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El 25 de agosto de 1825, los Treinta y Tres Orientales proclamaron la independencia de la Provincia Oriental y desencadenaron un proceso que terminaría creando Uruguay.

Por Alcides Blanco para NLI

El 25 de agosto de 1825, en la pequeña localidad de Florida, una asamblea proclamó la independencia de la Provincia Oriental respecto del Imperio del Brasil y declaró su voluntad de incorporarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La escena suele ser presentada en la historia uruguaya como uno de los momentos fundacionales de la nación, pero detrás de aquella declaración existe una historia bastante más compleja, en la que aparecen una invasión brasileña, una provincia disputada entre imperios, exiliados orientales organizándose en territorio argentino, una expedición de apenas unas decenas de hombres y una guerra que terminaría modificando definitivamente el mapa del Río de la Plata. La independencia uruguaya, paradójicamente, no nació inicialmente como la separación de la Banda Oriental de las Provincias Unidas, sino como un intento de expulsar al poder brasileño y recuperar una incorporación al espacio rioplatense que, pocos años después, terminaría dando lugar a la creación de un Estado independiente.

Una provincia atrapada entre dos proyectos

Para comprender qué ocurrió aquel 25 de agosto hay que retroceder hasta la crisis del orden colonial y la revolución iniciada en 1810. La Banda Oriental se convirtió rápidamente en uno de los territorios más disputados del antiguo Virreinato del Río de la Plata, tanto por su posición estratégica frente a Buenos Aires como por la importancia de sus puertos, sus recursos y su ubicación sobre el estuario. José Gervasio Artigas encabezó desde allí un proyecto político propio, basado en una concepción federal que entró en conflicto tanto con el centralismo porteño como con las pretensiones de las potencias vecinas. La derrota del artiguismo abrió el camino para que los portugueses invadieran el territorio en 1816 y, posteriormente, lo incorporaran al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve bajo una nueva denominación: la Provincia Cisplatina.

Cuando Brasil declaró su independencia de Portugal en 1822, la Banda Oriental quedó integrada al nuevo Imperio brasileño. Para una parte importante de los orientales, aquella situación era una ocupación extranjera que debía ser revertida. Sin embargo, el problema tenía una dificultad adicional: la región tampoco constituía un territorio políticamente homogéneo. Existían diferentes proyectos sobre su futuro, desde quienes pretendían recuperar una autonomía propia hasta quienes aspiraban a reincorporarla a las Provincias Unidas. La frontera entre esos proyectos todavía no estaba definida y, en 1825, la idea de una República Oriental del Uruguay independiente todavía no era el resultado inevitable de la historia, sino una posibilidad que surgiría de una guerra y de las negociaciones posteriores.

En ese contexto apareció Juan Antonio Lavalleja, militar oriental que había participado en las luchas de la década anterior y que se encontraba exiliado en Buenos Aires. Allí comenzó a organizar una expedición destinada a cruzar el Río de la Plata, desembarcar en la Banda Oriental y levantar a la población contra las autoridades brasileñas. El gobierno de Buenos Aires conocía los preparativos y, aunque la relación entre las autoridades porteñas y los expedicionarios fue compleja, el territorio argentino terminó funcionando como plataforma fundamental para aquella operación. Los hombres que partieron no representaban todavía un ejército nacional uruguayo, porque Uruguay todavía no existía como país independiente: eran orientales comprometidos con la recuperación de su territorio y aliados rioplatenses dispuestos a acompañarlos.

El cruce del río y la campaña de Lavalleja

La expedición quedó inmortalizada como la de los Treinta y Tres Orientales, aunque la cantidad exacta de integrantes ha sido objeto de discusiones históricas y distintas listas elaboradas posteriormente no siempre coinciden. Lo fundamental no está tanto en la cifra como en lo que aquella pequeña fuerza consiguió desencadenar. Los expedicionarios cruzaron el río desde territorio argentino y desembarcaron en la costa oriental el 19 de abril de 1825, iniciando una campaña que rápidamente consiguió sumar apoyos locales y debilitar la presencia brasileña en diferentes puntos del territorio.

La famosa bandera de la expedición llevaba una consigna que sintetizaba el proyecto político de aquel momento: “Libertad o muerte”. Pero la libertad que reclamaban no significaba todavía exactamente lo que décadas posteriores interpretarían como independencia nacional. La lucha estaba dirigida contra el dominio brasileño y se vinculaba con la recuperación de la soberanía oriental, mientras la posibilidad de reincorporarse a las Provincias Unidas permanecía abierta. Esa diferencia es fundamental porque permite comprender por qué el episodio del 25 de agosto posee una dimensión histórica más compleja que la de una simple declaración independentista.

El avance de las fuerzas de Lavalleja permitió convocar una asamblea en Florida, donde se aprobaron las llamadas Leyes Fundamentales. Una de ellas declaró la independencia de la Provincia Oriental respecto del Imperio del Brasil y de cualquier otro poder extranjero; otra estableció la voluntad de reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La fórmula podía parecer contradictoria desde una mirada posterior, pero en realidad expresaba con bastante precisión la situación política de aquel momento: los orientales se declaraban libres del poder brasileño mientras aspiraban a reconstruir un vínculo político con las provincias rioplatenses.

La decisión tuvo consecuencias inmediatas. El gobierno de las Provincias Unidas reconoció la incorporación de la Provincia Oriental en octubre de 1825, y Brasil respondió declarando la guerra. El conflicto se prolongaría durante tres años y terminaría involucrando a fuerzas militares de ambos lados en una guerra que ya no podía resolverse solamente en territorio oriental. El Río de la Plata se convirtió nuevamente en escenario de una disputa internacional en la que estaban en juego no solamente las fronteras, sino también el equilibrio regional entre Brasil, las Provincias Unidas y las propias fuerzas orientales.

La independencia que nadie había planeado de ese modo

La guerra terminó produciendo un resultado que ninguno de los dos grandes contendientes había buscado originalmente: la creación de un Estado independiente en la Banda Oriental. La intervención diplomática británica fue decisiva para alcanzar un acuerdo que permitiera cerrar el conflicto sin que Brasil aceptara la incorporación definitiva del territorio a las Provincias Unidas ni estas últimas consiguieran convertirlo en una provincia propia. La Convención Preliminar de Paz de 1828 estableció las bases para la independencia de la Provincia Oriental, que finalmente se convertiría en la República Oriental del Uruguay.

El proceso revela una de las grandes particularidades de la historia rioplatense: Uruguay nació en buena medida como resultado de una disputa entre proyectos regionales que ninguno consiguió imponer completamente. Brasil no pudo conservar la Cisplatina; las Provincias Unidas no pudieron incorporarla; los orientales consiguieron liberarse del dominio brasileño, pero tampoco lograron reconstruir una integración duradera con el espacio rioplatense. Entre esos intereses contrapuestos apareció una solución que transformó a la Banda Oriental en un Estado independiente y modificó el equilibrio político de toda la región.

Por eso, la fecha del 25 de agosto tiene una importancia que trasciende el calendario uruguayo y también forma parte de la historia argentina. La expedición de Lavalleja salió desde Buenos Aires, muchos de sus protagonistas tenían vínculos políticos y militares con las Provincias Unidas y el conflicto posterior involucró directamente al gobierno de Buenos Aires. La historia de los dos países, en ese momento, todavía no podía escribirse por separado porque ambos formaban parte de un mismo espacio histórico que estaba atravesando el difícil proceso de fragmentación de la antigua estructura virreinal.

La propia Buenos Aires conserva huellas de aquella conexión. Los Treinta y Tres Orientales no fueron solamente protagonistas de una epopeya uruguaya; fueron también parte de una historia rioplatense en la que las fronteras nacionales todavía estaban en construcción. La separación definitiva entre Argentina y Uruguay sería posterior a la declaración de Florida y surgiría de un proceso diplomático y militar mucho más amplio. En 1825 nadie podía saber exactamente qué país existiría después de aquella guerra.

Una independencia nacida de una derrota compartida

Hay una ironía profunda en el origen del Uruguay moderno. La declaración del 25 de agosto de 1825 proclamó la independencia respecto de Brasil, pero simultáneamente expresó la voluntad de unión con las Provincias Unidas. Tres años después, el resultado sería otro: un país independiente de Brasil y también de las Provincias Unidas. La nación uruguaya nació, entonces, no a partir de un único acto fundador perfectamente definido, sino de una cadena de acontecimientos en la que los proyectos políticos fueron modificándose a medida que avanzaban la guerra y la diplomacia.

Esa complejidad no disminuye el valor histórico de los Treinta y Tres Orientales; por el contrario, permite comprender mejor su verdadera dimensión. No fueron personajes aislados que aparecieron de repente para crear una nación predeterminada por la historia, sino protagonistas de una época en la que las identidades políticas todavía estaban en movimiento. La Banda Oriental había sido parte del Virreinato, territorio artiguista, provincia disputada, dominio portugués y provincia brasileña antes de transformarse en Uruguay. La nación fue el resultado de ese conflicto, no su punto de partida.

Cada 25 de agosto, Uruguay celebra una independencia que comenzó a construirse con aquellos hombres que cruzaron el río desde territorio argentino bajo una bandera que anunciaba “Libertad o muerte”. Pero la verdadera importancia de aquella jornada reside quizás en todo lo que todavía no estaba decidido. No existía aún el Uruguay que hoy conocemos, ni estaban definitivamente fijadas las fronteras, ni había concluido la guerra que determinaría su nacimiento. Lo que existía era una sociedad oriental intentando recuperar su capacidad de decidir sobre su propio territorio en medio de la disputa entre dos grandes poderes regionales.

Los Treinta y Tres no cruzaron el río para entrar directamente en la historia de una nación ya existente; cruzaron para abrir una historia cuyo desenlace todavía desconocían. Y esa es justamente la razón por la que el 25 de agosto continúa siendo una fecha tan poderosa: porque recuerda que las naciones no siempre nacen de decisiones tomadas de una vez y para siempre, sino de guerras, proyectos, derrotas, negociaciones y voluntades colectivas que, con el tiempo, terminan dibujando sobre el mapa aquello que las generaciones posteriores llamarán patria.

 

 

Luis “Toto” Caputo es el funcionario encargado de administrar los dólares, las reservas y el sistema financiero argentino, pero cuando se trata de su propio dinero parece elegir otro destino: el 95,3% de sus depósitos bancarios está en el exterior.

Por Roque Pérez para NLI

La nueva declaración jurada patrimonial de Luis “Toto” Caputo dejó una fotografía difícil de pasar por alto: mientras el ministro de Economía conduce una gestión que insiste en que los argentinos deben recuperar la confianza en el peso, llevar sus dólares al sistema financiero y apostar por el rumbo económico del Gobierno, el 95,3% de los depósitos bancarios que declara personalmente está fuera de la Argentina. Al cierre de 2025, Caputo informó un patrimonio total de $19.509 millones, frente a los $11.851 millones declarados un año antes, mientras que sus depósitos bancarios alcanzaron aproximadamente $13.030 millones, de los cuales $12.422 millones estaban radicados en el exterior.

El dato adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa la evolución del patrimonio completo. Entre el inicio y el cierre de 2025, la fortuna declarada por Caputo aumentó nominalmente un 64,6% en pesos, de acuerdo con la comparación de sus declaraciones juradas. La estimación difundida en dólares ubica el crecimiento en torno al 37%, aunque el porcentaje exacto depende del tipo de cambio utilizado para convertir los valores patrimoniales de cada período. En cualquier caso, hay una certeza que no depende de ninguna metodología: el patrimonio declarado por el ministro creció con fuerza durante su segundo año al frente de Economía, y una proporción abrumadora de sus activos líquidos continúa colocada fuera del país.

Una fortuna líquida mirando hacia afuera

El detalle de los depósitos permite entender mejor la magnitud del fenómeno. De los aproximadamente $13.030 millones que Caputo declara en el sistema bancario, sólo unos $608 millones corresponden a depósitos en la Argentina, mientras que los restantes $12.422 millones están en el exterior. Dentro del país figuran cinco plazos fijos en pesos que en conjunto rondan los $584 millones, una caja de ahorro en dólares valuada en aproximadamente $23 millones y pequeñas cajas de ahorro en pesos cuyos saldos resultan prácticamente insignificantes frente al volumen de su patrimonio financiero. También declaró unos $122.000 en efectivo.

La diferencia no es menor ni puede explicarse diciendo simplemente que el ministro posee “algunos ahorros afuera”. La mayor parte de su dinero bancarizado está fuera de la Argentina. Según las conversiones realizadas sobre la declaración, sus depósitos exteriores equivalen a unos US$8,6 millones, mientras que sus depósitos locales representan una fracción muy pequeña de ese total. Si se toma el patrimonio completo, incluyendo inmuebles y participaciones societarias, aproximadamente dos tercios de sus bienes están radicados en el exterior.

El corazón de esa fortuna exterior aparece en una cuenta que tuvo un movimiento extraordinario durante 2025. Una cuenta corriente en dólares, identificada en los análisis de la declaración como radicada en Estados Unidos, pasó de estar valuada en $4.018.483.336 al comienzo del ejercicio a $11.738.447.944 al cierre. Es decir, la valuación declarada aumentó en aproximadamente $7.720 millones durante el año. La DDJJ pública no permite identificar el banco donde está radicada esa cuenta, por lo que no corresponde adjudicar esos fondos a una entidad financiera específica sin documentación adicional.

El movimiento de esa cuenta resulta todavía más significativo cuando se observa el conjunto de los depósitos exteriores. Al comenzar 2025, Caputo declaraba aproximadamente $5.937 millones en depósitos fuera del país; al finalizar el ejercicio, la cifra había trepado hasta $12.422 millones. Expresado en dólares mediante el tipo de cambio oficial correspondiente a cada fecha, el crecimiento fue de aproximadamente US$5,6 millones a US$8,3 millones, un incremento cercano al 48%. Es decir, no se trata exclusivamente de una ilusión contable producida por la evolución del tipo de cambio: también hubo un aumento de los fondos financieros exteriores medidos en dólares.

Creció la fortuna, pero no todo fue dinero nuevo

Hay, de todos modos, una precisión fundamental para no convertir una información patrimonial en una acusación que los documentos no permiten sostener. Que el patrimonio de Caputo haya aumentado 64,6% en pesos no significa que durante 2025 haya recibido ingresos equivalentes a ese porcentaje. Una parte importante del incremento está explicada por diferencias de valuación de bienes que ya estaban incorporados a su patrimonio. El análisis de la declaración identifica aproximadamente $4.530 millones de aumento asociados a esas diferencias de valuación.

La distinción es importante porque una propiedad que vale más al final del ejercicio incrementa el patrimonio declarado aunque su dueño no haya vendido el inmueble ni embolsado un solo peso adicional. Lo mismo puede suceder con participaciones societarias u otros activos. Por eso, decir que “Caputo ganó 64,6%” sería incorrecto. Lo que sí puede afirmarse es que su patrimonio declarado valía 64,6% más al terminar 2025 que al comenzar el año, y que dentro de esa evolución hubo además un crecimiento considerable de sus depósitos exteriores.

Las participaciones societarias también registraron movimientos. Caputo declara el 89% de Palmeral Chico, participación valuada en más de $2.288 millones, y el 33,33% de Sacha Rupaska, valuado en aproximadamente $459,5 millones. También conserva el 50% de Anker Latinoamericana, participación declarada en unos $61,2 millones. En sentido contrario, Ancora Investments LP, otro activo exterior, pasó de aproximadamente $1.870 millones a unos $889 millones, una caída cercana al 52,5%. La fotografía patrimonial, por lo tanto, no muestra un crecimiento homogéneo: hay activos que se valorizan, otros que pierden valor y una concentración especialmente fuerte de liquidez en el exterior.

El resultado final es una estructura patrimonial en la que los dólares y los activos financieros exteriores ocupan un lugar central. No estamos hablando solamente de propiedades, campos o participaciones empresarias cuyo valor puede resultar difícil de realizar de inmediato. Una parte sustancial de la riqueza declarada por Caputo está constituida por dinero depositado en cuentas bancarias fuera de la Argentina, con una cuenta corriente en dólares que concentra una porción extraordinariamente importante del total.

La paradoja del ministro de Economía

Aquí aparece la dimensión política inevitable del dato. Caputo no es un funcionario cualquiera: es el hombre que ocupa el Ministerio de Economía y que tiene bajo su responsabilidad buena parte de las decisiones vinculadas con el dólar, las reservas, el régimen cambiario, las tasas de interés, el crédito y las condiciones generales del sistema financiero argentino. Durante la gestión de Javier Milei, además, el Gobierno convirtió la recuperación de la confianza y el retorno de los dólares al circuito económico local en una de sus principales banderas.

El propio Caputo fue protagonista de políticas destinadas a estimular la utilización de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema formal. El Gobierno llegó incluso a promover mecanismos para que esos fondos ingresaran al circuito económico sin que sus titulares tuvieran que explicar el origen de cada peso gastado dentro de determinados límites. En ese contexto, la declaración patrimonial del ministro ofrece una paradoja difícil de ignorar: quien administra la política económica destinada a que los argentinos confíen en el rumbo del país mantiene aproximadamente 95 de cada 100 pesos bancarizados de su patrimonio fuera de la Argentina.

Eso, por sí mismo, no constituye una irregularidad ni demuestra que Caputo desconfíe personalmente de su propia gestión. Una persona puede mantener legalmente activos en el exterior por múltiples razones, particularmente alguien cuya trayectoria profesional estuvo durante décadas vinculada con los mercados financieros internacionales. Tampoco la DDJJ permite conocer cuáles fueron las operaciones concretas que explican cada movimiento entre cuentas. Pero desde el punto de vista político y simbólico, la composición patrimonial de un ministro de Economía es un dato relevante: las decisiones públicas que toma afectan al mismo sistema financiero en el que él decide mantener apenas una pequeña parte de su liquidez.

La cuestión tampoco es cuánto dinero tiene Caputo. Su patrimonio previo a ocupar cargos públicos ya era considerable y la existencia de activos en el exterior es anterior a su actual gestión. El punto está en observar qué ocurrió mientras estuvo al frente de Economía. Y allí los números son contundentes: entre el comienzo y el cierre de 2025, sus depósitos exteriores pasaron de unos $5.937 millones a $12.422 millones, mientras que una sola cuenta corriente en dólares pasó de aproximadamente $4.018 millones a $11.738 millones en la valuación declarada. Al mismo tiempo, su patrimonio total pasó de $11.851 millones a $19.509 millones.

La declaración jurada no permite saber si cada dólar que terminó en esas cuentas provino de rentas, inversiones anteriores, ventas de activos, transferencias entre cuentas, resultados financieros u otras operaciones. Tampoco demuestra que el crecimiento patrimonial tenga relación causal con las decisiones adoptadas por el Ministerio de Economía. Pero sí permite saber dónde está el dinero declarado por el ministro: mayoritariamente afuera.

Y esa es quizás la imagen más potente que deja la DDJJ 2025. Mientras el Gobierno reclama confianza en su programa económico, mientras Caputo administra el mercado cambiario y mientras Milei insiste en que los argentinos deben sacar los dólares “del colchón” para ponerlos a trabajar en la economía, el propio ministro de Economía declara que el 95,3% de sus depósitos bancarios está en el exterior.

No es una prueba de delito. No es, por sí sola, una demostración de conflicto de intereses. Pero sí es un dato político imposible de ocultar detrás de una planilla contable: el ministro que pide confianza en su modelo económico tiene la mayor parte de su dinero fuera del país que ese mismo modelo pretende transformar.