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A 176 años de su muerte, la historia de José de San Martín también puede leerse como la de un hombre que eligió el exilio antes que convertirse en protagonista de las guerras políticas argentinas.

Por Alcides Blanco para NLI

Cada 17 de agosto, la Argentina recuerda a José de San Martín como el Libertador, el Padre de la Patria, el hombre que cruzó los Andes y condujo campañas decisivas para la independencia de Argentina, Chile y Perú. Las escuelas repiten su nombre, los granaderos custodian su mausoleo y las plazas se llenan de actos conmemorativos. Sin embargo, existe una parte de su historia que suele quedar comprimida detrás de la estatua ecuestre y de la épica militar: San Martín pasó los últimos casi treinta años de su vida fuera de América y murió en Francia, lejos de la Argentina que había contribuido decisivamente a liberar. No fue una casualidad geográfica ni simplemente el resultado de una enfermedad o de una vejez tranquila. Su alejamiento estuvo profundamente relacionado con la convulsión política que encontró al regresar de su campaña libertadora y con su decisión de no convertirse en un jefe militar de ninguna de las facciones que se disputaban el poder.

Mañana, 17 de agosto de 2026, se cumplen 176 años de su muerte, ocurrida en 1850 en Boulogne-sur-Mer. San Martín tenía 72 años. Había nacido en Yapeyú en 1778, había desarrollado buena parte de su carrera militar en España, regresado al Río de la Plata en 1812 y construido en apenas una década una de las trayectorias militares más extraordinarias de la historia americana. Pero cuando terminó su etapa pública en América, no buscó quedarse con el poder que había contribuido a construir. Esa decisión, que hoy puede parecer natural porque forma parte de la imagen idealizada del prócer, fue en realidad una elección política extraordinariamente significativa para una época en la que los vencedores de las guerras de independencia solían convertirse en árbitros del nuevo poder.

El problema que encontró al regresar

San Martín no volvió a una patria unificada y tranquila. Volvió a una región atravesada por enfrentamientos políticos, disputas entre Buenos Aires y las provincias, conflictos entre unitarios y federales y una creciente militarización de la vida pública. Después de la campaña de los Andes, la independencia de Chile y la expedición al Perú, el general había alcanzado una autoridad enorme, pero también comprendía que la guerra contra España y las guerras civiles americanas eran problemas diferentes. Su objetivo había sido la independencia; no estaba dispuesto a utilizar el ejército libertador como instrumento de una facción argentina contra otra.

Ese punto es fundamental para comprender su salida de América. La documentación sanmartiniana conserva una definición particularmente clara de su conducta política. En una carta de 1848, al reconstruir su trayectoria, San Martín explicó que durante su carrera pública había procurado no mezclarse con los partidos que alternativamente dominaron Buenos Aires y que había mantenido como principio considerar a los Estados americanos en los que había intervenido como naciones hermanas comprometidas con una misma causa.

No era una posición ingenua. San Martín sabía perfectamente qué significaba el poder militar. Había visto de cerca las guerras napoleónicas, había combatido en Europa y después había utilizado el ejército como herramienta para modificar el equilibrio político de América. Precisamente por eso conocía el peligro de convertir la fuerza armada en el mecanismo mediante el cual una facción interna podía imponerse sobre otra.

Su negativa a intervenir en las guerras civiles argentinas terminó siendo una de las decisiones más importantes de su vida política.

Y también una de las que más condicionaron su futuro.

Cuando decidió abandonar definitivamente el escenario americano, no se estaba retirando de una revolución que había fracasado. Se estaba apartando de una política que consideraba incompatible con la causa por la que había luchado.

De héroe continental a exiliado europeo

Después de su encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil, en 1822, San Martín dejó el escenario peruano. Poco después regresó a Europa acompañado por su hija Mercedes. El contraste entre la dimensión de su obra y las condiciones de su vida posterior es notable: quien había comandado ejércitos enteros terminó llevando durante décadas una existencia relativamente discreta, atravesada por problemas económicos, enfermedades, viajes y preocupaciones familiares.

En 1829 intentó regresar nuevamente al Río de la Plata. Desembarcó en Montevideo, pero finalmente decidió no instalarse en Buenos Aires. La situación política lo desalentó y volvió a Europa. El Instituto Nacional Sanmartiniano registra aquel episodio como uno de los momentos decisivos de su alejamiento definitivo de la vida pública americana.

Ese exilio voluntario suele presentarse como una especie de retiro romántico de un héroe cansado. La realidad fue bastante más compleja. San Martín continuó siguiendo con atención los acontecimientos americanos, mantuvo correspondencia con dirigentes políticos y militares y expresó opiniones sobre cuestiones vinculadas con la soberanía y la situación internacional. No dejó de interesarse por la Argentina porque hubiera dejado de ser argentino; dejó de participar directamente porque había decidido no convertirse en un actor de las disputas internas.

Su relación epistolar con Juan Manuel de Rosas resulta especialmente reveladora. San Martín le escribió en 1846 para felicitarlo por la defensa frente a la intervención anglo-francesa durante la Vuelta de Obligado y volvió a comunicarse con él en los años siguientes. El Instituto Nacional Sanmartiniano conserva esa correspondencia y registra su preocupación por la defensa de la soberanía frente a las potencias extranjeras.

El dato permite escapar de una simplificación frecuente: el San Martín del exilio no era un hombre desconectado de la política argentina. Estaba lejos del poder, pero seguía leyendo, escribiendo, opinando y observando lo que ocurría en el continente.

La diferencia era que ya no quería ocupar el centro de la escena.

Una vida en Francia mientras la Argentina se construía

San Martín pasó sus últimos años en Francia. Vivió primero en Grand-Bourg, cerca de París, donde adquirió una casa en 1834, y posteriormente se trasladó a Boulogne-sur-Mer. Allí su salud se deterioró progresivamente. Padecía problemas de visión y distintas enfermedades propias de su edad, aunque quienes lo conocieron durante esos años destacaron que conservó una notable lucidez intelectual.

La Francia en la que vivió sus últimos años tampoco era un escenario tranquilo. La Revolución de 1848 había derribado la monarquía de Luis Felipe y dado lugar a la Segunda República. La agitación política llevó a San Martín a abandonar París y trasladarse a Boulogne-sur-Mer en 1848. Allí alquiló una vivienda perteneciente a Adolphe Gérard, abogado y bibliotecario de la ciudad, con quien mantuvo una relación cercana durante sus últimos años.

Hay algo profundamente simbólico en esa última etapa. Mientras en América comenzaban a consolidarse los Estados surgidos de las guerras de independencia, el hombre que había contribuido decisivamente a poner en marcha ese proceso observaba desde Europa cómo aquellas nuevas repúblicas atravesaban sus propias disputas, guerras y transformaciones.

San Martín había conseguido algo que parecía imposible: había ayudado a derrotar al poder colonial español en una parte enorme de Sudamérica. Pero no pudo controlar lo que vino después. Y probablemente tampoco quiso hacerlo.

Su proyecto no consistía en convertirse en el dueño político de las naciones que había ayudado a liberar.

La muerte de un hombre que ya pertenecía a la historia

El 17 de agosto de 1850, alrededor de las tres de la tarde, José de San Martín murió en su residencia de Boulogne-sur-Mer. Estaban junto a él su hija Mercedes, su yerno Mariano Balcarce, sus nietas y otras personas cercanas. Félix Frías, que viajó desde París al conocer la gravedad de su estado, llegó cuando el Libertador ya había fallecido y posteriormente dejó una crónica de sus últimos momentos.

La frase que se le atribuye durante sus últimos días —“es la tormenta que conduce al puerto”— quedó incorporada a la tradición sanmartiniana. Más allá de la belleza literaria de la expresión, lo que resulta verdaderamente significativo es que San Martín murió sin regresar a la Argentina.

Sus restos tampoco volvieron inmediatamente.

Permanecieron en Francia durante tres décadas, hasta que en 1880 fueron trasladados a Buenos Aires a bordo del vapor ARA Villarino. Desde entonces descansan en el mausoleo construido dentro de la Catedral Metropolitana, donde una guardia de granaderos custodia permanentemente sus restos.

La paradoja histórica es enorme. El hombre que había cruzado los Andes para liberar territorios que se encontraban a miles de kilómetros de su lugar de nacimiento terminó muriendo en una pequeña ciudad francesa y recién tres décadas después regresó físicamente a la tierra por la que había combatido.

Pero quizás exista una lectura todavía más profunda.

San Martín construyó buena parte de su prestigio precisamente renunciando al poder que podría haber obtenido. Después de sus victorias militares pudo haber intentado convertirse en un caudillo armado, intervenir en las guerras civiles o utilizar su autoridad para imponerse sobre los gobiernos existentes. Eligió otro camino. Esa decisión no eliminó sus diferencias políticas ni lo convirtió en un personaje neutral; simplemente estableció un límite que consideró fundamental: el ejército de la independencia no debía transformarse en una herramienta para decidir las luchas internas.

Esa conducta explica buena parte de la enorme dimensión simbólica que adquirió después de su muerte.

No fue solamente el general que ganó batallas.

Fue también el hombre que supo retirarse cuando continuar en el poder podía significar traicionar aquello por lo que había luchado.

La historia argentina posterior estuvo llena de hombres que hicieron exactamente lo contrario: militares que se transformaron en árbitros políticos, dirigentes que utilizaron ejércitos para imponer proyectos internos y gobiernos que confundieron la fuerza del Estado con la voluntad de una facción. Frente a esa tradición, la trayectoria de San Martín adquiere una dimensión que va mucho más allá del bronce.

Por eso cada 17 de agosto no alcanza con recordar el Cruce de los Andes, Chacabuco o Maipú. También habría que recordar la decisión silenciosa de un hombre que, después de haber ganado una guerra, eligió no quedarse con el poder.

San Martín murió lejos de la Argentina.

Pero quizás justamente por eso terminó perteneciendo a toda ella.

Porque su legado no quedó asociado a un gobierno determinado, a una provincia, a un partido ni a una facción. Quedó ligado a una idea mucho más grande: que la independencia no consiste solamente en expulsar a un poder extranjero, sino también en comprender que la libertad política pierde sentido cuando quienes dicen defenderla terminan utilizando el poder para someter a sus propios compatriotas.

Mañana, cuando vuelvan a sonar las marchas y los granaderos rindan homenaje frente a su mausoleo, habrá una parte de su historia que permanecerá tan importante como la épica de las batallas: San Martín fue uno de los pocos grandes protagonistas de la independencia americana que entendió que también había que saber cuándo apartarse.

Y esa decisión, tomada hace dos siglos, sigue siendo una de las páginas más incómodas y más actuales de su legado.

 

 

El 22 de agosto de 1966, la dictadura de Onganía cerró 11 ingenios de Tucumán y provocó una profunda crisis social, económica y demográfica que todavía perdura.

Por Alcides Blanco para NLI

Hay decisiones de gobierno que pueden medirse en decretos, estadísticas o balances económicos, pero existen otras cuya verdadera dimensión solamente aparece cuando se observa qué ocurre con las personas que quedan del otro lado de una medida administrativa. El 22 de agosto de 1966, la dictadura de Juan Carlos Onganía dispuso la intervención y el cierre de numerosos ingenios azucareros de Tucumán, una decisión presentada entonces como parte de un programa destinado a ordenar una actividad considerada ineficiente y a reducir una supuesta sobreproducción, pero que terminó provocando una transformación económica y social de enormes proporciones en una provincia cuya historia estaba íntimamente ligada a la caña de azúcar. La medida no significó simplemente que algunas fábricas dejaran de funcionar: en un territorio donde el ingenio constituía alrededor del cual se organizaban pueblos enteros, empleos directos e indirectos, comercios, escuelas, clubes y redes comunitarias, cerrar una fábrica significaba alterar la vida completa de una región. A seis décadas de aquella decisión, la memoria tucumana continúa asociando el 22 de agosto con uno de los grandes quiebres sociales de su historia contemporánea.

Una industria que era mucho más que azúcar

Para entender por qué el cierre de los ingenios tuvo semejante impacto hay que retroceder mucho más allá de 1966. La producción azucarera había adquirido una importancia decisiva en Tucumán desde el siglo XIX y se había convertido progresivamente en el eje de una estructura económica que articulaba a productores, trabajadores rurales, obreros industriales, transportistas, comerciantes y familias enteras vinculadas directa o indirectamente con la actividad. La caña no representaba únicamente una mercancía destinada a convertirse en azúcar: constituía un modo de organización territorial, porque alrededor de los ingenios se desarrollaban poblaciones y se consolidaban relaciones sociales que excedían largamente las paredes de las fábricas. La propia provincia reivindica una tradición azucarera de más de dos siglos y señala que ya existen registros históricos de plantaciones de caña en Tucumán desde el siglo XVII, mientras que durante el siglo XIX la actividad adquirió una escala industrial que terminó convirtiéndola en una de las principales bases económicas del norte argentino.

El problema era que hacia mediados del siglo XX la industria atravesaba dificultades reales, entre ellas una estructura productiva desigual, problemas de rentabilidad y una relación conflictiva entre productores, industriales y trabajadores. El diagnóstico de la dictadura, sin embargo, partió de una premisa que tendría consecuencias mucho más profundas de las que sugería su lenguaje técnico: para reorganizar el sector era necesario reducir drásticamente la cantidad de establecimientos. El gobierno de Onganía intervino entonces la actividad y ordenó el cierre de 11 ingenios tucumanos, una política que buscaba disminuir la producción y concentrar el negocio azucarero en las empresas consideradas viables. Lo que desde Buenos Aires podía aparecer como una operación de racionalización productiva adquirió en Tucumán una dimensión completamente distinta, porque detrás de cada establecimiento había comunidades cuya subsistencia dependía de que esas chimeneas continuaran funcionando.

La decisión tampoco puede separarse del carácter político del régimen que la tomó. Onganía había llegado al poder mediante el golpe de Estado de junio de 1966, que derrocó al presidente Arturo Illia y estableció una dictadura que había eliminado los mecanismos institucionales de representación política. En ese contexto, los trabajadores afectados por el cierre de los ingenios no contaban con los canales democráticos habituales para disputar una política pública que modificaba radicalmente sus condiciones de vida. La intervención estatal no surgía de un debate parlamentario ni de una negociación política abierta, sino de la lógica de un gobierno militar que concebía la reorganización económica como una cuestión que podía resolverse desde el poder central.

Cuando una fábrica que cierra se lleva un pueblo entero

La dimensión humana del proceso comenzó a hacerse visible rápidamente. Los ingenios intervenidos dejaron de funcionar o redujeron drásticamente sus actividades, mientras miles de trabajadores quedaron sin su fuente habitual de ingresos. Pero el impacto no terminó en los trabajadores fabriles: la crisis se extendió hacia los pequeños comerciantes, los trabajadores temporarios de la cosecha, los transportistas y todos aquellos que dependían del movimiento económico generado durante la zafra. Cuando una economía local tiene una actividad dominante, el cierre de una planta industrial produce un efecto multiplicador en sentido inverso: el desempleo de un trabajador se transforma en la caída de las ventas de un almacén, la reducción del transporte, el deterioro de los servicios y la pérdida de población.

Fue entonces cuando comenzó una transformación demográfica que marcaría durante décadas a Tucumán. Familias que habían vivido durante generaciones vinculadas a la industria azucarera tuvieron que buscar alternativas en otras provincias, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras muchos trabajadores rurales se desplazaron hacia las grandes ciudades en busca de empleo. La migración no fue únicamente un movimiento estadístico: significó la ruptura de comunidades, la separación de familias y la pérdida de una trama social construida alrededor del trabajo. Pueblos que habían tenido una actividad económica relativamente intensa comenzaron a experimentar un proceso de deterioro que modificó su paisaje urbano y su vida cotidiana.

La paradoja es particularmente fuerte cuando se observa la distancia entre los objetivos oficiales y las consecuencias sociales. La política pretendía corregir desequilibrios económicos mediante una reducción de la capacidad productiva, pero el costo de esa reorganización recayó de manera especialmente intensa sobre quienes dependían de la industria para vivir. El cierre de los ingenios no fue simplemente una modificación de la estructura productiva nacional: fue también una redistribución territorial de las oportunidades, porque mientras algunas empresas y regiones podían beneficiarse de la concentración de la actividad, otras quedaron sometidas a un largo proceso de decadencia.

La respuesta social no tardó en aparecer. Los trabajadores azucareros organizaron protestas y resistencias frente a los cierres, y el conflicto se incorporó a una tradición de movilización obrera que tendría un papel fundamental en la historia política tucumana de las décadas siguientes. La resistencia no puede entenderse solamente como una reacción sindical frente a una medida económica, porque para los trabajadores estaba en juego algo más profundo: el derecho a continuar viviendo en los lugares donde habían construido sus familias y sus comunidades. El reclamo por el ingenio era, simultáneamente, un reclamo por el trabajo, el territorio y la posibilidad de permanecer.

El precio de una política pensada desde arriba

La historia del cierre de los ingenios tucumanos obliga a discutir una cuestión que continúa siendo central en cualquier debate sobre desarrollo económico: qué ocurre cuando la eficiencia de una actividad se mide exclusivamente desde sus números y no desde el entramado social que la sostiene. Es indudable que la industria azucarera atravesaba problemas y que necesitaba transformaciones, pero una política de reconversión puede producir consecuencias muy diferentes según la forma en que se implemente, la existencia de alternativas laborales y la participación de quienes serán afectados. En Tucumán, la ausencia de una transición capaz de absorber semejante shock convirtió una reorganización productiva en una crisis social de largo alcance.

También resulta significativo que la medida haya sido adoptada por una dictadura. La falta de representación política no fue un detalle secundario, porque permitió que una decisión de semejante magnitud se ejecutara sin el proceso de discusión pública que habría obligado a confrontar sus costos sociales. El caso tucumano muestra así una de las características más problemáticas de los gobiernos autoritarios que intentan imponer transformaciones estructurales desde arriba: pueden tomar decisiones con una velocidad que un sistema democrático difícilmente permitiría, pero esa misma velocidad puede impedir que se escuchen las voces de quienes soportarán las consecuencias.

Con el paso de los años, algunos de aquellos ingenios desaparecieron físicamente o quedaron reducidos a estructuras abandonadas, mientras que otros fueron reconvertidos y la actividad azucarera sobrevivió en establecimientos que continuaron produciendo. Pero la provincia nunca volvió a ser exactamente la misma. La huella de 1966 quedó grabada en los pueblos que perdieron población, en las familias que emigraron y en una memoria colectiva que todavía identifica aquella fecha como el comienzo de una transformación traumática. En ese sentido, el 22 de agosto no pertenece solamente a la historia de la industria azucarera: pertenece a la historia de cómo las decisiones económicas pueden modificar la geografía humana de un país.

Sesenta años después, cuando se habla de productividad, competitividad, reconversión o reducción de costos, la experiencia tucumana ofrece una lección que conserva plena vigencia: detrás de cada fábrica existe una comunidad y detrás de cada puesto de trabajo hay una cadena de relaciones que no aparece en ninguna planilla contable. El cierre de los ingenios de 1966 demuestra que una economía puede ser reorganizada desde un despacho, pero sus consecuencias se viven en las casas, en las escuelas, en los comercios y en las calles. Por eso aquella decisión de Onganía permanece como una de las grandes heridas sociales de Tucumán: porque no solamente cerró fábricas, sino que modificó el destino de miles de personas y obligó a una provincia entera a reconstruirse después de que el poder político decidiera que una parte de su economía ya no era necesaria. La historia del azúcar tucumano, en definitiva, permite comprender que el desarrollo no consiste solamente en determinar cuánto produce una región, sino también en preguntarse qué sucede con quienes viven de esa producción cuando alguien decide, desde lejos, que ha llegado la hora de apagar las máquinas.