El gobierno nacional ofrece una recompensa millonaria por datos de Luciana Muñoz

El gobierno nacional ofrece una recompensa millonaria por datos de Luciana Muñoz

 

Cualquier información sobre la joven neuquina Luciana Muñoz, desaparecida el 13 de julio del año pasado en el oeste de la ciudad de Neuquén, será recompensado por hasta 10 millones de pesos. Así se conoció a través de la publicación este viernes en el Boletín Oficial de una resolución del ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich.

La cartera nacional señaló que la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas, del Ministerio Público Fiscal neuquino, a cargo de Andrés Guillermo Azar, solicitó, mediante un oficio el pasado 25 de agosto de 2025, que se ofrezca una recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la joven.

En el escrito, firmado por Bullrich, se destaca que la principal hipótesis que se maneja en la causa es la comisión de trata de personas.

Frente a esta solicitud, el ministerio de Seguridad aprobó el ofrecimiento de $10 millones como recompensa para quien tenga datos de donde está Muñoz, quien fue vista por última vez el 13 de julio de 2024, entre las 11 y las 12 horas, en cercanía a su domicilio en el barrio Gran Neuquén Norte.

Al momento de desaparecer vestía una campera de abrigo color azul, una chomba color negro, pantalón de jean azul tipo nevado, zapatillas tipo urbanas color negro con cordones y suela blanca.

La joven posee las siguientes características físicas: contextura delgada, de 1.50 mts. de altura, cabellos lacios teñidos de color castaño claro/rubio, ojos marrones, tez trigueña, presenta distintos tatuajes, uno en la parte posterior de la palma de la mano izquierda, una flor o mandala el cual cubre una quemadura, en el hombro izquierdo un corazón con el signo infinito en su interior y en su pierna derecha, en la zona del muslo, un tatuaje de rosas.

“El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante”, detalla la resolución.

Desde un comienzo de la causa el Ministerio de Seguridad provincial y el gobernador Rolando Figueroa dispusieron $100 millones de recompensa para quien aporte información relevante de Luciana.

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  • Elecciones 2025: Julieta Corroza votó en Plottier y llamó a celebrar la democracia

     

    La candidata a senadora nacional por La Neuquinidad, Julieta Corroza, emitió su voto este domingo pasadas las 10 de la mañana en el CPEM N°55 de Plottier, en el marco de las elecciones legislativas 2025. Acompañada por sus padres y su hijo, la dirigente destacó la emoción del momento y el valor democrático de la jornada.

    Estoy muy emocionada, después de una campaña donde hemos trabajado tanto y recibimos mucho amor de la gente. Esperemos que sea un día que transcurra en paz”, expresó Corroza luego de sufragar.

    La candidata, que encabeza la lista del espacio que conduce el gobernador Rolando Figueroa, subrayó la relevancia del proceso electoral:

    Estas elecciones son muy importantes para el país. Hay que participar, indistintamente de a quién se elija, porque hoy tiene que ser un día de celebración”, señaló.

    Corroza remarcó la necesidad de fortalecer el sistema democrático y celebró la implementación de la Boleta Única de Papel, que debutó en estos comicios a nivel nacional.

    Es un sistema rápido, ágil y transparente. Se evita la boleta sábana donde solo se conocía a los candidatos que encabezaban la lista”, explicó.

    Además, anticipó que luego de votar acompañaría a sus padres a emitir su sufragio y recorrería escuelas de Plottier y de la ciudad de Neuquén, acompañando el desarrollo de la jornada.

    Solidaridad con Pablo Cervi tras el violento asalto

    Durante su contacto con la prensa, la candidata se refirió al asalto que sufrió el diputado nacional Pablo Cervi, también candidato en estas elecciones.
    Fue terrible. Por supuesto lo repudio totalmente y le mandé un mensaje a Pablo. Sé que está en contacto con el gobernador y con el ministro de Seguridad desde anoche temprano. Mi total solidaridad con él y con toda su familia”, expresó.

    El hecho, ocurrido el sábado por la noche en Neuquén capital, provocó fuerte conmoción en la previa de los comicios. Corroza destacó la rápida comunicación entre las autoridades provinciales y el legislador, e insistió en que “la violencia no puede tener lugar en una democracia que está a punto de cumplir 42 años de continuidad”.

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

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  • EE UU: entre deportaciones, desfiles militares y perplejidad

     

    Daniel Cole / Reuters

     

    Los sucesos que están pasando simultáneamente en Estados Unidos durante el año en el que Donald Trump comenzó por segunda vez un mandato presidencial son espantosos, crueles y disparatados. Solamente en junio hubo: Cacería y deportaciones de trabajadores migrantes, una congresista pro derechos humanos asesinada, un senador silenciado a la fuerza a la hora de preguntarle a la Secretaria de Seguridad Nacional sobre las redadas de la policía migratoria, corte de derechos a personas con asilo político, militarización y represión en las calles, desfile militar por el aniversario 250 de la armada estadounidense con cumpleaños de Trump incluido, y acusaciones de drogadicto y pedófilo entre el empresario Elon Musk y el presidente. El ambiente que se vive en Estados Unidos es de incertidumbre cotidiana, miedo, preocupación, perplejidad, pero también se percibe indignación, más atención y reacción popular saliendo a las calles de todas las ciudades del país. Por Lorena Mans desde Estados Unidos para ANRed.


    La ciudad californiana de Los Ángeles tiene un 48 por ciento de la población de origen latino. Es ahí que durante días empezaron las redadas despiadadas de la policía migratoria conocida como «ICE» (Immigration and Customs Enforcement) en inglés. Aproximadamente 51.000 inmigrantes indocumentados que residían en LA permanecen detenidos por ICE según datos de principios de junio. ICE espera a los migrantes a la salida del trabajo, en la puerta de la escuela, e incluso a la salida de las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, donde las personas tramitan su estatus migratorio de manera legal. Los agentes actúan con la cara tapada. Literalmente están separando familias donde lxs niñxs se quedan sin un padre o madre o con ninguno de los dos. Lo peor es que ya se está volviendo cotidiano ver videos de las detenciones crueles en los noticieros.

    Tras las redadas, los vecinos reaccionaron protegiéndose mutuamente, comunicándose por donde va “la migra”, cortando las calles y movilizándose en sus barrios y en el centro de la ciudad. La reacción de lucha en la calle fue inmediata. Salen los que pueden, es decir los que tienen papeles. Se ven muchos hijos de migrantes que solo hablan inglés o spanglish manifestando por sus padres y madres que no pueden ir. Se observa mucha solidaridad, porque no solo hay familiares de migrantes en las marchas, hay una gran parte de la comunidad de Los Ángeles apoyando a sus vecinos y rechazando las demostraciones de poder del gobierno nacional.

    Para reprimir las protestas, Trump ordenó 4 mil miembros de la Guardia Nacional y 700 de la Marina. El despliegue no fue bienvenido por el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, porque la intervención militar fue sin su consentimiento y argumentan que la situación estaba bajo control local y que la presencia militar podría intensificar las tensiones. En el “frenesí de tener todo bajo control”, la alcaldesa ordenó un toque de queda que todavía está activo, de 8pm a 6am. Estas manifestaciones durante la semana pasada, han terminando con presos y represión

    Mientras tanto, el presidente Trump, ordenó un festival con marcha militar en Washington DC el sábado 14 de junio por el aniversario 250 de la Armada Estadounidense, el US Army. También el mismo día, era el cumpleaños 79 del mandatario. El evento contó con la interacción de los militares con los ciudadanos que se acercaron, simbología patriótica y una exhaustiva promoción al reclutamiento. Podríamos decir que el clima nublado a punto de llover de ése día nubló el evento, pero en realidad, no mucha gente concurrió al desfile. Se podía escuchar el ruido de las ruedas de los tanques de guerra rechinando porque no había suficiente gente celebrando en las gradas que habían puesto sobre las calles de la capital de EEUU. El evento costó alrededor de 45 millones de dólares.

    V, Barbosa. Imagen en Santa Cruz, California

     

    Muchos estadounidenses se avergonzaron de este desfile porque según ellos, sólo los países autoritarios hacen esa demostración de poder bélico. “Este no es el gobierno norcoreano de Kim Jong-un” y “No somos la Unión Soviética ni China”, salía de la boca de los comentaristas de algunos medios de comunicación. También decían que andar mostrando su fuerza bélica puede ser un gesto de debilidad. La última vez que se realizó este tipo de eventos fué luego del fin de la guerra del golfo en 1991. Pero este fin de semana, a quien se le mostraba el ejército? “Ser libre no es gratis”, declaró una voluntaria del US Army. La pregunta es libre de qué y quiénes son los libres?

    Mientras tanto, en 2170 ciudades del país ese mismo día se organizaron protestas a las que llamaron No King day donde las consignas fueron en contra del autoritarismo, el cese de deportaciones y persecuciones a los trabajadores migrantes, y en defensa de la democracia estadounidense. Recuerden que para el ciudadano promedio de este país, su democracia es excepcional, libre y ejemplificadora, y un personaje como Donald Trump con su gobierno, les parece una pesadilla de país tercermundista. Se estima que hubo 6 millones de personas protestando en todo el país, eso es casi el dos por ciento de la población en las calles en contra de Trump.

    Pero este sábado no solo ocurrieron estos dos sucesos contrapuestos. La legisladora demócrata de Minnesota Melissa Hortman fue asesinada a balazos junto a su esposo en su casa. El ejecutador es Vance Luther Boelter, un hombre dueño de una empresa de seguridad, que expresaba posturas anti aborto y anti LGBTQ+, mantiene creencias evangélicas y es simpatizante de Trump. No es casual que la haya elegido a ella para ejecutarla, ya que Hortman se destacaba por impulsar políticas en educación, energía solar, derechos ambientales, acceso a abortos y a derechos de la comunidad LGBTQ+. También ella fue clave en la reforma policial de Minnesota tras el asesinato de George Floyd. En el coche de Boelter había un manifiesto y una lista de 70 personas defensoras del aborto y volantes de la marcha No King Day. Por el momento, se refleja que es un asesinato con connotaciones de odio político realizado por un individuo no organizado.

    Tantos hechos de impunidad y autoritarismo están ocurriendo de parte del gobierno que no alcanza con un artículo periodístico para mencionarlos. El jueves, agentes federales sacaron por la fuerza al senador californiano Alex Padilla de una conferencia de prensa ofrecida por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por preguntar sobre las redadas de Ice y las represiones a manifestantes en Los Ángeles. Lo echaron del lugar a los empujones, lo tiraron al piso y lo esposaron mientras la conferencia continuaba. Padilla declaró que si así responde esta administración a un senador con una pregunta, imagínense lo que les están haciendo a los trabajadores agrícolas, a los cocineros, a los jornaleros de la comunidad de Los Ángeles, de toda California y de todo el país”.

    Otro sector que está sufriendo las políticas de odio del gobierno son los exiliados cubanos y venezolanos, los cuales gran cantidad de ellos simpatizan y votaron a Trump. Muchos latinos que justificaban su apoyo al presidente argumentaban que los migrantes que vinieron de forma ilegal se tendrían que ir del país y que se deberían deportar a los migrantes que cometieron algún delito. Sin embargo, en la lista de deportados hay cubanos y venezolanos que esperaban sus trámites migratorios. De hecho 238 venezolanos fueron deportados y transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de El Salvador construida por Nayib Bukele, conocida por sus condiciones abusivas.

    Al haber suspendido el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio temporal otorgado a ciudadanos de ciertos países que enfrentan situaciones extraordinarias como desastres naturales o conflictos armados, permitiéndoles permanecer en Estados Unidos legalmente y obtener permisos de trabajo, muchos venezolanos y cubanos han quedado a la deriva. Ni hablar de la prohibición de la entrada a personas de 12 países: Venezuela, Cuba, Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Yemen. Esta proclamación afecta a los venezolanos y cubanos que querían entrar legal al país para reencontrarse con sus familias en EEUU.

    Un caso a analizar aparte es la ausencia total de derechos para las personas trans desde que el gobierno de Trump dió la orden ejecutiva de que solo hay dos sexos, masculino y femenino con su ley anti transgenero. La comunidad LGTBQ+, en especial lxs trans son lxs que también han salido a la calle a reclamar por sus existencias.

    En medio de la perplejidad y la incertidumbre que da este gobierno, la reacción de mucha gente es indignarse y salir a la calle a protestar. Otros se arrepienten de su voto a Trump basado en la mejora de la economía y se sienten traicionados. El clima social es de enojo y tensión y por otro lado, de envalentonamiento e impunidad. Esperemos cuales son los próximos acontecimientos en el país de la libertad.

     

     

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  • Milei con Macri: el acuerdo político fue “una reunión de amigos”

     

    La esperada reunión del presidente Javier Milei con el líder del PRO y exmandatario Mauricio Macri fue “una reunión de amigos”, según aclaró el actual vocero presidencial Manuel Adorni. Ambos mantenían una relación distante hasta las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno fue duramente golpeado y se abrió una etapa de diálogo.

    En los momentos previos a los comicios del pasado 26 de octubre, se especulaba que el expresidente acercaría personas de su confianza para un nuevo gabinete, además de mostrar una alianza fortalecida entre el PRO y La Libertad Avanza.

    No obstante, el triunfo del oficialismo en el gobierno nacional cambió el tono del encuentro, con un empoderamiento de Milei en un nuevo escenario de ratificación de las políticas del Ejecutivo.

    De esta manera, lo que iba a ser una reunión de acuerdo político en el mediodía del viernes, pasó a ser una cena “de amigos”, según calificó quien asumirá el lunes como jefe de Gabinete del gobierno nacional.

    Adorni contó que el encuentro en la Quinta Presidencial de Olivos tuvo “carácter de amigos”, y que el actual jefe de Estado lo puso “al tanto de la buena predisposición” que notó entre los gobernadores durante el último encuentro en Casa Rosada.

    “En general las reuniones de Milei y Macri tienen carácter de una reunión de amigos. El presidente lo puso en autos de los detalles de la reunión con los gobernadores del jueves, lo puso al tanto de la buena predisposición que notó todo el Gabinete escuchando a los gobernadores en pos de las reformas”, destacó Adorni sobre la charla que, según precisó, duró una hora y 45 minutos.

    También señaló que Milei “le explicó el porqué de cada reforma, el porqué de las urgencias y la lógica y secuencialidad que tienen, cómo implementarlas, por qué algunas reformas hay que sacarlas rápido y debatirlas en extraordinarias”.

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  • Un fallo federal obliga a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 40

     

    Vialidad Nacional deberá reparar de manera urgente la Ruta 40 en la provincia de Río Negro, tras un fallo en ese sentido del juez Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva. El magistrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por la provincia de Río Negro y otros organismos. La resolución también obliga a ejecutar la señalización en los lugares donde sí se realizaron trabajos de bacheo.

    La causa fue iniciada ante la falta de respuestas oficiales y la creciente peligrosidad del tramo, una situación denunciada reiteradamente por la Provincia, informó el gobierno del gobernador Alberto Weretilneck en un comunicado oficial.

    «Se trata de una vía fundamental para la conectividad andina y el desarrollo económico y turístico, cuyo estado de deterioro pone en riesgo la seguridad, la integridad física y la vida de quienes la transitan diariamente», dice el texto difundido.

    La sentencia

    La sentencia establece que Vialidad Nacional debe ejecutar de inmediato, con cargo al presupuesto 2024, un conjunto de trabajos esenciales para garantizar la seguridad vial.

    Entre las obligaciones más urgentes figuran la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; la corrección de los descalces de banquinas; la reposición de la señalización horizontal en los sectores intervenidos; y la colocación de señalización vertical diurna y nocturna en curvas, badenes, zonas con riesgo de derrumbe y demás puntos críticos.

    Todas estas intervenciones deben realizarse sin reprogramaciones ni demoras administrativas.

    En cuanto a los plazos, el fallo fija un esquema preciso de cumplimiento. Dentro de los primeros 90 días, Vialidad Nacional deberá presentar un relevamiento completo de todos los puntos críticos del tramo, acompañado por un cronograma detallado de ejecución de cada reparación ordenada. En el mismo plazo, tendrá que elevar un informe técnico que confirme o descarte el riesgo de arrastre de material rocoso. Si el riesgo existe, deberá proponer las medidas correctivas y especificar los tiempos de aplicación.

    Asimismo, en ese período deberá informar si es necesario instalar puestos de control de carga y, en caso afirmativo, qué medidas implementará y en qué plazos.

    En tanto, a los 120 días, la sentencia exige la presentación de un plan integral de mantenimiento para aplicar una vez finalizadas las reparaciones urgentes, con acciones preventivas y de conservación futura que permitan sostener en el tiempo la seguridad del tramo.yed0Xg

    La sentencia firme reafirma el rol de la Provincia en la defensa de la vida, la seguridad vial y la integridad física de quienes transitan una de las rutas más importantes para la conectividad andina y el desarrollo turístico y económico del sudoeste rionegrino.

    La Justicia reconoció la inacción del organismo nacional durante años y validó el derecho y el deber de Río Negro de accionar ante incumplimientos del Estado Nacional.

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  • Presentan en Neuquén y Fiske Menuco un Manual Anti-represivo

     

    Para el cuidado colectivo y la autodefensa en contextos de movilización social, presentarán un Manual Anti-represivo. La publicación propone herramientas para la protección y el ejercicio seguro del derecho a la protesta de colectivos y personas. Por ANRed.

    “El gobierno actual llegó para mostrar sin disimulo la forma en que los grupos de poder disciplinan a los sectores movilizados”, explica Lucía Sbriller, integrante de La Ciega, el colectivo que elaboró este Manual. La abogada presentará la publicación esta semana en Neuquén y en la localidad de Fiske Menuco.

    “Cuidarnos es esencial en estos tiempos de persecución desembozada a las organizaciones populares”, continúa Sbriller quien, además, invita a seguir pensando estrategias para garantizar el derecho a la protesta.

    Presentaciones valletanas del Manual Anti-represivo

    En Fiske Menuco la presentación se realizará el jueves 5 de junio a las 16 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Aula 40, en la que Sbriller expondrá junto a Jorgelina Montero, abogada y docente de la Fadecs; Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche-Tehuelche; y Fabián Bergero, periodista y docente de la Fadecs.

    En tanto, en Neuquén, la actividad será el viernes 6 de junio a las 18:30 en la Cooperativa Cae Babylon, ubicada en Santiago del Estero 16, en donde Sbriller se sumará a Diego Mauro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha, y la docente universitaria Gabriel Suppicich del Partido Obrero

    El manual, editado y publicado por la La Caldera Editorial, invita a cuestionar la lógica y mirada punitivista de la práctica del Poder Judicial. El ejercicio de criminalización, persecución y represión se aplica –sobre todo– contra los sectores y militantes populares. Lo que se busca con ello es, en realidad, ejercer un control social que permita mantener las cosas tal y como están, para que nada cambie, para que quienes tienen el poder lo sigan teniendo.

     

    La Ciega

    Es un colectivo de abogados y abogadas populares creado en 2007. Se formó a partir de militantes estudiantiles de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de La Plata, que debatían sobre el rol profesional y la necesidad de pensar herramientas jurídicas que estén al servicio de las organizaciones sociales y del campo popular.

    El equipo está conformado principalmente por abogadas y abogados, aunque se vinculan de manera interdisciplinaria con otras profesiones y con organizaciones populares. Su alcance territorial tiene foco en La Plata, pero también mantienen acompañamientos e intervenciones en Capital Federal y en las provincias de Río Negro, Chubut, Córdoba y Jujuy.

     

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