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Las mismas, son fundamentales para el acompañamiento y crecimiento de empresas y emprendedores en nuestra provincia.
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«El caso Dalmasso es el ‘Nisman del cordobesismo’. Cada vez que hay quilombo se reactiva el tema». La frase pertenece a una persona que conoce detalles de lo sucedido por la causa del crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto, en noviembre del 2006. Y sintetiza el tembladeral judicial y político que comenzó este martes en la Legislatura provincial con el jury a los tres primeros fiscales que intervinieron en el caso: Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles.
Los tres están acusados por mal desempeño y negligencia grave. Acusaciones por las que son juzgados frente a un tribunal policromático que incluye llaryorismo, schiarettismo, radicalismo y juecismo; y que tiene como acusadora a la Adjunta del Ministerio Público Fiscal, Bettina Croppi. Situación que en el arranque de la jornada motivó el pedido de nulidad del proceso por parte del abogado de Miralles que insistió con que, quien debía estar sentado en ese rol para acusar era el flamante Fiscal General, Carlos Lezcano.
Funcionario que asumió hace casi dos semanas con un fuerte aval del llaryorismo y para suceder al schiarettista Juan Manuel Delgado con quien, la nueva generación del cordobesismo nunca tuvo buena relación.
En tanto, la compensación que tiene el jury que se inició este martes en la Unicameral cordobesa cuenta con varios ingredientes. Es presidido por Julieta Rinaldi, legisladora del peronismo que responde de manera directa al exgobernador Juan Schiaretti; pero también lo integran el jefe de bloque del oficialismo, Facundo Torres, hombre de Alta Gracia de buen vínculo con el exmandatario, pero que reconstruyó su relación con Llaryora. Al punto que el actual mandatario lo dejó al frente del PJ provincial.
Javier Di Santo, uno de los fiscales acusados.
Y están el legislador radical que responde a De Loredo, Miguel Nicolás; y el juecista Walter Gispert. En tanto, por el Poder Judicial, la silla la ocupa la vocal del Tribunal Superior (TSJ), Aída Tarditti, de muy buena relación con la senadora Alejandra Vigo y de frío vínculo con Llaryora.
Este esquema es el que definirá el futuro de los tres primeros fiscales que tuvo el crimen más resonante del siglo en Córdoba y por el que la política se preocupó. Y mucho.
Al punto que un memorioso hoy recordó en 2007, después del perejilazo cuando se acusó y detuvo al pintor Gastón Zárate -al que luego se liberó por la marcha en Río Cuarto- cómo reaccionó la política y la tensión que se produjo entre De la Sota y Néstor Kirchner. Con una escala del por entonces presidente en Río Cuarto que incluyó acto y algunas palabras alusivas al caso.
De los tres fiscales, el futuro más complejo lo tiene Di Santo. Que hoy, al momento de declarar se quebró y dijo no ser prejuicioso. «Es de total falsedad sostener que no se investigó a Barzola», señaló, además, sobre quien se apuntó, recién hace poco más de un año como el autor material, aunque luego fue absuelto.
Di Santo cruzó fuerte a Croppi, la Adjunta que tiene el rol acusatorio y está ligada a Vigo, aunque el desembarco en el MPF lo motorizó Llaryora.
Por su parte, Miralles también se defendió y Pizarro, que tomó la causa en el 2017, reparó en la cantidad de fiscalías que tenía a su cargo cuando tomó la investigación.
No obstante, en la convivencia que existe entre los pasillos de la Justicia y los despachos de la política en Córdoba saben que los dos funcionarios judiciales con mayor peso que tiene Llaryora son la vocal del TSJ, Jéssica Valentini, y el jefe de los fiscales, Lezcano. Si el jury a los fiscales del caso Dalmasso termina con destitución será un correctivo contundente al resto del ministerio público fiscal.
El gobernador cordobés Martín Llaryora sigue jugando en todas las canastas. Se reúne con el pastor Dante Gebel, manda a ministros a juntarse con la pata política en el gabinete de Axel Kicillof, tantea qué hace o piensa el expresidente Mauricio Macri en ese armado de centroderecha, y también movió fichas en el acto del Peronismo Federal el viernes en Parque Norte.
A ese escenario porteño viajaron algunos intendentes y también funcionarios del gobierno provincial como el secretario Nadir Nifury, el secretario de Integración Territorial, área que se encuentra dentro de la órbita de la Secretaría General que lidera David Consalvi. Una usina ultrallaryorista dentro del cordobesismo porque, tanto Consalvi como Nifury, tienen línea directa al gobernador y tributan muy cerca de la mesa chica del heredero del cordobesismo.
Hubo también intendentes cordobeses que estuvieron en la actividad liderada por Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos. Pero lo de Nifury fue con un perfil más alto, desde el escenario -aunque no en la primera fila- y mostrándose luego en redes con Tolosa Paz.
Nifury tiene cercanía, no sólo al gobernador, sino también al entorno de Llaryora. Tanto a aquellos que tienen cargo y firma, como así también con los que no ocupan despachos en El Panal.
Y, además, trabajó con Llaryora dentro de la Municipalidad en el área de Cooperativas y Mutuales.
Llaryora confirma que sigue acomodando las fichas en todo el paño con un solo objetivo: asegurar su reelección en el 2027.
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