La primer compe del año fue para Leñakingos. El «Play-On» tuvo su primer torneo de verano y la familia acompañó, un excelente marco familiar disfrutó de la «Copa JM Estudio Jurídico».
El domingo 6 de febrero fue la fecha en que el «PLAY-ON» del río Negro abrió sus puertas, o mejor dicho tranqueras, para recibir a la familia del 3×3 que sigue creciendo en Villa Regina. Las reposeras y los mates acompañaron una jornada espectacular de deporte al aire libre.
En lo deportivo el primer torneo de verano la Copa JM Estudio Juridico fue para Leñakingos, un equipo fusionado entre dos conjuntos que participaron de casi todos los torneos organizados por 3x3basquetregina y todavía no habían podido gritar campeón, venían de un 3er puesto en la Copa TecnoSoluciones jugada en el polideportivo cumelen en el cierre del 2021.
En la final se impuso frente Onfair, sorpresa del torneo, que con un equipo que se armó antes de empezar llegó invicto a la final. El resultado fue 10-5 y las cosas estuvieron claras desde un comienzo, Leñakingos insistió con el ataqu en el poste bajo, y Onfair no supo como solucionarlo.
Por el 3er puesto jugaron Doble Ipa y Migachi, los últimos ganaron en un lindo partido por 13 a 7, imponiendo de algún modo un ritmo más vertiginoso de juego, motivo de un promedio de edad más bajo, por ende algo más de energía.
Cerraron el torneo Peppers frente a The Wall con un simple con el partido terminado, Agus Gonzalez no quiso suplementario y no falló. El partido terminó 9-8.
Torneo de Verano Copa JM Estudio Jurídico
Sin embargo, como siempre, lo deportivo termina siendo anecdótico, una excusa para juntarnos y disfrutar de la tarde haciendo lo que nos gusta, jugar al basquet y compartir con amigos, amigas y familiares. Agradecemos incansablemente la buena predisposición y el acompañamiento de todos y todas. Ya estamos trabajando en una nueva compe!!!
Ante un nuevo incendio en un barrio popular que tiene el mismo origen de siempre, las condiciones precarias del sistema eléctrico, nos preguntamos si es necesario siempre responder de manera posterior al accidente con ayuda social o ¿existe la manera de prevenirlo para que no suceda?. Los incendios de viviendas en barrios populares suelen generarse…
Con una competencia de cocteles finalizó el nivel 1 ‘Coctelería en casa’, parte del ciclo de capacitaciones de turismo gastronómico denominado ‘Sabores del Valle’ organizado por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina. Un total de 25 asistentes tuvo la capacitación. Del encuentro también participaron Nadia y Cristian, quienes desarrollan un emprendimiento…
Las empresas navieras difundieron un informe en el que rechazan la intención de desregulación del gobierno en el cabotaje a través de las políticas que llevan a cabo el ministro Federico Sturzenegger.
De esta manera, el documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.
El documento recuerda que el régimen vigente, sustentado en la Ley de Navegación y en el Decreto-Ley 19.492/72, establece la reserva del cabotaje para buques de bandera argentina, un esquema que los autores comparan con la denominada Jones Act de Estados Unidos.
Según el análisis, este sistema responde no sólo a criterios económicos sino también a razones vinculadas con la seguridad nacional y el desarrollo industrial. Uno de los principales argumentos del informe es que la incorporación de operadores extranjeros bajo banderas de conveniencia podría reducir significativamente la recaudación tributaria.
Los autores sostienen que las empresas nacionales tributan impuestos, contribuciones patronales y diversas tasas vinculadas a la actividad marítima, mientras que compañías extranjeras podrían beneficiarse de regímenes de no residencia fiscal o convenios internacionales que disminuyan su carga impositiva.
El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.
El documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.
Entre los efectos señalados figuran la pérdida de empleo formal, una reducción de aportes previsionales y un debilitamiento de los sistemas de formación y renovación de personal marítimo. Además, sostiene que cada empleo directo en el sector genera entre tres y cinco puestos indirectos en actividades vinculadas, como logística portuaria, talleres navales, seguros y servicios especializados, por lo que el impacto se extendería a numerosas economías regionales.
Carlos Presti.
El informe afirma que las compañías argentinas enfrentan costos laborales, financieros y regulatorios superiores a los de operadores internacionales. En ese contexto, una competencia abierta podría derivar en la pérdida de mercado, dificultades para renovar flotas y, eventualmente, en la desaparición de armadores nacionales, reproduciendo fenómenos observados durante la década de 1990.
El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.
Otro de los ejes centrales del trabajo es la relevancia estratégica del Atlántico Sur. El documento destaca la posición argentina respecto del estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, considerados corredores alternativos ante eventuales interrupciones de los canales de Panamá o Suez. Desde esta perspectiva, la preservación de una marina mercante nacional es presentada como un componente de soberanía y presencia estatal en la región.
Los autores también plantean que una mayor presencia de operadores extranjeros podría incrementar la dependencia logística del país y reducir la capacidad de control sobre rutas, puertos e infraestructura estratégica. Asimismo, vinculan esta discusión con la cuestión de las Islas Malvinas y la proyección argentina en el Atlántico Sur. Industria naval y seguridad El estudio sostiene que una reducción de la flota nacional impactaría directamente sobre los astilleros argentinos, las escuelas de formación marítima y la cadena de proveedores vinculada al sector.
También advierte sobre posibles desafíos para los controles de seguridad, ambientales y aduaneros ante un aumento de embarcaciones bajo múltiples pabellones extranjeros.
Fuentes militares explicaron a LPO que «ka Cámara Naviera Argentina y otros armadores han cambiado radicalmente su postura respecto a un nuevo decreto/ley, que ahora es opuesto al decreto 340 que ayudaron a redactar».
Esta fuente detalla que «el cambio se debe a la advertencia de que la empresa china Cosco planea posicionar buques con bandera china de forma permanente en Argentina para operar en cabotaje, utilizando tripulaciones chinas y tarifas de dumping.
Inicialmente, buscaban evitar el desguace de la flota argentina y el uso de banderas de conveniencia, pero el nuevo escenario con Cosco los lleva a preferir negociar con sindicatos argentinos».
«La preocupación es que, si bien se busca sacar a los chinos de las 200 millas, la nueva política podría permitirles entrar en el cabotaje portuario.
Varias organizaciones marítimas intentarán reunirse con Lamela para explicar que las políticas de Sturzenegger van en contra de la política hemisférica», remarca.
Entre las propuestas finales, el informe recomienda mantener la reserva de cabotaje para buques de bandera argentina, revisar los mecanismos de habilitación de embarcaciones extranjeras, promover programas de financiamiento para la renovación de flota nacional y fortalecer los controles de la Prefectura Naval Argentina.
Según las conclusiones del trabajo, una desregulación sin salvaguardas podría provocar pérdidas fiscales, destrucción de empleo calificado, debilitamiento de la industria naval y una menor capacidad estratégica del país en el Atlántico Sur.
La Sra. gobernadora Lic. Arabela Carreras ingresó al recinto poquito antes de las 9am para abrir el °49 períodos de sesiones legislativas de Rio Negro convirtiéndose de este modo en la primera mujer en hacerlo en la historia de nuestra provincia. Un hecho que políticamente marca un hito y se recordará por siempre. El discurso…
La Municipalidad de Villa Regina, junto al Consejo de las Personas con Discapacidad, definieron en conjunto el cierre de todas las Colonias de Vacaciones. El evento se desarrollará el 11 de febrero de 14 a 17 horas en el Albergue Municipal del Balneario de la Isla 58. Cabe destacar que dicho encuentro contará con la…
El Senado podría darle media sanción este jueves al Acuerdo de Conciliación con Bainbridge LTD y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, dos fondos buitre que no entraron a ninguno de los canjes de deudas que realizaron los gobiernos argentinos desde el default del 2001.
El proyecto llega a recinto con un dictamen de mayoría impulsado por los libertarios Agustín Monteverde, Silvana Schneider, Bartolomé Abdala, Pablo Vervi, Gonzalo Guzmán, Bruno Olivero, Ivana Arrascaeta y Patricia Bullrich, los radicales Eduardo Vischi, Daniel Kroneberger y Eduardo Galaretto, el misionero Martín Göerling y el correntino Carlos «Camau» Espínola, y los aliados Guillermo Andrada y Beatriz Ávila.
El acuerdo contempla un pago de 67 millones de dólares para Bainbridge y otro de 104 millones para Attestor Value Master Fund LP. El entendimiento supone «una suspensión standstill de los litigios y de los bonos objeto de los mismos, o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002, así como no iniciar nuevas acciones respecto de los bonos».
El trámite parlamentario viene demorado desde abril. LPO informó que Patricia Bullrich fue arrinconada por los aliados antes de la sesión del 14 de mayo pasado, cuando sus colegas amagaron con voltear la sesión porque el gobierno había modificado el articulado del proyecto del pago a los holdouts de Attestor y Bainbridge.
Los senadores detectaron la noche anterior que el oficialismo quería imponer reformas y explicarlas a último momento. En efecto, la respuesta del bloque libertario ante la inquietud de los opositores fue casi ofensiva. «La traducción legalizada llegará mañana a la mañana porque se firmó después de las 15 y no se pudo legalizar hoy», se excusaron.
Por eso, el despacho volvió a comisión y se reanudó la discusión para saldar las inquietudes de todas las bancadas. «Ya está, ahora tiene que salir», comentó un radical a LPO, mientras que un aliado de los bloques ligados a los gobernadores confió: «están los votos para aprobarlo».
De concretarse la media sanción, el proyecto deberá girar a la Cámara de Diputados. El objetivo del gobierno es aprobarlo definitivamente antes del 30 de junio.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
