Feria ReEmprender acompaña al ‘Pedaleando por un sueño’
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Efecto Monotributo: Se derrumba la acción de Mercado Libre, por la fuga de Mercado Pago
Mercado Libre crece pero la acción se derrumba. No es contradicción es el síntoma de algo más grande: el choque entre una empresa que funciona como termómetro del capitalismo digital regional y los cambios regulatorio domésticos que pegan directo en su negocio.
Mercado Libre presentó un balance sólido. En el cuarto trimestre de 2025 reportó ingresos por USD 8.760 millones, con un crecimiento interanual cercano al 45%. El volumen bruto de ventas alcanzó USD 19.9 mil millones y Mercado Pago procesó USD 83.7 mil millones en transacciones.
Pero el impacto en Mercado Pago de la recategorización del monotributo que considera ingresos a los fondos depositados ene sa billetera virtual no es el único problema. Wall Street miró otra cosa. El margen operativo de Mercado Libre quedó levemente por debajo de lo esperado y la ganancia por acción decepcionó.
La acción perdió entre 8% y 10% tras la presentación del balance y suma una caída del 18% en lo que va del mes. Un castigo clásico del mercado financiero cuando las inversiones futuras pesan más que la rentabilidad inmediata.
La caída abrió una discusión intensa entre operadores. Analistas coincidieron en que el mercado penalizó a la empresa aún cuando los ingresos superaron estimaciones. El punto más repetido fue que Mercado Libre está invirtiendo agresivamente para consolidar su posición dominante. Bajó el umbral de envíos gratis en Brasil para generar hábito de compra, expande el crédito aunque hoy reduzca márgenes y profundiza su red logística propia, que ya entrega la enorme mayoría de los paquetes sin intermediarios.
Lo concreto es que la compañía crece a tasas cercanas al 40-50% anual desde hace cinco años, mientras la acción vale prácticamente lo mismo que tiempo atrás. El negocio avanza más rápido que su valuación.
«Mercado Libre hoy es una empresa mucho más grande y rentable que hace algunos años, pero el mercado todavía no la mide como una blue chip tradicional. En Estados Unidos compañías consolidadas no sufren esas oscilaciones sin un shock real detrás», apuntó el experto Javier Timerman.
En Argentina, la volatilidad es parte del paisaje. Y ahí aparece la segunda parte de la historia. Mientras el mercado discutía márgenes, el Gobierno avanzó con la recategorización compulsiva del monotributo mediante el cruce de datos de billeteras virtuales. La medida ya es conocida: ARCA comenzó a usar la información de billeteras virtuales para detectar ingresos y subir automáticamente de categoría a contribuyentes.
El impacto pegó directo en Mercado Libre. En las últimas horas empezaron a multiplicarse comercios que dejaron de aceptar Mercado Pago. Carteles pegados en vidrieras, avisos improvisados, explicaciones simples: «si cobro por billetera me recategorizan».
Para muchos pequeños negocios, el QR pasó de ser una solución financiera a un riesgo fiscal. «No es contra Mercado Libre. Es contra el sistema. Si cobro digital quedo expuesto», afirmó a LPO uno de los comerciantes que dio de baja Mercado Pago.
La escena revela un efecto inesperado de la política económica. La plataforma que empujó la bancarización masiva empieza a encontrar resistencia en su propio ecosistema.
El mercado castigó la acción por los costos de crecer. La regulación local empezó a castigar el uso. Y así, en una misma semana, el caso Mercado Libre dejó de ser solo una historia bursátil para convertirse en algo más político: la tensión entre la economía digital que intenta expandirse y un Estado que termina afectando al principal símbolo del nuevo capitalismo argentino.
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Denuncian que empresarios ofrecieron coimas a un sindicalista para que no empiecen las clases
La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública de Chubut inició una investigación tras la denuncia presentada por un sindicalista contra un empresario y un ex funcionario, quienes lo habrían querido coimear para que no empiecen las clases.
La fiscal
Julieta Gamarra solicitó allanamientos en los domicilios de los involucrados y
en la empresa donde se habría llevado a cabo la reunión en la que le ofrecieron un soborno al secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Trelew, José Severiche. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad.
Severiche denunció que recibió un llamado de Ricardo Traversini, empresario local que fue investigado por presunta evasión, quien le manifestó que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería reunirse con él.
Carpintero tuvo una extensa trayectoria como funcionario público vinculado al peronismo. Fue director general de Niñez, Adolescencia y Familia; subsecretario de Desarrollo Social; ministro de Familia y Promoción Social; concejal de Trelew; y viceministro coordinador de Gabinete, entre otros cargos. Su carrera concluyó con una condena por corrupción, tras acreditarse un incremento patrimonial superior al 500% y el cobro de coimas y sobresueldos en las causas conocidas como «Embrujo» y «Revelación».
Tras el llamado, Severiche se dirigió a la oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl «Tato» Cereseto. Allí, según consta en la denuncia, le habría solicitado «que haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero».
«Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia», declaró el sindicalista.
Raúl «Tato» Cereseto
En su presentación judicial, Severiche aseguró que Carpintero le prometió «una retribución económica» y que luego se realizarían «paritarias» para compensarlo si accedía al pedido. «Creo que Carpintero me ofrece dinero a cambio de que yo trate de impedir que empiecen las clases porque él me conoce bien y sabe que tengo problemas económicos», afirmó.
Más allá de la cuestión política, fuentes del Gobierno indicaron que el interés de los empresarios y del ex funcionario condenado estaría vinculado a evitar el pago de impuestos adeudados, que rondarían los $1.200 millones, frenar el incremento del canon pesquero y bloquear el eventual envío del proyecto de «Ley de Ficha Limpia para la Pesca» que el Ejecutivo analiza presentar.
