PorMunicipalidad Villa Regina
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En la mañana de hoy, el Intendente, Marcelo Orazi, visitó la localidad de Cipolletti, para participar de la presentación y jornada de capacitación de herramientas de financiamiento e inversión de la Sepyme.
Las mismas, son fundamentales para el acompañamiento y crecimiento de empresas y emprendedores en nuestra provincia.
Mientras en buena parte de la city financiera persiste la idea de que Axel Kicillof representa un riesgo para los mercados, los inversores parecieron tener otra opinión cuando llegó el momento de prestar dinero. Banco Provincia colocó deuda por el equivalente a casi 100 millones de dólares y consiguió financiamiento en moneda estadounidense al 4,25 por ciento anual, una tasa inferior a la obtenida recientemente por el Galicia y el BBVA.
La entidad que preside Juan Cuattromo superó ampliamente las expectativas iniciales de la operación. El objetivo era captar alrededor de 70 millones de dólares, pero la demanda permitió adjudicar el equivalente a casi 100 millones.
En la Clase V, denominada en dólares, se colocaron 31,7 millones de dólares a una tasa fija del 4,25 por ciento anual. En la Clase VI, denominada en pesos, se adjudicaron 93.650 millones de pesos a una tasa equivalente a TAMAR más 4 por ciento. Ambos instrumentos tienen un plazo de 12 meses.
La comparación con otras emisiones recientes resulta llamativa. BBVA consiguió financiamiento al 5 por ciento anual, Banco Galicia colocó 53 millones de dólares al 4,75 por ciento y Banco Nación debió convalidar una tasa del 5,50 por ciento. En otras palabras, el banco controlado por la provincia de Buenos Aires logró endeudarse más barato que entidades privadas y que el principal banco público nacional.
El Banco Nación emite un bono para financiar más préstamos hipotecarios
Consultado por LPO, Cuattromo destacó que se trata de la tercera emisión realizada por la entidad y vinculó el resultado a un proceso de fortalecimiento financiero que comenzó años atrás. «Desde 2001 hasta 2019 el Banco se encontraba con déficit de capital y con un ratio de liquidez por fuera de los estándares. A partir de 2019 comenzó un proceso de capitalización, mejoró su ratio de liquidez y eso le otorgó mucha solidez», afirmó.
El titular de la entidad agregó que el fortalecimiento del banco estuvo acompañado por una estrategia más amplia de la administración bonaerense. «La Provincia de Buenos Aires hizo un importante trabajo en la estructuración del mercado de capitales. Todo esto permitió que el Banco alcanzara niveles de solidez que evidentemente fueron premiados por el mercado», señaló.
Desde 2001 hasta 2019 el Banco se encontraba con déficit de capital y con un ratio de liquidez por fuera de los estándares. A partir de 2019 comenzó un proceso de capitalización, mejoró su ratio de liquidez y eso le otorgó mucha solidez.
El dato adquiere relevancia porque contradice uno de los argumentos más repetidos en algunos informes políticos y financieros de los últimos meses. Si el mercado realmente estuviera castigando cualquier activo asociado al gobernador bonaerense, sería difícil explicar por qué aceptó prestarle a Banco Provincia a una tasa menor que a varios de sus competidores.
«Es el resultado de una gestión exitosa del Banco Provincia en un contexto bastante adverso tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde hay mucho ruido en los mercados debido a la política internacional de Donald Trump», afirmó Martín Burgos, director de la consultora Lado B.
Para el economista, la colocación también tiene una lectura política. «Es una señal muy importante porque se disipa la idea del riesgo Kuka. El gobierno provincial demuestra solvencia tanto técnica como política», sostuvo.
En la misma línea, Cuattromo rechazó las lecturas que buscan asociar la gestión bonaerense con un mayor riesgo para los inversores. «Tanto el Banco como la Provincia, durante la gestión de Axel Kicillof, siempre han cumplido sus compromisos. Por eso es lógico que el mercado convalide ambas gestiones», afirmó.
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La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
