Durante la mañana de este sábado se terminaron los trabajos de empalme de cañería en el marco de la obra que debió realizarse para solucionar la rotura del caño de impulsión de líquidos cloacales.
La obra consistió en la realización de un by pass para no romper la cinta asfáltica teniendo en cuenta que el caño que sufrió la rotura pasa por debajo de la ruta nacional 22 a una profundidad de 2,5 metros.
Además se colocó hormigón elaborado en las curvas, razón por la cual ahora habrá que esperar su fraguado. Por lo tanto, se prevé que el servicio se normalice durante el día lunes.
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El organismo intervenido por el Gobierno de Milei aprobó un régimen especial que permite a las empresas de telecomunicaciones regularizar deudas históricas con quita de intereses y multas. La medida beneficia a los grandes grupos del sector, debilita el Fondo del Servicio Universal y consolida un esquema de impunidad empresaria disfrazado de gestión administrativa.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un Régimen de Facilidades de Pago que habilita a las empresas de telecomunicaciones a regularizar deudas acumuladas durante años con el Estado nacional, incluyendo tasas, derechos radioeléctricos, aportes obligatorios y multas ya aplicadas o en trámite. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a los licenciatarios y autorizados de servicios TIC y permite cancelar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con condiciones ampliamente favorables: quita de intereses, eliminación de multas diarias y planes de pago en cuotas. El plazo de adhesión será de 180 días y podrá prorrogarse por otros seis meses.
Una moratoria hecha a medida de los grandes jugadores
Aunque el texto administrativo se presenta como una herramienta técnica para “mejorar la recaudación”, lo cierto es que el régimen funciona como una moratoria encubierta para las empresas más poderosas del sector, muchas de las cuales arrastran deudas millonarias con el ENACOM desde hace años.
La resolución reconoce explícitamente que existen obligaciones vencidas de difícil o nula cobrabilidad, pero en lugar de avanzar con sanciones efectivas o ejecuciones, el organismo opta por perdonar penalidades y ofrecer facilidades excepcionales. En los hechos, se premia a quienes incumplieron sistemáticamente, mientras se licúan sanciones que tenían como objetivo disciplinar conductas abusivas.
El propio ENACOM admite que puede excluir la aplicación de multas diarias, aun cuando los incumplimientos se hayan extendido en el tiempo, apelando a una supuesta afectación de la “seguridad jurídica” de los administrados. Una lógica que, una vez más, protege al poder económico antes que al interés público.
El Fondo del Servicio Universal, otra vez la variable de ajuste
Uno de los puntos más sensibles del régimen aprobado es que incluye los Aportes al Fondo del Servicio Universal, un instrumento clave destinado a garantizar conectividad en zonas rurales, barrios populares y regiones postergadas del país.
Al permitir la regularización flexible —y con quitas— de esas obligaciones, el ENACOM debilita el financiamiento de políticas públicas esenciales, mientras las empresas continúan cobrando tarifas cada vez más altas a los usuarios. El ajuste no cae sobre los balances corporativos, sino sobre el derecho a la comunicación de millones de argentinos.
No se exige, además, ninguna contraprestación social: ni inversiones obligatorias, ni mejoras en la calidad del servicio, ni compromisos concretos de expansión de redes. El perdón es liso y llano.
Milei, el Estado blando y la impunidad empresaria
La resolución se inscribe de lleno en la lógica del gobierno de Milei: mano dura discursiva para los sectores populares y mano blanda real para los grandes grupos económicos. Mientras se recortan derechos, se ajustan presupuestos y se criminaliza la protesta social, las corporaciones reciben beneficios bajo el rótulo de “eficiencia administrativa”.
No es un dato menor que el ENACOM continúe intervenido, sin directorio plural ni control democrático, lo que facilita la adopción de decisiones de alto impacto económico sin debate público ni transparencia real. La emergencia administrativa invocada funciona, en este caso, como coartada para consolidar privilegios.
La adhesión al régimen implica que las empresas desisten de cualquier acción judicial o administrativa, cerrando conflictos a su favor y garantizando una paz fiscal construida sobre la renuncia del Estado a cobrar lo que le corresponde.
Un mensaje claro: incumplir paga
Lejos de fortalecer la regulación del sector, la Resolución 3/2026 envía un mensaje inequívoco: incumplir conviene. Las empresas que especularon, dilataron pagos o judicializaron deudas hoy reciben premios; las que cumplieron en tiempo y forma no obtienen ningún reconocimiento.
Así, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, el gobierno profundiza un modelo donde el Estado se disciplina frente al poder económico, resigna recursos estratégicos y consolida un esquema de impunidad que tiene ganadores claros y perdedores previsibles.
Scioli tuvo más suerte con Santiago Bausili y le agradeció sus gestiones para quitar de las publicaciones del Central los consumos con tarjeta para servicios digitales y las compras en plataformas como Amazon.
«Con base en esos resultados, nuestras estimaciones para todo 2025 nos indican que los egresos pasarían de ser US$13.350 millones con la vieja metodología a US$10.241 millones con la metodología nueva (un 23% menos)», festejó Scioli.
Los números que celebró el funcionario no parecen muy alentadores. Tras la intervención de Bausili, el rojo del saldo entre el ingreso y el egreso de divisas por turismo pasó de 9983 millones a 6935 millones de dólares.
Además de dejar de financiar la encuesta de ocupación hotelera del Indec, Scioli tampoco aportará a la Encuesta de Turismo Internacional. En ese caso, los números también fueron catastróficos.
Entre enero y noviembre de 2025 salieron del país 11,19 millones de residentes e ingresaron 4,78 millones de turistas. El resultado fue un saldo neto negativo de 6,41 millones de personas.
La solución a la mayoría de los problemas sociales (desigualdad, violencia, corrupción) que nos aquejan en la vida moderna, tienen el inicio del proceso de evolución en la educación. Pero inentendible y lastimosamente, nuestra clase política logró con esfuerzo y dedicación que la misma sea, hace mucho tiempo, un problema en sí mismo. Por ende,…
Sigue generando repudio la decisión de cerrar el Hogar Municipal La Esperanza para ubicar en ese edificio municipal la Casa de Abordaje Integral, como suele pasar en estos casos donde parte de la sociedad no está de acuerdo con una decisión del ejecutivo local, las redes sociales fueron el medio y el termómetro donde se canalizaron los reclamos y las expresiones contrarias a dicha decisión.
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