El próximo viernes 29 a las 10 horas en el salón de la Cámara de Productores se presentará el proyecto de remodelación de la terminal que fue aprobado por el Ministerio de Transporte de la Nación en el marco del convenio firmado en marzo pasado entre el Intendente Marcelo Orazi y esa cartera nacional.
En tanto, a partir de la toma de posesión de la terminal de ómnibus a fines de agosto, es importante destacar que la Municipalidad de Villa Regina, a través de distintas áreas, llevó adelante distintas tareas con el objetivo de mejorar su condición edilicia tanto en lo interno como en lo externo para mejorar la prestación del servicio que se presta a los usuarios.
En este sentido, ni bien el Municipio se hizo cargo de la misma, se procedió al recambio de los vidrios de las aberturas que se encontraban rotos; la recarga de los matafuegos; el lavado de paredes; pintura e instalación de nueva luminaria en el exterior, entre otros.
Cabe aclarar que estos trabajos fueron realizados ante la urgencia de contar con un inmueble con las condiciones de seguridad necesarias. Sin embargo, la remodelación integral de la terminal forma parte del proyecto cuyo financiamiento será aportado por el gobierno nacional y del cual ya se cumplimentaron los pasos administrativos y técnicos para recibir el primer desembolso económico.
Es por ello que también se retiraron los carteles ubicados en la parte externa de manera de dejar las paredes despejadas para cuando se inicien los trabajos definitivos.
A través del Decreto 126/21, la Municipalidad de Villa Regina llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir el cargo de Juez de Falta Suplente. Los interesados deberán reunir los siguientes requisitos: *Poseer título de Abogado, con no menos de 2 años de ejercicio en la profesión. Deberán acompañar certificaciones del colegio de abogados y/o…
El propietario de la finca que Manuel Adorni utilizó en el exclusivo barrio Indio Cuá declaró ante la justicia que el funcionario pagó la totalidad del alquiler en billetes estadounidenses y sin rastro bancario. Un nuevo capítulo en la causa por enriquecimiento ilícito que acorrala al vocero convertido en Jefe de Gabinete.
Por Tomás Palazzo para NLI
Mientras el discurso oficial predica la austeridad y el «no hay plata», la realidad en los tribunales de Comodoro Py describe un escenario de billetes termo-sellados y transacciones a la sombra. José Luis Rodríguez, propietario de la vivienda que Manuel Adorni alquiló en el country Indio Cuá, declaró bajo juramento ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que el actual Jefe de Gabinete abonó la suma de 15.400 dólares en efectivo.
Contratos de palabra y «verdes» sobre la mesa
La declaración testimonial de Rodríguez se suma a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según detalló el testigo, el contrato original se firmó por un año con un valor de 13.000 dólares, abonados íntegramente en «cash». Al finalizar dicho periodo, y debido a que las fastuosas reformas en la nueva propiedad de Adorni no habían concluido, se pactó una prórroga de tres meses mediante un «acuerdo de palabra» por otros 2.400 dólares (800 dólares mensuales), también entregados en mano.
Este movimiento de divisas se dio en paralelo a la remodelación que el contratista Matías Tabar realizó en la casa propia del funcionario dentro del mismo barrio, obra que —según declaró el propio Tabar— tuvo un costo de 245.000 dólares, también pagados en billetes y sin facturación alguna.
Los números que no cierran
La justicia federal intenta determinar si estos gastos suntuarios y el manejo de grandes sumas de moneda extranjera en efectivo se condicen con los ingresos declarados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción.
Para la fiscalía, el patrón es repetitivo: pagos en dólares, ausencia de transferencias bancarias y acuerdos informales que esquivan cualquier control fiscal. Mientras la sociedad argentina se debate en una recesión histórica, el Jefe de Gabinete parece haber encontrado la fórmula de la abundancia, aunque sus explicaciones ante el fiscal Pollicita sigan siendo, por ahora, tan informales como sus contratos de alquiler.
La disposición fue aprobada por el Consejo Directivo del organismo y establece un régimen especial para trabajadores de planta permanente interesados en desvincularse “de común acuerdo” con la institución. Aunque formalmente se presenta como un mecanismo voluntario, en el sector ya hablan de un escenario de presión interna, congelamiento presupuestario y degradación progresiva de funciones estratégicas.
El INTA no es un organismo menor. Desde hace décadas cumple un rol clave en investigación aplicada, asistencia técnica a productores, desarrollo de semillas, innovación tecnológica, control sanitario y articulación territorial con economías regionales. Su presencia federal, con estaciones experimentales y agencias en todo el país, lo convirtió históricamente en una de las principales herramientas estatales para el desarrollo agropecuario argentino.
Por eso, la decisión del Gobierno fue interpretada por trabajadores y especialistas como un nuevo paso hacia el desguace de capacidades públicas. La apertura de retiros voluntarios llega después de meses de recortes presupuestarios, paralización de proyectos y advertencias sobre posibles cierres o fusiones de áreas técnicas.
Ajuste, achique y presión sobre los organismos públicos
La resolución establece que el régimen estará vigente entre el 4 y el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de prórroga. El esquema contempla compensaciones económicas según antigüedad y condiciones particulares de cada trabajador. Sin embargo, puertas adentro del organismo crece la preocupación por el efecto acumulativo de las políticas oficiales.
En distintos sectores del INTA ya venían denunciando reducción de actividades, falta de financiamiento operativo y vaciamiento gradual de programas territoriales. La preocupación no se limita al plano laboral: también alcanza a productores pequeños y medianos que dependen de la asistencia técnica del instituto, especialmente en economías regionales.
La ofensiva sobre el INTA se produce además en un contexto más amplio de ajuste sobre organismos científicos y tecnológicos. En los últimos meses también hubo recortes en áreas vinculadas al CONICET, universidades nacionales y programas de investigación pública, en línea con la lógica libertaria de achicar el rol del Estado incluso en sectores estratégicos.
El trasfondo político detrás del recorte
Aunque el Gobierno argumenta que busca “modernizar” y “hacer eficiente” la administración pública, el impacto político del ajuste empieza a sentirse incluso en sectores históricamente vinculados al agro. Dentro del INTA existe malestar por la posibilidad de perder recursos humanos altamente especializados, muchos de ellos con décadas de experiencia técnica difícilmente reemplazable.
Además, el avance sobre organismos técnicos genera una contradicción creciente: mientras Milei reivindica permanentemente al “campo” como motor económico del país, el Estado reduce estructuras que durante décadas sostuvieron investigación, innovación y transferencia tecnológica para la producción agropecuaria.
El temor sindical y de parte del personal es que los retiros voluntarios funcionen como antesala de un recorte más agresivo. En otras áreas del Estado, mecanismos similares terminaron derivando en despidos, cierre de dependencias y pérdida de capacidades operativas.
¿Cuál es la diferencia principal entre una economía basada en el intercambio de un bien tangible y una economía basada en el conocimiento? La diferencia fundamental es que, en el primer caso, el bien se tiene o no se tiene: o tengo un container de manzanas o tengo el dinero que me pagaron por él,…
El programa provincial ‘Comunidad en Municipios’ llegará el 1 y 2 de septiembre a Villa Regina, de 9 a 15 horas, en el polideportivo Cumelen, en Colón 107. Se presentarán cuatro áreas del Ministerio de Gobierno y Comunidad y la Agencia de desarrollo económico CREAR. Estará presente, ambos días, el Registro Civil Móvil para que…
La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.
La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.
La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno
El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.
Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.
Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.
Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”
La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.
Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.
Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.
La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.
Comunicación, soberanía y mercado
El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.
La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.
Ahí reside el núcleo político del asunto.
Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.
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