El próximo viernes 29 a las 10 horas en el salón de la Cámara de Productores se presentará el proyecto de remodelación de la terminal que fue aprobado por el Ministerio de Transporte de la Nación en el marco del convenio firmado en marzo pasado entre el Intendente Marcelo Orazi y esa cartera nacional.
En tanto, a partir de la toma de posesión de la terminal de ómnibus a fines de agosto, es importante destacar que la Municipalidad de Villa Regina, a través de distintas áreas, llevó adelante distintas tareas con el objetivo de mejorar su condición edilicia tanto en lo interno como en lo externo para mejorar la prestación del servicio que se presta a los usuarios.
En este sentido, ni bien el Municipio se hizo cargo de la misma, se procedió al recambio de los vidrios de las aberturas que se encontraban rotos; la recarga de los matafuegos; el lavado de paredes; pintura e instalación de nueva luminaria en el exterior, entre otros.
Cabe aclarar que estos trabajos fueron realizados ante la urgencia de contar con un inmueble con las condiciones de seguridad necesarias. Sin embargo, la remodelación integral de la terminal forma parte del proyecto cuyo financiamiento será aportado por el gobierno nacional y del cual ya se cumplimentaron los pasos administrativos y técnicos para recibir el primer desembolso económico.
Es por ello que también se retiraron los carteles ubicados en la parte externa de manera de dejar las paredes despejadas para cuando se inicien los trabajos definitivos.
A poco más de dos semanas de que comience el período ordinario de la Legislatura cordobesa, el próximo 1° de febrero, existe una discusión aún solapada, pero en la que entran diversos actores con sus respectivos intereses: la modificación de la ley provincial 8435 que garantice la estabilidad laboral de los jueces de paz en los juzgados del interior cordobés.
Es decir, que se asegure el carácter de vitalicio o la inamovilidad para el cargo y no tener que renovar su mandato cada cinco años y por concurso como ocurre actualmente. O, en su defecto, que los cargos estén atados únicamente a cuestiones de conductas que deban evaluar desde el Tribunal Superior de Justicia.
Reclamo y expectativa de los titulares de los juzgados de paz que choca de manera directa con los intereses y la realidad de los intendentes que, desde las gestiones del exgobernador Juan Schiaretti se quedaron sin reelección eterna y en 2023, cuando se amagó con una presión por parte de los alcaldes con el argumento de las consecuencias de la pandemia en sus últimos mandatos, el exmandatario coqueteó con una marcha atrás que luego no se concretó.
Por lo que hoy, en todos los pueblos del interior cordobés, y más aún en aquellos por donde están distribuidos los 310 juzgados de paz se vive una relación tensa entre los magistrados y los intendentes.
Fricción de la que está al tanto Llaryora, porque hace algunas semanas se lo trasladaron en una recorrida por Miramar, donde el mandatario dijo acerca del tema que «va a haber noticias»; y pedido que también sigue de cerca el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No sólo por el lobby que los jueces de paz empezaron hace un tiempo con el recientemente electo presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín; sino porque con él también tiene diálogo Guillermo Vega, el entrerriano que lidera la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz).
En la Unicameral anterior, durante la última gestión de Schiaretti, se avanzó con la posibilidad de esta modificación a la ley provincial y hubo un proyecto de los legisladores oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco que tomó estado parlamentario sobre el final del 2023, aunque luego no se discutió en el recinto.
Ninguno de los dos legisladores continúa en la Cámara y ahora los jueces de paz van por otros viguistas como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi para intentar reflotar la discusión antes del Mundial. «Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno», sintetizó a LPO una persona al tanto de las conversaciones.
Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno
En Córdoba, todos creen que Llaryora fijará la fecha de la elección en el primer cuatrimestre del 2027, bien lejos del escenario nacional con lo cual, después de la cita mundialista se van a acelerar los tiempos de todo el arco político mediterráneo. Y en esa inercia temen quedar enredados con su reclamo los jueces de paz.
Sin olvidar que la relación entre ellos y los intendentes suele tener fricciones. «Hay de todo: algunos que inquietan, otros que decididamente hacen política y muchos que están 24/7 y con una guardia permanente. Porque no hay que olvidarse que intervienen no sólo en cuestiones institucionales, sino también en aspectos más complejos. Sobre todo, en el proceso electoral completo cuando la fecha de la elección local no va pegada a los comicios provinciales», dicen.
El presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín, con Llaryora
El recorrido del reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo que implica el juego de necesidades políticas y electorales.
Por ello, las conversaciones, aunque con menos expectativa, también se llevan adelante con un sector de la oposición en la Legislatura. Hay diálogos con el radicalismo que pone el foco en el accionar de algunos jueces de paz del norte cordobés a los que los parlamentarios tildan de «poco prolijos» como para darles el beneficio del cargo vitalicio.
«Esa es la más simple: si alguien actúa mal deberá accionar el TSJ y sacarlo. No es tan difícil», señaló una fuente a este sitio.
Lo concreto es que la modificación por el artículo de «estabilidad laboral» en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones.
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