido Piquetero aseguró que el «endorsement» a Libra de parte de Milei no fue un «error» involuntario sino «una decisión deliberada para eludir los controles estatales» y apuntalar un negocio privado.

«El daño a la credibilidad institucional de la Argentina continúa hasta el día de hoy», consideró, y puntualizó que no se trata de «un hecho aislado» ya que Milei, junto a Novelli y Terrones Godoy ya habían sido parte de maniobras defraudatorias similares en el pasado reciente.

«En nuestro rol de órgano de control político sobre el Poder Ejecutivo planteamos con total claridad que corresponde que el pleno del Congreso evalúe si el presidente de la Nación inclurrió en mal desempeño de sus funciones», enfatizó.

Por su parte, el diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño señaló que existe un «patrón de conducta» o antecedentes que involucran directamente a Milei y a Novelli, y coincidió en que lo sucedido configura un «daño muy grave a la credibilidad del país».

Informe comisión $Libra: “El Congreso debe evaluar si Milei incurrió en mal desempeño”

Christian Castillo (Frente de Izquierda) refutó la defensa esgrimida por Milei respecto a que el mencionado posteo fue hecho en carácter de «ciudadano común».

«Lo hizo desde una cuenta que tiene tilde gris y que refiere a altos funcionarios de Estado. Es decir, que no lo hizo como un ciudadano común», desmintió el diputado nacional del PTS.

El dirigente trostkista también retrucó lo afirmado por Milei respecto a que el contrato de Libra era «público».

«Él intentó dar la idea de que se encontró de casualidad con algo que era interesante para la Argentina y que por eso lo difundió. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ninguna explicación de dónde estaba la circulación pública de ese link sin el cual toda la maniobra alrededor de Libra no se hubiera podido hacer», subrayó.

Para Castillo, «ese contrato no lo podía encontrar cualquier persona» sino solamente quienes «tuvieran información privilegiada» como el propio Milei, y lo relacionó con las múltiples reuniones previas que el presidente mantuvo con empresarios cripto como Hayden Davis y los intermediarios Novelli y Terrones Godoy.qMQYIA

«Sin ese contrato no había posibilidad de estafa. No había posibilidad de hacer la maaniobra de rug pull», remató el legislador de izquierda.tal cual. Rodolfo, te agradecemos muchísimo estos minutos y conversar con nosotros sobre estos temas. Nosotros los agradecimos siempre. luego. Hasta luego. Abrazo. Gracias. Abrazo grande.  Adiós. Bueno, charlamos con Rodolfo Hoyar, secretario general de Ate Nacional.

 

 

Un hecho de violencia insólito y extremadamente grave ocurrió en el estadio de Gimnasia, justo después del gol del «Chelo» Torres que puso el 1-0 en el marcador. Desde la tribuna local, fue arrojado un martillo rojo que impactó en el césped, rebotó y golpeó al árbitro Falcón Pérez en la boca, causando conmoción en el campo de juego.

El objeto contundente, identificado como un martillo utilizado para romper vidrios de emergencia, pudo haber causado una tragedia si impactaba de lleno. Inmediatamente después del golpe, el juez se dirigió a la policía para dar cuenta de la situación, visiblemente consternado y exclamando: «Es una locura». Por un momento, se generó incertidumbre sobre la continuidad del partido.

Ante la gravedad del hecho y el temor de que se siguieran arrojando objetos, el jugador de Gimnasia, Mono Insfrán, se acercó a la tribuna local para intentar calmar los ánimos de los hinchas. Afortunadamente, Falcón Pérez solo recibió el impacto del rebote, pero el suceso marcó un grave precedente de inseguridad en el fútbol.

Debido a que el martillo es un objeto altamente peligroso, se espera que el árbitro contemple este incidente en su informe. Es casi un hecho que los organismos de seguridad y disciplina tomarán nota de la situación, por lo cual el club Gimnasia se expone a un duro castigo y a una sanción ejemplar por esta acción de sus hinchas.

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Bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país». María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró. El Estado policial avanza. Por ANRed.

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Tras publicar esta madrugada en el Boletín Oficial el decreto 383/2025, este martes 17 de junio a las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los detalles del DNU, que separa a la Policía Federal de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, el DNU autoriza a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional».

«Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI«, celebró Milei, haciendo referencia a país del norte gobernado de forma autoritaria por Donald Trump, que reprime y amenaza a buena parte de su población por protestar en las calles contra las redadas masivas antimigrantes, acumulando episodios espantosos, crueles y disparatados; y al país de Medio Oriente gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que acumula repudios en todo el mundo por sus incontables crímenes de guerra en el marco del genocidio planificado que desata día a día sobre la población palestina en la Franja de Gaza.

Siguiendo su entusiasmo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «el corazón de esta nueva PFA» va a estar concentrada «en una tarea fundamental: llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país«.

Además de inaugurar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el decreto 383/2025, que expresa el objetivo de «reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos», autoriza a la PFA a «realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas». En la misma línea, la reglamentación también habilita a la fuerza a realizar detenciones sin orden de un juez.

Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicosdigitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas yprincipios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente

En esa línea, el DNU le permite también a la PFA «tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal«, además de la facultad de «solicitar el acceso a bases privadas«.

También, en su artículo 6, inciso 8, habilita a la fuerza a «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, además de requisar a personas o bienes, cuando haya elementos suficientes que «hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo». Es decir, la posibilidad de requisar o detener queda sujeto al criterio discrecional de cada agente o de las órdenes de la mismísima Bullrich.

El DNU incluye, además, la prohibición de la posibilidad de que la fuerza sea conducida por un civil. En ese sentido, en el artículo 20 del capítulo II del Anexo establece que «la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA será ejercida por UN (1) Oficial Superior de la máxima jerarquía de la institución en actividad o retiro, que designará al efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL».

Finalmente, el decreto firmado por Milei, Bullrich y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, crea un Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina», bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y que señala que será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes. Asimismo, el punto 9 del DNU declara en emergencia a la Federal por dos años, lo que concede discrecionalidad al ministerio que conduce Bullrich para hacerse cargo de las licitaciones express.

«Estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas»

Entrevistada esta tarde por Alejandro Bercovich en «Pasaron Cosas» (Radio Con Vos), María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), consideró que con este nuevo DNU del gobierno nacional «ahora la Policía Federal pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional«, porque «le dan facultades para hacer ciberpatrullaje, las páginas web que visitamos, requisas, detenciones y allanamientos«.

Asimismo, tras historizar los fallos a favor y en contra y debates judiciales en torno a la cuestión particular de las requisas durante los últimos 40 años, Verdú recordó que «en los últimos fallos la Corte iba en contra de estas requisas», y consideró que «lo que hace esta resolución es habilitar de forma absolutamente discrecional las requisas sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia» y, al respecto, parafraseó al periodista y militante Rodolfo Walsh, quien sostenía: «ya sabemos que los antecedentes y el fierro también lo ponen los policías».

Pero, principalmente, hizo hincapié en la gravedad del último párrafo del DNU, que habilita «la exhibición ostensible del arma de fuego», cuando la policía lo considere necesario.

«Lo que pretende Patricia Bullrich es esto de convertir a la PFA en una especie de FBI, cuando en realidad la PFA tiene funciones muy claras. Tienen todo el paquete de delitos federales a su cargo. Tienen dos funciones básicas: la de la prevención y la judicial. Distingamos, como es en EE.UU., la policía de prevención, que está en la calle, y otra la de investigación, que es la policía judicial, que tiene que depender de los jueces«, remarcó.

Para finalizar, consideró: «es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo desde diciembre de 2023 a la fecha, que explican porqué decimos que ya no estamos, como con Macri y Bullrich, en un estado de excepción no declarado, sino que estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas. Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos. Porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el sistema represivo estatal», alertó.

En tanto, en un comunicado titulado «Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión«, CORREPI remarcó que a partir del nuevo DNU, «en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial», y que, para eso, «también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información». También, remarca que «la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos».

El organismo antirrepresivo también destaca «la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público». Es decir, «basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos», advierte CORREPI.

Asimismo, alerta: «en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supra constitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado».

«Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional, que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social«, finaliza el comunicado de CORREPI.

 

 

A pocos metros de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, en uno de los más bellos espacios con que cuenta la costa de la capital neuquina, se encuentra la Península Hiroki. Ese lugar ha recibido por parte de la municipalidad de Neuquén una serie de obras en el marco del plan del Paseo Costero y ahora se le agregó un destacamento policial.

En un trabajo articulado con el ministerio de Seguridad de la provincia, la comuna capitalina y la Policía, el nuevo destacamento policial quedó inaugurado en la jornada de este miércoles.

El nuevo edificio, construido por la municipalidad de Neuquén, está ubicado en el ingreso al área protegida donde confluyen los ríos Neuquén y Limay. El espacio cuenta además con 100 plazas de estacionamiento, destinadas a ordenar el acceso y la estadía de las más de dos mil familias que visitan la zona cada fin de semana.

Durante el acto, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pascualini, destacó que “buscamos facilitarle la vida a los neuquinos, y este trabajo conjunto hoy se ve reflejado en una acción concreta. Proyectamos seguir acompañando a las fuerzas de seguridad para desarrollar otros puntos que permitan una mayor cobertura territorial”.

“Un punto estratégico que permitirá fortalecer las tareas de prevención y control en el extenso paseo costero de la capital, que abarca más de 34 kilómetros”, destacó el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Luis Sánchez, remarcó que “estamos a la altura de las circunstancias gracias al trabajo en equipo. Esta ciudad nos llena de orgullo por su desarrollo ordenado, y desde el Ministerio de Seguridad acompañamos cada uno de estos avances”.

El jefe de la Policía del Neuquén, comisario general Tomás Díaz Pérez, agradeció al municipio “por sumar obras que benefician a todos los vecinos y fortalecen el trabajo preventivo que realiza diariamente la Policía en la ciudad”.

De la inauguración participaron también la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, el subjefe de la Policía, comisario general Walter San Martín, e integrantes del Consejo Asesor Superior de la Policía del Neuquén.

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