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Con la Legislatura cordobesa convertida en un hervidero a raíz de las denuncias por violencia de género y abuso sexual de algunos asesores y empleados, tanto del peronismo como de la UCR, la senadora nacional Alejandra Vigo salió a pedir la cabeza de la radical Alejandra Ferrero. Dentro de cuya oficina trabajaba Omar Ludueña, el radical de la capital cordobesa que militaba para el deloredismo y que se encuentra detenido desde el viernes pasado en una compleja causa por abuso sexual intrafamiliar.

«Ferrero debe renunciar», lanzó Vigo este lunes a La Voz del Interior, para fijar una coherencia en su conducta con respecto al pedido que había hecho sobre Ramón Flores, el legislador del peronismo que tenía entre sus asesores a José Villarreal, el hombre detenido por grooming y abuso sexual a menores en el norte de la provincia.

«Tengo la misma convicción que expresé firmemente en la oportunidad anterior. La nueva denuncia por abuso sexual contra un empleado de la Legislatura que cumple funciones en el despacho de Alejandra Ferrero (UCR) exige una respuesta contundente», dijo Vigo este lunes.

Presión que, puertas adentro de la Legislatura vuelve a ocasionar un ruido como en aquel momento, también dentro del oficialismo. «No hay que revolear pedidos así. No es la forma. Ella tiene que estar por encima de esto», dijo a LPO un llaryorista puro sobre el nuevo pedido de Vigo, ahora para una legisladora del radicalismo.

Y la exigencia de Vigo se conoció este lunes por la tarde, cuando también salió a la luz otra denuncia en contra de otro funcionario del peronismo: Pablo Ortíz, funcionario de Cormecor, el ente intergubernamental que gestiona los residuos de Córdoba y el Gran Córdoba. Hombre que, además, responde a Facundo Torres, el jefe del bloque del oficialismo en la Unicameral que esta mañana salió a acusar al radicalismo de «mear agua bendita cuando tenían a un abusador trabajando para el bloque».

Frase que desató la furia de un sector de la oposición y que dejó con la guardia alta a los 70 parlamentarios de la Unicameral.

Rodrigo de Loredo

Sobre el pedido de Vigo, en torno a la renuncia de Ferrero, otro peronista admitió que «no hay un orden, ni una estrategia», acerca de pedir la dimisión de la legisladora que es parte del deloredismo. «No tenemos una coordinación con el tema. Entonces, salen y piden esto, ahora saltan algunos casos cercanos a Facundo y no podemos caer en un pedido de renuncias constante», agregó la fuente del peronismo.

Torres, además, es el presidente del PJ cordobés y uno de los que se convirtió en el vocero de la acusación en contra del radicalismo desde el pasado jueves cuando estalló el caso Ludueña, el hombre que militaba para el deloredismo y antes lo había hecho para Oscar Aguad. 

Una de las pocas causas por corrupción durante el gobierno de Javier Milei que avanza en la justicia tiene como escenario Tandanor, el estátegico astillero estatal. 

La Policía Federal realizó cinco allanamientos por orden del juez federal Sebastián Casanello, cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. En los procedimientos fueron secuestrados exactamente 367.110 dólares, encontrados entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, que se desempeñaba como gerente comercial de Tandanor. 

La Justicia intenta determinar si Gallé le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonarle una deuda que su compañía mantenía con el astillero estatal. La deuda rondaba los 200 mil dólares. 

Según la hipótesis que reconstruyen los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra investigada alcanza al menos los 220 mil dólares. Pero los allanamientos dejaron una pista todavía más comprometedora. Los investigadores encontraron un recibo manuscrito entre los involucrados por 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos. También secuestraron cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, contratos, una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. 

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La causa nació de una auditoría interna realizada en Tandanor luego del recambio de autoridades. Las irregularidades detectadas terminaron en una denuncia de la propia empresa y Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. 

El episodio atraviesa una empresa que LPO viene siguiendo desde el comienzo del gobierno libertario. Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. 

Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión. 

Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Hernández despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados y contrató a BDO para realizar una auditoría. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión, precisamente el área que concentraba información sensible sobre el funcionamiento de la compañía. 

La decisión generó una crisis interna. Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina y una de las integrantes del directorio, terminó alejándose de la empresa en medio de diferencias con el rumbo que había tomado la conducción. 

La gestión de Hernández ocurrió además mientras dentro de Tandanor crecían las sospechas de que el gobierno preparaba el terreno para rematar activos de la empresa. El astillero no solamente tiene capacidad industrial estratégica: ocupa más de 30 hectáreas en uno de los terrenos más codiciados de Buenos Aires. 

El interés inmobiliario siempre sobrevoló la discusión. Frente a Tandanor se encuentra el gigantesco desarrollo Solares de Santa María en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. La posibilidad de liberar las tierras del astillero multiplicó las sospechas sobre qué había realmente detrás del interés libertario por desprenderse de la compañía. 

Hernández finalmente dejó el cargo y en su lugar desembarcó Mauricio González Botto, otro hombre directamente vinculado a Posse. Antes de llegar a Tandanor, González Botto había tenido bajo su órbita el universo de las empresas públicas y participado del diseño inicial de las privatizaciones del gobierno. 

Ahora, mientras el gobierno vuelve a mover las fichas alrededor del futuro del astillero, la Justicia reconstruye qué ocurrió puertas adentro durante aquella etapa. Los 367 mil dólares, el recibo escrito a mano y los movimientos bancarios secuestrados dejaron de ser una auditoría administrativa para convertirse en una causa federal por cohecho.