La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que se completó la capacidad de 250 butacas para la presentación de la Filarmónica de Río Negro en el Cine Teatro Círculo Italiano el próximo sábado.
Además comunica que ese día la sala se abrirá a las 18,30 horas.
Por otro lado, recuerda que se deben respetar las siguientes medidas de protocolo: mantener la distancia de seguridad recomendada; es obligatorio el uso de tapabocas en todo momento; no se permitirá el desplazamiento de público durante el espectáculo, debiendo permanecer en el lugar asignado excepto para el uso de los sanitarios. No se puede ingresar a la sala con bebidas o alimentos, la entrada y salida se realizará de manera ordenada.
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Por la mañana el gobierno anunció que levantaba las sanciones disciplinarias contra policías que habían abandonado el servicio. Era una acción concertada frente a la dureza de la protesta de uniformados que no aflojaba. Pero una vez más ese anticipo fue un búmeran que volvió duro. Quizá la imagen más elocuente fue que el jefe de policía de la provincia recibió insultos y hasta fue escupido por grupos que estaban frente a la Jefatura de Rosario. Los patrulleros siguieron hasta las 17 de la tarde estacionados, los efectivos a cara limpia sin prestar tareas y sus familiares en inmediaciones.
Así estaban a las 17.45 cuando Maximiliano Pullaro habló desde la Casa de Gobierno para anunciar por segunda vez en cinco días una recomposición salarial. La primera más que atemperar las protestas pareció echarles más leña.
La de este miércoles a la tarde todavía está en proceso de ser digerida pero implicó un desembolso más notorio. Ningún policía de Santa Fe que tenga tareas iniciales en la fuerza percibirá menos de 1.350.000 pesos. Los que presten tareas en la calle en las ciudades de mayor riesgo ganarán más de 2.300.000 pesos.
Eso implicó que tras una semana de protestas de intensidad sostenida el conflicto se levantara. Los policías apostados en Jefatura celebraron con expresiones de júbilo y abrazos el reconocimiento salarial que pasó a ser sustancial. Y que pese a ser más suculento para el personal que asume más riesgos, el que está en la calle, también alcanza a los efectivos no operativos, que son más del 60 por ciento del plantel de 25 mil policías santafesinos.
El aumento salarial se decidió frente a una crisis que parecía haber roto la cadena de mando policial y que arrinconó al gobierno santafesino, al que una protesta inorgánica pero masiva y muy visible socavó en su capacidad de negociación política. También deja en pie incógnitas sobre cuestiones de manejo de la autoridad.
La decisión de dar marcha atrás con las sanciones supone un problema ante una fuerza basada en un principio vertical de obediencia. Una especie de instructivo para la próxima vez ya que ante las medidas disciplinarias hubo primero desafío y después concesiones en el sentido de lo demandado.
Queda en pie una situación contradictoria. El gobierno de Pullaro aceptó levantar los pases a disponibilidad de 20 efectivos a los que señaló por abandono de servicio. Pero las denuncias penales que el mismo gobierno promovió ya tramitan por otra vía que es la del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Este jueves a la mañana 11 de estos policías están citados por la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Al mismo tiempo que Pullaro hacía los anuncios, los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina elaboraban la imputación que en unas horas formularán ante un juez.
Este es un capítulo que seguirá frente a un tema complicado. Hubo una demanda laboral de parte de la policía reconocida por el gobernador. Pero en el marco de esos reclamos por condiciones de trabajo y de ingresos hubo policías sancionados que ahora serán imputados. La incógnita poderosa en términos políticos es si cometieron actos dolosos al demandar mejoras de trabajo que el mismo gobernador reconoce aunque su gestión los denunció penalmente.
En el mayor escenario de la protesta, el portón de Jefatura de Rosario por calle Ovidio Lagos, había una atmósfera de fiesta. Los policías sentían que habían torcido a su favor una demanda justa donde había efectivos que estaban por debajo de la línea de pobreza para un grupo familiar con sus ingresos por debajo del millón de pesos.
«Es un aumento histórico», decía un comisario a LPO frente a la estación de servicio YPF. «Personas del escalafón técnico que no portan armas pasan de ganar 780 mil pesos a 1.300.000. Es más de un 50 por ciento de suba», graficó. Un comisario con veinte años de antigüedad pasa según los cálculos rápidos que se hacían en la zona de 3.500.000 a cinco millones de pesos.
Un día agitado
Este miércoles Pullaro se presentó a hacer los anuncios flanqueado por su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de policía de provincia, Luis Maldonado. El gobernador dijo a la prensa que sostener al jefe de policía a su lado en los anuncios era una revalidación explícita de su conducción. Por la mañana había sido insultado de arriba abajo cuando ingresaba a la Jefatura de Rosario y hasta hubo quien lo escupió. Pullaro deslizó que eso no lo hicieron policías activos sino actores mezclados en la protesta.
El piso salarial pasó a ser para policías y penitenciarios santafesinos iniciales de 1.350.000 pesos. «Ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $ 1.438.835», dijo Pullaro en la conferencia de prensa que dio en la tarde del miércoles. Si ese mismo suboficial cumple tareas de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, las zonas de mayor demanda de servicio de seguridad en la provincia, recibirá un plus de 500 mil pesos, por lo que su ingreso total será de $ 1.938.835.
«Si este policía maneja el vehículo policial, con el riesgo que eso implica, va a ganar $ 2.188.835 por mes a partir de febrero», dijo Pullaro. Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, precisó que percibirán $ 2.084.000 si no conducen y $ 2.334.535 si manejan patrullero. Los suplementos se estratifican en tres niveles. «No es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión», dijo el gobernador.
Pullaro hizo un reconocimiento a la policía a la que consideró fundamental para bajar los niveles de violencia. Dijo que en lo que va del año hay 13 homicidios. Y que hace solo tres años a la misma altura había 60. «Estamos profundamente agradecidos del trabajo realizado en los últimos dos años y casi dos meses para reducir los indicadores de violencia y de inseguridad que padecían los rosarinos», dijo el gobernador. «No fueron casualidad, sino producto de una estrategia sostenida y del compromiso de miles de hombres y mujeres de la fuerza», dijo.
Las idas y vueltas
El martes por la noche el gobierno asistía a dos jornadas de protestas sostenidas, como más de 60 patrulleros estacionados en la Jefatura de Rosario, un acuartelamiento a cielo abierto que obligó a que se utilizaran fuerzas especiales y hasta agentes penitenciarios para las tareas de custodia. En ese contexto a las 23.30 el ministro de Seguridad Cococcioni y su par de Economía Pablo Olivares acudieron a una reunión en Jefatura con referentes tras las negociaciones trabadas previamente.
Tras esa cita los ministros dijeron que la seguridad pública nunca se había resentido, que la operatividad siempre se mantuvo al 90 por ciento sin hechos graves y con todas las incidencias atendidas.
Pero Cococcioni marcó, como lo haría más tarde Pullaro, que todos los reclamos eran atendibles. Y entonces hizo el anuncio crucial en relación a las medidas disciplinarias, es decir, los veinte efectivos puestos en disponibilidad en Rosario. También había inicialmente 42 efectivos de la Policía Motorizada en Santa Fe con inicio de trámites para su desafectación provisoria.
«A quienes fueron notificados de medidas administrativas les solicitamos que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reincorporen de inmediato al servicio ordinario. Esto implica que salen de inmediato de la situación preventiva en la que habían sido colocados», sostuvo el titular de Seguridad. Su colega de Economía ponderó «la alta dedicación y la elevada carga horaria» del personal policial.
Ahí está un asunto que entronca casi en la definición sociológica del conflicto. Todo el gobierno reconoce que se trató de una crisis laboral donde los policías hicieron reivindicaciones por ingresos y mejoras de trabajo. «Entendemos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad», dijo Pullaro en la conferencia de prensa.
Solo que en una fuerza no sindicalizada la explicitación de los reclamos que esta vez estallaron es esporádica. ¿En qué lugar quedan entonces los que fueron denunciados por el mismo gobierno y mañana serán imputados? ¿Es conciliable que estuvieran haciendo una demanda laboral y al mismo tiempo cometieran actos dolosos por los que en unas horas serán imputados?
En materia de bienestar policial, Pullaro detalló que se ampliaron las frecuencias de transporte para agentes del norte provincial que trabajan en Rosario -hoy son doce recorridos- y que se avanza en soluciones para los «fines de ruta» hacia Casilda, Constitución y Cañada de Gómez. Indicó que «no hay inconveniente en sumar más servicios si son necesarios».
Asimismo, señaló que se reforzó el gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que ya atiende a 570 efectivos, y que la tarjeta alimentaria pasó de $ 84.000 a $ 168.000. Además, explicó que se habilitarán lugares de pernocte para quienes viajan largas distancias: «Si el personal estaba estresado por la carga de trabajo y el traslado, podrá quedarse a dormir aquí, como lo hacen las fuerzas federales».
Finalmente, cerró con un mensaje político claro: «Habiendo atendido todas las demandas, creemos y entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la Unidad Regional II».
De la conferencia, realizada en la sede de Gobierno en Rosario, participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Luis Maldonado.
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Las tensiones generadas la semana pasada en la policía santafesina tuvieron un marcado rebrote la noche del lunes. Grupos de familiares y allegados a efectivos activos volvieron a congregarse en la Jefatura de Rosario. Esta vez la situación fue más grave porque hubo patrulleros que no salieron a cumplir el servicio. También una decisión del jefe de policía de la provincia, Luis Maldonado, de desalojar por la fuerza a los que bloqueaban el ingreso del edificio policial. Lo que generó corridas, gritos y situaciones de conflictividad que se mantuvieron durante la madrugada.
Temprano a la mañana el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció medidas drásticas. Separó dos circunstancias que calificó como claras. Por un lado, dijo que se debía diferenciar los reclamos legítimos de aumento y bienestar policial, que el gobierno había acompañado con medidas hace siete días, que admitió deben profundizarse. Pero remarcó que estos malestares fueron aprovechados por actores separados de la fuerza por corrupción que se plegaron a las manifestaciones.
Anunció que a veinte policías que hicieron abandono de servicio se los puso en disponibilidad, con quite de arma reglamentaria, chaleco y credencial. Y que se impulsaron denuncias penales en fiscalía porque se resintió el servicio de seguridad con un perjuicio a la comunidad. También admitió el ministro que esta vez aunque no se dieron situaciones graves el servicio resultó afectado porque unos 20 patrulleros sobre 80 del turno nocturno no salieron a la calle.
Tras los anuncios la situación no pareció desinflarse. Personas cercanas a los policías permanecían en el portón de la Jefatura rosarina donde había estacionados en el exterior no menos de 40 patrulleros.
También la medida tuvo su correlato en la ciudad de Santa Fe, donde unos 60 efectivos de la Policía Motorizada, del Comando Radioeléctrico y de la Brigada de Orden Urbano, fueron llevados hacia la División Judiciales de la Jefatura de la capital provincial, donde se les retiraron las armas, según contó la periodista Ivana Fux. Desde el lunes familiares, retirados y personas de civil se habían concentrado para protestar en la Plaza 25 de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Fuentes del Ministerio de Seguridad dijeron a LPO que la Subsecretaría de Control no había iniciado actuaciones en esa ciudad.
En Rosario la situación mostró escenas de mayor convulsión aunque no se llegó a hechos de violencia física, aunque sí hubo contacto cuerpo a cuerpo cuando efectivos de custodia dispersaron del portón de Jefatura a los manifestantes, que a viva voz los insultaban por no reconocerlos como camaradas y hacer reclamos que aglutinan a todo el personal.
La semana pasada con los reclamos escalando el gobierno otorgó 500 mil pesos a los policías de calle, 250 mil a los choferes de patrulleros y anunció medidas para la contención policial, en especial luego de que el suicidio de Oscar Valdez, un efectivo de 32 años en la Jefatura de Rosario generara demandas explícitas de atención a situaciones de precariedad de salud integral de las fuerzas de seguridad.
«La protesta legítima, el reclamo legítimo por mejorar las condiciones de trabajo, nosotros los seguimos acompañando. Toda policía que hace correctamente su trabajo y que nos ha permitido llevar adelante una política de seguridad que ha bajado drásticamente los niveles de violencia que azotaban esta provincia la vamos a seguir defendiendo», dijo Cococcioni.
«Ahora sobre este reclamo legítimo se montaron y tenemos detectada a sectores desplazados de la policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción, cuyos perpetradores hoy están privados de libertad. Esto nosotros no lo vamos a dejar pasar. Utilizar a la institución policial y a sus funcionarios para directamente minar la política de seguridad, que tanto trabajo nos costó poner en orden en la provincia de Santa Fe, es una línea que nosotros no vamos a dejar cruzar», sostuvo.
El ministro de Seguridad dijo que al menos 20 funcionarios policiales, «y seguramente algunos más que irán siendo identificados mediante labores investigativas que se están desarrollando», fueron puestos en disponibilidad. «Además, estamos haciendo actuaciones de todo, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación para que investigue posibles ilícitos penales de los funcionarios policiales y de estos grupos marginales y desplazados de la Policía de Santa Fe, que claramente no se resignan a que han perdido la posición de poder y de privilegio que obtuvieron en otro momento».
Cococcioni dijo que esta madrugada, a diferencia de la semana pasada, hubo afectación de la prestación de tareas. «Si bien no ha afectado sustancialmente la seguridad esta medida, si objetivamente no menos de 20 unidades de patrulla urbana abandonan su servicio en plena jornada, objetivamente eleva los niveles de riesgo. Y hasta me atrevería a decir que le acarrea responsabilidad penal si llegara a ocurrir un delito que no pudo ser evitado por culpa de esa acción de incumplimiento de sus deberes funcionales».
«Se puede dialogar para mejorar las condiciones de trabajo, se puede organizar mejor las jornadas de trabajo, totalmente de acuerdo. Ahora, no estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública, la seguridad de todos los habitantes de la provincia de Santa Fe. Estas acciones ilícitas, antijurídicas y en algunos casos violentas, entendemos que quieren golpear la política de seguridad, que es una política de seguridad exitosa. A quien le guste, esta es la política que en conjunto con el gobierno nacional y con el Ministerio de Seguridad Nacional, está bajando el delito y está bajando la violencia, en la ciudad de Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. Así que acá es donde trazamos una raya que no estamos dispuestos a permitir que se cruce», subrayó el ministro.
En Rosario la situación mostró escenas de mayor convulsión aunque no se llegó a hechos de violencia física, aunque sí hubo contacto cuerpo a cuerpo cuando efectivos de custodia dispersaron del portón de Jefatura a los manifestantes, que a viva voz los insultaban por no reconocerlos como camaradas
Tras el anuncio de sanciones y el duro mensaje del ministro no dispersó durante la mañana a los allegados a los familiares y cercanos que seguían apostados frente a la Jefatura de Rosario. En ellos los reclamos eran de mejoras salariales, de prestaciones integrales para la salud mental en una profesión sometida a altos niveles de estrés, y a que resuelva cambios en el régimen horario, que complican el descanso adecuado para una enorme cantidad de suboficiales que están en las ciudades del sur de la provincia pero que son oriundos del norte y tienen que cubrir distancias de hasta 800 kilómetros cuando retornan. El policía con carpeta médica que se suicidó el sábado pasado en Jefatura era de Vera que está a 450 kilómetros de Rosario donde estaba asignado.
«Intentaron dividir con los anuncios, alimentos para unos pocos. Estamos pidiendo que el aumento sea para toda la policía, no para unos pocos», declaró el abogado Gabriel Sarla, un ex policía santafesino que estuvo la semana pasada como interlocutor de los que protestaban en las conversaciones ante el Ministerio de Seguridad que derivaron en los anticipos de beneficios no remunerativos.
«El conflicto ha tomado una escala que no queríamos», reconoció. «Era pacífico pero un hecho desafortunado anoche, cuando el señor Maldonado decidió reprimir, lo que hizo que los policías vengan a apoyar a sus familiares. Una mujer embarazada recibió gas pimienta», comentó el abogado a Cadena 3 Rosario.
Pero como resaltó LPO el día que se hicieron los anuncios, las mejoras económicas no llegan a la totalidad de la fuerza sino a un 40 por ciento que es la que realiza las prestaciones operativas de seguridad en calle. Y además se trata de sumas no remunerativas. Desde la zona de la protesta, un oficial le comentó a este medio por qué el cortafuegos ensayado por la provincia no satisface.
«Todos se dieron cuenta de que esto fue maquillaje. Un policía está en el Comando y tiene los plus que prometieron. Pero el mes que viene lo cambian de destino a una comisaría y vuelve a cobrar el sueldo pelado. El plus es eso, no es aumento de básico, no impacta en el salario. Esto a los policías que tienen que viajar seis o siete horas ida y vuelta hacia sus destinos no les resuelve gran cosa», dijo el oficial con veinte años de servicio.
Todos se dieron cuenta de que esto fue maquillaje. Un policía está en el Comando y tiene los plus que prometieron. Pero el mes que viene lo cambian de destino a una comisaría y vuelve a cobrar el sueldo pelado. El plus es eso, no es aumento de básico, no impacta en el salario
Esta es una de las protestas más fuertes surgidas en Rosario desde la muerte en 2005 del agente Diego Navarro cuando custodiaba un supermercado, que tuvo sin embargo una magnitud incomparable, porque la ciudad quedó entonces sin servicio policial, bajo el gobierno de Jorge Obeid. Lo que derivó en que más de 300 gendarmes fueran transferidos a Rosario para realizar tareas de patrullaje urbano.
Según fuentes de la Casa de Gobierno santafesina, la administración de Pullaro se propone cortar de raíz cualquier situación que implique una escalada del conflicto. En la calle pese a los anuncios disciplinarios la tensión no se había disipado.
«Yo estuve en el acuartelamiento cuando mataron a Navarro en el súper Azul en 2005», decía un policía con mando medio a LPO desde el lugar donde siguen los familiares. «Esa vez nos conformaron con un par de borcegos, con el retiro de las viejas pistolas 11.25 que se trababan como le pasó a Navarro y con el aumento del adicional. Pero ahora es distinto. La policía está mejor soportada en sus demandas y además hay una situación económica que vuelve comprensibles los reclamos», le comentó a La Política Online otro policía cercano a los 50 años desde las inmediaciones a Jefatura rosarina.
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