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 La controversia fiscal desatada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al bloquear la actualización por inflación de los quebrantos impositivos (las pérdidas que las empresas utilizan para compensar futuros impuestos a las ganancias) se consolidó como un eje de conflicto entre el Estado y los principales agentes económicos del país. 

Lo que comenzó como un ajuste técnico terminó en una crisis política y empresarial de envergadura que pone en juego no solo recursos, sino también la percepción de certeza jurídica para la inversión en la Argentina.

En el centro de este escándalo tributario aparece YPF, que decidió alinearse con la postura de ARCA y admitió una deuda fiscal millonaria por no haber actualizado sus quebrantos. Esta decisión, interpretada por algunos sectores como un acto de obediencia política más que de seguridad jurídica, la convierte en la única empresa de gran porte que aceptó la interpretación del organismo recaudador, lo que la posiciona en un lugar delicado frente a pares y ante la opinión pública empresarial. 

Desde la perspectiva del riesgo inversor, esto eleva el premio por incertidumbre jurídica

Pazo tiene preparada su renuncia a ARCA y le buscan un nuevo lugar en el gobierno

Gran parte del sector privado, incluidos los principales jugadores de las petroleras, energía, siderurgia y banca, rechazó terminantemente el intento de ARCA de desconocer la actualización por inflación. 

Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones agregados entre las principales firmas afectadas. 

Las compañías consideran que esta exigencia significaría pagar impuestos sobre ganancias ficticias, lo que no solo afecta su competitividad sino que equivale, en términos reales, a una confiscación fiscal. 

Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones. Varias empresas analizan llevar el conflicto a la Justicia argumentando que la interpretación de ARCA lesiona derechos adquiridos y contradice precedentes jurisprudenciales que reconocen actualización por inflación ante efectos confiscatorios del impuesto.

El titular de ARCA, Juan Pazo.

Esta disputa alcanza un nuevo punto de tensión con las versiones de renuncia anticipada de Juan Pazo, el titular de ARCA. Tal como reveló LPO, Pazo ya comunicó su decisión y el Gobierno le busca una nueva ubicación, posiblemente en el Banco Nación o en otra dependencia vinculada al sistema financiero. Su salida ocurre en medio del creciente malestar empresario y de fricciones con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Esta última proviene del massimo. Ambos funcionarios impulsaron el bloqueo a la actualización de quebrantos.

El malestar empresario se centra en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Esta última proviene del massimo. Ambos funcionarios impulsaron el bloqueo a la actualización de quebrantos.

En los despachos de Economía reconocen que la medida, que prometía recaudar varios miles de millones de dólares para compensar la caída de ingresos y cumplir metas con el FMI, terminó en un boomerang político: desató resistencia de las principales corporaciones, reacciones judiciales y una crisis interna que expuso el desorden de la gestión tributaria.

¿Quién paga la baja de impuesto a las ganancias de las grandes empresas? 

Pazo, cercano al mundo de los seguros y con vínculos previos en el sector financiero, había sido uno de los interlocutores predilectos de Luis Caputo, pero su figura se desgastó en paralelo al conflicto. En los pasillos del Palacio de Hacienda reconocen que la «operación quebrantos» dejó heridos y que su desenlace probablemente derive en un rediseño del esquema recaudatorio. La medida de ARCA puede leerse como una expresión de la contradicción entre la urgencia fiscal del Estado y la llegada de inversiones, en el marco de una inflación persistente y la falta de actualización real de las variables nominales. 

Es contradictoria además con la anunciada baja de Ganancias a los grandes grupos empresarios, incluida en la reforma laboral.

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El canciller Pablo Quirno salió al cruce por las críticas que está recibiendo el gobierno por la compra de los aviones F-16. 

La publicación sobre la compra por tan solo un euro de Rumania a Países Bajos de aviones que al gobierno le salió 300 millones abre un frente de crítica que se suman a los que sostienen que «no hay capacidad técnica para mantener pistas y hangares» y hablan de maquinaria obsoleta y equipos en mal estado.

En ese contexto, el diplomático Héctor Torres publicó un artículo titulado «Dinamarca comprará más aviones y barcos F-35 con un plan de gasto de 13.700 millones de dólares» que confirma que los F-16 están siendo descartados por los países europeos y alimentan la teoría de los que plantean que «Argentina está comprando aviones de segunda mano».

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Tal fue el enojo de Quirno que citó el tuit de Torres con un mensaje temerario. «Le recuerdo que usted mismo se describe como miembro del Servicio Exterior de la Nación. Aún siendo pasivo, debería: actuar según su posición, no usarla para describirse o renuncie a la misma», amenazó el canciller.

«Torres está jubilado hace 15 años y lo amenazan por opinar. ¿Piense como el gobierno o renuncie?. Insólito, nunca se vio algo así», reprocha un diplomático de carrera.

Le recuerdo que usted mismo se describe como miembro del Servicio Exterior de la Nación. Aún siendo pasivo, debería: actuar según su posición, no usarla para describirse o renuncie a la misma

En otro tuit del 6 de diciembre, el diplomático tuiteó: «¿CHATARRA?
Dinamarca reemplazó los F-16 que les compramos por F-35. Lo más sugerente no es eso, sino que el Reino Unido fue consultado y no objetó la venta de los F-16 a la Argentina. ¿Por qué creen que el RU no objetó la venta».

El artículo que enojó a Quirno dice Dinamarca planea una importante inversión militar hasta 2033, centrada en la adquisición de aviones F-35, defensa aérea, patrulla marítima y capacidades árticas. 

También comprará 16 aviones F-35 adicionales, elevando su flota total planificada a 43,  invertirán 27.800 millones de coronas en defensa aérea terrestre, sumándose a la financiación previamente anunciada.

A su vez, revela que se destinarán 27.400 millones de coronas a reforzar la defensa danesa en el Ártico y el Atlántico Norte, incluyendo la compra de buques de patrulla árticos y aeronaves de patrulla marítima y comprarán 44 nuevos vehículos de combate de infantería, abandonando el plan de actualizar los CV90 existentes.

El impacto de la reprimenda de Quirno en X llevó a Torres a dar marcha atrás con sus criticas y respondió: «Estimado Canciller, en el desafortunado mensaje que dio lugar a su respuesta compartí un sentimiento personal. No fue una crítica a la política exterior que usted dirige. De todas formas, acepto y acato su reprimenda».