Fiesta de la Primavera en 25 de Mayo

El Municipio de Villa Regina, organiza una fiesta por el inicio de la Primavera en el barrio 25 de Mayo para el viernes 20 de septiembre a partir de las 10 horas.

En la plaza de su barrio, la Junta Vecinal y el Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I.) de 25 de Mayo, acompañados por la Dirección de Deportes y la Dirección Medio Ambiente, llevarán a cabo varias actividades recreativas y de concientización.

La Dirección de Medio Ambiente prepara un programa orientado a los niños y niñas. Para ello, dispondrá de la oportunidad para observar, identificar y hasta interactuar con diversas plantas, obteniendo así, el conocimiento necesario para su protección. También, el cuidado a través del reciclaje formará parte de la jornada decorando la plaza con elementos como piedras y botellas, las cuales pintarán; además de realizar canteros con cubiertas de autos, entre otros ornamentos.

Por su parte, desde la Dirección de Deportes, las disciplinas de fútbol, fútbol tenis y vóley, estarán vigentes para que los vecinos y las vecinas de la zona puedan disfrutar de estos esparcimientos al aire libre y de paso, realizar ejercicio, fortaleciendo el cuerpo y despejar la mente. Todo esto con el acompañamiento de música, juegos y mucho más.

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    Semanas después de adjudicarle a un consorcio de empresas el control de un nuevo paquete de rutas, el Gobierno nacional avanza con despidos masivos en peajes donde las nuevas concesiones tienen previsto aplicar cobro automatizado.

    Este martes, se conoció que la empresa estatal Corredores Viales -que al momento controla las rutas nacionales que está privatizando Toto Caputo- desvinculó a 120 trabajadores que se desempeñaban en el tramo de la Ruta Nacional 226 que tiene como epicentro el peaje de Hinojo, en Olavarría.

    Eso, previo a entregarle el manejo de esa traza por los próximos 20 años al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco que, además, se quedó con el control de las rutas 3, 205 y la autopista Ricchieri y que planifica estaciones de cobro automático.

     «Este hecho forma parte de una política que ya provocó más de 3.000 despidos en Olavarría durante la gestión Milei», acusaron los concejales de Fuerza Patria, que advirtieron que la privatización «no sólo pone en riesgo los puestos de trabajo actuales, sino que tampoco garantiza obras significativas en rutas». 

    Más allá de eso, los despidos no solo alcanzan al personal que se desempeñaba en las cabinas, sino que también afecta a los trabajadores de las áreas de emergencia vial, grúas, soporte técnico, maestranza y balanza.

    «Nos indemnizaron y el 30 de este mes nos vamos todos a nuestras casas» dijo un trabajador a Infoeme. La mayoría de los afectados son vecinos de Olavarría, donde el bloque del peronismo salió al cruce de la medida.

    Caputo privatizó otra tanda de rutas pero denuncian que no hay obras de magnitud previstas

    «Este hecho no es aislado: forma parte de una política que ya provocó más de 3.000 despidos en Olavarría durante la gestión de Javier Milei», acusaron los concejales de Fuerza Patria, que advirtieron que la privatización «no sólo pone en riesgo los puestos de trabajo actuales, sino que tampoco garantiza obras significativas en rutas».

    Como contó LPO, en las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso, a cambio de la multiplicación de los peajes.

    Denuncian que las concesiones viales de Milei triplican los peajes

    Por caso, en el pliego de la licitación para el paquete de rutas que adjudicó recientemente, el Gobierno exige apenas 55,98 kilómetros de «ruta segura» en la Ruta 226, entre el empalme de la Ruta 55 y la 22. A pesar de eso, ya está confirmada la instalación de nuevas cabinas de peaje.

     

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  • Se agrava la crisis del empleo formal en Córdoba: crecieron 15% las suspensiones y quitas salariales

     

    La crisis económica comenzó a impactar de lleno en el empleo formal cordobés. La Secretaría de Trabajo de la Provincia reveló que actualmente 7.247 trabajadores registrados se encuentran alcanzados por Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), mecanismo que habilita suspensiones, reducción de jornadas y rebajas salariales para evitar despidos masivos.

    El dato muestra un deterioro acelerado. Apenas semanas atrás el mismo relevamiento contabilizaba 6.302 trabajadores afectados. Ahora la cifra se acerca a los 7.250, por lo que el aumento de afectados es del 15%. La situación coincide con las advertencias que viene realizando el ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López.

    El funcionario reconoció públicamente que «el proceso de crisis laboral se agudiza» y atribuyó el fenómeno a la caída del consumo y a la retracción de la actividad industrial. Según explicó, los procedimientos preventivos se multiplicaron especialmente en comercio, metalurgia, construcción, alimentos y servicios.

    Los números del informe trazan una radiografía de la crisis del empleo formal. De los 7.247 trabajadores afectados, 5.882 corresponden a Córdoba Capital y 1.365 al interior provincial. La modalidad predominante son las suspensiones con pago parcial del salario. En total existen 46 expedientes en la Capital y 27 en el interior, es decir 73 empresas.

    Córdoba y Santa Fe las más golpeadas por el cierre de industrias de la era Milei

    En numerosos acuerdos los trabajadores cobran entre el 50% y el 75% de sus ingresos mediante sumas no remunerativas. También aparecen reducciones de jornada, eliminación de premios por asistencia, disminución de horas de trabajo y suspensiones temporarias de distinta intensidad.

    La zona de Río Segundo encabeza el interior con siete empresas afectadas. Allí predominan las reducciones de jornada, suspensiones semanales y recortes de adicionales salariales.

    San Francisco, la ciudad de donde vive Martín Llaryora, registra cinco empresas involucradas. La mayoría pertenece al entramado industrial y autopartista. Villa María suma cuatro empresas, mientras que Jesús María, bastión de La Libertad Avanza, acumula cinco casos. También aparecen expedientes en Alta Gracia, La Falda, Río Tercero y Río Cuarto.

    El ministro Julián López

    En la Capital, la Secretaría de Trabajo identifica cuatro focos principales: transporte y logística, seguridad privada, industria metalmecánica y comercio. Son los sectores que concentran la mayor cantidad de trabajadores bajo esquemas de crisis.

    Las declaraciones del ministro López reflejan la preocupación del Gobierno provincial. El titular de la cartera que administra los procedimientos preventivos de crisis remarcó: «No estamos ante un shock puntual sino ante un deterioro sostenido del mercado laboral». Y advirtió que «el proceso de crisis se agudiza, hay una caída del consumo y un proceso de desindustrialización que afecta a sectores enteros».

     

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