En conmemoración al Día internacional del Turismo el próximo 27 de septiembre, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina prepara una serie de actividades para #SentirseTurista en la ciudad. Las mismas se desarrollarán a partir del sábado 24 de septiembre y se extenderán hasta el domingo 3 de octubre donde podrás disfrutar de:
– Caminatas “Atardeceres Reginenses” para contemplar nuestros paisajes representativos en la barda norte, ribera del río Negro y chacra en floración.
– Concurso Fotográfico “Sentite Turista”, próximamente se darán a conocer las bases y condiciones para participar. Los ganadores serán elegidos en votación abierta el domingo 3 de octubre durante “Tardes Dulces” en la Oficina de Informes Turísticos ubicada en Florencio Sánchez 817.
– Clásicos como la Feria ReEmprender y ‘Tardes Dulces’
Más detalle:
-Sábado 25/09: Caminata ‘Atardeceres Reginenses’ Barda Norte. Actividad gratuita, punto de encuentro Pie del Sendero a la Capilla a las 18 horas.
-Domingo 26/09: Caminata ‘Atardeceres Reginenses’ Isla 58. Actividad gratuita, punto de encuentro Escuela de Canotaje a las 18 horas.
– Lunes 27/09: En el Día Internacional del Turismo se difundirá un video conmemorativo de la importancia de la actividad bajo el lema “Turismo para un crecimiento inclusivo” que tiene como objetivo “reiniciar el turismo”, es decir, abrir el camino para que el turismo se recupere, generando crecimiento y oportunidades para todos luego de las afectaciones que trajo la pandemia del COVID-19.
Lanzamiento del Concurso Fotográfico “Sentite Turista” por redes sociales oficiales.
– Miércoles 29/09: Feria ReEmprender a partir de las 18 horas edición especial lanzamiento de la 3º Edición del SARR 2022 South American Rally Race.
– Sábado 2/10: Caminata “Atardeceres Reginenses” en chacra con merienda
– Domingo 3/10: “Tardes Dulces” junto a Cassia Repostería de la mano de Mariana Cid de 15 a 19 horas en la Oficina de Informes Turísticos.
Cierre del Concurso Fotográfico “Sentite Turista”: todos los vecinos están invitados a ver las fotografías y acercarse a votar.
“La compra de tierras en sí misma no es una inversión.” Esa es una de las frases textuales más potentes de la Ley de Tierras. Es la Ley que Milei pretende desarticular. No logró hacerlo a fines del año 2023 a través del DNU 70/2023, gracias a un amparo judicial presentado por un Centro de Veteranos de Malvinas de La Plata. Entonces incluyó la reforma en un nuevo proyecto, firmado junto con los gobernadores del Consejo de Mayo y presentado a fines de marzo al Congreso.
Ese nuevo proyecto, el de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iba a ser tratado en el Senado en la sesión fallida del jueves 16 de julio. Ante la falta de apoyo político, Patricia Bullrich, como jefa de la bancada oficialista, pidió aplazar la sesión hasta el 6 de agosto.
Que la votación se postergue tiene fundamento: cada vez es más robusta la resistencia social organizada en ONGs, cooperativas, movimientos sociales, políticos, sindicales, científicos y religiosos. El reclamo tiene que ver con la tierra y con el manejo del fuego, pero también arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, la hidrovía, los bienes naturales, la soberanía.
Si se aprueba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cae la Ley de Tierras, Peter Thiel y sus amigos se frotarán las manos.
Ahora empezó a circular una convocatoria: “Nos vemos el 6 en el Congreso.” Se corre la bola. Entre todos, de a poco logramos derribar el cerco mediático desde los medios locales y autogestionados y llegar al centro de la conversación social, incluso la vinculada con el Mundial. “Yo me pongo la camiseta. No a la extranjerización de la tierra”, circulaba en estados de Whatsapp con el hashtag #lasoberanianosenegocia. Se organizaron espacios de colaboración en red como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la tierra y la vivienda. La semana que viene, la última de julio, se realizarán acciones federales con el nombre “Argentina no se vende”. Habrá talleres, clases y radios abiertas, charlas y banderazos. Y el 6 de agosto, la movilización al Congreso.
Desde la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, un colectivo integrado por organizaciones de todo el país vinculadas a la ruralidad y a los territorios, tejemos estrategias. Yo, por ejemplo, que vivo en Buenos Aires pero soy de Santiago del Estero, entre otras cosas participé en zooms con mujeres de la Red Federal de Concejalas que tienen llegada a la Federación Argentina de Municipios (FAM), y así logramos sumar firmas para el rechazo al proyecto. Las compañeras de Casa Patria de Neuquén lograron reunirse con el Obispo cuando estaba por viajar a un Encuentro de Obispos en La Rioja. Se trabajó sobre aportes de colegas miembros de la pastoral social de Santa Fe, del chaco salteño (Salta) y de otros equipos que integran ese espacio. Así salió la Carta Abierta a los Legisladores de la Iglesia Católica firmada por Endepa, la Pastoral Social y Cáritas. Otro tanto sucedió con el comunicado del Movimiento Nacional Capellanes y el pronunciamiento del Llamamiento argentino-judio contra el Proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Estos pronunciamientos hicieron que el reclamo trascienda la ciudadanía politizada y llegue a amplios sectores de la sociedad.
LEY DE TIERRAS, LA ORIGINAL
La Ley de Tierras vigente entiende al suelo como un recurso natural escaso y no renovable, estratégico para el desarrollo humano y social. Fue aprobada por el Congreso en 2011, con amplia mayoría. En ese momento, el cambio climático era apenas un diagnóstico, aunque las tierras que producen alimentos ya empezaban a desertificarse y el estrés hídrico se insinuaba como problema condicionante. Lo urgente era preservar la soberanía argentina sobre recursos como el agua dulce y los minerales necesarios para un desarrollo nacional lo más equitativo posible, a los que el gobierno de Estados Unidos ya les ponía el ojo.
Que el Congreso haya postergado la votación tiene fundamento: cada vez es más robusta la resistencia social.
Fue creada para regular un previsible incremento de la propiedad extranjera y poner límites a un proceso de concentración de grandes extensiones de hectáreas en manos de capitales financieros. No prohíbe que los foráneos compren tierras rurales, limita las operaciones. Establece un tope del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, establece que los extranjeros de una misma nacionalidad no puedan adquirir más del 30%, y que ninguna persona, de manera individual, pueda comprar más de 1000 hectáreas en las regiones más fértiles para la agricultura (como la zona núcleo y otras regiones de la pampa húmeda) o su equivalente en otras zonas del país de acuerdo a lo que defina cada provincia. Además, les prohíbe expresamente comprar inmuebles que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanente, como hizo el británico Joseph Lewis en Lago Escondido. También establece parámetros de transparencia y prevención de lavado de activos.
Para mediados de 2013, un 6% de la superficie nacional estaba a nombre de extranjeros según un relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales, organismo creado por la Ley de Tierras, que dirigí durante cuatro años desde sus orígenes. Entre los datos más curiosos que recabamos aparecen los paraísos fiscales como dueños de 1.113.654,85 hectáreas, 55 veces la superficie porteña, a través de empresas radicadas en Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
El Registro Nacional de Tierras Rurales fue valioso en términos institucionales y de política pública. Fue el primer registro que unificó a nivel nacional datos reales sobre los dueños de la tierra (extranjeros), construido en clave federal a partir de los catastros y registros de la propiedad inmueble de todas las provincias argentinas independientemente de su conducción política. Además, construyó una base de datos a partir de las declaraciones juradas de empresas y el entrecruzamiento de esa información con otros organismos nacionales y provinciales de control, como direcciones de personas jurídicas e inspección general de justicia. Ese relevamiento fue la primera foto de la situación de extranjerización de la tierra rural en Argentina.
Hoy también hay acceso a esa información en la web del Ministerio de Justicia de la Nación (publicados por provincia y por departamento a través de un excel que permite su descarga en pdf) aunque la última actualización fue en agosto de 2025. Otra de las fuentes es el Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria (PRIHA) de UBA y CONICET que da cuenta de un 5% de superficie extranjerizada en el país.
LEY DE TIERRAS SEGÚN MACRI
A mediados de 2016, el entonces presidente Macri emitió un decreto que flexibilizó la Ley en lo que hace a la extranjerización de la tierra que se materialice a través de las transferencias de acciones o participaciones societarias. Eliminó para estos casos la exigencia de solicitar un certificado de habilitación al registro (permiso previo) y lo reemplazó por una obligación de comunicar la operación, pero sin sanción ante el incumplimiento. Ese decreto fue judicializado por diversas organizaciones de la sociedad civil, de pequeños productores y por legisladores nacionales de Mendoza, Chubut, Neuquén, Rio Negro, Misiones, Buenos Aires, entre otras. Pasaron cuatro años, y recién en 2020 el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo de la jueza María Alejandra Biotti, rechazó las acciones de amparo, basado en la falta de legitimación activa, evitando pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
LEY DE TIERRA Y LEY BASES
En diciembre de 2023, la Ley de Tierras entró en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, la llamada “Ley Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, medida que cosechó múltiples objeciones en sede judicial por su intento de derogar parcial o totalmente al menos 75 leyes. Con esta medida -atacada por inconstitucional- se habilitaría a que capitales extranjeros adquieran y administren la tierra rural, cercenando el acceso a miles de argentinos y poniendo en peligro la estructura de la tierra rural, incluso la de la pampa húmeda. Ese Decreto 70/2023 fue impugnado judicialmente por distintos colectivos, en distintos momentos y con resultado disímil, por afectar derechos vinculados a la salud, al trabajo, a la soberanía.
La Ley de Tierras vigente no prohíbe que los foráneos compren tierras rurales, limita las operaciones.
Entre estos reclamos judiciales se destaca el planteo realizado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que cuestionaron el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense. Sostuvieron que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, implica la intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del DNU 70/2023, así como toda otra normativa dictada en su consecuencia, hasta tanto se resuelva el fondo. El 29 de enero de 2024 el juez de feria del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó inscribir un proceso colectivo y decretó una medida cautelar que suspende el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en cuanto derogó la Ley 26.737 de Tierras. A una semana del fallo, el titular del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Alberto Recondo, rechazó esa acción de amparo. Dijo que el CECIM no se encuentra legitimado para estar en juicio en defensa de los intereses de los habitantes de la Nación Argentina ni de la soberanía nacional. Entonces el CECIM apeló la decisión y la Cámara Federal de la Plata finalmente declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 en tanto deroga la Ley de Tierras Nº 26.737. Entre los aspectos más salientes del fallo destaco la referencia a que la soberanía nacional justifica la incidencia colectiva y por su naturaleza, es un bien jurídico a proteger. Podemos decir que hoy la Ley de Tierras está vigente gracias al CECIM.
6 DE AGOSTO: NO A LA EXTRANJERIZACIÓN
A comienzos de este año y a través del Consejo de Mayo, el Gobierno nacional impulsó una reforma legal hecha a la medida de grandes capitales extranjeros o de cualquier persona humana o empresa foránea que pretenda adquirir tierras rurales en la Argentina. En nueve artículos, bajo el título “Inviolabilidad de la propiedad privada”, el proyecto implica una derogación encubierta de la Ley de Tierras 26.737 al proponer cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y requisitos para la expropiación, y flexibilizaciones a la Ley de manejo del fuego. Sobre tierras rurales realizan modificaciones estratégicas que vacían de contenido su espíritu original al eliminar las limitaciones establecidas por ley, en cuanto a superficie, nacionalidad, topes personales y la prohibición de adquirir lagos y ríos.
La aprobación del proyecto de Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada del Gobierno Nacional implica riesgos institucionales y riesgos en sentido estratégico. La derogación de la Ley de Tierras significará:
–pérdida de acceso a la información pública a nivel nacional de los datos dominiales y catastrales en torno a la extranjerización de la tierra.
–pérdida de control sobre el territorio nacional y las implicancias en cuanto a la posible balcanización de nuestro país.
–eliminación de límites para la adquisición de tierras con acceso directo a cuerpos de agua de envergadura y permanentes (lagos, ríos), y por ende fuentes de agua y energía sumado al RIGI.
–de ser aprobado el SUPER RIGI, promete estabilidad regulatoria por 30 años y así desarma cualquier facultad de ejercicio de poder de policía sobre el territorio y por ende ejercicio de soberanía.
EL DOBLE OBJETIVO
Esta reforma debe leerse en dos niveles políticos superpuestos. Por un lado, cumple una función económica liberalizadora clásica: derogar los controles para facilitar y garantizar la inversión extranjera privada en un recurso estratégico, tratando a la tierra como una mercancía más. Por otro lado, y de manera simultánea, introduce una lógica geopolítica de alineamiento automático. En cuanto a los sujetos comprendidos, el proyecto se refiere a Estados extranjeros o entidades bajo su control y cobra sentido pleno a la luz de la alineación absoluta del gobierno de Javier Milei con los intereses estratégicos de los Estados Unidos.
Fue a comienzos de este año y a través del Consejo de Mayo que el Gobierno nacional impulsó esa reforma hecha a la medida de grandes capitales extranjeros.
Lejos de una mera “modificación”, esta iniciativa representa una liberalización integral y selectiva del mercado de tierras. Se ampara en un principio abstracto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, cuando la ley actual no afecta derechos adquiridos y opera dentro del consenso jurídico sobre el principio de razonabilidad. La flagrante contradicción con el fundamento soberanista original de la ley—expresado en el mensaje de 2011—revela la verdadera naturaleza de la reforma.
En el doble objetivo se define su esencia: es a la vez un instrumento de desregulación económica para capitales amigos y una herramienta de alineamiento geopolítico que adopta, en la legislación doméstica, las prioridades de seguridad nacional de una potencia extranjera.
Pero el debate continúa, trasciende lo técnico y lo económico: se trata de definir bajo qué parámetros de soberanía e independencia se decidirá quién controlará el recurso fundamental de la Nación.
La Universidad del Comahue adhiere a ‘Vendimia Celebra 2021’ con dos propuestas imperdibles. Por un lado acerca a la comunidad 4 recetas para maridar con vinos regionales. En la publicación encontrarán los ingredientes necesarios y a partir del viernes podrán seguir los videos explicativos de los procedimientos para disfrutar de platos únicos de la mano…
El gobierno de Axel Kicillof le dará una asistencia financiera al municipio de Azul para que pueda completar el pago del medio aguinaldo. La administración del camporista Nelson Sombra depende de ese auxilio para cancelar el 50% que aún le adeuda a los municipales y que provocó un paro con movilización al cierre de esta semana.
Como adelantó LPO, varios municipios gestionaron ante la Provincia adelantos de coparticipación para poder cumplir con sus obligaciones salariales de mitad de año, en medio de un contexto generalizado de caída de la recaudación y de los recursos provenientes de la coparticipación.
En el caso de Azul, durante los primeros días de julio el intendente les informó a los municipales que la comuna no contaba con los fondos suficientes para afrontar el pago total del aguinaldo y que dependía de la habilitación de recursos provinciales.
Según el gremio, hace dos semanas Sombra les había comentado que, a diferencia de años anteriores, la Provincia no había girado esa asistencia. Pero, mientras se desarrollaba aquella reunión, el Intendente recibió un llamado de Axel Kicillof para avanzar en una solución.
En principio, se pautó una reunión en Economía que luego se canceló. La incertidumbre sobre el desembolso provincial empezó a disparar en Azul a ligarse con las tensiones internas entre el axelismo y La Cámpora.
Con el conflicto estallado, finalmente el municipio confirmó que «el lunes o el martes de la semana próxima» se estará depositando el 50% restante del aguinaldo «a partir del apoyo de la provincia de Buenos Aires» que sería por vía de adelanto de coparticipación.
En ese sentido, fuentes del ámbito político azuleño hablaron de rispideces desatadas por el regreso a la Legislatura de la diputada bonaerense Mercedes Landivar, dirigente de La Cámpora que había pedido licencia de su banca para ir como jefa de Gabinete de Maximiliano Wesner en Olavarría.
Para hacer posesión de su escaño, Landivar no renunció a su cargo en Olavarría, sino que seguirá ejerciendo ad honorem. En la región hay quienes explican este movimiento por quien estaba ocupando al momento esa banca como suplente: Laura Aloisi, del axelismo de Azul.
En paralelo a esos cambios, la asistencia financiera de la provincia se demoró al punto de que los municipales decidieron anunciar un paro de 72 horas con movilización, la cual se desarrolló este viernes y contó con la presencia de las autoridades nacionales y provinciales del gremio de municipales.
Protesta de municipales de Azul este viernes frente al municipio.
Con el conflicto estallado, finalmente el municipio confirmó que «el lunes o el martes de la semana próxima» se estará depositando el 50% restante del aguinaldo «a partir del apoyo de la provincia de Buenos Aires» que sería por vía de adelanto de coparticipación.
La nutrida movilización de los municipales llegó a las puertas del municipio y una delegación fue recibida por Sombra. «Las autoridades municipales informaron que, tras las medidas de fuerza llevadas adelante por este sindicato, la Provincia de Buenos Aires confirmó el envío de los fondos necesarios para completar el pago del medio aguinaldo adeudado», señalaron en el sindicato.
Más allá de celebrar la llegada de recursos, en el gremio manifestaron su «profunda preocupación por la delicada situación financiera que atraviesa el Municipio y por las dificultades que podrían presentarse para afrontar los próximos compromisos salariales ya acordados, en un contexto en el que la asistencia provincial continúa llegando con demoras».
Por eso, resolvieron mantener las medidas de fuerza hasta tanto se concrete el pago del medio aguinaldo adeudado.
Superado el traspié inicial, hasta el 30 de marzo continúa en la provincia de Córdoba el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) realizado por la Real Academia Española (RAE). Tiempo atrás el idioma, la lengua, eran una especie de espacio sagrado donde se acataba directamente una normativa proveniente de la Europa colonizadora, algunos de…
El Intendente Marcelo Orazi firmó con la Gobernadora Arabela Carreras el convenio para la implementación del programa ‘Suelo Urbano’ que contempla la obra de infraestructura básica para 107 terrenos del loteo Barazzutti con una inversión $21.615.872,05. De esta manera se dotará de los servicios de red de agua, eléctrica y alumbrado público a este sector…
La crisis en Granja Tres Arroyos (GTA) se expande sobre diversas plantas y unidades productivas de la principal avícola del país.
Como contó LPO, la semana pasada los trabajadores de la planta de Pilar fueron notificados de la parálisis productiva durante todo agosto, suspensión que implica que percibirán el 65% del salario. Eso, en un contexto de atrasos salariales y del aguinaldo.
Lo mismo que en las plantas de la ex Cresta Roja en Ezeiza y Esteban Echeverría que posee Wade, firma controlada por el grupo GTA.
Ahora, GTA decidió estirar por otras dos semanas el freno productivo que se arrastra desde mediados de julio en Avex, avícola que integra el grupo GTA y que tiene su planta en Río Cuarto, Córdoba.
Ahí, son 350 los trabajadores afectados, que en los últimos días denunciaron deudas salariales. Al momento, solo les pagaron el 40% de su sueldo de mayo, por lo que les adeudan el 60% restante de ese mes, todo junio, el aguinaldo y julio.
La escalada conflictiva se había iniciado en mayo, cuando GTA cerró por tiempo indeterminado lu planta La China en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La empresa enfrenta un proceso de reestructuración de deuda por más de USD 350 millones.
En el sector detallaron que, durante los últimos años, GTA encaró una ambiciosa estrategia de crecimiento, incorporando nuevas plantas y ampliando fuerte su capacidad productiva con la adquisición de WADE (ex Cresta Roja) y AVEX.
En Brandsen, la empresa tuvo que vender alrededor de 550 vacas para pagar los salarios, lo que implicó en una drástica reducción del tambo, que quedó con cerca de 150 vacas preñadas y con terneros de corta edad.
Pero con esa expansión -sostienen- aparecieron dificultades de liquidez, tensiones financieras y la necesidad de iniciar un proceso de reorganización que golpea a distintas plantas del grupo.
Además de sus plantas avícolas, GTA posee el tambo «Doña Carolina» en Brandsen, que también registra problemas.
Trabajadores de ese establecimiento revelaron a InfoBrandsen revelaron que la actividad se encuentra reducida a partir de una situación económica delicada, que implicó que la empresa tenga que vender alrededor de 550 vacas para pagar los salarios, lo que implicó en una drástica reducción del tambo, que quedó con cerca de 150 vacas preñadas y con terneros de corta edad.
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