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El Gobierno de Milei oficializó el aumento de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono mediante el Decreto 782/2025, publicado en el Boletín Oficial. El incremento, que había sido postergado hasta después de las elecciones legislativas, impactará en las naftas y el gasoil desde noviembre y traerá otra carga directa al bolsillo de los consumidores.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

A través del decreto firmado por Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, se establece un nuevo esquema de actualización para el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) que gravan las naftas y el gasoil.
El Gobierno lo justifica asegurando que, “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”. Sanata.

El aumento se aplicará parcialmente desde el 1° de noviembre, y el resto —correspondiente al remanente de 2024 y los dos primeros trimestres de 2025— entrará en vigencia el 1° de diciembre, según figura en el Boletín Oficial.

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Cuánto suben los impuestos

En el caso de las naftas, el incremento será de $15,557 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,953 en el impuesto al dióxido de carbono.
Para el gasoil, el aumento será de $12,629 por litro en el impuesto principal, mientras que el monto fijo actualizado para el tratamiento diferencial (zona Patagonia) será de $6,844, y el impuesto al CO₂ alcanzará los $1,441.

Según estimaciones del sector, sólo con esta actualización de noviembre el precio de la nafta podría subir cerca del 4 %, y el del gasoil alrededor del 3 %. Con la aplicación completa en diciembre, los aumentos totales podrían ubicarse entre 8 % y 10 %, dependiendo de la zona y el tipo de combustible.

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Postergado hasta pasar las urnas

El aumento llega luego de una seguidilla de subas en luz, gas y transporte, y tras haberse pospuesto estratégicamente antes de las elecciones legislativas.
Mientras durante la campaña Milei repitió el mantra de la “reducción de impuestos”, lo cierto es que su gobierno volvió a ajustar los gravámenes sobre productos de consumo masivo. Una contradicción que ni el relato libertario puede maquillar.

Además, el propio decreto reconoce que los incrementos remanentes se aplicarán de manera trimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, lo que garantiza que los aumentos se mantendrán en el tiempo, atados a la inflación que el propio gobierno no logra contener.

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Lo que significa para la gente

Más caro llenar el tanque. Los conductores verán el impacto directo en el surtidor. Para los trabajadores que usan su auto o dependen del transporte público, el aumento se trasladará sin escalas al costo diario de movilidad.

Presión inflacionaria. El argumento oficial de que el ajuste “estimula el crecimiento económico” choca con la realidad: más impuestos a la energía y los combustibles significan nuevos aumentos de precios en cascada.

Inequidad regional. Si bien se mantiene un tratamiento diferencial para la Patagonia, la estructura sigue castigando a las regiones con mayores costos logísticos y menores ingresos.

Desgaste político. Después de prometer que bajaría la presión fiscal, Milei termina subiéndola. Y con cada factura, cada carga de combustible, el costo político se multiplica.

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Mientras tanto, la “libertad” prometida por el oficialismo se traduce en una mayor carga impositiva y en un nuevo golpe al bolsillo. Porque al final, como siempre, la motosierra no pasó por el poder económico, sino por los consumidores.