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Entidades de magistrados y foros de jueces se manifestaron críticamente contra el rechazo del gobierno de Maximiliano Pullaro de cuestionar a una jueza de Menores de Rosario que, hace una semana, anuló un allanamiento porque la policía lo hizo sin solicitar una orden judicial. El gobierno por su parte defendió el procedimiento y cuestiona la decisión de la magistrada como una acción institucional poco sensible a las expectativas de la población frente al delito. «Ponemos el interés de los santafesinos por encima del de las corporaciones», dice uno de los principales colaboradores del gobernador.

Las críticas llegaron en avalancha luego de que la vocera del gobierno, Virginia Coudannes, sacó el tema deliberadamente, en medio de una rueda de prensa rutinaria ante los medios santafesinos. La portavoz del Poder Ejecutivo fue con todo contra la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena que invalidó un procedimiento en el que se capturó a un menor de edad acusado de balear un domicilio al que apresaron a doce horas del hecho alegando flagrancia. La jueza dijo que era inaceptable transcurrido tanto tiempo y sin urgencia que no se hubiera solicitado una orden de allanamiento a un juez para eso.

«Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas», dijo Coudannes. Esto motivó una declaración formal del Colegio de Magistrados de Rosario. Pero lo más fuerte fue lo que magistrados de todo el país señalaron en sus redes al comentar el tema.

La Justicia le pone un freno a los allanamientos sin orden judicial que impulsa Pullaro

El Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia de Santa Fe manifestó, en un comunicado, «su desacuerdo con las declaraciones públicas vertidas por una funcionaria del Poder Ejecutivo provincial». En el texto indican desde la institución que las discrepancias deben canalizarse «por las vías procesales legalmente previstas y no a través de manifestaciones públicas descalificantes». Y remarca que «no es mediante la disputa mediática que deben encararse las soluciones que afectan a fibras sensibles de nuestra sociedad».

El contenido del comunicado enojó a distintos jueces de Rosario que hablaron con LPO por encontrarlo excesivamente moderado frente a una afrenta que consideran reiterada desde el gobierno santafesino. «Lo del Colegio de Jueces es patético y pusilánime», dijo uno de los magistrados que habló con este medio.

Lo que indica un grupo de jueces molestos con este contenido es que la posibilidad de ejercer la independencia no se hace desde los fallos, sino sosteniendo las resoluciones en la acción política, con manifestaciones que deben ser más contundentes y con funcionarios judiciales que defiendan su autonomía y su criterio en el campo público del mismo modo en que lo hacen desde funcionarios del Ejecutivo.

Desde esta vereda, los jueces manifiestan que efectivamente hay una sumisión de magistrados que se nota en resoluciones judiciales afines a las expectativas del gobierno, aún cuando se piden medidas que no cuentan con los estándares necesarias para avalarlas, sobre todo en procedimientos que implican detenciones, ejecuciones de condenas previstas por la ley y allanamientos. Aducen que hacer algo en contra de lo esperado por el gobierno implica escraches públicos. Como le pasó, dicen, a Aguirre Guarrochena.

El gobierno provincial se juega fuerte por estos temas convencido de que tiene en este punto, el control del delito, por un lado el reaseguro de su plan contra la violencia que durante once años tuvo en Rosario, la mayor ciudad santafesina, la tasa más alta de delitos de alta lesividad como homicidios y balaceras. Durante la gestión de Pullaro los delitos de sangre bajaron el primer año un 65% y se mantuvo durante el segundo año de su mandato con las cifras más bajas desde 2010.

«Como gobierno desde el inicio de la gestión impulsamos reformas que creemos que ponen en el centro al ciudadano, sus necesidades y sus intereses», le dijo a LPO un funcionario del círculo más próximo a Pullaro. «En esas reformas se han generado algunas incomodidades de sectores que preferían y se sentían a gusto con las viejas formas. Pero ya vimos a dónde nos dejaron, en una sociedad indefensa ante el avance del delito y las organizaciones criminales. Ponemos el interés general de los santafesinos por encima de las corporaciones», resumió.

Lo que entiende el gobierno es que los fallos judiciales no deben darles a los delincuentes la idea de que tienen en la Justicia una trinchera donde encuentren amparo. Y promueve una política de persecución que replica el Ministerio Público de la Acusación (los fiscales) de manera alineada donde el actor fundamental contra la criminalidad sea la policía que el Ministerio de Seguridad desde el Ejecutivo maneja de manera directa.

También recuerdan que la ola de delitos que azotó a Rosario y recrudeció a partir de 2013 se dio frente a una pasividad de la Justicia Penal de Rosario, tanto la ordinaria como la federal, que tenía a los mayores referentes de la criminalidad en sus expedientes pero sin realizar conexión de causas. El Poder Judicial se justifica atribuyendo en gran medida a la vigencia por entonces del viejo sistema escrito de juicio y a la falta de fiscalías especializadas que, desde que rige el acusatorio en 2014 en Santa Fe, trabajan ahora con pautas para vincular grupos delictivos tanto por sus hechos como por sus áreas geográficas de influencia. Un argumento poco convincente para absolver al sistema judicial y a sus funcionarios de entonces.

Lo que hizo la jueza Dolores Aguirre Guarrochena fue marcarle un control a esa policía que allanó cuando a su criterio no existía urgencia, ya que habían pasado 12 horas, sin pedir orden a un juez. Por eso la reacción cuando en el caso habían detenido a un menor de edad acusado de disparar contra una vivienda que recibió ocho balazos.

Los jueces replican -de manera masiva pero solo en off- que Pullaro demuestra un afán de imponer favoritos en la Justicia con la finalidad de que produzcan resoluciones afines a su política criminal y de otro tipo. Enumeran que eliminó los puntajes en los concursos de magistrados para acabar con el orden de mérito que pemita discrecionalidad en las selecciones. Que criticaron con dureza a jueces provinciales que mandaron a la Justicia Federal casos de droga con criterios distintos. Y que el gobierno, con aval legislativo, nombró ministros de la Corte Suprema afines sin disponer de las vacantes de quienes aún están en funciones y procura reemplazar.

El tema pegó tan hondo en los foros de jueces de todo el país que La Nación lo recogió en un texto de autor firmado por el juez de Menores de Catamarca Rodrigo Morabito, que indica que la posición de la vocera, y por añadidura del gobierno, «encierra una profunda incomprensión del rol del Poder Judicial».

«Cuando un juez o jueza adopta una decisión que garantiza derechos (aunque resulte impopular) no está emitiendo una opinión personal ni actuando por empatía individual. Está cumpliendo la Constitución. Está aplicando la ley. Está haciendo exactamente aquello para lo que fue investido; controlar el ejercicio del poder y proteger a las personas frente a posibles abusos», dice Morabito.

Magistrados de distintos distritos estuvieron activos sobre este asunto en los chats en la idea de que la defensa de la independencia del Poder Judicial abarca intereses de juezas y jueces de todo el país. «Tratan a la Justicia como oposición, hasta con ínfulas propias de los torpes», dice uno de ellos en un chat nacional de jueces y académicos de Derecho. Asimismo el caso fue abordado por la red de Profesores de Derecho Penal, después de que se viralizó el audio donde Coudannes cuestiona a la jueza de Rosario e invita que se lleva a la casa al chico beneficiado con la anulación del allanamiento.

Un magistrado de Tucumán dijo por ejemplo: «Como decía Chiappini en uno de sus libros: la ignorancia suele ser insolente», en alusión a un doctor en Derecho y especialista en Derecho Procesal y Penal de Rosario.

 Una de las herramientas de Luis Caputo para contener la suba de precios acaba de recibir un revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la resolución que eliminó la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles. 

El fallo dejó sin efecto la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual Caputo derogó el sistema creado en 2016 que obligaba a las estaciones de servicio a informar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Ese esquema alimentaba una base pública, permitía comparar valores entre estaciones y habilitaba denuncias cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.

Para el magistrado, la eliminación de ese mecanismo implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.

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Ramos Padilla también rechazó uno de los principales argumentos del Gobierno y de las empresas expendedoras. Señaló que, si los precios pasan a modificarse con mayor frecuencia mediante sistemas de «micropricing», la necesidad de contar con un mecanismo público, uniforme y actualizado resulta todavía mayor. En otras palabras, cuanto más dinámico es el mercado, más importante es que exista una ventana única que permita saber cuánto cuesta cargar combustible en cada estación.

Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.

La decisión judicial aparece en un contexto donde el precio de los combustibles ocupó un lugar central en la estrategia antiinflacionaria de Caputo. Durante buena parte de 2025 el Ministerio de Economía postergó o aplicó sólo parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. La consecuencia fue un atraso tributario que evitó trasladar todo el aumento previsto por la ley al surtidor y ayudó a contener el impacto sobre el IPC.

El juez federal Alejo Ramos Padilla.

Ese esquema convivió con otra herramienta. Cuando el petróleo se disparó por la escalada en Medio Oriente, YPF anunció aumentos cercanos al 23%, pero aclaró que absorbería parte del incremento internacional para evitar un traslado pleno al mercado interno. La petrolera actuó como un dique que amortiguó parte de la presión externa y volvió a consolidar el papel del combustible como una de las variables utilizadas para estabilizar los precios.

El problema apareció cuando el Brent inició el recorrido inverso. Con el barril bastante por debajo de aquellos máximos, las rebajas no llegaron al surtidor con la misma velocidad con la que habían sido absorbidas las subas. En un mercado donde además desapareció la obligación de informar cada modificación de precios en un sistema oficial, el seguimiento de esos movimientos quedó exclusivamente en manos de las empresas.

La demanda fue presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que sostuvo que la derogación debilitaba el control estatal y reducía la transparencia del mercado. El Gobierno respondió que la información seguía disponible mediante aplicaciones privadas y sitios web de las compañías, además de defender la medida como parte de la política general de desregulación impulsada por la administración de Milei.

El juez descartó esos argumentos. Recordó que la propia resolución de 2016 había considerado insuficiente el viejo sistema de información mensual y cuestionó que el Estado eliminara la herramienta sin explicar por qué aquello que antes juzgaba inadecuado ahora alcanzaría para proteger a los consumidores. También remarcó que la Constitución obliga a garantizar información pública, comparable y fácilmente accesible, no simplemente la existencia de datos dispersos.

Tras la firma del contrato de obra, comenzó el movimiento en la calle Libertad con la instalación del obrador de la empresa Quidel que tendrá a su cargo la construcción del pavimento, el boulevard y la bicisenda entre Belgrano y Avenida General Paz. El plazo de ejecución es de 5 meses y el presupuesto es…