PorTelam Agencia de Noticias Nacionales
Publicada el
22/06/2020 MÉXICO 1986
“Fue una de las pocas veces en la que me excedí y salí de mi rol. Sentí un poco de vergüenza, fue como haberme desnudado y salir corriendo por las calles, y que un día después me pasaban el video”, reconoció el comunicador en una entrevista.
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Los datos son la panacea del marketing político. El elixir para conocer con qué propuesta (si es que la hay), se puede llegar al público objetivo. La ilusión de poder leer la mente de quien vota. ¿Pero si el objetivo fuera otro? ¿Si el objetivo no fuera la venta de un candidato sino entender las necesidades de la población, haciendo uso de la ciencia de datos? ¿Se los podría usar como una base irrefutable para crear políticas públicas más justas e inclusivas? Sí, es posible. Aunque captar los datos, interpretarlos y usarlos con reglas éticas para que su curso de acción sea el de la búsqueda de equidad y aumento de oportunidades para las personas, dependerá de desalinearse de los movimientos lobistas de las big tech y terminar con la hipervigilancia como mercancía.
La mayoría de los ciudadanos habitan el presente terrenal. Y habitan en lo virtual con filtros automatizados donde los datos interpretados se convierten en información con diferentes matices dependiendo del ojo que lo analice.
Para pensar en los usos de las nuevas tecnologías en la actividad política y el ejercicio democrático es importante comprender que no se trata de incorporar la IA porque sí a los espacios cotidianos, ni de inventar algo nuevo. Se trata de hacer uso de herramientas ya disponibles, correr el growth hacking – ese que busca lograr un crecimiento acelerado y eficiente de cualquier empresa o producto lo más rápido posible sin pensar tanto en el proceso – y empezar a desarmar ciertas narrativas solidificadas sobre el uso de las tecnologías.
Veamos algunas de ellas, para desmontarlas brevemente.
La inteligencia artificial es omnipresente. Con esta narrativa se plantea la inevitabilidad del algoritmo sin corpus. Aún así, la nube es software, los datos corren en data centers y hardware, e internet circula principalmente por cables submarinos que podrían ser destruidos.
Los algoritmos no tienen gobernanza y además hay cajas negras que impiden entender su funcionamiento. Aquí se promueve el caos, cuando la programación y automatización requiere de orden, reglas y etiquetar datos. Lo aleatorio e impredecible corrompen la automatización.
La tecnología no es política. Esta idea refuerza el sueño de algunos de la creación de una IA general y autónoma, que quita la responsabilidad de sus dueños, que al fin y al cabo son personas de carne y hueso, con objetivos políticos, de poder y mercado.
Blockchain es la solución para la transparencia y no se puede hackear. Aunque usado principalmente con un fin monetario, donde Bitcoin y Ethereum, concentran el poder en sus nodos validadores. Y sobre ciberataques existen desde drainers a robos de credenciales.
Hay que desarmar las narrativas y pensar el modo en que las herramientas digitales se han mezclado con los recursos que cuentan los ciudadanos para ejercer sus derechos políticos y democráticos. Una iniciativa que va en esa línea es el proyecto Semana Democracia Viva, de Asuntos del Sur, que promueve la movilización frente a los algoritmos autoritarios. Ya hace algunos años que hay en el mundo una revolución en marcha, con distintos modos de usar las plataformas, los algoritmos y la IA en la acción política. Hay ejemplos. La Primavera Árabe en 2011, donde los manifestantes se organizaron vía Facebook en contra de la dictadura. Las milicias digitales, que consisten en la organización de bots y trolls para promover la desinformación o desestabilizar gobiernos democráticos: el caso de Brasil fue uno de los más resonantes. La elección de Sushila Karki en Nepal, utilizando la plataforma de chat Discord después de la crisis institucional de septiembre que conmovió al mundo.
En Argentina también hay varios ejemplos de hacktivismo e incidencia política real usando datos digitales. El redireccionamiento desde el sitio de la Universidad de Buenos Aires al subdominio https://noalveto.uba.ar/ creado vía Vibe Coding (IA), generó molestias en el oficialismo demostrando su impacto y autoritarismo. El ataque al INDEC en 2013 por parte de Anonymous Argentina o vandalismo digital (defacement) como el que sucedió en el 2022 con sitio del municipio de Bariloche en el que el atacante dejó un mensaje contra al ex intendente Gustavo Genusso acusado por desvío de fondos. Estas son otras formas de protesta, a partir de la lectura de la realidad que hacen grupos de hackers, que no necesariamente representan una manifestación en consulta con los ciudadanos.
Estos ejemplos muestran otras formas de conversación y acción política, promoviendo el shock a través de plataformas centralizadas. Muestran, también, que no logran sostenerse en el tiempo. Además, permiten planificar el contraataque de la ultraderecha, con censura y nuevas formas de monitoreo online como lo hacen las big tech o empresas como Logically, que usando IA observa potenciales sublevaciones desde el ámbito virtual.
El hacktivismo es un hecho real y también lo son los modos de censura y ataque de la ultraderecha. Saltar a una siguiente fase de una democracia que utilice y aproveche las herramientas del mundo digital y la IA a favor de una gestión justa y que respete los derechos de la ciudadanía, implica salir del hedonismo, rasgar las cajas de resonancia y promover la pluralidad para generar nuevas conversaciones.
Es imprescindible apoyar a la soberanía digital con desarrollo regional, inversión en hardware propio, la promoción de políticas públicas de interoperabilidad y portabilidad de la identidad digital, haciendo uso de servicios descentralizados. Gestionar libremente la privacidad, y la comprensión de la cibercriminalidad.
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Hoy se publicó el decreto en el Boletín Oficial
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El Gobierno formalizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. El Decreto 695/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, habilita la venta del 44% de las acciones a través de una licitación nacional e internacional.
La medida, que había sido anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni, deja al Estado con el 51% del capital accionario —a través de la Secretaría de Energía y la CNEA— y un 5% destinado a trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada.
Nucleoeléctrica fue creada en 1994 mediante el Decreto 1540/94, asumiendo la generación de energía en Atucha I y Embalse, además de la construcción de Atucha II. Su rol siempre fue estratégico: garantizar la soberanía energética y mantener bajo control estatal el manejo de la energía nuclear, un recurso sensible no solo por razones económicas sino también de seguridad nacional.
El decreto justifica la medida con los mismos argumentos que en los ’90: la supuesta “ineficiencia estatal” y la necesidad de “incorporar capitales privados”. El texto afirma que la intervención del Estado “no ha dado los resultados esperados”, desconociendo que Nucleoeléctrica alcanzó en 2024 un récord histórico de generación de más de 10.4 millones de MWh netos, con un factor de carga del 73,3%, un indicador de excelencia en términos internacionales.
Pese a esa performance, el Gobierno insiste en que es necesario privatizar parte de la compañía para “diversificar riesgos” y “fortalecer su gestión”, abriendo las puertas a capitales nacionales y extranjeros en un sector clave de la matriz energética.
El avance privatizador sobre Nucleoeléctrica se suma a la ofensiva de Milei contra Empresas públicas estratégicas en áreas como energía, comunicaciones y transporte. La decisión no es neutra: mientras se transfieren recursos vitales al mercado, se compromete la soberanía tecnológica y la capacidad del Estado de definir su política energética a largo plazo.
La energía nuclear no es un rubro cualquiera. Atucha y Embalse no solo garantizan suministro eléctrico a millones de hogares, sino que forman parte de un entramado científico y tecnológico que costó décadas de inversión pública. Entregar acciones a privados significa exponer información, decisiones operativas y proyectos estratégicos a intereses ajenos al país.
En la década del ’90, bajo el menemismo, ya se había declarado sujeta a privatización la generación nucleoeléctrica. Sin embargo, las resistencias políticas y sociales impidieron que se concretara por completo. Con la llegada de los gobiernos kirchneristas, se retomaron obras paralizadas y se reimpulsó el sector nuclear argentino como ejemplo de política de desarrollo con autonomía.
Hoy, Milei intenta retomar el libreto noventista: abrir al capital privado incluso aquellas áreas que fueron protegidas durante décadas como patrimonio estratégico nacional.
El artículo 1 del Decreto 695/2025 autoriza la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica mediante licitación pública nacional e internacional.
El artículo 2 instruye al Ministerio de Economía y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a organizar el proceso de privatización y el programa de propiedad participada.
El artículo 3 faculta a la cartera económica a dictar normas complementarias.
El texto también instruye transferencias internas de acciones entre ENARSA y la Secretaría de Energía, con el objetivo de reordenar la composición societaria antes de la licitación.
El decreto menciona la necesidad de financiamiento externo para proyectos como la Extensión de Vida de Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados II (ASECG II). Pero en lugar de garantizarlo con fondos estatales —como ocurrió históricamente—, se opta por abrir la puerta a la privatización parcial de la empresa.
En palabras simples: el Gobierno reconoce la capacidad técnica y operativa de Nucleoeléctrica, pero en lugar de fortalecerla, decide vender parte de ella para atraer capitales.
La privatización parcial de Nucleoeléctrica no es un hecho aislado. Forma parte del plan de desguace del Estado que Milei viene ejecutando desde el inicio de su gestión, bajo la bandera del “equilibrio fiscal”. El resultado: pérdida de soberanía, transferencia de activos públicos a privados y una política energética atada a intereses de mercado.
El futuro de la energía nuclear argentina, que supo ser orgullo regional y motor de desarrollo científico, queda ahora condicionado a la lógica privatizadora de Milei y Caputo.
