El Municipio de Villa Regina, organiza una fiesta por el inicio de la Primavera en el barrio 25 de Mayo para el viernes 20 de septiembre a partir de las 10 horas.
En la plaza de su barrio, la Junta Vecinal y el Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I.) de 25 de Mayo, acompañados por la Dirección de Deportes y la Dirección Medio Ambiente, llevarán a cabo varias actividades recreativas y de concientización.
La Dirección de Medio Ambiente prepara un programa orientado a los niños y niñas. Para ello, dispondrá de la oportunidad para observar, identificar y hasta interactuar con diversas plantas, obteniendo así, el conocimiento necesario para su protección. También, el cuidado a través del reciclaje formará parte de la jornada decorando la plaza con elementos como piedras y botellas, las cuales pintarán; además de realizar canteros con cubiertas de autos, entre otros ornamentos.
Por su parte, desde la Dirección de Deportes, las disciplinas de fútbol, fútbol tenis y vóley, estarán vigentes para que los vecinos y las vecinas de la zona puedan disfrutar de estos esparcimientos al aire libre y de paso, realizar ejercicio, fortaleciendo el cuerpo y despejar la mente. Todo esto con el acompañamiento de música, juegos y mucho más.
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La deuda de las familias alcanzó un nivel crítico: casi 16 millones de personas arrastran obligaciones con los bancos por un promedio de 8,76 millones de pesos, equivalente a cinco salarios y medio, en un contexto donde la mora se disparó y el crédito dejó de ser una herramienta de expansión para convertirse en un atajo desesperado para sostener consumos diarios como comida, transporte y servicios.
Esta situación imposible disparó la mora de las familias con los bancos que llegó al 11,2 por ciento en febrero de 2026, cuadruplicando el nivel registrado un año antes, cuando se ubicaba en el 2,9 por ciento. En paralelo, en las entidades no financieras el incumplimiento alcanza el 28,4 por ciento. Las billeteras virtuales como Mercado Pago aplican tasas feroces que elevan el costo financiero hasta un 200 por ciento, como reveló LPO.
Detrás de estos números aparece un cambio estructural en el uso del crédito, vinculado a un signo de esta etapa del gobierno libertario: la dificultad para llegar a fin de mes. La aparición de compras en cuotas en supermercados, inusual en la Argentina, refleja ese desplazamiento.
El fenómeno se vincula con un proceso de estancamiento de ingresos que se profundizó desde mediados de 2025. En ese contexto, el crédito al consumo funcionó como un ingreso complementario que permitió sostener niveles básicos de gasto, pero al costo de un endeudamiento creciente.
Los datos muestran la magnitud del problema. En el sistema bancario hay casi 16 millones de personas endeudadas, mientras que más de 12 millones mantienen obligaciones con fintech y otras entidades no financieras. En estos últimos casos, aunque el monto promedio es menor -1,16 millones de pesos- la tasa de incumplimiento es significativamente más alta.
Detrás de estos números aparece un cambio estructural en el uso del crédito, vinculado a un signo de esta etapa del gobierno libertario: la dificultad para llegar a fin de mes. La aparición de compras en cuotas en supermercados, inusual en la Argentina, refleja ese desplazamiento.
La diferencia en la mora responde, en gran medida, al perfil de los deudores. Las fintech y prestamistas no bancarios suelen captar a sectores con menor capacidad crediticia y mayor fragilidad en sus ingresos, lo que eleva el riesgo de incumplimiento.
Según Daniela Bossio, del Grupo Moneda Desarrollo y Equidad, en el país hay más de 5,4 millones de personas con atrasos superiores a 90 días en sus deudas. En total, sobre un universo de 20 millones de deudores, la mora alcanza niveles récord en las últimas dos décadas.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y su par de Economía, Luis Toto Caputo.
Bossio también advierte sobre el crecimiento de deudores compartidos, es decir, personas que tienen obligaciones simultáneas con bancos y entidades no financieras. Esta superposición agrava la situación, ya que incrementa la carga total de pagos mensuales y reduce la capacidad de respuesta ante imprevistos.
El problema dejó de ser aislado y se volvió transversal en todo el sistema financiero. Bancos y fintech coinciden en que la mora es hoy una de las principales preocupaciones, al punto de ser considerada una «bomba escondida» que puede condicionar la evolución del crédito en los próximos meses.
Frente a este escenario, las entidades comenzaron a desplegar estrategias para contener el deterioro. La gestión se volvió cada vez más personalizada, con llamados, recordatorios, refinanciaciones y extensión de plazos, en un intento por evitar que los clientes caigan en situaciones de incumplimiento irreversible.
Bancos y fintech coinciden en que la mora es hoy una de las principales preocupaciones, al punto de ser considerada una «bomba escondida» que puede condicionar la evolución del crédito en los próximos meses.
En paralelo, el Gobierno avanza en una reducción de tasas de interés, que le quita sentido al carry trade y empuja la cotización del dolar. El Banco Nación, comenzó a recortar las tasas para pymes del 25 al 20 por ciento anual para capital de trabajo a 12 meses, mientras que también bajó el descuento de cheques del 28 al 23 por ciento. En la misma línea, el Banco Provincia redujo sus líneas productivas, con tasas que pasaron del 40 al 38 por ciento. Esta política también responde a la necesidad de aliviar la carga financiera de hogares y empresas, en un contexto donde la mora creciente amenaza al sistema.
Aun así, la baja de tasas no necesariamente llega a todos los sectores. Mientras algunas líneas productivas se abaratan, los préstamos personales siguen mostrando costos elevados: con una inflación interanual cercana al 32 por ciento, las tasas de los créditos al consumo se mantienen en torno al 62 al 65 por ciento nominal anual. Esta brecha limita la capacidad de recuperación del crédito a las familias y mantiene restringido el acceso al financiamiento.
El resultado es un escenario en el que el endeudamiento sigue siendo alto, pero la capacidad de pago se debilita. La combinación de ingresos estancados, crédito caro y uso cada vez más cotidiano de la financiación configura un cuadro donde la deuda deja de ser una herramienta de desarrollo y se convierte en un síntoma de fragilidad económica.
Mario Ishii presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses. Su proyecto de ley surgió a partir de la decisión de Andrés Larroque de recortar el programa Mesa, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.
El proyecto de Ishii no escapa a la interna. No apunta a la situación de ajuste que enfrenta la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno de Javier Milei. De hecho, no menciona al presidente en ningún párrafo de los fundamentos.
«La provincia atraviesa un escenario de extrema gravedad social, caracterizado por el deterioro acelerado de las condiciones de vida y el aumento sostenido de la vulnerabilidad», dice el texto de Ishii. Además insta al gobierno de Kicillof a reasignar sus recursos «con criterios de estricta prioridad social» y pide que el acceso a la alimentación «prevalezca por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes».
Mario Ishii.
Larroque respondió al proyecto de Ishii con un reclamo dirigido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que salde la deuda acumulada con la provincia, que, según afirmó, asciende a más de $ 220.000 millones.
El ministro bonaerense pidió esos recursos para el programa MESA como también la revisión y actualización de los montos propuestas para el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) correspondientes a este año.
Larroque planteó que el contexto social actual presenta «niveles críticos» que requieren el fortalecimiento de las políticas alimentarias. Dijo que en la provincia reside el 38% de la población total del país, un dato que revela «la responsabilidad compartida que debe asumir el Estado Nacional».
Hemos presentado un reclamo formal a la ministra de Capital Humano de la Nación Sandra Pettovello, instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024 por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones…. pic.twitter.com/ZcQERAw90P
En las últimas horas, los intendentes recibieron la noticia de recortes en el programa MESA, un dispositivo de asistencia alimentaria que se implementa en la provincia de Buenos Aires como complemento del SAE y que consiste en la entrega mensual de módulos con productos secos destinados a las familias de estudiantes que asisten a escuelas públicas.
La iniciativa surgió en el contexto de la pandemia, cuando la suspensión de la presencialidad obligó a reemplazar el esquema tradicional de comedores escolares por un sistema de entrega directa de alimentos. Con el regreso a las aulas, el programa se mantuvo como una herramienta adicional dentro de la política alimentaria bonaerense.
Actualmente, la distribución de los módulos se canaliza a través de las instituciones educativas y se articula con el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, los municipios y los consejos escolares.
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