Con gran éxito la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante “Escuela Abierta” el espacio dedicado a difundir los talleres que la Escuela de Arte llevará adelante durante el corriente año.
En esta oportunidad los vecinos pudieron disfrutar de canto, piano, ukelele, guitarra, árabe y escultura para niños.
Los interesados pueden inscribirse dirigiéndose a la sede de la Escuela de Arte, Brasil 91 o al WhatsApp 298 465 0817.
Con el 7 de septiembre en el horizonte electoral bonaerense, el gobernador Axel Kicillof encendió las alarmas ante lo que considera una campaña sucia —o más bien, “roñosa”— encabezada por el oficialismo nacional. Bajo la figura de Javier Milei, y con los micrófonos amplificados por figuras como Patricia Bullrich y José Luis Espert, La Libertad Avanza despliega una estrategia que, lejos de nutrirse de propuestas, se nutre del oportunismo, la mentira y la manipulación del dolor ajeno.
Las críticas de Kicillof no nacen del aire. Durante los últimos días, tanto Bullrich como Espert intentaron explotar electoralmente la tragedia que significaron las inundaciones en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. Lo hicieron echando culpas a la administración provincial y diseminando datos distorsionados sobre la inseguridad, con una narrativa que el gobernador calificó como “irresponsable”, “provocadora” y cargada de cinismo político.
“Paren de mentir, paren de caranchear”
En una conferencia de prensa sostenida, no sólo con palabras, sino con datos y acciones concretas, Kicillof desmontó las afirmaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien celebró públicamente las supuestas “mejores estadísticas de homicidios” en la historia argentina. Kicillof respondió con una clase de estadística básica: “Los homicidios se toman cada 100.000 habitantes, y la provincia de Buenos Aires representa el 40% del país. Si acá hubiera un baño de sangre, no podrían mejorar las cifras nacionales”.
La lógica es ineludible: no se puede tapar el sol con un dedo, ni mucho menos manipular los números sin que el engaño sea evidente. Kicillof advirtió que esta forma de “caranchear” con la tragedia —en clara alusión al uso de las inundaciones como arma electoral— no sólo desinforma, sino que desmoraliza a quienes enfrentan emergencias reales, y daña la institucionalidad misma.
La obra pública: el gran ausente del plan libertario
Una de las críticas más contundentes se dirigió hacia el freno total de la obra pública por parte del Gobierno nacional. Kicillof calificó este accionar como una muestra de “ignorancia absoluta”, advirtiendo que muchas de las obras paralizadas por la Casa Rosada fueron retomadas y concluidas por la gestión bonaerense, a través de financiamiento internacional y recursos propios.
“No sé cuál perro tiene el presidente Milei, pero es el del hortelano: no hace ni deja hacer”, ironizó el mandatario, resumiendo en una sola frase el bloqueo sistemático que enfrenta su administración por parte de la Nación.
Desde diciembre de 2023, la provincia de Buenos Aires sólo recibió 10.000 millones de pesos de los 400.000 millones que le corresponderían proporcionalmente. Esa ínfima suma fue transferida de urgencia tras la tragedia de Bahía Blanca, y destinada directamente al municipio. Desde entonces, los fondos para emergencias, mantenimiento de infraestructura y asistencia social han sido absorbidos por la Nación y nunca restituidos.
Emergencia sin asistencia
Lejos de quedarse en la denuncia, Kicillof presentó un informe detallado de todas las acciones llevadas adelante por su gobierno frente a las inundaciones. Desde la distribución de ayuda humanitaria y vacunación en zonas afectadas, hasta el despliegue de infraestructura financiada sin la colaboración del Ejecutivo nacional.
Además, anunció un reclamo formal por 100.000 millones de pesos —una cifra significativamente menor a lo que le corresponde— con el objetivo de cubrir gastos ya realizados por la administración provincial en contexto de emergencia. “Es obligación legal del Gobierno Nacional cubrir esos fondos cuando se declara una emergencia. No lo hacen porque no les interesa la gente”, disparó el gobernador.
El desinterés se traduce en burocracia inerte y en un sistema que, según Kicillof, depende de la autorización informal de un “trío” de poder conformado por Karina Milei, Santiago Caputo y el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “Estamos hartos de que nos digan ‘te lo transfiero hoy’ y después echen al funcionario que lo dijo. Ya van 140 echados”, apuntó con indignación.
Un Estado provincial contra la corriente
Mientras la Nación se atrinchera en su dogmatismo antiestatal, la Provincia refuerza la presencia del Estado donde más se lo necesita. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, detallaron programas específicos de asistencia económica y social, incluyendo líneas de crédito a tasa cero para familias damnificadas, y préstamos accesibles para PyMEs y microemprendedores.
Frente al desprecio de Milei por la obra pública y la solidaridad institucional, Buenos Aires eligió redoblar esfuerzos. En palabras de Kicillof: “Si no quieren gobernar, que no lo hagan. Pero no se metan a sabotear. Nosotros vamos a seguir estando donde el pueblo nos necesita”.
La campaña roñosa
La denuncia de Kicillof sobre el tono y contenido de la campaña de La Libertad Avanza no es menor. A su juicio, no se trata simplemente de una estrategia electoral agresiva, sino de una campaña deliberadamente destructiva que recurre a la manipulación del dolor, la desinformación sistemática y el abandono programado del Estado como política de ajuste encubierta.
“No es sucia, es roñosa”, sentenció el mandatario, visiblemente indignado por la liviandad con la que se utilizan tragedias humanas para sembrar miedo y desinformación.
El contexto electoral no puede ser una excusa para que desde el poder se siembre el caos. Y mucho menos cuando se omite cumplir funciones básicas, como transferir fondos para emergencias o garantizar derechos esenciales como el acceso a la vivienda, la salud y la seguridad pública.
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El titular de uno de los estudios contables tributarios más importantes del país, César Litvin, afirmó que no hay inmunidad para blanquear dólares, que en tanto no haya cambios normativos existen riesgos penales y que por eso es mejor tenerlos un rato más abajo del colchón.
En un simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el Consejo de Ciencias Económicas de Rosario, el tributarista dijo que frente al anuncio del equipo económico de la semana pasada hay que evitar la ansiedad. “Todo lo que se informó el día jueves y que salió publicado el día viernes no me da a mí la posibilidad de sugerir a nadie que ya empiece a usar los dólares del colchón, porque para empezar a hacerlo falta la segunda etapa. Y esa segunda etapa es la que me da plena seguridad jurídica”, declaró.
El especialista resaltó que tiene que haber modificaciones legales a tres leyes al régimen penal cambiario. “La gente quiere sacar ya el canuto. Dicen: “Voy, compro acciones, compro bonos, cambio el departamento, compro un autito. Pero calma. Todo el mundo compra en el blue, la cotización sale en los diarios, pero la realidad es que el que compra o el que vende dólares fuera del mercado legal comete una infracción al régimen penal cambiario”. ¿Cuál es el peligro? “Si alguien usa dólares y no tiene el papelito de dónde lo compró todavía queda expuesto a una infracción del régimen penal cambiario que establece una pena entre una y diez veces el monto de la operación”.
El estratega del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, que tiene entre sus clientes a celebridades como Susana Giménez, dijo que el régimen penal tributario vigente tiene montos punibles de evasión que quedaron “totalmente derretidos” por la inflación, porque son montos de 2018, que fueron fijados en 2017 “¿Saben cuánto es el monto punible de evasión? Un millón y medio de pesos por año. O sea que cualquier evasión de impuestos de más de un millón y medio ya entra en la ley penal tributaria, ya es denuncia penal, ya te pintan los deditos, ya tenés que pedir permiso para salir del país. Es difícil que duermas en la sombra, pero el mismo proceso ya es una condena en sí mismo”.
Litvin destacó con énfasis que el anuncio para incentivar a utilizar activos no declarados, como se lo llamó desde el gobierno, no es un blanqueo que, como ilustró, perdona todos los pecados tributarios. “Una de las cosas que anunciaron es que van a cortar la prescripción. Ustedes saben que la prescripción para los contribuyentes inscriptos son cinco años, pero en la práctica, como se computa, resultan cerca de siete dependiendo del cierre de ejercicio”.
Remarcó que mucha gente que entró en el blanqueo durante el gobierno de Macri sintió que fue una emboscada. ¿Por qué? “Porque cambió el gobierno, Bienes Personales, que era el 0.25, lo llevaron a una alícuota que empezaba en el 0.50 y terminaba en el 2.25. Y después hubo otro impuesto, el impuesto a la riqueza, que en ese mismo año, entre los dos impuestos, hacía una alícuota máxima del 7.5%”.
Si alguien usa dólares y no tiene el papelito de dónde lo compró todavía queda expuesto a una infracción del régimen penal cambiario que establece una pena entre una y diez veces el monto de la operación.
¿Qué generó eso?, se preguntó el experto. “Que mucha gente se fuera a vivir a Uruguay en búsqueda de cariño y afecto impositivo. Y Uruguay los recibió con vacaciones fiscales por diez años. Con lo cual, ustedes saben que los capitales son mimosos, se van donde mejor los tratan”.
“Esperemos la segunda etapa y veamos qué nos trae la seguridad jurídica. Hay que trazar una línea entre dinero negro y dinero sucio. Hay quienes dicen que con esta medida entra el narco. No. Se apunta a que se usen los dólares negros porque la UIF mantiene todas sus facultades intactas. Eso significa que aquel que deposita 50 millones puede que no sea reportado a ARCA. Pero si la entidad bancaria considera que no sabe cómo el cliente hizo la tela puede que lo reporte a UIF. Esa es la línea divisoria”, subrayó.
“Estábamos acostumbrados a que el fisco tuviera toda nuestra base de datos y todos nuestros movimientos. Ahora va a tener muy pocos de nuestros movimientos”, celebró. También dijo que hay que cambiar a su juicio la carga que pesa sobre el contribuyente frente a las inspecciones fiscales. “En el derecho penal rige el principio de inocencia. En el derecho tributario rige el principio de culpabilidad. Cuando viene una inspección te determina un ajuste y por más discrecional o errado que esté, es el contribuyente el que debe demostrar inocencia. Las modificaciones en la ley de procedimiento deben volver a lo anterior. Es el fisco quien tiene que demostrar quién evadió”.
Litvin dijo que hay que diferenciar el stock (el canuto o la plata del colchón) del flujo en un contribuyente. La indemnidad es para los dólares del stock. No para los ingresos futuros que, dijo el tributarista, deben ser declarados.
“El hecho de que ARCA no reciba información de transferencias bancarias por debajo de 50 millones no significa que hay que declarar a partir de los 50 millones”, les advirtió a los contadores que escuchaban. “El voto de confianza que hace el gobierno, y que podrá parecer ingenuo, es que por todos los ingresos, esté pagando en el futuro. Acá va a haber una decisión muy importante del contribuyente”, subrayó.
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