Feria ReEmprender acompaña al ‘Pedaleando por un sueño’
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Excelerate quiere quedarse con la importación de GNL y abre un debate sobre posición dominante
La firma estadounidense Excelerate Energy opera desde hace años el buque regasificador en Bahía Blanca. Ese barco transforma el gas natural licuado importado en gas apto para inyectar en la red troncal. Hasta ahora su negocio fue ese: cobrar por el servicio de regasificación. La novedad es que el gobierno oficializó su inscripción también como comercializadora e importadora de GNL.
El movimiento coincide con la reorganización del esquema de compras externas que impulsa el Gobierno. Desde fines de enero, el Gobierno puso en marcha una profunda reorganización del esquema de compras externas de gas natural licuado (GNL) que hasta ahora estaba centrado en empresas bajo el control del Estado como ENARSA y Cammesa, que actuaban como comprador y intermediario directo para cubrir los picos de consumo invernal.
Ese modelo implicaba que el Estado contrataba buques en el mercado internacional a precios globales (por ejemplo, entre USD 12 y USD 17 por millón de BTU), y luego vendía ese gas a las distribuidoras a valores tres veces menores, en línea con el Plan Gas, subsidió la diferencia con recursos fiscales.
Una mega inversión para exportar GNL desde La Plata reaviva el Canal Magdalena
El nuevo diseño, formalizado en la Resolución 33/2026, apunta a seleccionar mediante licitación pública a un único operador privado que concentre la compra de GNL en el exterior, coordine la logística marítima y comercialice el gas regasificado en el mercado local, utilizando la terminal de Escobar como nodo clave.
Esa decisión implica retirar al Estado de su rol de intermediario y plantea un interrogante central: cómo se trasladarán los costos internacionales al mercado interno y hasta qué punto el viejo esquema de subsidios será reemplazado o reajustado para que el costo del gas no termine recayendo sobre la demanda residencial e industrial sin amortiguación estatal.
La Unidad Transitoria de Empresas (UTE) que integran YPF y ENARSA concentra la coordinación operativa y los servicios portuarios, incluido el tramo de unos 50 kilómetros de gasoducto que conecta el puerto con la red nacional. Allí está el nudo del negocio.
Si Excelerate logra convertirse en el único importador, tendría dos fuentes de renta. Por un lado, el margen comercial sobre el GNL que compra en el exterior. Por otro, el canon por regasificar ese mismo gas. Es una integración vertical completa. Compra, trae, transforma y entrega. Todo en una misma estructura.
En el sector privado admiten que esa doble condición le permitiría ofrecer precios más agresivos en la licitación frente a la UTE. Puede resignar margen en la comercialización y compensarlo con la tarifa de regasificación. O viceversa. La competencia pura se vuelve más difusa cuando un mismo jugador maneja dos eslabones críticos de la cadena.
El encargado del área de Energía, daniel González.
En 2025 Argentina importó alrededor de 22 cargamentos de gas natural licuado (GNL) para atender la demanda, según licitaciones adjudicadas por la empresa estatal ENARSA para abastecer los picos invernales por un monto total cercano a USD 600 millones.
Este patrón de importaciones en 2025 muestra que, pese a Vaca Muerta, el país sigue dependiendo fuertemente del GNL importado en los meses más fríos para sostener el suministro energético. El que controle esa canilla, controla un flujo de divisas clave.
El GNL sigue siendo el seguro de última instancia. Un ex funcionario del área energética lo resumió así: «No es lo mismo contratar un servicio que depender de un proveedor integral. Cuando el mismo actor fija el precio del gas y además cobra por regasificarlo, la capacidad de negociación del Estado se achica».
El ex funcionario aclaró que «la cuestión no es ideológica», aunque inevitablemente tiene implicancias políticas. «El capitalismo necesita reglas claras y organismos que eviten abusos de posición dominante. Cuando un actor concentra importación, logística y transformación, el mercado deja de ser un mercado y se parece más a un embudo», apuntó.
Excelerate, por su parte, argumenta que su experiencia técnica y su presencia global le permiten optimizar costos. Opera en distintos continentes y negocia volúmenes significativos de GNL en el mercado internacional. En un contexto de volatilidad de precios, esa escala puede ser una ventaja. Pero la pregunta es otra. ¿Puede el Estado garantizar que esa ventaja no se traduzca en dependencia estructural? Porque el gas no es un producto más. Es insumo industrial, calefacción domiciliaria y generación eléctrica. Es economía real.
El antecedente reciente de crisis energéticas mostró que cuando falta gas, el costo lo paga la producción. Paradas de plantas, cortes a industrias, mayores subsidios. La energía es como el sistema circulatorio de la economía: si se obstruye, el cuerpo entero se resiente.
En un país que todavía destina millones de dólares a equilibrar su balanza energética, cada decisión pesa. El avance de Excelerate abre una discusión que excede una licitación. Se discute quién maneja el flujo del gas en los meses críticos. Y, en el fondo, quién fija las condiciones de un mercado estratégico.
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Un hecho político inusual y profundamente revelador tuvo lugar este miércoles frente a la Casa Rosada: un efectivo de la Policía Federal Argentina decidió encadenarse esposado a la reja perimetral del Palacio de Gobierno para visibilizar el descontento y el sufrimiento real que atraviesan las fuerzas de seguridad bajo la gestión actual.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El protagonista de la protesta individual fue el cabo Miguel Ángel Montiel, quien se presentó uniformado y portando su arma reglamentaria frente a Balcarce 50. Con una pancarta en mano, denunció irregularidades dentro de la institución, maniobras de corrupción y el deterioro de su salario y condiciones laborales.
“Nos sacan la plata del bolsillo”: reclamos que estallan en plena Casa Rosada
Según explicó Montiel, su reclamo no se limitó a la cuestión salarial, aunque ésta fue eje central: señaló que la quita de derechos, la existencia de “planillas fantasmas” y maniobras irregulares con adicionales que no se cumplen terminan perjudicando directamente el bolsillo de los efectivos.
Además, el propio cabo denunció que en su Comisaría, la del Ferrocarril Belgrano Norte, existen prácticas que favorecen la corrupción, especialmente en servicios adicionales que no se efectivizan pero igual aparecen en los registros.
Lo más llamativo es que Montiel decidió canalizar su protesta en pleno frente de la sede del Poder Ejecutivo, obligando a la Casa Militar y a las fuerzas de seguridad a activar protocolos especiales para contener la situación.
Un acto con mensaje político claro: el salario como conflicto estructural
La protesta del cabo Montiel es más que una acción aislada: pone en evidencia el profundo malestar dentro de las fuerzas de seguridad federales ante la precarización salarial y las condiciones de vida que enfrentan miles de agentes en un contexto de creciente inflación y pérdida de poder adquisitivo.
Mientras el Gobierno insiste en discursos de “orden y seguridad”, la realidad que viven los trabajadores de las fuerzas de seguridad —que también pagan alquileres, comida, transporte y educación— es otra: salarios que no alcanzan, condiciones laborales desactualizadas y ausencia de canales institucionales efectivos para resolver conflictos internos.
Montiel incluso admitió que los policías no están autorizados a protestar de esta forma, pero aseguró que ya no podía seguir callado frente a lo que calificó como un evidente deterioro de derechos y justicia interna.
La protesta que interpela al Gobierno
Este episodio, ocurrido en el corazón del poder estatal, desnuda una realidad incómoda para el gobierno: el descontento salarial trasciende a los sectores tradicionalmente alineados con la autoridad estatal, como son las fuerzas de seguridad, y cuestiona directamente la gestión en materia de políticas de ingresos y transparencia institucional.
La protesta se da en un contexto social donde los reclamos por salarios dignos, condiciones laborales justas y el fin de prácticas corruptas se multiplican en distintos sectores de trabajadores y trabajadoras. La decisión de Montiel de esposarse frente a la Casa Rosada no es un mero acto simbólico, sino un llamado de atención tan político como la reivindicación de derechos que merece una discusión pública profunda.
