El Poder Judicial dispuso la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

 

Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.

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Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

El texto fue publicado hoy por el CELS:

«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

 

 

Neuquén vive un fin de semana largo a puro movimiento con la nueva edición de las ferias Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores, que se desarrollan en el Parque Jaime de Nevares.

La primera jornada, realizada este viernes, superó todas las expectativas con más de 50 mil visitantes, según confirmó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

“Se superaron ampliamente las previsiones. Es una feria que ya se consolidó y que representa el espíritu de los emprendedores neuquinos”, destacó la funcionaria, quien también subrayó que esta edición se realiza en el marco de ‘Octubre Rosa’, con acciones de prevención y concientización sobre el cáncer de mama.

Un evento con nuevas propuestas y enfoque familiar

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, adelantó que por primera vez la feria incorporó juegos similares a los de los parques de diversiones, una novedad que amplía las opciones para toda la familia.

“Además de disfrutar la feria y la música, vas a poder comer muy bien y pasar una tarde diferente”, señaló Cayol.

El evento, que comenzó el viernes y continuará durante todo el fin de semana largo, abre sus puertas de 17 a 23 horas, con entrada libre y gratuita.

La feria reúne 170 puestos de Neuquén Emprende y 30 food trucks con una amplia oferta gastronómica que incluye productos de mar, fuegos, sabores ahumados, gin artesanal, cerveza y vermú local.

Además, el espacio cuenta con espectáculos infantiles en las primeras horas y shows musicales para toda la familia.

El evento es pet-friendly, por lo que los visitantes pueden asistir con sus mascotas con correa.

Conciencia y bienestar en el marco de Octubre Rosa

Como parte de las acciones de salud, se instaló una estación de bienestar que ofrece controles preventivos de cáncer de mama, vacunatorio móvil, demostraciones de RCP y consejería sobre hábitos saludables.

“Queremos que las actividades de entretenimiento también sirvan para generar conciencia y cuidar la salud de las vecinas y vecinos”, remarcó Pasqualini.

La convocatoria fue regional, con público proveniente no solo de la capital neuquina, sino también de Plottier, Centenario y localidades rionegrinas del Alto Valle.
La feria se consolida como un motor de la economía local y del turismo, fomentando la visibilidad de los emprendedores y productores que forman parte del ecosistema económico neuquino.

Más actividades para el fin de semana largo

Durante el fin de semana, la ciudad ofrece actividades culturales y recreativas gratuitas. En el Auditorio de la Municipalidad, recientemente inaugurado, se presentará el concierto de guitarra de Damián Cazeneuve este sábado a las 20, y el domingo a las 18, el espectáculo infantil “La abeja haragana”.

Además, el domingo se realizará la celebración por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con una feria de platos típicos, bailes y espectáculos artísticos en la explanada del monumento a San Martín desde las 16. También se desarrollará un torneo diverso de fútbol en el Centro Deportivo Melipal, de 8.30 a 16.30 horas.

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El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado, hasta hoy, por 71 federaciones y sindicatos de la CGT y las CTA, organizaciones sociales, movimientos populares, trabajadores/as de la economía popular y gremios del ámbito estatal, del transporte, industrial y de servicios, anunció una masiva movilización para este miércoles 25 de junio contra las políticas de ajuste, hambre, saqueo y pobreza del gobierno de Javier Milei. La concentración será desde las 12 en Carlos Pellegrini y Sarmiento, para movilizar al Ministerio de Desregulación del Estado (ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788), conducido por Federico Sturzenegger. De la conferencia participaron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento, FeMPINnRA y CATT); Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma); Abel Furlán (UOM); Rodolfo Aguiar (ATE Nacional); Omar Pérez (Camioneros); Pablo Biró (Pilotos); Carla Gaudensi (Prensa); Graciela Aleña (Vialidad); Alejandro Gramajo (UTEP); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Daniel Yofra (Aceiteros) y Roberto Pianelli (Subte); entre otros. Por ANRed

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El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado, hasta hoy, por al menos 71 federaciones y sindicatos (algunas de la CGT) del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, anunciaron hoy en una conferencia de prensa que llevaron adelante al mediodía en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que este miércoles 25 de junio marcharán contra las políticas de ajuste, hambre y pobreza del gobierno de Javier Milei.

La concentración será desde las 12 en el cruce de Carlos Pellegrini y Sarmiento, en el centro porteño, para luego movilizar al Ministerio de Desregulación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger y ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. La jornada de lucha, además, contará con el apoyo de federaciones y organizaciones sociales y gremiales.

La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación del Estado liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como «criminal». También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei, que «desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura».

«La paz social solo le sirve al Gobierno y a los grupos empresarios que se han apoderado del gobierno»

Durante la conferencia de prensa, diversos dirigentes y referentes sindicales hicieron intervenciones. Entre otros, estuvieron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento y CATT); Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma); Abel Furlán (UOM); Rodolfo Aguiar (ATE Nacional); Omar Pérez (Camioneros); Pablo Biró (Pilotos); Carla Gaudensi (Prensa); Graciela Aleña (Vialidad); Alejandro Gramajo (UTEP); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Daniel Yofra (Aceiteros) y Roberto Pianelli (Subte).

Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CGT, declaró: «es la primera acción que vamos a llevar adelante. Confluimos sindicatos estatales, del sector privado, del sector de servicios, de la industria, de la economía popular y también universitarios», enumeró. Y agregó: «la lucha por la soberanía implica la defensa de nuestros recursos naturales, la defensa de nuestras infraestructuras, de lo que queda de las empresas públicas, que sobrevivieron al experimento neoliberal de los 90′, significa soberanía alimentaria, del conocimiento y, también, trabajo argentino, porque la persona se construye y se desarrolla alrededor del trabajo, y la responsabilidad de los gobiernos es crear trabajo y dignidad del hombre y de la mujer que realiza su trabajo».

«Y por último, los salarios, efectivamente, porque si hay un lugar donde no existe libertad, es en la negociación colectiva, donde hay imposiciones, hay pautas, hay restricciones, y eso se da de patadas con lo que pregona como un credo el gobierno de Javier Milei. Dice que él cree en la libertad absoluta, pero en la mesa de negociación colectiva no hay libertad», remarcó.

Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma, aseguró que desde las dos CTA se acompañará esta iniciativa y añadió: «es imprescindible la resistencia y la unidad para vencer esta política de hambre y saqueo. Este es un gobierno que está habilitado por el decreto 70/23, que la Corte aún no ha rechazado, que está regido por Ley Bases, y respaldado por una Corte Suprema de la injusticia que persigue y proscribe, pero no trata la inconstitucionalidad de estas leyes, con los que incluso ha plantado una nueva estafa del FMI, que afecta a los argentinos más allá de este gobierno. Por eso, esta convocatoria a construir unidad, demuestra que nuestro pueblo no se resigna y que sus organizaciones de trabajadores formales e informales estamos en la primera línea para enfrentarlo. Este llamado a la lucha no empieza ahora y no termina con esta convocatoria», remarcó.

En línea con lo que se fue expresando en la conferencia de prensa, Abel Furlán, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la República Argentina, aseguró: «hoy gobiernan las corporaciones y son quienes, de alguna manera, han determinado quiénes van a ser los ideólogos de llevar adelante sus políticas que tienen que ver con el saqueo que ya mencionaron anteriormente. Identificar al enemigo es, de alguna manera, tomar precauciones en anteriores momentos de nuestro país en que no la hemos podido visibilizar, y es momento de estar identificando con nombre y apellido a quienes están detrás del gobierno de Milei impulsando políticas para que los trabajadores naturalicemos, en primer lugar, salarios de hambre y, en segundo lugar, no tengamos la posibilidad de tener nuestras vidas dignas».

En tanto, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, agregó: «este frente nos va a permitir comenzar a unir las luchas que se están llevando adelante en todo el país y por eso esta primera decisión de movilizar al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Hasta ahora las únicas respuestas que hemos tenido de parte del gobierno no han sido otras que mentiras organizadas, descalificaciones, amenazas, represión e espionaje ilegal a todos los las representaciones sindicales», denunció.

«La paz social solo le sirve al gobierno y a los grupos empresarios que se han apoderado del gobierno y que nos están saqueando. No solo cierran organismos y privatizan empresas estatales, sino ahora dice que van a vender hasta los edificios, los inmuebles y las tierras del estado. Si no les ponemos un freno, nos van a dejar sin país«, advirtió.

Por su parte, Daniel Yofra, Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) remarcó: «acá estamos enfrentando no solamente a Sturzenegger, sino a un gobierno que está minado de empresarios, que piensa como empresarios, y que representa a las necesidades que tienen los empresarios en nuestro país. Así que me parece que lo del miércoles va a ser un punto de partida. Hay muchas organizaciones y, seguramente, hay mucho lugar para otras organizaciones que quieran venir a defender a la clase trabajadora. Ojalá que esto ocurra. Ojalá que no hayan sido en vano las desapariciones de compañeros y compañeras, las muertes, las persecuciones, los encarcelamientos, y que siguen habiendo, en la actualidad, y que enfrentemos a este gobierno como corresponde, que somos representantes de la clase trabajadora».

Mientras, Juan Pablo Brey, Secretario General de Aeronavegantes, señaló el impacto de las políticas de Milei en el sector que representa: «lo hace a través decretos, a los que nos venimos oponiendo, como el desvío de vialidad, la desregulación del sector aeronáutico, de la marina mercante, entre otras cosas, como a querer limitar el derecho huelga». Y agregó: «esta mesa es la consecuencia de un montón de de actores que se ven afectados, y por eso se ha ido ampliando, y creo que va a seguir ampliándose. Esta es la primera medida en el marco de un espacio que se está consolidando, y vamos a movilizar al Ministerio de Destrucción, porque es el que está llevando adelante estas políticas y es el ideólogo de destruir todo lo que conocemos y entregar nuestra soberanía».

Ver conferencia de prensa completa



Más de 71 federaciones, sindicatos, organizaciones sociales y gremios movilizados contra las políticas de Milei

Hasta el momento, integran el frente, y serán parte de la movilización, la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas; la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).

También se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

 

 

Un adolescente perdió la visión total del ojo derecho tras el impacto de una bala de goma disparada por un agente policial, durante un operativo de seguridad en Viedma, Río Negro, y, luego de una demanda impulsada por la familia donde el efectivo culpó al adolescente, el menor será indemnizado.

Según reveló el Poder Judicial rionegrino en base al fallo resultante de la demanda civil iniciada por la madre del joven por daños y perjuicios contra el agente y el Estado provincial, la familia regresaba a su domicilio luego de asistir a una actividad religiosa, cuando notaron la presencia policial por un altercado en la vía pública y se resguardaron en su hogar.

Desde el interior, según declararon, observaron que uno de los agentes levantó su escopeta, disparó por encima del paredón del hogar, uno de los proyectiles impactó en el adolescente, que se encontraba en la puerta de acceso, y le ocasionó la lesión ocular.

Durante el proceso de investigación, se realizaron pericias balísticas que determinaron que el disparo se efectuó con una escopeta antitumulto y munición compuesta por balas de goma, desde una distancia menor a la recomendada por el fabricante y sin evidencia de rebote. Por su parte, los resultados médicos oftalmológicos confirmaron la pérdida de visión y una discapacidad visual del 33%.

El agente policial negó haber actuado de forma indebida y sostuvo que la intervención respondió a una situación de disturbio por lo que argumentó que utilizó el arma conforme a los protocolos vigentes, rechazó la versión sobre la inocencia del joven y aseguró que participó en los incidentes.

El juez contencioso administrativo evaluó el conjunto de pruebas y concluyó que el disparo que provocó la lesión fue realizado desde la vereda, en dirección al interior de la propiedad, sin que existiera una amenaza que justificara el uso de la escopeta antitumulto en esas condiciones, además, tuvo en cuenta que el operativo inicialmente era por un llamado al 911 por una persona extraviada.

En el fallo, el magistrado indicó que “la presencia policial tuvo su origen en un requerimiento asistencial, y no en un operativo ante manifestaciones públicas o situaciones de disturbio y desorden público en una primera instancia, por lo cual el empleo del arma antitumulto en ese contexto revela un exceso y desvío de finalidad, contrario a los estándares de necesidad, proporcionalidad y minimización de daños que deben guiar la actuación policial”.

Por último, se reconoció la indemnización por incapacidad sobreviniente, los gastos derivados del tratamiento psicológico y el daño extrapatrimonial. La condena recayó sobre el efectivo policial y también sobre el Estado. El magistrado también analizó el reclamo de la madre del joven por daño moral. En este punto, se rechazó su pretensión en este proceso por falta de legitimación.

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La Justicia bonaerense dio un giro en la investigación del triple crimen de Florencio Varela, ocurrido días atrás y vinculado a una trama narco. La Fiscalía General de La Matanza, encabezada por Patricia Ochoa, dispuso que el expediente, hasta ahora en manos del fiscal Gastón Dupláa, sea trasladado a la UFI de Homicidios, actualmente a cargo del fiscal Adrián Arribas.

La decisión se tomó tras la negativa de los cuatro detenidos a declarar y responde a cuestiones de competencia. La causa fue recaratulada como homicidio agravado, con la consideración judicial de que se trata de un femicidio.

Nuevo rumbo en la investigación

El fiscal Arribas ya solicitó el expediente completo a su colega Dupláa y citó al comisario Flavio Marino, jefe de la DDI de La Matanza, para analizar los avances de las tareas de campo. Con el traspaso, se espera una nueva batería de medidas que permitan esclarecer los hechos en medio de los velatorios de Brenda, Morena y Lara, las tres víctimas del crimen.

La UFI de Homicidios de La Matanza, integrada además por los fiscales Claudio Fornaro y Diego Rulli, tiene antecedentes de importantes avances en causas complejas, lo que le da al caso una nueva expectativa de resolución.

La imputación a los detenidos

Uno de los principales acusados es Miguel Ángel Villanueva, de nacionalidad peruana y sin documentación en Argentina. Fue imputado por su pareja bajo la figura de homicidio calificado, con agravantes por haber actuado con el concurso premeditado de varias personas, con ensañamiento y alevosía, y por tratarse de un crimen cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género.

De esta manera, la Justicia considera oficialmente los asesinatos como femicidios.

En cuanto a los otros dos detenidos, que habrían intervenido en la limpieza de la escena del crimen, fueron acusados de encubrimiento agravado. Todos permanecen bajo detención tras los pedidos realizados por el fiscal Dupláa antes del traspaso de la causa.

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La decisión la tomó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Tramitará la acción de amparo presentada por más de 20 organizaciones gremiales contra las Resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Aseguran que las normas implican la “criminalización del ejercicio del derecho a huelga”. Por InfoGremiales.

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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó este martes el rechazo inicial de una acción que denuncia la criminalización de la protesta gremial y la injerencia ilegítima del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, en asuntos laborales.

En una resolución clave para la defensa de los derechos sindicales, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó tramitar la acción de amparo presentada por organizaciones gremiales contra las Resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La demanda, promovida por más de 20 organizaciones sindicales, denuncia que las mencionadas resoluciones instauran un protocolo que permite la intervención de fuerzas de seguridad, la identificación de manifestantes y hasta la remisión de sus datos a la justicia penal, configurando un mecanismo de represión y criminalización del ejercicio del derecho a huelga.

Según los actores, las normas atacadas constituyen una avanzada inconstitucional sobre la libertad sindical, permitiendo que una autoridad administrativa defina, sin control judicial, si una medida gremial constituye un “bloqueo” pasible de intervención policial, despido laboral o persecución penal. Todo ello, en abierta contradicción con la Constitución Nacional, los convenios de la OIT y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La Cámara, al revocar el fallo de primera instancia que había rechazado “in limine” la acción, sostuvo que el amparo sindical previsto en el artículo 47 de la Ley 23.551 es una herramienta procesal adecuada para cuestionar actos estatales que puedan interferir con el ejercicio regular de los derechos colectivos.

Asimismo, destacó que las resoluciones emitidas por el Ministerio de Seguridad, en tanto podrían incidir sobre la actividad gremial en los ámbitos de representación de las entidades actoras, configuran un escenario que justifica la apertura del proceso y la revisión judicial, ante el riesgo cierto de afectación a garantías constitucionales vinculadas a la libertad sindical.

Ahora queda por resolver la medida cautelar solicitada por el juzgado de origen, dónde se solicito la suspensión de las resoluciones ministeriales mientras se tramite el fondo de la cuestión.

El fallo:

Revoca Sentencia Interlocutoria Ordena

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/la-justicia-laboral-revoco-el-rechazo-inicial-y-acepto-un-amparo-de-mas-de-20-gremios-contra-las-resoluciones-de-bullrich-que-atacan-el-derecho-a-huelga/