La inflación volvió a ponerse picante justo cuando el Gobierno necesita mostrar una desaceleración, luego del escándalo de la intervención en el Indec, para evitar que se conociera el índice actualizado que ubicaba la inflación de enero por arriba del 3 por ciento.
Las estimaciones privadas muestran un consenso llamativo: aún el IPC desactualizado no logra perforar el piso del 2%. Equilibra proyectó una inflación de 2,3% para febrero. LCG la ubicó entre 2,5% y 2,6%, mientras que EcoGo se ubicó en la punta del mercado con proyecciones cercanas al 3% mensual. El mercado empieza a asumir que el nuevo piso inflacionario quedó instalado entre 2,5% y 3%, lejos del sendero descendente que buscaba Economía para el primer trimestre.
Detrás del número aparece el factor que más preocupa a economistas y empresas: las tarifas. A la persistencia de la suba de alimentos se suman los aumentos en electricidad, transporte y gas. Con un agravante, en el índice actual, que Milei y Caputo no quisieron actualizar, tienen un peso relativo bajo. Es decir, en la realidad del bolsillo la inflación pega más fuerta.
La carne empuja la inflación de febrero y complica la baja que espera Caputo
En términos de la estadística desactualizada del Indec, electricidad y gas explican una porción menor del IPC, pero en la economía cotidiana funcionan como gastos rígidos imposibles de postergar.
Esa tensión entre medición técnica y percepción social no es nueva: justamente la discusión por el rediseño del índice de precios y el peso de los servicios públicos fue determinante de la salida forzada de Marco Lavagna del Indec, cuando Milei y Caputo lo obligaron a esconder el nuevo índice a días de publicarlo. Un escándalo.
El nuevo esquema focalizado de subsidios implica que la tarifa eléctrica puede aumentar hasta 67% para hogares que mantienen asistencia estatal, según datos difundidos por las propias distribuidoras.
Ahora el nuevo esquema focalizado de subsidios implica que la tarifa eléctrica puede aumentar hasta 67% para hogares que mantienen asistencia estatal, según datos difundidos por las propias distribuidoras. El cambio no responde tanto a un aumento del costo de la energía sino a una redefinición del consumo subsidiado: el tope baja a 150 kwh mensuales, prácticamente la mitad de lo permitido durante el verano, tal como calculó el sitio especializado El Post Energético.
La explicación oficial tuvo un giro inesperado. Desde Energía aseguraron que el impacto «no se va a sentir» porque en marzo el consumo cae por razones estacionales. La frase circuló rápido entre analistas y empresarios: el ajuste existe, pero se apuesta a que el clima lo disimule. La lógica es simple: si los hogares consumen menos electricidad, la factura final podría bajar pese al aumento tarifario.
El argumento oficial combina economía y meteorología: marzo sería un mes templado que permitiría avanzar con la recomposición tarifaria sin provocar un salto visible en el gasto familiar.
