Fiesta de la Primavera en 25 de Mayo

El Municipio de Villa Regina, organiza una fiesta por el inicio de la Primavera en el barrio 25 de Mayo para el viernes 20 de septiembre a partir de las 10 horas.

En la plaza de su barrio, la Junta Vecinal y el Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I.) de 25 de Mayo, acompañados por la Dirección de Deportes y la Dirección Medio Ambiente, llevarán a cabo varias actividades recreativas y de concientización.

La Dirección de Medio Ambiente prepara un programa orientado a los niños y niñas. Para ello, dispondrá de la oportunidad para observar, identificar y hasta interactuar con diversas plantas, obteniendo así, el conocimiento necesario para su protección. También, el cuidado a través del reciclaje formará parte de la jornada decorando la plaza con elementos como piedras y botellas, las cuales pintarán; además de realizar canteros con cubiertas de autos, entre otros ornamentos.

Por su parte, desde la Dirección de Deportes, las disciplinas de fútbol, fútbol tenis y vóley, estarán vigentes para que los vecinos y las vecinas de la zona puedan disfrutar de estos esparcimientos al aire libre y de paso, realizar ejercicio, fortaleciendo el cuerpo y despejar la mente. Todo esto con el acompañamiento de música, juegos y mucho más.

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    El día que la Argentina tuvo su propia “ciudad de los muertos” y cambió para siempre la forma de enterrar a sus muertos

     

    Mucho antes de los cementerios-parque y de las grandes necrópolis suburbanas, Buenos Aires desarrolló una verdadera arquitectura de la muerte. El crecimiento de la ciudad obligó a trasladar cementerios, modificar costumbres y construir espacios monumentales donde las familias reproducían, incluso después de la muerte, las diferencias sociales de la vida cotidiana.

    Por Redacción de NLI

    Hay ciudades dentro de las ciudades que casi nunca miramos. Buenos Aires tiene una de ellas y está habitada por millones de personas que ya no están. Entre mausoleos, galerías, esculturas, árboles centenarios y calles perfectamente trazadas, los grandes cementerios porteños conservan una historia que excede ampliamente la cuestión funeraria. Son archivos arquitectónicos, sociales y políticos donde pueden leerse las transformaciones de la Argentina, desde la epidemia de fiebre amarilla hasta la inmigración masiva, el ascenso de las clases medias y la construcción de una identidad nacional.

    El caso más conocido es el Cementerio de la Recoleta, pero su historia no comienza allí. Antes de que ese lugar se convirtiera en una de las necrópolis más famosas de América Latina, Buenos Aires había tenido otros cementerios ubicados mucho más cerca del centro urbano. El crecimiento demográfico y las sucesivas epidemias obligaron a las autoridades a replantear dónde y cómo debía enterrarse a los muertos.

    El problema era sanitario, pero también profundamente cultural. Durante siglos, enterrar a una persona había estado ligado a iglesias y parroquias. La expansión de las ciudades modernas comenzó a separar progresivamente la muerte del espacio religioso y a convertir los cementerios en instituciones públicas, organizadas, reglamentadas y administradas por autoridades civiles.

    La muerte también cuenta la historia de una ciudad

    El traslado de los cementerios porteños estuvo estrechamente relacionado con las grandes epidemias que golpearon a Buenos Aires durante el siglo XIX. La fiebre amarilla de 1871, que provocó una de las mayores tragedias sanitarias de la historia argentina, aceleró una transformación que ya estaba en marcha: los cementerios ubicados dentro de zonas densamente pobladas comenzaron a ser considerados un problema para la salud pública.

    La epidemia dejó decenas de miles de muertos y produjo una conmoción social enorme. Las autoridades comprendieron que la expansión urbana exigía nuevas políticas sanitarias, sistemas de agua y cloacas, hospitales y también una reorganización de los espacios destinados a los entierros.

    Fue en ese contexto que adquirió importancia el Cementerio de la Chacarita, creado originalmente como consecuencia de la emergencia sanitaria. Lo que comenzó como una solución frente a una catástrofe terminó convirtiéndose en una de las principales necrópolis de la ciudad.

    Pero mientras Chacarita adquiría una función más vinculada con el entierro masivo y popular, Recoleta desarrollaba otra característica: la monumentalidad.

    En sus calles internas aparecen mausoleos familiares, esculturas, vitrales y obras realizadas por arquitectos y artistas de enorme prestigio. La explicación no es solamente estética. El cementerio se transformó también en un escenario donde las familias pertenecientes a los sectores más acomodados podían exhibir su posición social.

    La ciudad de los vivos tenía sus palacios, sus avenidas y sus grandes edificios. La ciudad de los muertos también tenía los suyos.

    Una sociedad entera quedó dibujada en sus mausoleos

    Caminar por un cementerio monumental permite descubrir algo que los libros de historia muchas veces no muestran: cómo una sociedad quería ser recordada.

    Los mausoleos familiares muestran apellidos vinculados con la política, la economía, las Fuerzas Armadas, la cultura y las grandes familias tradicionales. Pero entre esas construcciones también aparecen nombres de inmigrantes que lograron ascender socialmente y quisieron dejar una marca visible de ese recorrido.

    La arquitectura funeraria se convirtió así en una especie de autobiografía colectiva.

    Hay familias que eligieron monumentos sobrios; otras construyeron verdaderos templos en miniatura. Algunas encargaron esculturas de mármol importado y otras incorporaron símbolos vinculados con profesiones, creencias o acontecimientos familiares. Cada decisión transmitía una idea sobre quién había sido aquella persona y qué lugar había ocupado dentro de la sociedad.

    El fenómeno no fue exclusivamente argentino. En las grandes ciudades de Europa y América, los cementerios monumentales se convirtieron durante los siglos XIX y XX en verdaderos espacios de representación social. Pero en Buenos Aires adquirieron una particularidad vinculada con la historia de una ciudad que recibió millones de inmigrantes y experimentó una transformación social extraordinariamente rápida.

    En pocas generaciones, una familia podía pasar de la pobreza de los conventillos a la prosperidad económica. El mausoleo podía funcionar entonces como una declaración pública de ese ascenso.

    La muerte, paradójicamente, se convirtió en otra forma de contar la movilidad social.

    Cuando los cementerios dejaron de parecerse a una ciudad

    Durante el siglo XX comenzó a cambiar nuevamente la relación de los argentinos con la muerte. La expansión de las ciudades llevó los cementerios cada vez más hacia las periferias. Aparecieron nuevas formas de entierro, nichos, bóvedas colectivas y, posteriormente, cementerios privados y parques.

    También cambió la arquitectura. Los enormes mausoleos familiares dejaron de tener el protagonismo que habían alcanzado décadas atrás y comenzaron a ganar espacio soluciones más simples y funcionales.

    La transformación no fue solamente económica. También cambió la relación cultural con la muerte. Las sociedades urbanas modernas tendieron a esconder cada vez más aquello que antes formaba parte visible de la vida cotidiana. Los antiguos velorios prolongados, las procesiones y determinadas ceremonias familiares fueron perdiendo presencia.

    Los cementerios monumentales quedaron entonces como testimonios de una época en la que la muerte todavía ocupaba un lugar mucho más visible dentro de la vida social.

    Y por eso resultan tan interesantes.

    No son simplemente lugares donde descansan personas famosas. Son documentos históricos construidos en piedra. En ellos pueden estudiarse estilos arquitectónicos, transformaciones sociales, epidemias, migraciones, conflictos políticos, religiones, profesiones y hasta las aspiraciones de una sociedad.

    Quizás por eso recorrer una necrópolis antigua produce una sensación extraña: uno camina por calles silenciosas, pero cada esquina cuenta una historia. Una escultura puede hablar de una tragedia familiar. Una fecha puede recordar una epidemia. Un apellido puede conducir hasta una empresa, un partido político o una institución que todavía existe.

    Buenos Aires tiene varias de estas ciudades silenciosas. Y aunque millones de personas pasan cada año frente a sus puertas sin detenerse, detrás de ellas existe una parte fundamental de la historia argentina.

    Porque los vivos construyen ciudades para vivir, pero también construyen lugares para ser recordados. Y cuando esas construcciones sobreviven durante más de un siglo, terminan contando una historia que ya no pertenece solamente a quienes fueron enterrados allí.

    También pertenece al país que dejaron atrás.

     

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  • Echaron al economista que cuestionó el proyecto Vicuña y crece la polémica por el RIGI

     

    El costo de discutir el modelo minero apareció antes que el cobre. El economista Hugo Berozzi, que trabajó durante seis años en el Fondo de Garantías de San Juan, fue despedido esta semana, pocos días después de poner la lupa sobre las 57 páginas del acuerdo que el gobierno de San Juan firmó con el proyecto de cobre Vicuña. Elaboró un informe que presentó un calculo de cuánto puede dejar de recaudar la provincia en las próximas décadas. 

    Berozzi analizó el acta compromiso que San Juan y Vicuña firmaron el 5 de agosto y que luego fue ratificada por la Legislatura provincial por 27 votos contra nueve. El gobernador Orrego presentó como uno de los principales logros del acuerdo un aporte de 250 millones de dólares para financiar obras. Los desembolsos serán progresivos y estarán sujetos a certificados de avance. La lectura del economista fue bastante menos celebratoria. Según su análisis, los 250 millones funcionan como un adelanto vinculado al impacto ambiental y sustituyen contribuciones futuras. 

    Argumentó que el acta considera saldadas con ese aporte las obligaciones económicas adicionales que la provincia podría imponer durante la vida útil contemplada para el emprendimiento, estimada en 71 años. 

    Desde el gobierno de Orrego desmintieron estos cálculos. «No es correcto plantear que San Juan cambió USD 250 millones por regalías futuras. Son dos conceptos distintos. Los USD 250 millones son un aporte cierto y no reembolsable que comienza a estar disponible desde 2026 para financiar infraestructura. Las regalías son independientes: Vicuña deberá pagar el 3% sobre el valor bruto de comercialización cuando comience la explotación. Además, desde el sexto año de producción deberá pagar el aporte adicional del 1,5% acordado con la Provincia», explicaron a LPO desde el gobierno provincial. 

    Y defendieron el cobro anticipado. «No es correcto comparar directamente USD 250 millones de hoy contra ingresos potenciales que recién existirían cuando la mina produzca. Durante los años de construcción San Juan todavía no tiene producción ni exportaciones de Vicuña sobre las cuales cobrar regalías. En cambio, la Provincia consiguió USD 250 millones ciertos y anticipados, que comienzan a estar disponibles desde 2026». 

    «La estimación de que el 1,5% durante los primeros cinco años podría representar unos USD 309 millones depende de cuándo comience la producción y de cuánto efectivamente produzca. Comparar USD 309 millones futuros y contingentes contra USD 250 millones anticipados sin considerar tiempo y riesgo no demuestra una pérdida para San Juan», agregaron las autoridades.

    La discusión también se extendió a las regalías. Berozzi afirmó que la legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos, pero el esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida del proyecto. 

    El caso Vicuña destapó el lado oscuro del RIGI: beneficios fiscales para subsidiar importaciones

    Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares en valor presente, tomando como referencia las reservas proyectadas y una tasa de descuento del 9,2%. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años, tal como reveló El Destape. 

    La legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos. El esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida útil. Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años.

    Desde el gobierno de Orrego lo desmintieron: «San Juan no renuncia al 1,5% durante toda la vida del proyecto. El esquema acordado reemplaza ese aporte durante los primeros cinco años de producción por los USD 250 millones anticipados. A partir del sexto año de explotación, Vicuña paga el 1,5% durante el resto de la vida útil del proyecto, además de las regalías correspondientes», explicaron.

    Y aportaron un dato relevante sobre que llevó a tomar la decisión del pago anticipado. «Los antecedentes muestran por qué es importante que los USD 250 millones no dependan de que la mina empiece a producir. Con Pascua-Lama se habían comprometido USD 70 millones en 20 cuotas y sujetos al avance del proyecto. Cuando la construcción se paralizó, los pagos también se interrumpieron y terminaron ingresando aproximadamente USD 17 millones. Con Vicuña se buscó evitar ese riesgo: asegurar USD 250 millones antes de depender de la producción futura».

    En el centro de toda esta discusión está Vicuña Corp, la sociedad formada por BHP y Lundin Mining para desarrollar Josemaría y Filo del Sol. La compañía proyecta una inversión inicial de 9.700 millones de dólares. Se trata del mayor proyecto de cobre del país, ubicado en el norte sanjuanino, cerca de la frontera con Chile. El gobierno de Javier Milei lo exhibe como una de las grandes vidrieras del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). 

    Escándalo en San Juan: Caputo le regaló una línea de alta tensión a la minera Vicuña

    La electricidad abrió otro frente alrededor del proyecto. Vicuña necesita 260 MW para la primera fase de Josemaría y obtuvo prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. De acuerdo con cálculos de Cammesa, representa alrededor del 71% de la capacidad total de una infraestructura de 854 MVA. La prioridad alcanza además a la futura línea Rodeo-Chaparro y a la estación transformadora Chaparro. El horizonte previsto es de 25 años. 

    Hay una particularidad difícil de esconder detrás de los números: la línea Nueva San Juan-Rodeo no fue construida por Vicuña. Tiene unos 162 kilómetros, fue diseñada para operar en 500 kV y recibió financiamiento nacional, provincial y de los usuarios sanjuaninos mediante fondos específicos. Sobre una infraestructura levantada durante años con recursos públicos se monta ahora una prioridad privada para abastecer a uno de los proyectos del RIGI. 

    La decisión provocó la reacción de otros jugadores mineros. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán objetaron distintos aspectos del esquema. Los Azules cuestionó especialmente que una prioridad durante 25 años sobre infraestructura existente pueda convertirse, en los hechos, en una exclusividad sobre un corredor estratégico. El ente regulador provincial también advirtió que la capacidad eléctrica disponible debe contemplar la demanda futura de San Juan y no solamente la expansión minera. 

    El campamento de Vicuña en San Juan.

    No hay altruismo en esa guerra. Cada minera pelea por la energía que necesita para su propio proyecto. Pero detrás de esa pulseada aparece un problema que excede a las compañías. Una infraestructura financiada colectivamente se vuelve escasa justo cuando llegan las inversiones que prometen transformar la provincia. Si un solo jugador captura buena parte de esa capacidad, el límite puede alcanzar después a otros emprendimientos mineros, industrias, productores agrícolas y localidades del norte sanjuanino. 

    El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, junto con Beijing Chengdong y la santafesina RAFA. El proyecto contempla importar desde China una ciudad modular para alojar inicialmente unas 2.500 camas. Por la rotación de trabajadores podría atender entre 3.500 y 5.000 personas y, cuando el proyecto alcance otra escala, la demanda podría llegar a 12.000 trabajadores. 

    El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, que importará desde China una ciudad modular para alojar unas 2.500 camas. Los fabricantes argentinos calcularon que producir los módulos en el país habría generado unos 500 empleos directos.

    Los fabricantes argentinos calcularon que la obra supone alrededor de 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero. Sostienen que producir los módulos en el país habría generado entre 400 y 500 empleos directos. El armado de las estructuras importadas dejaría cerca de 50 puestos vinculados al montaje y la logística. 

    La diferencia estuvo en el precio. La oferta china habría rondado los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. Son 18 millones de diferencia en un emprendimiento cuya inversión inicial alcanza los 9.700 millones. Para la minera es ahorro. Para los proveedores argentinos, la cuenta incluye también acero, trabajo, salarios e impuestos que podrían haberse generado dentro del país. 

    Desde la provincia se cuidaron de aclarar que «se habla de 400 a500 empleos que «se podrían haber generado en Argentina, pero es una estimación de los fabricantes que perdieron la licitación, no empleos existentes que hayan sido eliminados» y agregar que «según los datos informados por Vicuña, actualmente existen más de 2.500 empleos directos e indirectos: 95% de los trabajadores son argentinos y 83% sanjuaninos» para el proyecto.

    Y además, siempre según el gobierno provincial, «alrededor del 60% de los proveedores activos son empresas de San Juan y, para el montaje de esta etapa del campamento, más del 90% de la mano de obra será sanjuanina».

    Ahí el caso Vicuña se conecta con un fenómeno mucho más grande. El RIGI acumula 22 proyectos aprobados con inversiones anunciadas por 47.073 millones de dólares. Hay además 18 iniciativas en evaluación y una rechazada. Los proyectos aprobados y en análisis informaron inversiones potenciales por 186.195 millones. Sin embargo, los activos computables de las iniciativas ya autorizadas suman sólo 30.799 millones y los compromisos para ejecutar durante los primeros dos años alcanzan 11.807 millones. Entre el anuncio y el desembolso todavía corre un río ancho. 

    Ahora, es cierto que la minería genera los dólares que la Argentina necesita. En los primeros siete meses de 2026 las exportaciones minerales alcanzaron los 5.340 millones de dólares, contra 3.200 millones del mismo período de 2025. El superávit comercial minero saltó de 3.088 millones a 5.227 millones de dólares, un crecimiento del 69,2%. Es el argumento más sólido de quienes sostienen que el sector puede convertirse en uno de los grandes proveedores de divisas de la próxima década. 

    Pero los primeros movimientos concretos del RIGI muestran la otra cara. Hasta julio, los proyectos adheridos habían importado bienes por unos 171 millones de dólares. Sólo en agosto ingresaron otros 140 millones, más del doble del récord mensual anterior y equivalentes al 43% de todo lo importado hasta julio. 

    Esta semana el Gobierno dio otro paso en esa dirección. Una resolución de la Secretaría de Minería reemplazó certificados de importación por declaraciones juradas digitales y simplificó el acceso a las exenciones previstas por la Ley de Inversiones Mineras. Podrán ingresar equipos especiales usados o reacondicionados y una misma máquina podrá utilizarse en distintos proyectos del mismo beneficiario. La medida no pertenece formalmente al RIGI, que ya dispone de sus propias exenciones aduaneras. Sin embargo, contempla específicamente a los Vehículos de Proyecto Único incluidos dentro del régimen. 

    El resultado es una autopista cada vez más ancha para importar maquinaria, equipos e insumos con ventajas fiscales mientras los proveedores argentinos reclaman una barrera de contención para no mirar la inversión desde la banquina. 

     

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