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Las mismas, son fundamentales para el acompañamiento y crecimiento de empresas y emprendedores en nuestra provincia.
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Mientras la Selección enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial, el Gobierno de Milei publicó un decreto que impulsa una licitación petrolera en el Mar Argentino tras el interés de una empresa británica y habilita el arbitraje internacional en los futuros contratos.
Por Roque Pérez para NLI
Mientras millones de argentinos vuelven a vivir un nuevo capítulo de una de las rivalidades más cargadas de historia del deporte mundial, con la Selección enfrentando a Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo, el Gobierno de Milei eligió este miércoles para publicar un decreto que abre un nuevo proceso para la exploración petrolera en el Mar Argentino a partir de la iniciativa presentada por una empresa británica y que, además, habilita que los futuros contratos contemplen la posibilidad de resolver controversias mediante tribunales arbitrales internacionales.
La coincidencia difícilmente pase inadvertida. Para la inmensa mayoría de los argentinos, Inglaterra nunca es un rival cualquiera. Malvinas, la guerra de 1982, los encuentros mundialistas de 1966 y 1986 y la permanente disputa diplomática por la soberanía de las islas convierten cada partido entre ambos países en un acontecimiento que trasciende largamente al fútbol. Sin embargo, mientras la atención pública se concentra en la semifinal del Mundial, el Poder Ejecutivo avanzó con una decisión que vuelve a colocar a empresas británicas en el centro de un proyecto estratégico vinculado a los recursos naturales argentinos.
El Decreto 590/2026, publicado este 15 de julio en el Boletín Oficial, instruye a la Secretaría de Energía para convocar a un concurso público internacional destinado a adjudicar un permiso de exploración sobre el área CAN_200, un bloque de aproximadamente cinco mil kilómetros cuadrados ubicado en la Cuenca Argentina Norte, dentro de la plataforma continental argentina.
La decisión no implica una adjudicación directa. De hecho, la normativa establece que deberá realizarse una licitación abierta en la que podrán participar distintas compañías. Sin embargo, el propio decreto explica que el procedimiento se inicia luego de que la empresa Challenger Energy Group PLC, de origen británico, presentara formalmente una manifestación de interés para desarrollar actividades de exploración en ese bloque del Mar Argentino.
En otras palabras, el Gobierno pone en marcha un proceso administrativo cuyo punto de partida fue la iniciativa de una compañía británica interesada en explorar recursos hidrocarburíferos argentinos, una circunstancia que inevitablemente adquiere otra dimensión política cuando coincide con un nuevo enfrentamiento deportivo entre Argentina e Inglaterra.
El aspecto que probablemente genere mayor controversia no pasa únicamente por la futura participación de empresas extranjeras, sino por el régimen jurídico que acompañará esos contratos.
El decreto autoriza expresamente que los acuerdos que eventualmente se firmen con la empresa adjudicataria puedan incluir cláusulas de arbitraje internacional, permitiendo que eventuales controversias entre el Estado argentino y las compañías privadas sean resueltas fuera de la Justicia nacional, conforme a los mecanismos previstos por la Convención de Nueva York de 1958.
Si bien la norma aclara que la República Argentina no renuncia a la inmunidad de ejecución sobre determinados bienes estratégicos, entre ellos las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, el patrimonio cultural, los activos diplomáticos y militares o la potestad tributaria del Estado, la decisión vuelve a abrir un viejo debate político sobre hasta qué punto la resolución de conflictos vinculados con recursos naturales debe quedar bajo jurisdicción de tribunales internacionales.
La utilización de este tipo de mecanismos ha sido defendida históricamente por distintos gobiernos como una herramienta para atraer inversiones de gran escala, aunque también recibió fuertes cuestionamientos desde sectores políticos, académicos y jurídicos que consideran que esos esquemas terminan condicionando la capacidad soberana de los Estados para definir sus propias políticas energéticas.
La publicación del decreto también llega después de otra decisión que despertó críticas entre excombatientes y distintos sectores políticos: la aceptación por parte del Gobierno argentino de las disposiciones de la FIFA que impidieron el ingreso a los estadios de banderas y símbolos vinculados con la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas, bajo el argumento de evitar manifestaciones políticas durante el Mundial.
Aunque la FIFA sostiene desde hace años que los torneos deben desarrollarse sin expresiones de carácter político, la decisión fue interpretada por numerosos veteranos de guerra y organizaciones vinculadas a la causa Malvinas como una nueva muestra de la escasa voluntad del Gobierno nacional para defender esa reivindicación en los escenarios internacionales, especialmente frente a un rival como Inglaterra, cuya presencia inevitablemente reaviva un conflicto que continúa abierto en el plano diplomático.
En ese contexto, la publicación del Decreto 590/2026 termina reforzando una imagen que la oposición viene construyendo desde el inicio de la gestión libertaria: un Gobierno que evita confrontar con el Reino Unido cuando se trata de la cuestión Malvinas y que, al mismo tiempo, impulsa políticas de apertura para que empresas británicas puedan competir por la exploración de recursos estratégicos en el Mar Argentino bajo contratos que incluso prevén mecanismos de arbitraje internacional.
Probablemente el decreto hubiera generado debate cualquier otro día. Sin embargo, su publicación mientras Argentina vuelve a enfrentarse con Inglaterra en un Mundial le agrega una carga simbólica imposible de ignorar.
Mientras en las tribunas y frente a los televisores resurgen los recuerdos de Rattín, la guerra de Malvinas, la Mano de Dios y el Gol del Siglo, el Boletín Oficial publica una norma que habilita el inicio de un proceso para explorar petróleo en el Mar Argentino impulsado originalmente por una empresa británica y que contempla la posibilidad de resolver futuras controversias mediante arbitraje internacional.
No se trata solamente de una coincidencia deportiva. Se trata del contraste entre dos formas muy distintas de entender la relación con el Reino Unido: una que mantiene viva la memoria histórica cada vez que rueda una pelota y otra que, desde la lógica económica del Gobierno de Milei, apuesta a profundizar la apertura a los capitales internacionales aun cuando ello implique que empresas británicas vuelvan a tener protagonismo en un área tan sensible como los recursos energéticos del Mar Argentino.
Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe que investigan casos de comercio urbano de droga recurrieron a un recurso poco habitual para desbaratar un punto de venta de cocaína en Rosario. Lo que hicieron fue fingir ser distribuidores en una aplicación de delivery y actuar durante un partido de la selección.
Usando motos con cajas de reparto entraron en el pasillo donde estaba el domicilio a requisar como si fueran a entregar un pedido. Con eso lograron el allanamiento, la detección de la droga y la detención de los que estaban en el lugar.
La investigación había comenzado el año pasado y ya había derivado en otros allanamientos. Pero el equipo de la fiscal Mercedes Banchio detectó que uno de los sospechosos había retomado la venta de droga. Con nuevas tareas de vigilancia y registros fílmicos, confirmaron que el lugar volvía a funcionar y solicitaron una nueva orden de allanamiento.
El equipo de Prensa del gobierno santafesino dio cuenta de que fueron demorados tres hombres mayores de edad. Se secuestraron 44 envoltorios de cocaína, más de 700 mil pesos, dólares, tres teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Los detenidos son Ángel B. de 63 años, Juan F. de 46 y Gustavo A. de 54. Uno de ellos tenía un pedido de captura de la Justicia Penal de Entre Ríos.
Fue en José Ingenieros al 7600, en el barrio de Fisherton. A partir de tareas de vigilancia y registros fílmicos, confirmaron que el lugar volvía a funcionar y solicitaron una nueva orden de allanamiento.
La maniobra fue planificada para realizarse minutos antes de un partido del Mundial, en un horario en el que el movimiento de motos de reparto era habitual en el barrio. Los investigadores se movilizaron en motocicletas con cajas de delivery y lograron ingresar al pasillo sin llamar la atención. Cuando estuvieron a pocos metros de la vivienda, irrumpieron por sorpresa y evitaron que los sospechosos pudieran escapar o descartar la droga.
Durante la requisa, la policía encontró en el bolsillo de uno de los hombres varios envoltorios de cocaína. Además, secuestró una riñonera con dinero que, según la investigación, era utilizada para la venta de droga.
En el operativo participó un perro adiestrado, Kenzo, que marcó más droga escondida en un hueco de una pared de ladrillos del pasillo. También se secuestró un cartón con anotaciones de interés para la investigación, dinero y varios teléfonos celulares. Al identificar a los ocupantes, los investigadores comprobaron que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de Entre Ríos.
El operativo fue realizado por la Brigada de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), con la participación de la Sección Canes y la colaboración de un grupo de irrupción de la Policía de Santa Fe.
«Gracias a la Ley de Microtráfico, que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro, se pudo realizar este allanamiento utilizando nuevas técnicas que denominamos ‘Operativo App’ u ‘Operativo Rapi'» dijo el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini. «La Policía de Investigaciones avanzó sobre esta vivienda mediante una orden judicial, pero con una modalidad distinta a la habitual», indicó.
Según sostuvo Angelini, este tipo de intervención evita que ante una irrupción policial convencional, los sospechosos descarten la droga o escapen por los techos. «Estas nuevas modalidades permiten impedir que destruyan pruebas o huyan, haciendo mucho más efectivo el procedimiento», observó.
El funcionario destacó además que el valor de estos operativos no se limita a las detenciones o al secuestro de droga. «Son muy importantes los teléfonos celulares y todo el material electrónico que se obtiene en estos allanamientos, porque permiten abrir nuevas líneas de investigación y avanzar sobre las distintas cadenas de distribución del narcomenudeo», analizó.
