El hombre que escapó con las llaves del tesoro real y dejó a la revolución sin caja
La fuga de Feliciano del Corte y Herrero a Potosí en 1809 expuso la fragilidad financiera de la Revolución de Chuquisaca y abrió una disputa por el control de las Reales Cajas.
Por Alcides Blanco para NLI
El 25 de mayo de 1809, exactamente un año antes de la Revolución en Buenos Aires, Chuquisaca sacudió el orden colonial español. Pero detrás de las disputas entre oidores, autoridades virreinales y revolucionarios había una cuestión menos visible y decisiva: quién controlaba el dinero con el que se sostenía el poder. En ese escenario, Feliciano del Corte y Herrero, ministro tesorero de la Real Hacienda, abandonó La Plata (el nombre que recibía por entonces la ciudad de Sucre) y se dirigió a Potosí junto con otros dos funcionarios vinculados al aparato colonial. Su fuga no fue un episodio menor de la crisis política: dejó a las nuevas autoridades frente a un problema concreto, administrar una revolución sin disponer con normalidad de las cajas reales.
La historia de este funcionario nacido en Vizcaya permite observar la revolución desde una dimensión que muchas veces queda relegada detrás de las proclamas, los nombres célebres y las grandes fechas. Porque las revoluciones no se sostienen solamente con ideas, conspiraciones o movilizaciones populares. También necesitan recursos para pagar soldados, adquirir armas, mantener las comunicaciones y garantizar el funcionamiento de las instituciones. En 1809, el tesoro de Chuquisaca se convirtió en uno de los terrenos donde se libró la disputa por el poder.
Una revolución en medio de la crisis de la monarquía
Para comprender la fuga de Del Corte hay que volver al contexto que atravesaba el mundo hispánico. En 1808, la invasión napoleónica de la península ibérica, las abdicaciones de Bayona y la crisis de legitimidad de la Corona abrieron una disputa sobre quién tenía autoridad para gobernar los territorios americanos en ausencia del monarca reconocido.
En la Real Audiencia de Charcas, aquella crisis se combinó con enfrentamientos entre autoridades civiles, judiciales y eclesiásticas, además de tensiones acerca de la intervención de otras jurisdicciones y de las intenciones de los funcionarios enviados desde los centros de poder. La discusión sobre la fidelidad a Fernando VII convivía con una lucha por la autonomía de las autoridades locales y por el control efectivo del gobierno.
El 25 de mayo de 1809, la movilización en La Plata —la actual Sucre, en Bolivia— terminó con la destitución del presidente de la Audiencia, Ramón García de León y Pizarro, y abrió un proceso político que dio lugar a una Audiencia Gobernadora. Los protagonistas no compartían necesariamente un mismo proyecto de independencia nacional en el sentido que adquiriría esa idea años después. La crisis fue más compleja: había disputas sobre la legitimidad, el alcance de la autoridad local y la continuidad del orden monárquico.
En esa coyuntura, los funcionarios de la administración real no eran simples espectadores. Sus decisiones podían afectar la capacidad de las nuevas autoridades para gobernar. Entre ellos se encontraba Feliciano del Corte y Herrero, responsable de una de las áreas más sensibles del aparato colonial.
De Vizcaya a las Reales Cajas de La Plata
Del Corte había nacido el 9 de junio de 1760 en Soscano, en el Señorío de Vizcaya, España. Las partidas eclesiásticas localizadas permiten identificar a sus padres como Diego del Corte Romano y Bernarda Herrero y Portillo, ambos vinculados con Carranza, en Vizcaya. Su trayectoria americana lo llevó a ocupar el puesto de ministro tesorero de las Reales Cajas de La Plata, organismo fundamental para la recaudación y administración de los fondos de la Corona.
Los registros de la Real Hacienda documentan su actuación en los libros de alcabalas de 1806 y 1811, y también en documentación contable posterior. Su cargo no era decorativo: el tesorero intervenía en la estructura administrativa encargada de manejar los ingresos y atender los gastos oficiales. La institución representaba, en términos materiales, una parte esencial del poder de la monarquía en Charcas.
Por eso, su salida de la ciudad tuvo consecuencias que iban más allá de la ausencia de un funcionario. La nueva autoridad debía resolver quién podía operar sobre los fondos, validar los pagos y asumir las responsabilidades de una tesorería que había quedado en una situación crítica.
La fuga a Potosí y el problema de la caja
Según la reconstrucción histórica de la investigadora Paola Revilla Orías, Feliciano del Corte, el alguacil Manuel Antonio Tardío y el oidor José Félix Campoblanco lograron salir de La Plata y llegar a Potosí. Allí prestaron declaración ante Francisco de Paula Sanz, gobernador intendente de esa jurisdicción, sobre los acontecimientos que se habían producido en Chuquisaca.
El desplazamiento los llevó a un territorio donde las autoridades realistas conservaban capacidad de acción. Su llegada permitió que funcionarios vinculados con el orden colonial informaran sobre la revolución ante una autoridad que no se encontraba bajo el control inmediato del nuevo gobierno de La Plata.
No contamos con elementos suficientes para atribuir a los tres una motivación idéntica ni para reconstruir todos los detalles del viaje. Sin embargo, el resultado político de la fuga es claro: la Audiencia Gobernadora perdió el control operativo de las cajas reales y debió organizar una respuesta de emergencia.
Las autoridades recurrieron entonces a Manuel de Entreambasaguas, designado como habilitado para atender los pagos y gastos necesarios. La administración debía sostener a los hombres armados, responder a obligaciones oficiales, mantener el correo y conseguir recursos para los preparativos defensivos. La revolución tenía ahora un problema que no podía resolver mediante declaraciones políticas: necesitaba volver a poner en funcionamiento el tesoro.
La situación revela una dimensión central de la crisis. El control de la ciudad no garantizaba automáticamente el dominio de todos los mecanismos del Estado colonial. Las oficinas, los funcionarios, los registros y las firmas autorizadas constituían una red administrativa que podía seguir condicionando la capacidad de gobierno incluso después de un cambio de autoridades.
Los salarios retenidos y la reacción de las autoridades
La reacción de las autoridades quedó registrada en un documento del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. El catálogo oficial de Expedientes coloniales — Adiciones 2 identifica una actuación fechada el 9 de julio de 1809, mediante la cual la Audiencia de Charcas dispuso que los ministros de Real Hacienda de las Cajas Principales de La Plata retuvieran los sueldos devengados y futuros del alguacil de corte Manuel Antonio Tardío y del ministro tesorero Feliciano del Corte. El registro permite comprobar que la fuga tuvo consecuencias administrativas concretas y que las autoridades dispusieron medidas sobre los haberes de ambos funcionarios.
También se abrió una investigación judicial relacionada con la fuga. Campoblanco fue comisionado para intervenir en la sumaria, pero el procedimiento estuvo atravesado por resistencias y conflictos de jurisdicción. La propia posición del oidor quedó cuestionada por sus vínculos familiares con el presidente depuesto. El expediente judicial, por lo tanto, permite observar cómo la revolución intentó procesar institucionalmente una crisis que había comenzado con la ruptura del orden político.
El tesoro como campo de batalla
La fuga de Feliciano del Corte expone una verdad fundamental de los procesos revolucionarios: cambiar a quienes gobiernan no significa controlar de inmediato los recursos que hacen posible el gobierno. La Real Hacienda era una estructura económica y administrativa de la monarquía, y su funcionamiento condicionaba la capacidad de cualquier autoridad que pretendiera ejercer el poder en La Plata.
El episodio también muestra que la revolución de Chuquisaca no fue una secuencia lineal hacia la independencia. Fue una lucha por la autoridad en un mundo monárquico en crisis, atravesada por disputas locales, lealtades cambiantes y conflictos por los instrumentos concretos de gobierno. En ese escenario, la fuga de un tesorero podía tener consecuencias políticas y militares porque comprometía la posibilidad de pagar, abastecer y organizar la defensa.
La biografía posterior de Del Corte todavía deja preguntas abiertas. Su partida de defunción, fechada el 25 de mayo de 1824, lo identifica como antiguo tesorero de las Reales Cajas y señala que había sido jubilado por el virrey José de la Serna. Murió en Chuquisaca exactamente quince años después del levantamiento que había transformado su vida y la de las instituciones a las que pertenecía.
Décadas antes, se había casado con la porteña Theresa Toribia Ramona Rodrigo Espinosa,vinculada a familias del patriciado colonial de Buenos Aires, como los Quintana o los Riglos.
La fuga de Feliciano del Corte no explica por sí sola la Revolución de Chuquisaca. Sí revela uno de sus dilemas más concretos: la disputa por el dinero, la administración y la capacidad material de ejercer el poder. Detrás de la revolución también estaba la caja. Y quien controlaba la caja tenía en sus manos una parte decisiva del destino político de la ciudad.
