PorMunicipalidad Villa Regina
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En la mañana de hoy, el Intendente, Marcelo Orazi, visitó la localidad de Cipolletti, para participar de la presentación y jornada de capacitación de herramientas de financiamiento e inversión de la Sepyme.
Las mismas, son fundamentales para el acompañamiento y crecimiento de empresas y emprendedores en nuestra provincia.
Sergio Uñac recibió un guiño de Cristina Kirchner para avanzar con la idea de una interna abierta del peronismo y ahora propone hacer un supermartes de elecciones internas por regiones para definir al candidato que enfrentará a Javier Milei en 2027.
El senador sanjuanino recibió un llamado de la ex presidenta y, según adelantaron a LPO fuentes al tanto de la conversación, tuvieron una charla amigable que derivó en la propuesta de Uñac de internas partidarias para este mismo año.
Ahora, el ex gobernador propone copiar el modelo que tiene Estados Unidos para definir los candidatos tanto del partido republicano como el demócrata. La idea es hacerlo a padrón abierto para que cualquier ciudadano mayor pueda votar y dividir los comicios por regiones para votar de manera escalonada. El objetivo es abaratar los costos de la logística que requeriría hacer una elección en todo el país en simultáneo.
Quien opera para que Cristina acepte una candidatura de Uñac es Juan José «Juanjo» Álvarez, histórico dirigente del peronismo del Conurbano. Su laxitud le permitió tener un lugar de privilegio en el armado duhaldista, kirchnerista y massista.
Parrilli dijo que Cristina tiene que ser candidata y tantean una fórmula con Uñac
Cristina receló en un principio y, tras una discusión ardiente con Juanjo, terminó aceptando la posibilidad de apoyar al sanjuanino. «No tengo otro», le admitió el primer intendente de la historia de Hurlingham.
A Uñac le reconocen que San Juan fue una de las siete provincias en las que el peronismo ganó en las elecciones del año pasado, en una fecha negra para la historia electoral del PJ.
Cristina receló en un principio y, tras una discusión ardiente con Juanjo, terminó aceptando la posibilidad de apoyar al sanjuanino. ‘No tengo otro’, le admitió el primer intendente de la historia de Hurlingham.
Tras el aval de Cristina, Uñac ya comenzó a moverse como candidato y recibió a empresarios que están a la búsqueda de una alternativa razonable a Milei.
El sanjuanino también empezó a recibir dirigentes y el pasado miércoles se reunió en sus oficinas porteñas a emisarios de la Red Peronismo Federal, entre los que estaban Ramón Prades García del Think Thank Ideas Argentinas y Federico Martelli del MUP. Además del ex intendente de San Antonio de Areco, el kirchnerista Francisco «Paco» Durañona.
Más allá de la interna que propone Uñac, en el peronismo aseguran que las dos opciones más realistas son que compita otra vez por la gobernación de San Juan o que se meta en la fórmula peronista como vicepresidente.
La otra opción que se está barajando en el peronismo, como anticipó LPO, es la del empresario Jorge Brito. El ex presidente de River es impulsado por Emilio Monzó para competir en unas internas con Axel Kicillof, hasta ahora el candidato que más mide.
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Desde #latapa queremos poner en discusión y revalorizar la importancia de un Concejo Deliberante competente, eficaz, pro-activo y profesional. Es por eso que les consultamos a los candidatos, teniendo en cuenta funcionalidad, cantidad de ediles, proyección, pluralidad, etc: ¿Cómo sería su Concejo Deliberante ideal? Difunde esta nota
Conocí la historia de María Magdalena en enero de 2012, cuando volví de mis vacaciones. Llegué a mi casa, abrí mi casilla de correo y allí estaba el mail de Fernanda Mónaco, una psicóloga del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes de Tucumán.
Todavía faltaban tres años para el histórico Ni Una Menos, pero ya habían pasado otros tres de la aprobación de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esa ley reconoció por primera vez a la violencia obstétrica como una de las formas de violencia. 2012 también fue el año del fallo conocido como F.A.L, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el aborto de un embarazo producto de cualquier violación no es punible, independientemente de la salud mental de la persona gestante. Para que el aborto sea legal aún nos quedaba casi una década de armar redes, encuentros y luchas.
Un año antes de que me llegara ese mail de Fernanda, yo había empezado a estudiar secreto profesional y denuncias de aborto. En una capacitación sobre el “Programa de Salud Sexual y Reproductiva” que el ministerio de Salud de la Nación vino a hacer a Tucumán, conocí a las psicólogas del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes (la Maternidad, como le decimos en Tucumán). A propósito de que yo cuestioné que Tucumán fuera una de las dos provincias que no había adherido a la ley 25.673, que asegura el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, se me acercó Silvia Landaburu, la jefa del Servicio de Salud Mental de la Maternidad y nos pusimos a charlar sobre confidencialidad, derechos y violencias de género dentro de la estructura hospitalaria.
Esa primera conversación derivó en encuentros con mates en el sexto piso de la Maternidad junto a otras psicólogas que también querían saber cuáles eran los derechos que tenían sus pacientes. Ellas veían situaciones injustas, malos tratos y a veces objeciones de conciencia violentas que estaban naturalizadas en la atención de aborto. Ellas querían saber y yo quería que supieran de los fallos de “Natividad Frías” (un plenario de Cámaras Penales de 1966 que declaró la nulidad de una investigación de aborto iniciada con la denuncia médica) y “Baldivieso” (cuando la Corte Suprema de la Nación anuló una condena de narcotráfico en una causa también iniciada con la violación del secreto médico). Quería contarles de la Recomendación N° 24 de la CEDAW, “La mujer y la salud” (1999) que, entre otras muchas cosas pide “dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual” y que “debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”. Y, sobre todo, quería que pensemos juntas por qué si había una ley, la 26.529, que reconocía los derechos de las pacientes a la confidencialidad, la intimidad, el trato digno, la información y el respeto por la autonomía, no se estaba cumpliendo con las mujeres que abortaban. Nos juntamos varios viernes, intercambiamos opiniones, risas, pero también angustias: ellas me contaron de las pacientes «fundidas», así les llamaban a las mujeres que llegaban con abortos sépticos, con miedo a ser denunciadas y cómo eso les podía costar la vida. Hablábamos de la angustia de ser pobre, porque las muertas por complicaciones por aborto siempre fueron las pobres. En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban.
Volviendo a aquel enero de 2012, el mail de Fernanda me contaba la historia de una joven de 26 años, con 3 hijos que, al llegar a la Maternidad de Tucumán con dolores abdominales y una ginecorragia, había sido denunciada por las dos médicas que la atendieron: la jefa de Guardia, Claudia Callejas, y la residente Alejandra Berenguer. Además, le habían practicado un legrado sin anestesia, quizás como una forma sanitaria de castigo. Por suerte estaban ahí Fernanda, Daniela y Lourdes, las psicólogas que la atendieron. Ellas hicieron ese mismo día una nota escrita a la Dirección denunciando la violencia obstétrica y como la abogada, Daniela De Francesco, dijo en su dictamen que «era legal» lo que había pasado, ellas le dieron mi contacto porque temían que fuera procesada. Fue muy importante la intervención del Servicio de Salud Mental en este caso para evitar que se silenciaran estas prácticas, no sólo para acercarle un derecho a la paciente.
En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban.
Al día siguiente me contactó ella, María Magdalena. Nos encontramos en mi estudio. Ella estaba aterrada: temía ir presa, temía morir, temía por sus familiares. Como pudo y a borbotones me explicó que ella no sabía que estaba embarazada, que “se cuidaba” y que cuando empezó a sangrar fue con su mamá y su esposo a la Maternidad para que la ayudaran. No comprendía por qué la habían acusado y mucho menos por qué los policías la habían interrogado en la sala de partos. Tampoco comprendía por qué razones le habían dicho, en medio de su legrado, que si moría de una infección su marido “no le llevaría ni flores a la tumba”. No comprendía por qué quienes debían atenderla, la maltrataron.
Tomé su defensa al mes siguiente, en febrero de 2012 y conseguí su absolución recién en septiembre de 2015. Si: ella estuvo procesada por “aborto provocado” en Tucumán, pero no estuvo presa porque, a diferencia de Belén, ella tuvo una abogada feminista.
Por supuesto que María Magdalena no es el nombre real. Elegí llamarla así porque la María Magdalena de la Biblia fue estigmatizada por puta. Quisieron apedrearla y al final de la historia estuvo al pie de la crucifixión de Jesús y hasta se le atribuye un evangelio gnóstico. Es fácil pensar que incomodaba porque era una mujer con poder.
Yo estaba terminando de cursar mi Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas en Flacso y nunca había defendido a una mujer criminalizada por aborto. Podía imaginar que no sería fácil. Lo que no imaginé es que sería tan difícil encontrar justicia para ella.
Junto a mi equipo, denunciamos la violación del secreto profesional y las violencias obstétricas institucionales que sufrió María Magdalena. El Fiscal Arnoldo Suasnábar archivó la causa 2 meses después: sostuvo que “frente a maniobras abortivas es correcto hacer la denuncia” y remató su misoginia con clasismo al afirmar que “en el ámbito público, la relación médico-paciente es no formal”. De esta forma, el racismo judicial desbloqueaba otro nivel de discriminación y daño: el de habilitar que quienes reciben atención médica en sanatorios privados gozaran de todos los derechos que la Ley 26.529 le reconocía a los pacientes, y quienes iban al hospital –esas “menesterosas” de las que en 1966 hablaba el Plenario “Natividad Frías”- no tenían ninguno. Palabras más, palabras menos, el Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria.
Esa decisión del Ministerio Público Fiscal fue confirmada por el Juez de Garantías, la Cámara de Apelaciones Penal —que ya no existe— y la Corte Suprema de Justicia tucumana. Este último Tribunal incluso me mandó a estudiar considerando que la perspectiva de género no decide nada en estos casos, sino que es el derecho penal el que manda. Esa sentencia me hizo saltar las lágrimas porque podía leerse como intertexto: lo que le pasó a María Magdalena no le interesaba a nadie.
El Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria.
Impugné esa decisión judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 27 de febrero de 2020 esta corte ordenó el desarchivo para que se investiguen las violencias de género que había sufrido María Magdalena y que el silencio judicial quería mantener en secreto. Ordenó además que se investigue por violación de secreto profesional y violencias a Claudia Callejas y Alejandra Berenguer.
En el medio conocí a la periodista Mariana Carbajal, quien escribió todas y cada una de las notas que no dejaron morir el caso. También fundamos una ONG feminista, Mujeres X Mujeres, desde donde defendemos los derechos de todas las mujeres, también los de las mujeres que abortan. Y escribí, junto a Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte el libro “Jaque a la Reina” (2014) donde contamos la historia de María Magdalena y revelamos que muchas de las 532 causas de aborto que tenía Tucumán entre 1992 y 2012 eran producto de la violación de la confidencialidad y el secreto profesional, pero ambos estaban naturalizados en casos de emergencias obstétricas. Un libro que, al parecer, nadie leyó, porque sino, Belén no hubiera estado presa ni un día.
El 5 de Abril de 2020, después de 11 años, el fiscal regional de Tucumán Mariano Fernández pidió la elevación a juicio oral de Claudia Callejas por el delito de violación de secreto, y el sobreseimiento de la residente Alejandra Berenguer por considerar que actuó bajo las órdenes de Callejas.
Hoy María Magdalena tiene 40 años y no es la misma. Yo tampoco soy la misma porque, a diferencia de lo que pasaba entonces, ya no me señalan de modo juicioso, ni me tildan de militante y, aunque lo hicieran, lo que antes me despertaba temor, hoy es un motivo de orgullo. Esta es una causa que antes del juicio ya tiene cuatro sentencias de la Corte local. Una clara expresión de las resistencias judiciales para investigar las violencias que denuncian las mujeres. En este contexto, no es un dato menor que esclarecer la verdad en un caso de violencia de género te lleve 14 años de litigio.
María Magdalena fue el principio de mi segunda vida como litigante: antes fui abogada de Bancos y me dedicaba, en un estudio muy reconocido de Tucumán, al derecho privado.
Catorce años después, no sé a ciencia cierta si los operadores de la salud comprenden del todo cómo funciona su obligación de guardar secreto, ni sus compromisos legales y éticos con la intimidad de sus pacientes, porque además del juicio que comienza esta semana, el 13 de mayo próximo defenderé en Tribunales a Eva, una joven de 18 años que fue acusada de “homicidio agravado” luego de un parto en avalancha dentro del Hospital de Famaillá, después de que le diagnosticaran una “lumbalgia” y mientras la medicaban. La duda sobre cuánto de crueldad y cuánto de ignorancia tiene el personal de salud que la denunció y la Fiscalía que le pidió la prisión preventiva siempre está dando vueltas. Cuesta digerir el uso del poder más descarnado, con tanta obscenidad. La Campaña por el Aborto Legal, el Socorrismo, el Niunamenos, la Red de Profesionales y las distintas redes que los feminismos supirmos construir estos últimos años sacaron del closet la decisión de abortar. Porque abortar se abortó siempre, la injusticia es en qué condiciones. Y son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir. Hoy, frente al desguace de los recursos y las políticas, más que nunca.
Son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir.
Lo que si sé y no me deja ninguna duda, es que este 27 de abril existe una oportunidad histórica para que el Poder Judicial de Tucumán cierre un capítulo funesto para las mujeres y condene la denuncia de aborto como lo que verdaderamente es: un delito imperdonable que sólo se comete contra mujeres pobres.
La entrada Juicio al poder médico se publicó primero en Revista Anfibia.
En la licitación para la concesión por 20 años del corredor de la autopista Ricchieri, el Gobierno corrió de competencia a la estatal bonaerense Aubasa y, de las 11 ofertas en pugna, dejó en carrera a seis. Entre ellas, sorprendió la presencia de CPC, de Cristóbal López.
Dentro de las licitaciones de la Red Federal de Concesiones que Toto Caputo pretende tener adjudicadas antes de mitad de año, la constructora del empresario patagónico vinculado al kirchnerismo también pasó el filtro para el tramo de la Ruta Nacional 5 que conecta el oeste bonaerense con Santa Rosa, La Pampa.
Según se desprende del dictamen de preclasificación al que tuvo acceso LPO (ver abajo), las ofertas de CPC -que hizo de manera conjunta con Clear Petroleum- fueron admitidas pese a la medida cautelar informada respecto de esa firma. Para el aval, se citó la sentencia que declaró concluido el concurso preventivo.
Distinta fue la consideración que tuvieron en el Ministerio de Economía con Aubasa, a la que objetaron argumentando que la documentación de la estatal bonaerense «da cuenta de tareas de operación, pero no acredita la ejecución material de obras con recursos y estructura propia, en los términos exigidos por el pliego».
En el Gobierno aducen que ese requisito apunta a que se trate de una empresa que ejecute efectivamente las obras por sí misma y no de contratistas que las tercericen. También, acusaron que la oferta de Aubasa presentó un «incumplimiento de los requisitos económico-financieros».
Caputo amenaza con una purga en Transporte si no se concesionan todas las rutas antes de julio
Pero en la administración de Axel Kicillof hablan de una «exclusión arbitraria». La empresa estatal que comanda el massista José Arteaga refutaron los argumentos de la Secretaría de Transporte nacional y marcaron que Aubasa «viene ejecutando un plan de obras inédito en sus rutas de concesión actual»
Sobre el aspecto económico-financiero, en la Provincia acusaron «deficiencias metodológicas y omisiones relevantes en la evaluación», incluyendo la falta de consideración de documentación «presentada en tiempo y forma» por la empresa, así como «la ausencia de una fundamentación clara de los criterios utilizados».
En el sector miran con atención el avance en esta licitación de la constructora de Cristóbal López y lo leen como señales de un diálogo abierto entre el gobierno libertario y el dueño del Grupo Indalo.
«Se observa una posible afectación al principio de igualdad de trato, en tanto se habría aplicado a Aubasa un criterio más restrictivo que el utilizado respecto de otros oferentes», denunciaron en la empresa estatal bonaerense que presentó una impugnación que puede generar una dilación del proceso licitatorio de esta etapa.
En el sector miran con atención el avance en esta licitación de la constructora de Cristóbal López y lo leen como señales de un diálogo abierto entre el gobierno libertario y el dueño del Grupo Indalo.
En esa clave hay quienes también observan las negociaciones que encaran con Milei Ricardo Benedicto, Manuel Lao y Federico de Achával para traspasar por decreto los barcos casino y el Hipódromo de Palermo a la órbita nacional, como reveló LPO.
Sucede que Benedicto es quien le compró a Cristóbal López su participación en los casinos en una operación que aún no terminó de saldarse.
En el caso del corredor de la Ricchieri, la constructora del empresario patagónico competirá con las ofertas de Roggio-Chediack; Creditch-Ceosa; Panedile-Supercemento-Eleprint; Vial Agro-Fontana Nicastro y Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco. Entre las descartadas, además de Aubasa, figuró Sacde, de Marcelo Mindlin.
