El Municipio de Villa Regina, organiza una fiesta por el inicio de la Primavera en el barrio 25 de Mayo para el viernes 20 de septiembre a partir de las 10 horas.
En la plaza de su barrio, la Junta Vecinal y el Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I.) de 25 de Mayo, acompañados por la Dirección de Deportes y la Dirección Medio Ambiente, llevarán a cabo varias actividades recreativas y de concientización.
La Dirección de Medio Ambiente prepara un programa orientado a los niños y niñas. Para ello, dispondrá de la oportunidad para observar, identificar y hasta interactuar con diversas plantas, obteniendo así, el conocimiento necesario para su protección. También, el cuidado a través del reciclaje formará parte de la jornada decorando la plaza con elementos como piedras y botellas, las cuales pintarán; además de realizar canteros con cubiertas de autos, entre otros ornamentos.
Por su parte, desde la Dirección de Deportes, las disciplinas de fútbol, fútbol tenis y vóley, estarán vigentes para que los vecinos y las vecinas de la zona puedan disfrutar de estos esparcimientos al aire libre y de paso, realizar ejercicio, fortaleciendo el cuerpo y despejar la mente. Todo esto con el acompañamiento de música, juegos y mucho más.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El Gobierno formalizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. El Decreto 695/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, habilita la venta del 44% de las acciones a través de una licitación nacional e internacional.
Un paso más en la entrega de recursos estratégicos
La medida, que había sido anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni, deja al Estado con el 51% del capital accionario —a través de la Secretaría de Energía y la CNEA— y un 5% destinado a trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada.
Nucleoeléctrica fue creada en 1994 mediante el Decreto 1540/94, asumiendo la generación de energía en Atucha I y Embalse, además de la construcción de Atucha II. Su rol siempre fue estratégico: garantizar la soberanía energética y mantener bajo control estatal el manejo de la energía nuclear, un recurso sensible no solo por razones económicas sino también de seguridad nacional.
La lógica privatizadora de Milei
El decreto justifica la medida con los mismos argumentos que en los ’90: la supuesta “ineficiencia estatal” y la necesidad de “incorporar capitales privados”. El texto afirma que la intervención del Estado “no ha dado los resultados esperados”, desconociendo que Nucleoeléctrica alcanzó en 2024 un récord histórico de generación de más de 10.4 millones de MWh netos, con un factor de carga del 73,3%, un indicador de excelencia en términos internacionales.
Pese a esa performance, el Gobierno insiste en que es necesario privatizar parte de la compañía para “diversificar riesgos” y “fortalecer su gestión”, abriendo las puertas a capitales nacionales y extranjeros en un sector clave de la matriz energética.
Riesgos de perder soberanía
El avance privatizador sobre Nucleoeléctrica se suma a la ofensiva de Milei contra Empresas públicas estratégicas en áreas como energía, comunicaciones y transporte. La decisión no es neutra: mientras se transfieren recursos vitales al mercado, se compromete la soberanía tecnológica y la capacidad del Estado de definir su política energética a largo plazo.
La energía nuclear no es un rubro cualquiera. Atucha y Embalse no solo garantizan suministro eléctrico a millones de hogares, sino que forman parte de un entramado científico y tecnológico que costó décadas de inversión pública. Entregar acciones a privados significa exponer información, decisiones operativas y proyectos estratégicos a intereses ajenos al país.
En la década del ’90, bajo el menemismo, ya se había declarado sujeta a privatización la generación nucleoeléctrica. Sin embargo, las resistencias políticas y sociales impidieron que se concretara por completo. Con la llegada de los gobiernos kirchneristas, se retomaron obras paralizadas y se reimpulsó el sector nuclear argentino como ejemplo de política de desarrollo con autonomía.
Hoy, Milei intenta retomar el libreto noventista: abrir al capital privado incluso aquellas áreas que fueron protegidas durante décadas como patrimonio estratégico nacional.
El decreto en detalle
El artículo 1 del Decreto 695/2025 autoriza la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica mediante licitación pública nacional e internacional. El artículo 2 instruye al Ministerio de Economía y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a organizar el proceso de privatización y el programa de propiedad participada. El artículo 3 faculta a la cartera económica a dictar normas complementarias.
El texto también instruye transferencias internas de acciones entre ENARSA y la Secretaría de Energía, con el objetivo de reordenar la composición societaria antes de la licitación.
El futuro de Atucha y Embalse en manos privadas
El decreto menciona la necesidad de financiamiento externo para proyectos como la Extensión de Vida de Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados II (ASECG II). Pero en lugar de garantizarlo con fondos estatales —como ocurrió históricamente—, se opta por abrir la puerta a la privatización parcial de la empresa.
En palabras simples: el Gobierno reconoce la capacidad técnica y operativa de Nucleoeléctrica, pero en lugar de fortalecerla, decide vender parte de ella para atraer capitales.
Otra pieza del rompecabezas del ajuste
La privatización parcial de Nucleoeléctrica no es un hecho aislado. Forma parte del plan de desguace del Estado que Milei viene ejecutando desde el inicio de su gestión, bajo la bandera del “equilibrio fiscal”. El resultado: pérdida de soberanía, transferencia de activos públicos a privados y una política energética atada a intereses de mercado.
El futuro de la energía nuclear argentina, que supo ser orgullo regional y motor de desarrollo científico, queda ahora condicionado a la lógica privatizadora de Milei y Caputo.
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IDM S.A. es una de las dos empresas especializadas en tratamientos de residuos industriales ubicada en la localidad de San Lorenzo, el corazón del Cordón Industrial del Gran Rosario que concentra industrias, terminales portuarias y petroquímicas. El Sindicato del personal de la industria química denunciaron suspensiones ilegales de unos 60 trabajadores.
Los obreros de la química se suman a los conflictos de los papeleros de Celulosa, los metalúrgicos de Vassalli en Firmat, los de Acindar en Villa Constitución, los trabajadores de Lácteos Verónica y Sancor en una de las cuencas lecheras más importantes del mundo, la incertidumbre en Vicentín y la caída de Los Grobos, Surcos y Bioceres, para mencionar los casos más resonantes de parate por la crisis productiva.
Más allá de la euforia financiera en el Mercado por el acuerdo con Trump que prometió ayuda para sostener el gobierno de Milei, no aparecen las medias para levantar a la producción industrial, se quejan los empresarios.
Mientras tanto, en el gremio de Químicos están en pie de guerra contra la suspensión de trabajadores que señalan como ilegal de parte de IDM. Se trata de 60 operarios registrados en el Convenio Colectivo de los Químicos. En la empresa conviven de manera irregular trabajadores anotados en Camioneros y otros por fuera de convenio:
En el gremio de Químicos están en pie de guerra contra la suspensión de trabajadores que señalan como ilegal de parte de IDM. Se trata de 60 operarios registrados en el Convenio Colectivo de los Químicos. En la empresa conviven de manera irregular trabajadores anotados en Camioneros y otros por fuera de convenio:
“En la planta de San Lorenzo de IDM hay 120 personas, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 1617/19 -Químicos- son unas 70 personas, de las cuales 46 están afiliados al gremio, hay 13 bajo el convenio de Camioneros de Santa Fe y el resto por afuera de convenio”, explicó a LPO Julio Barroso, secretario del Sindicato.
El tema no es menor. La competencia de IDM es Pelco que en su planta de Puerto General San Martín aplica convenio colectivo de Camioneros, que es menos sueldo que el de Químicos mientras que en la sede de Tigre, provincia de Buenos Aires, la misma empresa tiene registrado a sus trabajadores en el Convenio de Químicos.
En el Cordón Industrial, la baja en la producción se siente fuerte. Si las industrias trabajan menos, generan menos residuos y hay menos trabajo para IDM que viene arrastrando problemas hace meses.
Además, los trabajadores de IDM dicen que Pelco fue la única habilitada por el gobierno de Santa Fe durante la administración socialista para la disposición final de las cenizas que quedan del proceso de incineración. IDM está obligada a entregarle a su competidora los restos del procedimiento industrial.
A menos de 10 kilómetros, en Capitán Bermúdez, hay incertidumbre total en la principal planta de procesamiento de papel, Celulosa Argentina, que viene con problemas financieros hace tiempo y la caída de ventas y exportaciones la puso al filo de la quiebra. Como adelantó LPO, un inversionista se hizo cargo de la empresa pero los trabajadores temen que se trate de un vaciamiento como sucedió con Petroquímica Bermúdez con Taselli.
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