El próximo viernes 29 a las 10 horas en el salón de la Cámara de Productores se presentará el proyecto de remodelación de la terminal que fue aprobado por el Ministerio de Transporte de la Nación en el marco del convenio firmado en marzo pasado entre el Intendente Marcelo Orazi y esa cartera nacional.
En tanto, a partir de la toma de posesión de la terminal de ómnibus a fines de agosto, es importante destacar que la Municipalidad de Villa Regina, a través de distintas áreas, llevó adelante distintas tareas con el objetivo de mejorar su condición edilicia tanto en lo interno como en lo externo para mejorar la prestación del servicio que se presta a los usuarios.
En este sentido, ni bien el Municipio se hizo cargo de la misma, se procedió al recambio de los vidrios de las aberturas que se encontraban rotos; la recarga de los matafuegos; el lavado de paredes; pintura e instalación de nueva luminaria en el exterior, entre otros.
Cabe aclarar que estos trabajos fueron realizados ante la urgencia de contar con un inmueble con las condiciones de seguridad necesarias. Sin embargo, la remodelación integral de la terminal forma parte del proyecto cuyo financiamiento será aportado por el gobierno nacional y del cual ya se cumplimentaron los pasos administrativos y técnicos para recibir el primer desembolso económico.
Es por ello que también se retiraron los carteles ubicados en la parte externa de manera de dejar las paredes despejadas para cuando se inicien los trabajos definitivos.
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La interna en el corazón del gobierno vuelve a levantar temperatura. La escena es imposible de disimular. El Gobierno inauguró su «FBI argentino» sin Seguridad ni Defensa. Detrás de esa postal está la mano de Karina Milei y un golpe directo al armado de Santiago Caputo.
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) inauguró este jueves el Centro Nacional de Antiterrorismo (CNA) junto al FBI. El evento contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. La misión oficial del nuevo organismo es intercambiar información e inteligencia en materia de terrorismo y reforzar la cooperación bilateral.
Pero la foto tuvo un vacío difícil de explicar. No estuvieron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ni el ministro de Defensa, Carlos Presti. Y eso pese a que el CNA estará integrado por áreas clave de ambos ministerios, además de la SIDE, la Unidad de Información Financiera, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Migraciones, Cancillería y Justicia, entre otras dependencias estratégicas del Estado.
La ausencia no fue casual. «Karina le ordenó a Monteoliva y Presti que no fueran», confirmó a LPO una fuente del gobierno. La decisión dejó al descubierto una jugada interna que excede las peleas de las redes sociales y apunta al control del sistema de inteligencia, un terreno donde se juega poder real.
Santiago Caputo ya hizo saber que si pierde el control del organismo, se va. Para el asesor, la estructura de inteligencia es mucho más que un área técnica: es el canal directo con Washington.
El breve armisticio posterior al escándalo de Manuel Adorni y la tensión en el Poder Judicial duró poco. La disputa volvió a escalar con rapidez. El lanzamiento del CNA, que buscaba mostrar coordinación institucional, terminó exhibiendo lo contrario: un Gobierno fragmentado en áreas sensibles.
En ese tablero, la SIDE es una pieza central. Santiago Caputo ya hizo saber que si pierde el control del organismo, se va. Para el asesor, la estructura de inteligencia es mucho más que un área técnica: es el canal directo con Washington y un activo clave en la relación estratégica con Estados Unidos.
Esa relación tuvo gestos concretos. En medio de la escalada bélica con Irán, el director de la CIA, John Ratcliffe, recibió en Langley al titular de la SIDE Cristian Auguadra. El encuentro fue interpretado como un respaldo explícito al trabajo de la agencia de inteligencia local bajo la órbita de Caputo en materia antiterrorista y operaciones conjuntas.
La fractura también se filtró en la superficie política. La guerra en redes entre Lilia Lemoine y Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, de esta semana escaló a un nivel de confrontación pública que antes de evitaba.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, un acuerdo por el cual el gobierno libertario se compromete a saldar una deuda de 48.000 millones de pesos por deuda con la caja provisional de esa provincia patagónica.
A partir de este acuerdo, Anses transferirá los fondos adeudados a la provincia de Chubut, en concepto de financiamiento del sistema previsional. El gobierno de Javier Milei había cancelado las transferencias destinadas a cubrir el déficit de las cajas previsionales de 13 provincias que en la década del ‘90 no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación.
El gobierno de Torres había presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda para reclamar el pago de la deuda por parte del Estado nacional. «Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia», dijo el gobernador.
El acuerdo entre Torres y el gobierno de Milei tuvo un impacto directo en la provincia de Buenos Aires toda vez que días atrás, la Corte convocó a funcionarios de la ANSES y al gobierno de Kicillof a una audiencia para buscar una solución con el mismo tema. En el caso de Buenos Aires, la deuda asciende a unos 2,2 billones de pesos.
Axel Kicillof.
En esa audiencia, la Corte le preguntó al Estado nacional si tenía algún ofrecimiento para hacer y fijó un nuevo encuentro para el 11 de abril. El gobierno de Kicillof busca aprovechar estos días para enviar información técnica.
Al igual que Chubut, la provincia de Buenos Aires, es una de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes provisionales a Nación. Por lo que el Estado Nacional debe compensar los déficits. Eso se realiza a través de un sistema de simulaciones y auditorias que debe hacer el Estado Nacional sobre las cuentas provinciales.
En La Plata aseguran que vienen enviando toda la documentación sin demoras. Sin embargo, desde el primer día de enero de 2024 que dejaron de recibir las transferencias.
Los argumentos que plantearon los representantes de la ANSES en la audiencia con la provincia fueron que no estaban terminadas las auditorías sobre la provincia. En tanto, los enviados por Kicillof dijeron que todo estaba presentado en tiempo y forma, pero que estaban dispuestos a reenviar toda la documentación. En función de eso, la Corte convocó a una nueva audiencia para el 11 de abril.
Esta semana, el gobierno provincial presentó su octava demanda ante la Corte Suprema. En este caso reclama más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.
Este último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.
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