El próximo viernes 29 a las 10 horas en el salón de la Cámara de Productores se presentará el proyecto de remodelación de la terminal que fue aprobado por el Ministerio de Transporte de la Nación en el marco del convenio firmado en marzo pasado entre el Intendente Marcelo Orazi y esa cartera nacional.
En tanto, a partir de la toma de posesión de la terminal de ómnibus a fines de agosto, es importante destacar que la Municipalidad de Villa Regina, a través de distintas áreas, llevó adelante distintas tareas con el objetivo de mejorar su condición edilicia tanto en lo interno como en lo externo para mejorar la prestación del servicio que se presta a los usuarios.
En este sentido, ni bien el Municipio se hizo cargo de la misma, se procedió al recambio de los vidrios de las aberturas que se encontraban rotos; la recarga de los matafuegos; el lavado de paredes; pintura e instalación de nueva luminaria en el exterior, entre otros.
Cabe aclarar que estos trabajos fueron realizados ante la urgencia de contar con un inmueble con las condiciones de seguridad necesarias. Sin embargo, la remodelación integral de la terminal forma parte del proyecto cuyo financiamiento será aportado por el gobierno nacional y del cual ya se cumplimentaron los pasos administrativos y técnicos para recibir el primer desembolso económico.
Es por ello que también se retiraron los carteles ubicados en la parte externa de manera de dejar las paredes despejadas para cuando se inicien los trabajos definitivos.
El descontento: he allí la fuerza histórica afectiva capaz de hacer que se bifurque el curso de la cosas. Frédéric Lordon Hasta ahora no he escuchado que un gobierno decrete un día para parar un poco y animarse a ponerse en el lugar de la gente; o inclusive, se haga un paro a sí mismo…
La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
La fragilidad del gobierno desde su origen
Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar.
El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.
Las “traiciones” de Paz
Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.
En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.
Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.
Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.
La narrativa del gobierno y sus limitaciones
Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones.
Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.
Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan.
La tradición boliviana de negociar en la calle
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.
Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.
En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después.
Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos.
Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha.
Estoy cargando. Sigo. Cargo hasta las 20.45. Después de esa hora también pero capaz no respondo muy rápido. Miren estos premios.
Captura de un comprobante de Mercado pago por $460.000.
Otra captura del Banco Galicia:transferencia enviada $121.000. Transferencia enviada por Carla.
Bono de bienvenida. Solo por hoy. , , , y . Joker´s, Jewels, hot.
Los mensajes, con colores estridentes de fondo, ilustraciones de duendes de la fortuna y gemas, pomposos faraones egipcios o diamantes fulgurantes, se intercalan entre la fugacidad de los estados de Whatsapp y el ritmo galopante del contenido epocal que promete, anclado en el presente, recompensa inmediata. Las cajeras de los casinos online no oficiales despliegan desde sus teléfonos y para sus contactos una estrategia de marketing artesanal en la que se mezclan emojis, eufemismos y comprobantes que intentan mostrar efectividad. Cargar es apostar y jugar, pero las palabras apuestas y juego nunca aparecen en sus publicaciones porque saben que se trata de una actividad ilegal que, en algunos casos, hasta los algoritmos de las redes sociales de mensajería instantánea penalizan. Ellas son el reverso del boom por las apuestas y el juego virtual: en su mayoría, mujeres, madres que crían y cuidan, algunas tienen trabajos con distintos grados de formalidad. Todas encontraron una forma de hacerle frente a la crisis económica y juntar un mango más para subsistir. Muchas de ellas son tías, mamás y hasta hermanas de los pibes que engrosan las estadísticas de adicción a las pantallas y al juego.
“Cuando empecé compré la cama para mis nenas, hice refacciones en la casa, cerré un techo del baño que no teníamos y pude hacer las cloacas —dice Carla por videollamada desde algún lugar del partido de La Matanza, al oeste del conurbano—. De las fichas vendidas, ganaba el 25 por ciento. En un día día cargaba 100.000 fichas. En ese entonces la carga mínima era de 100 pesos. Sacá las cuentas. Ahora bajó mucho la cantidad de fichas que vendo, apenas pichuleo para pañales y algo de comida pero me sigue ayudando bastante”. Carla no tiene problema en contar sobre su trabajo, “porque no tengo idea de quién está más arriba”. Sólo reporta a su “administradora”, Vanesa. De todos modos, pide que no salga su nombre verdadero y que se resguarden algunos datos de su identidad.
Hace tres años que Carla es cajera de casinos online. Tiene 40 años y dos hijas de dos y nueve años. Desde hace quince años, los fines de semana y feriados trabaja en un empleo formal con jornadas de doce horas en una clínica de salud en el oeste del conurbano. Su marido también trabaja allí como maestranza, pero los días de semana. Con los sueldos de ambos, la familia llega a fin de mes con lo justo. “En una semana de carga muy buena quizás llego a sacar $160.000. Eso sí: estás todo el día con el teléfono, eh. Ahora cobro el 35 por ciento, que es un poco más de cuando empecé, pero hay semanas que no comisiono nada”, advierte.
A Carla “cargar fichas” le permite seguir cuidando a sus hijas todos los días. Lo califica como «emprendimiento» y ve su tarea parecida a la de una revendedora, como las clásicas vecinas barriales que antes tocaban el timbre de otra vecina con el “librito” de Avon o los productos de Tupperware. Risueña, enumera los beneficios de ser cajera: “No se invierte nada de plata. Siempre dependes de cuánto juegan los usuarios. Antes tenía uno con el que zafaba siempre. También hay algunos que si ganan, te dejan propina”. Y agrega: “Cobro por semana todos los viernes. Le decimos comisionar. Una vez por semana, por chat, con mi administradora hacemos un reporte de lo que vendí. El premio más grande que pagué fue de 400 mil pesos”, cuenta orgullosa.
“Para mí es atención al cliente pero al estilo bot porque mandás mensajes automáticos, no tenés que interactuar demasiado, a menos que el cliente tenga un problema específico”, dice Romina, otra cajera de 36 años que es mamá y trabajadora de la salud. A pesar de que operan desde sus casas no lo llaman homeoffice. La cajera es una especie de involución precaria del teletrabajo y, a la vez, una forma de monetización del tiempo destinado a los cuidados.
“Es que mi mamá está todo el día con el casino”. Mauricio tiene 9 años y vive en Villa Luján, una barriada popular de Quilmes, al sur del conurbano. El año pasado empezó a faltar mucho a la escuela y cuando iba, llegaba tarde. El equipo de orientación junto con las profesionales del programa Envión activaron una intervención para saber qué pasaba y cómo podían acompañarlo. Se encontraron con que su mamá se quedaba dormida porque estaba “toda la noche cargando fichas”.
“Están dele que te dele cargar. No hay horarios, no se corta nunca ese trabajo entonces lo hacen todo el día o toda la noche. En Monte, en Villa Luján, casi todos los adultos son cajeros de casino. Están en la casa, pero como están con ese tema , no están al cuidado de los pibes o acompañando algunas cuestiones de cuidado. Están desconectadas”, dice Gisella Viñales, trabajadora social del Equipo Técnico en la subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Municipio de Quilmes. “Los chicos te cuentan que su mamá está cargando o algunos te dicen que apuestan y que es la tía la que le carga las fichas. Entonces es muy difícil trabajar con ellos sobre este tema porque es un adulto de su familia el que les habilita esto”, detalla. En el último tiempo pusieron el foco en el cruce de la salud mental y las pantallas.
“Muchos de los chicos que cobran la beca del Envión apuestan la beca entera, que es de $35.000, o una parte. Dicen ‘si mi mamá es la cajera, yo apuesto’. Si ganan, vienen y te lo cuentan. Pero si pierden no te enterás”, agrega. “Para las mujeres el tema de los casinos es un ingreso extra quedándose en la casa. Y te dicen: ´porque con eso yo puedo comprarme tal cosa, pude comprar la comida´. Son estrategias de supervivencia”.
Ana Córdoba también es trabajadora social de ese Equipo Técnico. Cuenta esta anécdota: “La otra vez me encontré con una mamá que hacía tiempo no la cruzaba en el barrio y me dijo que ella solía salir con su pareja y con el carro a cartonear o a vender cobre. Me decía: ´ahora no estoy saliendo tanto con el carro, ¿vos viste? Estoy con lo del casino y puedo estar en la casa con los pibes ́. Me lo contaba como algo bueno y yo no sé qué es mejor… es poner el cuerpo de otra manera, claro. La calle es compleja, hay un montón de gente que también está haciendo la misma”.
Ganamos.net, Mistral, Solo apuestas, Bet 30, Jugabit, Magi, Zeus son algunos de los nombres de las webs para jugar en línea. Son tantas las que se crean todo el tiempo que es difícil mapearlas. Ahí se alojan distintos tipos de juegos: desde slots, del estilo máquinas tragamonedas, ruletas en vivo, pasando por blackjack, baccarat y póker. En 2025, según el informe Global Online Gambling Market, el tamaño de este mercado alcanzó los 130.200 millones de dólares, y aumentará hasta los 143.170 millones de dólares en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10 por ciento.
“El juego del payasito es el más conocido”, dice Carla y asegura nunca haber jugado. Cajera y juego: asunto separado. En general, las páginas para las que operan son softwares que se compran enlatados. Los agentes y administradores son quienes alquilan ese software, crean los paneles y reclutan a las cajeras en grupos de Facebook y Telegram. La mayoría no están registradas en ningún lado, son franquicias de la ilegalidad.
—Y no tenés miedo de perder plata, ¿que la página te estafe y no te pague los premios?
—Una vez perdí 20 mil pesos porque me equivoqué de CBU y le transferí a otra persona, pero por suerte siempre tuve para pagar. Nunca me pasó de no tener para pagar un premio.
—Pero, ¿vos sabés que esta actividad es ilegal?
—No me meto con eso. Yo soy una intermediaria. Apenas tengo mi panel.
El mosaico del juego online es complejo porque no hay un único marco legal. Para que un casino sea reconocido en Argentina tiene que tener una licencia otorgada por la Lotería de su provincia. Es decir que el sistema está provincializado. De las 24 jurisdicciones que hay en el país, 17 reconocen el juego virtual y cada jurisdicción decide cómo regular la actividad: cuántos sitios se autorizan, bajo qué requerimientos y con qué controles. En líneas generales, para quienes son usuarios: el sello distintivo de la legalidad es el dominio .bet.ar. Si termina en .com o .net, es probable que sea ilegal.
El engranaje operativo de los casinos no oficiales tiene a las cajeras como el nexo humano entre el software de apuestas y el apostador. Ellas no son empleadas directas de una gran corporación, sino que trabajan para un «agente» o «distribuidor». “Mi administradora es Vanesa. Ella me armó un panel. Tenía que promocionar Zeus. Yo nunca la vi, no la conozco”, cuenta Carla. Los casinos ilegales operan con sistemas de “paneles de agentes”, que es otro concepto clave en la jerga. Los paneles son una parte interna de la web, de administración simple, donde sólo la cajera puede crear nombres de usuario y contraseñas para los jugadores, cargar créditos (fichas) a esos usuarios, ver cuánto dinero jugaron y cuánto ganaron y «retirar» los créditos del usuario cuando éste quiere cobrar. Es lo que permite llevar un registro de contabilidad pero el dinero real nunca entra al casino. Solo se mueve a través de las billeteras virtuales.
Las cajeras se ocupan del primer paso en la cadena: la captación. Quienes regentean estas páginas webs y plataformas necesitan un ejército de cajeras para difundir y captar potenciales clientes sin exponerse a ser perseguidos por los reguladores de esas plataformas o el sistema de administración de justicia. Estas cajeras promocionan en sus propias redes sociales: Instagram, WhatsApp y Facebook. A modo de anzuelo publican promos, bonos de bienvenida o capturas de pantalla de gente ganando.
El cliente/apostador les envía dinero por transferencia, usualmente a través de la billetera de Mercado Pago, y la cajera, que tiene un panel de administración del casino, le crea un usuario y contraseña para jugar, al que le asigna «fichas» o créditos equivalentes al pago. Una vez hecho este movimiento, el apostador puede acceder a los juegos. El usuario juega en una web o app que la cajera le proporcionó sin dejar huellas ni mostrar su identidad ni cuenta bancaria. Si el usuario gana y quiere retirar el dinero, le pide a la cajera que le canjee los puntos. Ella los descuenta del sistema y le transfiere el dinero real de su propia cuenta (o la del agente administrador).
¿Por qué alguien recurriría a una intermediaria para jugar? El anonimato es el incentivo. Muchos apostadores prefieren evitar dejar rastros por diferentes motivos: tienen deudas, aparecen en el Veraz, son menores de edad o simplemente no quieren arriesgarse. Las páginas oficiales cuentan con ciertos niveles de comprobación de identidad: piden foto del DNI, una selfie para validación biométrica y cruce de datos con RENAPER. La cajera no pide nada más que un nombre de fantasía para crear el usuario. La relación de cercanía con ellas se basa en el te conozco del barrio o en la red de contactos en común de Whatsapp que los une.
Por las regulaciones bancarias, el retiro de ganancias en las páginas oficiales puede tardar entre 24 y 72 horas hábiles. En el caso de las cajeras, el pago es instantáneo y su atención es casi 24×7. Si ganaste a las 2 de la mañana, le escribís, ella te debita los puntos y te transfiere por Mercado Pago en el acto. Esa gratificación inmediata es altamente adictiva y competitiva frente al sistema legal.
Además de la cooptación, las cajeras hacen un aporte fundamental para que los flujos de transferencia de dinero se dispersen: sus CBUS o CVUS. Basta con bucear apenas en la superficie de Internet por los grupos de Facebook o Telegram donde se reclutan cajeras. Ahí aparecen publicaciones en las que se usan eufemismos como Busco personas con cuenta activa o Alquilo CVU. Así como las aplicaciones de autos como Uber trasladan al chofer el riesgo del capital, el auto, el seguro, el choque, los casinos ilegales trasladan a la cajera el riesgo legal y financiero (la cuenta bloqueada, la denuncia penal, el reclamo del apostador).
El riesgo que enfrentan las cajeras es latente y tácito: si el agente desaparece o la plataforma cae, la cara visible frente al apostador son ellas. Ponen su CBU o CVU y su nombre en cada transacción. En Argentina, desde 2016 la facilitación de juego de azar ilegal está tipificada en el artículo 301 bis del Código Penal: “Será reprimido con prisión de tres años y seis meses a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar por medios digitales, sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.
Al igual que las mulas en el ámbito del narcotráfico, las mujeres que transportan sustancias ilegales entre sus ropas o en sus cuerpos, las mulas de los casinos online truchos ponen el cuerpo, sólo que, en los territorios digitales, ese poner el cuerpo es el CBU o CVU. Las cajeras arriesgan su identidad financiera al poner su cuenta personal (Mercado Pago, bancos digitales) para que circule dinero, en algunos casos de origen no declarado.
Si quedan pegadas en una investigación más grande que va detrás de los casinos ilegales, quedan marcadas en el sistema financiero y pierden su única herramienta de bancarización para su vida cotidiana.
Son el eslabón más débil de la cadena y el más fácil de rastrear para los investigadores judiciales de la Unidad de Información Financiera (UIF) y las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia: en las denuncias el primer nombre que aparece es el de la dueña de la cuenta donde el apostador transfirió. Los dueños del software y los grandes distribuidores están ocultos tras servidores en el exterior. Al igual que en el mercado de venta de drogas, la mula es la que cae primero.
Desde la perspectiva de la investigación judicial y el ámbito de ciberseguridad, el rol de las cajeras se emparenta al término mulas bancarias o money mules y es el que aparece para describir su rol en el esquema financiero.
En la jerga de la industria bancaria y las investigaciones de lavado de activos, el movimiento de dinero que permiten las cajeras se conoce como pitufeo. O en inglés: smurfing. Consiste en dividir una gran transacción financiera en varias más pequeñas con ayuda de cómplices para pasar desapercibido del escrutinio por parte de los entes de regulación o la justicia. Muchas de estas mujeres que operan como cajeras para sobrevivir no saben que las billeteras virtuales tienen algoritmos que detectan cuando una cuenta de un particular empieza a recibir muchas transferencias diarias de montos chicos.
En los últimos dos años hubo algunos megaoperativos contra plataformas como «Celuapuestas» o «Ganamos.net» que tuvieron cobertura mediática. Estas investigaciones revelaron que detrás de la interfaz de colores estridentes, diamantes, duendes y brillos hay una arquitectura diseñada para el lavado de activos. En una causa reciente en la provincia de Buenos Aires, la Justicia detectó que una red de cajeras no sólo operaba el juego, sino que funcionaba como una gigantesca lavandería capilar: miles de transferencias diarias de montos bajos que, sumadas, permitían a los dueños del software blanquear millones de pesos a través de cuentas de mujeres de barrios populares que, a cambio de una comisión, entregaban su identidad financiera.
En operativos realizados en las provincias de Salta y Córdoba en 2025, la justicia ordenó el bloqueo de más de 250 cuentas bancarias y billeteras virtuales. Muchas de las imputadas declararon bajo la misma lógica que Carla: «Es un emprendimiento». Sin embargo, para el Código Penal, el flujo de dinero no declarado que pasa por sus cuentas las convierte en coautoras de una asociación ilícita, dejándolas inhabilitadas para tener una cuenta sueldo o acceder a un crédito formal.
El caso de la red «Las Únicas» en Salta, a mediados del 2025, es quizás el más didáctico para entender la jerarquía del delito. En esa causa judicial, la fiscalía describió una pirámide donde las cajeras eran reclutadas en grupos de Facebook bajo la promesa de «manejar tus propios horarios». Pero, eran el escudo humano de una organización que utilizaba sus nombres para diversificar los ingresos y evitar las alertas de la AFIP.
Cada crisis tiene su rebusque, sea una remisería, una cancha de paddle o un parripollo. Los escombros de esos negocios configuran los paisajes del conurbano. Si logran evadir las causas judiciales, estas formas de supervivencia tienen un tiempo perecedero, el de los estados de Whatsapp: Estoy cargando. Sigo.
Durísimo fracaso de la ofensiva de Javier Milei contra el diario La Nación, que incluyó un dato inquietante al interior de la interna libertaria y los movimientos del establishment por encontrar un candidato alternativa al Presidente para el 2027.
El juez federal Marcelo Aguinsky, muy cercano a Patricia Bullrich, archivó en un trámite relámpago la denuncia penal contra Saguier por la presunta evasión agravada de unos 3.000 millones de pesos contra la firma Buenos Aires Arena SA, razón social que administra el Movistar Arena, que pertenece al grupo La Nación.
El organismo recaudador argumentó que la firma manipuló su declaración jurada de ganancias del 2023, presentando una actualización -sin respaldo- de quebrantos de años anteriores por inflación y evadió así más de 2.360 millones, que junto a multas y una parte que está en discusión en el Tribunal Fiscal, generaría una deuda de unos 3.000 millones.
Pero lo más grave es que junto con este reclamo económico, el gobierno denuncio penalmente al presidente del grupo, Julio Saguier y otras autoridades por evasión agravada, un delito que preve penas que no son excarcelables. La decisión se parece mucho a un intento del gobierno de presionar al diario, que mantiene una cobertura crítica de la administración libertaria.
Un experto en impuestos que conoce el caso, desestimó los argumentos del gobierno en diálogo con LPO: «Está mal planteada la denuncia de ARCA, el tema de los ajustes por inflación está en debate y el monto de la evasión no da para denuncia penal», afirmó.
Milei está obsesionado con La Nación y como reveló LPO, los intentos de acercamiento entre el directos del diario Fernán Saguier y el presidente, terminaron de muy mala manera.
El juez federal Marcelo Aguinsky, muy cercano a Patricia Bullrich, archivó en un trámite relámpago la denuncia penal contra Saguier por presunta evasión de 2.300 millones de pesos del Movistar Arena, que pertenece al grupo La Nación.
Milei ve la mano de Mauricio Macri detrás de cada uno de los titulares que lo sacan de quicio y ordenó a sus funcionarios equiparar a los Saguier con Cristóbal López, que tiene una causa en la Justicia por apropiación indebida de tributos por miles de millones.
Fue en el marco de esa pelea la agencia recaudadora ARCA (ex AFIP) presentó la denuncia contra La Nación y sus directivos. La agencia fiscal está conducida por Andrés Vázquez, que enfrenta sus propias denuncias por no declarar inmuebles en Miami, como publicó el diario, provocando el enojo de Santiago Caputo, jefe político del funcionario.
La senadora Patricia Bullrich.
El expediente aterrizó en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky, quien tras analizar la denuncia de ARCA, rechazó la presentación y advirtió que había sido la propia empresa la que avisó a la agencia recaudadora que había realizado una actualización en sus gastos «por desvalorización monetaria/inflación de los quebrantos impositivos contra ganancias gravadas», en el pasado.
En un trámite express el juez decidió archivar la denuncia y subió la tensión de la interna libertaria. Aguinsky es muy cercano a Patricia Bullrich y formó parte de sus equipos de trabajo cuando la hoy senadora se había lanzado a la presidencia.
La decisión de Aguinsky coincide con un deslizamiento en la cima del poder, revelado por LPO, del que están advertidos en la Casa Rosada: Bullrich es vista por buena parte del establishment, empezando por Paolo Rocca, como una opción interesante para reemplazar a Javier Milei en las presidencial del 2027, si el libertario llega en tan malas condiciones que pone en peligro la continuidad del actual modelo.
Javier Milei no invitó a Victoria Villarruel al tedeum del 25 de mayo que históricamente se celebra en la Catedral Metropolitana en un gesto que muestra una ruptura total con la vicepresidenta.
Desde el entorno de Villarruel explicaron que su ausencia al tedeum se debe a que no fue invitada por el gobierno a participar de la misa. «Las invitaciones las cursa la Secretaría General a través de Ceremonial. Le llegó a otros senadores, pero no a la presidenta del Senado», explicaron.
Esta es la primera vez que Villarruel (de ferviente fe católica) no asiste al Tedeum en los años de gestión de La Libertad Avanza. El año pasado la vicepresidenta participó de la ceremonia aunque eran evidentes el quiebre con el Presidente quien no la saludó.
Fuentes del Senado cercanas a Villarruel dijeron que en la Casa Rosada se excusaron diciendo que era la Iglesia quien debía invitar a la vicepresidenta. Sin embargo, aclaran las mismas fuentes, desde la Catedral dejaron en claro que la Iglesia es la sede, pero no cursa las invitaciones al tedeum.
Según el protocolo el Presidente debe solicitarle al Arzobispo la celebración, y una vez aceptada, todo lo que refiere a invitaciones, lugares, protocolo y seguridad corre por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia. El Arzobispado por su parte sólo interviene en lo litúrgico: la celebración, los ritos, los cantos.
Respecto de la posibilidad de que Villarruel reciba la invitación en las próximas horas plantearon que el año pasado marcan que en 2025 y 2024 la convocatoria se dio con una semana de antelación.
En abril, Villarruel había elegido diferenciarse del gobierno y no asistió a la misa oficial en homenaje al Papa Francisco, realizada en la Basílica de Luján. Fue una jugada de la vicepresidenta para no salir en la foto con Manuel Adorni, envuelto en un interminable escándalo por denuncias de corrupción.
«Era un acto donde estaba lo peor de la casta política», dijo cuando la abordó la prensa en otro punto de los homenajes, a la salida de la parroquia donde fue bautizado Jorge Bergoglio.
La decisión de la Vicepresidenta ahonda las diferencias con los hermanos Milei, que en el transcurso del mandato resolvieron «confinarla» a la Cámara Alta al tiempo que la compañera de fórmula de 2023 intentaba armar sus propios equipos para desembarcar en territorio bonaerense pero no terminaba de animarse.
La desconfianza creció en la Residencia de Olivos por las expectativas que despertaba la figura de Villarruel en el círculo rojo, como contraste con el desenfreno y las extravagancias del Jefe de Estado en sus discursos, entrevistas o posteos en redes sociales. De hecho, Milei acusó a Villarruel de haber conspirado con Javier Ortega Smith, uno de los fundadores de Vox, para boicotearle sus actos ya en 2021.
Personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina trabajó en la reparación del caño que impulsa los líquidos cloacales desde la red troncal de bombeo de barrio Belgrano hasta la laguna. Las tareas se centraron a la altura de la plaza César Rondini en barrio Don Bosco. De acuerdo…
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