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El Senado de Estados Unidos aprobó por un estrecho margen una resolución que frenaría el poder del presidente Donald Trump para utilizar la fuerza militar en Venezuela. Se trata de una crítica directa a la autoridad del presidente tras haber entrado en territorio sudamericano sin autorización del Congreso, como marca la Constitución.

La votación por 52 votos a 47 y contó con el apoyo de algunos republicanos para votar la resolución que invoca la Ley de Poderes de Guerra, y se necesitaría otra votación para la aprobación final de la resolución.

El texto pasará ahora al debate en el pleno del Senado. Para llegar al despacho presidencial deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, Trump podría vetarlo, y para revocar ese veto sería necesario el respaldo de dos tercios tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, actualmente controlados por los republicanos.

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De aprobarse de forma definitiva, la resolución obligaría a Trump a retirar a las fuerzas armadas estadounidenses de cualquier «participación inminente» en hostilidades «dentro o contra Venezuela» sin una autorización adicional del Congreso. 

Deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar quitarnos nuestros poderes para luchar y defender a los Estados Unidos de América. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young nunca deberían ser elegidos nuevamente para un cargo

Tras la votación,  Trump atacó muy duramente a sus compañeros republicanos. «Deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar quitarnos nuestros poderes para luchar y defender a los Estados Unidos de América. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young nunca deberían ser elegidos nuevamente para un cargo», cargó el líder republicano en una publicación en su red social.

Además, en una entrevista en The New York Times, Trump afirmó que Estados Unidos mantendrá durante tiempo indefinido el supuesto control sobre Venezuela y la apropiación del petróleo del país latinoamericano. «Solo el tiempo lo dirá», declaró Trump. 

Los periodistas le preguntaron si el plazo sería de tres meses, seis meses, un año o más. «Diría que mucho más», respondió.

Trump dijo también que el nuevo Gobierno venezolano, presidido por Delcy Rodríguez, «nos está dando todo lo que creemos que es necesario».

«Nos están tratando con gran respeto. Como saben, nos estamos llevando muy bien con la administración que hay allí ahora mismo», sentenció.

Lucas Llach comparó la causa Vicentín con tener un lunar en la espalda y lamentó el embargo que le trabó la justicia federal como partícipe del mayor desfalco de la historia del Banco Nación.

«Confío en que esto se va a resolver, el mundo no puede ser tan injusto», dijo el ex vicepresidente del Nación en diálogo con Forbes.

«Ni hablar de no haber sido corrupto, pero además ni siquiera fue una cosa negligente, es lo que correspondía a la línea del Banco Nación hacer», dijo Llach en diálogo con Forbes.

El préstamo a Vicentín vulneró todos los procesos internos del banco, que tiene un comité de créditos que fue burlado por el directorio en la era macrista. La violación de la carta orgánica del banco es lo que aceleró el proceso judicial y lo que llevó al juez Julián Ercolini a procesar a todo el directorio, incluidos Llach y el ex titular del banco, Javier González Fraga. Fraga ya declaró y el turno de Llach llegará en marzo.

La cercanía de Llach con importantes funcionarios del actual gobierno no le sirvió para frenar el avance de la causa. Y eso que es la mano derecha de Federico Sturzenegger.

El ministro de Desregulación lo quiso meter a su amigo como vicepresidente del Banco Nación, casualmente donde tiene el lunar, y desde la Rosada lo objetaron. No sólo eso, también avalaron la continuidad del proceso judicial.

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Luego de la presidencia de Macri, el propio Banco Nación pidió ser querellante en la causa. Y el gobierno de Javier Milei, pese a las presiones que tuvo para dejar de serlo, decidió continuar en la senda para obligar a Vicentín a que pague.

Vicentin quedó en manos del corredor de cereales Mariano Grassia, que enfrenta el gran problema de pagar una deuda con el BNA de casi 300 millones de dólares. Ya le avisaron que se olvide de cualquier tipo de negociación ajen a la presentación de un plan de pagos.

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, movió sus 14 caballos desde el haras de su mansión de Pilar a la casona de ocho hectáreas que le habría comprado a Alejandro Granados en Ezeiza.

Según publica Clarín, un camión llegó al predio de Pilar para llevarse los 14 caballos que estaban dentro del haras de la mansión de Villa Rosa antes de que fuera allanada por la Justicia.

Los caballos fueron llevados a un complejo inmobiliario con stud llamado Las Casuarinas, para después trasladarlos a la casona de ocho hectáreas que Granados tiene en Ezeiza. Fue cuestión de horas entre que Toviggino logró sacar sus caballos y que peritos de la Justicia Federal allanaran la finca.

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Según la nota, el tesorero de la AFA, llegó a acordar la compra cash, por USD 3.000.000, de la propiedad de ocho hectáreas con caballeriza donde Granados vive hace más de tres décadas.

Toviggino y El Sheriff habrían llegado a un acuerdo con el predio y las condiciones para hacer la operación. Incluso estaba casi listo el boleto para firmarlo. Sin embargo, al ex intendente no le gustó el alboroto que se generó con todo esto de la AFA.

Una fuente dice a Clarín que «le hizo ruido que lo primero que quería Toviggino era dejar los caballos» y explica que Granados habló con su mujer y su hijo Gastón y decidió rechazar la venta. Aunque esa reunión puede haber tenido un tinte familiar, lo cierto es que su hijo es el intendente de Ezeiza y su esposa es directora de Cultura del municipio. 

Sin embargo, otras fuentes le dijeron a LPO que la operación efectivamente llegó a concretarse y que la venta quedó sellada por USD 3.000.000 cash.

Los dueños de la mansión de Pilar de 105 mil metros cuadrados con helipuerto, haras, un galpón para autos, cancha de padel y caminos internos son Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte. Sin embargo, la Justicia no tienen dudas que no lo son y que en realidad prestaron sus nombres para los verdaderos propietarios. Y así lo marcan parte de la prueba que la investigación ya recolectó.

Pantano es monotributista con deudas y Conte es beneficiaria de un plan social. Ninguno tiene la capacidad económica para comprar la propiedad.