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EL INTA SUSPENDE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE AGROTÓXICOS EN ARGENTINA

Tras censurar la reunión informativa del proyecto SPRINT que iba a realizar la investigadora Virginia Aparicio sobre los resultados del mapeo biológico humano en pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, el INTA decidió intempestivamente suspender todas las actividades que involucran al SPRINT en su capítulo argentino, ante la gravedad de los datos que surgen de la investigación y que pretende ocultar.

El INTA (Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria) continúa un derrotero de ocultamiento deliberado y malicioso de los datos que surgen del mapeo biológico humano realizado en pueblos fumigados de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del proyecto SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global) sobre los impactos de los agrotóxicos en la salud humana y el ambiente, subvencionado por la Unión Europea.

Tras censurar a la investigadora Dra. Virginia Aparicio y su equipo de investigación – responsable de SPRINT Argentina en representación del INTA – con la cancelación de la reunión informativa del 21 de Junio de 2023 en la que se iba a presentar públicamente un informe sistematizado de los resultados de la biomonitorización, el INTA – el 5 de Julio de 2023 – volvió a arremeter al suspender el proyecto en su capítulo argentino, que el propio organismo aprobó  por resolución el 29 de Mayo de 2020. 

Además en la inteligencia de una directriz persecutoria ordenó el inicio de un sumario administrativo por el cual la responsable del proyecto SPRINT por la Argentina, Dra Virginia Aparicio, debe elaborar un informe detallado de las actividades desarrolladas hasta el momento, conteniendo toda la información “comprometida” y explicitada en el documento del Proyecto para el caso de estudio Buenos Aires Argentina.

El argumento central para suspender el proyecto SPRINT, según se desprende de los fundamentos de la resolución administrativa firmada por Marino Dante Garmendi, Presidente del Consejo Directivo del INTA, es que las autoridades nacionales del organismo no comprendieron debidamente (sic) que el Acuerdo de Subvención de la UE, incluía dentro de los workpacakages y actas complementarias del SPRINT un estudio sobre las implicancias de los agrotóxicos en personas humanas.

De hecho, el protocolo del estudio de investigación que involucra 10 países de la Unión Europea y la Argentina, fue publicado en una revista científica Plos One bajo el titulo “Collection of human and environmental data on pesticide use in Europe and Argentina: Field study protocol for the SPRINT project“. 

En el trabajo publicado y que obra en el repositorio del SPRINT en su página oficial se apunta con total transparencia que “se presenta un protocolo de estudio destinado a determinar la presencia y los niveles de residuos de productos fitosanitarios en plantas (cultivos), animales (ganado), seres humanos y otras especies no objetivo (representantes del ecosistema) para la modelización de la exposición y la evaluación del impacto.” Se agrega que “para lograrlo, diseñamos un estudio transversal para comparar los sistemas agrícolas convencionales y ecológicos de toda Europa. Durante la temporada de cultivo de 2021 se han recogido o se recogerán muestras medioambientales y biológicas en 10 lugares de Europa.”

Respecto de nuestro país se apunta que “un lugar de estudio adicional en Argentina informará sobre el impacto del uso de productos fitosanitarios en el cultivo de soja, que es una importante fuente europea de proteínas para la alimentación animal. Estudiaremos el impacto de las mezclas de productos fitosanitarios utilizando una metodología integrada de evaluación de riesgos. Se controlará el destino de los productos fitosanitarios en los medios ambientales (suelo, agua y aire) y en los hogares de los agricultores.” Finalmente se detalla que esto se complementará con biomonitorización para estimar la absorción de PPP por humanos y animales de granja (vaca, cabra, oveja y pollo).”

Está claro, que ante los resultados de la biomonitorización del capítulo Argentino del SPRINT (relacionados con la población humana que vive en los pueblos fumigados del sur de la Provincia de Buenos Aires) que muestran como nunca antes el nivel de impacto de los agrotóxicos en la salud humana – evidenciando una situación de riesgo de daño grave – tanto por la exposición directa (en el aire que se respira) como indirecta (en el agua y alimentos que se consumen) de la población de los pueblos fumigados a dichas sustancias, el INTA Nacional – atento a su vinculación orgánica histórica con el Agronegocio – procura por todos los medios desentenderse del SPRINT, observando con rigor formalista los procedimientos del estudio y alegando que se trata de un materia que no es de su incumbencia, sic, con el evidente objetivo de ocultar los resultados alarmantes que presenta el mismo. 

Ante los resultados de la biomonitorización del capítulo Argentino del SPRINT que muestran como nunca antes el nivel de impacto de los agrotóxicos en la salud humana tanto por la exposición directa como indirecta de la población de los pueblos fumigados a dichas sustancias, el INTA Nacional procura por todos los medios desentenderse del SPRINT

UN LOOP

El INTA Nacional al focalizar y poner en observación las formas del Estudio e implementar solapadamente un mecanismo persecutorio con la cancelación de una reunión informativa, y pedidos de informes, explicaciones y aclaraciones; repite una lógica de facto que se da siempre cuando se presentan estudios, trabajos científicos o relevamientos sanitarios o ambientales en marcos institucionales que evidencian los impactos de los agrotóxicos en la población humana y el Ambiente.

Fue lo que ocurrió con el cientifico Andrés Carrasco – investigador del CONICET – cuando en el año 2009 adelantó los resultados de su investigación sobre los efectos teratogénicos del Glifosato, lo que le valió una cancelación y una campaña de desprestigio por parte de las autoridades del CONICET (en ese momento a cargo de Roberto Salvareza) en su carrera de 30 años como investigador científico.

Lo mismo sucedió con el médico, docente e investigador Medardo Avila Vasquez – fundador de la Red de Médicos/as de Pueblos Fumigados de la Argentina – cuando mostró los resultados del relevamiento sanitario en la localidad de Monte Maíz (Córdoba) – construido colectivamente con la población – en el año 2014. En ese caso, el rector de la Universidad Nacional de Cordoba, Juan Marcelo Conrero, solicitó un sumario administrativo y sanción contra Avila Vasquez por considerar que el estudio carecía de asidero científico y que además no había sido autorizado por la alta casa de estudios.

En ambos casos, al igual que la Dra. Virginia Aparicio, en una muestra de ética científica ejemplificadora, no se guardaron ni retrasaron ni manipularon temporalmente los datos, todo lo contrario, los pusieron a disposición de las personas involucradas como de la sociedad en general, antes de la publicación de los respectivos papers, para que se tome conocimiento sin demoras y sin intermediarios de una información significativa que nos habla de una emergencia sanitaria y ambiental.

LOS DATOS DEL SPRINT QUE ACREDITAN EL DAÑO GRAVE QUE REPRESENTA EL AGRONEGOCIO CON EL USO DE AGROTÓXICOS

Como ya se adelantó, en sangre, el total de participantes argentinos/as en el proyecto SPRINT, capitulo argentino presentó un rango de 2 a 10 agrotóxicos y la suma de concentraciones individuales estuvo entre 0,16 y 189,4 μg/L. Los agrotóxicos con mayor presencia en sangre en los 22 casos conocidos son: Bromoxynil (19), Fipronil Sulfone (16), Pirimicarb (15) y Clorpirifos (13). 

El Pirimicarb es considerado probable cancerígeno por la EPA.  Fue hallado en 11 alimentos en los controles del SENASA entre  los años 2017 y 2019 en toda la Argentina. Por su lado el Fipronil Sulfone y el Bromoxynil están catalogado ambos como posible carcinógeno humano y alterador hormonal-categoría 2.  Ninguno de los dos fue detectado como residuo en los alimentos en los controles del SENASA en el periodo indicado más arriba. El Fipronil Sulfone y el Clorpirifos si bien hoy están prohibidos, al momento del relevamiento del SPRINT, estaban autorizados.

A su vez, en orina, el rango fue de 6 a 13 agrotóxicos y la suma de concentraciones individuales osciló entre 3,0 y 92,5 μg/L. Los agrotóxicos con mayor presencia en orina en los 22 casos conocidos son: 2,4-d (19), Glifosato (18) y como metabolito Ampa (17).  Por último, en materia fecal, el rango fue de 0 a 18 agrotóxicos con concentraciones individuales que se ubicaron entre 0 y 759,4 μg/Kg. Los agrotóxicos con mayor presencia en materia fecal en los 22 casos conocidos son: Glifosato (21), Fipronil Sulfone (16), Deltametrina (10), Lambdacialotrina (10), Folpet (7) y Clorpirifos (7). 

Cuando hablamos de agrotóxicos en la sangre, eso significa que estas sustancias ya se encuentran en el sistema interno del cuerpo humano en un tejido celular esencial, lo cual, desde una perspectiva jurídica argumental, el riesgo de daño se acrecienta exponencialmente.

RESPIRAR AGROTÓXICOS

A su vez se analizó la matriz ambiental: el aire que se respira en los pueblos fumigados. Concretamente se encontraron de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras que se les colocó durante una semana a cada persona voluntaria del proyecto SPRINT (las pulseras capturaron las moleculas de agrotóxicos presentes en el ambiente). La suma de concentraciones individuales de los participantes argentinos/as (en su totalidad) estuvo entre 8,1 y 3.393,6  μg/Kg de agrotóxicos en el aire.

Los agrotóxicos con mayor presencia en el aire en los 22 casos conocidos de personas voluntarias del proyecto SPRINT Argentina fueron: Metolachlor (20), Atrazine (19), Azoxystrobin (16), Piperonyl butoxide (16), Fipronil (18), Fipronil sulfone (16), Propoxur (14), Prochloraz (12), Carbendazim (12), Trifloxystrobin (11).

COMER AGROTÓXICOS

El proyecto Sprint capítulo argentino, también contempló un sub-grupo comprendido por consumidores/as, respecto del cual se analizaron sus alimentos de consumo. El total de participantes argentinos y argentinas presentó una exposición de agrotóxicos en un rango de 6 a 22 plaguicidas en las muestras de alimentos. La suma de concentraciones individuales estuvo entre 10,9 y 238,6 μg/Kg.

Los resultados muestran una concordancia con la cantidad de agrotóxicos detectados en 48 alimentos en los controles oficiales del SENASA entre los años 2017 y 2019 en toda la Argentina, que presentaron un rango de detección 1 a 37 agrotóxicos en frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas.

Fotos: Pablo Piovano
Fuente: Naturaleza de derechos

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  • El río que arrasa

     

    Un hecho ocupa prácticamente toda la agenda política en Argentina. Hace poquitos días se filtraron unos audios y, a cuentagotas, la filtración continúa. El titular -hasta ese entonces- de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, relataba un procedimiento de pedidos de coimas en su área que involucran a la secretaria general de la Presidencia – El Jefe, la todopoderosa hermana del Presidente-, Karina Milei. Y también a su principal espada política, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Además, Spagnuolo afirmaba haber puesto en conocimiento al mismísimo presidente Javier Milei. El hombre que habló, se supo, no es un cualquiera: abogado personal del mandatario y una de las personas con mayor cantidad de ingresos registrados a la residencia presidencial a lo largo de todo el año.

    El gobierno no ha tenido ninguna postura oficial al respecto. A lo sumo, en el marco de una entrevista, minimizando el hecho, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestó: “A Milei no le gusta la plata”.

    Tras esta introducción, quisiera proponer dos afirmaciones. Una, que esta crisis tiene manifestaciones que la ubican como un fenómeno de gravedad. Dos, que, aunque se intente minimizar el hecho por parte del gobierno nacional, no sólo estamos en una crisis, sino en tres tipos de crisis superpuestas.

    Vamos por partes: ¿Por qué creo que hay una crisis grave? Por una serie de elementos concretos que aparecen y son típicos de una crisis en esa instancia:

    # Porque hay incertidumbre transversal. No solo no sabemos los ciudadanos y la prensa, sino que el mismo poder no sabe qué puede pasar. No controla la información del posible denunciante, ni sus pasos. La incertidumbre del propio sujeto en crisis es un acto de gravedad que quita capacidad a una organización de reducir o prever los factores de riesgo respecto del futuro.

    # Porque están cuatro de las principales instancias de repercusión presentes: a)   hay implicancias judiciales-penales en el nivel más alto; b)  hay afectación potencial significativa de la reputación pública de los implicados; c) hay implicancias económicas derivadas -si la crisis empeora-, justo en un contexto de preocupaciones múltiples en esa esfera; d)  la afectación máxima de una crisis política grave es la posibilidad cierta de la pérdida del cargo de uno o más actores que padecen la crisis -y de ello se habla o especula mucho-.

    # Porque hay cambio de algo a lo que acostumbrábamos: hay silencio en un gobierno que grita y satura la agenda como práctica cotidiana. Como un oxímoron, aturde el silencio.

    # Porque no hay “momento cero” de las crisis (es un acto de amateurismo, pero también de shock). La crisis no se inauguró oficialmente desde ningún acto de habla oficial. No hay reconocimiento del hecho anómalo, disfuncional y disruptivo, sólo rumores. Esto, cuando convive con elementos objetivos que permitan suponer que efectivamente se trata de una crisis, es un acto de negación y, por ende, también de agravamiento porque solo se instalan encuadres adversos, no oficiales. Parece un chiste, pero salvo la expresión citada del Jefe de Gabinete, no hay ni un solo encuadre que puje con la negatividad instalada.

    Pasemos a la segunda cuestión. ¿Por qué creo que no se trata de una sola crisis, sino que estamos en presencia de tres tipologías de crisis que se dan simultáneamente?

    Porque hay elementos que permiten sostener la idea de “policrisis” como combinación de tres o más riesgos que se superponen, que son inminentes en su escalada, además de imposibles de separar y tratar de forma aislada.

    Este concepto se volvió relevante en los últimos años tras la pandemia, especialmente en espacios como el Foro Económico Mundial cuando lo incorporó en su “Informe de Riesgos Globales” del 2023. Busca capturar la interconexión, simultaneidad y sinergia negativa de múltiples crisis que pueden sucederse en un mismo tiempo. Aunque está pensado a niveles de catástrofes globales, su analogía es perfectamente aplicable a las crisis políticas que se desatan por un tema y, como un río desbordado, torrentoso, arrasa con todo, arrastrando sedimentos que estaban abajo, en agua sucia y oscura.

    Entonces creo (y sólo eso, creo), en base a una enorme cantidad de estudios que he analizado en todo el país que, con el tema de la discapacidad, el gobierno estaba sufriendo un tipo de crisis que se llama crisis de decepción de gestión. 

    Para este recorrido analítico no quiero dejar de destacar el peso conceptual e inspirador de Otto Lerbinger, especialmente en su obra “The crisis manager. Facing Disasters, Conflicts, and Failures”. Una obra trascendental para entender y estimular la creación de categorías para la gestión de la comunicación de crisis.

    Esta tipología de crisis asociada a la decepción suele estar motorizada por la falta de información, la subestimación, la negación y el ocultamiento. Suele derivarse de una falsa imagen con altas expectativas creadas. Y sí, eso genera incongruencias. Y eso, a su vez, desengaños.

    Por la dinámica característica en que se da, hace que la crisis: 1) Se juegue en el terreno de la falta moral o el descontento. No en el castigo unánime; 2) Desde hechos incongruentes con las promesas (“me mintieron”); 3) Desde hechos incongruentes con el estilo (“no esperaba eso” –como atípico-; “no esperaba eso”, “eso no, no lo acepto, no me gusta”; “son todos iguales”).

      Pero la decepción de la gestión lleva tiempo. No es de un momento a otro. Implica un descenso sostenido en la desilusión que es lo que venía sucediendo en un gobierno que tiene diferencial negativo consolidado (más desaprobación que aprobación en su gestión).

      Pero apareció lo impensable: un escándalo de gran magnitud que acelera a todo motor la crisis y la transforma en otra categoría: en una crisis de conductas desviadas. Esto produce indignación frente a conductas maliciosas, fraudulentas. Se sustenta en hechos flagrantes de corrupción. 

      Ahí todos te juzgarán porque se produce una ruptura de un valor o de una regla central en la sociedad que se tenía como regla inviolable. En este caso, “con la discapacidad no”.

      Para colmo, el actual gobierno argentino se jactó pretenciosamente de ser distinto, de no ser casta, de no ser corrupto.  Y esta moralidad quebrada, se da en un gobierno que venía con el pecho inflado a proponer batallas culturales del bien contra el mal. Y la discapacidad es un tema demasiado sensible para ensuciarla.

      Para colmo, el actual gobierno argentino es tildado de cruel, de regocijarse del dolor humano en el marco de ajustes económicos muy difíciles de argumentar (al menos socialmente).

      Para colmo, el actual gobierno argentino ha tenido episodios de represión a personas discapacitadas en las protestas.

      Para colmo, este gobierno ha tenido episodios que hacen ver como objetos intrascendentes a las propias falacias argumentales (como entidad lógica), transformando argumentos y evidencias en verdaderos actos de fake news a cielo abierto. Por ejemplo, cuando contó que se habían dado pensiones por discapacidad mostrando imágenes de radiografías truchas (de perros), información falsa de la que nunca se retractó.

      Entonces todo, pero absolutamente todo, pasa a ser un juicio cuádruple, incontrolable y a tiempo real: 

      •       Juicio público ciudadano;

      •       Juicio en el ámbito político por los actores de la oposición;

      •       Juicio mediático y periodístico;

      •       Juicio formal -en la faz judicial propiamente dicha-.

      A todo esto se le suma otra situación que es dramática y está entrando -como una crisis que iba por otro carril, autónoma- por el terreno de la tipología de crisis llamada crisis de mala gestión, asociada a la terrible cantidad de personas fallecidas por la adulteración del fentanilo (casi 100 personas, por ahora).

      Estas crisis se centran en principios de gestión violados. En no ejecutar procedimientos adecuados o acciones correctivas no tomadas. Estas crisis están cerca de la no actuación o de la muy mala actuación. Aquí hay responsabilidades concretas derivadas de la mala decisión o la no decisión que hubiera correspondido tomar.

      Las motoriza el no control, la no jerarquía (o ausencia de ella, o ausencia de jerarquía desinteresada, alejada, no comprometida con la gravedad), y el no feedback (no reacciono, no escucho, no me hago cargo). Y en este terreno, entran en juegos más de un área. Se desnudaron internas polémicas entre ministerios, malas respuestas públicas, llanto de un ministro, contradicciones, y una larga lista de etcéteras.

      Este tipo de crisis sí generan un agravamiento mientras más se explicite el error o la falta y se localice el foco de la responsabilidad. Es decir, las pruebas y la evidencia las consolidan en su andar.

      Paradojalmente, la única carta a favor que tiene el gobierno, aunque les afecte, es la cercanía electoral. En crisis, es muy fuerte la evidencia empírica de que la cercanía electoral produce impactos menores en las consecuencias de quienes padecen la crisis.

      Pero, continuando con la idea de “policrisis”, tampoco son sólo estas los episodios polemizantes que están dando vueltas en la agenda argentina. Porque toda crisis, si lo es, para extinguirse, depende necesariamente de dos tipos de clausuras: a) clausura operativa (mitigar, solucionar, asistir, ayudar) y b) clausura política (el acto de justicia, la responsabilidad). Y ello no se está dando en ningún caso. Todo es saturar, negar, desviar, patear para adelante.

      Hay otras crisis que no se habían clausurado antes. El caso de Libra, la mega estafa internacional en moneda cripto, está abierta. Hay denuncias en varios hechos que involucran el apellido Menem, financiamiento partidario cuestionado, sólo por citar algunos hechos. Todo, en medio de un contexto de importantes derrotas en el Congreso que acaba de sufrir el gobierno.

      Puede que muchos datos de esta columna queden viejos mañana. Esa es la dinámica de las crisis. Lo que seguro, pero seguro no se irá, es la incertidumbre. Es la esencia de cualquier crisis.

      La entrada El río que arrasa se publicó primero en Revista Anfibia.

       

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      LA NUEVA CARA DEL AJUSTE: Quién es Alejandro Cacace, el nuevo Secretario de Desregulación en la cartera de Sturzenegger

       

      Reemplazará al saliente Martín Rossi.

      Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

      Se publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto 644/2025, mediante el cual, con las firmas de Milei y Federico Sturzenegger, el gobierno confirmó que Alejandro Cacace será el nuevo secretario de Desregulación, en reemplazo del saliente Martín Rossi.

      Sturzenegger, el verdadero hacedor de la motosierra en el Estado, señalado por llevar adelante miles de desregulaciones que dejaron sin controles y ni eficiencia al Estado (fentanilo y pasaportes inservibles por solo nombrar un par de ejemplos recientes) se apoyará ahora en el hasta entonces subsecretario de Reformas Estructurales, quien había sido designado en dicho puesto en diciembre pasado.

      Abogado puntano, Cacace es un referente del radicalismo de su provincia desde que asumió como presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de San Luis en 2011, a la edad de 25 años.

      En el ámbito legislativo, fue diputado provincial en San Luis (dos mandatos: 2013-2017 y 2017-2019) y presidente del bloque Cambiemos en la Legislatura. Posteriormente fue diputado nacional por San Luis (mandato 2019–2023).

      Mientras era diputado nacional, se pidió licencia en su cargo docente en la Universidad de San Luis, aunque tuvo la precaución de que sea «con» goce de haberes (el sueldo de diputado no le alcanzaba). De esos que buscan destruir al Estado pero se la rebuscan siempre para vivir de él.

      Formado en la Universidad de Córdoba, se lo refiere como cercano a figuras del espacio Evolución como Rodrigo De Loredo y con actividad legislativa en comisiones económicas y de presupuesto.

       

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    2. Agentes municipales se capacitarán en Lengua de Señas Argentinas

      A partir del 6 de agosto, agentes municipales de todas las dependencias iniciarán el primer curso de Lengua de Señas Argentinas con el fin de eliminar barreras en la comunicación. El taller LSA será dictado por el instructor Marcelo Iván Salgado de la Fundación Sordos Comahue. Esta capacitación responde a la necesidad de implementar políticas…

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      TAMBALEAN PERO NO SUCUMBEN

      Año tras año la educación pública va resquebrajándose en sus cimientos; gobierno tras gobierno se la amedrenta y ametralla en nuestro país de manera sucesiva hace más de dos décadas. Golpes de knock out contundentes. Sin embargo quienes la sostienen tambalean pero no sucumben, siguen pensando y trabajando desde abajo, justamente desde donde se sientan…

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