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Abren investigación a Marchi y a un ex ministro santafesino por el caso que implica al ex juez Bailaque y a Busaniche
Fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) le informaron al ex administrador de la Corte Suprema Héctor Daniel Marchi que le iniciarán una investigación a raíz de indicios surgidos en una causa de corrupción, que incluye a un ex juez federal, por el armado de una causa para extorsionar a dos agentes bursátiles de Rosario.
Por el mismo caso también recibió una comunicación idéntica el ex ministro de Justicia de Santa Fe Ricardo Silberstein, quien al igual que Marchi presentó abogados para notificarse sobre los hechos investigados, la prueba reunida y las calificaciones legales que de manera provisoria se le atribuyen.
El caso que requiere la presentación de los dos ex funcionarios públicos es la causa por extorsión que tiene al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por extorsión, lavado de activos y otros delitos. El ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando al lobista judicial Santiago Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.
Las víctimas de esta maniobra presunta son dos financistas rosarinos y uno de ellos, Claudio Iglesias, era al momento del delito en trámite directivo de la aseguradora San Cristóbal, con sede en Rosario.
En febrero pasado, los defensores de Busaniche requirieron que se llamara a declarar como testigos -aunque sin la obligación de juramento por si surgiera mérito penal y con pedido de secuestro de teléfonos-tanto a Marchi como a Silberstein.
A una semana que la Cámara Federal de Casación confirmara las investigaciones contra Busaniche y rechazara el pedido de apartar a todos los fiscales que impulsan estos casos de corrupción institucional, el fiscal federal Juan Argibay Molina comunicó tanto a Marchi como a Silberstein que se había dado inicio a un legajo de oficio para determinar si aparecían implicaciones en los ilícitos bajo pesquisa.
Contador, oriundo de Rafaela, Héctor Daniel Marchi fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema con el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los recursos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 por el estallido de una interna. Quien resistió su relevo, como lo reflejó la prensa por entonces, fue Lorenzetti.
Al dar testimonio como arrepentido, el ex director de la AFIP Vaudagna admitió que el lobista Busaniche había hablado con él para abrir una causa penal por lavado contra los agentes bursátiles en 2019. Estos declararon que les pidieron 200 mil dólares para paralizar ese expediente. Los pormenores de ese armado quedaron probados por una conversación entre Vaudagna y Busaniche. En una declaración ante fiscales, Vaudagna dijo que quien empujaba a Busaniche para que se concretara esa causa era Marchi.
Para que la fiscalía inicie una investigación contra Silberstein hay un eje en la compañía de seguros San Cristóbal. Silberstein es un abogado reconocido en Rosario, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz.
Aducen que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias». Silberstein le dijo a LPO que es completamente ajeno a cualquier acto ilícito, que no conoce a Vaudagna y que le parece dañosa y desconcertante la pretensión de involucrarlo en una investigación. Este abogado tiene relación con la aseguradora San Cristóbal y aparecía como candidato a presidir la compañía, una de las mayores del país, en una elección que se realizará en octubre.
Este viernes Marchi se presentó espontáneamente con el abogado Hernán Folgueiro -del estudio del ex juez Gabriel Cavallo– que va a representarlo ante los fiscales de la Procelac, los que les explicaron los hechos investigados.
Un día antes en Rosario se había notificado el abogado designado por Silberstein, el penalista Walter Stramazzo, sobre el inicio de esta investigación preliminar que se desprende del caso 15287/2024, donde ya están procesados y con medidas cautelares el ex juez Bailaque -que afronta un pedido de pena de diez años de prisión por esta y otras causas-el financista Whpei y el ex funcionario de la AFIP Vaudagna.
Hace dos meses, los abogados Claudio Pirotta y Débora Lichtmann, que representan a Busaniche, propusieron el llamado de varios testigos, cuestionando que la fiscalía no los haya llamado luego que de Vaudagna apuntara al ex administrador de la Corte como instigador de la extorsión contra los agentes bursátiles de Rosario. Entre otros testigos propusieron a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó, y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.
En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.
Silberstein cuestiona con énfasis cualquier implicación con un caso «que de repente se llenó de arrepentidos». Al igual que con Marchi, los defensores de Busaniche piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.
Busaniche, que es el que promovía el armado de la causa por extorsión, está además procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain impuso mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila, administrado por Fernando Whpei , 10 millones de dólares en billetes para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario, a cambio de un soborno.
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Denuncian que subió 23% la demanda en los hospitales públicos de la provincia
Los médicos de la provincia de Buenos Aires denunciaron que, frente a la crisis económica, el crecimiento del desempleo y el recorte de programas nacionales de salud, la demanda en los hospitales públicos bonaerenses creció un 23%.
Se trata de una problemática que, desde la asunción de Javier Milei al Gobierno, numerosos intendentes vienen advirtiendo con preocupación, ya que muchos municipios son los que se hacen cargo de financiar el sistema de salud local.
Ante un permanente crecimiento de esa demanda, en el gremio bonaerense de los profesionales de la salud, Cicop, salieron a advertir que el sistema está «saturado», con equipos sobrecargados y recursos insuficientes para capear ese incremento.
«A eso se suma una situación interna cada vez más grave: un deterioro salarial inaudito, con falta de respuestas paritarias y aumento de la conflictividad en la atención», dijo el titular del Cicop y de la Federación Nacional, Fesintras, Pablo Maciel.
Y graficó: «La crisis económica, el desempleo, el cierre prácticamente del Remediar, la quiebra de obras sociales y la situación dramática del Pami empujan a miles de personas al sistema público para resolver desde consultas hasta cirugías».
El titular de Cicop y Fesintras, Pablo Maciel.
Para los médicos, uno de los puntos más sensibles del ajuste es el vaciamiento del Plan Remediar, que durante más de 20 años garantizó medicamentos esenciales a 20 millones de personas a través de 8.000 centros de salud de todo el país.
«El impacto es inmediato y grave: pacientes con enfermedades crónicas, autoinmunes o inflamatorias están descontinuando tratamientos porque no pueden costearlos, lo que genera complicaciones severas y, en los casos más extremos, muertes evitables», señalaron los médicos de Fesintras.
Los hospitales municipales ya gastaron el presupuesto anual y la situación es dramática
En esa línea, indicaron que, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias de recursos nacionales al Pami registraron una caída real del 54,4% durante el primer cuatrimestre de 2026 comparado al mismo período de 2025.
Eso tiene su correlato en la caída de prestaciones, demoras en la atención, problemas en acceder a medicamentos y deuda con prestadores, médicos de cabecera y odontólogos que ponen en jaque la operatividad del sistema.
Frente a eso, el titular de la Asociación de Profesionales del Hospital El Cruce de Florencio Varela, Damián Zamorano, expuso que en ese centro de alta complejidad «la lógica de privatización y mercantilización ya está sucediendo, mediante políticas de productividad que incrementan la atención y profundizan la sobrecarga laboral del personal de salud».
En ese contexto, Fesintras promueve un paro nacional de salud con movilizaciones en todo el país para este miércoles 20 de mayo. La marcha central llevará el reclamo a la puerta del Ministerio de Salud nacional que conduce Mario Lugones. De ahí, la columna marchará hacia Plaza de Mayo.
Como antesala a esa movilización, Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes a una reunión en Gobernación el martes, para abordar el impacto del ajuste nacional en Salud. Ahí se prevé que el ministro de Salud, Nicolás Kreplak informe el estado de situación con datos comparativos y se firme un documento en reclamo de recursos adeudados por parte de Nación.
Ley Micaela: comienza la capacitación al personal municipal
El próximo viernes 25 se llevará a cabo la capacitación sobre la Ley Micaela al primer grupo del personal de la Municipalidad de Villa Regina. La misma será dictada por la Universidad Nacional del Comahue a partir del convenio que en marzo firmó el Área Mujer y Diversidad del Municipio y la Universidad. La misma…
