El próximo viernes 29 a las 10 horas en el salón de la Cámara de Productores se presentará el proyecto de remodelación de la terminal que fue aprobado por el Ministerio de Transporte de la Nación en el marco del convenio firmado en marzo pasado entre el Intendente Marcelo Orazi y esa cartera nacional.
En tanto, a partir de la toma de posesión de la terminal de ómnibus a fines de agosto, es importante destacar que la Municipalidad de Villa Regina, a través de distintas áreas, llevó adelante distintas tareas con el objetivo de mejorar su condición edilicia tanto en lo interno como en lo externo para mejorar la prestación del servicio que se presta a los usuarios.
En este sentido, ni bien el Municipio se hizo cargo de la misma, se procedió al recambio de los vidrios de las aberturas que se encontraban rotos; la recarga de los matafuegos; el lavado de paredes; pintura e instalación de nueva luminaria en el exterior, entre otros.
Cabe aclarar que estos trabajos fueron realizados ante la urgencia de contar con un inmueble con las condiciones de seguridad necesarias. Sin embargo, la remodelación integral de la terminal forma parte del proyecto cuyo financiamiento será aportado por el gobierno nacional y del cual ya se cumplimentaron los pasos administrativos y técnicos para recibir el primer desembolso económico.
Es por ello que también se retiraron los carteles ubicados en la parte externa de manera de dejar las paredes despejadas para cuando se inicien los trabajos definitivos.
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Raúl Jalil consiguió la ayuda de Javier Milei para disimular el escándalo de la corrupción de Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a través del decreto que establece el final de la participación de la Nación en el directorio del ente interestadual que fundó Juan Perón en 1946. El gobernador catamarqueño despertó este lunes con el anuncio publicado en Boletín Oficial, en retribución a la colaboración del senador Guillermo Andrada para sancionar el presupuesto 2026 y aprobar el artículo del ajuste en educación, defensa, ciencia y tecnología.
Sin embargo, el decreto tuvo un impacto negativo en la comunidad académica de la universidad tucumana, que desde la ley que creó el YMAD en 1959 debía recibir el 40 por ciento de las regalías para construir la ciudad universitaria en el cerro San Javier, al tiempo que el 60 por ciento restante quedaba para Catamarca. El incumplimiento de ese objetivo terminó con la sentencia a tres años y seis meses de prisión para el exrector Juan Cerisola, quien conducía la UNT en el período que la Justicia federal determinó que se desviaron 243 millones de pesos. Una fortuna en aquellos años.
Además de Cerisola, también fueron condenados la exdirectora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, y su par de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino, pero en los hechos habrían estado involucrados otros dirigentes del radicalismo tucumano.
En efecto, la investigación judicial se centró en el desvío de fondos por las utilidades de la minera entre 2006 y 2009, período del primer mandato de Cerisola al frente de la casa de estudios. El plazo incluye el sospechoso decreto del 2 de enero de 2008, cuando el por entonces rector renunció a seguir recibiendo el total de las regalías que le correspondían a la UNT bajo el delirante pretexto de que la ciudad universitaria estaba terminada. Basta acercarse a los inmensos esqueletos de hormigón abandonados en la cima del cerro tucumano que están exactamente como los dejó Perón, para comprobar la mentira.
Durante ese lapso, fueron directores de YMAD en representación de la UNT el exrector y candidato a gobernador por la UCR Mario Marigliano, fallecido en mayo de 2016, y Rodolfo Martín Campero, cofundador de la Franja Morada y tío del diputado mileísta Mariano Campero.
La UNT hizo un acuerdo con la empresa Minera Bajo la Alumbrera, que está en la provincia de Catamarca. Ese acuerdo tenía como sentido armar un fondo fiduciario y con ese fondo fiduciario la UNT iba a armar una nueva ciudad universitaria. ¿Saben lo que hay de la ciudad universitaria? Nada. Se lo comieron todo, están todos procesados. Están a punto de ir a un juicio oral. Se comieron la ciudad universitaria el rector y toda la plana mayor.
La revelación que inculpó al dirigente de Franja Morada apareció en La Gaceta de Tucumán el 12 de diciembre de 2023, en una nota firmada por el abogado Benito Carlos Garzón, que fue asesor del propio Campero y Héctor Carlos Ostengo, mientras fueron directores de YMAD. En ese artículo, el letrado recordó que Ostengo se enteró por amigos que se había producido un cambio en el paquete accionario de Minera Alumbrera SA en la Bolsa de Nueva York, justo después que la empresa firmara un contrato de Fideicomiso con la UNT y el Banco Santander Río.
Mariano Campero, en Diputados.
Garzón redactó la impugnación de la UTE que habían forjado la minera, la UNT y la YMAD para explotar uno de los yacimientos pero Campero se llevó la nota bajo el compromiso de entablar por sí mismo el diálogo con la firma. «No recuerdo el tiempo que llevó dicha ‘negociación’, a consecuencia de lo cual se llevaría a una sesión especial para tratar la desvinculación de la empresa en cuestión, pero Minera Alumbrera se comprometía a liquidar regalías a partir del año 2006 y no como estaba previsto para 2012 o 2014, según fuese el ‘rendimiento’ de la explotación», escribió el asesor.
De hecho, el 24 de noviembre de 2005 el Consejo Superior de la universidad aprobó el cobro de 1 millón de dólares a la minera pero ese dinero no sería destinado a la construcción de la ciudad universitaria estipulada en la ley del 59′, durante la presidencia de Arturo Frondizi, sino que Mariglione y Campero habrían resuelto que ese monto fuera utilizado para «refacciones» en el Museo de la UNT.
Lo curioso es que ambos directores de la YMAD tramitaron a partir de 2006 pedidos de información sobre el detalle de las obras al sucesor de Mariglione, el condenado Cerisola, quien continuó la misma traza política bajo el apuntalamiento de José Hugo Saab, secretario general de la universidad y exconcejal por la UCR. «El gordo Saab fuma bajo el agua y es el que te hace ganar o perder una elección en la UNT», dijo una fuente al tanto de las internas radicales en Tucumán.
Soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero para que le aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias; no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal.
El escándalo de la corrupción incomodó tanto a los libertarios como al gobernador Osvaldo Jaldo. Cuando el diputado Campero terminó de suturar el salto suyo y sus colegas radicales para blindar el veto de Milei a las universidades en 2024, Patricia Bullrich cargó con todo contra las autoridades de la UNT: «la Universidad Nacional de Tucumán hizo un acuerdo con la empresa Minera Bajo la Alumbrera, que está en la provincia de Catamarca. Ese acuerdo tenía como sentido armar un fondo fiduciario y con ese fondo fiduciario la UNT iba a armar una nueva Ciudad Universitaria. ¿Saben lo que hay de la Ciudad Universitaria? Nada. Se lo comieron todo, están todos procesados. Están a punto de ir a un juicio oral. Se comieron la Ciudad Universitaria el rector y toda la plana mayor», dijo la por entonces ministra de Seguridad.
Jaldo también opinó por aquellos días: «soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero para que le aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias; no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal».
LPO consultó a Saab sobre los términos del acuerdo entre el gobierno de Jalil, Milei y la UNT, que beneficiarían a la universidad porque ahora aceptarían que siga percibiendo el mismo porcentaje para construir «el equivalente a 135 mil metros cuadrados», después de haberse fumado sumas exorbitantes. El funcionario respondió que «se llegó a una arreglo con Catamarca y con la Nación para que la ciudad universitaria no sea la del artículo 18 de la ley del 59′, porque sería imposible cumplirla», y agregó que se acordó «una nueva ciudad universitaria que nada tiene que ver con el juicio con el exrector».
Esa postura es rechazada hasta por uno de los diputados radicales que se incorporó al bloque de La Libertad Avanza y comparte bancada con el peluca Mariano Campero. «Se recontramil malversaron todo y siguen cobrando el 40 por ciento de las regalías», se quejó. La bronca es porque la ley establecía que, una vez que la UNT concluyera las obras de la ciudad universitaria, la casa de estudios tucumana pasaría a percibir solo el 20 por ciento y el 20 por ciento restante se distribuiría para todas las universidades del país.
Se llegó a una arreglo con Catamarca y con la Nación para que la ciudad universitaria no sea la del artículo 18 de la ley del 59′, porque sería imposible cumplirla.
No obstante, el argumento de Cerisola en su alegato ante el tribunal que lo sentenció fue, sorprendentemente, que la ciudad universitaria se hizo. «Me di cuenta que San Miguel de Tucumán es una ciudad universitaria», exclamó sin que la fiscalía, los testigos y el público supieran si experimentaba una epifanía o se burlaba.
La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT), por su parte, emitió un comunicado el día de la sentencia de los tres directivos de la universidad criticando que el fallo judicial «deja intacta la estructura de desvío de fondos, negociados y de contaminación ambiental». Además, cuestionó la absolución del contador Luis Sacca, un hombre clave en la trama. «Sacca fue fundamental en el andamiaje de los sobreprecios con las empresas constructoras», comentó un legislador peronista a LPO.
Ya en 2014, el geólogo Florencio Aceñolaza afirmó en un informe propio que las utilidades mineras sirvieron para «inversiones que se realizaron en bienes inmuebles en el centro de Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires, también se adquirieron vehículos y hubo gastos varios en diversas facultades que nada tenían que ver con la supuesta terminación de obras de la ciudad universitaria». En ese texto, se afirma incluso que Cerisola habría adquirido dos departamentos sobre la calle Paraná, en el centro porteño, cerca del Ministerio de Educación, muy lejos de la ciudad universitaria que imaginó Perón.
El proyecto peronista, que estuvo inscripto en el Primer Plan Quinquenal, contemplaba la construcción de una ciudadela en el cerro San Javier, donde solo queda el esqueleto de una mole de cinco pisos, y un funicular que conectaba la cima con la base. La cantidad de hectáreas que se adquirieron durante el mandato de Perón para aquella obra duplicaba el tamaño de la Isla de Manhattan en Estados Unidos.
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El gobernador Gerardo Zamora destinó más de 1.000 millones del presupuesto de Santiago del Estero a Central Córdoba, un club del ascenso que escaló de la mano de su hombre en el fútbol, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
LPO accedió a más de 60 decretos emitidos por la administración de Santiago del Estero entre 2020 y 2024, con un saldo de más de 1000 millones de pesos, que se gatillaban casi semanalmente, lo que revelaba un funcionamiento aceitado que iba más allá de los compromisos competitivos del club.
Los fondos públicos se utilizaron para comprar indumentaria, construir un vestuario, costear la pretemporada o los viajes del plantel y hacer frente a los sueldos de los jugadores.
El tesorero de Central Córdoba es Luis Fiad, subsecretario de Presupuesto y Hacienda del Ministerio de Economía de Santiago del Estero hasta el 10 de diciembre, es decir, hasta que Zamora concluyó su mandato.
«Fiad pedía la plata como tesorero del club y después como funcionario era el que supervisaba las jurisdicciones presupuestarias y autorizaba enviar el dinero», dijo a LPO una fuente al tanto de la situación.
Fiad pedía la plata como tesorero del Club y después él como funcionario era el que supervisaba las jurisdicciones presupuestarias y autorizaba enviar el dinero.
De hecho, los primeros pedidos del club eran para cubrir el costo de la indumentaria para los equipos, una solicitud que Fiad y Zamora contemplaban bajo el argumento de que «el Presupuesto General de la Provincia prevé en la Jurisdicción 12- Programa 01- Acciones Centrales del Ministerio de Economía, crédito presupuestario en la Partida 517- Transferencia a Otras Instituciones Culturales y Sociales Sin Fines de Lucro, a través de la cual se considera procedente canalizar la asistencia económica».
En el primer semestre de 2020, los envíos registrados para indumentaria eran de 500 mil pesos, pero para el segundo semestre se duplicaron y ya en 2021 trepaban a 2 millones de pesos.
Hay algunos pedidos que resultan más curiosos, como el que se fechó el 30 de septiembre de 2021 para trasladar el Grupo Senior de Central Córdoba, una manera sofisticada de llamar al equipo de veteranos o mayores de 35 años, a la provincia de Chaco para un partido. En ese caso, Zamora les transfirió 100 mil pesos.
Ese tipo de montos acaso revela que se trata de una institución chica, sin volumen social o cantidad de socios suficientes para afrontar gastos como los que demandan los torneos nacionales, los viajes, alojamientos para la concentración o, incluso, la participación en la Copa Libertadores, certamen en el que pudo lucirse el año pasado. Esa dimensión demuestra que el crecimiento de Central Córdoba está más vinculado a los manejos de Toviggino con Tapia que a los resultados exitosos que pudieran alcanzar los planteles del club.
Entre el 30 de septiembre y el 15 de noviembre de 2021, el gobierno santiagueño giró 26,5 millones de pesos para la construcción de vestuarios en el predio deportivo del club en la localidad El Zanjón. En casi todas las resoluciones, figura la firma digital del ministro de Economía de la provincia, Atilio Chara.
A partir de enero de 2022, es probable que la situación económica empezara a ser más comprometedora para el club mimado del exgobernador. Por esa razón, Fiad buscó en la previa de Navidad de 2021, en las partidas presupuestarias, los fondos para que el ministerio emita cuatro resoluciones por un total de 19 millones de pesos para pagar los sueldos de los jugadores.
Ya el 26 de septiembre de 2022, el gobierno de Zamora otorgó la suma de 150 millones de pesos para que el club dispute la Liga Profesional de Fútbol, aunque seis días antes había facilitado 20 millones de pesos para traslados y hospedajes. Y el 6 de diciembre del mismo año resolvió darle 200 millones de pesos más.
Entre el 30 de septiembre y el 15 de noviembre de 2021, el gobierno santiagueño giró 26,5 millones de pesos para la construcción de vestuarios en el predio deportivo del club en la localidad El Zanjón.
Entre los documentos a los que accedió LPO, se cuentan decretos similares en junio, septiembre y noviembre de 2023, pero por 47 millones de pesos, 75 millones de pesos y 85 millones de pesos, respectivamente. El mismo esquema se repitió en 2024, con una resolución por 100 millones de pesos en abril, otra por 215 millones de pesos en junio y una más en julio por 145 millones de pesos.
La presencia de Fiad como tesorero del club y funcionario del Ministerio de Economía santiagueño es escandalosa pero no es un hecho aislado.
Solo en la comisión directiva de Central Córdoba figuran el interventor del Consejo Provincial de Vialidad, José Félix Alfano, como presidente de la institución; el director de Conservación de Vialidad Provincial, Víctor Trotta como vicepresidente 1°; el director de Comunicación del gobierno provincial, Emanuel Morello, como prosecretario; y el vicepresidente del Ente Regulador de la Energía, Ricardo Lino Rubio, como protesorero. Además, Martín Miguel Suárez, el hijo del actual gobernador, Elías Suárez, es vocal titular del club, mientras que la intendenta de la capital de Santiago, Norma Fuentes, es vocal suplente.
En el Club Atlético Güemes, se desempeñó como presidente hasta mayo del año pasado el diputado provincial Eduardo Makhoul, un reconocido dirigente peronista. El ex senador nacional Gerardo Montenegro, también representante del PJ, preside Unión Santiago y el club de básquet Quimsa, parte del elenco estable de la Liga Nacional en esa disciplina.
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