En conmemoración al Día internacional del Turismo el próximo 27 de septiembre, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina prepara una serie de actividades para #SentirseTurista en la ciudad. Las mismas se desarrollarán a partir del sábado 24 de septiembre y se extenderán hasta el domingo 3 de octubre donde podrás disfrutar de:
– Caminatas “Atardeceres Reginenses” para contemplar nuestros paisajes representativos en la barda norte, ribera del río Negro y chacra en floración.
– Concurso Fotográfico “Sentite Turista”, próximamente se darán a conocer las bases y condiciones para participar. Los ganadores serán elegidos en votación abierta el domingo 3 de octubre durante “Tardes Dulces” en la Oficina de Informes Turísticos ubicada en Florencio Sánchez 817.
– Clásicos como la Feria ReEmprender y ‘Tardes Dulces’
Más detalle:
-Sábado 25/09: Caminata ‘Atardeceres Reginenses’ Barda Norte. Actividad gratuita, punto de encuentro Pie del Sendero a la Capilla a las 18 horas.
-Domingo 26/09: Caminata ‘Atardeceres Reginenses’ Isla 58. Actividad gratuita, punto de encuentro Escuela de Canotaje a las 18 horas.
– Lunes 27/09: En el Día Internacional del Turismo se difundirá un video conmemorativo de la importancia de la actividad bajo el lema “Turismo para un crecimiento inclusivo” que tiene como objetivo “reiniciar el turismo”, es decir, abrir el camino para que el turismo se recupere, generando crecimiento y oportunidades para todos luego de las afectaciones que trajo la pandemia del COVID-19.
Lanzamiento del Concurso Fotográfico “Sentite Turista” por redes sociales oficiales.
– Miércoles 29/09: Feria ReEmprender a partir de las 18 horas edición especial lanzamiento de la 3º Edición del SARR 2022 South American Rally Race.
– Sábado 2/10: Caminata “Atardeceres Reginenses” en chacra con merienda
– Domingo 3/10: “Tardes Dulces” junto a Cassia Repostería de la mano de Mariana Cid de 15 a 19 horas en la Oficina de Informes Turísticos.
Cierre del Concurso Fotográfico “Sentite Turista”: todos los vecinos están invitados a ver las fotografías y acercarse a votar.
La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
La fragilidad del gobierno desde su origen
Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar.
El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.
Las “traiciones” de Paz
Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.
En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.
Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.
Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.
La narrativa del gobierno y sus limitaciones
Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones.
Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.
Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan.
La tradición boliviana de negociar en la calle
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.
Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.
En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después.
Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos.
Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha.
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La mesa política del gobierno se volverá a reunir la semana que viene en medio de la disputa feroz que destapó el Rufusgate entre Martín Menem y Santiago Caputo, aunque en el gobierno creen que no servirá para resolver la interna.
La aparición del misterioso usuario Periodista Rufus, atribuido a Martín Menem, fue definida por Las Fuerzas del Cielo de Caputo como un «punto de inflexión» en la interna que arrastran contra el riojano, del espacio de Karina Milei.
Los chicos de Caputo esperan un gesto público de Milei para sentirse contenidos en el gobierno que maneja su hermana y no salir a dinamitar la interna, pero en ningún escenario hablan de la salida del asesor estrella.
En el medio del silencio de Karina y del propio Milei, que no habló del tema Rufus con Caputo, en el gobierno confirmaron que la mesa política se volverá a reunir en los próximos días, más probablemente en la semana patriótica del 25 de mayo.
«No sirve para nada la mesa», dice en privado Patricia Bullrich, una de las integrantes del grupo selecto. Como otros miembros, la senadora cree que las peleas por Twitter son «surrealistas» y que no se corresponden luego cuando los funcionarios se ven cara a cara.
«Van a fingir demencia como siempre», dijeron a LPO en el entorno de un ministro que coincide con Bullrich en que los funcionarios se juntan a hablar sin decirse nada.
Además del incómodo Caso Rufus, otro de los motivos para estirar el día de la próxima reunión de la mesa es el golpe que la propia Bullrich le asestó a Manuel Adorni cuando le dio un ultimátum al jefe de gabinete para que presente su declaración jurada. El propio Milei salió ese mismo día a explicar que Adorni presentaría los papeles de manera inminente y dos semanas después siguen sin aparecer.
Bullrich les dijo a los senadores que ella es la única política que respetan los Milei y por eso puede decir cualquier cosa. Distinto es el panorama para Adorni, que perdió la valoración de los propios empleados de la Rosada por sus travesuras patrimoniales. Incluso lo empezaron a apodar Castata, un jocoso acrónimo de casta y cascada.
Martín Menem
La desconfianza creciente entre los funcionarios de la Mesa se condice con el estado militarizado que adquirió la Casa Rosada. Los empleados del palacio están asombrados con la guardia militar que se montó en el primer piso, que comparten Santiago Caputo y Lule Menem.
Con la excusa del odio a los periodistas, todas las personas que van al baño son seguidas por personal de seguridad, en una medida de difuso respeto a la intimidad que requieren las diligencias sanitarias.
Karina prohibió además el acceso al histórico Patio de las Palmeras porque tiene miedo que la espíen a través de los vitreaux, pese a la dificultad que impone la pregnancia de un vidrio de colores. Los empleados se quejan de que para fumar se tienen que trasladar al patio Malvinas Argentinas y someterse a un mucho menor feng shui.
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