El riesgo país supera los 900 puntos y se acerca a la zona de default

El mercado sigue castigando a los activos argentinos por las dudas que genera el plan económico de Javier Milei y Luis Caputo. El Riesgo País superó este jueves los 900 puntos básicos y se acerca a la zona de default.

En un día muy duro para los activos argentinos, el índice que elabora el JP Morgan saltaba a los

915 puntos básicos tras haber cerrado en 852 puntos la jornada anterior, una suba de casi el 8 por ciento.

Los títulos públicos argentinos sufren caídas en torno al 3 por ciento, que está acompañada de una baja de las acciones del Merval y de las ADRs que cotizan en Nueva York. 

Wall Street celebra la derrota de Trump, pero los mercados castigan a Milei y el riesgo país llega a 852 puntos

En julio, hace cuatro meses, el riesgo país argentino tocó un piso de 400 puntos y desde allí comenzó un deterioro de las expectativas sobre el plan económico. En el mercado consideran que cuando se superan los 1000 puntos la deuda ingresa en zona de default.

El último revés para Caputo y Milei fue la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término que entre otras cosas puso en crisis terminal la posibilidad de un nuevo rescate a la Argentina, como sucedió el año pasado. 

En el mercado la posibilidad de que se active nuevamente el swap era vista como un seguro ante la posibilidad de una nueva corrida contra el gobierno, como sucedió en las legislativas de 2025. Sin ese paraguas, el mercado ve aún más débil a Milei.

El foco está puesto en la capacidad de pago del gobierno. Entre noviembre y diciembre Caputo le tiene que pagar unos 1300 millones de dólares al FMI, pero la luz roja más fuerte está puesta en enero cuando hay que pagar 4.400 millones a los bonistas. A eso se suman vencimientos de Bopreales y organismos multilaterales.

Un informe del Grupo Atenas había advertido que una derrota de Trump en las legislativas podría llevar el riesgo país argentino por encima de los 900 puntos porque complica la posibilidad de que el gobierno consiga los dólares que necesita para 2027. «El superávit comercial récord no alcanza: las necesidades financieras de 2027 lo superan. Hay 40% de chances de un faltante de US$ 18.000 millones», dice el informe.

En las últimas tres ruedas, el Banco Central no pudo comprar dólares ante la presión cambiaria. Este miércoles además el mercado detectó una fuerte intervención oficial a múltiples bandas para frenar una corrida. Los operadores observaron que los papeles ajustados por inflación y los bonos duales, que ofrecen cobertura según la evolución de distintas tasas, pasaban de una jornada apagada a registrar aumentos superiores al 4% en cuestión de minutos.

El movimiento fue especialmente llamativo porque se concentró en los títulos con vencimiento posterior a 2028. Es decir, los bonos que cargan con el riesgo de atravesar las próximas elecciones presidenciales. No se trató de una recuperación general de la deuda en pesos, sino de compras concentradas en instrumentos que venían sufriendo el mayor castigo.

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    “En la escalada represiva y autoritaria que estamos viviendo en el país, replicada por la DGCyE, que no cesa de desconocer el libre ejercicio de la actividad sindical, los cuadros intermedios de DGCyE optan por judicializar al SUTEBA TIGRE y en particular a María Elisa Salgado, secretaria general, Marina Lascano Warnes, Secretaria de Formación Político Sindical, y Alfredo Cáceres Vocal Titular, de este sindicato. Sin más, esto implica que nuestres compañeres puedan ser detenides ejerciendo su representación sindical o la defensa de docentes del distrito o en sus tareas laborales cotidianas, es decir, obstaculizan el ejercicio de la representación sindical”. De esta forma comienza a denunciar el sindicato de trabajadores de la educación Suteba Tigre en un comunicado emitido el mismo día que recibieron las notificaciones.

    En conversación con Alfredo Cáceres, nos explica de qué se trata esa acusación. “Una inspectora del distrito de Tigre nos denuncia, argumentando hechos que tienen que ver con nuestra intervención sindical, como nombrarla, denunciar sus intervenciones, atropellos y demás. Fue alguien que llegó con el macrismo, de una manera como mínimo bastante dudosa, pero más allá de eso su irrupción como inspectora fue ser parte de la persecución desatada contra unos 500 inspectores en aquella época que hizo el macrismo para callar a las escuelas después del estallido de la escuela 49 de Moreno. Y bueno, entonces desde ese lugar arremete con una denuncia penal que el juez Wagner lo que hace es transformarla en una perimetral aunque no se declara competente sino que lo remite al fuero contencioso administrativo o sea que se lava las manos pero deja la medida cautelar de la perimetral. Con lo cual, técnicamente, si nos cruzáramos en una escuela o en la vía pública o en nuestro lugar de trabajo, o ejerciendo el rol de dirigentes, acompañando una intervención en la jefatura o en cualquier otro ámbito, podríamos ser detenidos, porque estaríamos violando la perimetral. Así que concretamente se transforma en un ataque de esta naturaleza”.

    Desde el sindicato afirman que “esta ofensiva judicial contra representantes de trabajadores de la educación no es la primera vez que ocurre y pareciera estar completamente avalada por la DGCyE que no ha dado respuesta a ninguna de las presentaciones formales que se han realizado por el sindicato.”

    A partir del momento que difundieron la situación empezaron a recibir la solidaridad de la docencia y organizaciones de zona  norte, las cuales siguen recibiendo en sus redes sociales.

    “Las campañas reaccionarias que buscan demonizar a les trabajadores acusando de violentes a quienes defiende los derechos de la clase trabajadora abonan la judicialización de nuestras organizaciones”, enuncian en el comunicado y prosiguen “hacemos responsables de la integridad de nuestres compañeres a las autoridades regionales y distritales, Amelia Bressan y Gloria Zingoni, y al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni”.

    Finalizan el texto con la convocatoria a asambleas para resolver acciones directas para responder a esta “ofensiva judicial de la patronal”.

    Redes sociales

    https://www.facebook.com/sutebadetigreconduccionmulticolor

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    En esa línea se expresó Guillermo Francos, jefe de Gabinete: “hay una voluntad del Gobierno para tener consensos y conseguir modificar la ley de Contrato de trabajo, las reformas tributarias”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

    Y agregó: “Estamos en condiciones de hablar en otra posición de fuerza, no es lo mismo tener 35 diputados que 90 y pico. Ahora nos convertimos en el bloque más importante de la Cámara, es otra cosa. Pero siempre con posición de búsqueda de acuerdos y consenso para avanzar en lo que el país necesita”.

    En el Ejecutivo ya trabajan con sectores dialoguistas la letra chica de la iniciativa, para conseguir apoyos durante el tratamiento de ella. Ejemplo de ello es el Consejo de Mayo, que debate el Pacto de Mayo, y en donde figuran estos cambios. El grupo se reúne una vez por mes, y representa a Diputados, al Senado, al Gobierno, a las empresas y a los sindicatos.

    Diálogo con gobernadores

    Ahora, se suma el diálogo con los gobernadores que convocó Javier Milei durante su discurso en la sede de LLA. “Esa política ya está decidida. No se definió cuándo se los va a llamar, pero la idea es que vengan en el corto plazo a hablar con los interlocutores de la Casa Rosada”, expresó un funcionario en Balcarce 50.

    Ante la consulta sobre quiénes son esos interlocutores, en el oficialismo aclaran que las personas válidas para hablar con los distintos actores son Guillermo Francos, Santiago Caputo, Lisandro Catalán y hasta el propio Presidente.

    Lo que adelantó el secretario de Trabajo

    Días atrás, Julio Cordero (secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) anticipó que la iniciativa que busca reformar las leyes laborales incluye el concepto de “salarios dinámicos”, el cierre de convenios por empresas en vez de por actividad y la posibilidad de negociar paritarias por empresas.

    De esta manera, se implementarían adicionales salariales individuales “por mérito”, la creación de un banco de horas trabajadas y la opción de pagar sueldos en distintas monedas.

    Según explicó Cordero durante una exposición en la Comisión de Presupuesto de Diputados, el objetivo es que las negociaciones salariales puedan adaptarse a la realidad de cada empresa y región, y no queden sujetas a los convenios colectivos por rama de actividad, como ocurre actualmente.

    Frente a este escenario, el propio Javier Milei defendió el proyecto laboral. “Los sindicatos saben que el sistema como está no funciona. Y la reforma permitirá que muchos informales pasen a la formalidad, lo que subirá la recaudación y permitirá a la vez duplicar los fondos para las jubilaciones. Ganamos todos”, aseguró en diálogo con A24.

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