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El próximo jueves 25 a partir de las 10 horas se realizará la apertura de la jornada de trabajo en el marco del programa ‘Familias rionegrinas solidarias’. La actividad se desarrollará en el Galpón de las Artes. El Intendente Marcelo Orazi participará de la apertura, junto a la Coordinadora Provincial del programa Gimena Sus, la…
Un impresionante despliegue policial con decenas de efectivos y más de 20 móviles rodeó el departamento no declarado de Manuel Adorni en Caballito, en simultáneo con el anuncio de una protesta inédita: docentes universitarios que decidieron llevar el aula a la calle para denunciar el ajuste. La escena expone una postal brutal de prioridades del gobierno.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El contraste fue imposible de ignorar. De un lado, cientos de efectivos, móviles policiales y un operativo de seguridad desproporcionado desplegado en un barrio porteño. Del otro, docentes universitarios dando clases públicas en la vereda, con pizarrones improvisados y consignas contra el ajuste educativo. Todo se dará frente al departamento en Caballito que el propio Manuel Adorni admitió haber comprado y que no figuraba en su declaración jurada.
Según distintas crónicas y registros que circularon durante la jornada, el gobierno montó un fuerte operativo policial con más de 20 móviles y una presencia masiva de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del edificio. La magnitud del despliegue no pasó desapercibida: vecinos, estudiantes y docentes lo interpretaron como un intento de blindar políticamente a un funcionario en medio de un escándalo patrimonial.
Así cuida la Policía Federal a Manuel Adorni de una clase pública pacífica que haremos los estudiantes y docentes universitarios. Sin la guita del Estado son muy cagones. pic.twitter.com/71A20Wtn0i
— Tatiana Fernández Martí (@tatious_) March 30, 2026
El dato no es menor. El departamento en cuestión había salido a la luz recientemente, en medio de cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. El propio Adorni reconoció la propiedad en una conferencia, luego de que trascendiera su existencia.
En paralelo, docentes y estudiantes universitarios llevarán adelante una medida tan simbólica como contundente: clases públicas frente al domicilio del funcionario. La iniciativa fue impulsada como forma de visibilizar el impacto del ajuste sobre la educación superior.
La protesta no surgió de la nada. Según datos difundidos por organizaciones docentes, el sector perdió cerca de un 36% del poder adquisitivo, en un contexto de congelamiento salarial y crisis presupuestaria.
NOTICIA DE ÚLTIMO MOMENTO
POLICÍA FEDERAL EN LA CASA DE MANUEL ADORNI pic.twitter.com/9hVbvPKofp
— Tatiana Fernández Martí (@tatious_) March 30, 2026
La consigna fue clara: exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el vaciamiento del sistema. En ese marco, la elección del lugar —la casa de uno de los principales voceros del gobierno— no fue casual.
La escena que se vive en Caballito sintetiza una tensión que atraviesa toda la coyuntura: recursos estatales destinados a la seguridad de funcionarios, mientras la educación pública se moviliza para sobrevivir.
Parece un operativo para atrapar al narcotraficante más buscado del mundo. Pero no, es un operativo de seguridad personal con más de 20 CAMIONETAS de la Policía Federal en la casa de ADORNI para que los estudiantes de Filosofía y Letras no lo molesten.
La casta tiene miedo pic.twitter.com/5LPgrydDQp— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 30, 2026
Mientras los docentes daban clases abiertas —en muchos casos con contenidos sobre economía, política y derechos sociales—, detrás se desplegaba un cordón policial que recordaba más a un operativo de alto riesgo que a una manifestación pacífica.
La protesta frente al domicilio de Adorni no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio de conflictividad en el ámbito universitario, que incluye paros, movilizaciones y renuncias masivas en distintas instituciones.
En ese contexto, la decisión de responder con un operativo de gran escala agrega un nuevo elemento: la securitización del conflicto social, incluso cuando se trata de manifestaciones docentes.
El libertario Gonzalo Roca pidió este miércoles, en la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, la postergación del trámite contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por abuso sexual y maltrato laboral. El pedido resultó curioso porque ese magistrado fue el que censuró a los medios que difundieron los audios de Diego Spagnuolo revelando la presunta trama de corrupción que involucraría a Karina Milei y los Menem.
Pero el problema es que en las últimas semanas también ingresó un expediente desde la comisión de Disciplina por el cual la actriz Esmeralda Mitre también denuncia a Maraniello, por su inacción ante el maltrato que le habría dispensado Julio Saguier en una audiencia en el marco del litigio por la sucesión del diario La Nación.
Según el testimonio de la heredera de los Mitre, el juez habría cometido «omisión consciente de actuar ante actos de violencia de género» por haber permitido que su contraparte la insultara sin intervenir. «Su inacción no fue un descuido, sino una omisión consciente de su deber de garantizar un proceso libre de violencia», dejó asentado ante el Consejo.
La jugada de Roca para ayudar a Maraniello se produce, además, justo cuando Javier Milei escala su confrontación contra los periodistas en general y el diario La Nación en particular, tal como informó LPO.
Juristas advierten que la cautelar del juez Maraniello es un delito: «Es abuso de autoridad»
Por eso, sorprendió la maniobra al resto de los consejeros, que terminaron revelando que ese no había sido el acuerdo en la reunión previa al debate pero acompañaron la iniciativa con su voto, incluso los kirchneristas, en un insólito intercambio con el diputado cordobés, que con sus intervenciones seguía aportando a la confusión.
A poco de iniciar la reunión, Roca planteó: «Tratemos todos los expedientes de todas las causas en conjunto para no ser improlijos (SIC)». El problema, advertido enseguida por Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, era que ya se había votado uno de los cuatro expedientes que tramitaban contra el juez.
Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola.
El larretista Álvaro González, desconcertado, pidió la palabra y preguntó: «qué es lo que estamos… (votando)». Tailhade rió y Roca se puso nervioso.
El presidente de la comisión, el abogado Alberto Maques, trataba de interpretar el pedido del diputado libertario y, junto a su par César Grau, tradujeron que Roca promovía la postergación para «analizar y acumular los expedientes a los fines de la economía procesal».
Sin embargo, Roca volvió a intervenir. «Perdón, perdón. Pero no es la moción que había hecho yo, tratemos de tener una reunión por acumulación de expediente», solicitó.
Perdón, perdón. Pero no es la moción que había hecho yo, tratemos de tener una reunión por acumulación de expediente.
El representante del Poder Ejecutivo en el consejo, Santiago Viola, no podía disimular su incomodidad. Es que el viceministro de Justicia ofició como abogado de Karina cuando Maraniello censuró la circulación de los audios de Spagnuolo en los que atribuía a la hermana presidencial el supuesto cobro de coimas en la Andis.
En ese contexto, el senador Luis Juez confesó: «nos estamos enredando, a mí me parece una cosa de locos». La diputada Vanesa Siley, por su parte, objetó la propuesta de Roca: «Acabamos de votar el expediente 21/26, que es una denuncia contra Maraniello. Si hubiera sido lógico lo que había pedido Roca, no tendríamos que haber votado lo que acabamos de votar», argumentó.
Acabamos de votar el expediente 21/26, que es una denuncia contra Maraniello. Si hubiera sido lógico lo que había pedido Roca, no tendríamos que haber votado lo que acabamos de votar.
Maques, resignado, concluyó: «Por esta vez en particular, todo lo que tiene que ver con Maraniello queda suspendido».
LPO había informado que la secretaria privada y jefa de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 6 lo había acusado de «maltratado». Según su exposición, Maraniello «usaba plata del Estado para solventar los gastos de la Asociación», entidad que tenía entre sus auspiciantes, dijo, al intendente de José C Paz (en uso de licencia) Mario Ishi. «Maraniello respetaba las formas por WhatsApp, pero cambiaba radicalmente su actitud de manera presencial -aseguró-. Se iba de eje, perdía el equilibrio y te maltrataba. Se sacaba y no tenía límites», expresó.
El magistrado fue denunciado en el Consejo de la Magistratura en 2024, a través de distintas presentaciones que formularon empleados en el sindicato Asociación de Judiciales y ante la oficina de Bienestar Laboral de la Cámara Civil y Comercial Federal. En la comisión de Disciplina se había escuchado a testigos como el ex camarista Guillermo Antelo, quien contó que oyó a una de las víctimas decir que Maraniello le exigía «usar pollera y tacos» y «todos los días entraba a su despacho, la agarraba de la cintura y la besaba».
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