La primer compe del año fue para Leñakingos. El «Play-On» tuvo su primer torneo de verano y la familia acompañó, un excelente marco familiar disfrutó de la «Copa JM Estudio Jurídico».
El domingo 6 de febrero fue la fecha en que el «PLAY-ON» del río Negro abrió sus puertas, o mejor dicho tranqueras, para recibir a la familia del 3×3 que sigue creciendo en Villa Regina. Las reposeras y los mates acompañaron una jornada espectacular de deporte al aire libre.
En lo deportivo el primer torneo de verano la Copa JM Estudio Juridico fue para Leñakingos, un equipo fusionado entre dos conjuntos que participaron de casi todos los torneos organizados por 3x3basquetregina y todavía no habían podido gritar campeón, venían de un 3er puesto en la Copa TecnoSoluciones jugada en el polideportivo cumelen en el cierre del 2021.
En la final se impuso frente Onfair, sorpresa del torneo, que con un equipo que se armó antes de empezar llegó invicto a la final. El resultado fue 10-5 y las cosas estuvieron claras desde un comienzo, Leñakingos insistió con el ataqu en el poste bajo, y Onfair no supo como solucionarlo.
Por el 3er puesto jugaron Doble Ipa y Migachi, los últimos ganaron en un lindo partido por 13 a 7, imponiendo de algún modo un ritmo más vertiginoso de juego, motivo de un promedio de edad más bajo, por ende algo más de energía.
Cerraron el torneo Peppers frente a The Wall con un simple con el partido terminado, Agus Gonzalez no quiso suplementario y no falló. El partido terminó 9-8.
Torneo de Verano Copa JM Estudio Jurídico
Sin embargo, como siempre, lo deportivo termina siendo anecdótico, una excusa para juntarnos y disfrutar de la tarde haciendo lo que nos gusta, jugar al basquet y compartir con amigos, amigas y familiares. Agradecemos incansablemente la buena predisposición y el acompañamiento de todos y todas. Ya estamos trabajando en una nueva compe!!!
Como una diatriba que baja desde el norte, se acepta recortar donde hay que invertir. El mismo que te da, te saca. La ecuación es matemática aunque la materia sea social y no exacta. El país sufre una crisis educativa que fue acrecentada por todos los gobiernos de turno desde la década del 90, todos…
La discusión sobre el empleo argentino ya no puede reducirse a saber cuántas personas tienen trabajo. El desempleo convive con informalidad, subocupación, pluriempleo y nuevas formas de contratación, mientras la reforma laboral de 2026 modificó reglas centrales de la relación entre trabajadores y empleadores. Los números oficiales permiten dimensionar el fenómeno, pero la sociología ayuda a entender qué ocurre cuando la incertidumbre laboral deja de ser una excepción y empieza a convertirse en una experiencia cotidiana.
Por Tomás Palazzo para NLI
Hay una escena que se repite cada vez con mayor frecuencia en la Argentina: una persona que trabaja, pero busca otro trabajo. Un empleado que conserva su puesto, aunque empezó a hacer repartos por la noche. Una profesional que se convirtió en monotributista para realizar tareas que antes hacía bajo relación de dependencia. Un trabajador que acepta una ocupación informal porque necesita ingresos inmediatos y otro que acumula varias actividades porque ninguna de ellas, por separado, alcanza para pagar el alquiler, los alimentos y los servicios. Todos están ocupados. Pero no necesariamente todos tienen un empleo que permita construir una vida alrededor del trabajo.
Ese es uno de los principales problemas que aparecen cuando se mira el mercado laboral exclusivamente a través de la tasa de desempleo. El INDEC informó que en el primer trimestre de 2026 la desocupación alcanzó el 7,8%, mientras que la tasa de empleo fue del 44,8%, la de actividad del 48,6% y la subocupación llegó al 11,1%. Es decir, hay una porción significativa de personas que trabajan menos horas de las que desean y necesitan. La propia estadística oficial incorporó además, desde 2025, una medición específica de la informalidad laboral, reconociendo que el dato sobre cuántas personas tienen o no una ocupación no alcanza para describir la estructura del mercado.
La fotografía se vuelve todavía más compleja cuando se incorpora la calidad de esos puestos. Según una medición elaborada por el investigador del CONICET Jorge Paz, utilizando una definición amplia que incluye tanto asalariados no registrados como trabajadores independientes de baja calificación, la informalidad alcanzaba aproximadamente al 49% de los trabajadores. La estimación no es idéntica a la medición estadística oficial —y es importante no mezclar metodologías—, pero permite comprender la magnitud del fenómeno desde otra perspectiva.
La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿qué significa exactamente estar empleado en la Argentina de 2026?
La sociología de un trabajador que nunca termina de llegar
El sociólogo francés Robert Castel utilizó hace décadas una idea que resulta particularmente útil para pensar el presente: el trabajo no es solamente una fuente de ingresos, sino también uno de los principales mecanismos de integración social. El empleo estable permite construir vínculos, acceder a derechos, proyectar una familia, organizar el tiempo y establecer una relación relativamente previsible con el futuro. Cuando esa estabilidad se erosiona, no desaparece solamente una parte del salario: se debilita también una estructura social.
La investigación argentina sobre mercado laboral viene señalando precisamente esa dimensión. Estudios del CONICET sobre informalidad, precariedad y segmentación laboral advierten que la inseguridad ocupacional no se distribuye al azar y que la calidad del empleo tiene consecuencias directas sobre las posibilidades de caer o permanecer en la pobreza. Una investigación de Jésica Pla, Santiago Poy y Agustín Salvia encontró que la clase ocupacional y la calidad del empleo mantienen efectos persistentes sobre la probabilidad de experimentar pobreza, mientras que la inseguridad laboral atraviesa distintos grupos sociales.
Esto permite comprender por qué la precarización tiene una dimensión sociológica que no aparece inmediatamente en una planilla de estadísticas. Cuando una persona no sabe cuánto va a ganar el mes próximo, cuándo terminará su contrato, si podrá mantener sus horas de trabajo o si deberá aceptar una segunda ocupación, cambia su relación con el futuro. La incertidumbre se incorpora a la vida cotidiana.
Y cuando esa incertidumbre se vuelve colectiva, también modifica comportamientos sociales. Se posterga la compra de una vivienda, se demora la decisión de tener hijos, se reemplaza el consumo duradero por gastos inmediatos, se prolonga la convivencia con los padres, se abandona una actividad educativa para conseguir ingresos o se aceptan trabajos por debajo de la calificación profesional. No hace falta que todos esos fenómenos aparezcan juntos para que exista un cambio estructural: alcanza con que una parte creciente de la población deje de sentir que el trabajo constituye una plataforma segura para proyectarse.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea precisamente que la informalidad no debe analizarse solamente como ausencia de registro, sino en relación con derechos, productividad, protección social y oportunidades de desarrollo. En su actualización conceptual publicada en 2025, la organización advierte que las formas contemporáneas de informalidad son diversas y requieren políticas de transición hacia la formalidad que garanticen trabajo decente.
La cuestión, entonces, no es únicamente cuántos argentinos están «en negro». Es qué tipo de ciudadanía social produce una economía donde una parte importante de sus trabajadores carece de las protecciones asociadas al empleo formal.
La reforma laboral y el nuevo mapa de derechos
Aquí aparece el costado jurídico, que tampoco puede separarse de la discusión económica. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, establece que el trabajo «en sus diversas formas» debe gozar de protección legal y menciona expresamente condiciones dignas y equitativas, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas, retribución justa y protección contra el despido arbitrario. No se trata de una declaración decorativa: constituye el marco constitucional dentro del cual deben interpretarse las leyes laborales.
Pero en 2026 ese marco comenzó a convivir con una modificación importante de la legislación ordinaria. La Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en febrero y publicada en marzo, introdujo cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y en distintos regímenes laborales. Entre otras cuestiones, modificó el esquema de cálculo de la indemnización por despido, estableció nuevas reglas sobre determinados componentes remunerativos y habilitó que mediante convenios colectivos pueda sustituirse el régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral financiado por el empleador.
También creó los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a colaborar con el cumplimiento de determinadas obligaciones e indemnizaciones laborales. Y la reforma estableció un régimen específico para los prestadores independientes de plataformas tecnológicas de movilidad y reparto, definiéndolos jurídicamente como independientes y fijando determinados derechos sin que estos constituyan, por sí mismos, indicios de una relación de dependencia.
Esto último resulta especialmente relevante desde una perspectiva sociológica. Una parte del nuevo mundo laboral se está construyendo alrededor de trabajadores que no encajan cómodamente en la vieja división entre empleado y trabajador autónomo. El repartidor que se conecta cuando quiere puede ser presentado como un emprendedor independiente; pero si su ingreso depende de una plataforma, de sus algoritmos, de las tarifas que esta determina y de una demanda que no controla, la discusión sobre dónde termina la autonomía y dónde comienza la subordinación seguirá abierta.
Especialistas en derecho laboral que analizaron la nueva legislación han señalado precisamente que la reforma modifica cuestiones sensibles como el período de prueba, las jornadas y el llamado banco de horas, el cálculo indemnizatorio, los fondos de cese, las plataformas y la presunción de laboralidad.
El Gobierno puede sostener que estas modificaciones buscan reducir la litigiosidad, facilitar contrataciones y generar mayor previsibilidad para las empresas. Esa es una hipótesis económica legítima que deberá contrastarse con los resultados. Pero también existe una pregunta jurídica y social diferente: ¿cuánto puede flexibilizarse una relación laboral antes de que la flexibilidad deje de funcionar como instrumento para generar empleo y empiece a trasladar sistemáticamente el riesgo económico hacia quien trabaja?
No existe una respuesta automática. Y justamente por eso no alcanza con decir que una reforma es «pro trabajador» o «anti trabajador». Hay que mirar qué derechos cambia, qué obligaciones modifica, qué incentivos genera y, sobre todo, qué ocurre después con el empleo real.
El dato que falta: no solamente cuánto empleo hay, sino qué empleo estamos construyendo
Existe además una paradoja que atraviesa la historia argentina reciente. La informalidad no nació con Milei y sería incorrecto presentarla como una creación de su Gobierno. La Argentina arrastra desde hace décadas un mercado laboral profundamente segmentado. Investigaciones de la OIT ya habían documentado la coexistencia de empleo asalariado informal, trabajo independiente de subsistencia y modalidades atípicas incluso durante períodos en los que la ocupación y los salarios mejoraban.
Pero reconocer ese problema estructural no significa que todos los gobiernos produzcan los mismos resultados. Las políticas económicas pueden favorecer determinados sectores, destruir otros, modificar los incentivos para contratar formalmente y cambiar la relación entre salarios, productividad y empleo. De acuerdo con datos recopilados recientemente, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 se habían perdido cerca de 400.000 puestos asalariados formales, según registros del Ministerio de Capital Humano citados por El País: alrededor de 250.000 correspondían al sector privado, 130.000 al público y 17.400 al régimen de casas particulares.
Ese número tampoco puede interpretarse aisladamente como prueba de que cada puesto perdido se convirtió automáticamente en empleo informal. Una parte de las personas puede haber salido de la fuerza laboral, otra puede haber quedado desempleada y otra puede haberse desplazado hacia actividades independientes. Precisamente por eso las estadísticas laborales deben leerse como un conjunto y no como titulares separados.
La cuestión central aparece cuando se cruzan todos esos indicadores: desocupación, subocupación, informalidad, empleo registrado, salarios y horas trabajadas. Allí comienza a verse una economía en la que tener trabajo no garantiza necesariamente estabilidad y en la que conseguir ingresos puede requerir acumular ocupaciones.
La propia OIT insiste en que la transición hacia la formalidad requiere políticas integrales y no solamente cambios normativos. En Argentina, su trabajo reciente sobre sectores como construcción, textil y trabajo doméstico pone el foco justamente en las barreras concretas que impiden formalizar empleo y en la necesidad de combinar regulación, incentivos, productividad y protección social.
Por eso la pregunta más importante para la Argentina de los próximos años no debería ser solamente cuántos puestos de trabajo crea la economía, sino qué clase de puestos está generando.
Porque una sociedad puede mostrar una tasa de desempleo relativamente contenida y, al mismo tiempo, tener cientos de miles de personas que trabajan sin estabilidad, sin protección suficiente, con ingresos insuficientes o con la necesidad de sumar una segunda ocupación para completar el mes.
El trabajo sigue estando. Lo que está cambiando es aquello que el trabajo permite construir.
Y esa diferencia es mucho más profunda que una cifra de desempleo. Es una transformación en la relación entre economía y sociedad, entre trabajador y empresa, entre presente y futuro. También es una discusión sobre el sentido mismo del derecho laboral: si su función consiste simplemente en ordenar contratos entre partes formalmente iguales o si, como reconoce la Constitución, debe intervenir para equilibrar una relación en la que el poder económico de las partes nunca fue exactamente simétrico.
La respuesta no se encuentra solamente en una ley ni en una estadística. Se va a ver en la vida concreta de quienes trabajan.
El cronograma de pagos de los sueldos de junio comenzará el próximo sábado 4 con el sector de Salud, incluyendo el depósito de las guardias y las horas extras. +info en la sig. nota. (Se garantizó el pago del medio aguinaldo a los trabajadores de la Administración Pública Provincia).
Rolando Figueroa abrió una pelea inesperada en Vaca Muerta. El gobernador de Neuquén acusó a una multinacional de encarecer el transporte del gas argentino hacia Chile para proteger su propio negocio de GNL en el país vecino. Aunque evitó nombrarla, el señalamiento apunta a Naturgy, el grupo que controla Gasoducto del Pacífico, la conexión que une Neuquén con la región chilena del Biobío.
«Tenemos ductos de gas a Chile que están subutilizados. Eso pasa porque quien es dueño del transporte, en el caso del gasoducto que está en la provincia de Neuquén, es la misma empresa que le vende GNL a Chile, con lo cual eleva el costo del transporte para que el GNL lo puedan colocar al vecino país», dijo Figueroa en el Council of the Américas.
La acusación subió de voltaje cuando el neuquino puso números sobre la mesa. «La semana que viene vamos a Chile, específicamente al Biobío. Están pagando el gas 15 dólares y lo pueden obtener a 6 con costo de transporte incluido», sostuvo.
Figueroa no dio el nombre de la compañía, pero la descripción conduce a Naturgy. El grupo tiene el 56,7% indirecto de Gasoducto del Pacífico Argentina. Del lado argentino el caño tiene 299 kilómetros y una planta compresora de 15.400 HP. En 2025 transportó 1.747 millones de metros cúbicos hacia el mercado argentino y apenas 260 millones hacia Chile.
La propia memoria de Naturgy reconoce que el ducto quedó adaptado para operar en forma bidireccional después de la crisis del gas argentino. La estructura societaria ayuda a entender el planteo del gobernador, aunque es más compleja que una empresa vendiéndose gas a sí misma.
Naturgy Chile participa del transporte a través de Gasoducto del Pacífico y también tiene negocios de distribución y comercialización del otro lado de la cordillera. Controla Metrogas y Gas Sur y participa en Innergy, que abastece a industrias, distribuidoras y generadoras del Biobío. A través de Aprovisionadora Global de Energía (AGESA), además, importa gas de distintos orígenes, principalmente GNL que llega desde Trinidad y Tobago y Estados Unidos a la terminal de Quintero, y también gas argentino. Es decir, el grupo tiene intereses a ambos lados de la tranquera: transporte por caño y comercialización de gas importado.
Tenemos ductos de gas a Chile que están subutilizados. Eso pasa porque quien es dueño del transporte, en el caso del gasoducto que está en la provincia de Neuquén, es la misma empresa que le vende GNL a Chile, con lo cual eleva el costo del transporte para que el GNL lo puedan colocar al vecino país.
Hay una precisión importante. AGESA no es GasAndes. Son sociedades diferentes dentro del universo de negocios gasíferos de Naturgy Chile. Y el ducto al que apunta Figueroa por su recorrido entre Neuquén y Biobío es Gasoducto del Pacífico. GasAndes constituye otra de las conexiones que permiten exportar gas argentino a Chile. Desde la cuenca neuquina existen ambas vías para cruzar la cordillera.
Desde la compañía pusieron la pelota del otro lado de la cancha. Fuentes de Gasoducto del Pacífico explicaron a LPO que la capacidad de caño esta disponible para la productora que lo solicite. «Tengo un restaurant con diez mesas, pero ocupadas solo ocho. Bienvenidos los que se quieran sentar en las dos que tengo disponibles», ejemplificó.
Para Neuquén no es una discusión menor: cada millón de metros cúbicos que queda atrapado por falta de mercado es producción, regalías y dólares que no entran.
La discusión ya había aparecido con Brasil. Como reveló LPO, el CEO de TGN, Daniel Ridelener, cuestionó los peajes que se pretendían cobrar para llevar la molécula de Vaca Muerta hasta el corazón industrial de San Pablo.
«De nuestro lado lo que tenemos que lograr es llegar con un precio lo más competitivo posible, contra el precio doméstico y contra el precio internacional. Bolivia tiene una infraestructura y puede jugar con el precio todo lo que necesite. El arranque no fue bueno. Querer cobrar USD 1,9 dólares por millón de BTU para gas interrumpible no es bueno. Pero también está pasando algo parecido con actores locales, con lo cual hay que hacer una alineación de todos los actores de una larga cadena para que seamos competitivos en la exportación», dijo Reidelener.
La lógica es la misma: Vaca Muerta puede tener uno de los gases más competitivos de la región en boca de pozo y perder esa ventaja a medida que atraviesa sucesivos peajes hasta llegar al consumidor.
La ofensiva neuquina sobre Chile abre además una posibilidad mucho más ambiciosa. El gas podría cruzar la cordillera como molécula, aprovechar infraestructura chilena y eventualmente encontrar una salida al Pacífico. Es una alternativa que distintas compañías vienen mirando porque permitiría aprovechar activos existentes y reducir las enormes necesidades de capital que supone desarrollar desde cero una industria exportadora de GNL en la costa argentina.
Ahí aparece la segunda pelea que atraviesa a Vaca Muerta: caño o barco. Total Energies viene defendiendo la alternativa de exportar por gasoductos hacia los países vecinos y puso el foco especialmente en Brasil. CGC, la petrolera de la familia Eurnekian, estudia una salida hacia Chile utilizando el Gasoducto Trasandino. La idea es monetizar más rápido el gas disponible utilizando conexiones regionales antes que esperar megaproyectos que requieren decenas de miles de millones de dólares.
Del otro lado está Southern Energy LNG, que eligió el camino de la licuefacción. La compañía está integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG y proyecta exportar desde Río Negro mediante buques de licuefacción. Apunta a una capacidad cercana a 6 millones de toneladas anuales en dos etapas. El proyecto busca sacar el gas argentino del tablero regional y colocarlo directamente en el mercado mundial.
La tensión quedó expuesta este jueves en el propio Council of the Americas. En el mismo panel en el que habló Figueroa participaron Hugo Eurnekian, presidente de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG. No representaban solamente dos empresas. Encarnaban las dos rutas que hoy compiten por el gas incremental de Vaca Muerta: utilizar los caños existentes para vender molécula a los vecinos o invertir miles de millones para enfriarla, convertirla en GNL y subirla a un barco.
El problema argentino es que Vaca Muerta puede producir mucho más gas del que consume el país durante buena parte del año, pero necesita mercados e infraestructura para evacuarlo. La discusión dejó de ser solamente cuánto gas hay debajo de la tierra. Ahora es quién controla la puerta de salida, cuánto cobra por abrirla y hacia dónde conviene hacer correr la molécula. Por eso la acusación de Figueroa contra Naturgy toca un nervio sensible.
Desde la oposición apuntan que el planteo de Figueroa expone además una contradicción del nuevo esquema energético. «Apenas asumió Milei, el Gobierno habilitó una recomposición del 675% en las tarifas por el transporte de gas, a la que luego se sumaron nuevas actualizaciones. Pero cuando el mismo gas tiene que cruzar la frontera, la lógica se invierte: el transporte aparece como un costo que hay que bajar para que Vaca Muerta pueda competir. Tarifas altas hacia adentro y peajes baratos hacia afuera. El modelo exportador convierte así en negociable para venderle gas a Chile un costo que para el mercado interno fue presentado como inevitable», comentó a LPO un referente del peronismo.
El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19. De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor. A…
Funcionarios y personal de distintas áreas, además de profesores de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina participaron el jueves de la capacitación en el marco del programa Deporte Social, inclusión y contención ‘Dispositivo de prevención e intervención a través de la actividad física y el deporte como herramienta de Inclusión’ de…
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