El gobierno teme conflicto social en La Rioja y Tierra del Fuego y las incluye en el reparto de fondos de las provincias aliadas
El gobierno de Javier Milei publicará en las próximas horas un adelanto de coparticipación que llegará a unas 12 provincias. La medida supone reconocer la crisis económica que atraviesan los gobernadores en sus territorios y también la preocupación ante la posibilidad de un conflicto social.
La medida será oficializada por decreto y consiste en un fondo total de $400.000 millones, un monto que en principio servirá sólo para paliar la situación por unos meses.
Se trata de partidas que, a diferencia de los discrecionales Aportes del Tesoro Nacional (ATN), les corresponde a los distritos por ley, pero que el Gobierno otorgará antes de tiempo con un interés cercano al 15 por ciento.
El los fondos llegarán a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Afuera quedaron Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las tres provincias más importante en cuanto a cantidad de habitantes.
En el listado se ponderan las provincias aliadas. Sin embargo llama la atención la inclusión de La Rioja y Tierra del Fuego, dos provincias que están quebradas y que no pueden afrontar el pago de salarios de los trabajadores estatales.
Quintela jugó fuerte en La Rioja y emitió una cuasimoneda -los Chachos- que no tuvieron éxito porque ni siquiera eran aceptados por la totalidad de los comerciantes ni los proveedores de la provincia.
Luis Caputo no quiere saber nada con que el resto de las provincias sigan esa línea. El ministro de Economía sabe que si las provincias caen terminará impactando en el discurso del gobierno atravesado por la normalización de la macroeconomía. Es difícil explicar al mercado que la macro funciona perfecta mientras las provincias explotan.
En el decreto no se detalla cuánto recibirá cada provincia. El texto dice que eso se determinará conforme a la capacidad de repago cada distrito sobre la base de su participación en la recaudación de impuestos nacionales.
No hay ninguna precisión de la fecha en la que las provincias recibirán la ayuda. Apenas se detalla en el artículo 1: «dispónese otorgar en el Ejercicio Fiscal 2026». Esto puede presentar un riesgo toda vez que el gobierno puede atrasar esa ayuda y al tiempo pedir a los gobernadores que muestren sintonía con el gobierno.
Todo ocurre en la antesala de nuevos debates en el Congreso, donde los libertarios necesitarán el respaldo de los mandatarios para avanzar con las reformas.
La suba de tasas y la inflación por la guerra amplifican las fragilidad del modelo de Caputo
El escenario es oscuro para todas las provincias. En los últimos días la posibilidad de que los estados sub nacionales tomen deuda sumó un nuevo escollo cuando el riesgo país llegó a 623 puntos básicos, rozando así un nuevo récord anual.
El riesgo país determina el precio a pagar al momento de contraer deuda. Ese índice se conforma a partir de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, más los puntos que suponen el riesgo país de Argentina. Hoy la tasa de interés de la Reserva Federal está entre 3,75 y 4,0%.
Una tasa de interés de cuatro puntos, más un riesgo país para el caso de Argentina de 600 puntos supone una tasa de endeudamiento del 10% en dólares para el país.
En tanto, en las últimas horas se conocieron los datos de las transferencias automáticas de recursos del Estado Nacional hacia las provincias, donde volvió a reflejarse una nueva retracción en términos reales. Si bien los envíos totales alcanzaron los $5.050.838 millones, esto representa una caída del 4,3% al descontar el efecto de la inflación.
De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), esta baja se produce a pesar de un incremento nominal del 26,4% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se enviaron $3.995.000 millones. La persistencia del proceso inflacionario -estimado en un 3% para marzo en el análisis- terminó por licuar el poder adquisitivo de los fondos transferidos.
La contracción de los recursos distribuidos por coparticipación neta, que excluye leyes especiales y compensaciones, fue aún más profunda que la del consolidado total, alcanzando un descenso real del 7,4%. El informe atribuye este fenómeno principalmente al desempeño de los dos pilares del sistema tributario argentino: el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en conjunto representan aproximadamente el 94% de la masa coparticipable neta.
