Lijo citó a los hermanos Kovalivker para indagarlos por las coimas de la ANDIS

Ariel Lijo hizo lugar al pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez y citó a declaración indagatoria a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker para que declaren en la causa por las coimas de la ANDIS.

El escrito del magistrado es un claro mensaje a Javier y Karina Milei, apuntada como destinataria final del 3 por ciento de los sobreprecios que se aplicaban desde la agencia a determinados medicamentos y tratamientos.

La decisión de Lijo, un juez que sabe manejar los tiempos judiciales según los vientos de la política, forma parte de su negociación para convertirse en ministro de la Corte Suprema, cargo para el que fue rechazado por las torpezas del gobierno entre agosto de 2024 y marzo de 2025.

El magistrado respaldó «la inhibición general de bienes de los imputados», dispuesta por el Ministerio Público Fiscal, bajo el argumento de que es preciso «resguardar aquellos bienes que eventualmente pudieran ser objeto de decomiso en una etapa posterior del proceso, o bien quedar comprendidos frente a la determinación de algún tipo de responsabilidad pecuniaria o de una eventual reparación».

En el juzgado especulan que «acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento deactivos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos -y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado-«. «Así las cosas, se encuentran reunidos los extremos para adoptar el pronto dictado de medidas cautelares que impidan que el eventual cumplimiento de medidas pecuniarias en el marco de una sentencia de condena se torne ilusorio», completan.

En ese contexto, Lijo citó a Jonathan Kovalivker para las 9:30 del jueves 29, mientras que Emmanuel fue citado para una más tarde.

El escándalo de las coimas se desató cuando cobraron estado público los audios de Diego Spagnuolo, reconociendo sobre precios que derivaban en un esquema de recaudación y que dejaba, supuestamente, un 3 por ciento para Karina Milei.

Este miércoles, Picardi y Rodríguez presentaron un dictamen de 305 páginas a lo largo de las cuales demuestran que la Suizo Argentina era el punto neurálgico de un grupo de droguerías, tenía el control sobre las licitaciones y acomodaba los números.

Los Kovalivker, por lo demás, fueron arrimados por Mauricio Macri a los hermanos Milei en un coworking de Avenida Libertador, con el propósito de que la droguería hiciera su aporte financiero para la campaña de LLA ante el ballotage contra Sergio Massa.

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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    Esta euforia está impulsada por las expectativas de reformas estructurales y una mayor estabilidad política en la segunda mitad del mandato presidencial de Milei.

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