Entrevista a Claudio Katz: «falló el debut de una estrategia de proscripción»

Entrevista a Claudio Katz: «falló el debut de una estrategia de proscripción»

 

El operativo de proscripción fracasó en lo inmediato, pero continúa en su desarrollo porque “están embarcados en una apuesta de largo plazo: buscan crear un clima de resignación”, consideró el economista e investigador Claudio Katz. “No les interesa la credibilidad del fallo, sino la extensión de la apatía, pero hasta ahora precipitaron un resultado opuesto. Reapareció la centralidad de la calle que el gobierno pretende erradicar”. Por Indymedia Argentina.


¿Cuál es tu impresión de la movilización contra el fallo de la Corte?

El acto en la Plaza de Mayo fue multitudinario y coronó varios días de intensa movilización, que empezaron con cortes de calles, siguieron con vigilas y desembocaron en la marcha. El número de concurrentes siempre está en debate, pero no cabe duda que fue muy elevado y la misma masividad se verificó en varias ciudades. El operativo policial intimidatorio quedó desbordado y ni siquiera intentaron aplicar el protocolo antipiquete.

Claudio Katz, economista e investigador del CONICET, profesor de la UBA e integrante de Economistas de Izquierda (EDI).

Lo más impactante del acto fue el audio grabado y la comunicación en vivo de Cristina con la plaza. Constituyó un hecho inédito, que ilustró la derrota inicial del operativo de proscripción. Los jueces quedaron en ridículo con sus restricciones y la esperada humillación de una convicta, se transformó en una burla contra los perseguidores. Primero le notificaron a distancia la condena, para evitar su presentación rodeada de una multitud y luego le impidieron salir al balcón. Pero terminaron soportando un impactante mitin con mensajes de la recluida. No esperaban esa reacción y ese resultado.

¿Por eso la derecha esta nerviosa y molesta con su propio operativo?

Si. Fallaron en lo inmediato, pero hay que ser cautelosos porque están embarcados en una apuesta de largo plazo. Buscan crear un clima de resignación. No les interesa la credibilidad del fallo, sino la extensión de la apatía, pero hasta ahora precipitaron un resultado opuesto. Reapareció la centralidad de la calle que el gobierno pretende erradicar.

La derecha intenta menoscabar esa respuesta, afirmando que la movilización no repitió las gestas históricas del país. Pero no tiene sentido discutir si tuvo o no la escala del 17 de octubre, porque esa foto no nos diría nada de la película. Recién estamos viendo las primeras escaramuzas de una gran pulseada que comenzó mal para la derecha. Con la proscripción forzaron un boomerang, que potenció la centralidad de Cristina y renovó la mística de sus seguidores.

¿Por qué se embarcaron en la proscripción?

Fue una decisión del poder real. La Corte Suprema cumplió las órdenes del poder económico, que pretende asegurar la continuidad del ajuste. También intervino Estados Unidos que anticipó el fallo negándole a Cristina el ingreso a ese país y la gran prensa jugó fuerte. No olvida la ley de Medios y exigió el fallo, mediante descarados chantajes a los jueces.

Intentan sacarla de juego, porque piensan que Cristina es un obstáculo para la aplicación del modelo regresivo en curso. La derecha se ha ensañado con ella y su familia y por eso indujo el atentado contra su vida. El establishment no quiere repetir la experiencia del 2017, cuando el fracaso de Macri le permitió a Cristina definir quién sería el nuevo presidente. Buscan terminar definitivamente con esa centralidad.

¿Es por temor a un estallido del plan económico después de octubre?

Esa es la preocupación inmediata de los poderosos. El plan inicial de llegar a octubre con el tipo de cambio planchado (para forzar la caída de la inflación), estuvo a punto de naufragar. Afrontaban una sangría de reservas que anticipaba la cesación de pagos. En plena crisis fueron rescatados por el FMI que les entregó un crédito inédito, violando nuevamente el estatuto del organismo. Trump repitió el rescate de Macri con mayor velocidad y Milei disfrazó el salvataje con una presentación festiva de su fracaso.

A partir de ese auxilio, armaron otra versión de la bicicleta financiera para llegar a las elecciones con posibilidades de éxito, atrasando la cotización del dólar. Pero la salida de capitales no se detiene, las reservas siguen bajando e improvisan nuevos blanqueos para juntar divisas a cualquier costo. La enorme fragilidad de la economía en un marco de agónica recuperación, derrumbe del consumo y carencia de inversión, renueva el temor al mismo colapso que ya vivimos tantas veces.

¿Pero la proscripción se anticipa a ese crítico escenario o constituye una jugada de largo plazo?

Es una apuesta estratégica que el establishment le impuso a su títere Milei. El gobierno prefería disputar electoralmente con Cristina, pero los poderosos no quieren arriesgarse. Consideran que este es el momento propicio para comenzar a establecer un régimen autoritario.

La proscripción es el punto de partida de una criminalización de los movimientos sociales, asentada en mayores restricciones a las libertades democráticas. Es el mismo modelo, que en Ecuador mantiene a Correa en el exilio y en Perú a Castillo preso. Es el mismo esquema que intentaron con el encarcelamiento de Lula. Nuestros tres cortesanos han emulado el bochorno del juez Moro y por eso será impactante la anunciada visita de Lula al departamento de Cristina, el mes que viene.

En el régimen autocrático que quieren imponer, los magistrados del poder económico decidirían quién puede presentarse o no a las elecciones. Con la proscripción de la principal dirigente de la oposición -que ya había anunciado su candidatura- cruzaron un umbral. Estamos viendo en forma descarnada, hasta qué punto el poder real maneja los hilos del sistema político.

Foto:  Mat ((i))

¿Pero más allá de estos datos, Cristina no está involucrada en casos de corrupción?

Nunca se investigó con imparcialidad sus responsabilidades. No se probaron las acusaciones y tampoco fueron condenados los funcionarios por debajo de la autoridad de Cristina, que habrían cometido algún delito. Se dictaminaron anormalidades en la obra de Santa Cruz, que son moneda corriente en todos los distritos del país. Para colmo, las obras objetadas se hicieron con fondos votados por el Congreso y la auditoría no encontró irregularidades. Hasta el propio ministro de Justicia reconoció que toda la causa es un mamarracho.

La discrecionalidad de los jueces contra Cristina es escandalosa. La Corte reabrió adrede la causa y dictaminó en dos meses y medio, cuándo suele tardar tres o cuatro años para cualquier caso relevante, y lleva décadas cajoneando las sentencias de los jubilados. El contraste con la protección que le brindan a los Macri es vergonzoso. En los últimos 40 años el Partido Judicial salvó a esa familia de 32 causas multimillonarias. Macri comparte impúdicamente fiestas con los mismos jueces, que Clarín pasea por los centros turísticos.

Tenemos tres cortesanos con cargos vitalicios, dotados de inmunidad, para disciplinar con amenazas, purgas y acomodos a todas las instancias inferiores. Este sistema judicial que condenó a Cristina, absolvió a los corruptos empresarios de la Obra Pública y a los ministros que se enriquecieron con la refinanciación de la deuda externa. Ahora, protege a Milei de su estafa con las criptomonedas.

Me parece que, a esta altura, el lawfare es incluso evidente para los analistas que objetaban la existencia de ese operativo. Salta a la vista la necesidad de democratizar el sistema judicial, siguiendo el camino iniciado en México con la elección de los magistrados.

¿En este contexto reaparece la vieja antinomia de peronismo-antiperonismo como epicentro de la política argentina?

En lo inmediato reapareció efectivamente esa confrontación con inesperadas ventajas para el peronismo. Hasta ahora se verifica una irrupción a favor de Cristina, sin la contrapartida de los clásicos cacerolazos derechistas en su contra. El contexto gorila que resucitó durante la gestión de Macri está más apagado y la derecha está furiosa con el clima de alegría y baile que rodea a Cristina. Los descolocó, además, emitiendo un mensaje grabado en la tradición de los cassettes que enviaba Perón.

Algunos reaccionarios como Espert están sacados y escupen insultos que rechaza su propio auditorio. La campaña de los grandes medios despunta como un calco del enceguecido antiperonismo liberal del pasado. Utilizan el mismo lenguaje denigratorio que descargaban contra Evita, en los mismos días que se conmemoran los 70 años del bombardeo a la Plaza de Mayo. Esa masacre inauguró el terrorismo de Estado en gran escala.

Pero hay que tener cuidado con las comparaciones. No olvidemos que la figura de Cristina quedó muy afectada por el desastroso gobierno de Alberto. Se despidió con una plaza espontáneamente llena, cuando asumió Macri y volvió a reunir multitudes, cuando concluyó ese gobierno. Pero la campaña neoliberal en su contra y la generalizada frustración con su último mandato como vicepresidenta han corroído su influencia. La aprobación y el rechazo a su figura cortan al país en dos mitades, y las primeras encuestas sobre el impacto de su proscripción corroboran esa polarización.

Habrá que ver cómo afronta el peronismo este escenario. El fallo de la Corte disipó momentáneamente las pujas internas, pero nadie conoce la forma en qué lidiarán con la proscripción. La propia Cristina confirmó luego del atentado contra su vida, cuán reacia es a motorizar la lucha callejera. El evidente debut de un régimen autoritario no mella sus creencias institucionalistas.

¿La proscripción suscitó también un giro de posturas de la izquierda?

Si y no. Por un lado, el FIT emitió un contundente y acertado repudio, que incluyó un llamado a la movilización. Se consumó también la importante reunión de Myriam Bregman y otros dirigentes con Cristina. Además, convocaron y organizaron una columna independiente en la marcha a la Plaza de Mayo. La mayoría de las agrupaciones de izquierda se pronunciaron correctamente contra la proscripción, y destacaron acertadamente la conexión de ese operativo con la ofensiva capitalista en curso.

Pero las disidencias que rápidamente brotaron amenazan con dejar nuevamente a la izquierda pérdida y sin brújula. Algunos critican la entrevista con Cristina, como si fuera un pecado efectivizar ese acto de elemental solidaridad con un perseguido. Es la misma presencia que esperarían los líderes de la izquierda de los dirigentes de otros sectores, si padecieran ese escarnio.

Mucho más grave es la decisión de otro sector de no participar en la marcha, argumentando que no era lo suficientemente grande, radical y combativa, o que fue amoldada a las intenciones del peronismo.

Tenemos una larga experiencia con situaciones de este tipo y sabemos que la única forma de contrarrestar los eventuales defectos de una movilización es potenciando su masividad. Nunca se corrigen las falencias de una lucha declarando el enojo y la prescindencia, o proclamando que no reúne las condiciones esperadas. Esa abstención implica en los hechos una conducta desmovilizadora, que contradice los llamados a la lucha que caracterizan a la izquierda

Algunos argumentos que circulan para justificar las distintas escalas de inacción frente a la proscripción, sugieren incluso la validez de la condena por corrupción. Destacan que, si se invalida el fallo actual, también habría que objetar las sanciones por manejo deshonesto, que afectaron a personajes tan nefastos como Menem o Isabel Perón.

Pero esa comparación es incorrecta, porque la sentencia contra Cristina es un atropello manejado por el poder real, con la misma desfachatez que agredió a Lula, Correa o Castillo. Por el contrario, las puniciones a Menem o Isabelita fueron casos acotados y excepcionales de justicia, derivados de choques por arriba o demandas por abajo. La única forma de diferenciar ambos tipos de situaciones es evaluando la realidad con caracterizaciones políticas. Esas interpretaciones son indispensables, para no quedar entrampados en el mito de imparcialidad que rodea al actual sistema judicial.

En la izquierda debemos evitar los razonamientos abstractos del liberalismo jurídico. Esa actitud es indispensable para reconocer la existencia del lawfare, que el grueso del progresismo ha registrado, y que algunos integrantes de la izquierda siguen ignorando.

¿Las próximas elecciones de octubre definirán como queda el escenario?

Ahora hay más incógnitas que la semana pasada. Habrá que ver si la proscripción modifica el principal dato de los comicios en curso que es la altísima abstención. Se está verificando la menor concurrencia de las últimas décadas, porque prevalece un desengaño que induce a la retracción de la población.

El gobierno y sus aliados provinciales se han beneficiado con esa apatía, porque consiguen victorias electorales con muy poca concurrencia. En ese marco de indiferencia, la ultraderecha se come a la derecha en campañas signadas por la violencia verbal.

¿La proscripción de Cristina modificará este clima electoral? ¿Cómo serán replanteadas las disputas por las candidaturas dentro del peronismo? ¿Qué propuestas prevalecerán en ese sector, las predispuestas a negociar con el poder real o las que pugnan por confrontar construyendo otro proyecto? En las próximas semanas lo sabremos.

¿Pero el principal dato a seguir no es la dinámica de la movilización popular?

Si. Allí se juegan las respuestas efectivas, que han seguido patrones muy variables bajo el gobierno de Milei. Los atropellos del anarcocapitalista afrontaron al comienzo una gran reacción desde abajo, con dos huelgas generales y varias marchas multitudinarias por la educación universitaria.

Luego con la Ley de Bases, el desempleo y la represión sobrevino el reflujo, pero a principio de año reapareció la resistencia. Primero despuntó el movimiento de la diversidad sexual, posteriormente actuaron los jubilados y recientemente los médicos, las personas con discapacidad y los científicos. Hay banderas como la defensa del Garrahan y el Conicet, que son emblemas del país y suscitan un gran acompañamiento social.

La nueva lucha contra la proscripción de Cristina empalma con esta última secuencia y con la respuesta a la embestida represiva. Bullrich y Milei pretenden institucionalizar una nueva escala de violencia estatal y en los primeros cinco meses del año ya provocaron más heridos que durante todo el 2024.

El maltrato de los jueces hacia Cristina forma de las incursiones derechistas para naturalizar la crueldad. Denigran a la oposición política con la misma saña que maltratan a los sectores vulnerables y a los extranjeros, a fin de instalar el autoritarismo como un dato cotidiano.

Es una ingeniería del odio muy programada y con gran sostén capitalista, que ahora añade un ingrediente de proscripción. Ellos esperan consolidar una base social reaccionaria que aplauda el horror, junto a una masa pasiva de sectores medio-altos, que cierre los ojos frente a la destrucción del país. Quieren que ese segmento se distraiga dilapidando dólares en el exterior como en los años de la Convertibilidad.

Pero hay una contraparte de gran resistencia, que se verificó en la importante marcha unitaria del 24 de marzo y que ahora apuntala la batalla contra la proscripción. Lo vimos en estos días, con el resurgimiento de la militancia juvenil, las caravanas y las vigilias. En síntesis, el escenario está abierto, porque hasta ahora falló el debut de una estrategia de proscripción.

Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/19/entrevista-a-claudio-katz-fallo-el-debut-de-una-estrategia-de-proscripcion/

 

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    El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido

    El Gobierno Nacional publicó este lunes el marco regulatorio de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs) que nacen tras las modificaciones en las indemnizaciones laborales dispuestas en la Ley Bases. Con esta modalidad, el trabajador podría aportar dinero de su salario todos los meses para su futura hipotética desvinculación. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, cada sector podrá incluirlo o no en su Convenio colectivo de trabajo.

    Imagen: La Voz 90.1

    Las partes podrán sustituir la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional».Estos sistemas podrán reemplazar a la indemnización por antigüedad, que equivale a un mes de sueldo bruto por cada año trabajado. Según se desprende de la mencionada Ley Bases, del Decreto que la reglamentó en septiembre pasado y de la Resolución 1071/2025 de este lunes, el Fondo de Cese Laboral podrá administrarse bajo alguna de las siguientes modalidades:

    • Régimen de Cuentas Bancarias de Cese Laboral.
    • Régimen de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Cese Laboral.
    • Régimen de Fideicomisos Financieros de Cese Laboral.

    Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son patrimonios que se forman con los aportes que realizan los inversores suscribiendo cuota partes y convirtiéndose, en consecuencia, en cuota partistas. Intervienen dos tipos de entidades: la sociedad gerente y la sociedad depositaria, que administran y custodian los activos respectivamente.

    Traidores: la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la modernización laboral

    La mesa chica cegetista avaló la participación de Gerardo Martínez en la instancia de diálogo multisectorial que comenzará este martes en la Casa Rosada para debatir con funcionarios, gobernadores, legisladores y empresarios una propuesta de «modernización laboral».

    La decisión, que se adoptó el lunes en una reunión realizada en la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), significa un aval a la presencia de Gerardo Martínez (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en la instancia de diálogo anunciada hace un año por Javier Milei para consensuar 10 puntos que se convertirán en proyectos para que trate el Congreso.

    Foto: Somos Télam.

    El Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado para este martes, a las 9:30, en la Casa Rosada: además de Martínez, participarán Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Losada por el Senado de la Nación, Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados y Martín Rappallini (UIA) en representación de las entidades empresariales. Además, se sumará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

    Algunos dirigentes de la CGT se oponían a sentarse con el Gobierno mientras sigan «el ajuste, el cepo a las paritarias y la reglamentación del derecho de huelga», pero finalmente se aprobó la presencia en el Consejo de Mayo y se acordó que Martínez lleve al diálogo los reclamos de la CGT, que exceden la agenda de trabajo que propondrá el Gobierno.

    Entre las demandas de la CGT para llevar al Consejo de Mayo figuran «defender la consigna producción, desarrollo y trabajo, las paritarias libres, la situación de los jubilados y la no reglamentación del derecho de huelga», entre otros puntos.

    Según explicó Martínez, la idea es que a partir de la segunda reunión del Consejo de Mayo se incorporen expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para facilitar los acuerdos.

    De los 15 participantes a la reunión de FATSA, sólo Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), planteó una postura crítica sobre la presencia de la CGT en el diálogo con el Gobierno.

    El dirigente es uno de los impulsores de una marcha que se realizará este miércoles hasta el ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, en avenida Roque Sáenz Peña 788, para reclamar contra la desregulación del transporte y otras áreas.

    Pero en el debate cegetista, que se extendió durante dos horas y media, se analizó la situación generada por la convocatoria oficial al Consejo de Mayo y cada sindicalista presente, aun con sus reparos, acordó que la CGT debía participar.

    Los dirigentes gremiales que participaron del encuentro fueron los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), José Luis LingeriJulio Piumato (judiciales), Jorge Sola (seguro), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Argentino Geneiro (gastronómicos), Oscar Rojas (maestranza), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Plaini (canillitas).

    Fuentes sindicales aseguraron que también fue invitado Abel Furlán (UOM), pero no concurrió. El titular del gremio metalúrgico exigió la semana pasada a la CGT que en forma urgente se discuta un plan de lucha «sostenido y escalonado» contra el ajuste y la «proscripción» de Cristina Kirchner. Entre los presentes tampoco estuvieron otros miembros del sindicalismo kirchnerista como Sergio Palazzo (bancarios) o Laura Lorenzo (SMATA), reemplazante de Mario Manrique, quien renunció en octubre pasado a la CGT por profundas diferencias con la estrategia ante el gobierno de Javier Milei.

    Gerardo Martínez fue incluido por el Gobierno entre los integrantes del Consejo de Mayo, pero hasta ahora no tenía el aval orgánico de la CGT. El líder de la UOCRA dijo hace 48 horas: «Nadie del Gobierno habló conmigo. En su momento nos dijeron que el Poder Ejecutivo iba a decidir quiénes iban a representar tanto al sector empresarial como al sindical, pero ahora indudablemente me veo en la obligación de una consulta. No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT».

    El sindicalista admitió que la eventual participación de la CGT en el Consejo de Mayo sería «un desafío para poder llegar a lo que pretendemos, que es la trilogía desarrollo, producción y trabajo, un capítulo aún desconocido por este gobierno».»Necesitamos un acople entre el sector productivo y el trabajo dentro de un diálogo sustentable y no discrecional», agregó, tras lo cual insistió: «Yo no pedí ni busco estar ahí (en el Consejo de Mayo), pero si se aprueba será una oportunidad para ser la voz de la CGT y que todas las propuestas salgan por consenso».

    El gobierno sienta a la CGT en la mesa donde se comienza por discutir una de las exigencias del nuevo acuerdo con el FMI: la reforma laboral, dándole una mano a Milei en su peor momento.

    Sin un discurso que logre imponerse en una agenda dominada por el justicialismo, la semana pasada el gobierno se vio obligado a ensayar muestras de independencia mediática para intentar retomar la centralidad. Además de la entrevista que el presidente brindó al periodista oficialista, Esteban Trebucq, luego de su viaje de 10 días por Europa e Israel, el martes pasado el legislador electo y vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó sus conferencias de prensa después de más de dos semanas sin presentaciones.

    A la misma hora, Karina Milei, encabezó una reunión de la mesa chica: Guillermo Francos, Santiago Caputo, Eduardo «Lule» Menem y Lisandro Catalán, donde expuso los lineamientos políticos de una gestión atravesada por la condena a Cristina Fernández.

    Son todos eventos por retomar desesperadamente el control de la agenda política, perdida por primera vez en 18 meses de gobierno.

    Este es el marco en el que se reactivó en tiempo récord el Pacto de mayo firmado en Tucumán casi un año atrás con el propósito de conformar un organismo multisectorial para avanzar en la ejecución de una refundación institucional que permita al oficialismo llevar adelante reformas estructurales que de otra forma no podría implementar por su escasa presencia en el Congreso. La propuesta del gobierno se recostará en la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, con la que buscarán reducir la participación del Estado en los acuerdos paritarios y volver a la implementación del Decreto que limita el derecho de huelga rechazado por la Justicia entre otras.

    ¿Por qué la Justicia suspendió el decreto de Milei que limitaba el derecho de huelga?

    Ante un planteo de la CGT, la jueza del Trabajo Moira Fullana, suspendió con una medida cautelar la aplicación de dos artículos claves del DNU 340/25 con que el gobierno de Javier Milei volvió a poner en jaque el derecho a huelga. «La norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal», dice la resolución. También hace hincapié en que no está justificada la excepcionalidad, ni la necesidad ni la urgencia, ya que el Congreso funciona con normalidad y de este modo el Poder Ejecutivo está ejerciendo facultades que son legislativas. A quien le parezca que esto ya lo leyó o escuchó, es así, porque la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionalidad de aspectos del DNU 70/23, de los inicios del gobierno libertario, porque coartaba la libertad sindical y el derecho a distintas medidas, negociaciones y huelgas.

    El DNU 340 amplía el listado e incluye servicios de telecomunicaciones, todas las actividades de la aeronáutica comercial, los servicios aduaneros y migratorios, el cuidado de menores y todos los niveles de educación, además del transporte marítimo de personas y/o mercaderías y/o cargas. Entre los servicios trascendentales –que según la ley actual se pueden determinar de acuerdo a los criterios de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo– mezcla todo tipo de transporte terrestre y subterráneo, producción de medicamentos e insumos, actividades industriales, radio y televisión, servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, entre otros.Como es ostensible, la decisión del gobierno insiste con un tema que estaba saldado ante un escenario de conflictividad laboral creciente. El argumento es que quieren cuidar la recaudación asociada al equilibrio fiscal, pero a lo que apuntan es a aplicar el ajuste, que es lo que genera la reacción de trabajadores y trabajadoras. La restricción del derecho a huelga va en la misma línea de la represión del derecho a la protesta.

    El amparo de la CGT

    Estos son algunos de los planteos que planteó la Central sindical en su amparo y a los que la jueza, en principio, tomó como válidos, aunque en un fallo posterior deberá resolver la cuestión de fondo:*»Con el Congreso Nacional en pleno y normal funcionamiento, se implementa una reforma sustantiva, regresiva y permanente en una de las manifestaciones estructurantes del sistema de relaciones colectivas de trabajo y la acción colectiva de autotutela, mediante un decreto de necesidad y urgencia».

    *»El Poder Ejecutivo vuelve a dictar una norma en otro acto de autoridad, con un contenido material idéntico al del DNU 70/23 con el agregado de una actividad esencial, en un descarado intento de sustraerse de la declaración de invalidez constitucional ya declarada (para otro conjunto normativo) por la Justicia Nacional del Trabajo. Es que, ya de manera reiterada a propósito del DNU 70/23 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en sus diversas salas y composiciones durante la feria de enero, de manera enérgica no ha avalado la impropia utilización de la Constitución Nacional que parte del orden de saber que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativo’ (art. 99, inc.3, CN), en el intento de modificar el conjunto normativo del derecho individual y colectivo del trabajo de manera regresiva permanente’».

    Foto: Indymedia Trabajadoras/es.

    *»Pero, además por su contenido, estigmatiza la huelga y está teñido de notoria antisindicalidad y antijuricidad. Con perplejidad advertimos que se retrocede en términos de debate democrático, al alterar los consensos compartidos por la comunidad respecto del derecho de huelga. La Constitución Nacional como nuestra carta de navegación que supo orientar el pensamiento y la acción de la representación política, parece haber sido sustraída de la práctica institucional».

    *»Es retroceder 150 años, pretender que, porque los derechos no son absolutos, 4.368.764 de trabajadores de nuestro país, el 66% de los trabajadores registrados del sector privado a quienes se les aplica (desde el 21 de mayo de 2025) (…) deberán garantizar el 75% o 50% de las prestaciones habituales. Todo ello en un contexto, en el que integrantes del Poder Ejecutivo reiteran a diario que la pauta salarial que se negocia en forma colectiva no puede superar el 1% mensual y dicha imposición (así funciona en la práctica, puesto que no se homologan los acuerdos que superan la «pauta») es fuente de una conflictividad que no distingue sectores al ser generalizada».

    * «Tanta desmesura, no puede ser ni avalada ni tolerada, no sólo por los trabajadores y su representación, sino por toda la comunidad, por la sociedad en su conjunto. Está en crisis el derecho a la protesta, está en crisis el derecho a garantizar que quienes trabajan tengan protección, que esta pueda ser mejorada y que, quienes no lo tienen puedan acceder a puestos de trabajo decente. Con las disposiciones que se impugnan se instauran dos principios inversos al orden constitucional y al entramado institucional y de protecciones de la libertad sindical: a) el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones legislativas y, b) todas las huelgas pueden ser limitadas excepto las que se determinen. Para que ello no se convalide, acudimos al último resguardo de la vigencia de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos».

    La cautelar

    La jueza Fullana refresca algo harto señalado en fallos laborales previos sobre el DNU 70/23. «Es preciso recordar –dice– que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional dispone que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros’».

    Lo señala para explicar que no habría razones que justifiquen un DNU ya que «a la fecha del dictado de la norma impugnada, por efectos del Decreto 140/25 y desde el 1 de Marzo de 2025 el Congreso de la Nación Argentina tiene abiertas las Sesiones Ordinarias, dicha circunstancia, resulta a mi modo de ver, elemento suficiente para tener por verosimilizado el derecho». «En el presente caso, reitero, el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo», subraya.

    Luego advierte, además, que «la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal». Su decisión es suspender los artículos 2° y 3° del DNU en cuestión.El gobierno ya anunció que apelará el fallo. La estrategia es reproducir, repetir, una discusión que ya estaba judicialmente saldada. Es a lo que apuestan para desgastar las protestas y generar confusión.

    Monedas de canje 

    El Gobierno modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos, en busca de reducir la intervención estatal en la elección de autoridades internas de los gremios. El secretario general del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, se quejó por lo que consideró una decisión «unilateral«.

    «Lo lógico es que, si hay una iniciativa que tiene que ver con un sector comunitario como es la representación de los trabajadores, tendría que haber convocado para anunciar su intención».»Veremos si en una discusión se puede zanjar los entredichos, pero tomar medidas unilaterales nos parece totalmente perjudicial en una democracia», remarcó.En concreto, el Gobierno restringió la intervención de la autoridad de aplicación únicamente a situaciones de acefalía sin resolución estatutaria, escenario en el que podrá designar un funcionario con mandato limitado a 120 días hábiles para convocar a elecciones, que son prorrogables de ser necesario.

    El referente gremial también habló sobre la intervención estatal en las paritarias y concluyó: «Por un lado el Poder Ejecutivo determina que no se va a meter más en las elecciones, pero por otro lado genera un condicionamiento absurdo y unilateral en materia de negociación libre de salarios. Se contradice, hay muchos errores de gestión».Otra «vuelto» sería mantener el aporte obligatorio a los sindicatos de todos los trabajadores sindicalizados o no cuando se actualiza un acuerdo salarial.

    Se movilizarán trabajadores estatales porteños para exigir la recomposición salarial «urgente»

    «En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo, tanto los trabajadores de planta como los monotributistas del Gobierno de la Ciudad no llegamos a fin de mes. El salario queda cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas», manifestaron desde ATE Capital, que organizó una marcha para el martes 24 desde las 11:00.

    En la misma línea, indicaron que los monotributistas de dependencias porteñas «recibieron aumentos del 8% en febrero y 9% en mayo» (17,7% acumulado), pero al descontar el importe que pagan para el monotributo e Ingresos Brutos, «los ingresos reales son muy bajos», mientras que los salarios iniciales de las personas de planta «se acercan peligrosamente a la línea de indigencia».

    «La suma fija no remunerativa de $60.000, congelada desde agosto de 2024, perdió drásticamente su valor. Actualizada por inflación, debería alcanzar al menos los $140.000. Con salarios que no alcanzan y condiciones laborales precarias, las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad seguimos en lucha. Exigimos respuestas urgentes. Queremos vivir y trabajar con dignidad», concluyeron. 

    120 días de ocupación por 250 puestos de trabajo

    El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. El miércoles se cumplieron cuatro meses de la ocupación de la planta que sostienen desde que la empresa líder del sector gráfico anunciara su cierre y diera comienzo a un curioso e inédito pedido de «auto quiebra» que para los trabajadores implica un «cierre fraudulento» para eludir el pago de sus indemnizaciones.

    Se trata de más de 250 trabajadores que, según denuncia la Comisión interna la empresa «dejó en la calle y sin un peso». El reclamo de los trabajadores que, con aval de la justicia, custodian los bienes de la firma, va dirigido al gobierno provincial que, dicen, tiene la llave para garantizar la continuidad productiva. Sebastián Rodríguez, delegado general, señaló que «estamos haciendo un planteo a la provincia para que intervenga y active un plan de salvataje». Los obreros aseguran estar «en condiciones de producir manuales escolares, boletas electorales, revistas y folletería para los municipios».

    Fuentes: Página 12, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Perfil, Infobae, El Destape, Indymedia Trabajadoras/es, Infogremiales.

     

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  • Estudiantes de Cipolletti viajan al Desafío ECO YPF con su auto eléctrico

     

    Estudiantes del CET 22 de Cipolletti emprendieron viaje hacia Entre Ríos para participar del Desafío ECO YPF, con un auto eléctrico construido íntegramente por ellos mismos.

    Los alumnos del Centro de Educación Técnica (CET) N° 22 de Cipolletti partieron este miércoles hacia Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para representar a la Patagonia en el Desafío ECO YPF 2025.

    Se trata de una competencia educativa y ambiental que reúne a 133 escuelas técnicas de todo el país, donde los jóvenes deben diseñar, construir y poner en pista un auto eléctrico respetando medidas, pesos y normativas fijadas por la Fundación YPF.

    “Esta es la sexta vez que participamos, y cada año los chicos se superan. El karting está andando muy bien, trabajamos muchísimo en la dirección y transmisión”, explicó en AM Cumbre 1400 Darío Albani, director del CET 22 y uno de los docentes que acompaña el proyecto.

    “Queríamos hacer una presentación en la escuela antes de viajar, pero no llegamos con los tiempos. Lo pudimos probar el sábado y partimos el lunes con la logística lista”, relató Albani al recordar algunos contratiempos técnicos que se transformaron en aprendizajes.

    El proyecto involucra a estudiantes de quinto año, de entre 17 y 18 años, que trabajan todo el ciclo lectivo para lograr que el vehículo funcione. Cada grupo se selecciona a través de un concurso interno, lo que fomenta la participación y el compromiso.

    “Los chicos no son profesionales, aprenden sobre la marcha y en equipo. Lo más valioso es cómo enfrentan los problemas: cuando algo falló, nadie buscó culpables; todos se enfocaron en resolverlo y seguir adelante”, destacó el docente.

    Además, el proyecto se renueva cada año, con nuevos estudiantes que asumen el desafío y con la colaboración de quienes participaron en ediciones anteriores. “Los egresados del año pasado se acercaron a ayudar hasta el último día. Eso demuestra el sentido de pertenencia que genera esta experiencia”, agregó Albani.

    Aunque el objetivo principal no es ganar, el equipo cipoleño busca dejar en alto el nombre de su escuela y su ciudad. “Vamos con expectativas muy buenas. No se trata solo de competir, sino de mostrar el trabajo y el esfuerzo colectivo”, señaló el profesor.

    El evento contará con transmisión oficial a través de YouTube, tanto el sábado por la tarde como el domingo desde las 10 de la mañana, permitiendo que familiares y vecinos sigan las pruebas desde la Patagonia.

    Es una experiencia hermosa, formativa y llena de aprendizaje real. Los chicos maduran, se organizan, toman decisiones y entienden el valor del trabajo en grupo”, concluyó Albani, orgulloso del camino recorrido.

    Apoyo y colaboración

    Desde la escuela remarcaron la importancia del acompañamiento de empresas y comercios locales que colaboran con materiales e insumos. “Los recursos siempre son costosos, pero el apoyo de la comunidad es clave para seguir adelante”, sostuvo el docente.

    Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con el CET 22 al 299-419-2791.

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  • Lula pidió a Trump levantar sanciones y aranceles en una “optima reunión”

     

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una reunión con su par estadounidense, Donald Trump, en la que solicitó el levantamiento de los aranceles del 50% impuestos a los productos brasileños y la suspensión de sanciones contra funcionarios de su país.

    El encuentro fue calificado por Lula como una “óptima reunión”, mientras que Trump destacó la posibilidad de fortalecer los vínculos bilaterales y alcanzar acuerdos beneficiosos para ambas naciones.

    La reunión tuvo lugar este domingo en Malasia, en el marco de la gira asiática del mandatario estadounidense, quien busca cerrar un acuerdo comercial con China. El diálogo se desarrolló en un contexto de tensiones comerciales y diplomáticas, marcado por la aplicación de la ley Magnitsky a funcionarios brasileños y por la reciente condena del expresidente Jair Bolsonaro.

    Además, el encuentro se dio en paralelo a negociaciones entre Estados Unidos y China en Kuala Lumpur, en las que se avanzó hacia un posible acuerdo económico. La gira de Trump continuará en Tokio, Corea del Sur y podría incluir una reunión con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

    Ley Magnitsky y el caso Bolsonaro

    Además del reclamo por los aranceles, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitó a su par estadounidense, Donald Trump, levantar las sanciones aplicadas bajo la Ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, su esposa y otros ciudadanos brasileños. Dicha norma permite a Estados Unidos sancionar a personas acusadas de violaciones de derechos humanos o corrupción.

    Moraes fue una figura clave en el proceso que culminó con la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. La sentencia, que afectó a un aliado personal de Trump, motivó al mandatario estadounidense a imponer aranceles sobre productos brasileños, una medida que el canciller Mauro Vieira calificó como “injusta”, al remarcar que Brasil mantiene un déficit comercial con Washington.

    Gira asiática y negociaciones con China

    El encuentro entre Lula y Trump tuvo lugar en la primera escala de la gira asiática del mandatario norteamericano, que busca concretar un acuerdo comercial con el presidente chino, Xi Jinping.

    Paralelamente, equipos negociadores de ambos países concluyeron en Kuala Lumpur dos jornadas de diálogo “constructivo”, según el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien consideró que las conversaciones sientan “las condiciones para una reunión de líderes en un contexto positivo”.

    En su paso por el sudeste asiático, Trump también participó como mediador en un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya. La gira continuará el lunes en Tokio y el miércoles en Corea del Sur, donde el mandatario prevé reunirse con Xi Jinping y, eventualmente, con el líder norcoreano Kim Jong Un.

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  • Nueva excursión en Buta Ranquil: 10 km entre cuevas, fósiles y paisajes volcánicos

     

    El geólogo y guía de senderismo Eduardo Vega, residente en Buta Ranquil y trabajador en Chos Malal, presentó una actividad pensada para quienes viven en el Alto Valle y buscan experiencias nuevas sin alejarse demasiado. “De acá al valle son unas tres horas”, contó en AM Cumbre 1400, gracias a la nueva ruta por Cortaderas y Añelo que redujo considerablemente los tiempos de traslado.

    La salida está programada para el domingo 23, con punto de encuentro en la oficina de Turismo de Buta Ranquil. Desde allí comenzará un recorrido que combina arqueología, geología y paisaje patagónico, en un entorno poco explorado por los visitantes habituales de la región.

    Senderos usados por pueblos antiguos

    El circuito fue bautizado Senderos Ancestrales porque sigue trazas históricas utilizadas por los pueblos originarios. Vega señaló que en la zona “hay cuevas donde ellos vivían”, algunas con pinturas rupestres que forman parte del patrimonio provincial. También se recorrerán sectores cercanos al arroyo Cajón del Buen Trigo, donde existen más refugios naturales y aleros utilizados por antiguas comunidades.

    Durante la caminata, los participantes podrán observar picaderos, fragmentos de obsidiana y otros restos arqueológicos, elementos que dan cuenta del uso ancestral del territorio.

    Un entorno marcado por el volcán Tromen

    El tramo principal se desarrolla a los pies del volcán Tromen, uno de los puntos geológicos más relevantes del norte neuquino. El guía explicó que el recorrido sigue el curso de un arroyo formado sobre antiguas coladas de lava, donde aún es posible identificar el material expulsado por erupciones históricas. Allí también se podrá ver un sector donde el agua brota desde debajo del escorial volcánico, un fenómeno característico de la zona.

    Vega no solo relata el paisaje, sino también la historia del lugar: en el camino explicará cuándo ocurrieron las erupciones, el tipo de material volcánico presente y cómo se formaron estos relieves que hoy constituyen un atractivo natural singular.

    Fósiles marinos al inicio del recorrido

    Antes de iniciar la caminata larga, el grupo recorrerá un sendero corto junto a la oficina de Turismo. El edificio está construido sobre una barda compuesta por rocas marinas, donde se encuentran braquiópodos, fósiles de organismos que vivieron hace millones de años cuando la zona estaba cubierta por el mar. “Son fósiles marinos del fondo del mar”, describió Vega, y forman parte de un ambiente geológico único en la provincia.

    Un trayecto accesible: 10 kilómetros y dificultad baja

    El recorrido completo abarca 10 kilómetros entre ida y vuelta. Según el guía, la primera parte tiene algo más de pendiente, pero siempre sobre senderos marcados: “Es senderismo, no trekking ni montañismo”, aclaró. La actividad está pensada para la mañana, con un alto para almorzar en un predio municipal cercano a un puente.

    Por la tarde, el grupo visitará en vehículo dos cráteres volcánicos próximos a Buta Ranquil, accesibles sin grandes exigencias físicas. Para quienes deseen caminar un poco más, habrá senderos cortos alrededor de estos cráteres.

    Cómo participar y dónde alojarse

    Las inscripciones están abiertas y todavía quedan lugares. Los interesados pueden comunicarse al 292-556-757 o encontrar la actividad en redes sociales bajo el nombre GeoSenderos Neuquén, además de los canales del Ministerio de Turismo.

    Quienes quieran pasar la noche pueden hacerlo tanto en Buta Ranquil, que cuenta con hoteles, departamentos y opciones surgidas por la actividad petrolera, como en Chosmalal, ubicada a pocos minutos.

    Próximas salidas en la región

    Para quienes no lleguen a esta excursión, habrá otra propuesta el 8 de diciembre, cuando GeoSenderos organice una salida al cono de Dienteo, una chimenea volcánica de gran impacto visual y difícil de encontrar en otros puntos de la provincia. “Es muy llamativo, no se ve en otro lado”, adelantó Vega.

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  • Por decreto, Milei y Bullrich amplían autonomía de la PFA para vigilar redes, requisar, allanar y detener personas sin orden judicial

     

    Imagen: El Diario.

    Bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país». María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró. El Estado policial avanza. Por ANRed.


    Tras publicar esta madrugada en el Boletín Oficial el decreto 383/2025, este martes 17 de junio a las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los detalles del DNU, que separa a la Policía Federal de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, el DNU autoriza a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional».

    «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI«, celebró Milei, haciendo referencia a país del norte gobernado de forma autoritaria por Donald Trump, que reprime y amenaza a buena parte de su población por protestar en las calles contra las redadas masivas antimigrantes, acumulando episodios espantosos, crueles y disparatados; y al país de Medio Oriente gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que acumula repudios en todo el mundo por sus incontables crímenes de guerra en el marco del genocidio planificado que desata día a día sobre la población palestina en la Franja de Gaza.

    Siguiendo su entusiasmo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «el corazón de esta nueva PFA» va a estar concentrada «en una tarea fundamental: llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país«.

    Imagen: iProfesional.

    Además de inaugurar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el decreto 383/2025, que expresa el objetivo de «reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos», autoriza a la PFA a «realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas». En la misma línea, la reglamentación también habilita a la fuerza a realizar detenciones sin orden de un juez.

    Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicosdigitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas yprincipios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente

    En esa línea, el DNU le permite también a la PFA «tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal«, además de la facultad de «solicitar el acceso a bases privadas«.

    También, en su artículo 6, inciso 8, habilita a la fuerza a «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, además de requisar a personas o bienes, cuando haya elementos suficientes que «hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo». Es decir, la posibilidad de requisar o detener queda sujeto al criterio discrecional de cada agente o de las órdenes de la mismísima Bullrich.

    Imagen: El Destape.

    El DNU incluye, además, la prohibición de la posibilidad de que la fuerza sea conducida por un civil. En ese sentido, en el artículo 20 del capítulo II del Anexo establece que «la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA será ejercida por UN (1) Oficial Superior de la máxima jerarquía de la institución en actividad o retiro, que designará al efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL».

    Finalmente, el decreto firmado por Milei, Bullrich y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, crea un Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina», bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y que señala que será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes. Asimismo, el punto 9 del DNU declara en emergencia a la Federal por dos años, lo que concede discrecionalidad al ministerio que conduce Bullrich para hacerse cargo de las licitaciones express.

    «Estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas»

    Entrevistada esta tarde por Alejandro Bercovich en «Pasaron Cosas» (Radio Con Vos), María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), consideró que con este nuevo DNU del gobierno nacional «ahora la Policía Federal pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional«, porque «le dan facultades para hacer ciberpatrullaje, las páginas web que visitamos, requisas, detenciones y allanamientos«.

    Imagen: iProfesional.

    Asimismo, tras historizar los fallos a favor y en contra y debates judiciales en torno a la cuestión particular de las requisas durante los últimos 40 años, Verdú recordó que «en los últimos fallos la Corte iba en contra de estas requisas», y consideró que «lo que hace esta resolución es habilitar de forma absolutamente discrecional las requisas sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia» y, al respecto, parafraseó al periodista y militante Rodolfo Walsh, quien sostenía: «ya sabemos que los antecedentes y el fierro también lo ponen los policías».

    Pero, principalmente, hizo hincapié en la gravedad del último párrafo del DNU, que habilita «la exhibición ostensible del arma de fuego», cuando la policía lo considere necesario.

    «Lo que pretende Patricia Bullrich es esto de convertir a la PFA en una especie de FBI, cuando en realidad la PFA tiene funciones muy claras. Tienen todo el paquete de delitos federales a su cargo. Tienen dos funciones básicas: la de la prevención y la judicial. Distingamos, como es en EE.UU., la policía de prevención, que está en la calle, y otra la de investigación, que es la policía judicial, que tiene que depender de los jueces«, remarcó.

    Para finalizar, consideró: «es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo desde diciembre de 2023 a la fecha, que explican porqué decimos que ya no estamos, como con Macri y Bullrich, en un estado de excepción no declarado, sino que estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas. Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos. Porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el sistema represivo estatal», alertó.

    Foto: NA.

    En tanto, en un comunicado titulado «Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión«, CORREPI remarcó que a partir del nuevo DNU, «en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial», y que, para eso, «también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información». También, remarca que «la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos».

    El organismo antirrepresivo también destaca «la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público». Es decir, «basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos», advierte CORREPI.

    Asimismo, alerta: «en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supra constitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado».

    «Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional, que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social«, finaliza el comunicado de CORREPI.

     

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