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EL INTA SUSPENDE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE AGROTÓXICOS EN ARGENTINA

Tras censurar la reunión informativa del proyecto SPRINT que iba a realizar la investigadora Virginia Aparicio sobre los resultados del mapeo biológico humano en pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, el INTA decidió intempestivamente suspender todas las actividades que involucran al SPRINT en su capítulo argentino, ante la gravedad de los datos que surgen de la investigación y que pretende ocultar.

El INTA (Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria) continúa un derrotero de ocultamiento deliberado y malicioso de los datos que surgen del mapeo biológico humano realizado en pueblos fumigados de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del proyecto SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global) sobre los impactos de los agrotóxicos en la salud humana y el ambiente, subvencionado por la Unión Europea.

Tras censurar a la investigadora Dra. Virginia Aparicio y su equipo de investigación – responsable de SPRINT Argentina en representación del INTA – con la cancelación de la reunión informativa del 21 de Junio de 2023 en la que se iba a presentar públicamente un informe sistematizado de los resultados de la biomonitorización, el INTA – el 5 de Julio de 2023 – volvió a arremeter al suspender el proyecto en su capítulo argentino, que el propio organismo aprobó  por resolución el 29 de Mayo de 2020. 

Además en la inteligencia de una directriz persecutoria ordenó el inicio de un sumario administrativo por el cual la responsable del proyecto SPRINT por la Argentina, Dra Virginia Aparicio, debe elaborar un informe detallado de las actividades desarrolladas hasta el momento, conteniendo toda la información «comprometida» y explicitada en el documento del Proyecto para el caso de estudio Buenos Aires Argentina.

El argumento central para suspender el proyecto SPRINT, según se desprende de los fundamentos de la resolución administrativa firmada por Marino Dante Garmendi, Presidente del Consejo Directivo del INTA, es que las autoridades nacionales del organismo no comprendieron debidamente (sic) que el Acuerdo de Subvención de la UE, incluía dentro de los workpacakages y actas complementarias del SPRINT un estudio sobre las implicancias de los agrotóxicos en personas humanas.

De hecho, el protocolo del estudio de investigación que involucra 10 países de la Unión Europea y la Argentina, fue publicado en una revista científica Plos One bajo el titulo «Collection of human and environmental data on pesticide use in Europe and Argentina: Field study protocol for the SPRINT project«. 

En el trabajo publicado y que obra en el repositorio del SPRINT en su página oficial se apunta con total transparencia que «se presenta un protocolo de estudio destinado a determinar la presencia y los niveles de residuos de productos fitosanitarios en plantas (cultivos), animales (ganado), seres humanos y otras especies no objetivo (representantes del ecosistema) para la modelización de la exposición y la evaluación del impacto.» Se agrega que «para lograrlo, diseñamos un estudio transversal para comparar los sistemas agrícolas convencionales y ecológicos de toda Europa. Durante la temporada de cultivo de 2021 se han recogido o se recogerán muestras medioambientales y biológicas en 10 lugares de Europa

Respecto de nuestro país se apunta que «un lugar de estudio adicional en Argentina informará sobre el impacto del uso de productos fitosanitarios en el cultivo de soja, que es una importante fuente europea de proteínas para la alimentación animal. Estudiaremos el impacto de las mezclas de productos fitosanitarios utilizando una metodología integrada de evaluación de riesgos. Se controlará el destino de los productos fitosanitarios en los medios ambientales (suelo, agua y aire) y en los hogares de los agricultores.» Finalmente se detalla que «esto se complementará con biomonitorización para estimar la absorción de PPP por humanos y animales de granja (vaca, cabra, oveja y pollo).”

Está claro, que ante los resultados de la biomonitorización del capítulo Argentino del SPRINT (relacionados con la población humana que vive en los pueblos fumigados del sur de la Provincia de Buenos Aires) que muestran como nunca antes el nivel de impacto de los agrotóxicos en la salud humana – evidenciando una situación de riesgo de daño grave – tanto por la exposición directa (en el aire que se respira) como indirecta (en el agua y alimentos que se consumen) de la población de los pueblos fumigados a dichas sustancias, el INTA Nacional – atento a su vinculación orgánica histórica con el Agronegocio – procura por todos los medios desentenderse del SPRINT, observando con rigor formalista los procedimientos del estudio y alegando que se trata de un materia que no es de su incumbencia, sic, con el evidente objetivo de ocultar los resultados alarmantes que presenta el mismo. 

Ante los resultados de la biomonitorización del capítulo Argentino del SPRINT que muestran como nunca antes el nivel de impacto de los agrotóxicos en la salud humana tanto por la exposición directa como indirecta de la población de los pueblos fumigados a dichas sustancias, el INTA Nacional procura por todos los medios desentenderse del SPRINT

UN LOOP

El INTA Nacional al focalizar y poner en observación las formas del Estudio e implementar solapadamente un mecanismo persecutorio con la cancelación de una reunión informativa, y pedidos de informes, explicaciones y aclaraciones; repite una lógica de facto que se da siempre cuando se presentan estudios, trabajos científicos o relevamientos sanitarios o ambientales en marcos institucionales que evidencian los impactos de los agrotóxicos en la población humana y el Ambiente.

Fue lo que ocurrió con el cientifico Andrés Carrasco – investigador del CONICET – cuando en el año 2009 adelantó los resultados de su investigación sobre los efectos teratogénicos del Glifosato, lo que le valió una cancelación y una campaña de desprestigio por parte de las autoridades del CONICET (en ese momento a cargo de Roberto Salvareza) en su carrera de 30 años como investigador científico.

Lo mismo sucedió con el médico, docente e investigador Medardo Avila Vasquez – fundador de la Red de Médicos/as de Pueblos Fumigados de la Argentina – cuando mostró los resultados del relevamiento sanitario en la localidad de Monte Maíz (Córdoba) – construido colectivamente con la población – en el año 2014. En ese caso, el rector de la Universidad Nacional de Cordoba, Juan Marcelo Conrero, solicitó un sumario administrativo y sanción contra Avila Vasquez por considerar que el estudio carecía de asidero científico y que además no había sido autorizado por la alta casa de estudios.

En ambos casos, al igual que la Dra. Virginia Aparicio, en una muestra de ética científica ejemplificadora, no se guardaron ni retrasaron ni manipularon temporalmente los datos, todo lo contrario, los pusieron a disposición de las personas involucradas como de la sociedad en general, antes de la publicación de los respectivos papers, para que se tome conocimiento sin demoras y sin intermediarios de una información significativa que nos habla de una emergencia sanitaria y ambiental.

LOS DATOS DEL SPRINT QUE ACREDITAN EL DAÑO GRAVE QUE REPRESENTA EL AGRONEGOCIO CON EL USO DE AGROTÓXICOS

Como ya se adelantó, en sangre, el total de participantes argentinos/as en el proyecto SPRINT, capitulo argentino presentó un rango de 2 a 10 agrotóxicos y la suma de concentraciones individuales estuvo entre 0,16 y 189,4 μg/L. Los agrotóxicos con mayor presencia en sangre en los 22 casos conocidos son: Bromoxynil (19), Fipronil Sulfone (16), Pirimicarb (15) y Clorpirifos (13). 

El Pirimicarb es considerado probable cancerígeno por la EPA.  Fue hallado en 11 alimentos en los controles del SENASA entre  los años 2017 y 2019 en toda la Argentina. Por su lado el Fipronil Sulfone y el Bromoxynil están catalogado ambos como posible carcinógeno humano y alterador hormonal-categoría 2.  Ninguno de los dos fue detectado como residuo en los alimentos en los controles del SENASA en el periodo indicado más arriba. El Fipronil Sulfone y el Clorpirifos si bien hoy están prohibidos, al momento del relevamiento del SPRINT, estaban autorizados.

A su vez, en orina, el rango fue de 6 a 13 agrotóxicos y la suma de concentraciones individuales osciló entre 3,0 y 92,5 μg/L. Los agrotóxicos con mayor presencia en orina en los 22 casos conocidos son: 2,4-d (19), Glifosato (18) y como metabolito Ampa (17).  Por último, en materia fecal, el rango fue de 0 a 18 agrotóxicos con concentraciones individuales que se ubicaron entre 0 y 759,4 μg/Kg. Los agrotóxicos con mayor presencia en materia fecal en los 22 casos conocidos son: Glifosato (21), Fipronil Sulfone (16), Deltametrina (10), Lambdacialotrina (10), Folpet (7) y Clorpirifos (7). 

Cuando hablamos de agrotóxicos en la sangre, eso significa que estas sustancias ya se encuentran en el sistema interno del cuerpo humano en un tejido celular esencial, lo cual, desde una perspectiva jurídica argumental, el riesgo de daño se acrecienta exponencialmente.

RESPIRAR AGROTÓXICOS

A su vez se analizó la matriz ambiental: el aire que se respira en los pueblos fumigados. Concretamente se encontraron de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras que se les colocó durante una semana a cada persona voluntaria del proyecto SPRINT (las pulseras capturaron las moleculas de agrotóxicos presentes en el ambiente). La suma de concentraciones individuales de los participantes argentinos/as (en su totalidad) estuvo entre 8,1 y 3.393,6  μg/Kg de agrotóxicos en el aire.

Los agrotóxicos con mayor presencia en el aire en los 22 casos conocidos de personas voluntarias del proyecto SPRINT Argentina fueron: Metolachlor (20), Atrazine (19), Azoxystrobin (16), Piperonyl butoxide (16), Fipronil (18), Fipronil sulfone (16), Propoxur (14), Prochloraz (12), Carbendazim (12), Trifloxystrobin (11).

COMER AGROTÓXICOS

El proyecto Sprint capítulo argentino, también contempló un sub-grupo comprendido por consumidores/as, respecto del cual se analizaron sus alimentos de consumo. El total de participantes argentinos y argentinas presentó una exposición de agrotóxicos en un rango de 6 a 22 plaguicidas en las muestras de alimentos. La suma de concentraciones individuales estuvo entre 10,9 y 238,6 μg/Kg.

Los resultados muestran una concordancia con la cantidad de agrotóxicos detectados en 48 alimentos en los controles oficiales del SENASA entre los años 2017 y 2019 en toda la Argentina, que presentaron un rango de detección 1 a 37 agrotóxicos en frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas.

Fotos: Pablo Piovano
Fuente: Naturaleza de derechos

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  • Oleoducto Vaca Muerta Sur: la polémica licitación que YPF operó para Techint y el Gobierno no cuestionó

     

    Techint gana cuando tiene al Estado en la otra punta, ya sea de manera directa como en la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner o de manera indirecta con el oleoducto Vaca Muerta Sur, que les otorgó su ex empleado, el presidente de YPF, Horacio Marin. Pero pierde cuando tiene que competir libremente con privados, como le pasó en la licitación del nuevo gasoducto de Río Negro.

    El ministro Federico Sturzenegger desplegó una argumentación muy interesante sobre porqué es bueno para el país que Techint haya perdido la licitación privada del gasoducto de Río Negro, tras presentar una propuesta 40% más cara que la que finalmente se impuso.

    «Caños más caros es menos inversión y empleo», dijo el ministro de Desregulación, que festejó la adjudicación a la empresa india Welspun y expuso objeciones al esquema bajo el privilegiado con el que Techint pretendía quedarse con la licitación del gasoducto, una vez más gracias a la ayuda inestimable de Marin, aprovechando su sillón temporal en YPF, socia del proyecto regasificador junto a PAE y Pampa Energía. 

    «Lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego», afirmó Sturzenegger. En efecto, luego de ser derrotada por precio Marín propuso dos cosas: darle la oportunidad a Techint de presentar una nueva oferta fuera de los plazos y otorgarle el privilegio del «first refusal», posibilidad de igualar la mejor oferta y salir ganador. Una práctica habitual por hecho o derecho de Techint en las licitaciones públicas, que esta vez se chocó con la pared d elos otros socios privados del proyecto que bocharon la propuesta de Marin.

    Fracasó el lobby de Rocca: Techint perdió el gasoducto de Río Negro porque quiso cobrar un 40% más

     «Si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría «me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta». ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones», explicó Sturzenegger.

    Notable como el ministro cruzó al presidente de YPF al revelar una maniobra de Marin que hasta ese momento no era pública. Pero no tuvo la misma enjundia para cuestionar un prodecimiento muy parecido que el presidente de YPF concreto por un proyecto 15 veces más caro: el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS). 

    Si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría «me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta». ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones.

    En efecto, a finales de 2024 cuando la relación de Milei y Rocca era tan bueno que el libertario le entregó la petrolera estatal a un gerente de Techint,  Horacio Marin le adjudicó al grupo de Paolo Rocca  la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur, en el marco de una licitación cargada de polémica, esta vez por haber torcido la decisión en favor del empresario argentino.

    En aquella oportunidad, la principal competidora del conglomerado de Paolo Rocca fue la estadounidense Pumpco, subsidiaria del grupo Mastec (propiedad de los dueños del Inter Miami, club donde juega Lionel Messi), que había desembarcado en la Argentina de Milei, entusiasmada con la posibilidad de ingresar en el mercado local.

    Con lobbystas influyentes, ahora los hijos de Mas Canosa entran al mercado de la obra pública en el país de Messi

    Fuentes del sector al tanto de ese proceso señalaron a LPO que Pumpco había hecho una oferta 10% más barata que la de Techint y que, no obstante, fue descartada por el consorcio de petroleras liderado por YPF. Precisamente, una decisión contraria a los estándares defendidos por Sturzenegger este lunes.

    Pero en esa oportunidad, el Gobierno hizo silencio frente a la licitación ganada por Techint, forzado la exclusión de un grupo extranjero. Eso, a pesar de tratarse de uno de los proyectos que pidió su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) lanzado con bombos y platillos por la administración Milei. El costo total presupuestado para este oleoducto fue de USD 2.528 millones.

    Horas después de conocerse la derrota de Techint en la licitación del gasoducto de Río Negro, Marín salió a exaltar la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur que ejecuta el grupo de Rocca. En el sector lo vieron como un gesto desesperado para congraciarse con Roca, luego de las declaraciones de Sturzenegger.

    La bronca de Pumpco por perder esta licitación fue tal que le hicieron saber a Javier Milei de su cercanía a Donald Trump. No es la primera vez que los estadounidenses quedaban afuera. 

    Años atrás, Pumpco había querido participar de la construcción del Gasoducto Norte, una obra pública donde también prevaleció Techint.

    ¿Tráfico de influencias?: Techint se queda con las tierras que abandonó YPF en Bahía Blanca para hacer el negocio de GNL

    Pero en la reciente licitación del gasoducto a Río Negro, la hegemonía local Techint en su rubro ícono sufrió un duro golpe. Horas después de conocerse que la obra quedaba para Welspun, el CEO de YPF, Horacio Marín, salió a exaltar en redes la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur que ejecuta Techint.

    En el sector lo leyeron como un mensaje desesperado del presidente de YPF para congraciarse con su ex jefe Paolo Roca, ante el lapidario tuit de Sturzenegger.

    «Hace un año arrancábamos la obra de infraestructura más importante de los últimos 40 años para la energía argentina», publicó Marín, en una efemérides que no venía a nada o a todo.

    Hace un año arrancábamos la obra de infraestructura más importante de los últimos 40 años para la energía argentina: el Oleoducto Vaca Muerta Sur. Un proyecto que fue posible gracias al trabajo coordinado de todas las compañías que integramos VMOS.Hoy la obra supera el 50%u202F% de… pic.twitter.com/fr21esh2AX

    — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) January 26, 2026

     

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    La jornada de 8 horas no es un mito peronista: es una ley que existía y un derecho que Perón hizo cumplir

     

    En 1929 Argentina legisló la jornada laboral de 8 horas. Durante más de una década, fue un derecho escrito que el Estado no garantizó.

    Por Walter Onorato para NLI

    En 1929, durante la segunda presidencia de , el Congreso sancionó la Ley 11.544, que estableció por primera vez en todo el país la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. El texto legal recogía una demanda histórica del movimiento obrero argentino y colocaba a la Argentina, al menos formalmente, dentro del mapa de las legislaciones laborales modernas.

    Sin embargo, entre 1929 y 1945, la distancia entre la ley y la realidad fue abismal. La jornada de 8 horas existía en los códigos, pero no organizaba la vida cotidiana de la mayoría de los trabajadores.

    La sanción de la ley no implicó automáticamente su cumplimiento. El Estado argentino carecía —y en muchos casos no tenía voluntad— de los mecanismos necesarios para garantizarla. Las inspecciones laborales eran escasas, las sanciones simbólicas y la justicia tendía a fallar en favor de los empleadores. En los hechos, el límite horario seguía siendo una decisión patronal.

    En algunos sectores urbanos e industrializados la situación fue diferente. Grandes empresas, talleres visibles y actividades con fuerte organización sindical —gráficos, ferroviarios, portuarios— lograron imponer, no sin conflictos, la jornada legal. Aun allí, el cumplimiento era parcial: horas extras obligatorias no pagadas, jornadas partidas que extendían el tiempo total de trabajo y mecanismos de evasión salarial eran prácticas habituales.

    Pero fuera de esos núcleos organizados, la ley simplemente no existía en la práctica. En el campo, donde la relación laboral estaba atravesada por el aislamiento, la dependencia personal y la ausencia casi total de inspección estatal, las jornadas de sol a sol siguieron siendo la regla. En las economías regionales, la situación era aún más evidente. En los ingenios azucareros de Tucumán, la jornada se organizaba en torno al ritmo de la zafra: turnos extensos, calor extremo y trabajo continuo mientras durara la molienda, sin límites horarios reales. En los yerbatales de Misiones, los mensúes cobraban por cantidad de kilos transportados, lo que los obligaba a prolongar indefinidamente la jornada para alcanzar un ingreso mínimo. El tiempo de trabajo no se medía en horas, sino en desgaste físico.

    En los viñedos cuyanos y los algodonales del norte, la lógica era similar: trabajo estacional, pago por rendimiento y jornadas que se extendían mientras hubiera luz natural. La ley de 8 horas era irrelevante frente a un sistema productivo que organizaba el trabajo por campaña y no por jornada.

    En los pequeños talleres urbanos de ciudades como Buenos Aires o Rosario, especialmente en rubros como la confección, el calzado o la metalurgia liviana, eran habituales las jornadas de 10 a 12 horas, justificadas como “aprendizaje” o compensadas con salarios miserables. El trabajo a destajo permitía al empleador exigir una producción diaria fija que solo podía alcanzarse extendiendo el horario real de trabajo.

    El comercio minorista reproducía una lógica similar. Empleados de almacenes, tiendas y casas de ramos generales abrían temprano y cerraban de noche, muchas veces con descanso parcial o inexistente, bajo la excusa de la atención al público. En el servicio doméstico, directamente excluido de toda protección efectiva, la jornada carecía de límites: vivir en la casa del empleador implicaba disponibilidad permanente, sin distinción clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.

    La ley estaba vigente, pero no tenía ejecutores. El Estado carecía de un cuerpo de inspectores con presencia territorial, las sanciones eran irrisorias y la justicia laboral —cuando intervenía— tendía a legitimar las prácticas patronales. En ese contexto, la jornada de 8 horas no era un derecho exigible sino una declaración abstracta, desconocida para amplios sectores del mundo del trabajo. Para millones de trabajadores, la jornada legal era una promesa distante, ajena a su vida cotidiana y subordinada a una realidad donde el poder de fijar el tiempo de trabajo seguía en manos del patrón.

    La clave no estaba en el texto legal sino en la correlación de fuerzas. Donde había sindicatos fuertes, comisiones internas y capacidad de huelga, la jornada de 8 horas se defendía. Donde no, el trabajador quedaba librado a su patrón. Durante esos años, el cumplimiento de un derecho laboral dependía más de la organización colectiva que del Estado.

    En los últimos años, sectores libertarios repiten como argumento que el peronismo “miente” porque la jornada de 8 horas no fue creada por Perón, sino sancionada en 1929. El señalamiento es formalmente correcto, pero históricamente falaz. Confunde deliberadamente legislar con garantizar. La Ley 11.544 existía desde hacía más de una década, pero fue incumplida de manera sistemática por amplios sectores del empresariado, con un Estado ausente o complaciente. Reducir la historia social a una fecha en el Boletín Oficial implica borrar la diferencia central entre un derecho escrito y un derecho vivido.

    Ese divorcio entre la ley y la realidad empieza a romperse recién a partir de 1943–1945, cuando el Estado deja de mirar para otro lado y decide intervenir de manera directa en la relación entre capital y trabajo. No se trató de crear nuevos derechos, sino de hacerlos cumplir. Bajo la acción del Estado y el impulso político de , la jornada de 8 horas dejó de ser una recomendación abstracta y pasó a convertirse en una norma exigible. El límite al tiempo de trabajo ya no lo fijó el patrón, sino el Estado. Ese fue el verdadero punto de inflexión.

    La experiencia deja una enseñanza incómoda pero fundamental: los derechos laborales no existen solo porque estén escritos. Existen cuando hay un Estado dispuesto a garantizarlos y una sociedad organizada para defenderlos. Entre 1929 y 1945, la jornada de 8 horas fue una conquista legal sin poder. Su historia demuestra que la legislación social, sin voluntad política, puede convertirse en una promesa vacía.

    La jornada de 8 horas no nació plena. Fue primero una letra, después una pelea y recién más tarde una realidad. Y esa diferencia —entre ley y vida— explica buena parte de la historia social argentina.

     

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